Por Roberto Pereira– Diario El Comercio.
Una de las primeras medidas adoptadas por el Ejecutivo en su anunciada lucha contra la corrupción fue la presentación de un proyecto de ley de reforma constitucional para que los delitos cometidos por funcionarios contra la administración pública sean imprescriptibles. Es decir, que estos delitos puedan ser enjuiciados y sancionados con prescindencia del tiempo que haya pasado desde que se cometieron.
La imprescriptibilidad suele ser presentada como una medida acertada contra la impunidad de los delitos de corrupción. La idea que subyace a este convencimiento es que sin límites temporales para perseguirlos, los delitos de corrupción serán siempre sancionados, restableciendo el grave daño social que producen y desincentivando su comisión futura, en todos los casos. De este modo, se sostiene, la imprescriptibilidad es el remedio para los problemas que dificultan la persecución y sanción de estos delitos dentro de los límites temporales que los rigen.
Sin embargo, si se examina con un poco de detalle, se advierte que dicha iniciativa carece de justificación razonable y entraña serios problemas institucionales que no suelen ser tomados en cuenta. Así, provoca perplejidad advertir que las propuestas de imprescriptibilidad carezcan de evidencia sobre la existencia de un problema relevante de impunidad que se derive de la aplicación de los plazos de prescripción vigentes. Por lo menos eso es lo que ocurre con los 14 proyectos de ley sobre imprescriptibilidad presentados desde el 2011 a la fecha.
Ahora bien, asumamos que los autores de estos proyectos se olvidaron consignar los datos de impunidad y que realmente tal evidencia existe. ¿Acaso no sería más sensato enfrentar las dificultades que impiden la persecución y sanción de estos delitos dentro de los plazos de prescripción? Sin duda, la imprescriptibilidad será un excelente incentivo para nunca resolver esas dificultades y, más bien, propiciar investigaciones y procesos interminables, que suelen ser la expresión de la arbitrariedad del sistema de justicia y la vulneración del derecho a obtener una decisión en un plazo razonable.
En realidad, lo más probable es que la falta de evidencia no se deba a algún olvido, sino a que tal problema de impunidad imputable a la prescripción no existe. Pues los delitos de corrupción más graves están sancionados con penas altas y, conforme a la Constitución y al Código Penal, tratándose de delitos contra el patrimonio del Estado, el plazo de prescripción, que depende del límite máximo de la pena, se duplica. Es decir, los marcos temporales vigentes para sancionar estos delitos son bastante razonables.
A su vez, el nuevo Código Procesal Penal prevé la suspensión de la prescripción como consecuencia del inicio del proceso, lo que en la práctica otorga un mayor plazo para perseguir estos delitos.
De otro lado, la imprescriptibilidad incrementa considerablemente el riesgo de errores judiciales, ya que el transcurso excesivo del tiempo afecta la calidad de las pruebas sobre los hechos. Otro efecto perverso que incuba la imprescriptibilidad es la utilización política de la justicia penal contra ex funcionarios incómodos a los poderes de turno, más aun en un país con un grave déficit de integridad e independencia de la justicia.
Por todo lo anterior, no debemos olvidar que la prescripción es un límite orientado a proteger a las personas del uso arbitrario del poder penal. Se sustenta en la necesidad de brindar seguridad jurídica y en que el transcurso del tiempo debilita sensiblemente las posibilidades de una persecución penal eficiente, como la necesidad de la pena. No tomar en cuenta estas consideraciones supone apostar por un activismo penal de consecuencias peligrosas.

Negociazo: Sifuentes Sisol

¿Quién es Miguel Sifuentes Melgarejo?
En el 2011, cuando Pedro Francke asumió la presidencia de SISOL durante  la gestión de la ex alcaldesa Susana Villarán, fue el administrador del hospital Sisol de Surquillo por dos años, después en 2013 salió por irregularidades que se encontraron cuando le hicieron un arqueo de caja que estaba bajo su responsabilidad.
Lejos de ser sancionado, Sifuentes pasó a trabajar bajo las órdenes de la entonces gerente de Comercialización de SISOL, Esther Magaly Rosas Carrera.  Esta área que se encargó de ver contratos con los diversos proveedores antes no existía y fue creada cuando ellos llegaron. Ambos salieron en medio de cuestionamientos y juntos pasaron a trabajar en la Clínica Osteoporosis de propiedad de Aldo Humberto Peirano; hoy convertido en uno de los principales proveedores de SISOL.
Por su parte, Aldo Peirano es un magnate en el mundo de la industria farmacéutica. Posee seis empresas, en algunas aparece como accionista o representante legal.  Diagnoperu SA; Guantelatex SA; Osteolima SAC; Perulab Express SAC; Clinica Osteoprosis SAC; Instituto Quimioterpéutico–IQ Farma. Esta última empresa Quimioterapeutico–IQ Farma SA le ha vendido al Estado productos farmacéuticos entre los años 2014 y 2016 por  222 millones  843 mil soles principalmente al Ministerio de Salud, Justicia, Defensa y  casi a todos los gobiernos regionales.
Fuente: www.americatv.com.pe

La policía encontró los tres cadáveres de los bomberos tras incendio en fábrica en El Agustino. Las víctimas habrían fallecido tras la caída del techo del almacén.
La Policía confirmó la muerte de los tres bomberos desaparecidos en el incendio que destruyó anoche un almacén de medicinas del MINSA y una fábrica de zapatos en el distrito de El Agustino.
En diálogo con RPP Noticias, el general Manuel Vera lamentó la noticia y anunció que se procederá con la identificación de cadáveres tras el siniestro en El Agustino.
“Estamos muy apenados porque ya hemos encontrado los cuerpos, y en estos momentos nos disponemos con la fiscal a identificar plenamente los cadáveres”. indicó la autoridad.
Confirmó que los cuerpos carbonizados se hallaron en la zona del almacén del Ministerio de Salud tras romper una pared.
Fuente: Diarios Ojo y El Comercio.

Las palabras. Reflexiones sobre el caso Wiese

Después de doce entregas hemos terminado con la investigación periodística sobre el ‘salvataje’ del Banco Wiese y sus posibles consecuencias para el ciudadano. Para mí, y estoy seguro de que para Lenka Zàjec, la coautora de esta serie, ha sido un desahogo concluir el laborioso proceso.
Por Gustavo Gorriti- Diario La República.
Después de doce entregas y dos resúmenes, hemos terminado (por lo menos por ahora) con la investigación periodística sobre el ‘salvataje’ del Banco Wiese y sus posibles consecuencias para el ciudadano de a pie. Para mí, y estoy seguro de que para Lenka Zàjec, la coautora de esta serie, ha sido un desahogo concluir el laborioso proceso que está detrás de cada párrafo escrito en una investigación.
La sensación de haberle dado vuelta a la página es, por cierto, ilusoria. Uno nunca termina una investigación mayor. O más bien, la investigación nunca termina con uno. Mi primera investigación periodística arrancó, casi por accidente, en febrero de 1982: el caso Langberg. Fue un caso con tal energía comprimida internamente, que su publicación fue antes una explosión que una revelación. Desató todo tipo de consecuencias, directas e indirectas; mediatas e inmediatas. Por ese caso, Alan García pasó a la primera fila del Apra; y por ese caso, Fernando Olivera vislumbró ingresar a la política. Eso, entre muchas otras cosas. Pero además, las fuerzas que desató (lealtades, hostilidades, inquinas, complicidades, rencores y venganzas) siguen vivas, como pude leer hace poco, y así permanecerán, acaso con una leve entropía, hasta que la mortalidad concluya su tarea con todo el elenco que actuó en ese drama.
La primera vez que escribí sobre Montesinos fue en 1983. Ahí lo tienen, 22 años y una historia del Perú después. Y créanme, Montesinos no ha acabado con nosotros; aunque me parece justo añadir que nosotros tampoco hemos acabado con Montesinos.
El caso Villa Coca reventó en 1985. Veinte años después, sus personajes siguen el efecto de la dinámica que generó. Cuando, hace pocas semanas, el ex ministro del Interior Félix Murazzo y el ex director general de la Policía Marcos Miyashiro adscribieron parte de sus problemas a las consecuencias de Villa Coca, muchos no lo entendieron. Pero, por lo menos en eso, tenían razón.
(Debo añadir que los tres casos mencionados fueron publicados en Caretas; y que hubiera sido entonces muy difícil publicar en otro medio que no tuviera un director con la personalidad excepcional [en decibeles, talento y valentía] de Enrique Zileri).
Por eso, cada nueva investigación de importancia es también un peso y una certeza. Te seguirá. Volverás a encontrarte, con sus consecuencias y sus protagonistas, una y otra vez a lo largo de la vida. Por eso, para un periodista, es sano tener claridad y convicción en lo que se hace.
El caso del ‘salvataje’ del Wiese es muy diferente. No hemos sacado a la luz nombres ni hechos del todo desconocidos. No hemos provocado una investigación fiscal o judicial. No hay amenaza ni sospecha de violencia o de intimidación. El caso –incluso ha sido dicho por ahí– es viejo, ya pasó.
Eso último es una sandez. Es obvio que no tomamos el caso para hacer investigación histórica sino por lo que significaba hoy, y sobre todo mañana, para el país. En pocas palabras, los peruanos íbamos a tener que pagar 314 millones de dólares para resarcir el daño que hicieron banqueros por lo menos incompetentes y en más de un caso deshonestos, con el dinero del público confiado a ellos.
El objetivo de la investigación era poder responderle al ciudadano de a pie (a quien se debe el periodismo y los periodistas), si era verdad que debía pagar tanto, teniendo tan poco. O si no tenía por qué hacerlo y debía, más bien, exigir justicia.
Ese fue el simple comienzo, y ahí acabó lo simple. Entrevistamos a todos los lados del caso. Cuando los personajes no pudieron hablar abiertamente, lo hicimos off-the-record o incluso a través de sus abogados. Escuchamos desde ardorosas e inteligentes defensas de la operación de ‘salvataje’ (Susana de la Puente antes de que el JP Morgan le prohibiera hablar; o Carlos Paredes), hasta no menos inteligentes, detalladas e investigadas acusaciones de que ese ‘salvataje’ era el mayor caso de corrupción del fujimorato y uno de los mayores en la historia del Perú (Jaime Mur).
¿Qué quedó en claro? Por lo menos para mí, el razonamiento del ‘salvataje’ tuvo mucho en común con la resolución de una situación de toma de rehenes. O pagas el rescate o caemos todos.
En este caso, los rehenes eran los depósitos en el BWL y el sistema financiero nacional.
Hay circunstancias en las que no queda otra alternativa que pagar algún rescate y entregar salvoconductos, para evitar un daño mayor. Ahí, el buen negociador es quien paga el menor rescate posible y desactiva el peligro inminente.
Pero una vez desactivada cualquier crisis de rehenes, se examinan las fallas de seguridad que permitieron llegar a esa situación, castigando a los responsables; y se busca someter a la justicia a los responsables del evento. En este caso, no pasó lo primero con los organismos reguladores ni pasó lo segundo con los banqueros del BWL. Por lo contrario, la apurada resolución de una crisis, bajo la amenaza de un descalabro bancario, fue presentada como una obra maestra de ingeniería financiera. Y los causantes de la crisis siguieron haciendo negocios, mientras se suponía que el resto de nosotros debía aplaudirlos, y meternos la mano a los bolsillos para pagar los $314 millones.
Eso puede pasar en una dictadura, pero nunca debe suceder en una democracia. Como escribimos hace un par de días, el JP Morgan ha tenido que pagar alrededor de 5 mil millones de dólares como castigo y compensación por el papel que tuvo en los fraudes masivos de Enron y Worldcom. Eso, sin contar las multas que antes tuvo que pagar a la Securities and Exchange Commission (SEC) y al fiscal de Nueva York, Robert Morgenthau. Y así debe ser: cuando uno maneja el dinero de los demás, sea gobernante o banquero, debe atenerse a la responsabilidad que ello supone.
Eso no sucede aquí todavía, pero debe empezar a suceder.
La investigación permitió ver, además, cosas que el público debe saber, y juzgar.
Así, por ejemplo, el manejador de imagen o relacionista público de Susana de la Puente (a través del JP Morgan) es Freddy Chirinos. Chirinos tiene simultáneamente como cliente a Pedro Pablo Kuczynski. Lo tuvo como ministro de Economía y lo tiene como Primer Ministro. Banquera y ministro han tenido que negociar más de una vez. ¿Utilizando al mismo manejador de imagen?
De otro lado, buena parte de los primeros procuradores anticorrupción han terminado defendiendo a los acusados por corrupción.
Así, el ex procurador César Azabache defiende hoy a Gonzalo de la Puente Wiese y, a través de su estudio, a Augusto Wiese Moreyra. Y el estudio del ex procurador José Ugaz, donde trabajan los ex procuradores Luis Vargas Valdivia e Iván Meini (que fue quien investigó el caso Wiese), defiende a Martín Fariña, el otro funcionario del JP Morgan que está acusado en el caso. Otro ex procurador, César Pantoja, trabaja con el abogado Augusto Loli, que defiende a Susana de la Puente.
Le pregunté a Iván Meini cómo se sentía respecto a que su Estudio defienda a quien él acusó como procurador. “Tengo claro que no hay conflicto de intereses”, dijo Meini. “El Estudio ya veía el caso [cuando me reincorporé]. Dije que yo no iba a ver ningún caso en el que hubiera participado”. Meini, que investigó temas de criminalidad económica, sostiene que su caso es “como el de un juez al que le llega un caso que vio como abogado. Se inhibe, pero no renuncia a ser juez… la alternativa es dejar de desempeñarme como abogado”.
Todo Estudio grande en Lima ve casos vinculados con la corrupción, dice Meini, “…que objetivamente estén defendiendo algo que yo denuncié, lo acepto, porque tengo claro que en el Estudio respetan mi punto de vista… respecto al caso del Banco Wiese, sigo opinando como Iván Meini el procurador, con la información que tuve hasta diciembre”. Su caso, me dijo, es como “si La República investigara a alguien que conoces, te inhibirías, pero no inhibirías a La República”. Para casos como ese, y como el suyo, dice Meini, “existe la institución de la inhibición”.
El ex procurador Ronald Gamarra, que trabaja ahora en el Instituto de Defensa Legal (IDL), ve el problema en forma diferente. “Dentro de lo complicado que es el asunto, me parece que para ellos [los otros ex procuradores] la lucha anticorrupción fue un trabajo, no un compromiso… creo que no midieron las consecuencias cuando entraron a trabajar a la procuraduría… más allá de lo legal está lo ético. Luchaste por algo, no puedes aparecer en el otro lado… [esto] debió ser una meta, no un trabajo”.
¿Ha influido algo de lo descrito en una distorsión de la perspectiva no sólo en la defensa sino también en la acusación?
Los periodistas que hemos investigado el caso pensamos que una persona a quien se le cargaron las tintas en forma largamente excesiva es Eugenio Bertini, a quien se caricaturizó como “el banquero de Montesinos”, (que no fue), mientras que a los banqueros verdaderos de Montesinos, Venero, Duthurburu y Valencia, no les pasó nada. ¿Había que convertir a una persona en cabeza de turco para facilitar la impunidad de otros? La carrera de Bertini ha sido ya destruida, pero es injusto que no se repare su reputación.
De diferente manera, Manuel Custodio es también un chivo expiatorio. Me parece que Custodio tiene varias responsabilidades por las que rendir cuentas. Pero en todos los casos, obedeció órdenes y siguió instrucciones. Entonces, ¿cómo así está él perseguido mientras que los que le dieron las órdenes prosperan?

SUNEDU OTORGA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL A LA UNIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO ANDINO

• Ubicada en Huancavelica, distrito de Lircay, la UDEA se especializa en los programas de educación intercultural bilingüe y ciencias agrícolas.
• Promovida a través de una alianza estratégica entre asociaciones sin fines de lucro y la empresa privada, es la sexta universidad en obtener su licencia de funcionamiento.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), tras verificar el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC), otorgó la Licencia de Funcionamiento Institucional a la Universidad para el Desarrollo Andino (UDEA), que sustentó la existencia de planes de estudio, infraestructura adecuada, laboratorios equipados, líneas de investigación, entre otros.
“La UDEA ha demostrado que su gestión universitaria le permite brindar una educación de calidad fomentando el desarrollo de la región Huancavelica a través del diseño e implementación de proyectos productivos, agropecuarios y de salud comunitaria, entre otros”, manifestó Lorena Masías, superintendente de la SUNEDU.
Dicha universidad actualmente ofrece cinco programas: Educación Inicial, Primaria y Secundaria –Bilingüe, Ingeniería Informática y Ciencias Agrarias. Asimismo mantiene un especial interés por la revalorización del idioma quechua -mediante un enfoque formativo- que toma en cuenta la cultura local.
Con la finalidad de potenciar la investigación agrícola, la UDEA viene desarrollando convenios con el Fondo para la Innovación, Ciencia y Tecnología (FINCyT) y la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), a fin de promover el uso de las variedades de papa nativa de la región en la industria alimenticia.
Dentro de las actividades de proyección social que realiza la universidad destacan aquellas en favor del desarrollo regional como la iniciativa para sistematizar las historias clínicas del Hospital de Lircay II-1 y la capacitación a comunidades campesinas para la tecnificación de sus cultivos.
La Compañía de Minas Buenaventura, junto al Grupo Fundades, son los promotores que impulsan este proyecto educativo que subvenciona parte del costo de la pensión de los estudiantes, haciendo posible que más peruanos reciban una buena educación.
La Superintendenta Lorena Masías añadió que a la fecha esta es la sexta licencia de funcionamiento emitida por la SUNEDU (UTEC, PUCP, Universidad de Lima, UPCH, UP y UDEA), lo que reafirma el  compromiso de las autoridades y la comunidad universitaria con el licenciamiento institucional y, por ende, con la mejora del servicio educativo universitario en el país.
Fuente: SUNEDU.

EN MIRAFLORES. El estudio Castro & Bravo de Rueda, ubicado en la Av. Vasco Núñez de Balboa, Miraflores, tiene entre sus principales clientes a agroexportadoras y mineras.
La Securities and Exchange Commission (SEC), el regulador bursátil en EEUU, alcanzó acuerdos con los tres peruanos acusados de insider trading: Nino Coppero del Valle, exejecutivo de la minera Hudbay; Antonio Castro Roca, socio de Castro & Bravo de Rueda Abogados; y Ricardo Carrión, director y gerente de finanzas corporativas de Kallpa Securities SAB. Esto pone fin al proceso civil iniciado cuando la SEC acusó a los tres de negociar acciones de la minera junior Augusta Resources con información confidencial para ganar dinero (SE 1539).
FUNDADOR. A la izquierda, Julio Antonio Castro Roca, fundador y abogado principal del estudio Castro y Bravo de Rueda, ubicado en Miraflores/ Facebook.
Coppero, a quien la SEC señala como el presunto informante de los hechos, acordó pagar US$58,990, lo que “representa las ganancias obtenidas” por la presunta infracción, señaló el juez del caso. Antonio Castro aceptó pagar US$124,115, lo que incluye una penalidad de US$59,300. Carrión acordó pagar US$114,108, lo que incluye una penalidad de US$54,144.
CON MELKA. Ricardo Carrión (tercero de la derecha) en la ceremonia de ingreso de United Cacao a la Bolsa de Valores de Lima, el 2015. La empresa es dirigida por el financista norteamericano Dennis Melka, acusado de deforestar la Amazonía/ BVL.
La SEC precisó que Carrión no aceptó ni negó las acusaciones de su demanda civil, precisión que no hizo para Coppero ni Castro. Coppero admitió ser culpable en un proceso criminal sobre el mismo hecho.
“Kallpa SAB como empresa nunca fue parte del proceso iniciado por la SEC. Las políticas corporativas de la empresa prohíben terminantemente el insider trading”, señaló la SAB en un comunicado.
“El señor Castro está satisfecho de alcanzar este acuerdo de manera colaborativa con la SEC”, señaló su abogado, Steven Witzel.
Fuente: Semanaeconomica.com

Noticia de un secuestro

Por Ricardo Uceda- Diario La República.
El 22 de diciembre del 2009, una noticia alarmó al director general de la PNP, el general Miguel Hidalgo. El hijo de un empresario amigo del gobierno iba a ser secuestrado. La noticia se la había dado el ministro del Interior, Octavio Salazar. El empresario era Néstor Quispez-Asín, director del Grupo Deltron, vendedor de equipos informáticos. Cuando Hidalgo llamó al jefe de la División de Secuestros, el coronel Jorge Mejía, este no sabía nada.
Mejía también se preocupó. Envió al lugar donde se encontraba Quispez-Asín a uno de los jefes operativos, el comandante Ángel Toledo. Encontró a notables. Estaban el ministro Salazar; el coronel Vicente Álvarez, de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGEMIN); y, entre otros, José Nava, hijo del secretario general de la Presidencia. Aparentemente, un intento de secuestro se había frustrado, pero se esperaba otro. Toledo empezó a preguntar a los presentes, pero nadie tenía una evidencia.

Hoy como ayer

El comandante informó a su jefe que no veía trazas de secuestro. Por si las moscas, Quispez-Asín envió de inmediato a su hijo a los Estados Unidos, con fuerte protección policial en el camino hacia el aeropuerto. Mientras tanto, se fueron esclareciendo los antecedentes. Quien había dado parte al ministro era el coronel de la DIGIMIN, Vicente Álvarez. A su vez, Álvarez la obtuvo de un informante relacionado con la delincuencia común. Un joven teniente estaba relacionado con el aprovechamiento de esta delación: Enrique Prado Ravines. Cuatro años después, de acuerdo con las denuncias ya públicas, Álvarez y Prado actuarían concertadamente en los numerosos operativos que se investigan sobre presuntos asesinatos de delincuentes por parte de equipos de la PNP.
Ahora Álvarez es un general a cargo del Frente Policial del VRAEM. Prado, un mayor que opera en la Dirección de Inteligencia (DIRIN) de la PNP. En los operativos con muerte de supuestos delincuentes que se investigan -en un período que va desde el 2012 hasta el 2015- Álvarez, desde la posición de mando en que se encontrara, habría facilitado la actuación de policías de varios cuerpos: Robos, VRAEM, SUAT. Diríase que coordinaba la parte administrativa. La actuación siempre se producía a partir de un dato de inteligencia proporcionado por un “informante”.
Era común que se reportara la inminencia de un secuestro. Pero estos operativos nunca se le encargaban a la División de Secuestros, que es la llamada a actuar. Volvamos al 2009, para apreciar cómo estos patrones de actuación se dieron en el caso Quispez-Asín.

“Ya regreso…”

La actuación de Álvarez cayó mal en la División de Secuestros. ¿Por qué Álvarez había avisado a todos menos a ellos? Por otra parte, ¿de qué información se trataba? No había ningún parte, ninguna nota de inteligencia. El coronel Mejía era de la opinión de que no había ningún intento de secuestro y el coronel Álvarez sostenía que sí. El Ministro del Interior, Octavio Salazar, dándose cuenta de la controversia, propició una reunión en su despacho. Estaban Álvarez, Mejía, y el director de la DIGEMIN, el coronel Abdul Abed. Cuando todos llegaron, Salazar les dijo.
–Tengo que hacer, ya regreso. Pónganse de acuerdo, por favor.
Y se fue.
Sin embargo, los coroneles no se pusieron de acuerdo. La DIGIMIN prefería que no hubiera intervención fiscal. Pero Mejía ya había dado parte al Ministerio Público. Su investigación iba a determinar si la amenaza de secuestro era real o artificial.

Dos atestados

Aquel mismo año la policía elaboró dos atestados que se han tenido a la vista para esta nota. La reconstrucción de los hechos brinda luces respecto de lo que ocurrió.
Hacia fines del 2008, Manuel Torres Fernández, apodado “Gato”, un ex trabajador de Deltron, fue a visitar a dos amigos de barrio que estaban en Castro Castro. Según “Gato”, uno de ellos era Willian Becerra, o “Chato”, próximo a salir en libertad. El segundo era Julio Bernales, alias “Pepe Loco”, quien se interesó vivamente por los bienes de Néstor Quispez-Asín. “Gato” le dijo a Bernales que tenía mucho dinero y que hasta usaba una avioneta. Días después de su visita recibió una llamada de un enviado de Bernales desde el penal, con instrucciones para estudiar a Quispez-Asín.

Entrando en llanto

A comienzos de diciembre, Manuel Torres y otros dos hombres fueron en una camioneta a filmar la fábrica del empresario. Uno de ellos era Willian Becerra, quien ya estaba en libertad. El descubrimiento de la identidad del otro fue una sorpresa mayúscula para los investigadores de la División de Secuestros.
Era el suboficial Carlos Llanto. Trabajaba con el coronel Vicente Álvarez en la DIGIMIN. Llanto, precisamente, había hecho las filmaciones. Lo negó repetidas veces, aunque las evidencias eran abrumadoras. Después se supo que las filmaciones tenían un propósito distinto al del secuestro. El atestado, al respecto, no deja dudas de lo que hicieron los policías.

Cinco mil dólares

En enero del 2012, el coronel Álvarez le dijo a Deltron que el informante que alertó sobre la tentativa de secuestro tenía un material fílmico que permitiría identificar a la banda. Indicó que hicieran el trato directamente con el suboficial Llanto, de quien el informante era amigo. Quispez-Asín, desde el exterior del país, autorizó a pagar los cinco mil dólares que costaría obtener la información. Acto seguido, Llanto entregó el DVD y cobró el dinero.
Dice el atestado: “Intencionalmente, en una instalación de la DIGIMIN, y empleando una computadora de ésta; así como con la presencia y anuencia del coronel PNP Vicente Álvarez Moreno…, se realizó la visualización de imágenes a comercializar…” Suscrito por el coronel Jorge Mejía, el documento añade que Llanto, apoyado por Álvarez, lejos de comunicar los hechos a la División de Secuestros, perjudicó las investigaciones, al preferir lucrar ilícitamente con la información.

Patrón del mal

La policía antisecuestros descubrió la identidad de “Gato” en un video intimidatorio que llegó a Deltron, con filmaciones de los exteriores de la empresa. Era el mismo que Quispez-Asín había comprado a los de la DIGIMIN y que aún la División de Secuestros no tenía. Cuando la empresa lo envió a los verdaderos investigadores estos apreciaron el perfil de una persona, luego identificada como Manuel Torres. Apretado por la policía, Torres confesó que había hecho las filmaciones en un recorrido junto con dos personas más. Identificó a Carlos Llanto, y la conspiración se esclareció.
El caso fue archivado, Álvarez siguió en la policía y pudo ascender a general. Estuvo implicado en varias denuncias que no son tema de estas líneas. Prado ascendió a mayor y perfeccionó el sistema. Antes era solo para vender información artificial. Después para matar.

El Hermano Lobito

Con la identificación por el Ministerio del Interior del grupo de policías que habría eliminado a supuestos delincuentes, el proceso pasa a otro nivel: el de la fiscalía. Ya estaba allí desde comienzos del 2015 pero estancado, como había ocurrido en los fueros de la inspectoría policial. Ahora se aprecia una decisión de investigar. Ese es el cambio. Se inicia un camino largo y tortuoso, como lo fueron todos los casos de este tipo en los últimos treinta años.
Hasta el momento, hay un general, un comandante y siete suboficiales implicados en la creación de falsos escenarios. La pregunta de si actuaron solos o bajo autoridad o beneplácito de estamentos superiores no ha podido ser respondida. Todavía no se conocen los resultados de una investigación de Inspectoría del MININTER, que individualizará responsabilidades y recomendará sanciones. El Ministerio Público, bajo sus propios cánones, está actuando silenciosamente.
En esta nueva fase cobra actualidad una jugosa nota publicada en la edición deCaretas del 12 de diciembre del 2013. Lleva el título “Chiclayo o Chicago”. Está firmada por Américo Zambrano, actualmente en Hildebrandt en sus trece. Describe el operativo en el que murieron seis presuntos delincuentes en Lambayeque -el quinto de la serie que originó la investigación-, que se había producido a comienzos de mes. Según Caretas, quien lo dirigió era nada menos que Iván Vega, ex viceministro del Interior, quien a la sazón ocupaba el mismo cargo en Defensa. A Vega, siempre dispuesto a la acción, ya se le conocía como “Rambito”. Era, todo el mundo lo sabe, un hombre de confianza de Ollanta Humala y Nadine Heredia.

Lobos feroces

El ministro del Interior por entonces era Walter Albán, quien asumió el 13 de noviembre. Su predecesor, Alfredo Pedraza, había renunciado a raíz de la crisis producida por el descubrimiento de la desmesurada protección policial de que gozaba Oscar López Meneses. Vega, no obstante ser allegado al presidente, tuvo que dejar el viceministerio porque Albán quiso nombrar a otra persona en el cargo. La nota de Caretas hace hincapié en el hecho de que Rambito dirigiera el operativo de Chiclayo cuando ya era viceministro de Defensa.
“Es posible que él lo dirigiera -dijo el exministro Albán-, pero no lo supe. Asumí que era una acción de la policía”.
Siempre según Caretas, el presidente Humala decidió combatir el crimen organizado con la estrategia que estaba funcionando en el VRAEM, donde actuaba la Brigada Lobo, un grupo de élite policial, asociado con militares. Estos policías, haciendo inteligencia, identificaban objetivos prioritarios, tras lo cual intervenían las Fuerzas Armadas. En agosto del 2013 habían sido abatidos en el VRAEM Alfredo Borda Casafranca y Martín Quispe Palomino, conocidos como “Alipio” y “Gabriel”, respectivamente. Humala reconoció públicamente la importancia de la Brigada Lobo en este evento, aunque por entonces llamó la atención que su existencia fuera negada por el mismísimo jefe del Comando Conjunto, el vicealmirante AP José Cueto. “Remontándonos al pasado -dijo Cueto- nunca es bueno que existan esos famosos grupos o brigadas especiales”.

El brazo derecho

El hecho es que, sin estar en el organigrama, la Brigada Lobo existía, y su jefe real era Iván Vega, reportando a Humala. La labor de Vega y de la Brigada Lobo ha sido ponderada por diversos analistas. Hasta aquí todo bien. Pero la novedad que trajo Caretas era que el presidente le ordenó a Rambito crear un equipo especial para actuar contra la delincuencia común: “Humala le encargó seguir al frente de Lobo y de su satélite, el Grupo Especial de Inteligencia Contra el Crimen Organizado (GEICCO).”
Esto adquiere relevancia porque el informe del Grupo de Trabajo del Ministerio del Interior divulgado el lunes señala que identificó a una agrupación responsable de los presuntos asesinatos llamada, precisamente, GEICCO. Su jefe operativo, un comandante, fue nombrado como tal por un coronel que era director y promotor del grupo. El informe del MININTER no identifica a los personajes, pero son reconocibles el comandante Enrique Prado y el general Vicente Álvarez, que entonces dirigía la DIRCOTE. Existen documentos que comprueban el hallazgo. El caso es que Álvarez era el brazo derecho de Rambito en la Brigada Lobo. Prado, a su vez, era un insustituible oficial operativo.

“Leerlo el jueves”

De lo dicho cabe preguntarse si la presunta actuación criminal de Álvarez era conocida por Iván Vega. Si lo que dijo Caretas es cierto, Álvarez y Prado actuaban bajo órdenes de Vega. Pero pudiera ser que todo hubiera sido hecho a sus espaldas.El Grupo de Trabajo del MININTER declaró expresamente que no puede afirmar ni negar que Rambito estuviera al tanto.
Pregunté ayer a Marco Zileri, director de Caretas, sobre la veracidad que le atribuye ahora a la información publicada por su revista hace casi tres años. Después de pensarlo un poco dijo:
-Deberás leerlo el jueves.
Caretas aparecerá mañana. Pero Américo Zambrano, el periodista que escribió la información, se ratificó en todos los términos de su nota. Dijo que eran de fuentes directas, aunque no identificadas. Añadió que esta reserva, que era válida en el 2013, también lo es en el 2016. El viceministro Vega no rectificó el artículo.
Aún es posible citar otra referencia, de alguien que habló con Vega varias veces pero que no desea ser identificado. Ratificó que Vega le habló de un grupo de inteligencia a su cargo que actuaría contra el crimen organizado. Lo explicó así:
-Es el hermano menor de la Brigada Lobo. El Hermano Lobito.

El fiscal lobo

El esclarecimiento final está en manos del fiscal Álvaro Rodas, del área de Criminalidad Organizada. Es posible establecer el nivel de comunicación entre Álvarez y niveles superiores gubernamentales, mediante el levantamiento del secreto de las comunicaciones y otras técnicas. Nuestro Rambito periodístico, Gustavo Gorriti, dice que Vega podría ser el objetivo principal de una campaña de demolición creada a partir de un pleito entre comandantes y de los desmanes de periodistas que no saben investigar. Pero la teoría de una conspiración contra buenos policías no tiene de dónde asirse. Tampoco hay elementos para sostener que esta es una campaña inspirada por quienes desean destruir a Ollanta Humala.
El propio Iván Vega tiene la ocasión de esclarecer, ya mismo, las legítimas dudas que existen sobre su vinculación con el grupo que nació el año 2013 en la DINCOTE. ¿ Autorizó el nacimiento de GIECCO? ¿Supo del operativo en Lambayeque? ¿Dirigió antes, como dijo Caretas, un operativo en Puno en el que murieron tres delincuentes? Quizá solo se haya ido de boca al hablarles a periodistas o allegados acerca de sus hazañas, pero eso es ningún delito.

Eclipse VRAEM

Por Carlos Neyra- Diario Perú21.
Han transcurrido tres años desde que el ex presidente de la República Ollanta Humala diera a conocer los resultados del operativo ‘Camaleón’, en el que fueron abatidos dos importantes mandos de Sendero Luminoso (SL) en el Vraem, y esta historia podría reescribirse tras las nuevas evidencias obtenidas por Perú21 que contradicen la versión oficial.
Según los documentos, fotografías y los testimonios de cuatro colaboradores para esta nota, el autor de la muerte de Alejandro Borda Casafranca, ‘Alipio’, y Marco Antonio Quispe Palomino, ‘Gabriel’, habría sido un ‘agente especial’ reclutado por la Policía, que habría actuado motivado por el interés económico de cobrar la recompensa que ofrecía el Estado peruano.
Todo empezó el 2 de junio de 2013 con la resolución de la fiscal antidrogas de Ayacucho, Luz Zuzunaga Silva, quien le otorgó la condición de ‘agente especial’ a Francisco Morales Acevedo (nombre ficticio para cautelar su seguridad), ‘Francisco’, para que colabore con el plan ‘Eclipse Vraem’, que estaba a cargo del mayor de la Policía Antidrogas Segundo Argomedo y del entonces coronel (pasado al retiro recientemente) Vicente Álvarez Moreno, de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote).
Ambos oficiales, integrantes del Grupo Especial de Inteligencia que operó en el Vraem, habían detectado que un poblador de Pampas Vista Alegre proveía de suministros básicos a los terroristas, situación aprovechada por los policías para conminarlo a colaborar a cambio de evitar una acusación penal contra él y su familia por colaboración con el terrorismo. Además, le ofrecieron pagarle recompensa, refirió una fuente que pidió no ser identificada.
Luego, los policías pidieron a la fiscalía a cargo que tramite ante el juez penal de la jurisdicción la autorización del levantamiento del secreto de las comunicaciones de dos celulares: el que utilizaba ‘Alipio’ y el proporcionado al agente especial ‘Francisco’, según consta en las resoluciones fiscales.
Los primeros días del mes de julio del mismo año, el terrorista realizó una visita al colaborador en su casa, en el poblado de Pampas Vista Alegre, en donde le pidió adquirir dos radios Handy. Se comprometió a recogerlos la segunda quincena de agosto.
‘Francisco’ comunicó del pedido a los policías y le requirieron que viaje a Huamanga. En el encuentro, que se realizó en un hotel, le entregaron dos radios Handy inoperativas. Los aparatos, según nuestro colaborador, habrían estado cargados de explosivos napalm. Además, le entregaron dos revólveres y una pistola para que los utilice en caso de que peligrara su vida; el encuentro está consignado en una resolución fiscal.
En la declaración del 23 de agosto del mismo año de Francisco Morales Acevedo ante la Fiscalía de Ayacucho, este sostiene que el sábado 10 de agosto del 2013 lo llamó ‘Alipio’ para preguntarle si ya tenía las “piezas” (radios Handy) y este le confirmó.
También dijo: “El domingo 11 de agosto de 2013, al promediar las seis de la tarde, mis vecinos agricultores me comentaron que los ‘tíos’ (terroristas) estaban en la zona, y al promediar las diez de la noche llegaron a mi domicilio tres terroristas que cargaban unas pesadas mochilas, los saludé y al momento de ingresar a mi domicilio escuché a ‘Alfonso’ gritar “enemigos” y empezó la balacera. Atiné a huir y a buscar refugio con mi familia, que la tenía escondida a unos 200 metros”.
Añadió que luego escuchó una fuerte explosión que provino de su vivienda y “pude apreciar que el fuego lo consumía hasta dejarlo cenizas. Al cabo de 20 minutos llegaron dos helicópteros que me evacuaron con mi familia al fuerte Pichari”.
Esta última parte de la historia narrada por ‘Francisco’ ante la Fiscalía fue en parte el argumento usado por las autoridades ante los medios de comunicación. Es decir, que como resultado de la emboscada perpetrada por las fuerzas del orden, se produjo una explosión que acabó con la vida de los terroristas. El gobierno felicitó al Grupo Especial de Inteligencia a cargo del operativo y extendió su gratitud al mentor del grupo, el ex viceministro Iván Vega.
En las fotografías tomadas por los militares que participaron en la acción se observa un antes y un después. En las imágenes iniciales luego de la explosión se aprecia los cuerpos calcinados de los subversivos y parte de la vivienda de madera que aún se mantenía en pie, pues el fuego había sido focalizado.
Luego, en otra fotografía del día siguiente, que coincide con la difundida por algunos medios, recién se ve ahí el área de la vivienda en cenizas, no como dijo el ‘agente especial’, que vio todo así tras acabar el operativo.
Según nuestros informantes, las fuerzas del orden terminaron de quemar la estructura para borrar toda huella.
Otros cabos sueltos que hacen dudar de la versión de la emboscada militar son que no se reportó la destrucción de armas producto del incendio, pese a que en una imagen se aprecia dos revólveres y una pistola. ¿Acaso fueron las que usaron ‘Francisco’ y su familia para ultimar a los terroristas?.
La recompensa dada por esta operación habría sido cobrada, en efectivo, por 11 personas en la Dircote, luego que Iván Vega coordinara los fondos.

Por Carlos Neyra- Diario Perú21.
En nuestra nota de ayer, bajo el título “¿Un agente especial abatió a ‘Alipio’ y ‘Gabriel’ en el Vraem?”, dimos a conocer detalles desconocidos hasta la fecha del operativo militar-policial ‘Camaleón’ que pusieron en tela de juicio la versión oficial proporcionada el 12 de agosto del 2013 por el ex presidente Ollanta Humala.
Este episodio tiene una segunda parte, consignada en diversos documentos de la Fiscalía a los que Perú21 tuvo acceso. Se trata del cambio repentino de la fiscal antidrogas de Ayacucho, Luz Zuzunaga Silva, quien tenía a cargo las investigaciones del caso (denominado Eclipse Vraem).
Ella fue reemplazada por la magistrada supraprovincial de Huánuco, Eneida Aguilar Solórzano, quien labora a más de 850 kilómetros de la base militar de Pichari, lugar donde se instaló el centro de operaciones que se usó para abatir a ‘Alipio’ y ‘Gabriel’.
Aguilar fue trasladada hasta ahí en un helicóptero con el único propósito de dar legalidad a la acción militar que acababa de ocurrir.
Los hechos se remontan al 10 de agosto de 2013, cuando los agentes antidrogas recibieron la llamada del ‘agente especial’ Francisco Morales Acevedo ‘Francisco’, en la que informó que ‘Alipio’ estaba camino a su vivienda, en el poblado de Pampas Vista Alegre, hechos que fueron reportados a la fiscal antidrogas de Ayacucho, Luz Zuzunaga, y al Comando Especial (CE) Vraem.
Tras conocer esto, Zuzunaga convoca a una reunión de urgencia para definir detalles con el CE Vraem. Sin embargo, en lugar de encontrar facilidades, su labor fue entorpecida por el comando, quien le informó que el plan de operaciones ‘Camaleón’ había sido clasificado como secreto, negándose a proporcionarle información. La fiscal quedaba así fuera de la escena.
La fiscal antidrogas decidió insistir y en otra resolución dispuso que el fiscal supraprovincial de Pichari, Alfredo Casavilca, sea quien la reemplace en la investigación por la proximidad al lugar de los hechos y por la competencia jurisdiccional.
El día del operativo, el 11 de agosto del 2013, entre los tripulantes de los dos helicópteros que partieron a Pampas Vista Alegre no hubo ningún fiscal, según un colaborador de este diario y fuentes de la Fiscalía.
Explicaron que esto se puede corroborar con el registro de vuelos de aquella fecha y la relación de personas que fueron trasladadas a la zona de operaciones.
Los cadáveres carbonizados llegaron a la base militar de Pichari a la primera hora del lunes 12 de agosto. Los militares y policías entorpecieron la participación del fiscal Casavilca.
Zuzunaga no accedió a ningún tipo de comunicación sino hasta las 2 de la tarde, cuando el fiscal superior Víctor Cubas Villanueva la llamó por teléfono para indicarle que la fiscal de Huánuco, Eneida Aguilar Solórzano, iba a asumir la responsabilidad de las operaciones. Este episodio fue narrado por la propia Zuzunaga en la Resolución Fiscal N° 6.
En el mismo documento, se consigna que los militares trasladaron –14 horas después de producido el hecho– en helicóptero desde Huánuco hasta Pichari a la magistrada Aguilar y desde Lima a un equipo de biólogos forenses de la Fiscalía. Los ciudadanos y los medios de prensa que llegaron a Pampas Vista Alegre no tienen registro de actividad fiscal realizada en la misma escena del crimen.

Dejó constancia

En la resolución, del 1 de mayo del 2015, Zuzunaga da cuenta de la irregular actuación de su colega de Huánuco, policías y militares a cargo del operativo. Ahí puso en evidencia que la declaración que dio ante ella –tras el operativo– el agente especial Francisco Morales Acevedo fue inconsistente con la forma en que se habrían producido los hechos.
La magistrada dio cuenta de todo esto al fiscal Cubas Villanueva, quien no se pronunció. Zuzunaga derivó copia de todos los actuados a la Policía, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía para que investiguen la actuación irregular de los policías, militares y de la fiscal Eneida Aguilar. Nada de esto ocurrió.
Consultado por este diario, el magistrado Víctor Cubas Villanueva precisó que él solo se limitó a informar a las fiscales (Zuzunaga y Aguilar) la decisión del fiscal de la Nación de entonces, José Peláez Bardales, quien dispuso ampliar la competencia de la fiscal de Huánuco. Dijo que se tomó esta decisión tras una reunión de alto nivel con el Comando Vraem.
La magistrada Eneida Aguilar Solórzano dijo: “Ese operativo está judicializado. Llego al operativo porque se nos amplió la competencia en julio del 2012 para el Vraem, porque el terrorismo en el Huallaga había disminuido tras la captura de ‘Artemio’. Llegamos a la zona el mismo día y realizamos una inspección técnico-policial al día siguiente; si no me equivoco, con peritos y prensa. La fiscalía a mi cargo ha participado en la operación Albergue, en julio del 2012; operación Nuevo Horizonte, donde muere el camarada ‘William’; el operativo Mantaro, en Ranrapata; Camaleón, y otros hasta mayo último”.

Grupo Especial de Inteligencia Contra la Criminalidad Organizada (Geicco)

Por Carlos Neyra- Diario Perú21.
Este diario dio cuenta en sus dos últimas ediciones de las irregularidades en las que habrían incurrido las autoridades que tuvieron la responsabilidad de la operación militar-policial ‘Camaleón’, donde fueron abatidos los cabecillas terroristas ‘Alipio’ y ‘Gabriel’.
Como se sabe, y según lo explicó el entonces presidente Ollanta Humala el 12 de agosto del 2013, estas acciones estuvieron a cargo del Grupo Especial de Inteligencia –que no perteneció a la estructura de la Policía–, el cual estaba bajo el mando del ex viceministro del Interior Iván Vega.
Según una fuente policial, las coordinaciones del grupo se realizaban en el despacho de Vega, donde participaron el coronel Vicente Álvarez (Dircote) y el general Vicente Romero (Dirandro), actual jefe de la Policía.
Pues bien, según documentos a los que accedió Perú21, al menos cuatro oficiales y siete suboficiales de la Policía que integraron el Grupo Especial de Inteligencia Contra la Criminalidad Organizada (Geicco) –investigados por presuntas ejecuciones extrajudiciales del denominado ‘escuadrón de la muerte’– habrían sido también parte del equipo que efectuó operaciones en el Vraem y en el Huallaga, entre ellas ‘Camaleón’.
Los oficiales –que aparecen consignados en un informe secreto (Plan de Operaciones 02 “Nexos criminales”), del 1 de julio del 2013– son Vicente Álvarez, los coroneles José Baella Malca y Juan Padilla Alvarado y el comandante Raúl Prado Ravines. Este plan de operaciones amplió los objetivos de la lucha contra el narcoterrorismo hacia la delincuencia común y organizada.
Dichos mandos trabajaron en el 2013, como parte del Geicco, en la Dircote, y fueron consignados en el Informe 08-2015 de la Inspectoría de la Policía –cuando investigó las ejecuciones extrajudiciales– reseñando que anteriormente habían sido destacados para operaciones en el Vraem.
En otro documento (Oficio 394-2013-DIGIMIN–OFAD-UP, del 3 de julio de 2013) se dejó constancia del destaque de Prado Ravines y de los suboficiales César Cutti, Luis Mio, Edgardo Vilela, Luis Olivares, William Castaño, Fernando Chuquisengo y Eduardo León, de la Dirección General de Inteligencia del Mininter hacia la Dircote, a pedido de Álvarez Moreno, pues se gestaba un golpe al narcoterrorismo.
Este cambio repentino de colocación de los agentes policiales ocurrió 40 días antes de la operación ‘Camaleón’.
Los siete suboficiales destacados a la Dircote también están siendo investigados por las presuntas ejecuciones extrajudiciales denunciadas recientemente, según informó la Policía Nacional. Como vemos, la historia no está cerrada.

Álvarez deslinda responsabilidad

En una entrevista al programa Cuarto poder, el último domingo, el general en retiro Vicente Álvarez Moreno reconoció que el comandante Raúl Prado Ravines trabajó bajo sus órdenes a partir de julio del 2013. “En el 2013 me hago cargo de la Dircote. Entonces, en el 2010, 2011 y 2012 y hasta julio del 2013, Prado no trabajó bajo mis órdenes”. Enfatizó que no pone las manos al fuego por nadie. También sostuvo que él no creó el grupo -denominado inicialmente como Escuadrón de la Muerte-. Refirió que Prado llegó a su unidad (Dircote) en calidad de apoyo, pues adujo que tenía otros jefes que no han sido mencionados hasta la fecha. Este diario buscó la versión de Álvarez a través de distintas vías, pero no respondió.
La Dirección de Información de la PNP señaló que el personal en actividad mencionado en esta nota se encuentra investigado por la Fiscalía y no puede emitir opinión al respecto.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionó y multó a César Acuña Peralta por plagiar el libro Política Educativa – concepto, reflexiones y propuestas, cuyo autor es el docente universitario Otoniel Alvarado Oyarce.
Al excandidato presidencial se le acusa de infringir las normas del Derecho de Autor, razón por la cual ha sido multado con S/39,500.
La Comisión de Derecho de Autor del Indecopi concluyó que Acuña Peralta infringió el derecho moral de paternidad al proclamarse coautor de los textos de la mencionada obra de autoría del catedrático.
Asimismo, encontró responsable y sancionó a la Universidad César Vallejo (UCV) en este caso, ya que publicó el referido libro –en el año 2012– consignando como único autor a César Acuña, quien es dueño de la misma. En otra edición, si bien consignaron el nombre de Otoniel Alvarado, también infringieron el derecho moral de paternidad, ya que consignaron en el copyright al líder de Alianza Para el Progreso (APP).
Sobre estas publicaciones, Indecopi también refiere que se vulneró el derecho moral de integridad del autor, pues se verificó que en las mismas al menos se mutiló un párrafo de la citada obra, y el derecho patrimonial de distribución del autor de la obra, ya que en una de las bibliotecas de la UCV se almacenaban ejemplares de las publicaciones ilícitas.
Por estas vulneraciones, la Universidad César Vallejo (UCV) deberá pagar penalidad de S/71,100.
Por otro lado, respecto a la tesis Competencia Docente y Rendimiento Académico del Estudiante de la Universidad Privada en el Perú, con la cual César Acuña obtuvo el grado de doctor -emitido por la Universidad Complutense de Madrid-, el Indecopi señaló que le impuso una multa por reproducir “fragmentos de obras de terceros sin reconocer la autoría de las mismas”.
Indecopi ha ordenado que se retiren de circulación los ejemplares del libro Política Educativa–concepto, reflexiones y propuestas en donde César Acuña figure como autor o coautor.
También se detectó que las publicaciones ilícitas alteraron el prólogo, escrito por el sacerdote Ricardo Morales Basadre para Otoniel Alvarado Oyarce. En la dedicatoria original aparecía el nombre de este último.
Fuente: Diario Perú21.

Suspenden alcalde de Urubamba denunciado por violación

Por Miguel Neyra– Diario El Comercio.
El alcalde provincial de Urubamba (Cusco), Humberto Huamán Auccapuma, fue suspendido de su cargo por 30 días por decisión de los miembros del concejo municipal hasta que se esclarezca su situación ante la denuncia de violación de una joven que buscaba trabajo en la municipalidad.
La denuncia fue puesta en la Primera Fiscalía Penal Provincial de Urubamba y en ella se detalla que Huamán habría abusado de una joven de 22 años, en un viaje a Lima el pasado 16 de agosto.
Para perpetrar el abuso, Huamán habría aprobado la contratación de la joven para llevarla a Lima en comisión de servicios.
Según la denuncia, la joven fue conducida de Urubamba al aeropuerto del Cusco en un vehículo municipal el pasado 16 de agosto. Ya en Lima, la condujeron a un hotel de nombre Swan a la altura de la cuadra seis de la Avenida Salaverry.
A las 7 p.m., se añade, apareció el alcalde en la habitación de la joven.
“Sin que hubiera un grado de amistad me dice vamos a cenar, tomamos un vaso de pisco sour y comencé a sentirme mareada, no recordando cómo llegué al hotel”, relató la joven para luego agregar que despertó a las 4 a.m. totalmente desnuda y a su lado el denunciado.
Se lee en la denuncia que el pasado 23 de agosto la joven  fue convocada al despacho municipal de dicha comuna, donde Huamán se habría disculpado por lo que ocurrió en Lima.
Huamán ha sido escueto en sus respuestas sobre el tema. En un pronunciamiento sostuvo que ese tema es “privado”, por lo que no se debería publicar en los medios. Dijo que responderá ante las autoridades.

Fiscal pide 14 años de prisión para Paul Olórtiga por muerte de Edita Guerrero

La fiscal provincial de Piura, Victoria Allemant Luna, formalizó acusación contra Paul Olórtiga por los presuntos delitos de feminicidio y parricidio en agravio de la fallecida vocalista de Corazón Serrano Edita Guerrero Neyra. Por ello pidió para él, 14 años de prisión efectiva.
Para el Ministerio Público, Olórtiga empujó a Edita Guerrero por las escaleras causándole serias lesiones en el cuerpo y la cabeza, las cuales serían las causas de su deceso, descartando de esta manera la tesis del aneurisma.

Clínica Sanna

La fiscal solicitó  5 millones de soles de reparación civil para los hijos de la pareja y cinco años y dos meses de prisión efectiva para los médicos que atendieron a Guerrero. Se trata del neurólogo Aldo Vences Balta, Pablo Sánchez Barrera, Alex Paico Sernaqué, Rafael Gallo Seminario y Jhon Mogollón Aparicio acusados de ser presuntos cómplices de homicidio simple con dolo eventual.
Fuente: Diarios El Tiempo de Piura, La República y Radio Programas del Perú.

La Comisión de Doctorado de la Universidad Complutense, reunida con fecha 19 de julio de 2016, ha acordado instar al Rector que inicie un procedimiento de revisión de oficio del título de doctor de D. César Acuña.
Con fecha 4 de febrero de 2016,  habiendo surgido dudas sobre la originalidad de la Tesis Doctoral defendida por el Sr. Acuña en la UCM en septiembre de 2009, y a la vista del informe preliminar elaborado al respecto por el Vicerrectorado de Tecnologías de la Información, el Rector acordó designar una Comisión de Expertos para que evaluaran si en la Tesis en su momento leída y defendida por el Sr. D. César Acuña Peralta concurría el requisito de originalidad exigido por el art.  38 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
La Comisión de Doctorado, reunida el pasado 19 de julio, concluye que todos los informes emitidos por los expertos integrantes de la Comisión nombrada por el Rector coinciden en señalar que la Tesis doctoral analizada incurre en deficiencias e irregularidades al incorporar, en algunas partes, textos sin aplicar los criterios de citación y de reconocimiento de la autoría ajena que son exigibles en la metodología científica. Considerando que tales deficiencias e irregularidades pudieran ser determinantes de que la Tesis del Sr. Acuña careciera del requisito de originalidad exigido por la legislación universitaria, la Comisión insta al Rector a iniciar un procedimiento de revisión de oficio, en el que se habrá de recabar informe del órgano consultivo autonómico, cuyas conclusiones serán vinculantes para la Universidad.