COMUNICADO DE LA SALA DE PRENSA DE LA SANTA SEDE
La Santa Sede, con Decreto del Emmo. Secretario de Estado, en base a específico mandato Pontificio, ha decidido conforme a la legislación canónica retirar a la Pontificia Universidad Católica del Perú el derecho a usar en su denominación los títulos de “Pontificia” y de “Católica”.
La mencionada Universidad, fundada en 1917 y erigida canónicamente con Decreto de la Santa Sede en 1942, a partir de 1967 ha modificado unilateralmente sus Estatutos en diversas ocasiones perjudicando gravemente los intereses de la Iglesia.
A partir de 1990, la Universidad ha sido requerida por la Santa Sede en múltiples a adecuar sus Estatutos a la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae (15 de agosto de 1990), sin que haya respondido a esta exigencia legal.
Tras la Visita Canónica realizada en diciembre de 2011 y la entrevista del Rector con el Emmo. Cardenal Secretario de Estado en febrero de 2012, tuvo lugar un ulterior intento de diálogo en vista de adecuar los Estatutos a la ley de la Iglesia.
Recientemente, mediante dos cartas dirigidas al Emmo. Secretario de Estado, el Rector ha manifestado la imposibilidad de realizar cuanto se le requería, condicionando la modificación de los Estatutos a la renuncia por parte de la Arquidiócesis al control de la gestión de los bienes de la Universidad.
La participación de la Arquidiócesis de Lima en el control de la gestión patrimonial de esta entidad ha sido confirmada en varias ocasiones con sentencias de los Tribunales civiles del Perú.
Ante esta actitud por parte de la Universidad, confirmada además por otras iniciativas, la Santa Sede se ha visto obligada a adoptar las mencionadas medidas, ratificando en cualquier caso el deber que sigue teniendo dicha Universidad de observar la legislación canónica.
La Santa Sede seguirá atentamente la evolución de la situación de esta Universidad, deseando que en un futuro próximo las Autoridades académicas competentes reconsideren su posición con el fin de poder revisar las presentes medidas. La renovación requerida por la Santa Sede hará que la Universidad responda con más eficacia al cometido de llevar el mensaje de Cristo al hombre, a la sociedad y a las culturas, según la misión de la Iglesia en el mundo.
Vaticano, 20 de julio de 2012

Señor Rector Marcial Rubio Correa:
La Santa Sede ha seguido con particular atención la evolución de la situación de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), especialmente tras la Visita canónica del Emmo. Cardenal Peter Erdö y su visita a Roma el pasado 21 de febrero.
Durante la conversación que mantuvimos en aquella oportunidad, por mandato del Santo Padre le comuniqué, en sustancia, la ‘exigencia legal’ de adecuar los Estatutos de esa Universidad a la legislación canónica de la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, como debería haberse hecho ya desde 1990.
Ese ha sido en todo momento el claro requerimiento que la Santa Sede les ha hecho como obvio requisito para que sean reconocidas y garantizadas adecuadamente la identidad y la misión específicas de esa Universidad.
He sido informado detalladamente par el Nuncio Apostólico en el Perú, Su Excelencia Monseñor James Green, de las reuniones que han tenido en la sede de la Nunciatura Apostólica, así como de sus propuestas. Atendiendo al pedido que Usted le hizo, se amplió el plazo para la adecuación de los Estatutos desde el 8 al 18 de abril último.
Debo comunicarle ahora la notable decepción con que esta Secretaria de Estado ha ido percibiendo la orientación que ese Rectorado daba a la problemática, particularmente en la carta N. 068/12.R del 13 de abril de 2012 y en la sorprendente carta N. 095/12.R, del 9 de mayo de 2012, publicada como ‘Aviso’ en el Diario ‘La Republica’ el 11 de mayo de 2012. Llama particularmente la atención el modo de presentar en ella las indicaciones recibidas de la Santa Sede y el papel desempeñado por el Arzobispo de Lima. Esa interpretación ha sido causa de desinformación para la comunidad universitaria, para los fieles y los ciudadanos en general.
Como he tenido modo de expresarle antes, la situación irregular que viene atravesando la Universidad no es reciente y ha sido materia de seria preocupación de los tres últimos Arzobispos de Lima, no solamente del actual. La Universidad ha venido incumpliendo las disposiciones legales establecidas, que se ha advertido reiteradamente por escrito.
Consta en nuestros archivos que los últimos Estatutos de la PUCP fueron aprobados, como corresponde a una Universidad Pontificia, por la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades en 1946 y a ellos se han ido incorporando modificaciones aprobadas por la misma Congregación en los años 1957, 1964 y 1967.
Desde la última fecha, las Autoridades de la mencionada Universidad, sin previa y necesaria aprobación de la Santa Sede, han realizado múltiples y sustanciales modificaciones de los mismos perjudicando gravemente los derechos de la Iglesia. A la luz del Acuerdo vigente entre Perú y la Santa Sede y del Derecho Canónico consideramos que dichas modificaciones son ilegítimas y que a través de ellas se está ocasionando un expolio a la Iglesia.
Habiendo recibido de su parte una respuesta negativa al requerimiento de la Santa Sede, debo constatar que en las Autoridades de la Universidad que Usted regenta no hay voluntad de corregir esa arbitrariedad, y que pretenden que la Iglesia renuncie a sus legítimos derechos al servicio de la educación católica.
Esta actitud no reconoce la legítima autonomía de que goza la Iglesia para organizar sus instituciones educativas, como es el caso de la PUCP, en total observancia de las leyes civiles vigentes en el País y del Acuerdo entre el Estado peruano y la Santa Sede. La autonomía de las Universidades Católicas ha sido siempre plenamente reconocida por la Iglesia, dentro del ámbito de sus normas, porque el necesario aporte de la libertad es imprescindible para una sana actividad de estudio e investigación comprometida en la búsqueda de la Verdad, empeño que debe presidir todo esfuerzo por ampliar las múltiples dimensiones del conocimiento y del saber.
Por el contrario, dejando de lado el requerimiento que ha sido hecho a esa Universidad de acomodarse a la ley canónica, del todo compatible con la legislación peruana, ese Rectorado responde que, como ‘premisa’ para adecuarse a la ley de la Iglesia es necesaria una ‘negociación’ con el Arzobispado de Lima que impida el control de este sobre la administración del patrimonio de la Universidad.
Sobre este punto se han pronunciado los tribunales del Perú. Se trata de un derecho-deber a favor de la Iglesia de Lima, que busca sólo garantizar la transparencia y ejemplaridad en dicha administración patrimonial y su adecuación a los fines fundacionales de esa Universidad. Son objetivos que interesan por igual a todos los fieles de esa comunidad eclesial.
Sorprende aun, el hecho que ese Rectorado anteponga un problema ‘que, al fin y al cabo, es exclusivamente un asunto de bienes materiales’, como decía Usted en su carta del pasado 13 de abril, al deber que esta Secretaria de Estado le recordaba de observar la legalidad eclesial.
Ambas cuestiones poseen su propia autonomía. Una ‘solución integral’, como Usted dice, que no respete los elementos de justicia que hay en una cuestión y en la otra, representa una solución contraria a la justicia. La primera exigencia, incondicional, que esa Universidad tiene que cumplir es la de ajustarse al Derecho y adecuar sus Estatutos a la legislación canónica.
A la luz de cuanto he escrito y después de tantos años de diálogo y tentativos para restablecer la legítima autonomía propia de una Universidad Católica, la Santa Sede se ve obligada a adoptar las necesarias medidas en relación con esa Universidad.
A la presente carta le adjunto el Decreto de la Santa Sede al respecto. A Usted, Sr. Rector, le incumbe una concreta responsabilidad en la presente situación ya que, por razón del cargo, tiene la misión de hacer cumplir en la comunidad universitaria las leyes y disposiciones de la Iglesia.
Con todo el respeto le saluda atentamente y le encomienda
Tarcisio Cardenal Bertone
Secretario de Su Santidad
Decreto
El Secretario de Estado, en cumplimiento del mandato de Su Santidad Benedicto XVI, dirigió una carta al Magnifico Rector de la Pontificia Universidad Católica del Peru el día 21 de febrero de 2012 reiterando la exigencia de acomodar los Estatutos de la susodicha Universidad a las prescripciones de la Constituci6n Apostólica Ex Corde Ecclesiae, del 15 de agosto de 1990 (AAS 82, [1990] 1482-1490), estableciendo asimismo como termino del plazo para cumplir dicha obligación el día 8 de abril de 2012. Esta petición se sumaba a muchas otras hechas en el mismo sentido a lo largo de los últimos veinte años a la citada Universidad.
El plazo inicialmente establecido fue prorrogado sucesivamente a petición del Rectorado de la Universidad hasta el día 18 de abril de 2012, sin que se realizara el mandato de la Santa Sede.
Sucesivamente, por medio de dos cartas del Rector Magnifico dirigidas al Emmo. Cardenal Secretario de Estado, una el 13 de abril de 2012, y otra “carta abierta” fechada el 9 de mayo de 2012 y publicada por el mismo Rectorado como “Aviso” en el diario de Lima “La Republica” el 11 de mayo de 2012, se daba cuenta de no poder acceder al requerido cumplimiento de la ley. Por todo ello:
– considerando que la citada Universidad fue fundada el 1 de marzo de 1917 con aprobación eclesiástica del Arzobispo de Lima, Monseñor Pedro Manuel García y Naranjo; reconocida por el Estado peruano el 24 de dicho mes y año como Universidad Católica; erigida por el Papa Pio XII el 30 de septiembre de 1942 en persona jurídica canónica, sometida como tal a la legislación canónica en materia de Centros Superiores de enseñanza y cuyo patrimonio posee consiguientemente la condición de bien eclesiástico a tenor del vigente canon1257 §1;
– considerando que el artículo 1§3, de la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae de 15 de agosto de 1990 establece que todas las Universidades sometidas a la legislación canónica deben adecuar sus Estatutos a la citada Constitución, cosa que no ha hecho hasta el momento la Pontificia Universidad Católica del Peru a pesar de los reiterados requerimientos;
– considerando que el cumplimiento de la legislación canónica es compatible con la legislación peruana en la materia, en el marco de los artículos I y XIX del Acuerdo celebrado entre la Santa Sede y la República del Peru el 19 de julio de 1980 (AAS 72, [1980J 807-812);
– considerando que la mencionada Universidad persiste en seguir orientando sus iniciativas institucionales según criterios que no son compatibles con la disciplina y la moral de la Iglesia;
– considerando que ninguna Universidad, aunque sea efectivamente católica y se halle encuadrada en la legislación de la Iglesia, puede utilizar en su denominación el titulo de “católica” si no es con el consentimiento de la correspondiente autoridad eclesiástica, como establece el can. 808 (cfr. cann. 803, 216 del Código de Derecho Canónico);
– considerando que análogamente es necesario también el consentimiento expreso de la Santa Sede para poder utilizar la denominación de “Pontificio” o “Pontificia“, (Declaratio ad Summi Pontificis dignitatem tuendam, en AAS 102, [2010] 59);
En consecuencia, en virtud del mandato recibido de Su Santidad Benedicto XVI por el presente Decreto
1. Se prohíbe a la mencionada Universidad el uso del título de “Pontificia” en su denominación, suprimiendo la concesión que en tal sentido Ie fue otorgada en precedencia.
2. Se prohíbe asimismo que la mencionada Universidad use en su denominación el título de “Católica“, retirando el consentimiento que en tal sentido Ie fue concedido precedentemente, a tenor del vigente canon 808 del Código de Derecho Canónico.
3. Se declara al mismo tiempo que la citada Universidad, como persona jurídica pública que es de la Iglesia, sigue sometida a la legislación canónica en las materias en que esta actualmente vinculada, aunque por las razones indicadas haya sido privada del derecho de utilizar en su denominación los títulos de “Pontificia” y de “CatóIica” y que la Santa Sede seguirá empeñándose en el pleno respecto de la disciplina canónica.
Del presente Decreto se da noticia a la Congregación para la Educación Católica, para su efectivo cumplimiento.
Dado en la Ciudad del Vaticano, el día 11 de julio de 2012
La luz en las tinieblas brilla
¿Puede una entidad como la Iglesia regir el nombre que usa una universidad peruana? Luego del decreto del Vaticano que prohíbe a la PUCP usar los términos “Pontificia” y “Católica”, parece que sí. Para conocer los fundamentos en los que la Iglesia se basa para hacer esto, elcomercio.pe consultó al especialista en Derecho Canónico, Gonzalo Flores. Estas fueron sus respuestas:
¿Puede la iglesia “quitarle el nombre” a la PUCP?
En primer lugar algo que hay que tener presente es que la PUCP es una universidad católica. En su origen es una institución canónica, por tanto se regula por el código de derecho canónico. No todas las personas jurídicas canónicas tienen derecho a usar los términos “Católica” o “Pontificia”. Eso lo concede la Iglesia luego de evaluar que en su actuar es totalmente fiel al magisterio de la Iglesia. Es decir que no todas las instituciones que pertenecen a la Iglesia tienen esos títulos y aunque no lo use, pueden seguir siendo parte de la Iglesia.
¿Qué significa que a pesar de no poder usar los términos “Pontificia” y “Católica”, la PUCP “sigue sometida a la legislación canónica”?
La Santa Sede ha evaluado su conducta y, ante la rebeldía de no adecuar sus estatutos, ha decidido que no usen los nombres para no dañar ni confundir a los fieles de la Iglesia porque no la está representando adecuadamente. Eso no significa que esa universidad haya dejado de pertenecer a la Iglesia. Justamente porque le pertenece, tiene que mirar siempre a la Santa Sede como su autoridad máxima. La Iglesia no ha renunciado a la vinculación o propiedad sobre la universidad Católica. No es que la está abandonando a su suerte.
¿Puedo yo poner una universidad que use en su nombre los términos “Católica” o “Pontificia”? ¿Por qué la Iglesia debe autorizar su uso?
Los nombres que pertenecen a instituciones internacionales no pueden ser apropiados por una institución particular. Ninguno de nosotros podría crear una empresa que se llame “República Argentina” e inscribir el nombre de la empresa en Indecopi. Ese es un absurdo en el derecho internacional. Por tanto, al ser la Iglesia Católica una institución internacional sujeta al derecho internacional, sus nombres no pueden ser apropiados en un particular. Por eso la Iglesia autoriza o desautoriza los usos de estos términos.
Carta a la CEP
Por Andrés Beltramo Álvarez- Vatican Insider Diario La Stampa
La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) no debe ser instrumentalizada por la “universidad rebelde”. Al contrario, está obligada a prestar un “decidido y claro” apoyo a la Santa Sede en el contencioso por la legítima propiedad de la institución, hasta ayer Pontificia y Católica. Este es el núcleo de una carta enviada por el Vaticano al presidente de los obispos del país sudamericano, Salvador Piñeiro. Un duro llamado de atención, para acabar con las ambigüedades y el “juego sucio”.
El texto, hasta ahora desconocido y a cuyo contenido el Vatican Insider tuvo acceso, fue entregado el viernes 20 de julio en la nunciatura apostólica de Lima al secretario general de la CEP, Lino Panizza Richero. Con él se encontraban el segundo vicepresidente y arzobispo de Arequipa, Javier del Rio y el arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani Thorne.
A ellos el embajador papal James Green entregó copia del decreto con el cual la Sede Apostólica dispuso el retiro de los títulos honorarios de “Pontificia” y “Católica” a la universidad. Y también les facilitó la carta del secretario de Estado, Tarcisio Bertone, en la cual anuncia la inédita decisión al rector Marcial Rubio.
Esto ocurrió a primeras horas de la tarde. Green ordenó que los tres documentos, incluida la carta a Piñeiro, sean enviados a todos los obispos del país. Más tarde recibió en la nunciatura a las autoridades de la PUCP, a las cuales transmitió el decreto y la misiva.
El mensaje de Roma al arzobispo de Ayacucho-Huamanga dejó poco espacio para la duda: “Para el bien de la Universidad y por la responsabilidad de la Iglesia en el campo educativo, esa Conferencia Episcopal debe sostener la posición de la Santa Sede y al Arzobispo de Lima, desautorizando con vigor cualquier intervención contraria e invitando al episcopado del país a una acción colegial leal. En caso de eventuales dudas, usted y los demás obispos tendrán la amabilidad del consultar al Sr. Nuncio en Lima”.
Y agregó: “El Santo Padre espera que, en lo sucesivo, la Conferencia Episcopal preste un decidido y claro apoyo a las decisiones tomadas por la Santa Sede con respecto a la situación de la PUCP y se eviten nuevas incomprensiones y divisiones”.
La dureza de las palabras dejó en claro que, en lugar mantener una posición institucional, durante el contencioso por la universidad la cúpula de los obispos se alineó con la casa de estudios. Incluso cuando la rebeldía de sus autoridades era abierta y manifiesta.
Así quedó en claro el 17 de abril, cuando la conferencia emitió una nota pública a nombre de sus cinco obispos delegados en la Asamblea Universitaria de la PUCP. Ese texto fue desconcertante, no sólo porque su contenido estaba en sospechosa sintonía con las tesis del rectorado sino también porque fue difundido sin el consenso de algunos de los supuestos firmantes, que ni siquiera fueron consultados.
Este episodio fue calificado de “lamentable” por la carta vaticana a Piñeiro, la cual fue tajante: “Le pido que cuide que esa conferencia Episcopal evite ser instrumentalizada por el rectorado de la universidad”.
Se trata de una prueba más de la seriedad con la cual la Santa Sede ha afrontado la controversia de la ex Pontificia y Católica. Y aunque sus más radicales alumnos sostengan que el quite de los títulos “no significa nada”, la realidad es otra. Porque se trata de acabar con un contencioso durado más de 40 años y que ha llegado a niveles insostenibles.
Por lo pronto este lunes 23 está prevista una nueva sesión de la Asamblea Universitaria. En ella se analizará la decisión de Roma que, por cierto, no es definitivamente irreversible. Como bien señala el decreto pontificio, es posible rever el quite de los títulos. La salida es sencilla: si los directivos del claustro se retractan y modifican sus estatutos, recuperarán su identidad. De otra manera les espera un futuro negro.
Carta pública
Estimados miembros de la Asamblea Universitaria
Pontificia Universidad Católica del Perú
Los firmantes, alumnos, profesores y egresados de nuestra Pontificia Universidad Católica del Perú [PUCP], les hacemos llegar la presente con la finalidad de compartir nuestra profunda preocupación en torno a la situación actual de la universidad, así como nuestro anhelo de recuperar la institucionalidad de la misma y su relación con la Iglesia Católica.
A lo largo del siglo XX, la existencia de la PUCP, el soporte académico-cultural que ha ofrecido y el gran legado de profesionales que ha entregado, han significado un aporte valioso único para la sociedad peruana. En sus décadas de vida, hombres y mujeres han puesto su esfuerzo, trabajo, sueños y esperanzas en el proyecto de crear y mantener una institución educativa superior sobre la base de los principios de la fe católica, demostrando la sana complementariedad que existe entre la fe y la razón y exigiendo que en el trabajo científico y académico exista pleno respeto a la Doctrina y a los principios éticos de la Iglesia.
Ante el reciente retiro de los títulos “Pontificia” y “Católica” de la denominación oficial de nuestra universidad -consecuencia previsible en el proceso que seguimos al no haberse efectuado la adecuación de los estatutos de la universidad a las disposiciones canónicas pertinentes-, les exhortamos a que, en aras de evidenciar una actuación que represente el sentir de todos quienes formamos parte de la comunidad universitaria, en concordancia con los principios que la Iglesia Católica aporta a nuestra universidad y que constituyen un beneficio no solo para los miembros de nuestra comunidad universitaria sino también la universidad misma y la sociedad peruana, se realicen las acciones necesarias para cumplir con la adecuación estatutaria a las disposiciones canónicas pertinentes y las observaciones efectuadas por la Santa Sede, pues dichas adecuaciones no solo resultan indispensables para la supervivencia institucional, sino que constituyen un acto de justicia y respeto a la memoria de quienes apoyaron durante su vida a la PUCP como una institución de la Iglesia Católica.
Sin otro particular y en la esperanza de que como consecuencia de una profunda reflexión se arribe a la decisión de recuperar nuestra universidad dentro de los cánones que así lo permitan, confiamos a ustedes el presente y el futuro de nuestra alma máter que por décadas ha sido y sigue siendo un crisol de formación y segundo hogar para miles de jóvenes.