Alan García, 16/04/2019. Profecía y coronación: la última clase (1/2)

Por Hugo Neira– www.cafeviena.pe
La presente crónica recupera para el gran público la última clase de Alan García. La fuente es la grabación de esa clase suya en el Instituto de Gobierno y Gestión Pública ante sus alumnos. Es un tanto larga, pero la hemos abreviado guardando los párrafos decisivos. Pocas veces se tiene a un profesor que ha sido dos veces Presidente y además culto, amante de la historia peruana, y como apreciará el lector, un profesor que pasa serenamente de los hechos históricos a la teoría. Este es un documento excepcional. En diversos pasajes, desfilan los presidentes del siglo XIX, la Guerra del Pacífico, Nicolás de Piérola, Manuel Prado, sus éxitos y también sus errores. Todo ello, con afabilidad y una familiaridad que no puede tener un historiador sino alguien que también ha sido Presidente y conoce lo difícil que es llegar al poder en el Perú, y mantenerse en él. Los alumnos que escucharon esa clase no la olvidarán jamás. Porque en ella, además del talento de Alan García, su buen humor y bonhomía, hay alguien más en esa sala de lecciones de la Universidad San Martín de Porres. Y ese algo es el drama de la historia peruana y la presencia de la muerte. Frases como «en la vida hay que escoger un momento para morir», son referencias inesperadas al ángel de la muerte. Cuenta que «va mucho al cementerio», para irse acostumbrando (¡!) Sus alumnos se quedaron intrigados por esas confesiones, pero ahora ya lo sabemos, era un adiós. Hemos dejado esas líneas en negrita, para que el lector no pierda de vista los signos y señales de algo decisivo.
Se seguirá diciendo sandeces por el suicidio de Alan García. Pero tarde o temprano, se darán cuenta los peruanos que fue una inmolación. Y si en el Perú hubiese hombres capaces de respeto por su dignidad personal, al punto de negarse a que los saquen de su casa con las marrocas en las manos, entonces seríamos una Esparta andina. Y no el país amorfo de estos días.
Que el lector disfrute. La lección final de un guerrero que amó el Perú y a los peruanos y les dedicó, fueran lo que fuesen sus defectos, la vida entera y también cómo se muere, para que acabe el Morro de iniquidades de estos años sombríos. (HN)
———–
La clase comienza cuando Alan García les dice que va explicar en teoría qué es un sistema y luego pasa a la historia, a la fuga de Prado en plena guerra. «Vieron el sistema político, el sistema social, y ahora el sistema a secas, la caja negra de Easton». Les explica los inputs, «la forma de moderarlos». Y luego una delicia de narración de la historia: cuenta cómo Prado abandonó el poder y las consecuencias.
Habla el Presidente Alan García:
«El Perú se quedó sin mando cuando los chilenos lo invadieron, un Piérola oportunista aceptó ejercerlo», y cuenta cómo era, qué hizo. «Desembarcaron en Paracas y en Lurín (…) Prado entró en un desánimo atroz, se fue, es su culpa enorme siendo Jefe de Estado. El vicepresidente era el General La Puerta, que tenía el defecto de ser cojo (…) ¡No al cojo La Puerta! Tuvieron los civilistas que designar alguien (…) Nadie quiso aceptar. Esa noche, nadie quería la presidencia del Perú, ahora se mueren y siempre se han muerto por querer ser presidente… Entraron 24 mil hombres, y no tenemos ni una pistola para hacerles frente, el que se haga cargo va a ser el culpable». Y mientras discutían los civilistas, «Piérola con 20 hombres se metió a Palacio, en la caja negra, se declaró Director Supremo de la Guerra. Aprobamos que haya entrado Piérola: que se hunda él (…) Gobernó durante un año desorganizando todo, era tan inteligente como desorganizado y pasional. Si usted le caía mal, lo destruiría. Porque Piérola era así, básicamente porque era de ese tamañito, 1,62 m, le tenía cólera a todo el mundo. (A mí me hubiera odiado, como algún periodista. Odiado, ¡soy el diablo!) Entonces, no tenía idea militar, pobrecito. No es su culpa pero ¿para qué te haces cargo de un país en guerra si no tienes idea? A él se le metió en la cabeza, por ejemplo, que los chilenos iban a desembarcar en Ancón —él llegó a esa conclusión en su escritorio— y van a atacar Lima por el norte». (…) «Y se llevó los mejores cañones a la punta del cerro. (…) «Nunca vinieron por ahí, tuvieron luego que volar los cañones para que los chilenos no se los lleven (…) Luego cometió el segundo error atroz [su estrategia de defensa, y les explica, con un croquis, las dos líneas, desde el Morro hasta la pampa de San Juan, y la otra, en Miraflores, hasta el fondo Vásquez] (…) Ya saben que los chilenos han desembarcado en Paracas y Lurín (… ) Es para matarlo al chiquito, ja… Dos líneas, ¡absurdo! (…) Defienden a medias (…) La batalla de San Juan en Chorillos es una batalla heroica, es la más bella, la más social, la más importante que ha tenido la historia del Perú. (…) Hubieron [en la primera línea] 8-10 mil hombres, organizados, pero no eran del ejército, el Ejército estaba en Arequipa. Eran los sastres, los magistrados, los bomberos, los estudiantes (…) Mi bisabuelo estuvo aquí, Francisco Ronceros Pagador, (…) junto al ministro de Guerra, Miguel Iglesias. (…) Cómo se le ocurrió dividir a su fuerza social… La batalla de Miraflores se llama ‘la gran cabalgata hacia Lima’. (…) Los chilenos, no son tontos pues, son más militares que nosotros, son formados por los alemanes pues, no por los franceses, para desfilar, como aquí, (…) y dijeron vamos a atacar por acá, y a las 5 de la mañana del día 13 de enero de 1881, atacaron, y la gente de Cáceres se desbandó. Era la hora negra de Alejandro Avelino Cáceres. (…) Retrocedió, se fue a Miraflores. En cambio Miguel Iglesias, ministro de Guerra, coronel, perdió a sus dos hijos en las faldas del cerro y resistió hasta la una de la tarde, (…) herido con dos balazos. ¿Por qué no volvieron las fuerzas a apoyarlo? De allí nace la leyenda de Cáceres (…), le dijo a Piérola: ‘están borrachos, vamos a atacarlos ahora’. Eso se contaba en los libros de Historia. (…) Los peruanos incendiaron Chorillos, unas 200 casas, nada más, tampoco quemaron Roma. Y los chilenos, no son tontos, pues, tendrían 2000 hombres borrachos ahí, y 22 mil hombres armados en todas partes¡! Es la leyenda que se lanzó Cáceres para justificarse (…) Y el tercer pecado del Sr. Piérola, (…) desde el Morro, agarró su caballo blanco, y con un edecán se bajó por Agua Dulce y subió por la bajada Balta (…), a la casa del Sr. Schell, cónsul alemán, donde almorzó. (…) Tú huiste de la batalla. En la vida hay que escoger un momento para morir. Si hubiera muerto en el Morro, Grau y Bolognesi serían menos que él. (…) Abandonó la capital (…) Miren lo paradojal que es la política. Él se metió porque el Presidente huyó. Él ocupó el cargo de Presidente y también huyó… Después de tres meses en la sierra, el Director de la Guerra vino a Lima con el rabo entre las piernas, y fue a ver a Patricio Lynch, general, jefe de las tropas de ocupación chilena. Y le pidió pasaportes, para salir del Perú. Y nuestro Director Supremo de la Guerra salió con pasaportes chi-le-nos, ya. Entonces, no escupas al cielo que en la cara te cae. Contra Prado porque ha huido pero tuviste que huir de la batalla y después del Perú… Es terrible la historia. La historia es dramática (…) Y la historia del Perú es tan triste. (…) Murieron muchos peruanos, 5000, y 2400 en el Morro, un lugar heroico».
En la explicación de la historia, Alan García introduce situaciones que conoció cuando presidente. Son acaso anécdotas pero muy significativas para entender las ambiciones de cierto tipo de empresarios y el poco respeto que le tiene a nuestro pasado histórico. El poco respeto a la patria peruana. Sigue hablando AG:
«Una vez, yo ya era presidente (…) y llego a La Herradura y veo postes, estaban haciendo una especie de andenes en el cerro. ¿Qué es esto? Me bajé… Se van a construir edificios, la firma GREMCO, de los señores Levy. Me dio tal cólera, porque yo tengo gente acá mía en la pelea, yo dije por qué no se van a construir esos señores al Muro de los Lamentos. Para nosotros, este es un lugar sagrado. Entonces, Decreto Supremo; eso se llama poder. Declaras intangible el conjunto del Morro Solar. Se acabó. Juicio contra el Perú en el SIAL. Lo perdieron. Y me odian. Ahí deben estar financiado sabe Dios a quién… Me odian porque dijeron que perdieron millones. Y eso, se los había dado un alcalde chorillano inconsciente de lo que vendía. Se lo vendió por 5 millones, el alcalde Gutiérrez Weselby, alcalde de Chorillos. (…) Lo bloqueamos. (…) Esto, el Morro, es más grande que Arica. (…) Los militares tapan esto, porque el héroe fue Miguel Iglesias. Si Iglesias muere, sería pues un héroe inmenso. ¿Pero qué ocurrió con él? Herido, los chilenos lo deportaron a Chile. Vivió en Chile un año, después de lo cual le dijeron vuélvase al Perú. Y se fue a Cajamarca, lejos de Lima donde estaban los chilenos, donde tenía su hacienda que se llama Montán (…) hasta ahora existe. Estuvo allí dos años, se dio cuenta de que los chilenos eran cada vez más (…), por todas partes, y no tienen traza de irse… Van a quedar 10 años. Para ser héroe, hay que tener valor. Peleando en el Morro, pero también aceptar que estamos perdidos. Hay que sacar a los chilenos, cueste lo que cueste.»
Prosigue AG. «Él hizo lo que se llama el Grito de Montán: un pronunciamiento desde su hacienda. ‘Necesitamos un gobierno que acepte la realidad, porque hasta entonces no había gobierno. (…) Bueno, ustedes ganaron la guerra, ¿con qué se van a quedar? Las salitreras de Tarapacá. OK, pero desocupen el resto del Perú. (…) Sé que seré odiado por eso por las generaciones venideras pero si yo no lo hago, nadie lo hará. Y los chilenos se quedarán 20 años’. Lo dice, y lo hizo. Entonces, el Ejército resucitó y dijeron ‘traición’. ¿A qué, si iba a recuperar el Perú? En su mejor momento el señor tuvo mil hombres y los chilenos eran 30 mil. 24 mil llegaron y siguieron llegando. (…) Transó un acuerdo sabiendo que lo iban a escarnecer. Después de lo cual se fue a su hacienda y murió allá. Pero los militares, se volvieron caceristas. Y maldijeron a Iglesias (porque si no tenían que reconocer su acto heroico). Y miren cómo es la vida. En este 2° gobierno, un día me fui a la cripta de los héroes, yo camino mucho en el cementerio porque al final yo voy a acabar allí, entonces miro y me voy acostumbrando. No me da miedo la muerte porque me acostumbro, tengo mi sitio, ya sé donde voy a estar y no hay problema. (…) En la cripta, uno piensa. Y después caminé por una avenida, y estaba el presidente Leguía, que yo admiro, modernizante, pateó al civilismo, lo maltrató muy bien, después se vengaron. Mientras pudo, golpeó a los guaneros. Y estaba caminando, y de pronto veo Miguel Iglesias. Miguel Iglesias, ¿este es el presidente Miguel Iglesias, el héroe de Chorillos? – Sí, está ahí. – ¿Y por qué no está adentro? (…) -Bueno, no, así lo ha decidido el Instituto de Estudios Militares y no sé qué… Ah no, le dije, yo he estudiado la historia, y conozco cada hora de la historia del Morro Solar y la defensa… Entonces, ¿qué es poder? ¡Poder! Decreto Supremo: ‘los restos del General Miguel Iglesias serán incorporados al Panteón de los Héroes’. Hay que hacer justicia. Entonces, que arrugaron la nariz, que no sé qué dijeron… ¿Quién arrugó? Bueno, el jefe del Instituto, el general… Mire, mire, a ver. Poder. ‘Déjese sin efecto la resolución que nombró al General no sé qué …’ Una rúbrica, adiós. ¿Quién sigue? ¿Quién no quiere más? Silencio. Se cuadraron. Y todos a desfilar el día que llevé a Iglesias al Panteón, listo. Poder. Pero es que hacía justicia. Y me falta hacer justicia con el pobre Leguía, que lo han maltratado mucho, pero ya no tendré oportunidad, se la daré desde el cielo; mi abrazo a Leguía.»
Como decíamos al principio, la sombra de la muerte, en este adiós.
Seguiremos con la segunda parte, la próxima semana. AG sigue con Piérola, su carisma. Qué es la caja de Easton o sea, el sistema político. Por qué las APAFAS, el «amigo Kuczynski», los campesinos de Fuerabamba, qué significado tiene para ellos el “yo he firmado” desde 1532. Y las críticas al presidente Vizcarra que no puede improvisar un discurso público sin la ayuda del teleprompter, y al que recomienda su libro, Pida la palabra. Pero entre ironía y broma, si lo entienden, «pero si no estoy, me harán el más grande favor de mi vida: presidente por tercera vez».
Sus últimas palabras. Ni sombra de rencor ni de odio. Alan García, político republicano. Vale decir para todos.

Revelan correos entre Augusto Rey y exfuncionario de OAS durante gestión de Villarán

Este domingo, se difundieron los correos electrónicos que revelan las coordinaciones de la empresa brasilera OAS con la gestión de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, a través de Augusto Rey.
De acuerdo con un reportaje del dominical ‘Panorama’, existen miles de emails que registran diálogos entre el exfuncionario de esa compañía, Valfredo Ribeiro, con Rey cuando era asesor de la Gerencia de la Promoción de la Inversión Privada en el 2012, antes de la campaña del ‘No a la revocatoria’.
Los correos confirman pagos de equipos de campos, entrega de actas, pagos de caja chica, incluso, dádivas. Los emails son enviados desde correos institucionales de OAS y recibidos en la cuenta de la Municipalidad de Lima, con copia a André Bianchide Vía Parque de Rímac.
“Hola Augusto, José Miguel me llamó ayer por teléfono para hablar de los temas más importantes y de corto plazo, ahora en curso. Me cobró la firma del acta(…)”. “Queremos firmar la acta hoy día. Si firmamos hoy, mañana hacemos el depósito a ustedes”, son algunos de los mensajes recibidos por el entonces asesor.
Como se recuerda, en febrero del 2012, OAS estaba lista para vender las acciones que tenía de Línea Amarilla a Invepar, un fondo de inversión también de Brasil. OAS era dueña del 99% de las acciones, antes de esta venta a Invepar OAS se había asegurado que se realizaran profundos cambios en el contrato original en su beneficio.
Al respecto, El exregidor de Lima, Jorge Villena, aseguró que Augusto Rey no debió realizar esas coordinaciones, ya que no estaban dentro de su competencia.
“Él no tiene por qué estar haciendo las labores que supuestamente coordina hace con las empresas porque esas funciones son del gerente de la Inversión Privada. Creo que se atribuía cosas por la cercanía y la confianza que tenía con la alcaldesa”, mencionó.
Por su parte, Augusto Rey negó que exista alguna irregularidad en esas coordinaciones, ya que fueron remitidos de correos institucionales.
“Es un diálogo transparente que no busca ocultar nada, está relacionado con el cumplimiento de un contrato”, refirió.
Rey, a través de su cuenta de Twitter sostuvo que “desde el 2015 los operadores de Luis Castañeda lo han chantajeado con sus correos institucionales de cuando trabajó en la gestión de Villarán”.
“Siempre les dije que no tenía problema con que los publiquen porque no hay nada que ocultar. No me iba a dejar callar por los chantajes”, escribió.
Fuente: Diario Correo.

Correos revelan coordinaciones entre funcionarios de OAS y Augusto Rey

En el 2011, Augusto Rey se desempeñó como asesor de la gerencia de promoción e inversión privada en la gestión de Susana Villarán. Y recién en 2019, salen a la luz correos electrónicos institucionales, a través de los cuales coordina con funcionarios de la constructora brasileña OAS (empresa que inyectó 7 millones de dólares a las campañas de la exalcaldesa de Lima) la recepción de donaciones y hasta incentivos económicos, para varias actividades previas al proceso de revocatoria.
Se trataría de comunicaciones que revelan coordinaciones continuas, sospechosas y que no corresponderían al cargo que ostentaba Rey Hernández de Aguero, quien fuera uno de los colaboradores más cercanos de Villarán y que hoy en día se encuentra fuera del país.
En un correo del 7 de febrero de 2012, Valfredo de Assis, de OAS, le dice al exasesor municipal lo siguiente: “José Miguel (Castro) me llamó ayer por teléfono para hablar de los temas más importantes y de corto plazo, ahora en curso. Me cobró la firma del acta“.
En explicación para Panorama, Rey dijo no saber exactamente a qué se refirió con “firma del acta”. “Yo no puedo saber qué conversaciones habrán tenido en la alta dirección o en la oficina del gerente municipal donde yo no he tenido ningún sitio”, expresó.
Jorge Villena, exregidor de oposición, señaló que el que fuera hombre de confianza de Villarán no debía gestionar coordinaciones con empresas porque era solamente un asesor, de manera que las competencias pertenecían al gerente de promoción e inversión privada. “Él no tiene por qué estar haciendo labores que supuestamente coordina o hace con las empresas porque esas son las funciones que tiene el gerente de inversión privada. Yo creo que él se atribuía cosas por la confianza y cercanía que tenía con la alcaldesa”, sostuvo el exregidor.
En uno de los correos, Rey pide donativos de “panetoncitos” para una campaña navideña; en otro, se discute con los representantes de OAS para suplir los gastos de sepelio de un shipibo fallecido y que vivía en zona de alto riesgo en donde se realizaría la obra de Vía Parque Rímac.
Villena cuestionó que se haya generado un vínculo entre la gestión de Villarán y OAS, mucho tiempo antes de iniciarse el proceso de revocatoria. “Han ido picando por puchos a las empresas para pedir donaciones, regalos, dinero en efectivo”, declaró a Panorama.
En otro correo, André Bianchi, de Vía Parque Rímac, manifiesta su voluntad de firmar un acta. “Si firmamos hoy día, mañana hacemos el depósito a ustedes. (…) Estamos disponibles a cualquier hora del día para reunirnos y firmar. (…) Mañana hacemos el depósito a ustedes y estamos libres para tratar de otros temas”.
Fuente: Diario EXPRESO.

Es derecho, no “privilegio”

Por Martha Meier Miró Quesada– Diario EXPRESO.
Criticar a la doctora Yeni Vilcatoma por su programa en el canal del Congreso es despreciar groseramente la libertad de expresión. “¿Qué privilegio tiene la congresista Vilcatoma para que le den la conducción de un espacio?”, escribieron los congresistas Alberto Quintanilla, Gino Costa y Jorge Meléndez, en un oficio dirigido al presidente del Legislativo, Daniel Salaverry. Los roji-caviares nunca entenderán que la libertad de expresión no es un “privilegio” sino un derecho universal.
Richard Arce, congresista de Nuevo Perú –una escisión de Frente Amplio–, informó el jueves por Twitter en aras de la ‘pluralidad’ y la ‘democracia’ haber solicitado se le otorgue un espacio televisivo propio. Que se lo den, será espectacular que los televidentes aprecien la ausencia de propuestas, de investigación y de verdad propia del rojerío.
Otros detractores del programa de la congresista Vilcatoma, como el cantante y exfujimorista Francisco Enrique Petrozzi, sostienen argumentos para llorar, sí, para llorar de risa. Según Petrozzi “una persona que no conoce de medios, de cámaras y de manejo de programas, no debe hacer televisión”. Eso es como decir que nadie tiene derecho al libre tránsito si no cuenta con brevete. Petrozzi dijo, además, que el programa “Sin Corrupción” no le parecía “informativo, sino personalista”; sí, pues, porque así es la libertad de expresión de cada quien, personal y por tanto personalísima.
Quien sacó a luz la razón de las críticas contra el programa “Sin Corrupción” de la congresista fue el aprista Javier Velásquez Quesquén. El expremier afirmó que pretenden “amordazarla”, mostrando intolerancia: “[…] ella tiene una posición, como la tienen los que están cuestionando su programa. Y muchas de esas personas que hoy día cuestionan, usan las plataformas administrativas del Congreso para sus propios eventos o encuentros”.
Yeni Vilcatoma es una mujer temida por los corruptos. Su papel en el destape de la mafia de Odebrecht fue crucial. Como procuradora adjunta anticorrupción envió a Odebrecht un oficio que terminó en el despacho del entonces ministro de Justicia del humalismo, Daniel Figallo, quien le dijo “¿Te preguntas cómo ha llegado este oficio aquí? ¿Sabes quién es Odebrecht? Odebrecht pone y saca presidentes, es dueño del Perú y de Latinoamérica”, según lo denunció en 2014, con pruebas ante la periodista Roxana Cueva, de ‘Panorama’.
¿Será que Odebrecht quiere callar a tan valiente señora? ¿Es Odebrecht el patrón de algunos congresistas y de la libertad de expresión en el Perú? No debería sorprendernos.

Izquierda corrupta

Por Dante Bobadilla- El Montonero.pe
Capturar a un delincuente da gusto, pero no tiene nada de espectacular. A menos que se trate de uno grande, como lo fue en su momento Abimael Guzmán, el delirante maoísta que desató el terror en el país mientras predicaba justicia social. También causa especial regocijo cuando el delincuente capturado es nada menos que un profeta de la moral, un héroe social disfrazado de luchador anticorrupción, que encabezaba marchas de indignados y lavados de bandera. Ese es el caso de la ex alcaldesa Susana Villarán, sacerdotisa de la corte caviar oenegera, matrona de los colectivos progresistas, referente de la clase social más exquisita, dueña de la moral y la verdad, y propietaria exclusiva de la memoria.
Por todo lo anterior, la captura de Susana Villarán no es cualquier cosa. Es la confirmación plena de que la corrupción no le es ajena a la izquierda más fina, la de pedigrí y casta real, la de apellidos de abolengo que abren puertas con solo mencionarlos, como si fueran palabras mágicas. Y junto a Susana Villarán hay que colocar a ese chusquerío abigarrado que la rodeaba en el estrado, vivando su nombre como si fuera la enviada del Señor. Agreguemos también a esa cofradía de santones, prohombres, patricios y notables que la pusieron en un altar, como representante de la decencia política y de la izquierda infalible.
Si con Alejandro Toledo y Ollanta Humala la izquierda trató de librarse de toda culpa, asumiendo que no los conocían, ahora están calladitos. Se han visto rostros pasmados tras la confesión sincera de la ex alcaldesa. Ya ni siquiera pueden apelar a la duda razonable, la falta de pruebas o al recurso de la palabra contra palabra. Ella ya confesó. Aunque, claro, lo hizo por todos nosotros. Se inmoló en la cruz de la corrupción para salvarnos del pecado de caer en manos de una mafia. Lo hizo por la ciudad, y lo volvería a hacer. Es una mártir. Faltaba más.
Al igual que en toda Latinoamérica, la izquierda en el Perú es símbolo de corrupción. Ha caído por tierra el sueño de la infalibilidad de la izquierda. Es hora de que asuman sus culpas y dejen de señalar con el dedo al fujimorismo o al aprismo. La izquierda fue la que entronizó a Toledo, Humala y Villarán, les sirvieron de socios estratégicos, los asesoraron dando rienda suelta al gran negociado de las consultorías, pusieron los medios a su servicio, soltaron a los colectivos progres para llenar las calles en cuanta marcha se convocaba. Los sicarios políticos se ocuparon de estigmatizar a los rivales y, gracias a la CVR, crearon el mito de una izquierda santa, pura e inmaculada, que jamás tuvo nada que ver con actos de corrupción.
Esa concepción maniquea de la superioridad moral de la izquierda no va más. Toledo, Humala y Villarán dedicaron buena parte de su gestión a investigar a sus oponentes, a perseguirlos y a estigmatizarlos. Así fue como Alberto Fujimori, Alan García y Luis Castañeda pasaron por la guadaña de la izquierda y fueron víctimas de sus rituales purificadores. La jauría rabiosa de las redes sociales se encargó de destruirlos. Por supuesto, hicieron lo mismo con Keiko apenas fue derrotada en las últimas elecciones a manos de PPK, convertido en candidato de la izquierda. Para no perder la costumbre, la acosaron judicialmente por años y finalmente la apresaron sin mediar juicio alguno, en el espectáculo más degradante de la política peruana.
Hay que darle gracias a Susana Villarán por haberle puesto un coche bomba al Olimpo caviar, por dejar en el ridículo a esa plaga de imberbes que se pusieron la camiseta del “No”, dizque para defender la moral y salvar a la ciudad de una mafia. Tan incautos fueron que no se dieron cuenta de que las camisetas que usaban las había pagado Odebrecht, que el asesor brasileño estaba pagado por Lula, que la cuenta del chifa, donde celebraron el triunfo, la pagó OAS.
Tanta plata le llovió a Susana Villarán que tiró al tacho su promesa de no volver a postular y postuló de nuevo, porque Lima no puede parar. Sufría el síndrome del salvador de la patria, que afecta a todo izquierdista en el poder. Ella quería salvar a la ciudad. Si hubiera podido, se habría quedado para siempre, como lo hicieron sus amigos Fidel Castro y Hugo Chávez. Pero la democracia se ocupó de ponerla en su lugar. Ahora le toca a la justicia.

Coima y reciclaje

Por Alexander Torres Figallo- Diario EXPRESO.
La izquierda caviar, que gobernó ineficientemente Lima con Susana Villarán, decía ser la reserva moral del país y combatir una mafia que impulsaba su revocatoria. Sin embargo, demostró ser de una precariedad moral nunca antes vista, y tener un alto nivel de confabulación con una mafia más grande y poderosa, la de las constructoras brasileras, aliadas del hoy preso exmandatario Lula Da Silva. La corrupción villaranista sobrevaloraba obras, se beneficiaban con préstamos de la propia caja municipal, sus allegados ganaban millones mediante consultorías inservibles, y aumentaban el precio de peajes a cambio de coimas, atentando no solo contra el erario municipal, sino principalmente contra los bolsillos de los limeños, que a diario deben pagar los peajes más caros del continente.
Lo que Susana Villarán llama “aportes” en su reciente confesión, son en realidad coimas por obras. Un aspecto clave para demostrar los sobornos a Villarán, aparte de las delaciones de Barata, audios, correos y depósitos que obran en las carpetas fiscales, es que el 4 de enero de 2013, en plena campaña del No, se firma el contrato de concesión de “Vías Nuevas de Lima” entre la Municipalidad de Lima y Rutas Lima (concesionaria que integraba Odebrecht), el cual se otorga en adjudicación directa por 30 años, para el mantenimiento –por medio de peajes– de la Panamericana Sur, Norte y carretera Ramiro Prialé, cuyas tarifas se incrementaron exponencialmente, y que terminó con un levantamiento popular y la quema del hoy desactivado peaje Chillón en Puente Piedra. Es decir, un intercambio de favores ilícitos, inyectar dinero y que se le adjudique una obra, donde el que pierde es el ciudadano
¿Si la gestión de Villarán firma con Odebrecht un contrato en el que concesiona lesivamente una obra por 30 años y recibe 10 millones de dólares como “aportes” para la campaña del No, la cual se desarrollaba paralelamente, se puede creer que no fueron coimas? Esa es la verdadera catadura moral de la izquierda caviar que hoy abandona a su suerte a Villarán y cogobierna con Martín Vizcarra, así como lo hizo también con Toledo y Humala, reciclándose siempre para aparecer donde está la corrupción.

Faltoso a la Vela

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
Lo que más le debe haber dolido al señor Rafael Vela, autor de unas piconas declaraciones, es que el presidente del Poder Judicial le haya dicho lo que es: un fiscal de menor cuantía. Con la burda coartada de defender el fustán de la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos y como si esta necesitara pedirle que sea su caballero andante, Vela reaccionó de mala manera a lo dicho por José Luis Lecaros acerca de que resultaba innecesario el pedido de la fiscal de la Nación para realizar un pleno casatorio sobre prisión preventiva, y consideró que aquello habría sido propuesto “seguramente” por magistrados de menor rango de la institución, a raíz del caso de Keiko Fujimori.
Y es que tanto Rafael Vela como José Domingo Pérez son –como dice bien el presidente de Poder Judicial– dos fiscales provinciales de poca monta han llegado a creerse los nuevos próceres del Perú, por encima de sus superiores jerárquicos y de cuanta institución ose ponerse en sus caminos. Se han zurrado en la Corte Suprema y sus casaciones. Se han sentado en las sentencias del Tribunal Constitucional. Han jalado la cadena con las recomendaciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las comisiones y cortes de Costa Rica. Han derrocado a un fiscal de la Nación y, con sus abusos de prisiones preventivas de líderes políticos y solicitudes de disoluciones de partidos, han puesto al sistema democrático constitucional en peligro de muerte.
Con esos antecedentes no es muy difícil que el fiscal Vela se crea ya no un simple engranaje en la persecución del crimen –como lo que en realidad es–, sino un héroe inflado por una prensa ayayera que le da tribuna para que se despache a sus anchas sin ningún contrapeso. Eso hace posible que, alegando una supuesta “falta de respeto” de Lecaros a Ávalos, en verdad el que se atreve a faltarle el respeto al presidente del Poder Judicial sea Vela, tal como se lo faltó impunemente al que lo puso como líder del equipo Lava Jato, el exfiscal de la Nación Gonzálo Chávarry, al que traicionó sin que se le moviera una ceja.
Lo que dice Lecaros es cierto. A Vela le interesa un ardite la justicia por lo que mete sus narices donde no debería: en el PJ. Lo de la autonomía del Ministerio Público no se lo cree nadie. ¿Qué autonomía puede tener una institución que no puede tocarlo ni con el pétalo de una rosa y que si lo hace termina con la cabeza en la guillotina? ¿No es por eso que, a través de sus títeres en la Procuraduría, busca que el fiscal de la casación de Keiko Fujimori sea expectorado con el cuento de que tuvo una conversación telefónica con uno de los “Cuellos blancos” (¿alguien cree todavía en el cuento de la “organización criminal” (les cuento que en España, no)? ¿No es por eso que exige a través de Zoraida Ávalos un Pleno Casatorio de la Corte Suprema, por si no sacan al fiscal que no es de su argolla?
Como señala Lecaros: el fondo del asunto es Keiko Fujimori. Vela no quiere que salga por más razones de derecho que la asistan, porque su prisión es el pilar de su poder. Muerto García, solo queda Keiko. Todo lo demás es pecata minuta. Es decir, lo que Vela es.
Fotos: Gestión/El Comercio.

Fiscalía denuncia a Vizcarra por avalar cobros indebidos

La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua ha denunciado al presidente Martín Vizcarra por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado por autorizar pagos de trabajos no realizados en la supervisión de la represa Chirimayuni de la citada región cuando fue gobernador entre los años 2011 y 2014.
Dicha represa, ubicada en la zona altoandina de Moquegua, entre las comunidades de Curo y Humalso, a 4,300 metros sobre el nivel del mar, tenía el propósito de solucionar el déficit hídrico de los distritos de Chojata y Lloque de la provincia General Sánchez Cerro.
La investigación a Vizcarra Cornejo se inició en 2011 y, en el ínterin, ha sido acusado, junto a otros implicados, cuando ya era presidente de la República, y, como tal, estaba amparado por la inmunidad presidencial por mandato del artículo 117 de la Constitución.
Estando claro que ese derecho le asiste al jefe de Estado, el Ministerio Público asume entonces que no se puede formalizar acusación contra Vizcarra Cornejo ante la Judicatura, por lo que el fiscal del caso, Walker Ríos Calisaya, planteó la figura de la desacumulación, es decir apartarlo y postergar su enjuiciamiento hasta después que concluya su mandato, continuando obviamente el proceso con los otros imputados.

“LOS MOQUEGUANOS”

La acusación tiene que ver con la ejecución del concurso público N°8-2010/CE/GR.MOQ referido a la contratación del servicio de supervisión externa para la obra “Construcción Infraestructura de Riego Represa de Chirimayuni, distrito de Chojata y Lloque, provincia de General Sánchez Cerro, Departamento de Moquegua”, donde Vizcarra Cornejo es implicado en pago de trabajos no realizados junto a su grupo de técnicos, ahora llamados “Los Moqueguanos”.
La investigación fiscal indica que funcionarios y ejecutivos, entre ellos el ingeniero civil César Augusto Ramos Zamora, director de supervisión de la región, otorgaron la conformidad a seis valorizaciones presentadas por el Consorcio Chirimayuni, por trabajos no realizados en supervisión externa, entre los meses de junio y noviembre de 2011.
Esto pese a que este funcionario conocía “que dicho consorcio no había realizado el servicio de supervisión externa de la construcción de las obras de irrigación y la represa de Chirimayuni, por lo que permitió que el Consorcio en referencia se apropie indebidamente de la suma de S/697,226.21 en perjuicio del Estado”.
Otro implicado, el abogado de la empresa, Jhonny Iván Ramos Zamora, presentó las mencionadas valorizaciones falsamente y conocía también que no se había hecho trabajo alguno para remunerarlas.
Víctor Federico Fireles Mamani, coordinador del contrato de supervisión, otorgó una de las conformidades; mientras que Félix Terreros Guerrero, jefe de supervisión del consorcio, no solo solicitó los pagos, sino que suscribió los informes de “avance de obra, pese a tener conocimiento que no había realizado el servicio de supervisión externa”.

APENAS 4 HORAS

La Fiscalía ha tenido que analizar gran cantidad de informes de los residentes de obra, como el del 15 de febrero de 2012, que señala que la supervisión externa Consorcio Chirimayuni “no se encuentra en la obra”.
Asimismo, que el jefe de supervisión, personal profesional y el personal técnico de la supervisora “se encuentran de manera ausente durante el mes de febrero”, con excepción del viernes 10 de ese mes en que estuvieron apenas cuatro horas para luego retornar a la ciudad de Moquegua.
Otro documento evaluado es un acta anterior del 10 de febrero en que los técnicos reunidos en Chojata-Lloque constataron que la supervisión contratada por el gobierno regional “no firmó el Cuaderno de Obra Tomo III”. Y con relación al Tomo II registraron nueve asientos “llenados por el mismo jefe de supervisión” sin trabajar.
Con relación al imputado Martín Vizcarra Cornejo, se le atribuye, en su condición de gobernador regional de Moquegua, “haber permitido el pago de las valorizaciones Nº 4, 5 y 6 y [el] pago de valorizaciones por servicios que no se habrían cumplido a favor del Consorcio Chirimayuni, lo que constituiría actos de favorecimiento a favor de dicho consorcio”, señala textualmente la Disposición Nº14 de la Fiscalía anticorrupción moqueguana.
La acusación de dichos personajes tuvo lugar el 28 de octubre de 2016 y un fallo por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado por administración es de fecha 21 de noviembre de 2018.
Sin embargo, los cargos por negociación incompatible contra Vizcarra recién podrían empezar a ser procesados el 29 de julio de 2021, no obstante que desde el mes de octubre de 2016 no ha merecido evaluación ni control de un caso que data desde el año 2011, habiendo transcurrido ocho años.
“A este panorama incierto se tiene que sumar el tiempo que demorará, luego del 29 de julio de 2021, el traslado del requerimiento de acusación y desarrollo del juicio oral”, señala Ríos Calisaya.
Ante ello el fiscal optó por requerir la desacumulación del caso del hoy mandatario en los pagos indebidos al Consorcio Chirimayuni, con la salvedad de hacer valer los derechos del Estado al concluir su mandato.
El Expediente N°48-2016-90 del citado caso está en manos del juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Moquegua.

Rescisión del contrato con daño al erario público

En reiteradas oportunidades se le hizo notar al Consorcio Chirimayuni el incumplimiento de obligaciones de supervisión estipulados en el contrato, incluso con posibilidades a rescindir el mismo, o la aplicación de penalidades establecidas por el artículo 165º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Pero la empresa hizo caso omiso, no obstante que las normas exigen que “toda obra contará de modo permanente y directo con un inspector o un supervisor”.
La situación se hizo tan insostenible que el 23 de febrero de 2012 se rubricó la Resolución Ejecutiva Regional Nº200-2012-GR/MOQ por parte del mismo Martín Vizcarra, pero el daño ya estaba hecho.

Tres adendas

El 26 de junio de 2010, el Gobierno Regional de Moquegua convocó el proceso de selección y licitación Nº009-2010/CE/GR.MOQ, para la “Ejecución de obra pública para la construcción de riego Represa Chirimayuni”, por un valor referencial ascendente a S/16’936,444.06.
Al concluir la obra e inaugurarse el 28 de octubre de 2014, en el gobierno nacionalista de Ollanta Humala, el monto de inversión había ascendido a S/31’602,147.32.
El incremento fue por las adendas números 1, 2 y 3, al mismo estilo de Odebrecht, pero en pequeño.
En ese entonces se dijo que esta obra ampliaría en 400 hectáreas la frontera agrícola y se mejorarían las 300 hectáreas que ya estaban en producción, en la provincia de General Sánchez Cerro de Moquegua, proyectando beneficiar a más de 3,800 pobladores.
El Consorcio Chirimayuni de supervisión de la represa de Chirimayuni estuvo conformado por las empresas Corporación de Racionalización y Consultoría S.A. y Motlima Consultores S.A.

De Chirimayuni al Programa “Agua Segura para Lima y Callao”

No obstante que el presidente Martín Vizcarra y el ingeniero César Augusto Ramos Zamora son imputados por la Fiscalía por los presuntos delitos de negociación incompatible y peculado, Ramos al parecer está blindado porque en la actualidad es el jefe del Programa “Agua Segura para Lima y Callao”.
Desde la dirección ejecutiva de dicho programa, según una nota de la web Gato Encerrado del 30 de abril de 2019, Ramos “ha licitado más obras que en todo el período julio 2016-julio 2018 juntos. Ha otorgado tres obras por S/874 millones”.
La primera fue la entrega de la “Sectorización de Agua Potable de la Parte Alta de Chorrillos: Matriz Próceres” por un monto de 433.2 millones de soles al controvertido consorcio chino Sinohydro-Cesbe, acusado de pagar coimas en Zimbabue (US$10 millones) para ganar la licitación de una central hidroeléctrica y en Venezuela (US$7 millones) con tal de adjudicarse una obra de la petrolera estatal PDVSA.
La segunda es IVC Contratistas Generales a la que adjudicó el proyecto “Esquema Anexo 22-Pampa de Jicamarca-Ampliación de Agua Potable, distrito San Antonio de Huarochirí” por 288.5 millones de soles. Esta empresa, ligada a Odebrecht y Graña y Montero, dicen que fue la responsable del aniego en San Juan Lurigancho, esto por la reubicación de los colectores durante las obras del Tren Eléctrico.
Tercero, Superconcreto del Perú ganó la obra “Esquema Carapongo–Agua potable de los sectores 136 y 137” por 118.3 millones de soles. Dicha firma, según el Ministerio Público, es parte del “Club de la Construcción”.
Asimismo, “una empresa del lobista del Club de la Construcción, Rodolfo Prialé, Consorcio Las Vegas, que supuestamente servía para encubrir pago de coimas, facturó a Superconcreto S/1.2 millones”.
Finalmente, dos supervisiones de obras fueron entregadas a Acruta Tapia por S/28.6 millones.
No obstante haber favorecido al Consorcio Chirimayuni por pagos de supervisiones inexistentes por un monto de 697,226.21 soles en la ejecución de la represa del mismo nombre, en la sierra de Moquegua, el año 2011, es sintomático que Ramos Zamora haya seguido trabajando en puestos ejecutivos cada vez más elevados.
Su hoja de vida en el sector público empezó cuando Vizcarra era gobernador de Moquegua. Ramos Zamora trabajó de director regional de Supervisión (2011-2013) y gerente regional de Infraestructura (2013).
Esto bajo el mando de Edmer Trujillo Mori, quien fue primero gerente regional de Infraestructura (2011-2012) y luego gerente general de la región Moquegua (2012-2014).
Con la salida de Vizcarra de la región en 2015, Ramos pasó a trabajar al Gobierno Regional de Arequipa, donde el mismo Edmer Trujillo asumió la gerencia general (2015). Ramos fue director regional de Supervisión (2015) y gerente regional de Infraestructura (2015-2017).
Después saltaría a Lima, cuando Trujillo fue nombrado ministro de Vivienda a la caída de Pedro Pablo Kuczynski de la presidencia de la República y el ascenso de Vizcarra a la jefatura del Estado.
En esos días felices Ramos ya laboraba como asesor del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), siempre al lado de Trujillo y todos bajo la atenta mirada de Martín Vizcarra, el jefe de “Los Moqueguanos”.
¿De dónde viene esa cercanía entre Vizcarra y Ramos? Quienes los conocen dicen que desde las aulas de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde ambos estudiaron. Pero esa amistad se refuerza en 2005, cuando Ramos trabajó para la compañía del Presidente, CyM Vizcarra, en la construcción del Canal Calachaca-Chuapalca-Patapujo tramo II, un proyecto de S/8.3 millones del Gobierno Regional de Tacna.
Fuente: Diario EXPRESO.

Denuncia constitucional contra Pedro Chávarry no será admitida por falta de nuevos hechos

La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, formuló una denuncia constitucional ante el Congreso contra el fiscal supremo Pedro Chávarry Vallejos (15/05/19), por atentado contra la conservación e identidad de objeto, encubrimiento real y encubrimiento personal agravado en grado de Tentativa.
La denuncia es básciamente por los actos de obstaculización a las acciones del Equipo Especial Lava Jato, que supuestamente realizó Pedro Chávarry cuando era fiscal de la Nación. El principal acto fue la vulneración irregular de oficinas lacradas en la sede principal del Ministerio Público. Rosa Venegas, ex asesora de Pedro Chávarry, declaró el mes pasado ante el fiscal del caso, Reynaldo Abia, que ella ingresó a una oficina lacrada del Ministerio Público fue por orden del exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry.
Fuentes del Poder Judicial nos indican que esta denuncia no prosperaría porque la presunta vulneración fue en los ambientes del mismo fiscal de la Nación y porque la oficina violentada contaba con solo con el sello del fiscal Pérez y no con la autorización de un juez.
El congresista César Vásquez de Alianza para el Progreso (APP), vicepresidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, aseguró que esta denuncia no será admitida porque ya se hizo una en esta legislatura y se tendrá que esperar a la próxima legislatura (las legislaturas comienzan en agosto y terminan en julio del año siguiente) para presentar una denuncia similar.
“El problema con esta denuncia constitucional va a ser el siguiente. Como dice el artículo 89 en el numeral M, una denuncia constitucional archivada por el mismo caso no podría ser admitida en el mismo periodo legislativo. Es decir, la fiscal de la Nación debió esperar hasta julio”, señaló Vásquez en RPP (16/05/19).
“En todo caso lo puede volver a hacer, no se podrá evaluar el problema de fondo, simplemente de oficio la parte técnica”, manifestó el congresista de APP.
También el congresista Vásquez señaló que la denuncia constitucional debe traer nuevos hechos, lo que es esencial para que proceda la denuncia. Más de uno especula que no las tiene.
“El otro supuesto que se necesita para poder declarar procedente la denuncia constitucional es que tenga nuevas pruebas. Me imagino que sí lo tiene, no he revisado la denuncia, pero si la hace una fiscal que conoce y es especializada en el tema y viendo los folios que son 150 más o menos, tiene que haber nuevas pruebas”, agregó Vásquez, quien señaló que presentar la denuncia es un saludo para la tribuna.
“Tendría que haberlo conocido la propia fiscal porque tiene su coordinador legislativo. Deberían saber que presentar una denuncia hoy, en el mismo periodo legislativo, luego que ha sido archivada es solo un saludo a la tribuna porque eso no va a ser declarado admisible porque el reglamento del Congreso lo prohíbe”, finalizó Vásquez.
Fuente: www.gatoencerrado.net

PAOLA UGAZ: LA TUITERA DE LA CORRUPCIÓN

Por Luciano Revoredo– La Abeja.pe
Paola Ugaz saltó a la fama junto con Pedro Salinas por su investigación sobre los abusos en el Sodalicio. Hay muchas cosas que unen a estos dos periodistas. Ambos alcanzaron cierta notoriedad en el acontecer nacional gracias a su libro “Mitad monjes, mitad soldados”; hasta entonces ambos no eran muy conocidos ni relevantes en el periodismo; tienen o trabajan en varios proyectos en conjunto; rondan los mismos círculos. Pero, además de esto, comparten también algunos modos de proceder que parecen calcados. Como si hubieran recibido algún tipo de aleccionamiento juntos.
En primer lugar, el afán por desinformar. Esta “técnica” periodística no es nueva. Dicen que desde los tiempos de la famosa “propaganda nazi” se utiliza como recurso para desorientar a la opinión pública e ir construyendo una historia favorable a los intereses del que la utiliza. La eficacia de la técnica descansa, en buena parte, en que se tomen algunos elementos verdaderos y, con ellos, se construya una historia.
En dicha historia se obvia información, se manipula otra, se deslizan medias verdades. Todo con la clara intención de desinformar. Esta es la manera como se han conducido estos dos periodistas en muchas ocasiones. ¿Es una estrategia premeditada? No lo sabemos. Pero, de facto, ha sido así. Pensemos, por ejemplo, en su perseverante intento por unir las querellas de Monseñor Eguren a una especie de campaña orquestada por el Sodalicio como represalia por su investigación.
Hay elementos verdaderos: la investigación se realizó, efectivamente hubo abusos en dicha institución; Monseñor Eguren es parte de su historia. Y a partir de ello se teje una narración con la que se desplaza el foco de atención: la difamación en la que incurrieron con afirmaciones y publicaciones que nada tienen que ver con dicha investigación sobre el Sodalicio. Esto se puede seguir observando, aun cuando la querella ya ha sido terminada por el Obispo de Piura, en una reciente entrevista a Ugaz del diario El Comercio, el pasado 26 de abril.
En segundo lugar, la mentira pura y dura. Como una línea que se le va desdibujando a ella misma -como le sucede también a Pedro Salinas- Ugaz se aleja de realidad y miente abierta y descaradamente.
A un nivel, esto es la consecuencia de lo anterior. Al manipular la verdad se termina por cruzar la línea. De la larga lista de ejemplos, tomemos uno reciente. En la mencionada entrevista de El Comercio, Ugaz afirma: “Me atribuyen falsamente ser productora del documental… que lo levante de YouTube sino me van a demandar”. Se refiere al documental “The Sodalitium Scandal” transmitido por la cadena Al Jazeera. Es falso que ella no haya sido la productora, miente sin rubor alguno. Ella misma lo afirmó en diversas entrevistas. Ahí están las pruebas. ¿Ugaz contra Ugaz? ¿A cuál le creemos?
En tercer lugar, la victimización. Son unos maestros para hacerse las víctimas. Cuando la realidad es que se encuentran en una situación comprometida a causa de su propia irresponsabilidad periodística. Todo el mundo tiene la culpa, no tienen plata (pero sí casa con caballos en Mala y los hijos en uno de los colegios más caros de Lima), los acosan, atentan contra su libertad de expresión. En fin… pobrecitos. Una vez más, el foco de atención se distrae del hecho relevante: son difamadores pero pasan por víctimas, todo un aparato de tontos útiles y cómplices los respaldan.
En esta lista, que podría seguir, hay un elemento en el que Paola Margot se salió del libreto y se distanció de Salinas Chacaltana: recibir dinero de la corrupción. Pedro Salinas es difamador, un periodista irresponsable y de media tabla, ha dado muestras de un doble rasero, pero no se ha comprobado plenamente que sea un corrupto o esté vinculado a la corrupción, salvo los contratos dudosos de CHISAC, que habrá que investigar más a fondo .
Paola Margot, en cambio, cobraba diez mil quinientos soles en la planilla de Susana Villarán para manejar redes sociales. Hoy sabemos (en realidad se sabía desde hace mucho, pero hoy se reconoce) que Villarán está embarrada hasta el cuello con los sucios dineros de Odebrecht.
Ahí sí, al ponerse al servicio de la corrupción,  Paola Margot se distanció del articulado dúo que venía interpretando con Pedro Salinas.

Fiscalía pide investigar penalmente a 16 empresas por el caso “club de la construcción”

El Ministerio Público decidió dar un paso más en el caso el “ club de la construcción”. El fiscal Germán Juárez, del Equipo Especial Lava Jato, solicitó a la jueza María de los Ángeles Álvarez que se incorpore penalmente en la investigación a 16 constructoras peruanas y extranjeras. Así lo revela el documento fiscal al que accedió Gestión.
Ya hay 14 empresas incorporadas como terceros civilmente responsables por la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato, con el fin de cobrar una reparación civil en un eventual juicio. Sin embargo, la Fiscalía ahora amplía investigación a 17 compañías y demanda información a un total de 31.
Las consecuencias
¿Qué significa esto? Fuentes judiciales indicaron a este diario que si la jueza aprueba incorporar penalmente a las empresas, sufrirán consecuencias legales. Por ejemplo, si son declaradas culpables se podría imponer una multa, así como disolverlas o impedirles de contratar con el Estado.
Para el abogado penalista Carlos Caro, si la jueza aprueba el pedido, algunas que no estén en los dos primeros niveles de la Ley N° 30737, estarán impedidas de contratar con el Estado.
En el primer nivel están empresas que admitieron ilícitos como Odebrecht, en el segundo, las exsocias de las empresas que cometieron delitos, mientras que en el tercer nivel, las empresas que solo son investigadas por corrupción por la Fiscalía. Juárez también decidió ampliar la investigación preparatoria contra Graña y Montero, Obrainsa, Cosapi y otras 14 empresas.
Pedidos de información
Germán Juárez también solicitó información de las 31 empresas que están bajo sospecha en el proceso de investigación.
En este caso, se les pide que respondan si de manera unilateral o conformando un consorcio, mantuvieron una relación con Rodolfo Prialé de la Peña, Luis Prevoo Neira, Guillermo Corrales Escobar y otras nueve personas, entre naturales y jurídicas.
Toma de declaraciones
Adicionalmente, se encomendó al equipo especial de la División de Investigación Policial, bajo la dirección de fiscal, para que este mes reciba la declaración testimonial e indagatoria de José Graña y otros tres ejecutivos de Graña y Montero S.A.A.; Pedro Rodríguez Martinis y otros nueve ejecutivos de Mota–Engil, entre mayo y junio.
En junio, de César Castillo y otros cinco funcionarios de Ingenieros Civiles Contratistas Generales S.A.; de Luis Carrasco y otros dos implicados de Construcción y Administración S.A.–CASA.
Y finalmente en julio, de Manuel Juárez y otros tres implicados de Constructora Málaga Hermanos S.A; de Sonia Parra y Martín Plaza de Grupo Plaza; y de Luciano Bezerra y tres ejecutivos de Queiroz Galvao S.A., Sucursal del Perú.
En total, se recibirán declaraciones de 30 ejecutivos del “club de la construcción”.
La organización criminal
La Fiscalía elaboró la estructura de la presunta organización criminal del club y sus respectivos roles. De acuerdo al documento, el primer componente constituido por constructoras nacionales y extranjeras. Sus representantes determinaban qué empresas ganarían licitaciones convocadas por Provías Nacional.
Se indica que también determinaban qué empresas serían los otros postores, pero sin expectativas de ganar. Es decir, acompañantes que presentaban ofertas económicas superiores a las del eventual ganador. Esto con el fin de dar visos de regularidad a las licitaciones.
Reunión y acuerdos
Según la Fiscalía, estas coordinaciones se realizaban en el lobby bar del Swissotel, el restaurante Balthazar, las oficinas de Capeco y oficinas de las empresas. Añade que las decisiones eran transmitidas a Rodolfo Prialé de la Peña o Carlos García Alcázar, y estos lo comunicaban a Provías.
Juárez indica que los miembros del club acordaron pagar un monto ilegal por las convocatorias de Provías. Esto es el 3% del costo directo de las obras. Esto habría sido pactado con José Castillo Dibós, Manuel Alonso Tejeda Moscoso, Marco Aranda Toledo y José Paredes.
Se distribuía así: 2.35% para Carlos Paredes Rodríguez, entonces ministro del MTC (vía José Paredes Rodríguez y Carlos García Alcázar), 0.15% para Rodolfo Prialé de la Peña y 0.5% para miembros del comité de contratación, reza el folio.
Pagos a un ministro
El fiscal presume que el club acordó que el monto acordado a pagar sería entregado a Carlos Paredes, entonces titular del MTC, esto vía Prialé de la Peña de manera directa por transferencias interbancarias en el marco de contratos inexistentes. “Se dieron sumas de dinero considerables a Carlos Paredes por su ilegal intercesión”, se lee en el documento.
Contratos ficticios
El segundo componente de la red está constituido por Rodolfo Prialé de la Peña. Según la Fiscalía, este era el representante de las empresas constructoras, quien se encargaba de transmitir la decisión adoptada por Carlos García.
Añade que este canalizó los pagos hechos por las empresas, para lo cual contó con el apoyo de Guillermo Reynoso Medina, quien le dio celulares para hacer coordinaciones. También lo ayudó Luis Humberto Prevoo Neira, entonces gerente general de Lual Contratistas Generales. Esta empresa figuraba en los contratos ficticios que celebraban las constructoras del club.
Funcionarios del MTC
Este tercer componente estaría conformado por funcionarios del MTC y José Paredes Rodríguez. Según la Fiscalía, Carlos Paredes habría recibido desde octubre del 2011 a julio del 2014 un total de US$ 17 millones.
El documento señala que el exministro Paredes Rodríguez, quien por medio de su hermano y Carlos García concertó que los miembros del club obtendrían la buena pro de las licitaciones promovidas por Provías Nacional.
“Aprovechó su poder jerárquico que le daba ser ministro del MTC y actuó de operador de Carlos García Alcázar”, se lee en el documento del Ministerio Público.
Según la Fiscalía, limitó la participación de otras empresas no involucradas en la supuesta organización criminal y velaba por los intereses del club.
“LA FISCALÍA SOLICITÓ EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES DE JOSÉ PAREDES RODRÍGUEZ Y OTROS 15 INVESTIGADOS POR CORRUPCIÓN”.
Piden prisión preventiva contra 4 ejecutivos del “Club de la construcción”: El fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del Equipo Especial del Caso Lava Jato, pidió 18 meses de prisión preventiva para cuatro ejecutivos del denominado ‘club de la construcción’: José Paredes Rodríguez (hermano del exministro de Transportes y Comunicaciones Carlos Paredes); José Castillo Dibós (expresidente de IGGSA); Édgard Ricardo Unzueta Zegarra (representante de Andrade Gutierrez); y Javier Lei Siucho (representante de Constructores y Mineros Contratistas Generales).
“SE PIDIÓ LEVANTAR EL SECRETO BANCARIO DE TODOS LOS CONSORCIOS FORMADOS POR CONSTRUCTORAS DEL 2011 AL 2014 QUE GANARON BUENA PRO EN PROVIAS NACIONAL”. 

¿Cómo funcionó el ‘club de la construcción’ y cuánto habría pagado en sobornos?

Por Giovanna Castañeda Palomino– Diario El Comercio.
La foto que abre esta nota data del 1 de junio del 2012, de siete años atrás. El entonces presidente Ollanta Humala junto a quien era el ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes,daba inicio a las obras de mejoramiento y rehabilitación de la carretera Lima-Canta.
Hoy esa misma obra en Canta es una de las 52 licitaciones bajo sospecha de que, al parecer, el denominado ‘club de la construcción’ operó en su real dimensión y obtuvo un 3% en sobornos de los costos totales, según el equipo especial de la fiscalía que investiga lo que ocurrió entre octubre del 2011 y junio del 2014.
La carretera estuvo a cargo del consorcio Vial Santa Rosa, al que perteneció la constructora brasileña OAS. El monto contratado ascendió a S/319,248,819.71; ello pese a que el valor referencial era de S/293,326,002.48. Es decir, por encima en un 9.03%. Si se aplica la regla del 3% de pago de coimas, las matemáticas arrojan que serían millones también.
Pero, ¿qué fue el ‘club de la construcción’? ¿Cuál era su estructura y cómo operaban?
–La formación y sus acuerdos–
​El ‘club’ era una “cartelización empresarial” de al menos 18 constructoras que, según la fiscalía, en lugar de competir entre sí, se coludían para repartirse los proyectos que Provías Nacional, unidad ejecutora del MTC que maneja un presupuesto superior a los S/5 mil millones, convocaba en el país.
No se sabe con exactitud desde cuándo empezó a operar esta presunta organización criminal en el MTC. Jorge Barata, ex jefe de Odebrecht en el Perú, dijo que existía desde el 2001. En tanto, Raymundo Trindade Serra, ex gerente de relaciones institucionales de la constructora, señaló al equipo especial que comenzó en 1996. Es decir: podría tener más de 20 años enquistado.
El ex ministro Paredes, al lado de Humala en la fotografía, sería uno de los miembros de este ‘club’. Figura a la cabeza, según el fiscal Germán Juárez Atoche, quien está a cargo de rastrear y destapar este mega caso de corrupción. Sin embargo, al haber sido ministro, es investigado por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
La investigación del fiscal Juárez abarca el período 2011-2014 y tiene cuatro aspirantes a colaboradores eficaces que están reconociendo y confesando. Según los testimonios que ha recogido, entre agosto y octubre del primer año de gobierno de Humala, hubo diferentes reuniones entre los miembros del ‘club’ y José Paredes, hermano del ex ministro Carlos Paredes –y sus intermediarios– para coordinar el nombramiento de una persona de confianza en el MTC y el porcentaje del soborno: un 3% del costo directo de la obra por ejecutar.
–La estructura del ‘club’–
Para la fiscalía, el ‘club’ tenía tres componentes:
El primer componente estaría constituido por las empresas nacionales y extranjeras dedicadas al rubro de la construcciones con sus distintos representantes.
Ellos determinaban qué empresa o empresas serían los otros postores, pero sin expectativa de ganar. Es decir, los acompañantes que presentaban ofertas económicas superiores a la que planteaba el eventual ganador.
Asimismo, acordaban dar visos de regularidad y normalidad al desarrollo de la convocatoria, y así también poder exigir turno para ser beneficiado con posteriores convocatorias.
Ayer se conoció que Juárez solicitó al Poder Judicial que dicte 18 meses de prisión preventiva para cuatro presuntos integrantes del ‘club’: José Paredes Rodríguez, José Fernando Castillo Dibós (ex presidente de la empresa ICCGSA), Edgard Ricardo Unzueta Zegarra (gerente comercial de la constructora brasileña Andrade Gutierrez) y Javier Lei Siucho (representante de la constructora CyM).
El segundo componente estaría constituido por Rodolfo Prialé de la Peña, lobbista y representante de las empresas constructoras, quien se encargaba de transmitir la decisión adoptada por estas a Carlos García Alcázar, asesor del MTC nombrado por Paredes e intermediario del mismo. García Álcazar fue el “coordinador” dentro del ministerio.
Prialé de la Peña canalizaba los pagos efectuados por las empresas, para lo cual contó con el apoyo de Guillermo Reynoso, quien le proporcionó equipos móviles que le sirvieron para hacer las coordinaciones, así como de Luis Humberto Prevoo Neira en su condición de gerente general de Lual Contratistas Generales SAC, empresa que fue usada para elaborar contratos ficticios celebrados con las constructoras.
Una vez que tenían dicho dinero obtenido de los pagos por las obras, seguidamente entregaba, un porcentaje del pago a García Alcázar, para que este a su vez se lo entregue a José Guillermo Paredes Rodríguez y aquel a Carlos Paredes Rodríguez. Aquí viene el tercer y más importante componente de la presunta red.
El tercer bloque estaría constituido por los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, García Alcázar, el ex ministro y su hermano José Guillermo Paredes Rodríguez o “Pepe”.
El ex titular del MTC, por intermedio de su hermano y de García Alcázar, habría concertado con las empresas para que solo las que pertenecían al ‘club’ obtengan la buena pro de las licitaciones y concursos públicos promovidos por Provías Nacional.
García Alcázar, quien cumple una orden de prisión preventiva, fue el enlace de las constructoras en el MTC. Él fue nombrado en agosto del 2011 asesor del Viceministerio de Transportes, mediante una resolución firmada por Paredes.
Aquí aparece Marco Antonio Garnica, gerente de la Unidad Gerencial de Obras de Provías Nacional quien, para la fiscalía, fungió de operador de las empresas constructoras, incluso mucho antes de que Paredes Rodríguez se convierta en ministro y de que se interese por conocer al ‘club’. Los miembros del comité de contratación completan esta parte de la estructura.
–El camino del soborno–
En el primer paso de la ruta del pago de coimas intervenían los miembros del comité de contratación de Provías Nacional, quienes se encargan de que las empresas que no son del ‘club’ no precalifiquen en el proceso de selección. Ellos se mostraban bastante exhaustivos en las calificaciones de los postores que no pertenecían a la presunta red. García Alcazar se encargaba de las coordinaciones.
Las constructoras miembros del ‘club’ presentaban sus propuestas económicas, las mismas que estaban coordinadas previamente para que sea mayor al 100% del valor referencial.
Lo que acordaban las empresas, como a quién le tocaba ganar una licitación o un contrato público determinados, se la transmitían a su operador Prialé de la Peña o directamene a García Alcázar, para que este, en su condición de operador del ex ministro, ejecute dicha decisión al interior de Provías Nacional.
Antes de ello, las empresas ya habían acordado con el hermano del ministro y con García Alcázar varios puntos: no cambiar el personal en Provías Nacional; no permitir que las licitaciones convocadas sean adjudicadas a empresas que no integraban el ‘club’: que solo sean para el ‘club’, según el turno.
También que todas las licitaciones deberán ser adjudicadas por encima del 100% del valor referencial; y que todos los pagos efectuados se tendrían que coordinar con Prialé de la Peña.
Finalmente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobaba la asignación de recursos. A partir de ahí, conociendo que el monto a pagar en sobornos era el 3%, las empresas del ‘club’ determinaban cómo lo harían.
Según la fiscalía, lo hicieron de manera directa a Prialé de la Peña o a través de vía transferencias interbancarias y/o contraprestaciones en el marco de contrataciones inexistentes celebradas por sus estructuras empresariales (de manera unilateral o consorciadas) con empresas vinculadas a su representante.
“Dieron sumas de dinero considerables a Carlos Paredes por su ilegal intercesión”, señala el fiscal Juárez Atoche, en su última resolución emitida para ampliar investigación y requerir la prisión preventiva de cuatro personas más, entre ellas el hermano del ex ministro.
–Cuánto fue y cómo fue repartido–
​La carretera de Canta fue una de las 52 obras que están bajo sospecha del fiscal, licitaciones que ganaron las 18 empresas comprometidas en esta investigación penal.
Los empresario, según el fiscal, determinaron el monto a pagar y que este se distribuía de esta forma: el 2.35% para Carlos Paredes vía José  Paredes y Carlos García Alcázar; el 0.15% para Rodolfo Prialé de la Peña; y el 0.5% para los miembros del comité de contratación.
Bajo dicha modalidad se habrían producido cerca de 20 entregas de dinero en un total aproximado de 17 millones de dólares. Esto solo en un periodo de tres años.

Fiscalía pide prisión preventiva para cuatro miembros del ‘club de la construcción’

Requerimiento es por 18 meses. Entre ellos está José Paredes Rodríguez, hermano del ex ministro del MTC Carlos Paredes; así como José Castillo Dibos y un representante de Andrade Gutierrez

Por Rodrigo Cruz y Giovanna Castañeda- Diario El Comercio.
El fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del equipo especial del Caso Lava Jato, solicitó ayer al Poder Judicial que dicte 18 meses de prisión preventiva para cuatro presuntos integrantes del denominado ‘club de la construcción’.
La medida es contra José Guillermo Paredes Rodríguez, ‘Pepe’, hermano de Carlos Paredes, quien fue titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) durante el gobierno de Ollanta Humala. También para José Fernando Castillo Dibós (ex presidente de la empresa ICCGSA), Edgard Ricardo Unzueta Zegarra (gerente comercial de la constructora brasileña Andrade Gutierrez) y Javier Lei Siucho (representante de la constructora CyM).
El requerimiento es por la investigación por los presuntos delitos de asociación ilícita, colusión agravada y cohecho activo genérico, y fue presentado ante la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, a cargo del Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado de Corrupción de Funcionarios. La magistrada deberá convocar una audiencia pública para analizar lo solicitado.
El pedido del fiscal Juárez se basa, entre otras cosas, en información entregada por cuatro aspirantes a colaboradores eficaces, quienes relataron la existencia de un entramado de corrupción entre las constructoras y funcionarios del MTC para repartirse las obras públicas de infraestructura vial que se licitaban durante el gobierno de Humala.
De acuerdo con la investigación de la fiscalía, los sobornos que pagaron los integrantes de este ‘club’ llegaron a US$17 millones y, según el colaborador eficaz N° 09-2018, el entonces ministro Paredes utilizaba a su hermano como intermediario de los pagos.
Al haber sido ministro, Paredes tiene antejuicio y quien lo investiga es la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
—Modus y origen—
El ‘club’ era una “cartelización empresarial” de al menos 18 constructoras que, según la fiscalía, en lugar de competir entre sí, se coludían para repartirse los proyectos que Provías Nacional, unidad ejecutora del MTC que maneja un presupuesto superior a los S/5 mil millones, convocaba en el país.
No se sabe con exactitud desde cuándo empezó a operar esta presunta organización criminal en el MTC. Jorge Barata, ex jefe de Odebrecht en el Perú, dijo que existía desde el 2001. En tanto, Raymundo Trindade Serra, ex gerente de relaciones institucionales de Odebrecht, señaló al equipo especial que comenzó en 1996.
La investigación del fiscal Juárez abarca el período 2011-2014. Según los testimonios que ha recogido, entre agosto y octubre del primer año de gobierno de Humala, hubo diferentes reuniones entre los miembros del ‘club’ y José Paredes –y sus intermediarios– para coordinar el nombramiento de una persona de confianza en el MTC y el porcentaje del soborno: un 3% del costo directo de la obra por ejecutar.
Carlos García Alcázar, quien cumple una orden de prisión preventiva, fue el enlace de las constructoras en el MTC. Él fue nombrado en agosto del 2011 asesor del Viceministerio de Transportes, mediante una resolución firmada por Paredes.
Rodolfo Prialé de la Peña habría sido el intermediario entre el ‘club’ y el encargado de cobrar los sobornos. Con él se estableció que no debería cambiarse a personal de Provías; que no se debería permitir que empresas ajenas al ‘club’ ganaran obras y que las licitaciones deberían entregarse con una propuesta económica por encima del valor referencial.
—Los pagos—
Según el fiscal, Castillo Dibós hizo un pago en efectivo a Prialé de la Peña en la sede de ICCGSA en San Isidro, previa coordinación telefónica. El levantamiento del secreto de las comunicaciones ha revelado el intercambio de llamadas entre ambos entre el 2013 y el 2014.
Unzueta Zegarra también hacía coordinaciones telefónicas con Prialé de la Peña. Pero, además, se han verificado transferencias bancarias, presuntamente de este empresario, a una ‘offshore’ de Prialé de la Peña llamada Jotas de la India, con sede en Panamá, por más de US$800 mil.
De Lei Siucho se tiene el registro de llamadas entre ambos del 2013 al 2014. La fiscalía indica que se realizaron “contrataciones ficticias” entre una empresa vinculada a Prialé de la Peña con CyM para los sobornos.
En los testimonios recogidos por la fiscalía también se habla de la existencia de un ‘club de la conservación y mantenimiento’ de las obras.
Este Diario se comunicó con Lei Siucho, quien dijo que desconocía el pedido fiscal y añadió que sigue siendo el representante de CyM. También se buscó al abogado de Castillo Dibós, pero, hasta el cierre de esta edición, no nos devolvió la llamada. De igual modo, tratamos de comunicarnos con los hermanos Paredes Rodríguez.
El abogado penalista Vladimir Padilla precisó que, en principio, las imputaciones sí configuran delito contra la administración pública. “El fiscal quiere evitar el peligro de fuga”, remarcó.

La contraprestación de los US$ 10 millones

Le amplió de 30 a 40 años concesión de OAS y lo resarció con US$ 142 millones.
A Odebrecht le dio un contrato de concesión y una adenda de bancabilidad por US$ 181.2 millones adicionales.
El último sábado, Susana Villarán reconoció que recibió US$ 10 millones de las constructoras brasileñas -US$ 3 millones de Odebrecht y US$ 7 millones de OAS- para sus campañas electorales (Exitosa 11/05/19). Según Villarán, la decisión de pedir estas donaciones fue tomada por el gerente municipal José Miguel Castro Gutiérrez y ella misma. Hoy el juez Jorge Luis Chávez Tamariz resolvió darle 18 meses de prisión preventiva.
Los grandes donantes, como estas empresas brasileñas, no realizan un gran aporte sin recibir algo a su favor ¿qué recibieron estas empresas?
LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PAGOS
De acuerdo al Colaborador Eficaz N° 105-2019, a inicios del 2013, el gerente Municipal José Miguel Castro le informó a Valfredo de Assis Ribeiro, gerente general de OAS en Perú, que los costos de la Campaña del No a la Revocatoria lo iban a dividir entre las empresas constructoras y que la parte de OAS era de US$ 3 millones.
Según el Colaborador Eficaz N° 101-2019, un millón se le pagó en Brasil a la empresa FX Comunicação de Valdemir Garreta Pereira, quien a su vez contrató a Luis Favre para que asesore la campaña de Villarán. Otra parte del dinero fue para la agencia de publicidad Momentum, Ogilvy & Mather de Óscar Vidaurreta Yzaga. Por último, un millón de dólares en efectivo se le entregó a Luis Ernesto Gómez-Cornejo Rotalde, quien fue asesor de Duberlí Rodríguez cuando él fue presidente del Poder Judicial (2017-2018).
El mismo colaborador eficaz declaró a la fiscalía que el 2014, José Miguel Castro le pidió a Léo Pinheiro US$ 4 millones para la Campaña de la Reelección de Susana Villarán y le indicó que se los entregara a César Meiggs Rojas. OAS le transfirió esos US$ 4 millones a las empresas Constructora Generación y CMR Construcciones, ambas de Meiggs.
Por otra parte, Jorge Barata ante la Procuraduría Federal de Bahía (Brasil) y ante los fiscales peruanos del Equipo Lava Jato (26/04/19) que la empresa Odebrecht  aportó US$ 3 millones para la Campaña del No a la Revocatoria, que el pago fue acordado con José Miguel Castro, que US$ 2 millones se pagaron en Brasil a la empresa FX Comunicação que asesoraba la campaña de Villarán y el otro millón se entregó en efectivo en Lima. En un momento se planeó depositarle dinero a Gabriel Prado, exgerente de Seguridad Ciudadana, y por tal motivo le abrieron una cuenta en la Banca Privada de Andorra, pero no llegaron a realizar ningún depósito.
LA ADENDA Y EL TRATO DIRECTO A FAVOR DE LÍNEA AMARILLA
OAS firmó su contrato por el proyecto Línea Amarilla durante la segunda gestión de Luis Castañeda al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima (12/11/09) y en plena campaña por el No a la Revocatoria, firmó su primera adenda, tras haber concretado un aporte a Villarán de US$ 3 millones.
El proyecto Línea Amarilla consiste en la operación de una vía de 16 kilómetros (Km) desde el cruce de la Vía de Evitamiento con Javier Prado hasta el cruce de la Panamericana Norte con Av. Habich. Además, la construcción de una nueva vía de 9 Km desde el cruce las avenidas Morales Duárez con Universitaria hasta el puente Huáscar, incluyendo un túnel de 2 Km por debajo del río Rímac. La inversión estimada era de estimada era de US$ 480 millones sin incluir IGV. El proyecto está concesionado a la empresa Línea Amarilla SAC (Lamsac), que era subsidiaria de OAS.
La Adenda N° 1 (13/02/13), apenas un mes antes de las elecciones por la Revocatoria (17/03/13), le permitió a Lamsac ampliar su plazo de concesión de 30 a 40 años, se incorporó nuevas obras por US$ 43.5 millones más IGV y se incluyó la cláusula de “Eventos Especiales”, que permitía a Lamsac solicitar a la Municipalidad de Lima un reembolso por gastos adicionales.
¿Quiénes aprobaron la adenda? fueron José Miguel Castro Gutiérrez y Domingo Arzubialde Elorrieta, gerente Municipal y gerente de Promoción a la Inversión Privada del municipio, respectivamente.
El 2014, en plena Campaña por la Reelección de Villarán, en donde OAS aportó US$ 4 millones, su subsidiaria Lamsac evitó irse a un arbitraje con la Municipalidad de Lima y mediante un “Trato Directo”, Lamsac informó sobre los mayores costos en los que estaba incurriendo por la configuración de “Eventos Especiales” (Informe de la Comisión Lava Jato 09/11/18). Por el Trato Directo (20/10/14), cuyo cierre fue después de las elecciones municipales (05/10/14), el municipio le reconoció a Lamsac un resarcimiento por US$ 142 millones, cuyo pago se efectuaría a través del incremento del peaje.
En el Trato Directo, participaron por la Municipalidad de Lima el gerente de Promoción de la Inversión Privada, Jaime Shimabukuro Maeki, y la subgerente de gestión de contratos, Daniella Canales Hernández.
VÍAS NUEVAS DE LIMA
Durante el segundo mandato de Luis Castañeda al frente de la Municipalidad de Lima, Odebrecht presentó como iniciativa privada el proyecto Vías Nuevas de Lima (16/04/10). El proyecto consiste en la operación de 31.5 Km de la Panamericana Norte, 54.1 Km de la Panamericana Sur, 29 Km de la autopista Ramiro Prialé, incluyendo una intercambio vial desde Huachipa hasta la Carretera Central de 19 Km.
El contrato de concesión recién se firmó cuando Villarán estaba al frente del municipio, con una inversión estimada de US$ 498 millones. La firma del contrato (09/01/13) y la entrega de los peajes para su explotación (10/02/13) se efectuaron apenas dos y un mes antes, respectivamente, de las elecciones por la Revocatoria (17/03/13), en donde Odebrecht aportó US$ 3 millones para la campaña a favor de la alcaldesa.
Casi un año después de las elecciones por la Revocatoria, la Municipalidad Metropolitana de Lima firma con Rutas de Lima, subsidiaria de Odebrecht a cargo del proyecto, una adenda de bancabilidad, en donde el municipio le entrega a Rutas de Lima la ejecución de las actividades previas que por ley correspondían al municipio y por las cuales, la municipalidad aprobó un presupuesto de US$ 181. 3 millones sin IGV, para la ejecución de estas labores (Informe de la Comisión Lava Jato 09/11/18).
Rutas de Lima estuvo operando los peajes por más de año y medio, hasta que inició las obras de su proyecto (19/11/14), mes y medio antes de que culmine la administración de Villarán.
Fuente: www.gatoencerrado.net

Juana de Arco

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
Ahora resulta que Susana Villarán es Juana de Arco. Una santa que murió en la hoguera quemada pero por bruja. Pobrecita, Susanita. Pide perdón a Dios por sus pecados pero dice que los volvería a cometer. Es relapsa. Reafirma –con la misma vocecita que usó cuando juró que no se iba a reelegir si ganaba el No a la Revocatoria– que ella es la honestidad en persona, que no se enriqueció como los Humala-Heredia, que no tiene nada que ver con Keiko ni con PPK, que es una mártir, y apela a la gente que la “conoce”.
Relata su historia de izquierda, su lucha por los pobres, por una ciudad más inclusiva para “todos” y “todas” y con eso ya está bendita, la Susanita. Pues ser de izquierda permite que los delitos se conviertan en “errores” que se lavan con agua bendita.
Porque Susanita enfrentaba al “dragón” que quería quemar con azufre la ciudad de Lima, y ella pactó con el diablo para darle forata a la “mafia” y defender los valores de la izquierda de “honestidad”, “dignidad”, “amor” “caridad cristiana”, “solidaridad”, “igualdad de género” y otras virtudes republicanas “que no llegan solas”. Bueno, para Susanita y todos los que la apoyaron (Vergara, Dargent, Iguiñiz, Ames, Ugaz y media farándula incluida) las virtudes republicanas llegaron con los brasileños. Para ello hipotecó peajes por 40 años (¡siempre de pie, nunca de rodillas!) a los bandeirantes, porque, vamos…el fin justifica los medios.
Es cierto que no es ella la que tiró la primera piedra. Varios coleguitas la llevaron a la ruina con sus consejos. Rosa María Palacios, por ejemplo. Decía esta señora ducha en fines y medios (¡dupleteaba de coaching de debates de un candidato presidencial mientras que fungía de comentarista del debate!) que Susanita era más noble que una lechuga para hacer frente a la mafia del dragón chino, que tenía que jugar con sus mismas armas, que con su escudo de corazón no iba llegar muy lejos.
Y Susanita le hizo caso y ahora está en la pira, mientras que la otra señora acaba de estrenar programa nuevo en la dimensión desconocida. Una arde y la otra se congela en la tele. ¿El infierno será hirviente o helado? Qué más da. Ya sea entre llamas o estalactitas, los caviares nunca paran de pontificar sobre cómo sus virtudes los llevaron donde están, aunque sea por “error”.
No se trata de cacería de brujas. Porque acá, con la concha invicta que se manejan, solo queda vestirlos con el manto y la saya de la santidad. ¡Faltaba más!

Los intocables

Por Diana Seminario– Diario El Comercio.
La cárcel asusta, así sea prisión preventiva. La verdad empieza a ser una moneda de cambio cuando perder la libertad es una realidad palpable. Por eso Gabriel Prado habla, por eso Susana Villarán tuvo un inusitado ataque de sinceridad. La habían ‘echado’.
Es así como la “reserva moral” se cae a pedazos en señal abierta y a escala nacional. El sábado, Villarán quería contarnos su historia, decir que “solo cometió un error”, que tenía que “salvar a Lima de la mafia”. Pero solo buscaba evadir la justicia, la misma que ha sido benévola con ella todo este tiempo.
El audio que hemos oído anoche fue entregado por Prado a la fiscalía en marzo de este año, pero seguro que el famoso y mediático equipo especial estaba ocupado en otros casos más políticos. La barra brava quería sangre, y la tuvo. La ‘decencia’ no se mancha.
Además, ha quedado demostrado lo bien informada que está la ex alcaldesa, lo que le permite calcular sus movimientos.
“Hay una cosa que me han dicho y este es un tipo y ha dicho que tú y yo hemos ido a conversar para que nos den tres palos verdes”, dice Susana Villarán. La conversación sería de setiembre del 2017.
El 22 de noviembre del 2017, este Diario informó que el publicista brasileño Valdemir Garreta, aspirante a colaborador eficaz, “declaró que Odebrecht y OAS le pagaron 3 millones de dólares en efectivo por publicidad y asesorías en la campaña contra la revocatoria de Susana Villarán”. ¿Y cómo sabía la ex alcaldesa de esa declaración? “De personas que saben de la situación”.
Ella siempre tuvo información a la mano. La palabra clave: ‘la adenda’. “Reafirmo que no hemos recibido coimas, que no hemos hipotecado el interés público a empresas privadas y que jamás se han hecho adendas a la medida de los intereses de estas empresas a cambio del aporte económico dado”, decía el sábado cuando admitió que estaba al tanto de que las constructoras brasileñas financiaron su campaña de la revocación y la de la reelección.
Curioso por decir lo menos, pues precisamente la fiscalía ya cuenta con el testimonio de directivos de OAS que manifiestan que el aporte de siete millones de dólares se hizo “a contraprestación a la suscripción de la adenda 1 del contrato de ampliación de peaje de 30 a 40 años”, tal como lo reveló ayer este Diario. Bien ‘dateada’ la señora.
El Caso Villarán es uno de los más sólidos desde que el tema Lava Jato se empezó a investigar en nuestro país, pero queda demostrado que hay personajes que se saben intocables.
Por eso, nos deben una explicación quienes lo han dilatado para dar prioridad a otros casos de los que aún queda mucho por indagar y corroborar. Si se hubiera actuado de acuerdo a ley y siguiendo criterios estrictamente judiciales y no políticos, ¡otra sería la historia!
Resulta penoso ver a tantos falsos valores que, aun cuando la corrupción los corroe, pretenden seguir dando lecciones desde su falsa superioridad moral, celebrando incluso que ‘a diferencia de otros’ ella admite lo que los demás niegan. No, señores, no hubiera dicho nada si no estuviera con la soga al cuello.
¡Hasta a los intocables les llega la hora!

Villarán habló de “tres palos verdes” de Odebrecht con Castro y Prado

Un audio difundido este domingo por “Cuarto Poder” da cuenta de una conversación que en setiembre del 2017 mantuvieron la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán y los ex funcionarios de su gestión, José Miguel Castro y Gabriel Prado. Sobre ellos pesa un pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva en el marco de la investigación por los presuntos aportes de Odebrecht y OAS para las campañas del No a la revocación (2013) y de reelección de la ex burgomaestre (2014).
En el diálogo, Villarán expresó su preocupación porque se llegue a conocer que ella y José Miguel Castro solicitaron “tres palos verdes” (US$3 millones) a Odebrecht para la campaña por el No a la revocación. “Yo me devano, ¿entiendes?, si es que eso va a aparecer en cualquier momento de buena fuente”, se le escucha decir.
El audio se dio a conocer un día después de que Susana Villarán reconociera que siempre estuvo enterada de que Odebrecht y OAS aportaron dinero tanto a su campaña del No a la revocación (2013), como de reelección (2014). La ex alcaldesa hizo la confesión a solo horas de que el Poder Judicial evalúe el pedido fiscal para enviarla a prisión preventiva.
Prado indicó al citado dominical que entregó el audio a la fiscalía en marzo pasado, pero como no fue considerado decidió hacerlo público. Según su versión, pidió reunirse con Villarán y Castro días después de que, en setiembre del 2017, el diario “El País” de España diera a conocer que una cuenta a su nombre había sido abierta en agosto del 2013 en la Banca Privada de Andorra (BPA).
Como se sabe, Prado fue gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima entre enero del 2011 y enero del 2013 y presidente de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape) entre el 17 de enero y el 19 de febrero del 2013.
La fiscalía le imputa el presunto delito de asociación ilícita para delinquir por “haber creado una cuenta en la Banca Privada de Andorra, el cual lo tenía como beneficiario final, para la introducción de dinero maculado para la campaña por el No a la revocatoria de Susana Villarán de la Puente, dinero proveniente de la división de operaciones estructuradas de Odebrecht”.
En su declaración ante la fiscal Geovana Mori en Curitiba (Brasil) el 25 de abril, el ex representante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, confirmó que la empresa dio US$3 millones para la campaña del No a la revocación en el 2013.
De ese monto, Barata dijo que US$1 millón fue entregado directamente al ex gerente municipal José Miguel Castro en Lima, pero que inicialmente la constructora coordinó la apertura de una cuenta. Acotó que el acto se concretó el 9 de agosto del 2013, a nombre de Gabriel Prado Ramos en la BPA. Eduardo Roy Gates, abogado de Prado, ha señalado anteriormente que no se hizo ningún depósito.
Gabriel Prado mantiene su versión sobre lo sucedido: que no abrió la cuenta, que pidió ayuda a Castro para encontrar trabajo tras salir del municipio, que este último le pidió su fotocopia de DNI, pasaporte y currículum para tal fin, y que firmó documentos sin leer a detalle. En noviembre del 2017, manifestó a la Comisión Lava Jato del Congreso que hubo un “uso y abuso de una firma en blanco”.
TRANSCRIPCIÓN
Susana Villarán (S.V.): Me estás mirando con una cara que…
Gabriel Prado (G.P.): Pero qué quieres, Susana. ¿Que esté feliz? ¿Que esté absolutamente en paz, en tranquilidad? Sabiendo que mañana y pasado, y que mi vida laboral, que la estaban reconociendo, ¿se ha ido al diablo? ¿Que mis relaciones, este… personales se han ido al trasto? ¿Que no voy a conseguir trabajo en los próximos 5 años y que toda la gente me sindica como el corrupto? ¿Qué quieres? ¿Que esté tranquilo y que te mire con tranquilidad? Por favor, Susana.
S.V.: Escúchame, hay una cosa que me han dicho. Y es que es un tipo en Brasil, ha dicho que tú y yo, hemos ido a conversar para que nos den tres palos verdes. Yo me devano, ¿entiendes?… si es que eso va a aparecer en cualquier momento de buena fuente.
José Miguel Castro (J.M.C.): ¿Quién te ha dicho eso?
S.V.: Personas que tienen conocimiento, que prueban de que José Miguel Castro y Susana Villarán me han pedido a mí tres millones de dólares. Pero, quiero decir, porque aquí el único que dentro de todas las cosas tiene una cuenta a su nombre es Gabriel. Es serio, pues ¿no? Tener una cuenta a nombre tuyo es gravísimo. Es una cuenta… no es mi cuenta. Es una cuenta. Exactamente, han podido hacerlo a nombre de, escúchame, han podido hacerlo a nombre de mi hermano y esto lo han hecho para joder. (Ininteligible) aprovechando una solicitud de chamba.
J.M.C.: Pero era, además, esa era la forma de operar de ellos, porque…
S.V.: Recién ahora nos enteramos de toda las mierdas que son. En ese momento todos hemos actuado de buena fe.
G.P.: Yo conversé con ustedes dos y les pedí que me ayuden a reengancharme laboralmente.
S.V.: Sí.
G.P.: Les dije: miren, yo he perdido el trabajo por una cuestión de gestión, no por una cuestión dolosa y necesito que ustedes, con los contactos que existen, me puedan recomendar para hacer un trabajo vinculado a lo que yo hacía antes de entrar a la municipalidad. Que era ese antes, algo vinculado a relaciones comunitarias o algo de inversión social. Tú me llamas un día y me dices: “Hay una posibilidad y necesitamos conversar”. Perfecto. Y me dices que lleve tres cosas: mi DNI, la copia de mi pasaporte y mi currículo.
J.M.C.: Tu currículo.
G.P.: Nos reunimos tú, una tercera persona y yo. Él revisa mis documentos y me dice que conversó contigo sobre esta posibilidad y que la próxima semana, a través tuyo, me informarían sobre qué cargo podría ocupar o dónde. Y era una suerte de tres contratos. Yo firmé documentos, hablamos alguna generalidad más, me paré y me fui. Eso duró cinco minutos, máximo. Tú te quedaste con él. Entonces, no podemos salir de esta reunión José Miguel, sin saber quién era esta persona. O sea, ¿cuál es el nombre de esta persona y qué función cumplía? Porque a raíz de los hechos, esta información da origen al problema de fondo. En segundo lugar, a los tres meses yo te pregunté sobre el tema.
J.M.C.: No antes, mucho antes.
G.P.: Digamos, un mes antes si quieres, te pregunté. (…) Y tú me dijiste: este tema no va. Sí. Estamos de acuerdo. Ese tema no va. Pero, por qué, dijiste algo así como qué, no se ha podido concretar o algo así. Okey. ¿José, mis papeles? (…) ¿Y mis papeles? Ya te los doy el próximo. Perfecto. Ahí quedó la situación. Para qué me pide mi pasaporte si yo voy a cumplir una función, en un proyecto local.
S.V.: Yo soy testigo de la conversación, cuando él te pide, eso fue en tu casa.
J.M.C.: Lo que has dicho es correcto. Lo que este uruguayo, argentino, no sé su nombre, no sé quién es.
G.P.: Ah, no lo conoces.
J.M.C.: No lo conozco. Nunca lo he visto en mi vida.
G.P.: Y a mí me cuesta creer eso.
S.V.: Pero cuando se sientan en la mesa no dicen soy.
J.M.C.: No. A ver, tu pregunta es que si yo lo conocía de antes, sí lo conocía, me había reunido con él una vez.
G.P.: ¿Pero entonces sabes quién es?
J.M.C.: Sabía que era del grupo de ellos. Pero no sé exactamente quién es, su nombre, qué hace. Era un tipo que dirigía el reclutamiento de Odebrecht, en el extranjero.
J.M.C.: Lo único que quiero, es que yo a ti Gabriel, hay un tema para mí que es fundamental, no hay segundas intenciones, yo no sé por qué siento que tu percibes que hay segunda intención.
G.P.: Sí, por qué yo soy un hombre claro, yo soy un hombre leal.
J.M.C.: Yo también.
G.P.: Yo soy un hombre leal de principio a fin.
J.M.C.: Yo también.
G.P.: Yo siento que, en este caso, a mí no se me ha dicho la verdad, porque sin mi consentimiento y sin mi conocimiento se ha usado mi nombre y esos papeles para hacer una chanchada como la que usted ha hecho, y eso a mí no me parece. Porque si yo fuera, si yo supiera, que esto era para ese tema. Señor, de principio a fin yo voy. Si hay que asumir consecuencias, las asumo, pero lo que yo no acepto, lo que yo no acepto, ni de ti, ni de Susana, ni de nadie, es que con una documentación se haya hecho una situación tan miserable y tan dolosa como esta. Tú eras gerente de finanzas, tú sabías perfectamente qué tipo de documentos estaba firmando, ¿o no?, ¿Por qué te quedaste con este tipo?, ¿Por qué no me devolviste los papeles?
J.M.C.: Yo no te podía devolver los papeles, porque yo no tenía los folders.
G.P.: Porque no me dijiste, porque nunca me dijiste no te puedo devolver los papeles, porque ellos lo tienen, si tú me decías eso yo tomaba mis previsiones. Por qué uno tiene que entregar un pasaporte para un trabajo local.
J.M.C.: Pero es que Gabriel, te he dicho dos veces que no era local, necesariamente, ellos estaban viendo dónde te iban a colocar.
G.P.: Perdón, José Miguel. En ningún momento hablamos que yo tenía que trabajar fuera, todo fue para un proyecto local en Perú.
J.M.C.: Yo te digo, Gabriel, mejor no hacemos ese tema, ese tema no va, y recuerdo claramente que te dije que estos patas te quieren pagar en el extranjero, mejor abortemos.
G.P.: Bueno eso es una invención tuya, es un dicho tuyo.
J.M.C.: Tú mismo firmaste esas cosas.
G.P.: ¡Pero por supuesto!
G.P.: ¿A instancias de quién? A mí se me ocurrió ir, como ayer tú me dijiste.
J.M.C.: Gabriel, ¿tú me estás diciendo, que tú no leíste esa cosa que firmaste? Si nosotros entramos ahí, era un precontrato laboral, ¿no lo leíste?
G.P.: Lo habré revisado, pero yo no lo he leído.
J.M.C.: Yo estoy completamente seguro de que no tiene ningún movimiento en esa cuenta.
J.M.C.: En primer lugar, porque he estudiado finanzas. O sea tú quieres crear una presión para que alguien te deposite en una cuenta.
G.P.: Antes de eso, entonces, ¿de lo que tú estás claro es que ese documento que yo firmé sirvió para abrir una cuenta en Andorra?
J.M.C.: No encuentro otra alternativa.
G.P.: ¿Qué pasa si en la próxima semana esa cuenta sí ha recibido dinero, quién es el que ha conversado para que pase eso?
J.M.C.: Eso no va a pasar.
G.P.: No, no, o sea, alguien tiene que haber conversado si es que pasa eso.
S.V.: ¿De acá, de esta mesa?
J.M.C.: Pero, te estoy diciendo que eso no va pasar. Gabriel, te aseguro, como José Miguel Castro Gutiérrez que esa cuenta no ha recibido ningún depósito de nada, porque para eso, una vez más, tú hubieras tenido que instruir que alguien te deposite algo. ¿Correcto? No va haber ningún depósito en esa vaina, porque una vez más esa cuenta fue creado en el marco de la conversación que acabamos de tener, de manera absolutamente irregular e irresponsable por esta gente. ¿Ok? Pero más o menos…
S.V.: ¿Con qué objetivo? Especula, ¿con qué objetivo?
J.M.C.: Con el objetivo de contratar, que te iba a pagar.
G.P.: No pues, José Luis, no me tomes el pelo, por favor. No se crea una banca en el Principado de Andorra para pagar el sueldo, de 20 mil o 10 mil dólares, a un profesional que quieres contratar.
J.M.C.: No, te iban a pagar 250 mil dólares en el lapso de un año, que son 20 mil dólares mensuales.
G.P.: Bueno, bueno esa es una suposición.
J.M.C.: No, pero disculpa, ahí están los contratos de la subsidiaria de Odebrecht con Peñaranda, que es por 250 mil dólares.
G.P.: No, pero eso es otra cosa. No hay, en ningún momento nosotros hablamos de montos. En ningún momento se habló de que yo iba a recibir tanto por tanto soles. Entonces, el único objetivo para abrir una cuenta en el Principado de Andorra es para qué. Para lavar activos y para ocultar dinero sucio.
S.V.: Yo te quiero, yo te aprecio, yo no quiero que sufras, pero es una situación que ninguno de los que están en esta mesa ha buscado, ¿me entiendes? Eso es lo que yo sí quisiera que quede claro, Gabriel. No para defenderme, ah, porque yo ya te dije ayer en la noche que yo me siento responsable de cualquier cosa que le pase a cualquiera de ustedes, porque por mí…
G.P.: Yo creo que las responsabilidades son individuales, Susana.
S.V.: No. En materia penal las responsabilidades son individuales, es obvio. Pero no hay un tema, es una situación moral.
Fuente: Diario El Comercio.

Del suicidio de García a la confesión de Susana

Por Víctor Andrés Ponce- El Montonero.pe
La exalcaldesa de Lima Susana Villarán confesó que siempre supo de los aportes de las empresas brasileñas a favor de la campaña del “No” (alrededor de US$ 10 millones). Enseguida, en una pieza para el surrealismo político, dijo que lo había hecho para detener a la mafia que pretendía apoderarse de la ciudad. Y escribiendo una nueva página de la historia de la infamia nacional, agregó que volvería a recibir los fondos brasileños. La justicia ahora debe determinar cuál es la relación de los regalos cariocas con la gestión, contratos y concesiones municipales, para emitir una sentencia firme.
Sin embargo, en el el acto, los principales voceros del IDL salieron a señalar que Susana estaba haciendo “una confesión sincera”, y casi todos los activistas nacionales e internacionales (“exiliados” se llaman ahora) que tuvieron nexos contractuales con la municipalidad de Lima “repudiaron” la confesión de Villarán, pero dejaron una rendija abierta: al menos Susana había confesado. Había, pues, algo diferente con los demás corruptos. ¡Vaya!
En esta columna no solemos regocijarnos con las desgracias ajenas. Pero el análisis de esta supuesta confesión es obligatoria e impostergable. Por ejemplo, la declaración de Susana representa la explosión de una bomba nuclear cuyas ondas explosivas derribarán los pilares de IDL-Reporteros (la ex alcaldesa fue fundadora de IDL y estableció múltiples relaciones contractuales con miembros de las ONG marxistas) y de los llamados caviares, que suelen parapetarse detrás de la palabra “decencia” para acusar a sus rivales ideológicos de corruptos. Remece igualmente a los miembros de las bancadas del Frente Amplio, Nuevo Perú (integrado por ex regidores de Villarán) y de la autoproclamada bancada liberal, quienes solían lavar banderas y cooperar en todas las formas con Villarán.
En otras palabras, las declaraciones de Susana hieren de extrema gravedad las posibilidades de la izquierda y de los seguidores del Foro de Sao Paulo en el Perú de seguir presentándose como “decentes”, como adalides de la “lucha anticorrupción”, pese a que la podredumbre latinoamericana empezó con Odebrechdt a iniciativa del mencionado Foro. Es evidente, entonces, que no solo el elenco estable de la política de los últimos tres años empieza a ser pulverizado por el caso Lava Jato, sino todo el entramado de ONG marxistas que gobernó detrás de bambalinas durante las administraciones de Toledo, Humala, PPK y ahora con Vizcarra.
Antes del suicidio de Alan García un escenario de este tipo parecía imposible. Si el ex presidente aprista hubiese sido enmarrocado y paseado, con chaleco de recluso, ante la prensa nacional y mundial, el presidente Vizcarra, los fiscales Lava Jato (influenciados por IDL-Reporteros) y las ONG marxistas (encabezadas por IDL Y Transparencia), en alianza con los medios tradicionales, habrían consolidado de tal manera sus influencias que Susana seguiría veraneando en su casa de playa. Y el presidente Vizcarra estaría volando sobre los 70 puntos de popularidad, por decir lo menos.
Más allá de cualquier prejuicio en el análisis, el suicidio de García cambió la coyuntura en el mediano plazo. A partir de allí los fiscales, con más autonomía, procedieron a acusar a Ollanta Humala y Nadine Heredia, y a solicitar medidas procesales contra Villarán. De lo contrario, la situación para IDL-Reporteros y los fiscales Lava Jato se volvía insostenible. ¿Cómo justificar la detención de Keiko Fujimori, de PPK y el intento de arresto de García, sin acusación fiscal ni juicio oral, luego de la muerte del ex jefe de Estado? Imposible.
Más allá de la vileza de los medios tradicionales, que se prestaron para el linchamiento del presidente muerto con las fabulaciones de Atala -hechas para evitar la detención de su hijo- es evidente que el ex presidente aprista comienza a ganar la partida a sus adversarios. Y todo indica que seguirá ganando.
Dos días de portadas y reportajes contra Alan no pueden ocultar los efectos del suicidio: Vizcarra no gana un solo punto con las nuevas detenciones, la ola anticorrupción empieza a despolitizarse y los fiscales principian a hacer su labor (sin García ya no hay circo). Y sobre todo, no sería nada extraño que la ola anticorrupción terminé convirtiendo a los héroes de ayer en los villanos de hoy. Suele pasar en todos los procesos plebiscitarios que se alimentan de temporadas de circo.

El fiscal Carlos Puma, miembro del equipo especial del caso Lava Jato, solicitó al Poder Judicial variar la comparecencia con restricciones por 36 meses de prisión preventiva para la exalcaldesa de Lima Susana Villarán -sobre quien pesa una orden de impedimiento de salida del país desde noviembre del 2017- mientras se le investiga por los presuntos delitos de lavado de activos, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias, asociación ilícita para delinquir y colusión.
También se requirió la misma medida para el exgerente municipal José Miguel Castro y otras cuatro personas, según señalaron a EXPRESO fuentes del equipo Lava Jato.
Recordemos que, el mes pasado, el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, confirmó ante los fiscales peruanos en Curitiba que la firma brasileña aportó de manera irregular 3 millones de dólares a la campaña del ‘No’ a la revocatoria de Villarán, a fin de que no corra riesgo el proyecto ‘Rutas de Lima’. Añadió que la exburgomaestre -incluso- lo llamó para agradecerle la “donación”.
Barata dijo, además, que, de este monto, 2 millones de dólares le fueron dados al publicista Valdemir Garreta (propietario de FX Comunicaciones) en Brasil y el otro millón fue recibido por José Miguel Castro, cuyo codinome en el Departamento de Departamento de Operaciones Estructuradas (o ‘Caja 2’) era ‘Budian’, en Lima.
Pero eso no es todo. De acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público, la constructora carioca OAS habría inyectado ilícitamente 1 millón de dólares a la campaña del ‘No’. Durante la gestión de la exburgomaestre capitalina, vale remarcar, se amplió de 30 a 40 años el contrato de concesión del proyecto ‘Línea Amarilla’ a favor de la citada empresa trasnacional.
El dominical Panorama informó -a través de su cuenta de Twitter- que “la audiencia de prisión preventiva de Susana Villarán se realizará el lunes 13 de mayo a las 9:00 am en la Sala de Audiencias número 2, de la sede judicial Carlos Zavala”.

PIDIERON 6 MILLONES

Asimismo, dicho medio de comunicación dio a conocer que, según la Fiscalía, José Miguel Castro pidió en total 6 millones de dólares a constructoras brasileñas para la campaña del ‘No’ a la Revocatoria: US$3 millones a Odebrecht y US$3 millones a OAS.
Fuente: Diario EXPRESO.

Fiscal: OAS y Odebrecht dieron US$10 millones a campañas de Susana Villarán

Por Graciela Villasís Rojas / Martín León Espinosa- Diario El Comercio.
—El intento de reelección—
En el documento se indica que, para la campaña municipal del 2014, en la que Susana Villarán buscaría la reelección, OAS entregó US$4 millones en respuesta a un pedido de José Miguel Castro.
En el requerimiento se cita la declaración de un colaborador eficaz de la fiscalía, que señaló que Castro pidió a José Adelmário Pinheiro Filho (conocido con Léo Pinheiro, ex presidente de OAS) “dinero para la campaña por la reelección de Susana Villarán por US$4’000.000, a lo que el segundo [Pinheiro] aceptó, siendo que Castro decía que ‘por el tamaño del proyecto era lo que le tocaba pagar’ […] Castro señaló a César Meiggs [para quien también se ha pedido prisión preventiva] para la entrega del dinero”.
Según fuentes cercanas a la investigación fiscal, ese pedido de dinero se dio en el contexto de un nuevo favorecimiento a OAS en el contrato de concesión de la Línea Amarilla.
En total, las dos empresas brasileñas entregaron US$10 millones para las dos campañas de la ex alcaldesa de Lima: Odebrecht US$3 millones y OAS US$7 millones.
El Comercio intentó comunicarse con Iván Paredes, abogado de Susana Villarán, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes.
José Humberto Orrego Sánchez, abogado de José Miguel Castro, dijo a este Diario que ya fue notificado, aunque aún no tiene el expediente. Sin embargo, consideró que no se justifica un cambio a una medida más gravosa para su defendido porque este ha tenido una buena conducta procesal durante la investigación que se le sigue. “No estoy de acuerdo”, recalcó.

Pedido fiscal advierte que contratación de actores habría sido “contraprestación” por apoyar a Villarán en el NO

En exclusiva, Panorama reveló a través de Twitter que la solicitud de prisión preventiva por 36 meses presentada por el fiscal Carlos Puma contra la excaldesa de Lima, Susana Villarán, incluye en su página 45 una advertencia sobre cierta forma de “contraprestación” en la contratación de actores que participaron en la campaña del No a la Revocatoria.
“Como parte del trabajo efectuado por FX Comunicacao se grabaron diversos spots publicitarios; en estos no solo aparecía Villarán como líder de la campaña, además también (sic) diversas figuras del medio artístico como Gustavo Bueno, Mónica Sánchez, Christian Thorsen […] Estos artistas junto a otros habrían sido contratados por la gestión de Susana Villarán –advirtiéndose aquí también una contraprestación– en razón de haber colaborado en su campaña; esto se evidencia con la información remitida por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Oficio N°3559-2017-EF/52.06”, se puede leer en una captura del documento compartido por el programa dominical en la red social.
Como se recuerda, ya el 14 de agosto de 2014 El Comercio publicó una extensa nota al respecto titulada “Gestión de Villarán contrató a rostros del No el mismo año de la revocación”, que mencionaba –con montos incluidos– a Julio Andrade, Gustavo Bueno, Claudia Cisneros, Christian Thorsen, Magaly Solier, entre otros. Dicho artículo desató una furibunda reacción por parte de las figuras mencionadas que terminó con el DESPIDO del periodista Gustavo Palomino, autor de la nota, por presiones que habría ejercido Pepita García Miró (enérgica y entusiasta participante en la campaña de apoyo a Villarán y miembro de la familia Miró Quesada).
Fuente: Político.pe

Caso Susana Villarán: las claves del pedido de prisión preventiva

Por Jonathan Castro– Diario El Comercio.
El fiscal Carlos Puma Quispe solicitó prisión preventiva por 36 meses contra la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán, y sus ex funcionarios José Miguel Castro, Gabriel Prado, Luis Gómez Cornejo Rotalde, César Meiggs Rojas y Óscar Vidaurreta Yzaga. Los fundamentos de su solicitud se detallan a continuación:
1. Aportes ilegales a la revocatoria
El 2 de enero del 2012, Marco Tulio Gutiérrez adquirió el kit electoral para revocar a la alcaldesa y dio inicio a su campaña. Cuatro días después, Villarán nombró a José Miguel Castro como gerente municipal y a Domingo Arzubialde como gerente de promoción de la inversión privada.
Según la fiscalía, estos nombramientos tuvieron como trasfondo que Villarán continúe en el poder. Así “habría orquestado su idea de pedir dinero, para su campaña por la no revocatoria y posteriormente para su reelección, a las empresas brasileñas que tenían intereses en la Municipalidad de Lima, a cambio de beneficios para aquellas obras”, señala el pedido fiscal al que El Comercio tuvo acceso. Estas constructoras fueron Odebrecht, a cargo de Vías Nuevas de Lima, y OAS, ejecutora del proyecto Línea Amarilla.
Para llevar a cabo la campaña en su favor, Villarán se puso en contacto con el publicista Luis Favre, a través del ex primer ministro Salomón Lerner Ghitis. Favre contactó con su colega brasileño Valdemir Garreta para llevar la asesoría a través de la empresa FX Comunicacao, y este se reunió con Villarán en Lima. La ex alcaldesa le habría dicho que la persona encargada de coordinar la campaña era José Miguel Castro. La remuneración fue acordada en US$3 millones.
Entre fines del 2012 e inicios del 2013, Susana Villarán, a través de José Miguel Castro, solicitó US$3 millones a Odebrecht, y la misma cantidad a OAS. Esta información está respaldada con las declaraciones del ex directivo de Odebrecht Jorge Barata, el cruce de llamadas entre Castro y los funcionarios de esta empresa Guilherme Borjes de Queiroz y Raúl Ribeiro Pereira, el testimonio de Valdemir Garreta y declaraciones de dos colaboradores eficaces.
Castro le habría indicado la forma de pago a Barata: US$2 millones a Garreta para el pago de la asesoría publicitaria y US$1 millón en cuentas y efectivo. Villarán se habría contactado con Barata para insistir en el pedido de Castro, así como para agradecerle por la entrega del dinero. Las planillas de Odebrecht registran pagos por US$711 mil a “Budián”, nombre clave con el que se referían a Castro.
La ex alcaldesa de Lima Susana Villarán junto a José Miguel Castro y Eduardo Zegarra en una de las tantas actividades de la campaña de la No revocación. [Foto archivo El Comercio].
En referencia a los pagos hechos por OAS, la fiscalía cuenta con el testimonio de un colaborador eficaz que dio detalles sobre una conversación entre los ex directivos de esta empresa Valfredo de Assis y Leonardo Fracassi, en la que el primero le señaló al segundo que Castro le pidió la entrega de recursos. Estos ingresos serían pagados por medio de contratos en Brasil entre Garreta y la empresa Ogilvy.
Además, otro colaborador señaló que a inicios del 2013 Valfredo de Asis fue citado a la Municipalidad de Lima, donde conversó con Villarán. Ella le habría dicho que el proceso de revocatoria era “muy duro y que un cambio en la gestión municipal iba a ser muy perjudicial para el desarrollo del proyecto”. A continuación, Castro le dijo que la campaña iba a costar US$8 millones que serían repartidos entre las empresas con concesiones en la municipalidad, por lo que le correspondería pagar US$3 millonesa OAS.
Esta empresa cumplió con los pagos por dos vías. OAS realizó contratos ficticios con la empresa de colocación de avisos en medios Momentum Ogilvy, representada por Óscar Vidaurreta Yzaga, la cual contrató parte de la publicidad pagada en Perú. Además, usaron ‘doleiros’ que le entregaron el dinero a Luis Gómez Cornejo -por indicación de Castro- quien lo distribuía a Anel Townsend y Enrique Juscamaita.
2. Los amigos de Lima
En el allanamiento a la vivienda de Villarán, la fiscalía incautó el libro de la asamblea general de socios de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana. De esta incautación, la fiscalía concluye que ella no solo estaba informada sobre el grupo, sino que lo habría mandado a crear, pues sus integrantes eran miembros de su gestión.
La asociación fue creada el 21 de noviembre del 2012, cuando el proceso de revocatoria ya estaba en marcha, y estuvo conformada por los ex funcionarios Marco del Mastro Vecchione, Cecilia Lévano de Rossi, Guillermo Loli Ramírez, Jorge Antonio Torres Padilla, Daniela Maguiña Ugarte y los militantes de Fuerza Social Brigido Marcos Oriundo Naupari y Natividad Marin Lozano.
Esta agrupación creó cuatro cuentas donde se depositarían un total de S/1 millón y US$228 mil, la mayoría en efectivo, proveniente de los fondos ilícitos de las constructoras brasileñas.
3. El uso de los recursos
Según la acusación fiscal, el dinero recolectado fue usado para pagar a la empresa FX Comunicacao, encargada del marketing político, y las emisiones publicitarias.
Los pagos a la empresa de Garreta se realizaron de la siguiente forma: Odebrecht aportó 5 cuotas de US$400 mil cada una entre mayo del 2014 y mayo del 2015; mientras OAS realizó 4 entregas de 500 mil reales aproximadamente, entre junio y agosto del 2013. En total, recibieron US$3 millones. Favre recibió medio millón de dólares de estos fondos.
Paneles con fotografías de artistas y deportistas fueron parte de la millonaria campaña de la ex alcaldesa de Lima. La fiscalía encontró una contrato con el actor Christian Thorsen, entre otros. (Fotos: Archivo El Comercio).
La campaña por el “No” contrató publicidad con medios de comunicación y paneles publicitarios por un total de S/5’460,246.33. Sin embargo, a las cuentas recolectoras de fondos de campaña solo ingresó S/1,4 millones y US$228 mil, por lo que se desprende que el dinero no fue bancarizado ni en las cuentas de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana ni en las de María Julia Mendez Vega, tesorera de la campaña. La fiscalía tiene la hipótesis de que los aportes en efectivo fueron la vía para inyectar los fondos que Castro recibió de Barata.
Una de las empresas que tuvo un rol importante en la contratación de la publicidad fue Momentum Ogilvy, empresa de colocación de avisos en medios de comunicación de Óscar Vidaurreta Yzaga.
Además, la fiscalía da cuenta de contratos entre la Municipalidad de Lima y participantes de la campaña contra la revocatoria. La empresa Visionaria, representada por Óscar de la Flor Arbulú, participó de la campaña y brindó servicios a la gestión de Villarán por S/571 mil.
La acusación también recoge los contratos entre la Municipalidad de Lima y tres actores que participaron de la campaña por el “No”: Magaly Solier, Julio Andrade y Christian Thorsen, cada uno contratado por S/7 mil en el 2013.
4. Los beneficios para las empresas
La fiscalía sostiene que el Concejo de la Municipalidad de Lima aprobó la iniciativa privada “Proyecto Vías Nuevas de Lima”, sin que se aprecie una adecuada exposición del proyecto, el 18 de febrero del 2012. Dos empresas subsidiarias de Odebrecht formaron el consorcio que se adjudicó el proyecto.
El contrato se firmó el 9 de enero del 2013, presuntamente luego del pedido de dinero a Barata, y sin opinión previa del Ministerio de Economía, pese a que era obligatorio.
Sobre la firma de la adenda al contrato de Línea Amarilla, a cargo de OAS, la fiscalía señala que los acuerdos vulneraron las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública y las regulaciones de las asociaciones público-privadas. Este documento se suscribió el 13 de febrero del 2013, después del presunto pedido de aportes.
La gestión de Susana Villarán dio los primeros pasos en la obra Línea Amarilla, llamada en ese entonces como Vía Parque Rímac. (Foto: Archivo El Comercio).
“La incorporación del proyecto Río Verde y obras de integración urbana al contrato de concesión generó el cambio de la naturaleza de la concesión de autosostenible a cofinanciado, siendo necesario que, para la aprobación de la modificación del contrato se solicite la opinión previa del Ministerio de Economía”, señala el pedido presentado por el fiscal Puma. No se cumplió este último requisito.
5. La cuenta en Andorra 
Odebrecht creó una cuenta en la Banca Privada de Andorra a nombre de Renton Holding, en la que el ex funcionario Gabriel Prado fue el beneficiario final. Su propósito era recibir aportes ilícitos de la Caja 2 de la constructora brasileña.
La fiscalía cuenta con información que corrobora la reunión entre Castro y Prado con Andrés Norberto Sanguinetti Barros, funcionario de esta entidad bancaria, en el hotel Novotel.
6. La campaña de reelección
Dos colaboradores eficaces han señalado que en la campaña de reelección de Villarán en el 2014 se usó la misma modalidad de recaudación de fondos ilícitos. Según uno de ellos, José Miguel Castro le solicitó a Adelmahiro Pinheiro, conocido como Leo Pinheiro y ex presidente de OAS, la suma de US$4 millones “por el tamaño del proyecto [Vía Parque Rímac]”. El empresario brasileño aceptó.
De parte de la constructora, Leonardo Fracasi se encargó de realizar contratos ficticios para que se pueda generar el dinero ilícito. De parte de la Municipalidad de Lima, Castro habría señalado a César Meiggs como el encargado de la receptación de fondos.
El informe final de la campaña ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) registró ingresos por un total de S/1.3 millones. En el proceso de verificación, la fiscalía constató que 39 personas señalaron no haber realizado aportes y que seis dijeron que no dieron recursos para la campaña de Villarán, sino para otras candidaturas de su agrupación. También se detectó que se subvaluó los gastos en medios de comunicación y paneles publicitarios.
A Villarán y Castro se les acusa de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo propio y lavado de activos. Su situación se definirá en la audiencia del lunes.

Contratos ficticios validaron US$4 millones para la reelección

Por Jonathan Castro– Diario El Comercio.
Después de recibir los aportes económicos para la campaña contra la revocación, Susana Villarán tuvo el mismo gesto con dos ex funcionarios de alto nivel de las constructoras brasileñas: se comunicó con ellos para agradecerles su apoyo. Así lo sostuvieron Jorge Barata, ex superintendente de Odebrecht en el Perú, y José Aldemário Pinheiro (conocido como Léo Pinheiro), ex presidente de OAS, en sus declaraciones ante el equipo especial del Caso Lava Jato que fueron incluidas en el pedido de prisión preventiva para la ex alcaldesa.
El fiscal Carlos Puma Quispe, a cargo de la investigación, también encontró evidencias sobre aportes ilícitos realizados en la campaña en la que Villarán buscó la reelección. Dos colaboradores eficaces declararon que OAS realizó contratos ficticios con dos compañías del empresario César Meiggs para entregar US$4 millones a la causa de la ex alcaldesa.
El Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva por 36 meses para Villarán, los ex gerentes edilicios José Miguel Castro y Gabriel Prado, y otros tres imputados, por presuntamente haber recibido US$10 millones de Odebrecht y OAS para las campañas contra la revocación (2013) y por la reelección (2014) de la ex alcaldesa. A continuación, las principales evidencias encontradas contra ellos.
1. Castro habría solicitado aportes por igual a Odebrecht y OAS para la campaña del No.
El 2 de enero del 2012, Marco Tulio Gutiérrez adquirió el kit electoral para revocar a la alcaldesa e inició su campaña. Cuatro días después, Villarán nombró a José Miguel Castro gerente municipal y a Domingo Arzubialde gerente de Promoción de la Inversión Privada.
Según la fiscalía, estos nombramientos tuvieron como trasfondo que Villarán se mantuviera en el poder. Así “habría orquestado su idea de pedir dinero para su campaña por la no revocatoria y posteriormente para su reelección, a las empresas brasileñas que tenían intereses en la Municipalidad de Lima, a cambio de beneficios para aquellas obras”, señala el pedido fiscal al que este Diario accedió. Estas constructoras fueron Odebrecht, a cargo del proyecto Vías Nuevas de Lima, y OAS, ejecutora de Línea Amarilla.
Para llevar a cabo la campaña a su favor, Villarán se puso en contacto con el publicista Luis Favre, a través del ex primer ministro Salomón Lerner Ghitis. Favre se contactó con su colega brasileño Valdemir Garreta para realizar la asesoría a través de la empresa FX Comunicaciones.
Garreta se reunió con Villarán en Lima. La ex alcaldesa le habría dicho que la persona encargada de coordinar la campaña era José Miguel Castro. La remuneración del equipo de publicistas fue acordada en US$3 millones.
Entre fines del 2012 e inicios del 2013, Susana Villarán, a través de Castro, solicitó US$3 millones a Odebrecht, y la misma cantidad a OAS, según la fiscalía. Esta información está respaldada en las declaraciones de Barata, el cruce de llamadas entre Castro y los funcionarios de Odebrecht Guilherme Borjes de Queiroz y Raúl Ribeiro Pereira, el testimonio de Valdemir Garreta y declaraciones de colaboradores eficaces.
Castro le habría indicado la forma de pago a Barata: US$2 millones a Garreta para el pago de la asesoría publicitaria y US$1 millón en cuentas y efectivo. Villarán se habría contactado con Barata para insistir en el pedido de Castro, así como para agradecerle por la entrega del dinero. Las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas, la caja 2 usada para contribuciones ilícitas, registran pagos por US$711 mil a ‘Budián’, nombre clave con el que se referían a Castro.
Para la recepción de parte de estos fondos, se abrió una cuenta en la Banca Privada de Andorra, en la que Gabriel Prado era el beneficiario. Su abogado, Eduardo Roy Gates, señaló que no se le hizo ningún depósito. Agregó que aún no ha sido notificado.
2. OAS realizó aportes de su propia división de sobornos con contratos ficticios.
La fiscalía cuenta con el testimonio de un colaborador eficaz que señaló que a inicios del 2013 el ex directivo de OAS Valfredo de Asis fue citado a la Municipalidad de Lima a conversar con Villarán. Ella le habría dicho que el proceso de revocación era “muy duro y que un cambio en la gestión municipal iba a ser muy perjudicial para el desarrollo del proyecto”. A continuación, Castro le dijo que la campaña iba a costar US$8 millones que serían repartidos entre las empresas con concesiones en la municipalidad, por lo que le correspondería pagar US$3 millones a OAS.
Además, Léo Pinheiro afirmó que Castro y Villarán le solicitaron aportes para esta campaña en una reunión. El empresario estaba interesado en mantener la ejecución del proyecto Vía Parque Rímac (o Línea Amarilla).
OAS cumplió los pagos. Para ello realizaron contratos ficticios con la empresa de colocación de avisos en medios Momentum Ogilvy, representada por Óscar Vidaurreta Yzaga, agencia que contrató parte de la publicidad de la campaña contra la revocación. Los contratos ficticios se realizaron con las sucursales de Ogilvy en Ecuador, Colombia y Chile. El colaborador que dio esta información señaló que fueron “completamente ficticios”. La defensa de Vidaurreta indicó que aún analizan el caso.
La constructora utilizó ‘doleiros’ para introducir los fondos al país y entregárselo a Luis Gómez-Cornejo –por indicación de Castro–, quien lo distribuyó a Anel Townsend y Enrique Juscamaita.
Otros testimonios refieren que el ex directivo Alexander Alves le entregó US$1 millón en efectivo a Gómez-Cornejo. En comunicación con El Comercio, su abogado Karl Borjas rechazó los cargos y señaló que hasta el miércoles fue considerado testigo del caso.
3. También se firmaron contratos ficticios para la campaña por la reelección.
Dos colaboradores eficaces han señalado que en la campaña de reelección de Villarán del 2014 se usó la misma modalidad de recaudación de fondos ilícitos. Según uno de ellos, José Miguel Castro le solicitó a Léo Pinheiro US$4 millones “por el tamaño del proyecto [Vía Parque Rímac]” que tenían en desarrollo. El empresario brasileño aceptó.
De parte de la constructora, Leonardo Fracasi se encargó de realizar contratos ficticios con el empresario César Meiggs, a quien Castro había designado para estos trámites. Los acuerdos fueron suscritos con sus empresas de construcción CMR y Servicios Generales Generación.
“A veces se efectuaban servicios reales con el objeto de disfrazar la generación de caja 2, pero se ponían valorizaciones sobre precios de servicios que no correspondían, eso se hizo en las empresas Generación y CMR”, indicó uno de los colaboradores eficaces.
El informe final de la campaña del 2014 ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) registró ingresos por un total de S/1,3 millones. En el proceso de verificación, la fiscalía constató que 39 personas señalaron no haber realizado aportes y que seis dijeron que no dieron recursos para la campaña de Villarán, sino para otras candidaturas de su agrupación. También se detectó que se subvaluaron los gastos en medios de comunicación y paneles publicitarios.
4. Ex funcionarios edilicios sostienen que Villarán dirigió la campaña.
La fiscalía ha considerado los testimonios de los ex colaboradores de Villarán Eduardo Zegarra, Gustavo Guerra García, Anel Townsend, Daniela Maguiña y Marisa Glave para señalar que la campaña contra la revocación fue dirigida por la propia alcaldesa. Como prueba de ello, sostiene que la ex autoridad participó en varias reuniones de planificación, eligió a Luis Favre como publicista y a Townsend como jefa de campaña. Castro también tuvo protagonismo en las coordinaciones, según los testigos.
Además, en el allanamiento de la vivienda de Villarán la fiscalía incautó el libro de la asamblea general de socios de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana. De esta incautación, la fiscalía concluye que ella no solo estaba informada sobre el grupo, sino que lo habría mandado a crear, pues sus integrantes eran miembros de su gestión edilicia.
La asociación fue creada el 21 de noviembre del 2012, cuando el proceso de revocación ya estaba en marcha, y estuvo conformada por los ex funcionarios Marco del Mastro Vecchione, Cecilia Lévano de Rossi, Guillermo Loli Ramírez, Jorge Antonio Torres Padilla, Daniela Maguiña Ugarte y los militantes de Fuerza Social Brigido Marcos Oriundo Naupari y Natividad Marín Lozano. Crearon cuatro cuentas donde se depositaron S/1 millón y US$228 mil, la mayoría en efectivo, proveniente presuntamente de los fondos ilícitos de las constructoras brasileñas.
5. El dinero ilícito se utilizó para el pago de publicistas y contratos en medios.
Los pagos a la empresa de Garreta se realizaron de la siguiente forma: Odebrecht aportó cinco cuotas de US$400 mil cada una, entre mayo del 2014 y mayo del 2015; mientras OAS realizó cuatro entregas de 500 mil reales aproximadamente, entre junio y agosto del 2013. En total, recibieron US$3 millones. Favre cobró medio millón de dólares de estos fondos.
La campaña por el No contrató publicidad con medios y paneles publicitarios por un total de S/5’460.246,33, de acuerdo con las cartas enviadas por las empresas de comunicaciones. La fiscalía tiene la hipótesis de que la mayor parte de este dinero no fue bancarizado ni en las cuentas de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana ni en las de María Julia Méndez Vega, tesorera de la campaña. Por ello, consideran que los aportes en efectivo fueron la vía para inyectar los fondos que Castro recibió de Barata.
Además, la fiscalía da cuenta de contratos entre la Municipalidad de Lima y participantes en la campaña contra la revocación. La empresa Visionaria, representada por Óscar de la Flor Arbulú, participó en la campaña y brindó servicios a la gestión de Villarán por S/571 mil. También incluyó a los artistas Magaly Solier, Julio Andrade y Christian Thorsen, quienes fueron contratados por S/7 mil cada uno en el 2013.
6. Contratos firmados por las constructoras no pasaron por el MEF.
La fiscalía sostiene que el Concejo de la Municipalidad de Lima aprobó la iniciativa privada Proyecto Vías Nuevas de Lima y la adenda al contrato de Línea Amarilla sin contar con la opinión previa del Ministerio de Economía (MEF), pese a que era obligatorio. Ambos contratos fueron firmados en los primeros meses del 2013, después del presunto pedido de aportes a ambas empresas.
*Con la colaboración de Martín Calderón, Rocío La Rosa, Rodrigo Cruz y René Zubieta.

Forsyth sobre Villarán: “Los que han sido culpables que se vayan a la cárcel”

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, expresó estar sorprendido frente al pedido de 36 meses de prisión preventiva para la excaldesa de Lima Susana Villarán, quien, de acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público, habría recibido 10 millones de dólares de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para sus campañas contra la revocación y reelección.
Recordemos que Forsyth, en representación del club Alianza Lima, llamó a votar por el ‘No’ a la revocatoria de Villarán.
“Como muchos de los limeños que participamos en esa campaña votando por el ‘No’, obviamente todos nos sentimos sorprendidos, al igual que los muchos que votaron por los expresidentes que ahora están presos y fugados”, dijo el exguardameta.
Sin embargo, sostuvo que “tenemos que ser drásticos y los que han sido culpables que se vayan a la cárcel”. “La corrupción es el cáncer que está viviendo el Perú en general, pero hay gente que está muy comprometida en cambiar el país”, agregó.
Vale mencionar que, según el fiscal Carlos Puma -miembro del equipo especial del caso Lava Jato-, la exburgomaestre capitalina habría recibido 6 millones de dólares de firmas cariocas para su campaña por el ‘No’: 3 millones de dólares de Odebrecht (a cargo del proyecto ‘Rutas de Lima’) y 3 millones de dólares de OAS (a cargo del proyecto ‘Línea Amarilla’).
Además, OAS habría inyectado 4 millones de dólares a la campaña de reelección de Villarán.
La solicitud de cárcel provisional también alcanza al exgerente municipal José Miguel Castro (cuyo codinome en el Departamento de Operaciones Estructuradas sería ‘Budian’), el exfuncionario edilicio Gabriel Prado, Luis Ernesto Gómez-Cornejo Rotalde, César Meiggs Rojas y Óscar Vidaurreta Yzaga.
Fuente: Diario EXPRESO.

¿SE NOTA MI CHALECO O ME SACO EL POLO?”, PREGUNTÓ MALCRIADO

El mayor PNP Freddy Ordinola, jefe del operativo en la diligencia el día del suicidio del expresidente Alan García, protagonizó un altercado con el legislador aprista Jorge del Castillo, durante una sesión de ayer en el Congreso. Allí el agente afirmó que ellos eran conscientes de que García tenía armas de fuego. Y luego Ordinola alterado se sacó desafiante la casaca que tenía puesta y mostró su chaleco antibalas. “Quería sacarme la casaca porque ya no aguanto, para que vean mi chaleco. Están que nos cuestionan eso del chaleco y me parece muy incómodo ya. ¿Se nota mi chaleco o me saco el polo?”, preguntó malcriado.  Esa es la verdad. No mal informen oficialistas.

POLICÍA POLÍTICA

El ministro del Interior, el señor Carlos Morán, se ha victimizado y ha victimizado a la policía política del régimen, la Diviac, ante preguntas incómodas de los congresistas de la Comisión de Defensa a sus agentes por la diligencia en la casa del ex presidente Alan García el día de su suicidio. ¿Cuál es su problema? ¿Por qué tanta chilla de la prensa palaciega?

MINISTRO “COLADERA”

Guste o no guste, el Congreso es eso, señores, la entidad pública donde hay una palabra clave que se  llama control político y otra que se llama fiscalización, palabras tan odiadas por el vizcarrato y sus opinólogos. ¿Por qué llora tanto el ministro coladera, Carlos Morán? Debería preocuparse sobre todo de las fugas permitidas por su Diviac. Ya son varios: Hinostroza, los chalacos, un lobista de Odebrecht y ahora Donayre.

MESURADO

En ningún momento hubo nada fuera de lugar ni nada malcriado contra el “gringo” Colchado, el engreído de la caviarada. No hubo nada faltoso contra “Coladera”, como ha declarado concluido el debate el titular del grupo de Defensa, Jorge del Castillo, siempre mesurado. Y eso estuvo más que claro con sus declaraciones a canal N donde también participó García Belaunde, otro ponderado. Si hay excesos, como tal vez los hubo, solo es parte de la práctica parlamentaria.

DOBLE FALTA

Antes, el vocero de Nuevo Perú, el zurdo Richard Arce, protagonizó otras escenas de figuretti en la sesión de la Comisión de Defensa, durante la presentación del Ministro del Interior y la gentita de la Diviac. Primero, llegó tarde a la sesión, y ahí mismo, a pesar de la tardanza, exigió el uso de la palabra. Esto generó que Jorge del Castillo le niegue la palabra, lo que generó el reclamo airado de Arce ¿Qué pasó?

¿EN EL GABINETE?

Durante la sesión de Defensa Nacional, uno de los oficiales de la Diviac que se presentó, se confundió en la sesión y cuando Luz Salgado (Fuerza Popular) le realizaba unas preguntas, optó por responderle con un “mire ministra”. Esto generó la risa de los asistentes, pero más se encendió todo, cuando Salgado respondió que era congresista y no ministra, al menos, “todavía” no era del Gabinete. Parece que alguien ya se vislumbra como integrante del gabinete, quizás para lo que queda del gobierno o porque cree que ganarán en 2021.
Fuente: Diario EXPRESO.

El coronel sí tiene quién le escriba

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
El jefe de la Diviac delibera impunemente sobre autoridades y actores políticos al amparo del gobierno y en contubernio con poderes fácticos que le dicen amén. ¡Y esa división policial es tan “técnica” que ni siquiera sabe operar una cámara de video!
Pueden haber muchas definiciones de policía política. Una de ellas es aquella fuerza armada y de inteligencia que trabaja no al servicio del Estado (que somos todos) sino al servicio del gobierno de turno y en contra de determinados actores políticos que, por lo general, son adversarios o enemigos. Otra definición que puede tenerse por indiciaria y complementaria de la primera es aquella en la que el jefe de la policía realiza opiniones políticas avaladas por el gobierno (pero prohibidas por la Constitución, que les impide deliberar políticamente) en contra de actores políticos y autoridades del Estado que nunca pertenecen al gobierno de turno.
Este lunes desfilaron ante una comisión ordinaria del Parlamento el ministro del Interior, el jefe de la Diviac (División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad) y el director de la Policía Nacional, así como los agentes que participaron en el operativo que terminó con el lamentable suicidio de un expresidente del Perú. El objeto de la pesquisa legislativa era obvia: saber si se cumplieron con los protocolos para una intervención de esa envergadura dada la alta dignidad que se pretendía detener.
La sesión duró cinco horas y nunca quedó claro si esos protocolos se cumplieron, porque la policía se fue por la tangente con una serie de artimañas dejando en la penumbra el objeto del interrogatorio. Por supuesto que a quienes hemos visto la televisión los titulares de los diarios, opinólogos invitados y hasta algunos políticos y colegas de quienes estuvieron en la sesión -presidida por Jorge del Castillo– nos han querido vender la idea de que la policía fue maltratada por los congresistas.
La “objetividad” unánime de la aplanadora antifujimorista y antiaprista puede graficarse en la entrevista de Jaime Chincha sobre el tema. El periodista abre con el típico soliloquio que dice que hay “consenso” entre varias personalidades de que los policías fueron maltratados y convocados a una emboscada por la comisión para luego recalcar que ÉL se encuentra entre los que piensan eso –¡como si a alguien le tuviera que importar la opinión por adelantada del entrevistador!– y, acto seguido, anuncia con bombos y platillos….¡al ministro del Interior! para que se despache a sus anchas contra la comisión y el Congreso.
No vamos a hacer aquí un recuento sobre lo acontecido durante esas cinco horas, tampoco sobre el mal gusto de uno de los policías de desafiar a los parlamentarios con su chaleco antibalas en un show de mala factura y machonamente amenazar con quitarse el polo para exhibir el pelo en pecho de la hombría. Por favor, ¡qué circo es ese! Tampoco vamos a incidir en lo estúpido que suena que una policía de “alta complejidad” no sepa cómo manejar una cámara filmadora ni cómo prender el audio de la misma. Menos vamos a aburrir al lector sobre cómo fueron convocados estos policías entre gallos y medianoche en una avenida saliendo cada uno de su propia casa cuando lo que se estila es que en un operativo de tal magnitud todos salgan de un mismo sitio donde previamente han estado concentrados recibiendo las órdenes debidas.
Vamos a quedarnos con lo sustancial de la sesión que es lo que la casi unanimidad de la prensa ha querido vender: que la Diviac no es una policía política (que fue lo que dijo el almirante Tubino para luego disculparse, en un exceso de caballerosidad como acostumbran quienes han sido formados en la Marina).
Quien dirige la Diviac es el coronel PNP Harvey Colchado. Hace unos meses, este policía dijo, entre otras cosas, al portal web Convoca.pe: “[El fiscal de la Nación] Pedro Chávarry es un ‘cuello blanco’. Su permanencia en el cargo altera los avances realizados por las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro. Chávarry sí se prestaba [a las acciones de esta red]. Estos tres fiscales (Chávarry, Rodríguez y Gálvez [que luego ungieron con sus votos a Zoraida Ávalos y antes lo hicieron con Pablo Sánchez] funcionan como una unidad; Chávarry los protege porque depende de ellos, debido a que son cinco fiscales supremos titulares, y son ellos quienes, por mayoría, representan un respaldo ante cualquier intento de vacancia [del fiscal de la Nación]. Los tres conforman un triángulo que deja visos de que son una red criminal, no sólo aquí sino a nivel nacional. Es clarísimo que el fiscal del partido fujimorista es Pedro Chávarry. Esto ha quedado demostrado con la falta de voluntad de la bancada fujimorista para iniciar un proceso contra Chávarry.”
Si lo que dice el jefe de la Diviac no son declaraciones y opiniones políticas sobre autoridades del Estado y sobre líderes de partidos políticos y bancadas específicas en el Congreso, entonces, ¿qué son? El coronel imparte sambenitos a diestra y siniestra al amparo y con la bendición de una amplia cobertura periodística, de sus superiores, del presidente de la República (que fiel a su demagogia barata salió a respaldar a la policía por la afrenta que le había hecho el Congreso), del juez Concepción Carhuancho y de los fiscales del equipo Lava Jato Vela, Pérez y Compañía. En otras palabras: el jefe de la Diviac DELIBERA impunemente y pretende, con sus periodistas ayayeros, que la Diviac no es una policía que, por lo menos, da indicios más que razonables para calificar como POLÍTICA EN SUS OBJETIVOS.
En resumen. 1.- La Diviac sí es una policía con intereses políticos evidentes apoyada por una maquinaria política (prensa, ONG, gobierno, red de fiscales y jueces conocidos, etc). 2.- El operativo de intervención en la casa del expresidente Alan García fue un completo desastre, no por su suicidio –como se pretende hacer creer a los despistados– sino porque salta a la vista la improvisación y desorganización de lo poco que se conoce que ocurrió, a través de la grabación sin audio a cargo de una policía “especialista en delitos de alta complejidad” que no sabe ni cómo opera una filmadora.
Finalmente, mención aparte merece la posición de la izquierda como “defensora” de la Policía Nacional y la rasgadura de vestiduras de sus líderes del FA y de NP. ¡Acaso no recuerdan cuando en mayo de 2016 el congresista Wilbert Rozas se lanzó contra los policías que detenían a una mujer que se manifestaba violentamente en el frontis del Congreso! ¡Fariseos!

En el 2014, separan a instructor de la Escuela PNP

Por EDUARDO NIZAMA- Diario Correo.
El teniente PNP Freddy Ordinola Castillo, quien participó del brutal ataque contra un alumno de la Escuela Técnica Superior de la PNP de la región Tumbes, José Mera García (18), fue separado de su cargo como instructor de la referida casa de estudios, mientras se investiga el hecho.
El joven se recupera en un nosocomio local, mientras se espera sea derivado al Hospital de la PNP en Lima.
“Yo estoy presentando una denuncia contra este tipo (el instructor) por tres delitos: atentado contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de tentativa de homicidio, omisión al socorro y abuso de autoridad. Mi hijo no se puede manejar solo, pues necesita de la ayuda de 2 personas para poder hacer sus necesidades”, lamentó el padre de la víctima, José Mera Calderón.

Diviac: La policía política

Por Mariella Balbi– Diario EXPRESO.
Muchas voces en la Fiscalía consideran a la Diviac (División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, 500 integrantes) como la policía política, denominación que tuvo el efecto del ajo para el vampiro en el ministro del Interior y los integrantes de la Diviac, citados por la Comisión de Defensa del Congreso para aclarar hechos extraños en el operativo de allanamiento y detención del expresidente Alan García.
En la Fiscalía hay desmoralización ante la soberbia y potencia política de Diviac. Fiscal que no la usa y trabaja –como debe ser– con la Policía Judicial es mal visto. Lo usual es actuar con la Policía Judicial, lo excepcional es hacerlo con Diviac. El juez designó a la  Policía Judicial para el allanamiento a Alan García. El fiscal Pérez, arbitrariamente, llama a Diviac. En la Fiscalía no son ciegos a los excesos de dos fiscales anticorrupción.
El presidente y el premier respaldaron políticamente a la Diviac por el “maltrato recibido en el Congreso”. El ministro del Interior se despachó contra los congresistas de la comisión, exigiendo disculpas. Lo acompañaban el director de la Policía y el “protegido” jefe de la Diviac, coronel Harvey Colchado.
Vaya poder que encarna Colchado para recibir el patrocinio de paje a rey. Confirma que Diviac es la policía política. Colchado y el ministro Morán cantaron la misma copla, declarando: “qué culpa tiene la policía de intervenir a delincuentes de cuello y corbata”. Patapúfete. El psicosocial es obvio: condenaron al expresidente García y se volvieron los vejados en un tris. Siempre apoyados por una prensa adicta y vinculada a Lava Jato.
Los ‘diviac’ que declararon ante la comisión fueron instruidos para mostrarse desafiantes y provocadores. Su insolencia era notoria. La suboficial que grabó el allanamiento recurrió al cuentito de que no conocía la cámara y por eso no hay audio. ¿Así se preparan los operativos en Diviac? Afirmó que no comieron hasta las 8 p.m. Los trabajadores de Alan García dicen lo contrario: además de comer y pasearse por el inmueble, los ‘diviac’ dejaron todo sucio.
El mayor Ordinola –acusado de tortura– que retó a los congresistas ofreciendo quitarse la camisa para enseñar su chaleco antibalas porque estaba ‘asado’, se llevó el premio a la patanería. Y luego Colchado denostó a sus colegas de la Policía Judicial por los fracasos en los casos Donayre, Hinostroza y otros.
Diviac –lo manifestó uno de ellos– hace reglajes previos a las detenciones. Espía. Colchado, jefe policial del caso ‘Cuellos Blancos’ y del grupo de escucha Constelación,  acusó al ex fiscal de la Nación, Gonzalo Chávarry, de ser “el fiscal del partido fujimorista”. El ministro Morán dijo que lo investigarían, nada sabemos. Diviac presionó a la seguridad de Chávarry para implicarlo en el deslacrado y ha detenido a todos los políticos. Ordinola ayudó a Humala en su juicio ¿Alguien duda de que es una siniestra policía política?

Todos los acusados y las penas solicitadas por los presuntos aportes de Odebrecht

El fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato, Germán Juárez Atoche presentó la acusación fiscal contra el expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia y otras nueve personas por los presuntos aportes ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht a las campañas presidenciales del Partido Nacionalista en 2006 y 2011.
Juárez Atoche solicitó 20 años de prisión para Humala por “lavado de activos agravado” en sus dos campañas presidenciales, mientras que para la exprimera dama pidió 26 años y seis meses de cárcel. El fiscal explicó que se solicita más tiempo para Heredia porque se le imputan “tres hechos punibles” por “haber percibido dinero maculado (sucio) en la campaña de 2006, por actos de ocultamiento, compra de inmuebles, y por la campaña de 2011”.
La solicitud de cárcel por este caso también alcanza a gente del entorno de la pareja, entre ellos el hermano y la madre de la exprimera dama, Ilan Heredia Alarcón y Antonia Alarcón Cubas. También a la amiga de Heredia, Rocío del Carmen Calderón Vinatea y al excongresista nacionalista Santiago Gastañadui.

Las penas solicitadas

La fiscalía acusa Humala y Heredia como coautores del delito de lavado de activos, en la modalidad de conversión en las campañas presidenciales de 2006 y 2010. En el caso de la exprimera dama se agregó el delito de lavado de activos en la modalidad de ocultamiento, por esta razón le pena solicitada en su contra es de 26 años y 6 meses.
Juárez Atoche pidió la misma condena para Rocío del Carmen Calderón Vinatea, amiga de Nadine Heredia, señalada como cómplice primaria, autora y coautora de los delitos de lavado activos. Para Ilan Heredia y Antonia Alarcón, el fiscal solicita 20 años de cárcel para cada uno.
También son acusados Martín Belaunde Lossio, Eladio Mego Guevara, Santiago Gastañadui, Maribel Amelita Vela Arévalo, Mario Julio Torres Aliaga y Carlos Gabriel Arenas Gómez Sánchez como cómplices primarios, y en todos los casos se pide 10 años de pena privativa de la libertad.
La fiscalía solicita además la disolución y liquidación de la empresa Todo Graph y del Partido Nacionalista Peruano en su calidad de personas jurídicas por haber sido presuntamente instrumentalizados “para efectos de lavar dinero”.

El caso

En la campaña electoral del 2011, que Humala ganó a Keiko Fujimori, Odebrecht entregó tres millones de dólares para la campaña del partido Nacionalista, de los cuales un millón fueron recibidos personalmente por Nadine Heredia, según confesó el exsuperintendente de la constructora en Perú Jorge Barata a la fiscalía peruana.
Tras la victoria electoral de Humala, Odebrecht ganó la concesión, junto a la española Enagas y la peruana Graña y Montero, del Gasoducto Sur Peruano, una obra de 7,000 millones de dólares, que tras el escándalo fue anulada por el Estado peruano.
Sin embargo, los aportes irregulares se remontan, según la Fiscalía, a la campaña de 2006, que Humala perdió ante Alan García, procedentes del Partido de los Trabajadores del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. El dinero para financiar esa primera campaña nacionalista fue ingresado a las cuentas de Heredia como presuntos pagos por contratos laborales, que resultaron ficticios, según la investigación de Juárez.
Juárez Atoche no descartó que se solicite nuevamente prisión preventiva para Humala y Heredia con el fin de que ambos puedan acudir a las audiencias. “Las medidas cautelares se están evaluando para efectos de ver la mejor medida y garantizar que los imputados estén presentes en la audiencia”, expresó.
Fuente: Diario El Comercio.

Nueve testigos de Brasil incriminan a Ollanta Humala y Nadine Heredia

Por Karem Barboza Quiroz– Diario El Comercio.
Casi 130 elementos de convicción contra el ex presidente Ollanta Humala y más de 230 contra su esposa, Nadine Heredia, sustentan la acusación que el fiscal del equipo especial Lava Jato Germán Juárez Atoche presentó contra la pareja por el presunto delito de lavado de activos agravado.
Con estos, la fiscalía busca demostrar en un próximo juicio oral que la pareja “estaba en condición de presumir que los activos [los aportes] otorgados tenían origen ilícito” y, pese a ello, fueron usados para las campañas electorales del 2006 y el 2011.
—Gobiernos y corrupción—
Según la tesis planteada en el caso de la campaña del 2006, el fiscal explica que, durante la gestión del ex presidente venezolano Hugo Chávez se habría pactado el apoyo a la campaña electoral.
El dinero aportado, indica Juárez, provino de las arcas del Estado Venezolano que Chávez usó “para beneficio propio y de terceros”. Muestra de que el dinero era ilegal, indica, es que su gobierno habría usado a las empresas Kaysamak C.A. y Venezolana de Valores (Veneval) para hacer las transferencias a los Humala.
Otra muestra de que la pareja presumía la ilicitud del dinero, agrega el fiscal, fue que los aportes no los recibieron ellos, sino que se hizo a través de Antonia Alarcón Cubas, madre de Heredia, y de su amiga Rocío Calderón; quienes hicieron depósitos posteriores a la ex primera dama. Esta a su vez lo introdujo en la alianza política por la que postuló a Humala y, luego, adquirió bienes inmuebles.
Para la campaña del 2011, el fiscal sostiene que el aporte de OAS (aproximadamente US$500 mil) habría salido de una contabilidad paralela cuyo dinero provenía de los contratos ganados por la empresa a través de pactos corruptos.
Dicha ilicitud habría sido presumida por los acusados, ya que los pagos que la empresa hizo a Heredia a través de Calderón y el pago a Valdemir Garreta por la publicidad de la campaña del Partido Nacionalista Peruano no correspondían a los actos legales propios de la empresa.
En el caso de los US$3 millones de Odebrecht, entregados por disposición del Partido de los Trabajadores (PT) fundado por Luiz Inácio Lula da Silva, este habría puesto a disposición de los esposos el dinero de “una especie de cuenta corriente nacida, poseída y contabilizada de la empresa en referencia” que provenía de los actos de corrupción en Brasil y otros países y que era “utilizada a discreción por el partido de gobierno brasileño”.
Los Humala, indica el fiscal, debían presumir su ilicitud, puesto que se usaron mecanismos ocultos, como pagos a través de seudónimos (codinomes) y entregas en maletines, para hacer llegar el dinero.
—Los brasileños—
Para demostrar lo anterior, el fiscal ofreció como elementos de convicción las declaraciones de nueve testigos brasileños que incriminan a los Humala.
Por parte de Odebrecht, están Marcelo Odebrecht, Jorge Barata, Luiz Antonio Mameri, Fernando Migliaccio y Hilberto Silva. Ellos habrían declarado sobre la “relación corrupta de la empresa con el PT”, la contabilidad y los pagos a la pareja peruana a través de la División de Operaciones Estructuradas.
También fue ofrecido Valfredo de Assis Ribeiro de OAS, para que declare sobre el dinero entregado a Heredia. Además, sobre la forma en que la empresa ganó la buena pro del hospital Lorena de Cusco en la gestión del nacionalista Jorge Acurio.
Además, están los publicistas Valdemir Garreta, Joao Santana y Mónica Moura, quienes deberán explicar el interés que el PT tenía en apoyar la campaña de Humala.
El fiscal indica que pudo haber existido un “pacto antelado de colusión” con OAS y Odebrecht. “Siendo así, las obras entregadas [por el Gobierno Central] durante el gobierno de Ollanta Moisés Humala Tasso, a las empresas OAS y Odebrecht, resultarían cuestionables”.
También fueron ofrecidas como pruebas las agendas de Heredia, una declaración del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski y los audios interceptados legalmente sobre el Caso Madre Mía.

Las claves de la acusación fiscal contra Ollanta Humala y Nadine Heredia

Por Karem Barboza Quiroz– Diario El Comercio. 
El fiscal del equipo especial Lava Jato Germán Juárez Atoche solicitó 20 años de prisión para el ex presidente Ollanta Humala, y 26 años y 6 meses para su esposa, la ex primera dama Nadine Heredia. El magistrado formalizó la acusación contra la ex pareja presidencial por el presunto delito de lavado de activos agravado en el ámbito de la Ley de Crimen Organizado.
La acusación, que se presentó ante el despacho del juez Richard Concepción Carhuancho, tiene 1,500 folios. A ello se le suman 160 tomos del expediente principal y otros 388 cuadernos auxiliares a la investigación fiscal que contienen informes de cooperación internacional de otros países, informes de levantamiento de secreto de las comunicaciones y secreto bancario, según informó el fiscal Juárez Atoche.
1- Odebrecht y el dinero venezolano
Según la acusación fiscal, el delito de lavado de activos agravado se habría configurado a través del ingreso del dinero del Gobierno Venezolano para la campaña electoral de Humala en el 2006.
Este dinero, de acuerdo con la fiscalía, fue lavado a través de contratos simulados con la empresa Apoyo Total y contratos con el diario venezolano “The Daily Journal” por un total de US$215 mil.
Otro monto de dinero ilícito que habrían recibido serían los US$3 millones de la División de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña electoral del 2011.
2- Las imputaciones directas contra Humala y Heredia
Según la acusación del fiscal Juárez, a Humala se le sindica como coautor de dos actos de lavado de activos: participar en la “conversión” del presunto dinero ilícito, tanto en la campaña electoral del 2006 como en la del 2011. Por ello, la pena que solicitó la fiscalía es de 20 años. “El dinero fue introducido en el circuito económico en las campañas electorales”, sostuvo el fiscal.
En el caso de Heredia Alarcón, quien también fue considerada coautora, se le imputan tres actos ilícitos: su participación en la “conversión” del dinero para las campañas del 2006 y del 2011 y el “ocultamiento” del mismo a través de la compra de inmuebles y otros actos. Por ello, bajo el concurso real de delitos, la pena solicitada para ella se elevó a 26 años y 6 meses.
Juárez anunció que se encuentra evaluando solicitar alguna medida restrictiva, entre ellas la prisión preventiva, con la finalidad de asegurar la permanencia de Humala y Heredia en el proceso.
3- Disolución del partido. Belaunde Lossio y otros acusados
El fiscal también incluyó como responsables al Partido Nacionalista Peruano (PNP) y a la empresa Todo Graph, para los que solicitó su disolución y liquidación. Según Juárez “el Partido Nacionalista fue instrumentalizado por los investigados Ollanta Humala y Nadine Heredia Alarcón”.
En la acusación también se comprendió a Rocío Calderón, amiga de Heredia, para quien se pide 26 años y 6 meses de cárcel. Ella habría intervenido en ocultar el presunto dinero ilícito de la campaña electoral del 2006 y, luego, habría adquirido con este joyas y otros bienes. También habría ayudado a ocultar el dinero que ingresó a la campaña del 2011.
La acusación comprende además a Martín Belaunde Lossio, Antonia Alarcón Cubas (madre de Heredia), Ilan Heredia (hermano de Heredia), Eladio Mego, Santiago Gastañaduí, Maribel Vela, Julio Torres y Carlos Arenas.
4- El juez Concepción efectuará el control de la acusación
La abogada penalista Sophia Icaza, del estudio Linares Abogados, sostuvo que lo que sigue una vez formalizada la acusación es que el juez Concepción Carhuancho deberá analizar los requisitos formales, declararlos admitidos y señalar fecha para una audiencia de control.
En esta sesión, se analizará la base de los elementos de convicción, la participación de los acusados, excepciones y medios probatorios. “Si hay un error, se puede observar y el fiscal puede subsanarlo”, dijo.
Según el ex fiscal superior Pedro Angulo, existe un plazo de 20 días para que el juez fije la fecha para el inicio de la audiencia de control de acusación.
Esta etapa, denominada intermedia, podría tomar algunos meses teniendo en cuenta que el caso es complejo.
Por ello, indicó que recién a finales de año podría estarse iniciando el juicio oral. Este proceso ya no estará a cargo del juez Concepción Carhuancho, sino de un órgano colegiado integrado por tres magistrados.
5- La defensa rechaza pruebas
César Nakazaki, abogado de Humala y Heredia, dijo que solo aceptarán “que el fiscal acuse con pruebas producidas en la etapa de investigación preparatoria” y no con documentos o testimonios introducidos después de cerrarse la misma.
Julio Espinoza, abogado de Heredia, estimó que el caso podría tardar hasta tres años para llegar hasta la última instancia en la Corte Suprema. “El gran dilema jurídico será decidir si un aporte para una campaña política es un delito de lavado de activos y nosotros tenemos desarrollada toda una teoría de que ello no es posible”, dijo.

Las Bambas: Piden impugnar fallo sobre los Chávez Sotelo

Por MICHAEL MACHACUAY- Diario Perú21.
La Procuraduría del Ministerio del Interior solicitó a la Segunda Fiscalía Superior Penal de Abancay que impugne el fallo judicial que liberó a los exasesores de las comunidades campesinas de la zona de influencia de Las Bambas, los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo , así como a Carlos Vargas Arizábal.
Mediante un oficio dirigido al fiscal superior Rodolfo Huamán, el procurador Luis Casaverde mostró su “preocupación” por la resolución de la Sala de Apelaciones de Abancay.
“Con este precedente se afecta la lucha (…) contra la criminalidad organizada”, remarcó la Procuraduría antes de sugerir interponer un recurso de nulidad o de casación.
Los Chávez Sotelo y Vargas Arizábal venían cumpliendo una orden de prisión preventiva por 36 meses tras ser acusados por los presuntos delitos de organización criminal y extorsión en agravio del proyecto minero Las Bambas.
En este contexto, el presidente de Fuerabamba, Gregorio Rojas , reiteró a Perú21 que las comunidades de Cotabambas están “tranquilas” con la decisión de excarcelación.
De momento, descartó volver a contar con los servicios de sus exabogados. “La comunidad es la que decide. Hasta el momento tenemos otros asesores”, subrayó.

Las Bambas: ¿en qué consisten los proyectos de ley a favor de comuneros?

El congresista Richard Arce presentó proyecto de ley de amnistía para los comuneros denunciados por participar en protestas contra Las Bambas, así como una iniciativa para modificar el Código Penal respecto al delito de extorsión.
Por Alicia Rojas Sanchez-Diario El Comercio.
Representantes de las comunidades de la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas acudieron el último viernes al Congreso de la República para acompañar al congresista Richard Arce (Nuevo Perú) en la presentación de dos proyectos de ley: la iniciativa de una amnistía en favor de los comuneros, y modificaciones de artículos del Código Penal y de la Ley contra el crimen organizado.
-Amnistía para los comuneros-
La iniciativa legislativa N°4273, propuesta por Arce y suscrita por los parlamentarios Oracio Pacori, Manuel Dammert, Alberto Quintanilla, Rogelio Tucto, Wilbert Rozas, Justiniano Apaza, Zacarías Lapa, Horacio Zeballos y Katia Gilvonio, propone amnistiar a los comuneros que participaron en las protestas sociales contra Las Bambas. Aquí se hace referencia a los actos que se hubiesen cometido con la intención de participar en las manifestaciones contra el proyecto minero entre el 11 de mayo 2011 y 9 de abril 2019, y que estén tipificados como delitos y/o faltas. El proyecto se refiere solo a personas naturales en el ámbito de las regiones Apurímac, Cusco y Arequipa.
El último conflicto social entre Las Bambas y Fuerabamba alcanzó sus momentos más tensos a partir del 4 de febrero de este año, cuando se restringió el paso de los vehículos de la minera en el tramo del corredor minero que cruza el fundo Yavi Yavi, propiedad de la comunidad de Fuerabamba. La interrupción fue por 68 días.
El proyecto de ley propone amnistiar:
► Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, que se encuentren tipificados como delitos y/o faltas.
► Todos los actos de idéntica naturaleza, que expresen el ejercicio de derechos de autotutela comunal con respecto a sus derechos patrimoniales, así como el cumplimiento de actos, compromisos y políticas derivadas de acuerdos adoptados con respecto a las personas jurídicas titulares del proyecto minero Las Bambas.
► Todos los actos de idéntica naturaleza e intencionalidad a los contemplados en los párrafos anteriores, siempre que no hayan supuesto una grave afectación a la vida e integridad de las personas.
La iniciativa precisa que quedarían extintas las acciones penales que emerjan de los delitos o faltas a las que se aluden.
La amnistía también comprenderá aquellos delitos y faltas conexas a las conductas antes referidas, así como medidas de reparación patrimonial y extra patrimonial.
Por otro lado, quedan excluidas de este proyecto de amnistía las conductas que hayan supuesto delitos de lesa humanidad o una grave afectación a la vida e integridad de las personas. Entre otros, delitos cometidos por funcionarios públicos, miembros de las fuerzas armadas y Policía Nacional, que hubieran supuesto un ejercicio desproporcionado e irrazonable de la fuerza pública en las protestas, así como una afectación al ejercicio de los derechos constitucionales. También quedan excluidos los delitos cometidos por personas ajenas a las comunidades campesinas.
En la exposición de motivos de este proyecto se precisa que en el periodo de fechas mencionadas, cuando se dieron las manifestaciones contra Las Bambas, los comuneros han sido “objeto de formulación de acciones legales de persecución de las conductas involucradas, tanto a nivel policial, fiscal como judicial, confundiendo en no pocos casos la pertenencia “.
-Reacciones-
Luego de la presentación de los proyectos de ley, el congresista Richard Arce dijo que “son más de 500 los comuneros que están siendo judicializados”, pero el número no ha sido confirmado. “No tenemos el dato preciso, pero entenderán que tenemos una obligación, bajo ese argumento remití inmediatamente los documentos al Ministerio de Justicia, al Poder Judicial, al Ministerio Público. No hemos tenido la respuesta hasta el momento”, añadió en diálogo con El Comercio.
El pasado 24 de abril, durante la instalación de la mesa de Justicia y Derechos Humanos con las comunidades de la provincia de Cotabambas, el congresista Arce señaló que desde el Congreso de la República promovería los mencionados proyectos. Para ello, se comprometió en dialogar con el presidente del Congreso de la República para su viabilización, a fin de defender los derechos de todos los comuneros. Esta iniciativa, dijo, iba a ser coordinada también con el gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón. Por su parte, el Ministerio de Justicia se comprometió a brindar el soporte técnico legal que corresponda, según el acta que se firmó ese día en Challhuahuacho.
El último viernes, el primer ministro, Salvador del Solar, dijo que “si un legislador ha propuesto una ley de amnistía, este tema es competencia de otros poderes del Estado, el Ejecutivo no desea tener ninguna injerencia ni ha hecho ninguna promesa al respecto”, declaró a su salida del Congreso de la República.
El congresista Arce sostiene que la aprobación de los proyectos de ley serían “una oportunidad para el Estado, para que replantee el tipo de relaciones que ha existido entre ellos, las comunidades y la empresa”.
Asimismo, Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, dijo que estos proyectos responden a no criminalizar sus protestas. “Las comunidades que apostamos por la minería no queremos criminalización, no queremos encarcelamientos ni persecuciones a los dirigentes”, dijo Rojas el viernes en conferencia de prensa.
“Cuando la empresa (minera) pone denuncias o demandas, inmediatamente nos persiguen las fiscalías, jueces. Pero cuando las comunidades ponemos la denuncia, lo archivan. ¿Dónde está la igualdad de la justicia?”, comentó Rojas a El Comercio.
“Son nueve puntos (de la mesa de Justicia y Derechos Humanos). De ellos, el primero es la amnistía, pero si el proceso no se da no habría ningún diálogo con Las Bambas y el Estado”, añadió la autoridad comunal.
La abogada penalista Romy Chang explicó que la amnistía, a diferencia del indulto, no es un perdón. Sino, aquello que se cometió nunca fue un delito. “En la amnistía lo que se dice es que nunca debió haber nada, no debió ser considerado delito ni se debe procesar. En el indulto te pueden procesar o condenar, el caso es que la pena que te impongan ya no la cumples en cárcel. Pero, la amnistía es que ni se debe juzgar”, dijo.
Alertó que un proyecto así puede ser riesgoso como precedente.  “Claramente, el proyecto de ley busca que todos los casos ligados al tema de Las Bambas sean impunes y la pregunta es si eso nos suma como sociedad. Si ese es el mensaje que se va a dar desde el Congreso, luego vamos a tener revueltas y todos van a hacer lo mismo”, comentó.
-Modificaciones al Código Penal-
El segundo proyecto de ley presentado por Arce y suscrito por los congresistas Manuel Dammert, Marisa Glave, Indira Huilca, Edgar Ochoa, Oracio Pacori, Tania Pariona, Alberto Quintanilla y Horacio Zeballos, propone la modificación del artículo 200 del Código Penal, que se refiere al tipo penal del delito de extorsión; así como la modificación del artículo 2 de la Ley N°30077, ley contra el crimen organizado.
Estos son los cambios propuestos en la iniciativa legislativa:
► En la propuesta de modificación del artículo 200 se suprime los párrafos.
“Ese tipo penal, en su momento, justamente fue creado no solo para sancionar los casos. Incluso se tomó en cuenta de manera expresa casos recurrentes cuando la gente, a la fuerza, para obligar a las autoridades, bloqueaba carreteras. Eso es bastante grave porque puede haber consecuencias de todo tipo”, opina la abogada Chang.
Agregó que la modificatoria estaría enfocada solo al conflicto social con Las Bambas, y esto podría acarrear otros mensajes. “Están pensando en Las Bambas, pero no en las repercusiones futuras. El mensaje sería que cada vez que tengas un problema puedes tomar carreteras”, cuestionó. “Se estaría promoviendo que la solución al conflicto social pase por una válida toma de carreteras”, mencionó.
► En la propuesta de modificación del artículo 2 de la Ley N°30077.
Sobre la modificación de organización criminal, Chang sostiene que esta propuesta sería riesgosa considerando los antecedentes como, por ejemplo, lo ocurrido con los sindicatos de construcción.
“nuevamente se olvidan que una de las etapas negras que hemos tenido justamente era la excusa de uso de organizaciones sindicales para extorsionar el área de construcción. Estaríamos retrocediendo respecto a eso”, dijo.

“Todes” son iguales ante la ley

Ante las declaraciones de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, al Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público respecto a que entregó 3 millones de dólares a la campaña del No a la Revocatoria, los congresistas Hernando Cevallos (Frente Amplio) y Luis Galarreta (Fuerza Popular) coincidieron en que la investigación debería extenderse a Marisa Glave e Indira Huilca –miembros de la bancada Nuevo Perú– debido a su relación cercana con la gestión municipal de la exalcaldesa Susana Villarán.
“Si encuentran elementos que hacen pertinente abrir una indagación profunda [a Glave y Huilca], que se realice, sea quien sea. Es más, si es una persona de izquierda, con mayor razón todavía. Acá no importa los tintes políticos”, dijo Cevallos al diario Expreso. A su turno, Galarreta señaló que hay investigaciones a ciertos personajes –Marisa Glave (exregidora), Indira Huilca (exconcejal) e incluso la actual ministra de Transportes, María Jara– que permanecen pendientes a pesar de su nexo evidente y ampliamente difundido en medios de comunicación y redes sociales.
“La banda criminal ‘Las chalinas verdes de Lima’ [en referencia al gobierno de Susana Villarán] está conformada por varias personas que están en las sombras. Esto evidencia que la izquierda está a cargo”, denunció el expresidente del Congreso.
Cabe recordar que María Jara fue directora municipal de Transporte Urbano durante la gestión de Villarán. “[Jara] ha tenido muchos problemas, pero el Gobierno no tuvo inconvenientes en convocarla. Cuando indaguen, desfilarán varios”, afirmó Galarreta.
Fuente: Político.pe