Caja Metropolitana de Lima
Por Pamela Sandoval Del Águila- Diario El Comercio
José Miguel Castro Gutiérrez, gerente general de la Municipalidad de Lima, dejó el cálido clima brasileño que disfrutó en sus vacaciones para regresar a una ciudad fría, aunque agitada por las recientes denuncias sobre presuntas irregularidades en la colocación de bonos de Caja Gas y un préstamo a favor de un ex compañero suyo cuando laboraba en Interbank. Ambas operaciones realizadas por la Caja Metropolitana de Lima, en la cual él también se desempeña como presidente del directorio.
“Yo soy presidente del directorio, pero no soy ejecutivo, no soy quien asigna los créditos, sino que hay un proceso regulado por la SBS [Superintendencia de Banca, Seguros y AFP] en un directorio colegiado”, aseveró Castro en declaraciones a Canal N.
Horas antes, pero en la emisora RPP, el gerente ya había descartado alguna responsabilidad o irregularidad en las operaciones, aunque admitió que, como denunció el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Caja Metropolitana, el dinero prestado por dicha entidad a Promotora Chulucanas S.A.C. para un proyecto inmobiliario terminó en la cuenta personal de Andrés Muñoz Ramírez. Este último es un especialista financiero, de nacionalidad chilena, allegado a la consultora que contrató la Caja para la colocación de bonos de Caja Gas, además de propietario de la mayoría de acciones de Promotora Chulucanas y ex jefe de Castro Gutiérrez en Interbank.
“El crédito [de Promotora Chulucanas] se ha pagado íntegramente. El proceso concreto de construcción de las viviendas se formaliza en dos o tres años. Lo que a la Caja le interesaba es que el préstamo por las cartas fianzas, a tasas del 13%, a comisiones del 4%, se pague. [El dinero] corrió a otra cuenta porque [Muñoz Ramírez] es propietario de la empresa y los procesos de pago pueden hacerse así”, afirmó Castro, quien reconoció su amistad con Muñoz y lamentó que las dudas sobre estas operaciones hayan empañado sus trayectorias.
NO ILEGAL, PERO SÍ IMPRUDENTE
Pese a que el área de prensa del municipio confirmó a El Comerciouna entrevista con Castro para el mediodía, esta se canceló media hora antes porque el gerente adujo tener otras obligaciones. Ello impidió que, por ejemplo, se le consultara a sobre el riesgo que habría corrido la Caja al otorgar un crédito para viviendas que hasta hoy no se han construido.
“La prioridad de cualquier entidad financiera es recuperar su crédito, pero si este no se usa para el fin que se dijo, así se haya pagado, convierte al cliente en uno de riesgo y hace dudar de la naturaleza del mismo crédito porque eleva la posibilidad de que la financiera no recupere la inversión”, explicó Jorge Chávez Álvarez, ex presidente del Banco Central de Reserva (BCR) y actual presidente de la Consultora Maximice.
Según explica Chávez, todo crédito, independientemente de quién lo pide y quién lo emite, puede ser de libre disposición o con un propósito específico, como la compra de un auto, la construcción de una casa o la adquisición de un departamento. Por ello, si el préstamo que da una entidad financiera no se emplea para lo que el prestatario aseveró no se incurriría en delito, aunque sí genera un mal precedente para el sujeto de crédito. Incluso, si así lo considera la entidad financiera, podría terminar en una sanción interna para el agente que aprobó el desembolso, sin investigar bien al interesado.
Sobre los bonos de Caja Gas otorgados a Corporación Financiera de Desarrollo S.A (Cofide), que desembolsó S/.40 millones a la Caja a cambio de su deuda (que data del 2010), Chávez dijo que es prematuro cuestionar tanto la consultoría que dio Acres Sociedad Titulizadora S.A. (donde Muñoz Ramírez también es accionista), como la rentabilidad o perjuicio de la operación en sí. Según el especialista, falta conocer detalles de la contratación y un peritaje que valorice si, pagando intereses hasta el 2017 y que en total sumarán S/8 millones, la Caja gana o pierde capital por la venta de dicho pasivo. 
Regidores del Partido Popular Cristiano (PPC) también cuestionaron la rentabilidad de la colocación de bonos durante la sesión del concejo del pasado martes 17. Similar posición tiene el especialista en Derecho Municipal, Julio César Castiglioni. Este aseveró que para él sí hay indicios de delito como asociación ilícita para delinquir y colusión, pues se habría concertado voluntades entre funcionarios de la Caja con tal de favorecer a allegados al gerente Castro.
Hasta el momento, la SBS no se pronunciado sobre este caso. Ello pese a que, según Castro, dicha entidad habría supervisado las dos operaciones descritas y felicitado a la Caja por “el fortalecimiento patrimonial” tras la emisión de bonos.
“Estoy dispuesto a allanarme a cualquier investigación. No tengo ningún problema en ir a explicar estas operaciones porque son totalmente transparentes”, insistió Castro.
“PREGÚNTENLE A SECADA”
Quien también expresó su malestar, pero no por las afinidades entre todos los protagonistas de esta denuncia, sino por cómo se trató a Castro en su entrevista de radio, fue la alcaldesa Susana Villarán. En su cuenta de Facebook, la funcionaria calificó de “linchamiento” las preguntas hechas al gerente y consideró como “afirmaciones tendenciosas” aquellas que comparan lo sucedido con la Caja con el caso Comunicore, escándalo que implicó un desvío de fondos del municipio a una empresa fantasma.
“¿Se olvidaron que los S/40 millones de los préstamos por los taxis metropolitanos no los pagaron? ¿Se olvidaron de que dejaron en riesgo la Caja Metropolitana? Pablo Secada, del PPC, presidió la comisión investigadora metropolitana que señaló este grave hecho. Pregúntenle a él. Pregúntenle”, escribió en su página de la red social.
“Si quieren revisarme a mí o a la gente que trabaja conmigo en materia de corrupción, que vengan y nos revisen todo, porque no van a encontrar nada irregular”, agregó luego en una entrevista concedida a Panamericana TV.
Según Villarán, fue tal la transparencia de las operaciones de la Caja que la Contraloría General de la República las habría supervisado y aprobado. No obstante, en el único comunicado que emitió la Contraloría al respecto, solo se dio cuenta de la recepción del informe del OCI y que, “de acuerdo con los procedimientos establecidos en las normas internas de  la institución, el informe pasó a la Gerencia de Aseguramiento de Calidad para su evaluación y revisión”.
“La Contraloría adoptará las acciones que corresponda a partir de las conclusiones a las que llegue la Gerencia de Aseguramiento de Calidad”, puntualizó el comunicado.
EL CUESTIONADO CRÉDITO
Según reveló “Panorama”, la Caja Metropolitana le otorgó en mayo del 2012 a la promotora Chulucanas, del empresario chileno, un crédito hipotecario directo por 2 millones de dólares y una línea de hasta 4.5 millones de dólares para construir un enorme complejo habitacional. Sin embargo, a más de dos años de entregado el dinero, la constructora no ha levantado ni una sola vivienda.
El OCI, por medio de un informe, detalló que gran parte del millonario préstamo a la promotora Chulucanas terminó en la cuenta personal de Muñoz Ramírez. Además, el documento señala que funcionarios de la caja y el chileno se habrían coludido para desviar fondos.

El ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, informó que entre las medidas que aprobó el Consejo de Ministros existen unas vinculadas a temas ambientales que permitirán destrabar proyectos de inversión en hidrocarburos por US$ 11,000 millones aproximadamente.
Indicó que en materia ambiental se realizarán cambios importantes, ya que existen muchas inversiones en el país que han estado trabadas por distintos motivos pero la idea es mantener los estándares ambientales que sigue el país y que es muy importante mantenerlos.
En ese sentido, manifestó que se le dará mayor racionalidad a la labor del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y establecer un porcentaje de 35% para el valor de las multas que aplicará en sus labores de fiscalización de los próximos tres años, durante los cuales se realizará un proceso de aprendizaje y se tomarán las medidas correctivas necesarias.
“Esto es importante porque creemos que va a destrabar por lo menos US$ 11,000 millones en proyectos del sector de hidrocarburos”, aseveró.
Por otro lado, indicó que el gobierno adoptará medidas vinculadas diversas entidades púbicas para que no generen sobrecostos innecesarios a las empresas.
“Se cortará este incentivo perverso de que hay de entidades que se financian vía multas, especialmente las fiscalizadoras”, anotó.
Sin embargo, aclaró que estas medidas no debilitarán el marco de fiscalización que tiene el Perú pero sí se cortará el incentivo perverso de algunas instituciones de fiscalizar para recaudar recursos.
“Esto incluye a todas las entidades fiscalizadoras como la OEFA, Indecopi, Sutran, a todas las que tienen un rol fiscalizador pero no comprende a los reguladores, como Osinergmin y Osiptel, que tienen fondos especiales que se devuelven a la sociedad”, aseveró.
Asimismo, Castilla reveló que otra norma importante que se ha aprobado son algunas modificaciones al Código Civil para evitar lo que son las invasiones a predios privados.
“A todo este conjunto de medidas se suma un esfuerzo importante por parte del sector público de facilitar y reducir sobrecostos, dar señales de consistencia en un momento en el cual el esfuerzo del gobierno es el que va a hacer la diferencia y va a permitir reengancharnos en un crecimiento sostenido por encima de 6% en los siguientes años”, agregó.
Fuente: Diario Gestión.

Ética y moral
Según informó “Panorama”, ambos no solo viajaron en las mismas fechas a Ecuador, Panamá y Estados Unidos, sino que De Azambuja hizo uso del pase diplomático pese a que no le corresponde este beneficio. Solamente los presidentes, ministros, congresistas y otros altos funcionarios cuentan con un pasaporte diplomático que les facilita pasar por Migraciones en el aeropuerto cuando salen del país y al momento de retornar. Este beneficio se extiende únicamente a los cónyuges e hijos de las autoridades.
La última vez que Uribe hizo uso del counter diplomático fue el 6 de febrero de este año, unos días antes de ser denunciada por Lizandro Quispe, exdirector del colegio Alfonso Ugarte, de presuntamente presionarlo para favorecer económicamente a Punto Visual. Ella fue atendida por el agente Juan Meza Vargas, quien también asistió ese día a De Azambuja, quien porta un pasaporte regular.
Todo hace indicar que fue Uribe quien hizo pasar al empresario por el counter diplomático.
Cuando retornaron al país, el 9 de febrero, se volvió a repetir la misma operación: la ex voleibolista pasó por Migraciones a través de la ventanilla diplomática a las 8:19 a.m. y un minuto después lo hizo el gerente de Punto Visual.
Tres años atrás, el 22 de setiembre del 2011, según la base de datos de Migraciones, Uribe pasó por el counter especial a las 12:28 p.m. y un minuto después lo hizo De Azambuja. En aquella oportunidad se iban a Panamá.
Y en estos viajes no quedan las coincidencias. El número de pasaporte del empresario es el 5393771 y el de Uribe es el 5393772. Es decir, documentos con una numeración consecutiva.
¿Seguirá Uribe negándose a responder sobre su vínculo con De Azambuja?
La palabra de Susana
Por Martha Meier Miró Quesada- Editora central del Diario El Comercio
Sábado 15 de febrero del 2014, barrio de Monserrate, Cercado de Lima: la alcaldesa Susana Villarán de la Puente aseguró: “Yo no voy a ir a ninguna reelección”.
Viernes 6 de junio del 2014, la misma alcaldesa que negó que tentaría la reelección anunció que lo hará. “Ha llegado –dijo– el momento de atreverse. Susana sí se atreve”.
El no de Villarán de la Puente resultó siendo sí. ¿Es que el “no” de una mujer en realidad significa “sí”? En su caso así ha sido, y su palabra hoy debe estar bastante devaluada.
Un puñado de vecinos le creyó de buena fe. Después de todo, una y otra vez dijo que no iría a la reelección.
Estamos frente a una mujer incapaz de reconocer sus propios errores, de ser coherente con ella misma y su oposición a las reelecciones.  Parece que la manzana le ha resultado insoportablemente apetitosa a esta Eva municipal.
Parecía lógico que la alcaldesa, conocida por su postura contraria a las reelecciones, se abstuviera de usar tal figura en beneficio propio. Sin embargo quiere sacar  provecho y hacer lo que la ley no le impide. Su mensaje está claro: Tú no, pero yo sí. La reelección es mala, pero no para mí.
Ahora bien, tratar de encontrarle algo de coherencia en todo este asunto es como buscar una tuna sin espinas o un pez que camine erecto.
Ayer mismo ‘Lady Vaga’ salió con su muy simpática sonrisa e innegable carisma a decir, pues eso, que “ha llegado el momento de atreverse. Susana sí se atreve”.
La pregunta es: ¿a qué se atreve Susana? ¿A tirarse a una piscina vacía? ¿A ir contra el sentir de la gran mayoría de vecinos que en más de 70% dice que no votaría por ella? ¿A aprovecharse de la figura de la reelección?
A todo eso, y más, se atreve la señora del “olón”, del huaico “programado”, la del malecón inconcluso en Barlovento, la ausente cuando la operación de La Parada, la que regala puestos a sus amigos y se presta dinero de la Caja Municipal, entre un largo etcétera de barbaridades.
Ahora está de aliada del presidente Ollanta Humala, cuyas bases partidarias apoyan su reelección. En el 2006 otra era la historia, pues Villarán lo acusaba de ser un violador de derechos humanos, el temible ‘Capitán Carlos’. Eso fue cuando ambos postulaban a la presidencia.
En ese entonces, la “tía bacán” se fue hasta Madre Mía, donde el hoy presidente había servido en una base contraterrorista. Allá, con gesto compungido, lanzó al río un ramo de rosas (con celofán y todo) en memoria de las víctimas del tal ‘Carlos’ (Humala, según ella y otros izquierdistas).
A la orilla del río lo increpó a que diera la cara y dijera “si es responsable o no de los delitos que se le imputan”.
Nada de eso le importa hoy a una mujer  formada en la lógica leninista, aquella de “salvo el poder, todo es ilusión”. No está dispuesta a dejar el efímero poder municipal de una ciudad que dejó de creer en ella hace ya buen tiempo por obvias razones.
Fuente: Diario El Comercio.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) comprometió una inversión de 243 millones 622 mil 058 nuevos soles en obras de electrificación rural, entrega de cocinas a GLP del programa Cocina Perú y de vales de descuento mensual para la adquisición de balones de gas del FISE, a favor de la población más vulnerable de la región Apurímac.
Al término del XVI Consejo de Ministros Descentralizado -que se realizó el viernes 30 en la Municipalidad Distrital de Curahuasi, provincia de Abancay- el Gobierno anunció un paquete de inversiones ascendiente a 3,413 millones 207 mil 332 nuevos soles que ejecutará a través de sus instancias ministeriales en Apurímac.
El sector Energía y Minas invertirá en esta región andina más de S/62 millones en obras de electrificación rural; más de S/160 millones en transmisión de energía eléctrica; S/14 millones en Cocina Perú y S/2 millones 340 mil correspondientes al Fondo de Inclusión Social Energético (FISE).
Como acto que marca la consolidación y ampliación en Apurímac de la ejecución de los programas sociales Cocina Perú y FISE, que administra el MEM, en la Plaza de Armas de Curahuasi el presidente Ollanta Humala  entregó de seis cocinas a Gas Licuado de Petróleo (GLP) y similar número de vales de descuento del FISE a igual número de beneficiarios, respectivamente.
Electrificación Rural
En la sesión, el MEM informó que en el transcurso del 2014 continuará con la ejecución de la obra de electrificación rural, con el uso de redes convencionales del sistema Cotabambas Fase III-B, en beneficio de siete mil habitantes de la provincia de Cotabambas, con una inversión de S/. 9.8 millones.
Este año, asimismo, se iniciará la ejecución de 11 obras de electrificación rural utilizando redes convencionales, en beneficio de 12 mil habitantes de las provincias de Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros y Grau, esfuerzo que demandará una inversión de S/13.4 millones.
En el ejercicio del año 2014 además se adjudicará el proceso de Subasta Pública Internacional para la electrificación rural mediante sistemas fotovoltaicos en beneficio de 2,427 localidades de las provincias de: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau, a través de la instalación de 15,153 paneles solares, con una inversión de S/42.4 millones.
En tanto, el sector informó que ya ha hecho entrega de 10 obras que han electrificado a 241 localidades campesinas ubicadas en las provincias de Abancay, Aymaraes, Andahuaylas y Grau, en beneficio de 34 mil habitantes, ampliación de la red eléctrica nacional que demandó una inversión de S/31 millones.
Cocina Perú
El MEM informó que se tiene previsto que el programa Cocina Perú, entre 2014 y 2016, atenderá a 61,061 hogares en situación de pobreza y pobreza extrema de Apurímac, especialmente del ámbito rural, con la entrega gratuita de sus respectivos kits de cocinas a GLP.
En conjunto, en el período comprendido entre 2013 y 2016, con una meta de entrega de cocinas a GLP a 75,524 hogares, se estima que la población de la región Apurímac  beneficiada con el programa Cocina Perú, será de 362,514 personas, lo que demandará una inversión de S/14 millones 014,021.
Se informó asimismo que desde el 2013 hasta el 31 de marzo del 2014, el MEM instaló 9,631 cocinas mejoradas a leña en igual número de hogares en situación de pobreza ubicados en zonas alejadas del ámbito rural de la región Apurímac. Se estima que la población total beneficiada es de 46,228 personas.
FISE
El MEM también informó en la sesión que al 15 de mayo del 2014, la región ya reporta 24,826 beneficiarios del FISE desagregados en sus siete provincias de la siguiente manera: 5,159 en Abancay; 8,560 en Andahuaylas; 1,030 en Antabamba; 1,591 en Aymaraes; 3,023 en Cotabambas; 3,811 en Chincheros y, 1,652 en Grau, esfuerzo que demanda una inversión de S/2.3 millones en beneficio de 120 mil personas en situación de vulnerabilidad.
Las familias beneficiarias que estén debidamente identificadas en el padrón del FISE,  administrado por la correspondiente empresa distribuidora eléctrica, recibirán mensualmente un vale de 16 nuevos soles de descuento para la compra de un balón de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de diez kilogramos.
Fuente: www.minem.gob.pe

Minutos previos a la realización de la XVI Sesión Descentralizada de Consejo de Ministros, el presidente de la República, Ollanta Humala anunció que la región Apurímac recibirá inversiones por 3 mil 400 millones de soles en diversas obras que repercutirán en el desarrollo de la jurisdicción.
Entre las principales, se encuentra el desembolso de 500 millones de soles para mejorar el servicio de agua y desagüe en la región.
El mandatario recordó que en noviembre próximo se convocará al concurso de licitación para el inicio del teleférico de Choquequirao, que unirá Cusco y Apurímac en 15 minutos.
De acuerdo a los datos de Proinversión, el teleférico de Choquequirao será una concesión cofinanciada por un plazo de 22 años (dos de construcción y 20 de explotación), estimándose una inversión de 152 millones de nuevos soles.
Humala también anunció que se invertirán mil 200 millones de soles en infraestructura para toda la región, teniéndose previsto, iniciar la ejecución del proyecto de “Colegios de Alto Rendimiento” dirigidos a menores en extrema pobreza.
Respecto al gas virtual, dijo que se encuentran en conversaciones para que el proyecto además de las zonas de Abancay y Andahuaylas también contemple a la población de Curahuasi.
TURISMO
A su turno, el jefe del gabinete del Consejo de Ministros, René Cornejo dijo que los estudios del teleférico de Choquequirao están concluidos y se prevé que el transporte posibilite el traslado de 400 personas por hora, permitiendo incrementar el turismo en la zona.
Cabe indicar que el mandatario y los ministros participaron en la XVI Sesión Descentralizada de Consejo de Ministros que se llevó a cabo en el salón consistorial de la Municipalidad Provincial de Curahuasi, provincia de Abancay en la región de Apurímac.
Fuentes: TV Perú y Diario La República.

Ladrones regionales
Tres presidentes regionales han protagonizado las noticias policiales de la última semana: César Álvarez, de Áncash; Gregorio Santos, de Cajamarca; y Gerardo Viñas, de Tumbes. En cada uno de los tres casos, hay abierta una investigación del Ministerio Público (MP) que acusa al presidente regional en cuestión de haber montado una organización criminal a fin de convertir en botín los millonarios presupuestos con los que en los últimos años han contado sus regiones. En dos de estos casos –Áncash y Cajamarca–, las pruebas son lo suficientemente contundentes como para que se haya ordenado ya la detención de una serie de personas, que incluyen al propio Álvarez (quien se entregó el viernes) y quien fuera la mano derecha de Santos para el tema de las licitaciones, José Panta, en cuyas cuentas bancarias se verificaron los ingresos de una serie de sobornos que habían sido descritos por un colaborador eficaz. En el caso de Tumbes, aún no hay detenidos, pero hay sí una investigación del MP, ya formalizada ante el juez, por asociación ilícita para delinquir, cohecho y colusión, delitos todos que habrían sido cometidos en torno al manejo del millonario canon de una región de solo 230,000 habitantes (únicamente en el 2013 recibió S/.60 millones).
La lista de las personas que habrían formado parte de estas redes de corrupción es bastante elocuente: incluye desde policías, fiscales, alcaldes, jueces y otros representantes del Estado, hasta periodistas, sindicalistas, empresarios, ‘chuponeadores’ y – en el caso de Áncash– sicarios.
Por otra parte, el que los tres casos hayan sido enfrentados por el Estado seriamente recién a partir de denuncias periodísticas hace preguntarse cuántas situaciones más así no existirán a lo largo y ancho de los gobiernos regionales y locales del país. Particularmente, considerando que las razones que han posibilitado una tan desembozada toma mafiosa de estos gobiernos están presentes también en otras partes del Perú. 
¿Cuáles son estas razones? La pregunta se hace aun más relevante cuando estamos a cinco meses de las próximas elecciones regionales y municipales. Y cuando los propios filtros encargados de cuidarlas –el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)– han visto necesario advertir públicamente de su temor de que el crimen organizado “penetre” estas elecciones. 
Pues bien, a nuestro entender no hay que buscar demasiado para encontrar las raíces de esta situación. En el Perú de la última década, se han multiplicado los recursos de los que disponen los gobiernos regionales y locales sin que, al mismo tiempo, se hayan fortalecido las instituciones que existen para vigilar el buen uso de estos recursos. Y así, solo desde el 2004 las transferencias que reciben estos gobiernos por efectos del canon se han multiplicado por diez –pasando de S/3,000 millones a S/29,000 millones anuales– sin que en el camino hayan mejorado el Poder Judicial (PJ), el MP o la policía, por solo nombrar tres ejemplos claves. Con esta combinación de bolsillos grandes con instituciones débiles, lo sorprendente sería que nuestros gobiernos regionales y locales no hubiesen dado lugar sistemáticamente a la formación de bandas alrededor de ellos –e incluso compitiendo por ellos, según hemos visto suceder en Áncash–. Como dice el refrán, es la ocasión la que hace al ladrón. 
Hay que subrayar, además, que esta gran “oportunidad” creada por el crecimiento, unido a la ausencia de instituciones de justicia fuertes y probas, es todavía agrandada por las condiciones particulares de nuestra política regional y local. Una política en la que –aun en mayor medida que en la de escala nacional– no existen los partidos y en la que no hay, por tanto, verdaderas instituciones que respondan por cada candidato, convirtiéndose cada elección en una especie de lotería entre aventureros y caudillos desconocidos. 
Así pues, sí es de esperar que las situaciones de los gobiernos regionales de Áncash, Cajamarca y Tumbes se estén repitiendo en muchos otros gobiernos regionales y municipales y es también predecible que las mismas se vayan a reproducir a partir de las próximas elecciones, como lo temen el JNE y la ONPE.
Desde luego, no se puede esperar a que se den las reformas estructurales necesarias (digamos, del PJ, el MP, la policía y el sistema electoral) para intentar detener esta situación. Ciertamente, el JNE y la ONPE deben prepararse para funcionar de filtro efectivo (y no solo de acertada Casandra) de las listas que se presenten en las próximas elecciones. Sin embargo, hay que ir más allá y empoderar al Gobierno Central mediante una ley para que pueda no solo intervenir, sino también administrar provisionalmente las cuentas de los gobiernos subnacionales en los casos en que los indicios de corrupción sean masivos y claros, sometiendo estas decisiones a un control posterior por parte del PJ o el Congreso.
Es cierto que esto supondría un paso atrás en el proceso de descentralización, pero, paradójicamente, la dirección en que ahora vamos hace muy posible que este paso atrás sea la única forma de salvarlo en el largo plazo.
Fuente: Editorial del Diario El Comercio.

El silencio de los cómplices
Por Cecilia Valenzuela- Diario El Comercio
Mientras el presidente de Áncash duerme en la carceleta del Poder Judicial, el de Cajamarca se pasea por los Baños del Inca. Ambos enfrentan acusaciones penales por corrupción: Álvarez debe responder, además, por una docena de asesinatos; pero Santos tampoco ha respondido por las muertes en los enfrentamientos entre el pueblo y la policía que él provocó. Los dos están estrechamente vinculados con empresarios que se robaron la plata de sus regiones. En Áncash, con el pretexto de las obras públicas, y en Cajamarca, también; solo que los ancashinos tienen una carretera que se conectará con la Interoceánica Centro y los cajamarquinos, solo tienen hambre.
Los compadres de Álvarez invirtieron en crear empresas a nombre de las allegadas a su presidente; el compadre de Santos invirtió en pasear a Diana, la primogénita de su presidente. Cuando la prensa los denunciaba, Álvarez mandaba una portátil a intimidar; Santos retomaba la ofensiva enjuiciando a los periodistas que publicaban sus andanzas. Su hija pidió 3 años de cárcel efectiva y S/. 180 mil de reparación como castigo para el reportero que publicó sus fotografías en las playas de Piura junto a Wilson Vallejos, el empresario –ahora preso– probadamente coludido con el camarada.
Ni en las oficinas de Álvarez ni en las de Santos hay archivos ni estados financieros al día. Uno de los testigos que acusa a Álvarez ha denunciado que lo quieren matar. El que refiere haberle depositado S/. 800 mil en su cuenta bancaria a Santos, también teme por su vida.
La fiscalía ha probado que los tipos que cobraban por protagonizar hechos de violencia durante los paros en Cajamarca,  reportaban sus acciones, en informes escritos, al gobierno regional. La procuraduría afirma que en Áncash, los fondos del gobierno regional se usaron para financiar ‘La Centralita’.
Rolando Breña, el secretario general de Patria Roja, el partido madre de Gregorio Santos y del MAS, guarda silencio. Escribe todas las semanas en “Correo”, pero de su dirigente no dice nada. En la web de su partido tampoco lo mencionan. Ayer  escribían hasta “en defensa de los médicos cubanos”, pero sobre la responsabilidad de Santos en la corrupción ni una palabra. En su periódico digitalizado, titulan contra “la ofensiva del imperialismo y la derecha” y a favor del frente amplio que “el pueblo reclama”, pero de la plata que ha desaparecido en Cajamarca, ni chis ni mus.
El ex cura Arana y, los activistas de Tierra y Libertad, que marcharon con Santos, están ahora calladitos. Las ONG que lo adularon (Ideele, que le dedicó aquel “Perfil de Goyo”; la Coordinadora de Derechos Humanos, que aplaudía su “insumiso” liderazgo) están mudas, igual que los periodistas que celebraron la oposición a Conga. Todos tienen fotos con Santos, pero ninguno lo conoce.
El presidente Humala, que se apoyó en él en el 2011, le ha hecho el sábado una crítica velada: “No vamos a perdonar la corrupción en Cajamarca”, dijo en suelo cajamarquino, pero –acto seguido– llamó a las autoridades de esa región (es decir, a Santos) a resolver, juntos, los problemas de ese pueblo.

La corrupción golpea más a los pobres y frena el desarrollo
Por Sergi Pérez Serrano y Livia M. Benavides.
La corrupción tiene un fuerte impacto negativo sobre el desarrollo. Además de consideraciones de ética pública, la corrupción desincentiva la iniciativa privada y reduce los recursos públicos disponibles, lo cual se traduce, por ejemplo, en menos hospitales o educación de peor calidad. La corrupción también distorsiona el modo en que los gobiernos usan esos recursos y mina la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
Sobornos, malversación, nepotismo y tráfico de influencias en los procesos de toma de decisión son algunas de las manifestaciones típicas de esta somatización del mal gobierno.
En Perú, la octava economía de más rápido crecimiento en el mundo, la corrupción es un serio problema. Hace unas semanas, Proética –el capítulo nacional de Transparencia Internacional- presentaba los resultados de la VIII Encuesta de Percepciones de Corrupción con algunos datos contundentes: la corrupción es percibida como el segundo problema del país para los peruanos, por detrás de la delincuencia.
Es, además, el principal problema al que se enfrenta el Estado y el que más frena su desarrollo. Según la misma encuesta, más de la mitad de peruanos cree que dentro de 5 años habrá más corrupción, y el 82% cree que el liderazgo del gobierno en la lucha contra la corrupción es poco o nada eficiente. Ni más ni menos.
A todo lo anterior hay que sumar que la corrupción es regresiva y golpea más a los que menos tienen. Según estudios del Banco Mundial, hay evidencias de que los peruanos con menos recursos destinan un porcentaje mayor de sus ingresos a pagar coimas para acceder a los servicios básicos que, por derecho, les corresponden (hasta un 14% frente al 1% de los ciudadanos con más recursos).
También afecta al sector privado. La corrupción está presente en la relación entre el Estado y las grandes empresas, que pueden destinar hasta el 5% de su facturación a sobornos con el propósito de agilizar trámites u obtener contratos. El Informe Global de Competitividad cita, además, la corrupción como el segundo problema para hacer negocios en el Perú.
Avances considerables
En los últimos años, Perú ha realizado considerables avances para desprenderse del legado de corrupción sistémica de etapas anteriores. Pese a ello, algunos de los principales indicadores de gobernabilidad no han experimentado mejoras sustanciales desde la década de los 90: el país tiene índices de estabilidad política y de efectividad normativa relativamente bajos en comparación con sus vecinos, así como una tasa moderada de participación política. También el ejercicio del derecho a la transparencia y acceso a la información enfrenta grandes desafíos, pese a la calidad técnica de su ley marco.
Queda, por tanto, un margen importante para introducir mejoras en el ámbito de la eficacia institucional, el compromiso ciudadano y la transparencia efectiva.
En este sentido, hay iniciativas interesantes que pueden acelerar la mejora del desempeño del país en aspectos de gobernabilidad. El gobierno de Perú, a través de instituciones como la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, CAN, está poniendo en marcha iniciativas para prevenir y castigar la corrupción, así como facilitar los instrumentos para su denuncia. El Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción (2012 – 2016) contempla una serie de iniciativas, para los tres niveles de gobierno, con las que se pretende reducir vulnerabilidades a la corrupción dentro del sector público, y promover la transparencia.
Adicionalmente, distintos esfuerzos de concertación con el sector privado y la sociedad civil (pactos de integridad, iniciativas de monitoreo social) pretenden aunar esfuerzos para lograr un mayor impacto en las estrategias –tradicionalmente aisladas-  de lucha contra la corrupción.
Desde 2010 el Banco Mundial respalda los esfuerzos del gobierno de Perú por consolidar y fortalecer sus sistemas de prevención de la corrupción, y participa en la elaboración de nuevas estrategias de transparencia.
El futuro Observatorio de Riesgos de Corrupción es una de las actividades principales de este proyecto y medirá, trimestralmente, en qué medida las instituciones públicas son vulnerables a la corrupción teniendo en cuenta dimensiones como su nivel de transparencia o el manejo de sus procesos de adquisiciones. El Observatorio, cuyos hallazgos serán públicos, emitirá recomendaciones de política para mejorar, en cada institución, aquellas áreas grises en las que se pueden estar desarrollando prácticas corruptas.
El Banco Mundial también financia estudios sobre percepciones de corrupción, y experiencias piloto de iniciativas de vigilancia ciudadana en comunidades campesinas de difícil acceso.
Se trata de acompañar al Estado en un proceso de reflexión continuo sobre cómo prevenir y reducir sus índices de corrupción. Asimismo se busca contribuir a fortalecer las iniciativas de la sociedad civil para una mayor vigilancia y exigencia de transparencia.

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Desde el 2008, Estela viene afrontando diversos procesos judiciales para conseguir su objetivo: ser reconocida como mujer a pesar de haber nacido con el sexo biológico masculino. La decisión del Tribunal Constitucional era la última carta de Estela pero el caso acaba de recibir una respuesta negativa tras una votación de cuatro magistrados en contra y solo dos a favor.
El presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, junto a Juan Vergara, Fernando Calle y Ernesto Álvarez, declararon infundada la demanda de amparo que presentó Estela, de iniciales P.E.M.M. contra el Registro de Identificación y Estado Civil (Reniec) en el que solicitaba el cambio de sexo en su documento nacional de identidad (DNI).
Hace 6 años, Estela inició un proceso judicial en el que solicitó el cambio de nombre masculino (J.L.) por el femenino (P.E.). Años después, se admitió el cambio de sexo en los casos de Naaminn Timoyco (2011) y Fiorella Cava (2012), y Estela esperaba ser un caso más en el que se admitiera este tipo de pedidos.
El Poder Judicial le dio la razón y exhortó a RENIEC a admitir el cambio de sexo, pero este último apeló la decisión y, en el 2010, el caso se elevó al TC. Después de cuatro años, el caso concluye con esta votación.
MOTIVOS
A juicio del Tribunal Constitucional, el pedido se puede identificar con “aquellas tendencias que intentan romper con el modelo que afirma que el Derecho debe proteger jurídicamente lo que viene dado por la naturaleza humana”. Por esto, mientras no haya una certeza científica de que la cirugía transexual es el tratamiento más eficaz para el transexualismo y que el sexo psicológico debe prevalecer al biológico, no se puede admitir el cambio de sexo.
La sentencia va más allá y señala que admitir el reclamo marcaría un precedente para admitir el matrimonio de personas del mismo sexo, ya que cualquier demandante transexual podría usar su sexualidad femenina en el DNI para contraer matrimonio a pesar de “seguir teniendo el mismo sexo cromosómico”.
MINORÍA
Los dos magistrados que votaron a favor, Gerardo Eto Cruz y Carlos Mesía Ramírez, justificaron su decisión al considerar que, según el derecho internacional, la “identidad de género” está conformada por otros elementos diferentes al biológico, como son los psicológicos, sociales y culturales”.
Fuente: Diario El Comercio.

Por Martha Meier Miró Quesada- Editora Diario El Comercio
El colectivo “Legaliza Perú” realizó su marcha anual exigiendo la legalización de la marihuana. Así que tras el lobby de las abortistas ahora tenemos que soportar el lobby pastrulo. Faltaba.
El colectivo  quiere despenalizar el cultivo casero para consumo individual. Ya, ‘cuñau’. El pretexto suena lógico: romper el vínculo de los consumidores, es decir del adicto, con los narcotraficantes. Lo que no dicen es que generalmente esos “narcotraficantes” son generalmente un amigo de ellos que ya anda sembrando. Suena inofensivo y hasta tierno eso de cuidar una plantita en casa para consumirla, como uno hace con las hierbas aromáticas. Pero la marihuana no es la droga blanda que algunos nos quieren hacer creer. No. Estamos hablando de una sustancia muy adictiva (hasta 10% se hará dependiente) y que afecta la salud mental y la seguridad propia y de terceros. Un estudio chileno (Laumon, 2005) mostró que de 1,000 muertos en accidentes de tránsito, 2.5% de los conductores tenía en sangre niveles de Tetra Hidro Canabinol o THC, el principio activo de la marihuana. Otros estudios (Hartman & Huestis, 2013) dicen que el consumo se asocia al deterioro en la capacidad de conducción de autos.
Cultivar esa planta en casa es casi tan peligroso como dejar un arma al alcance de un niño, de una persona depresiva o de un violento: no en todos los casos el niño  matará a otro jugando,  ni el depresivo se suicidará o el violento asesinará a su mujer o a su vecino. La desgracia ocurrirá en contados casos, sí, pero sucederá. Así que para qué tentar al diablo.
La plantita en casa puede derivar en adicción del consumidor, llevar a que los jóvenes se inicien aún más tempranamente en el vicio, convertir al hogar en un fumadero, con todas sus implicancias: conductas sexuales de riesgo, desorden, relacionarse con personas adictas a otras drogas, embarazos no planeados, entre otras.Lo menos que necesita un país que aspira a salir del subdesarrollo es fomentar la dependencia de ninguna sustancia. La marihuana, hoy hibridada y hasta transgénica, es 30 veces más potente que la fumada en los 70. Se han desarrollado variedades con altos niveles de psicoactivos que profundizan sus efectos: alucinaciones, distorsión de la percepción, paranoia y conductas de riesgo.
La hoja interfiere con la concentración, afecta la memoria, la coordinación motora y la motivación, deprime, lleva al bajo rendimiento académico y laboral. Un buena receta para la mediocridad. Está demostrado, de paso, que es la puerta de entrada a otras drogas más potentes y que contiene hasta 70% más agentes cancerígenos que un cigarrillo.
En el 2008 diversas investigaciones realizadas en Australia mostraron los vínculos de sus uso frecuente con cambios en la estructura cerebral. Otros estudios señalan su conexión con la psicosis. Ayer justamente en esta misma página el periodista Tito Castro se preguntaba: “¿Qué está pasando con la salud mental de los limeños que cada vez son más frecuentes estas acciones psicópatas?”, refiriéndose a la ola de crímenes perpetrados por jóvenes contra sus padres y otros familiares.
¿Esos jóvenes han estado expuestos a las drogas? Seguramente. ¿Son producto de entornos inestables? Es posible. ¿Es esa inestabilidad familiar producto de las drogas? Quizá. Entonces, ¿hay alguna razón para propiciar que se cultive marihuana en los hogares?  No.

Miles de personas marcharon en Lima para expresar su rechazo al proyecto de ley de unión civil presentado por el congresista y exministro de Vivienda Carlos Bruce.
La Coordinadora Nacional Pro Familia organizó el evento que recorrió las principales avenidas de la capital, como por ejemplo Brasil, 28 de julio y De la Peruanidad.
“Este pueblo no está de acuerdo con la iniciativa de matrimonio homosexual que propone el señor Bruce porque eso trastoca la esencia misma, la naturaleza misma de la familia que está formada por un hombre y una mujer; y que nuestra Constitución reconoce a la familia como base y fundamento de la sociedad”, señaló a Canal N Julio Rosas, parlamentario de Fuerza Popular.
La marcha terminó exactamente frente al Cuartel General de la Fuerza Aérea del Perú, en la avenida De la Peruanidad.
Fuente: Diario El Comercio.