Empresario clandestino
Según la ONPE, Martín Belaunde aportó S/.265 mil a la campaña de Humala el 2006. Ese mismo año fundó el diario “La Primera”, según él, buscando un espacio en los medios para la izquierda peruana. Su relación con la pareja presidencial seguía intacta.
Ese mismo año, vendió una de sus empresas, Total Graph, al  congresista Santiago Gastañaduí, pariente político de los Humala Heredia, quién en noviembre de ese año nombró como gerente general a Ilan Heredia, hermano de la esposa del presidente.
Ilan Heredia tenía una cuenta bancaria mancomunada con Arturo Belaunde Guzmán, padre de Martín Belaunde Lossio. En ese entonces, Arturo Belaunde Guzmán le pagó US$51,840 a Nadine Heredia por un estudio sobre la palma aceitera. Belaunde Guzmán aportó S/134,620 a la campaña de Humala en el 2006.
El hermano de Nadine Heredia, Ilan Heredia, un joven de 27 años en el 2006 y el 2007, sin profesión conocida, hizo 15 depósitos por US$68,258 en la cuenta de Nadine Heredia. En su momento Heredia se defendió alegando que las investigaciones sobre el asunto fueron archivadas.
En el 2008, se descubrió que otra de las empresas que Martín Belaunde había creado, Soluciones Capilares, le pagó US$30 mil por una supuesta consultoría a Heredia. Este pago, más el que le hizo Arturo Belaunde, padre de Martín, a la hoy primera dama por un estudio sobre la palma aceitera, motivaron una investigación que acabó en el archivo.
Nexo con las regiones
En octubre pasado, Jorge Paredes Terry, ex asesor de Daniel Abugattás, declaró a  la prensa que Belaunde era el nexo entre los presidentes regionales y Palacio. Se encargaba de visitar a los presidentes regionales y elaborar un esquema de negocios, que incluía el manejo de obras y presupuestos.
Municipalidad Metropolitana de Lima
El empresario clandestino se ofrece a conceder uno de los terrenos de su propiedad para que Trameisa S.R.L., cuyo dueño es Olmer Mendoza García, pueda obtener la fianza de las obras del Colegio Fitzcarrald.
Es decir, entre Mendoza García y Belaunde Lossio, la amistad, los negocios y los favores estaban a la orden del día.
TRES OBRAS
Pero Mendoza García, amigo y socio de Belaunde Lossio, no es solo socio fundador de Trameisa S.R.L., sino de Omega Constructores y Consultores S.A.C.
Y es precisamente esta última empresa la que, según registros de la Municipalidad de Lima, ha logrado obtener tres contratos para realizar diversas obras para la comuna capitalina a través de Emape.
La primera adjudicación la ganó el 15 de noviembre del 2013 (ADP-2103-EMAPE/CEP-1) con la ejecución de instalación de infraestructura de prevención de riesgos en las laderas del AA.HH. Dios es Amor I Etapa (Comas), por un valor de S/1’185,128.68 millones.
La segunda obra se la adjudicó el 26 de diciembre (LP-CLASICO-12-2013-EMAPE/CE-1) con la ejecución de instalación de infraestructura de prevención de riesgos en laderas y accesos en el asentamiento humano Los Ángeles (Comas) por S/2’106,024.45. En esta oportunidad, Omega fue en consorcio con la empresa Valcon.
Por esta obra incluso hubo un reclamo luego de que uno de los muros de contención se desprendiera y por poco matara a una abuelita y sus dos nietas, según se reporta en el Acta 39 de sesión municipal del 5 de agosto del 2014, obtenida por Correo.
Allí también se detalla que tras la queja, contradictoriamente, la empresa, a través de su gerente Hugo Mendoza, también reclamó porque Emape les adeudaba parte del pago de la obra.
Y, finalmente, Omega Constructores y Consultores se adjudicó el 6 de marzo de este año la obra Construcción de Veredas del Malecón de las Playas Venecia y Barlovento (AMC-CLASICO-2011-2013-EMAPE/CEP-4). El monto del contrato fue de S/34,654.90.
DEBERÍA REVISARSE 
Al respecto, el regidor de Lima Jorge Villena señaló que se debe revisar el proceso para investigar si la empresa, primero, tenía la experiencia para realizar obras de esa complejidad.
En segundo lugar, dijo, es necesario saber si cumplió con los requisitos al momento de su postulación, es decir, si fue el únicos postor o concursó con otras empresas.
“Se debe revisar sobre todo porque hay una investigación en curso que señalaría que estas empresas obtienen las obras por mover sus influencias, que están en las más altas esferas del poder, y entonces también hay que investigarlo en el ámbito municipal. Estamos hablando de un grupo de empresas que tienen este tipo de prácticas ilegales o cuestionables”, anotó.
AL ESTILO ORELLANA
Pero el tema de las empresas ligadas a Belaunde Lossio no queda ahí. Las compañías vinculadas al empresario, que se llamaba a sí mismo el vocero del Gobierno en Madre de Dios, parecen operar con la táctica del clan de otro prófugo empresario: Rodolfo Orellana.
Resulta que la obra del Colegio Carlos Fermín Fitzcarrald de Madre de Dios no fue terminada de ejecutar por el consorcio de las empresas amigas de Belaunde por falta de respaldo financiero.
En efecto, el consorcio formado por Antalsis, Trameisa S.R.L., Omega Constructores y Consultores, OYM Constructores S.A.C., Roprucsa Constructores Generales S.A. y WYN S.A.C., entregó al gobierno regional de la zona dos cartas fianza valorizadas en S/2’350,8989.07 millones y S/2’988,409.10, las cuales fueron extendidas por la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Fianzas y Garantías Limitadas”.
Sin embargo, cuando fueron a cobrar la ejecución de estas cartas fianza a favor de la obra, no les abrieron ni las puertas de dicha cooperativa a los funcionarios regionales.
Por ello, a través de la Resolución Ejecutiva Regional 302-2014-GOREMAD/PR, dispusieron autorizar al procurador público regional que interponga las acciones legales contra la Cooperativa y los responsables de emitirlas.
Sin embargo, esta no es la primera vez que dicha cooperativa, cuyo gerente según la Sunat es Robbye Miguel Reyes Tello, otorga créditos sin respaldo.
En el año 2013 también extendió cartas fianza al Consorcio Chilca, grupo de dos empresas encargadas de la ejecución de la obra “Mejoramiento e implementación de infraestructura de la I.E. 30,012 del distrito de Chilca”.
Coincidentemente, es la Cooperativa de Ahorro y Crédito Finanzas y Garantías Ltda. la que viene siendo investigada en la comisión Áncash, pues logró que -a través de un recurso de hábeas data y otras medidas cautelares- el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) la inscribiera a fin de que pueda emitir cartas fianza.
Despacho
María Roxana Altuna Moreno, quien se desempeñaba como asesora de prensa de la primera dama Nadine Heredia, presentó su renuncia al Despacho Presidencial.
Nominalmente, Altuna tenía un cargo en la Dirección General de Bienestar y Acción Social del Despacho Presidencial. Ella fue pareja del prófugo empresario Martín Belaunde Lossio y es madre de uno de sus hijos.
Belaunde Lossio, quien fue jefe de campaña de Ollanta Humala en el 2006, permanece en la clandestinidad desde mayo último, luego de que el Poder Judicial ordenara su prisión preventiva por 18 meses a raíz del Caso La Centralita. No obstante, su radio de acción no solo se habría limitado a la región Áncash, donde asesoró al hoy encarcelado ex presidente regional César Álvarez, sino también habría actuado en otras regiones y en el Congreso de la República.
Precisamente el último domingo el programa “Cuarto Poder” difundió una serie de correos electrónicos de Belaunde Lossio, los mismos que ponen en evidencia los negocios que hizo en el actual gobierno.
Hasta el momento se desconocen los motivos de la renuncia de Roxana Altuna, cuyo sueldo era de S/12 mil mensuales. En mayo último, ella negó estar casada con Belaunde Lossio, y dijo que afirmaciones en ese sentido buscaban dañar la imagen de Nadine Heredia.
LA DENUNCIA
El programa periodístico reveló que uno de los negocios de Belaunde Lossio involucra a la constructora española Antalsis S.L., que en nuestro país ha ganado, de acuerdo a la página web del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), licitaciones de obras por cerca de 150 millones de soles entre 2011 y 2013.
Detrás de las operaciones hechas por Antalsis S.L. habría estado Belaunde Lossio, quien en sus comunicaciones electrónicas se presenta como socio de la firma española en el Perú y evidencia un poder de decisión solo comparable al que tiene Luis Vilariño, el jefe de la matriz.
Tras esta denuncia periodística, el legislador Mauricio Mulder planteó la formación de una comisión investigadora que indague sobre los presuntos lobbies de Belaunde Lossio en el gobierno.

Produce
El coordinador parlamentario del Ministerio de la Producción Carlos Fuyikawa García renunció al cargo, luego de que se revelara que era el enlace del prófugo empresario Martín Belaunde Lossio en el Congreso de la República.
A través de un comunicado, el Ministerio de la Producción (Produce) informó que aceptó la renuncia de Fuyikawa García, quien realizó labores de coordinación parlamentaria.
Fuyikawa sería el ‘Carlitos’ a quien Belaunde Lossio menciona en uno de los correos que envió en noviembre del 2012 para solicitar la modificación de la Ley del Presupuesto del 2013, a favor del Instituto Peruano del Deporte (IPD). Esta enmienda le dio a una empresa vinculada al ex asesor nacionalista la buena pro de una millonaria obra en Chiclayo.
“Carlos, por fa(vor), necesito que imprimas el cuadro adjunto y se lo entregues a Josué (Gutiérrez) para la ayuda respectiva. También entrégaselo a Angelito (Ángel Flores), el que trabaja con Víctor Isla. Es bien importante. Omite los nombres de abajo, solo el documento”, escribió el ex financista del Partido Nacionalista en uno de los correos que envió en noviembre del 2012.
El programa “Cuarto Poder” había señalado el domingo que Fuyikawa cumplía una función clave en los pasillos del Parlamento para los lobbies gestionados por Belaunde Lossio.
El prófugo empresario y otrora hombre clave en la campaña del Partido Nacionalista Peruano en el 2006 realizó gestiones a favor de la firma española Antalsis, que en el actual Gobierno ha ganado licitaciones por obras públicas por casi 150 millones de soles.
El cuadro adjunto enviado por el ex jefe de campaña presidencial de Ollanta Humala en el 2006, contenía una propuesta para modificar la Ley de Presupuesto 2013, a fin de que el IPD pueda usar recursos previstos en el pliego presupuestal del 2012 en las obras para los Juegos Bolivarianos.
Tras ello, un consorcio, del cual Antalsis era parte, ganó la licitación para construir el polideportivo del estadio Elías Aguirre.
Lee la carta de renuncia que envió Carlos Fuyikawa García a Produce. [PDF]
Antalsis
La empresa española Antalsis utilizó dos cartas-fianza de la Cooperativa Fianzas y Garantías Limitadas, una de las compañías de fachada de la presunta red criminal encabezada por el prófugo Rodolfo Orellana Rengifo, para lograr la adjudicación de las obras de mejoramiento del colegio Carlos Fermín Fitzcarrald, en Madre de Dios, según denunció el congresista Héctor Becerril.
En diálogo con Canal N, Becerril aseguró que la compañía ligada al también prófugo Martín Belaunde Lossio, ex jefe de campaña de Ollanta Humala en el 2006, cobró casi 7 millones de soles de adelanto de obras, tras presentar estas cartas-fianza.
Oposición pide comisión investigadora por denuncia contra Belaunde Lossio
Según detalló, el Gobierno Regional de Madre de Dios le dio en junio del 2012 un adelantó de 4’700,000 de soles. Y después le entregó un segundo pago por 2’350,000 soles.
El programa “Cuarto Poder” reveló que las obras de remodelación del referido colegio vienen siendo concluidas por el gobierno regional, a pesar de que se desembolsó parte del dinero a favor de un consorcio que integraba la compañía española, pero esta nunca acabó la obra.
De acuerdo a la fiscalía, la red de Orellana estafó al Estado Peruano con 56’000,000 soles, al entregar cartas-fianza a empresas para que se hagan con obras, las que no concluían.
Fuente: Diarios El Comercio y Correo.
La Procuraduría Anticorrupción pide el levantamiento del secreto de las comunicaciones del empresario Martín Belaunde Lossio para determinar la veracidad de sus correos electrónicos en los que presume de haber intervenido para favorecer a una constructora española en obras públicas en 2012.
Por María Elena Hidalgo- Diario La República
Martín Belaunde Lossio apeló a supuestos contactos con el gobierno de Ollanta Humala para ganarse la confianza de los directivos de la constructora de capitales españoles Antalsis, de acuerdo con  correos electrónicos del empresario que obtuvo el programa “Cuarto Poder”.
Los presuntos contactos serían los que Belaunde consiguió cuando fue parte del equipo de campaña presidencial de Humala en 2006. Pero en las comunicaciones no aparecen identificadas estas personas.
En un correo electrónico del 12 de diciembre del 2012,  dirigido al propietario de Antalsis, Luis Vilariño García, Belaunde le graficó el grado de compromiso con dicha empresa: “A Antalsis tengo que defenderla con la vida“.
Entrevistado por el mencionado programa dominical, el representante en Lima de Antalsis, Javier Vilariño García –hermano del propietario de la constructora–, admitió que Martín Belaunde fungió de cabildero (“lobbista”).
De acuerdo con el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (Seace), Antalsis ganó el 11 de noviembre del 2013 una licitación pública por 7.8 millones de soles para la rehabilitación de la avenida Los Molles, en el distrito Gregorio Albarracín, en Tacna.
LA MANO DE MARTÍN
Luego obtuvo otros contratos pero como parte de consorcios, no individualmente. Con otras empresas formó el Consorcio Chiclayo, que obtuvo la buena pro para ampliar el polideportivo Elías Aguirre, en el 2012, por 80 millones de soles. Al pretender el consorcio incrementar los costos a 117 millones de soles, el presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Francisco Boza –quien aceptó mantener amistad con Belaunde–, afirmó que a principios de este año decidió resolver el contrato.
Según los correos electrónicos de Martín Belaunde divulgados por “Cuarto Poder”,  presuntamente este intervino a favor de Antalsis para que se le adjudicara la construcción de los puentes “Comuneros” y “La Eternidad”, en Junín, en 2012.
Sin embargo, para la ejecución de dichas obras el Gobierno Regional de Junín encargó a los Servicios Industriales de la Marina (SIMA) la selección de las empresas que cumplirían con los trabajos mediante un Proceso de Selección y Adjudicación Directa.
El 31 de octubre del 2012 el Comité Técnico adjudicó la construcción de los estribos y pilones del puente “Comuneros” por 1.7 millones al Consorcio Puentes, integrado por las empresas Antalsis, la matriz de España y la filial en Perú.
Poco después, el 20 de noviembre del mismo año, el Comité Técnico del SIMA otorgó la buena pro de la construcción del puente “Eternidad” a un consorcio del mismo nombre integrado también por Antalsis España y Antalsis Perú, por 5.3 millones de soles.
En ambos procesos participaron otras empresas, pero al final desistieron y Antalsis quedó como única postora, informaron fuentes del SIMA.
Otro caso en el que presuntamente interpuso sus oficios Martín Belaunde Lossio fue en la adjudicación del proyecto de modernización de la Institución Educativa Carlos Fermín Fitzcarrald, de Puerto Maldonado, Madre de Dios, por 24.7 millones de soles.
Se trató de una licitación pública convocada por el Gobierno Regional en 2012 en la que intervinieron varias compañías. Ganó el Consorcio Carlos Fitzcarrald, conformado por Antalsis y otras cinco firmas: OYM Constructores, Trameisa, Omega Constructores y Consultores, Roprucsa Contratistas Generales y WYM.
Por los correos electrónicos Martín Belaunde alardea que varias de estas contrataciones serían producto de su intervención. “Acabo de cerrar el tema de Chiclayo (la modernización del polideportivo Elías Aguirre), estamos cambiando las bases (de la licitación)”, se ufanaba con sus interlocutores españoles. Como se ha indicado, si bien Antalsis ganó la licitación que convocó el IPD, se canceló porque la constructora española pretendía subir los costos.
Cuando el 10 de noviembre  del 2012 su hermano Arturo Belaunde Lossio le pidió que apoyara a una empresa que quería entrar en el negocio, Martín Belaunde se sobró. Le dijo que estaba repleto de proyectos millonarios.
“Arturo, leí con interés tu mail así como el mail de tus amigos. Nos encantaría ayudar en la propuesta de tus amigos”, le explicó Martín Belaunde a su hermano. Hablaba en nombre de Antalsis: “Pero por ahora nos resulta imposible porque tenemos capacidad de contratación por 400 millones de soles solamente. Nuestras expectativas de obras están prácticamente copadas”.
Las cinco obras mencionadas suman 119.5 millones de soles que habría obtenido Antalsis. Una cifra alejada de los 400 millones que menciona Martín Belaunde.
Originalmente la representación de Antalsis en Perú la constituyó el conocido empresario Rodrigo Arosemena Ruiz Huidobro, por intermedio de su empresa Inversiones Rajo. Pero aclaró que a los pocos meses se alejó por desavenencias con los españoles. “En este tiempo no escuché ni tampoco vi a Martín Belaunde”, dijo Arosemena. En reemplazo de Arosemena ingresó Juan Rivera Ydrogo, un empresario que también estuvo relacionado con la campaña nacionalista del 2006.
Si los españoles pretendían ganar al contratar a Martín Belaúnde como “lobbista”, ahora lo deben de lamentar. Hablaba demasiado. Les resultará caro.
PROCURADURÍA PIDE INFORMACIÓN
La Procuraduría Anticorrupción requerirá al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) una información detallada de todas las adjudicaciones que ha ganado la empresa española Antalsis, sea de manera individual o en consorcio.
También ha requerido datos a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) sobre las actividades comerciales de Antalsis desde el año 2011.
Además, la Procuraduría ha solicitado al Instituto Peruano del Deporte (IPD) la identificación de todos los funcionarios que participaron en la contratación del consorcio que ganó la licitación de la modernización del polideportivo Elías Aguirre de Chiclayo, y también de los Servicios Industriales de la Marina (Sima), que dieron la buena pro a Antalsis para la construcción de dos puentes en Junín. Lo mismo para el caso del Gobierno Regional de Madre de Dios.
El procurador anticorrupción Christian Salas también ha pedido el levantamiento del secreto de las comunicaciones para la revisión de las cuentas de los correos electrónicos de Martín Belaunde Lossio, y determinar si son verdaderos los que divulgó el programa “Cuarto Poder”.
EN CIFRAS
88 millones costaba el proyecto del polideportivo en Chiclayo.
24.7 millones por modernización de colegio en Madre de Dios.
5.3 millones obtuvo Antalsis por puente La Eternidad, Junín.

Por Fabiola Torres- Diario El Comercio
Ante la débil presencia de sus propios partidos en el interior del país, varios candidatos presidenciales han formado alianzas con movimientos regionales para llevar en sus listas al Congreso a dirigentes con mayor arraigo. Pero, conforme pasan los días, se van conociendo antecedentes oscuros de varios de esos aliados y candidatos que no solo pueden restarles votos, sino también meterlos en verdaderos aprietos.
Este es el caso descubierto por El Comercio en Fuerza 2011 que llevó como candidato en la región Apurímac a Antonio Medina Ortiz, personero legal del Movimiento Popular Kallpa, un grupo conocido por su discurso radical y acciones agitadoras entre los campesinos y cuestionado por las graves denuncias que pesan sobre sus militantes vinculados al narcotráfico.
EL PODER DE LA COCA
El Movimiento Popular Kallpa, fundado el 15 de febrero del 2006 por el ex congresista cocalero Michael Martínez Gonzales, se define en su página web como “un instrumento político de liberación” que enarbola “las luchas por el agua y por la coca”.
En los últimos comicios regionales y municipales se consolidó como la primera fuerza política en Apurímac tras ganar 26 municipalidades distritales, tres provinciales y tres de las siete consejerías regionales (Antabamba, Chincheros y Andahuaylas).
Sin embargo, Kallpa se ha caracterizado por llevar a la alcaldía a cuestionados personajes, como Óscar Rojas Palomino, actual burgomaestre de Andahuaylas, investigado por la Fiscalía Antidrogas y la División de Lavado de Activos de la Policía Antinarcóticos junto con toda su familia.
Otro militante de Kallpa es el ex alcalde de Ocobamba Mario Zea Delgado, quien fue vinculado por el senderista Yuri Yupanqui Cerrudo (capturado el 2007) en el ataque a la comisaría de Ocobamba y el asesinato del teniente PNP Héctor Zegarra Bernaola.
Entrevistado por este Diario, Medina Ortiz reveló que se alió con el comité regional de Fuerza 2011 porque su movimiento es fuerte en Apurímac, aun cuando tenga marcadas diferencias ideológicas con Fuerza 2011.Además, reconoció que su padre Julio Medina Pastor estuvo preso. “No recuerdo las circunstancias porque yo era chico aún”, se excusó. Según nuestros archivos fue por narcotráfico.
UN GRUPO AGITADOR
Antonio Medina Ortiz ha sido asesor de Michael Martínez en el Congreso (2001-2006), quien llegó al Congreso por Unión por el Perú (UPP). Como parlamentario, Martínez propuso legalizar el cultivo y comercialización de la hoja de coca y planteó legitimar la invasión del mercado de Santa Anita, liderada por Herminio Porras.
Medina, congresista por Apurímac de Fuerza 2011, postuló sin éxito a la Alcaldía Provincial de Andahuaylas el 2006 por el Movimiento Popular Kallpa.
Un año después dicha agrupación estuvo detrás del violento paro agrario ocurrido en Andahuaylas en el que hubo un muerto y más de 15 heridos. Según informes de inteligencia, en dicha paralización de julio del 2007 participaron diez senderistas que azuzaron a los campesinos para matar a los policías que intentaban desbloquear la carretera de Champaccocha, principal acceso por carretera hacia Andahuaylas.
Aquel día Antonio Medina coordinó las movilizaciones de los campesinos en representación de Michael Martínez, líder de Kallpa, según lo reconoció el propio Martínez cuando fue entrevistado por este Diario.

Por Rocío La Rosa Vásquez- Diario El Comercio.
Diálogo Vecinal, el movimiento con el que la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, postuló a la reelección,  presentó de manera extemporánea su reporte de ingresos y gastos de la campaña de las Elecciones Regionales y Municipales 2014.
De acuerdo a la información alcanzada a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el último 23 de octubre al mediodía, en la campaña de Villarán se gastó un total de S/1’335,577.00, de los cuales S/1’099,987.00 corresponden a gastos de publicidad en medios de comunicación y S/235,590.00 a otros gastos. De este último monto, S/.200 mil corresponden al pago que se hizo a la consultora Wish Win, del español Xavier Domínguez, quien fue su asesor de campaña.
CIFRAS NO COINCIDEN
La cifra de gastos de publicidad en medios que presentó Diálogo Vecinal, al 30 de setiembre de este año, difiere considerablemente con el estimado que hizo la ONPE, a través de la supervisión de propaganda en televisión, radio, prensa y publicidad exterior que encargó a la empresa Speedymen’s.
Según este estimado, la agrupación habría gastado S/4’388,646 en publicidad. El monitoreo se hizo entre el 1 de agosto y el 2 de octubre de este año.
Incluso, el órgano electoral logró verificar que la agrupación de Villarán invirtió al menos S/2’560,678, de acuerdo a los comprobantes de pago que solicitó a 27 empresas de televisión, radio y prensa, emitidos hasta el 30 de setiembre.
Diálogo Vecinal también informó que sus ingresos de campaña sumaron S/1’336,600,00, de los cuales S/1’226,600 fueron aportes individuales en efectivo y especie, y S/110,000 gracias a la realización de una “pollada bailable” el 13 de setiembre de este año.
LOS APORTANTES
Entre las personas que realizaron aportes individuales a la campaña de Villarán destacan: 
Juan Daniel Acosta Villamonte, quien giró un cheque por S/228,000.
Laura Gómez Vásquez aportó también S/228,000 en efectivo.
Jorge Machuca Cerdán, con S/80 mil.
Nelson Castañeda Cueva, con S/70 mil.
Rosa Derpich Gallo, con S/20,500.
Pola Yolanda Carbajal Valer con S/20 mil.
Augusto Rey, quien fue su candidato a teniente alcalde, aportó S/10,000 y sus parientes S/20 mil.
Mientras, el personero legal del partido, Marco Zevallos, entregó S/3 mil.
No figuran en la lista de aportantes el ex primer ministro Salomón Lerner, ni su prima Susana de la Puente, quienes -según dijo Villarán en una entrevista periodística– también habían financiado su campaña.
QUÉ SE VIENE
Tras las elecciones, Roberto Mostajo, jefe del Área de Normativa y Regulación de Finanzas Partidarias de la ONPE, indicó que la información obtenida por el monitoreo que hicieron a los medios “será contrastada con aquella que brinden las organizaciones políticas y los medios”.
Una vez que el órgano electoral verifique los reportes financieros entregados por los partidos, emite un informe, en el cual se pueden hacer observaciones que tendrán que ser subsanadas por la agrupación.

Hasta ahora no hay registros de los más de 100 millones de dólares que habría reunido el Clan Orellana. La Fiscalía solicitó la colaboración de la DEA y el FBI para rastrear los nombres y cualquier actividad económica de los implicados.
Por César Romero C.- Diario La República
El prófugo empresario inmobiliario Rodolfo Orellana Rengifo ocultaría su fortuna en cuentas en los paraísos fiscales bajo otras identidades y ciudadanía extranjera.
La Unidad de Inteligencia Financiera ha reportado que las cuentas bancarias de Orellana y su red de más de 52 empresas y un sinnúmero de testaferros presentan saldo cero.
Según dijo el congresista Víctor García Belaúnde, la fiscalía especializada en lavado de activos detectó que Rodolfo Orellana maneja al menos nueve identidades distintas en Estados Unidos (EE.UU.).
En EE.UU. no hay registro nacional de identidad, como en el Perú. Allá las personas usan la tarjeta del seguro social o la licencia de conducir para identificarse. 
En la meticulosa búsqueda de información que realiza la fiscal especial Marita Barreto, se llegó a un número de seguro social de Orellana en EE.UU.
Luego, al solicitar el reporte de dicha tarjeta de seguro, las autoridades estadounidenses indicaron que ese número está asociado a otras nuevas identidades. 
Se indicó además que en el documento, por ejemplo, aparece consignado el nombre del ciudadano inglés Aka Alba Rick.
La fiscalía ha solicitado la colaboración de la DEA y el FBI para rastrear los nombres y cualquier actividad económica que hubieran realizado en dicho país. 
La hipótesis que manejan las autoridades es que Orellana esté utilizando alguna o todas esas identidades para ocultar su fortuna.
¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO?
Por otro lado, hasta ahora no se ha podido encontrar nada de los más de 100 millones de dólares que habría amasado la red Orellana.
El dinero no está en los bancos y menos en las cooperativas nacionales y tampoco se ha registrado su salida del país por el sistema bancario.
Orellana parece haber movido toda su fortuna en efectivo y la oculta en cajas fuertes en algún lugar en el país o encontró la forma de llevarla al exterior evadiendo todos los controles.
La Unidad de Inteligencia Financiera ha establecido que el dinero que movía esta organización solo permanecía algunas horas o un máximo de dos días en un banco, antes de ser retirado. Las cuentas muestran depósitos entre 100 mil y un millón de soles que son retirados unas horas después o en los días inmediatos siguientes. 
Por ejemplo, una cuenta en el Banco Continental de Benedicto Jiménez registra un depósito de 66 mil soles el 11 de febrero del 2011, que es retirado el 14 de febrero, mediante un cheque a nombre de la empresa Mora Publicidad y Representaciones.
Lo mismo sucede con las cuentas de empresas como Aladem, Coopex, Itaca Perú, Inversiones mineras, ABC Group, entre otras. Empresas de fachada que no cuentan con empleados ni oficinas propias y solo servían para facilitar las actividades ilícitas de esta organización.
MÁS INVESTIGADOS
En tanto, la fiscal Marita Barreto amplió la investigación preparatoria contra 32 nuevos colaboradores de Rodolfo Orellana, incrementando a 51 el número de investigados, por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.
Entre los nuevos investigados aparecen los esposos César Ferré Simonetti y Reyna Valera de Ferré que participaron en la venta fraudulenta del terreno de Cervatel de la comunidad laboral de la ex Compañía Peruana de Teléfonos (CPTSA), un terreno de 13 hectáreas ubicado en Santa Clara. 
Igualmente, Edith Marlene Morales Breña, acusada de integrar una organización que se apropiaba indebidamente de terrenos en Surco, el perito Wilbert Rodas Ríos, directivo de la empresa Valorem y Consultores.
Además, Carlos Blas Bada, Johany Medina Becerra, Walter Saavedra Paredes, Óscar Aguilar Cervantes, Víctor Torres Álvarez, Oldrich Sembera Parro y Pedro Martínez Ching.

Lavandería Benítez utiliza sebo de culebra

El programa Panorama difundió una denuncia que vincula al congresista por Áncash, Heriberto Benítez, con una mafia dedicada al lavado de activos a través de estafas, la cual, según el informe periodístico, estaría liderada por el abogado Rodolfo Orellana Rengifo.
Este último, de acuerdo con la denuncia, se ha valido de testaferros para hacerse de numerosos inmuebles que ilegalmente ha arrebatado a sus verdaderos dueños. Entre los afectados figuran no solo personas naturales, como Giovanni Paredes, accionista mayoritario del Camal de Yerbateros, sino también instituciones como la Fundación por los Niños del Perú, el Ministerio de Educación, el club Alianza Lima, la empresa Sol de Media Noche y dos entidades bancarias.
Es precisamente por estos hechos que la Procuraduría de Lavado de Activos, dirigida por la abogada Julia Príncipe Trujillo, ha tomado el caso en sus manos y ha denunciado a Orellana y compañía por el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de estafa.
A FAVOR DEL DELITO
Junto al cuestionado letrado, Benítez y Benedicto Jiménez son fundadores de la Asociación Unidos Contra el Lavado de Activos y el Narcotráfico (UCONA). Sin embargo, según el informe, lejos de colaborar con la investigación de estos hechos, el congresista denunció a la procuradora Príncipe cuando esta empezó a investigar a su socio.
“Bueno, (Orellana) no es mi socio, estamos en una sociedad para luchar contra la corrupción (…) digamos que sí, que somos socios, pero para luchar contra la corrupción, no socios de terrenos, ni de invasiones; yo no tengo nada que ver con esos temas”, fue la contradictoria explicación de Benítez.
FUERZA DE CHOQUE
Junto a Benedicto Jiménez se ha encargado de demandar a quienes investiguen a Orellana. Así, la UCONA ha denunciado, además de la procuradora Príncipe, al juez Édgar Vizcarra, al fiscal Rodolfo Arellano y a Giovanni Paredes. Y, utilizando la revista Juez Justo, Jiménez ha publicado, como “informes de investigación”, las denuncias que él mismo ha planteado contra estas autoridades.
“Solicitamos una ampliación contra Orellana ante la Cuarta Fiscalía del Crimen Organizado. Por ello, su abogado, el señor Jiménez me denuncia penalmente por haber asumido, como corresponde a ley, la defensa del Estado en este caso, donde es investigado, vuelvo a repetir, el señor Orellana Rengifo”, dijo la procuradora. Otro implicado sería José Francisco Jurado Nájera, miembro del directorio de FAMINCO S.A.
Fuente: Panorama, Perú 21 y Revista CARETAS.
Por Sebastian Ortiz Martínez- Diario El Comercio
Según el organigrama de la presunta red criminal de Rodolfo Orellana Rengifo ‘El gordo’, elaborado por el despacho de la fiscal Marita Barreto y presentado en su ampliación de denuncia ante el Poder Judicial, uno de los principales mandos medios de esta mafia sería Churchill Bruce Orellana Rengifo, quien antes se llamó Churchill Bruce Ríos Vela, el hijo adoptivo del prófugo abogado.
El documento, al que accedió El Comercio, indica que Ríos Vela fue adoptado ante la Municipalidad de Tocache (San Martín) por el cabecilla de la supuesta organización delictiva el 14 de junio del 2010, cuando este tenía aproximadamente 24 años. Tras ello, Churchill Orellana pasó a ser pieza clave para el clan dirigido por su padre y tía Ludith Orellana.
Y así como el coronel PNP(r) Benedicto Jiménez dirigió el frente de choque, el hijo adoptivo de ‘El gordo’ fue una de las cabezas de la otra división de la red. Se encargó de la administración, control y supervisión de los ‘negocios’ y de las empresas, así como en la transferencia de inmuebles y vehículos a favor de la organización.
La investigación preparatoria de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos determinó que Churchill Orellana “participó en forma activa y directa en la ejecución del delito de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir”.
El Ministerio Público llega a esa conclusión, luego de analizar, más de una decena de operaciones de venta y compra de inmuebles y vehículos, en las que participó el imputado. Estas acciones se realizaron para maquillar las transacciones y lavar el dinero ilegal de la red.
Incluso, le transfirió propiedades a la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras (Coopex), de la que fue directivo por un año.
Así, esta cooperativa, fundada por Rodolfo Orellana, pudo aparentar tener patrimonio suficiente para garantizar las cartas-fianza fraudulentas que emitió a favor de empresas privadas que participaban en licitaciones públicas. Gracias a ello, estas compañías firmaron millonarios contratos con el Estado, aunque muchas incumplieron estos acuerdos y abandonaron las obras, generando un perjuicio económico para las arcas estatales.
FUNDADOR DE EMPRESAS DE FACHADA
La fiscalía también halló pruebas que demuestran que Churchill Orellana creó al menos tres empresas y fue gerente y apoderado de otras seis, que sirvieron de fachada para lavar el dinero obtenido por la organización criminal de estafas con propiedades, cartas fianza dadas por Coopex y el pago de terceros por ciertos servicios.
Por ejemplo, el hijo adoptivo de Orellana fundó la empresa “Churchill Schwartz Construcción SAC”, que no registra trabajadores antes la Sunat y tampoco endeudamiento en el sistema financiero. Pero sí habría realizado “grandes transacciones financieras”.
También constituyó la compañía “Churchill Inmobiliary SAC” y Norte Perú Inversiones Mineras SAC, entre los años 2009 y 2011.
CUENTAS INJUSTIFICADAS
Según un informe de la Unidad de Inteligencia financiera, el hijo de Rodolfo Orellana tuvo entre los años 2007 y 2011 dos cuentas de ahorros, en el Banco de Crédito e Interbank. En la primera entidad guardó US$18,790, mientras que en la otra S/251,170. A la fiscalía le llamó “poderosamente” la atención, que en la cuenta del Interbank registre ingresos por S/233,855 en el 2011, debido a que ese año Churchill recién había culminado sus estudios universitarios en Derecho.
Ese año, no registra Declaración Jurada del Impuesto General a las Ventas (IGV), o declaración de honorarios profesionales.
Entre el 2008 y 2014, el mando medio de la red viajó a Ecuador, Argentina, Brasil, Colombia, Panamá y Estados Unidos. Churchill Orellana, prófugo de la justicia y con orden de captura internacional, no ha podido precisar el origen del dinero que le sirvió para costear estas salidas al extranjero.
En el informe de la fiscalía, se menciona que los viajes del imputado a Panamá, donde existe un paraíso fiscal, fueron reiterativos.
Un informe que emitió el programa “Panorama” en junio pasado indicó que Churchill Orellana sería uno de los nexos de su padre con el narcotráfico.
El mando medio de la organización criminal recibió un poder para administrar cuatro departamentos en Chaclacayo (Lima) de parte de Laura More Tejada, hermana de Ricardo More Tejada. Esta persona fue procesada por tráfico ilícito de drogas, después de que se la hallara con cuatro kilo de cocaína en Chile en 1999.
Por Rocío La Rosa Vásquez- Diario El Comercio.
Tiene 51 años, nació en Tayabamba, La Libertad, y es señalado por la fiscal Marita Barreto Rivera como el presunto tesorero del denominado Clan Orellana: como tal, “habría manejado más de 50 millones de dólares”.
Se trata de William Zenobio Cruzalegui Caballero. De acuerdo a la ampliación de las investigación del Ministerio Público, junto al mismo Rodolfo Orellana, y otros implicados, como Hernán Villacrez Torres y Churchill Bruce Ríos Vela (hijo adoptivo del primero), registraron en el Banco de Crédito del Perú y el Banco Interbank ingresos de fondos por US$3’929.076 y S/752,611 entre junio de 2002 y abril 2011. Estas operaciones fueron efectuadas a través de Orellana Asesores y Consultores S.A.C.
El documento de la fiscalía señala que el dinero fue retirado principalmente en efectivo y mediante cheques. Lo que llama la atención es que el 55.6% de los ingresos fueron depositados en efectivo, cuando en el tráfico empresarial “es improbable el manejo de grandes sumas de dinero en efectivo”.
Para la fiscalía, esto se debía a que la organización enfrentaba numerosas denuncias, “por lo que optaban por retirar inmediatamente el dinero que era ingresado en cuentas o enviando y haciendo transferencias sospechosas”. El dinero era retirado en su totalidad para ser enviado a cuentas de países en el exterior.
El 4 de abril de 2010 Cruzalegui Caballero hizo transferencias a China por US$40 mil a favor de An Hui An Li Artificial Leather Co. El 22 de octubre de 2009, ordenó enviar a EE.UU. US$5,500 y el 23 de diciembre de 2009 realizó depósitos a favor del ex ministro de Relaciones Exteriores del gobierno fujimorista, Manuel Blacker Miller (US$5,500).
Al banco Merril Lynch (EE.UU.) envió US$70 mil; a Florida Air Academy (EE.UU.) US$15 mil; a Manuel Orellana Rengifo (hermano del prófugo abogado) US$11,800 hasta Suecia, entre otros movimientos.
Este liberteño figuró como presidente y gerente adjunto de las empresas creadas por Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo, como Coopex y la inmobiliaria Asociada.com S.A.C., en las que el primero, “líder de la organización criminal”, se ha desempeñado como gerente general.
También se encargó del cobro de cheques ordenados por Orellana Asesores y Consultores, figurando como ejecutante, ordenante y beneficiario de los fondos.
NO TIENE TRABAJO FORMAL
El Ministerio Público determinó que Cruzalegui Caballero no se encuentra asegurado y no tiene endeudamiento en el sistema financiero, “lo que pudiera acreditar que mantiene negocios o empresas que le genere utilidades”. Esta situación, considera la fiscalía, causa extrañeza por los montos de dinero que manejaba dentro de la red.
Fue miembro del consejo de vigilancia y asociado fundador de Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras (Coopex), empresa que fue utilizada para cometer actos delictivos.
También figura como representante legal de Abogados Peruanos Asociados S.A.C., cuyo fundador fue Rodolfo Orellana. Además fue gerente de Inmobiliaria Asociada.com, ex gerente general de ABC Group y tesorero de Aprodeban. Además, fue gerente adjunto de Orellana en Negocios inmobiliarios.com S.A.C. Todas destinadas al presunto lavado de activos.
Debido a que abrió y manejó diversas cuentas bancarias en Lima, “la función del imputado era justamente el manejo del dinero de origen ilícito y que por haber participado durante varios años dentro de la organización conocía o debía conocer dicho origen”.
En la pesquisa fiscal se indica que continuó con su accionar delictivo hasta el 2010, año en que habría decidido radicar en Canadá.

Los uruguayos necesitarán acudir a las urnas en una segunda vuelta el próximo 30 de noviembre para elegir al sucesor de José Mujica. Tal como vaticinaron todas las encuestas, ningún candidato obtuvo este domingo en Uruguay el 50% de los votos más uno que se precisa para ser presidente en una primera vuelta. Por tanto, la presidencia se disputará entre el candidato de la coalición izquierdista Frente Amplio, Tabaré Vázquez (74 años), y el del Partido Nacional, Luis Lacalle (41), quienes obtuvieron en torno al 46% y 31% de los votos, respectivamente. Les siguieron el Partido Colorado con el 13% y el Independiente, en torno al 3%, según los resultados con el 84% de los votos escrutados.
Si el lenguaje facial y de gestos revelan en estos casos más que las palabras que se pronuncian, la noche electoral tuvo un claro ganador: Tabaré Vázquez. La alegría con la que se presentó ante sus seguidores tres horas después del cierre de las urnas contrastaba con el tono alicaído de sus rivales. Las encuestas acertaron en que habría una segunda vuelta, pero erraron al adjudicar a Vázquez menos votos de los que finalmente cosechó. Y fallaron también al adjudicar al Partido Colorado más adhesiones de las que finalmente obtuvo. Por tanto, aunque el candidato colorado ya ha garantizado que apoyará a Lacalle en la segunda vuelta, hoy por hoy la suma de votos entre blancos y colorados no alcanza para vencer a Vázquez el 30 de noviembre. Así se explica su festejo. Vázquez ya contaba con que necesitaría una segunda vuelta pero nadie auguró una ventaja tan amplia.
En cuanto a las elecciones legislativas, que también se dirimían este domingo, los primeros resultados no aseguraban para el Frente Amplio la mayoría absoluta que ostenta desde 2004 en el Parlamento. No obstante, Vázquez declaró en televisión que se encontraba en el umbral de la mayoría, pero prefería esperar hasta este lunes, cuando se confirmarían los resultados oficiales. A pesar de ello, cuatro horas después del cierre de las urnas declaró ante los militantes del Frente: “Prácticamente, hemos logrado nuevamente la mayoría parlamentaria”. Fue interrumpido por gritos de “el pueblo unido jamás será vencido”. Y prosiguió: “Y eso es un reconocimiento a los nueve años de Gobierno del Frente Amplio”.
Los logros están ahí. Pero, como sucede en Chile, el electorado se ha vuelto más exigente.
Además de las presidenciales y las legislativas, los uruguayos votaban en plebiscito sobre la opción de rebajar la edad penal desde los 18 a los 16 años, un proyecto presentado por el centro-derechista Partido Colorado a través de la recogida de firmas. Finalmente la rebaja no fue aprobada, a pesar de que la inseguridad ciudadana es la principal preocupación de los ciudadanos. No obstante, aunque la propuesta de los colorados perdió por 53% al 46,9% de los votos, el resultado refleja que un parte considerable de la población se mostraba a favor del encarcelamiento a partir de los 16 años.
Más allá de los resultados, el domingo ganó la democracia en Uruguay. La campaña se desarrolló sin insultos, ni declaraciones catastrofistas ni acusaciones de corrupción. Hasta el último momento se vio en la calle un ambiente festivo y no era raro ver a los militantes de base de un partido compartiendo agua o charlando con grupos rivales. Todos los dirigentes en disputa mostraron un comportamiento modélico, que también es el que más rédito electoral les aporta en una sociedad donde las agresiones verbales no suelen ser frecuentes.
Ahora, los partidos tendrán que acomodar sus estrategias de cara a las presidenciales del 30 de noviembre. Tabaré Vázquez era el gran favorito hace un año. Lo tenía todo a su favor: la trayectoria de un hombre honesto que presidió el país entre 2005 y 2010 y permaneció hasta hoy como el político más popular, más incluso que José Mujica. Y contaba, además, con los innegables éxitos económicos del Frente Amplio, que en 10 años de Gobierno consiguió erradicar la pobreza para 900.000 personas, casi un tercio de la población, y dejó el desempleo en el nivel más bajo (6%) de la historia. Sin embargo, Vázquez vio cómo en los últimos cuatro meses el diputado del Partido Blanco Luis Lacalle, de 41 años, le recortaba distancia.
El progreso social ha creado estridencias que se perciben en la calle.
Lacalle se presentó con un mensaje rompedor: “Por la positiva”. Es decir, por el diálogo, por el reconocimiento de los logros del Frente. Y aclaró que él no es de derechas ni de izquierdas, sino “un pragmático”, un “liberal conservador” que antepone la gestión a cualquier ideología. Pero una parte del electorado observó detrás de Lacalle la misma mano neoliberal con la que su partido, con su padre a la cabeza, el presidente Luis Lacalle Herrera (1990-1995), ejecutó en los noventa el mayor programa de privatizaciones del país. Lacalle intentó combatir ese punto escondiendo a su padre en el último puesto de la lista para el Senado y mostró en sus anuncios electorales imágenes con las que el electorado identifica los logros del Frente: molinos de energía eólica, computadoras para escolares…
Los logros están ahí. Pero, como sucede en Chile, el electorado se ha vuelto más exigente. Y se impacienta ante las promesas incumplidas. El presidente, José Mujica, prometió en su primer discurso presidencial “educación, educación, educación y más educación”.Pero, en el informe PISA de 2012, Uruguay obtuvo el peor resultado de su historia y quedó en el puesto 55 de los 66 países participantes.
El progreso social ha creado estridencias que se perciben en la calle. Montevideo, municipio donde vive la mitad de los habitantes del país y donde gobierna el Frente, tiene 24 kilómetros de paseo marítimo al borde del Río de la Plata. En ese paseo, conocido como La Rambla, siempre hay gente pescando, paseando, corriendo y en bicicleta. El problema es que los ciclistas solo disponen en La Rambla de dos kilómetros. Y ahí es donde el argentino residente en Uruguay Gustavo Izús, coordinador de la plataforma Ciclovida, lamenta: “Tenemos en la ciudad un Gobierno progresista desde hace 20 años que ha hecho muy poco por un medio tan progresista como la bici. Mientras, en Buenos Aires, gobernada por un partido de centroderecha, hay servicio de alquiler de bicis gratis”.
A lo cual, el jefe de Movilidad Urbana de Montevideo, Enrique Moreno, responde: “Decir que no hemos hecho apenas nada por la bici es desconocer la historia de este país. En 2002, hubo una crisis en la que la gente no tenía dinero ni para subirse al transporte público y se usaban las bicis por obligación. Ahora hay mucha gente con coches y motos. Y no basta con los 20 kilómetros de ciclovías que hemos habilitado en el casco viejo de la ciudad. El ciudadano se ha vuelto muy exigente. Queremos los mismos avances que se ven en países como Alemania, pero no tenemos los ingresos de Alemania”.
El presidente que salga elegido en noviembre sabe ya que queda un largo camino por recorrer, muchos kilómetros de carreteras por arreglar, reformas educativas, grandes mejoras en seguridad… Y mucho diálogo para afrontarlas.
Fuente: Diario El País.

Por Enver Quinteros y José Abilio Guillén- NoticiasSer.pe
El complejo mapa electoral
Movimiento Independiente Fuerza Campesina
En líneas generales, es resultado de la alianza entre un sector de las bases que pertenecían a Llapanchik (Andahuaylas) y APU (Abancay). En efecto, luego de la derrota y el debilitamiento de Llapanchik en las elecciones 2010, y de la indecisión de David Salazar para participar en las elecciones 2014, sus militantes optan por incorporarse en diferentes agrupaciones políticas. Uno de ellos es Julio Huaraca, ex militante de Llapanchik y exalcalde de Andahuaylas por este partido, quien decide impulsar Fuerza Campesina con exmilitantes de Llapanchik.
Julio Huaraca, que pasó de ser campesino agrario a campesino minero, propuso a Marcelo Quispe, actual alcalde de San Jerónimo por APU, llevar adelante dicha apuesta. En el marco de ello se produjeron el acercamiento y la confluencia entre exmilitantes de Llapanchik y los líderes regionales de APU radicados en Abancay. La sintonía y las coincidencias en torno a trabajar desde una perspectiva de “cosmovisión campesina y de gestión del territorio” generan una suerte de acercamiento natural que posibilita la alianza. Como dicen los propios involucrados, esta alianza “fue casi natural y sin condicionamientos”.
Sucedido esto, Huaraca y Quispe participan de las elecciones internas para definir las candidaturas a la alcaldía de Andahuaylas por Fuerza Campesina. No obstante, Huaraca es derrotado por Quispe y, en medio de denuncias de fraude y violencia, termina renunciando a la recién creada agrupación, recalando en el Partido Humanista, con quien va a la alcaldía por Andahuaylas. El siguiente paso fue definir la candidatura a la presidencia regional. Las versiones son distintas aquí. Algunos señalan que David Salazar intentó asumir la candidatura. De hecho, se señala que Wilber Venegas, actual candidato a la región por Fuerza Campesina y ex candidato con el APRA el 2010, habría propuesto a Salazar para que él sea el candidato. Salazar habría aceptado, pero Marcelo Quispe se opuso. La otra versión señala que Wilber Venegas fue elegido en elecciones internas por amplia mayoría. Su capital simbólico y político de buen técnico y concertador le habrían valido un respaldo importante para asumir la candidatura regional por Fuerza Campesina.
De otro lado, la estrategia de campaña desarrollada por Fuerza Campesina estuvo centrada en afirmar su participación en las siete provincias y más de 70 distritos. Su base social estaría centrada en el sector de campesinos agropecuarios y campesinos mineros, sobre todo en Chincheros, Andahuaylas y Cotabambas. Su campaña fue modesta en comparación a las del resto de candidatos. En términos de plan de gobierno, desarrolló un plan de trabajo integral, que no solo recoge temas sociales (agenda CVR, poblaciones vulnerables, etc), sino que, en torno a la minería, propone apuestas como la implementación del Ordenamiento Territorial (OT) y la Zonificación Económica y Ecológica (ZEE).

Movimiento Popular Kallpa
Es resultado de uno de los primeros fraccionamientos de Llapanchik. Kallpa postula por segunda vez al gobierno regional con Michael Martínez, ex congresista, empresario y a quien se le acusa de tener vínculos con el narcotráfico. Este movimiento de origen andahuaylino es el que logra desarrollar la alianza política más importante con el ex alcalde de Abancay Manuel Campos, líder del Tupay, y quien goza de un capital político importante. En efecto, Campos era el candidato potencial de Abancay que todas las candidaturas regionales querían tener como aliado. Poder Popular Andino y Alianza para el Progreso, cuyos candidatos son de Abancay, apostaban por Campos como el aliado natural y potencial para lograr votos. No obstante, Campos rechaza estas ofertas y apuesta por Kallpa, a cuya alianza se suman otros líderes menores del debilitado Llapanchik. La apuesta de Campos de aliarse con Martínez generó una gran sorpresa en Abancay. Nadie esperaba una alianza con un candidato andahuaylino. De hecho, Barra Pacheco, candidato por Alianza por el Progreso, salió en la prensa regional acusando a Campos de “traidor al pueblo de Abancay por haberse aliado con un andahuaylino”.
De otro lado, la campaña de Kallpa fue ostentosa y millonaria. Al no tenerse claridad en torno a su financiamiento, las especulaciones sobre posibles aportes del narcotráfico estuvieron a la orden del día. Kallpa es una de las dos agrupaciones que logró afirmar candidaturas en las siete provincias y 80 distritos, cuyas bases principales serían campesinos de Andahuaylas, Cotabambas y Aymaraes, así como empresarios de la construcción y profesionales. Respecto a su propuesta de plan de gobierno, Kallpa plantea un largo listado de obras en los diferentes ejes. Es rescatable su apuesta por el agro. No obstante, no hay mayor propuesta al respecto, como tampoco la tiene respecto a la minería, más allá de auditar los grandes proyectos, apoyar la formalización de los mineros artesanales, etc.

El cuaderno de Beto
Lo más sorprendente fue conocer que un colaborador eficaz contó que el alcalde pagó S/30,000 soles a un miembro del Jurado Nacional de Elecciones; y otros 80 mil dólares, a un integrante del Tribunal Constitucional, para anular la sentencia condenatoria en su contra por el delito de peculado.
Por César Romero- Diario La República
Según la fiscalía, el colaborador eficaz 14-2014 habría revelado que los magistrados Carlos Mesía y Gerardo Eto anularon una sentencia al alcalde de Chiclayo a cambio de un beneficio económico que les entregaron en Lima el 2012.
En una forzada decisión, el 17 de abril del 2013 el Tribunal Constitucional (TC) anuló una condena de dos años de prisión impuesta al hoy detenido alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, que lo hubiera apartado de esa municipalidad.
Ahora, el colaborador eficaz N° 14-2014 ha declarado a la fiscalía que Torres pagó 160 mil dólares a dos magistrados del TC para que resuelvan a su favor. Cada uno de estos, hoy ex magistrados, habría recibido 80 mil dólares en efectivo, reveló el titular de la 3ª Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo, Lucio Zapata.
El fiscal hizo esta grave acusación durante la audiencia en la que se decidió la prisión preventiva de Roberto Torres, por 18 meses. Aunque el fiscal no dio mayores detalles, La República pudo conocer que el colaborador señaló a Carlos Mesía y Gerardo Eto como los magistrados que habrían recibido el pago.
EXPEDIENTE TC
El dinero se habría entregado a través de un intermediario en un parque de Miraflores, en Lima, en setiembre del 2012, y luego Torres confirmó que el dinero llegó efectivamente a los personajes mencionados, precisó el testigo a la fiscalía.
Para corroborar su versión, el colaborador ha entregado una serie de pruebas documentales sobre este y otros hechos de corrupción, en los que estarían involucrados jueces, fiscales y también miembros del Jurado Nacional de Elecciones.
La sentencia del TC del 17 de abril del 2013 fue firmada por los entonces magistrados Carlos Mesía Ramírez, Ricardo Beaumont Callirgos, Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez Miranda. Mientras que se opusieron Óscar Urviola Hani, Fernando Calle Hayén y Juan Vergara Gotelli.
Al principio, el caso quedó empatado tres a tres, sin la intervención de Eto, por lo que el presidente del TC, Óscar Urviola, tenía el voto decisorio.  Eto no había intervenido en la audiencia, en la que la defensa de Torres sustentó su demanda, el 12 de diciembre del 2012.
El doctor Gerardo Eto se abstuvo por decoro de ver este caso, lo que fue aceptado por el TC el 5 de marzo. Pero en abril, firmó la sentencia y completó los cuatro votos que salvaron a Torres. Su voto no tiene argumentación, solo dice que concuerda con lo resuelto por sus colegas, lo que apenas ocupa media página tamaño A4.
VEHÍCULO FAMILIAR
Una semana después de esta sentencia, Ricardo Beaumont renunció al TC. Este magistrado justificó su decisión en el vencimiento del plazo para el que habían sido nombrados, pero otras habrían sido las causas reales.
Roberto Torres había sido condenado por peculado de uso, luego de que la fiscalía probó que utilizó una camioneta asignada a su uso para llevar a sus hijos al Jockey Club de Chiclayo, un día en que el alcalde se encontraba en Lima.
El TC resolvió que si bien los funcionarios no pueden incluir a su familia, cuando se les asigna un vehículo por función del cargo público que ocupan y que el tribunal que lo condenó aplicó correctamente la ley, no sustentó por qué el uso familiar de un vehículo oficial debía considerarse delito.
COLABORARÁN
“La imagen del tribunal no tiene por qué dañarse por un presunto delito sobre el cual deberán responder su autor o autores”, precisó el presidente del TC, Óscar Urviola.
Subrayó que los integrantes de esta institución son los principales interesados en aclarar las versiones que indican que años atrás se habrían cometido actos ilícitos al resolver la causa 04298-2012-PA/TC, promovidos por el hoy detenido burgomaestre chiclayano. En este sentido, afirmó que el TC colaborará con las investigaciones.
Por su parte, a través de un comunicado público, el Jurado Nacional de Elecciones rechazó cualquier acto ilícito al resolverse las cuestiones relativas al alcalde Roberto Torres. Enfatizaron que cualquier acusación debe “encontrarse debidamente acreditada y sustentada en pruebas claras e idóneas”.
JUEZA DICTA 18 MESES DE PRISIÓN PARA ALCALDE DE CHICLAYO
El alcalde Roberto Torres ingresó a un centro penitenciario, luego de que la jueza de Chiclayo Cecilia Costa acogió el pedido de la fiscalía y dictó 18 meses de prisión preventiva en su contra por presunto lavado de activos y asociación ilícita.
En la audiencia pública en la que se tomó esta decisión el fiscal Sergio Zapata reveló el hallazgo de un cuaderno de Roberto Torres en el cual se anotaban diversas cantidades de dinero.
En las anotaciones se puede leer: “Darío Acuña: $10,000, 25,000 soles, $5,000, 15,000 soles.  Obra Centro Chiclayo: 400,000  95,000 (18-03-2014), 55,000 (18-05-2014), 50,000 (23-05-2014).
Además, se revelaron una serie de audios durante las intervenciones del 30 de setiembre entre Víctor Pérez, Roberto Torres y un NN que muestran preocupación por el hallazgo del maletín con dinero en efectivo.

Por Alfonso Baella Herrera- Diario Perú21
El pasado 5 de octubre, Lima se pronunció con contundencia: más del 50% votó por Luis Castañeda Lossio, casi 18% por Enrique Cornejo y apenas el 10% por la alcaldesa candidata, Susana Villarán de la Puente. La oposición política barrió un régimen municipal que se caracterizó por la incapacidad para entender a la ciudad y sus ciudadanos.
Frente a esa contundencia que no admite dudas, los vecinos no solo esperan sino exigen que la transición del gobierno municipal sea responsable, sin ‘bombas de tiempo’ que oculten contrabandos para la administración que debe empezar el 1 de enero del 2015. En pocas palabras, que no se aprovechen las diez últimas semanas, de una gestión que ya no tiene legitimidad, para, bajo la apariencia de reformas, pretender favorecer intereses o devolver favores.
Ocurre que hay motivos para levantar la ceja. En primer lugar, la ONPE ha señalado que Diálogo Vecinal, la agrupación que la alcaldesa usó, no ha presentado la relación de ingresos ni gastos. Es decir, no sabemos quiénes fueron los (las) ‘desinteresados (as)’ que pagaron miles de paneles, asesores internacionales, carísima producción de spots televisivos y la gigantesca pauta para su difusión en televisión y radio. Según la ONPE, los gastos bordean los 4.4 millones de soles de los cuales tiene recibos, de los propios medios, por alrededor de S/.2.5 millones hasta setiembre. Como se sabe, durante la campaña municipal, la ONPE también reveló que Villarán no presentó las cuentas claras sobre los cuantiosos fondos para la campaña contra la revocatoria.
La suspicacia crece porque, además, ha trascendido que la mayoría en el concejo estaría presentando una iniciativa al Congreso para convertir en ley la actual estructura administrativa de la Municipalidad Metropolitana de Lima y amarrar, así, las manos al próximo alcalde. Este no podría tocar gerencias ni el organigrama funcional, y tendría como única vía otra ley que tendría que gestionar ante el Congreso. Peor aún, hay proyectos y hasta usufructos a favor de terceros, que estarían por hacerse en este zafarrancho final.
Las transiciones son oportunidades para mostrar nobleza; por ello, deben ser escrupulosas con los bienes y los intereses públicos. Máxime cuando se perdió por incapacidad y por poner las manos al fuego por quienes ya son investigados. Una parranda municipal de despedida es lo que menos necesita Lima y lo que menos deben permitir sus vecinos.

La organización yihadista Estado Islámico (EI) está perdiendo terreno en su batalla por la ciudad kurdo-siria de Kobani. Desde que iniciaron la ofensiva hace un mes, al menos 662 personas han muerto, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Las fuerzas militares estadounidenses han lanzado 14 nuevos ataques aéreos y bombardeos entre este miércoles y este jueves, que han ayudado a las tropas kurdas que combaten en la población a resistir la ofensiva de la organización.
Los milicianos kurdos han lanzado un ataque en las últimas horas en la periferia oeste de la localidad siria de Kobani, en la frontera con Turquía, en un intento de ganar terreno frente al grupo Estado Islámico, según ha señalado el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
La ONG agregó que, según informaciones preliminares, las Unidades de Protección del Pueblo kurdo podrían haber avanzado por esa zona, donde anteayer recuperaron el control del área de Tal Shair, a siete kilómetros de Kobani.
Colaboración entre kurdos y la coalición internacional
Mientras, los aviones de la coalición internacional han efectuado entre la pasada medianoche y el amanecer seis bombardeos contra objetivos del EI en el sector este de la población.
Funcionarios kurdos informaron este miércoles de que el principal grupo armado kurdo, el YPG, estaba entregando coordenadas de posiciones concretas de los combatientes del Estado Islámico en Kobani a la alianza liderada por Estados Unidos que está bombardeando al grupo insurgente en Irak y Siria.
“Altos cargos del YPG le dicen a la coalición la ubicación de los objetivos del ISIL y en consecuencia los impactan”, ha apuntado a Reuters Polat Can, portavoz del YPG, usando el antiguo acrónimo del Estado Islámico. En esa parte de la ciudad, se registran enfrentamientos entre los radicales y los milicianos kurdos en las inmediaciones del complejo gubernamental de seguridad, tomado por el EI.
“Confío en los esfuerzos de las Unidades de Protección del Pueblo kurdo, en sus hombres y mujeres, que darán hasta la última gota de sangre para proteger Kobani y acabar con los terroristas del EI”, ha afirmado el presidente de este enclave kurdo sirio, Anuar al Muslem, en declaraciones realizadas por teléfono a Efe.
Más de 660 muertos en un mes de asedio
Kobani, en la provincia de Alepo, es uno de los tres principales enclaves kurdos de Siria y objetivo de una ofensiva del EI desde el 16 de septiembre. Los otros dos enclaves son las regiones de Afrin, también en Alepo, y Yazira, en la provincia de Al Hasaka (noreste).

Este jueves se cumple un mes del inicio de la ofensiva yihadista contra la población. Desde entonces, al menos 662 personas han muerto durante la ofensiva del grupo yihadista Estado Islámico (EI), iniciada hace un mes, contra el enclave kurdo sirio de Kobani. Al menos veinte eran civiles, de los que diecisiete fueron ejecutados por los radicales -cuatro de ellos decapitados- y el resto fallecieron por los ataques con proyectiles del EI contra Kobani y los pueblos de sus alrededores.
En el bando de los kurdos, al menos 268 personas perdieron la vida: la mayoría eran miembros de las Unidades de Protección del Pueblo kurdo, pero hay también un voluntario kurdo y nueve rebeldes de otras facciones sirias que perecieron en combates, atentados y ataques de los extremistas.
A estas víctimas se suman al menos 374 militantes del EI fallecidos por los bombardeos de la coalición internacional y en emboscadas y enfrentamientos contra sus adversarios kurdos. Esta cifra incluye a cuatro suicidas del grupo que perpetraron atentados.
Avances en Irak
Mientras, también preocupa el avance del EI en Irak, sobre todo en la provincia de Al Anbar, en el oeste del país, donde los yihadistas han tomado el control casi total de la ciudad de Hit.

La amenaza del califato

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Martin Dempsey, ha considerado este jueves como una “estrategia vencedora” la que sigue Washington en su ofensiva contra el Estado Islámico (EI) y descartó que Bagdad “vaya a caer” en manos de los yihadistas.
“Estamos en el camino correcto (…) Contamos con una estrategia vencedora”, ha indicado Dempsey en una entrevista en la cadena CNN. No obstante, el general reconoció que la lucha contra EI, tanto en Siria como en Irak, requiere “paciencia” y colaboración por parte de la coalición internacional liderada por Estados Unidos, que ha lanzado ataques aéreos contra posiciones yihadistas.
Fuente: RTVE.es

El Presidente del Tribunal Constitucional (TC) Óscar Urviola Hani, informó que colaborarán con el Ministerio Público en las investigaciones que llevan a cabo contra el detenido alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales.
“Somos los más interesados en que se esclarezcan las versiones propaladas por diversos medios de comunicación, que dan cuenta de presuntos actos ilícitos que habrían ocurrido años atrás en la entidad, con motivo de la resolución del Expediente N°04298-2012-PA/TC, promovido por el detenido alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales”, declaró Urviola Hani.
El titular del TC Oscar Urviola manifestó que “la imagen del Tribunal no tiene porqué empañarse por la comisión de un presunto delito, el mismo que deberá ser respondido por su autor o autores, con pleno respeto del principio de presunción de inocencia que reconoce la Constitución”.
Como se recuerda, la demanda de amparo interpuesta por el detenido alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, fue declarada fundada en el Tribunal Constitucional mediante sentencia de 17 de abril de 2013, anulándose una sentencia que lo condenó por delito de peculado de uso a dos años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución.
La referida sentencia contó con el voto favorable de los ex magistrados Carlos Mesía Ramírez, Ricardo Beaumont Callirgos, Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez Miranda, mientras que rechazaron la demanda con voto en contra el actual Presidente del TC Óscar Urviola Hani, y los ex magistrados Juan Vergara Gotelli y Fernando Calle Hayen.
Fuente: Diario La República.
EMILIMA
Por increíble que parezca, Miluska del Castillo Muro (35), hermana de Katiuskha del Castillo, pareja del alcalde de Chiclayo, Roberto Torres -cabecilla de una red mafiosa-, trabajó como “asesora legal” en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (EMILIMA), órgano supeditado a la Municipalidad de Lima.
Del Castillo Muro formó parte del staff de EMILIMA desde junio del 2013, fecha correspondiente a la gestión de la alcaldesa Susana Villarán.
A diferencia de su hermana “La Jefa”, Miluska del Castillo no es investigada por presuntos delitos contra la administración pública en agravio del Estado.
Sin embargo, para el fiscal adjunto de la Tercera Fiscalía de Chiclayo Juan Carrasco Millones, a cargo del caso, las investigaciones se encuentran en “fase inicial”, por lo cual no descarta que en un futuro pueda ser incluida dentro de sus pesquisas.
“Por el momento no ha sido comprendida (…) en este tipo de casos la familia siempre se ve favorecida. Aquí se puede encontrar delito”, refirió.
SOBRE ELLAS
Tras el destape de la corrupción del gobierno del alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, Norma Muro y su hija Katiuska del Castillo, fueron también internadas por su vinculación con esta red. Ahora vuelven a preparar comida, pero ahora para las internas del centro de Picsi.
Fuente: Diario Correo.
Probable tráfico de influencias y peculado
La Tercera Fiscalía señaló que están en investigación las cuentas bancarias del año 2011, en favor de Silvia Miluska del Castillo Muro, hermana de Katiuska, con depósitos que ascienden a S/43 mil.
Expresión pone al descubierto a familiares de la pareja sentimental del cuestionado burgomaestre ofertando en la ciudad, a través de la empresa Publitec Group E.I.R.L., publicidad en paneles monumentales que no contarían con las autorizaciones para su instalación.
Se trata de Silvia Miluska del Castillo Muro y David Cuya Postigo, hermana y cuñado, respectivamente, de Katiuska, actual pareja del alcalde Roberto Torres, quienes a través de Publitec Group E.I.R.L. –constituida el 13 de abril del 2011 en Registros Públicos, con Ficha N°12647909 – Asiento A0001- pusieron a disposición de las empresas la oportunidad de anunciar sus productos en paneles monumentales ubicados en lugares estratégicos de la ciudad, como el frontis del Centro Comercial Real Plaza, la esquina de la Sunat, entre otros, según lo corroboró el propio Cuya, quien en los inicios del negocio figuró como gerente, cediendo luego el cargo a su esposa.
Quizá aprovechando la coyuntura de la reelección de Torres y la consolidación de la relación entre el burgomaestre y la joven Katiuska, la pareja de esposos no tuvo mejor idea que ingresar en el negocio de los paneles publicitarios, ofertando más de media docena de estos en las medidas de 5m x 8m y 10m x 5m, a razón de 2 mil nuevos soles mensuales en contratos de 6 meses, incluyendo I.G.V. y asegurando tener varios disponibles en sus puntos preferentes.
Lo curioso del asunto es que si bien la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, que figura con RUC N°20543045013 y registrada a Silvia Miluska del Castillo Muro como su titular gerente, tiene su radio de acción únicamente la ciudad de Chiclayo – según su página de Facebook – a pesar que ésta registra como dirección del domicilio fiscal el Block A-23 s/n Dpto. 302 CPMP Alameda 3 (Base Aérea Las Palmas)– Santiago de Surco– Lima, lugar donde reside la pareja de esposos, pues David Cuya es mayor de la Fuerza Aérea del Perú.
Según fuentes cercanas a la institución militar en Lima, la situación del oficial se complicaría, toda vez que la vivienda asignada exclusivamente para su residencia –patrimonio del Ministerio de Defensa– habría sido consignada inconsultamente por su esposa Silvia Miluska para sus operaciones empresariales, lo que motivaría una sanción.
Para estos casos, la misma fuente cita que las Villas o Residenciales Militares son exclusivamente de uso de vivienda, por lo que al crear a Publitec Group E.I.R.L. consignando como domicilio fiscal una propiedad del Estado (en este caso la Residencial de la Fuerza Aérea) resultaría del todo cuestionable y contraproducente.
¿Sin licencia para operar?
Versión del arquitecto Óscar García Checa, exgerente de Urbanismo, recogida por este medio de comunicación, está referida a que durante su permanencia en el cargo, entre los meses de mayo y octubre del 2012, la tramitación de permisos para la instalación de paneles en la ciudad correspondía precisamente a su área; no obstante – asegura – en todo momento, en relación a la empresa Publitec Group E.I.R.L. se le ocultó la información, pese a que tenía conocimiento extraoficial  de que una persona cercana al alcalde era quien la operaba, desconociendo hasta ahora su identidad.
“Hasta cierto punto, tanto los funcionarios que pasaron por esta área, como el personal administrativo muy cercano a la gestión de Torres ha venido encubriendo el accionar de esta empresa, al punto que no gozaría de los permisos oficiales para la instalación de los paneles, a pesar que habría ingresado sus solicitudes”, refirió. 
Textualmente, a Expresión, el profesional de arquitectura reveló que rigiéndose a los lineamientos y normativas que establecen un Plan Director, en todo momento intentó poner fin a la informalidad y desorden de los paneles publicitarios en la ciudad, a fin de mantener el entorno urbano y sin que se vulnere los parámetros urbanísticos. Pero, no lo logró. 
García precisa que durante el tiempo que permaneció en el puesto logró fotografiar cada uno de los espacios donde los paneles fueron ubicados, más de 120 aproximadamente, solo en el casco urbano de la ciudad, pero al hacer la evaluación en el área se topó con una cruda realidad: solo un 5% de éstos tenían permisos de autorización. El resto, simplemente eran ‘Paneles Fantasmas’.
Consumada la ilegalidad, en la que también habría estado incurriendo Publitec Group E.I.R.L. el exfuncionario afirma recurrió a la oficina del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo para que se le emitiera un informe sobre el cobro de licencias de funcionamiento de las empresas que ofertan este tipo de servicio; sin embargo, tampoco le respondieron. De manera verbal, se le expresó que cada uno de estas tenía plena autorización del área de Urbanismo, lo cual no sería del todo cierto. 
“Antes de ser gerente del área intenté sin resultado positivo obtener licencias para una empresa que instalaría paneles en la ciudad, pero mi colega Carlos Mendoza, actual gerente de Infraestructura Pública, me dejaría entrever que no me las otorgarían mientras no conversara con el alcalde Torres”, acotó. Y así fue, transcurrió el tiempo y hasta la fecha no se revelaría este misterio.
¿Conflicto de intereses?
Sorprendido por la noticia, el regidor Manuel Cabrejos Tarrillo, corroboró incluso que a pesar que formuló el pedido solicitando información sobre los paneles publicitarios en la ciudad, también corrió la misma suerte que el exfuncionario, pues se le negó toda posibilidad de enterarse sobre la real dimensión del problema, quizá para evitar que se ponga al descubierto la existencia de empresas vinculadas al alcalde chiclayano o a gente de su más cercano entorno. 
Desde el punto de vista legal, el regidor apeló a solicitar una rápida investigación para determinar el conflicto de intereses, aun cuando no les alcanza la comisión el delito de nepotismo, sin embargo -aclara– éticamente es condenable dado a que “hay un aprovechamiento del lazo sentimental que tiene el alcalde Roberto Torres con Katiuska del Castillo, hermana de quien regenta la empresa de los paneles publicitarios”. 
Sin dar marcha atrás en su intento por sacudir a la ciudad de la informalidad, el concejal logró presentar una iniciativa para evitar la contaminación visual, pero hasta la fecha, proyecto no es debatido… ¿por qué?… Cabrejos aludiría a los intereses que sobre el particular existen. 
Según se ha denunciado, Katiuska del Castillo tiene a familiares trabajando en Epsel y Beneficencia Pública de Chiclayo. 
En los últimos meses, el nivel de contaminación visual por el excesivo número de paneles publicitarios y anuncios ha aumentado en más del 50%.
Fuente: Diario El Comercio y Semanario Expresión de Chiclayo.