Aprovechando las oportunidades generadas por su reubicación, la nueva ciudad de Cerro de Pasco utilizará fuentes de energía solar y éolica (obtenida de la fuerza del viento), perfilándose como una urbe modelo para el resto del país.
Así lo sostuvo Arturo Delgado, representante de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en la comisión interinstitucional encargada de elaborar los lineamientos, planes y estrategias a fin de reubicar la capital del departamento de Pasco.
“Lo ideal, como ya lo manifestamos en Cerro de Pasco, es construir una ciudad modelo aprovechando la zona; por ejemplo, en el uso de energía solar y eólica”, refirió en diálogo con la agencia Andina.
Respecto a la primera fuente de energía mencionada, señaló: “Cerro de Pasco tiene una cantidad de iluminación solar muy superior a la de Lima.”
Agregó: “Entre otras cosas, podemos hacer plantas de tratamiento de desagües que sean amigas del medio ambiente”, e indicó que dichas iniciativas podrían concretarse no sólo con aportes estatales, sino también con capitales mixtos.
También anotó que existe la posibilidad de que las construcciones de la actual ciudad de Cerro de Pasco sean destruidas, tras efectuarse la reubicación de sus pobladores.
“La (ciudad de) Cerro de Pasco actual está debajo de un yacimiento minero…entonces, lo más probable es que sea demolida. Algunas autoridades nos han pedido hacer el traslado de ciertos edificios que ellos consideran históricos, lo cual podría ser atendible en el futuro.”
La Ley Nº29293 declaró de necesidad pública e interés nacional la reubicación de Cerro de Pasco, Delgado consideró: “De los mil pasos que tenemos que andar, hemos dado los primeros cinco.”
Manifestó, en ese sentido: “La parte más delicada es sentar las bases de la reubicación. Las autoridades de Pasco han entendido que se trata de un proceso técnicamente complicado y largo.”
Delgado adelantó que en los próximos meses se realizará la convocatoria para elegir a la empresa que efectuará el estudio de impacto ambiental del proyecto.
Asimismo, destacó la “transparencia” del proceso al mencionar que las sesiones de la comisión realizadas en Cerro de Pasco son transmitidas en directo o grabadas íntegramente por las radios de la zona.
“Además, lo que tratamos de hacer siempre luego de cada sesión es reunirnos con los pobladores para informarles. Creo que lo más delicado en estos momentos es que la población sienta que es parte del proceso”.
Según el gobierno regional de Pasco, el lugar propuesto para reubicar la capital del departamento -una gran planicie entre los distritos de Vicco y Ninacaca, a 30 kilómetros al sur de la actual Cerro de Pasco- está libre de contaminación, posee abundante agua, amplios terrenos para cultivar, vías de comunicación y hasta una pista de aterrizaje.
Fuente: Agencia Andina de Noticias

Villa de Pasco (en el distrito de Tinyahuarco), y los distritos de Vicco y Ninacaca -todos en la provincia de Pasco- son las alternativas planteadas hasta el momento para la reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco, ciudad contaminada por la actividad minera.
El tema se debatió en una reunión convocada por miembros de la Comisión Interinstitucional creada por la Ley N°29293 en diciembre del 2008 con el fin de implementar medidas para reducir el impacto ambiental y proteger la salud de la población, así como definir el proceso de reubicación de la ciudad de Cerro de Pasco para alcanzar su desarrollo urbano sostenible. El grupo es presidido por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Descentralización y empresas responsables del proyecto.
En los tres posibles sitios se realizaron estudios de calidad ambiental del agua, el aire y el suelo.
Las empresas encargadas del proyecto realizarán un informe, el cual será reportado a la comisión interinstitucional a fin de realizar la consulta popular a los ciudadanos pasqueños para elegir entre las opciones debatidas.
“Se ha convocado a los interesados a las diferentes exposiciones a fin de que puedan realizar opiniones y propuestas pero lamentablemente no asisten. Los pasqueños exigen un trabajo bien sustentado y planificado por parte de los consultores”, dijo el alcalde provincial de Pasco, Rudy Callupe Gora, según dio cuenta Andina.
Fuente: Diario El Comercio.

Luego de la denuncia que hizo la madre de Gerald Oropeza López acusando al coronel José Garay del atentado a su lujosa camioneta Porsche Cayenne en San Miguel, su abogado acusó al clan Oropeza de usar acciones vedadas para vengarse del oficial.
En setiembre del año pasado, un equipo de la Divincri Centro al mando de Garay detuvo a Carlos Sulca y Juan Berríos en la camioneta. Luego en noviembre, allegados a Oropeza lo denunciaron junto a sus subalternos de pedir una coima de 50 mil soles.
Tras negar las acusaciones de la madre de Gerald Oropeza, el abogado dijo que están preocupados por la vida de Garay. Además cuestionó la actuación del Ministerio Público, que liberó a Sulca e imputó al oficial.
Fuente: www.americatv.com.pe

Miguel Facundo Chinguel

Resulta que cuando este ex militante aprista era director de Serpost, tres reclusos indultados por él mismo, enviaron entre 2009 y 2011 sobres con droga hacia Estados Unidos, Europa y hasta Asia.
En una sesión reservada de la Megacomisión que investiga su segundo gobierno, el ex jefe del Estado Alan García dijo que pondría las manos al fuego por el ex presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales Miguel Facundo Chinguel, un aprista a quien le une una amistad de más de 30 años.
Por María Elena Hidalgo- Diario La República 
En la Casa del Pueblo, sede del Partido Aprista Peruano (PAP), la dirigencia ofreció una ceremonia de desagravio al ex presidente Alan García, después de que la prensa informó que la Megacomisión que lo investiga lo acusaría por la excarcelación de sentenciados por narcotráfico durante su gobierno. Pocos repararon que en la mesa de honor estaban cómodamente sentados dos personajes que hasta hace poco no eran muy conocidos: Miguel Facundo Chinguel y Miguel Rosas Silva. 
Precisamente, debido al escándalo de los llamados “narcoindultos” resonó el nombre del ex presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales Miguel Facundo, un viejo militante aprista a quien se atribuye la mayor parte de excarcelaciones de narcotraficantes. Alan García ha dicho ante la Megacomisión que a Miguel Facundo se lo recomendaron para el cargo, pero no contó toda la historia sobre su vinculación con el hombre por quien ha dicho que pondría “las manos al fuego”. 
La relación entre Miguel Facundo y Alan García se inició hace más de 30 años. Fue cuando en 1982 el aprista Miguel Rosas Silva, compañero de Facundo en la facultad de Derecho de la Universidad Federico Villarreal y asistente de García -que entonces actuaba como secretario nacional de Organización del PAP-, los presentó. Desde entonces, García, Rosas y Facundo mantienen una fuerte amistad, una lealtad a prueba de todo. Esto explica por qué el día de desagravio al ex jefe del Estado Facundo y Rosas estaban en la mesa de honor.
A sus órdenes 
En julio de 1983, en el tiempo que García se desempeñaba como secretario general del PAP, Miguel Rosas y Miguel Facundo, integrantes del Grupo de Estudios Pachacútec, postularon al Comando Nacional de la Juventud Aprista Peruana (JAP) y ganaron. Facundo asumió la secretaría general y Rosas la secretaría de Relaciones Internacionales. 
Ese mismo año, Alan García designó a Facundo y Rosas para viajar a Corea del Norte por invitación del gobierno comunista de Kim Il-sung. La estadía duró 15 días. Durante el primer gobierno de García, se compraron 20 mil fusiles AKM norcoreanos. 
El 6 de enero de 1984, en el mitin de celebración por el 50 aniversario de la Federación Aprista Juvenil (FAJ), Miguel Facundo expresaría su lealtad por García. Lo lanzó como candidato presidencial del PAP para las elecciones de 1985. En ese momento, las bases del Partido Aprista todavía no habían decidido quién sería el que postularía. 
De acuerdo con fuentes apristas, García le prometió a Miguel Facundo que lo incluiría en la lista de candidatos del PAP a la Cámara de Diputados. Pero no lo cumplió, lo que originó cierto resentimiento en el abogado aprista. Además, el Congreso Nacional aprista acortó el mandato de Miguel Facundo como secretario general de la JAP. Facundo buscó otros rumbos. 
Durante el gobierno de Alberto Fujimori, que persiguió a los apristas, para Miguel Facundo no fue un problema trabajar para los fujimoristas. En 1996, Facundo trabajó como asesor legal del congresista  oficialista Alejandro Abanto Pongo. Lo hizo siendo militante aprista y sin pedir permiso a su partido, lo que molestó a sus compañeros del PAP. 
Pero el trabajo solo le duró hasta 1999, cuando el legislador fujimorista Abanto fue expulsado del Congreso por haberse apropiado de fondos públicos destinados a ayudar a las víctimas del terrorismo. 
Con el retorno de Alan García a Perú en el 2001, Miguel Facundo reapareció en el Partido Aprista con el obvio respaldo de García y otros líderes  como Mercedes Cabanillas. El 2 de enero del 2008, en el segundo gobierno aprista, Alan García nombró personalmente –como lo admitió ante la Megacomisión– a Miguel Facundo como presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales y luego como director de la empresa Serpost. Conoce todos los secretos de los indultos y de las reducciones de condena de los presos por narcotráfico, lo que explicaría por qué el ex jefe del Estado lo defiende a capa y espada.

Fernando Lazo Manrique

Un nuevo capítulo del caso Gerald Oropeza se dio a conocer a través de un informe de Cuarto Poder. Y es que se reveló que el militante aprista y amigo personal del ex presidente Alan García Fernando Lazo Manrique, facilitó que Sergero S.A.C., empresa de la familia Oropeza, contratara con la Fiscalía de la Nación.
Esto, según el reportaje, se dio desde el 2007, cuando Lazo ocupaba el cargo de gerente general del Ministerio Público. Bajo su mando esta institución no activó su proceso de selección del Plan Anual de Contrataciones. Es decir que la Fiscalía contrataba por defecto a la empresa Sergero S.A.C. para las labores de limpieza.
De esta manera, la compañía del prófugo Gerald Oropeza llegó a facturar con el Ministerio Público la cifra de S/130 millones. Todo esto bajo la complacencia de Lazo Manrique, quien en 2003 fuera nada menos que el apoderado legal de los hijos del ex presidente Alan García, mientras este estuvo en el extranjero.
En comunicación con Cuarto Poder, el militante aprista y amigo cercano de Alan García justificó las contrataciones del Ministerio Público con la empresa de Oropeza. Incluso aseguró que, pese a ser el secretario general de dicha institución, no revisaba todos los contratos que firmaba.
“Es una empresa que viene trabajando hace muchos años  y a estas empresas cuando se les otorga la buena pro lo hace la Gerencia de Logística con un comité independiente”, se defendió el militante aprista.
Según el actual gerente general del Ministerio Público, José Luis Echevarría, lo que Lazo Manrique hacía era obligar a dicha institución a contratar a la empresa Sergero S.A.C.
“De esta forma se ha obligado administrativamente al Ministerio Público a seguir contando con estas empresas y luego reconocer la deuda porque efectivamente el servicio se brindó”, explicó.
Echevarría aseguró además que el responsable legal de todos los contratos firmados por la Fiscalía de la Nación es el gerente general.
Fuente: Diario La República.

Sánchez Miranda acusa

Por Henry Campos- Diario16
El clan de los Sánchez Paredes, involucrado en delitos de narcotráfico y lavado de activos, que hizo aportes económicos en la campaña presidencial de Alan García en 2006 e incluso le compró una camioneta a este en 2003, pretende convencer de que ahora no está ligado al expresidente, al asegurar que incluso promovió una investigación fiscal en su contra. El Ministerio Público, dicho sea de paso, aún no concluye sus pesquisas que ya llevan ocho años sobre ese caso.
La razón de “la persecución” del gobierno de García, de acuerdo a Alfredo Sánchez Miranda, hijo de Orlando Sánchez Paredes, sindicado como cabecilla de una red de narcotráfico, fue la disputa, ocurrida en 2003, por una mina –que fue vendida hace tres meses por mil millones de dólares– entre su familia y la empresa canadiense Sulliden, la que fue patrocinada legalmente por el entorno de García Pérez.
En este “gran conflicto de intereses”, García, desde su posición como presidente de la República –asegura Sánchez Miranda–, presionó directamente a un presidente de la Corte de Lima para favorecer a Sulliden. Por tal razón, informó que su familia denunció a García en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber presionado a las autoridades jurisdiccionales en ese proceso.
“Tenemos como testimonios en esa denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a un exministro de García, que indica las irregularidades que hubo contra nosotros, un exasesor del Tribunal Constitucional, un expresidente de la Corte Superior de Lima, que afirma presiones directamente de García para apoyar a los señores de Sulliden contra nosotros”, dijo Sánchez Miranda textualmente en una entrevista concedida a un medio radial.
En 2003 la empresa canadiense Sulliden era asesorada legalmente por Jean Pierre Nava Mendiola, hijo del exsecretario de Palacio de Gobierno Luis Nava, y su abogada fue nada menos que Rosario Fernández, quien fue luego ministra de Justicia de García Pérez.
“Cuando esta gente entra al Gobierno lo primero que hace es presionarnos a nosotros, políticamente, mediáticamente, para poder tranzar con Sulliden (…) y tuvimos que tranzar con ellos, pero el muñeco ya se había armado y siguió andando y estas son las consecuencias”, manifestó.
“Esa es mi hipótesis y está totalmente comprobada, porque la representación de Nava está en Registros Públicos y los cientos de escritos firmados por Charo Fernández están en los expedientes”, añadió Sánchez tuteando a quien fuera la ministra de Justicia en el gobierno de Alan.
Esta habría sido la razón, según Sánchez Miranda, para que el exmandatario ordenara a la Policía hacer un atestado contra su familia en una conferencia de prensa “sin haberse establecido una investigación fiscal previa”.
Una camioneta
Lo contado es lo nuevo. Pero no puede soslayarse la oscura relación entre García Pérez y los Sánchez Paredes que es corroborada, por ejemplo, con las peripecias de una camioneta Nissan Frontier de doble cabina importada de Yokohama, Japón, que, según la investigación de IDL-Reporteros, comprada por el líder del APRA, terminó luego en manos de Alfredo Sánchez Miranda, uno de los hijos de Orlando Sánchez Paredes.
Lo raro es cómo se dieron las transacciones. La camioneta, cuyo precio real de venta era de 29850 dólares, fue comprada en 2002 por 18000 dólares por García. Es decir, el líder del APRA tuvo un tremendo descuento de 11850 dólares. ¡Qué suerte tienen algunos! ¿No?
Pero no solo eso. García la revendió al año no más obteniendo una ganancia de más de cuatro mil dólares. El comprador fue la compañía Alta Tecnología e Inversión Minera y Metalúrgica S.A. (ATIMMSA), una de las empresas de fachada de los Sánchez Paredes, vinculado al narcotráfico. Fue el gerente general de ATIMMSA, Belisario Esteves Ostolaza, quien le pagó a García 22 mil dólares al contado por la camioneta.
¿Pero quién era Esteves Ostolaza? Pues nada menos que el viceministro de Comercio de García Pérez en su primer gobierno. O sea, la relación entre García y los Sánchez Paredes sería de larga data.
¿Y qué dijo el APRA sobre la historia de la referida camioneta? Pues que todo era una coincidencia. Que la camioneta se vendió a través de un aviso en los clasificados de El Comercio.
Pero hay otros hilos de la relación de los Sánchez Paredes con García. Resulta que uno que ocupó el cargo de gerente general de ATIMMSA hasta el 2007 fue el abogado Humberto Abanto, quien también fue asesor del entonces congresista y luego ministro Luis Alva Castro. Abanto, quien es aprista y ahora además defiende a Agustín Mantilla en el caso Rodrigo Franco, es uno de los hombres más cercanos a los Sánchez Paredes y, por lo visto, a la cúpula aprista.
Y los Nava también hicieron negocios con los Sánchez Paredes. Esto ocurrió en 2003 e interviene en este capítulo la compañía Transportes Don Reyna, cuyo gerente general era José Antonio Nava –hijo de Luis Nava, ex secretario general en el segundo gobierno de García–, que transportó en varias ocasiones insumos químicos a Comarsa, compañía minera de los Sánchez Paredes. ¿No es ya entonces demasiada coincidencia?
La plata sí llegaba sola
Y lo que cerraría el círculo de esa turbia relación es que el clan de los Sánchez Paredes realizó un importante aporte económico a la campaña presidencial del 2006 de García Pérez, quien ganó finalmente en esa contienda. Este, para atenuar el escándalo, tuvo que devolver el dinero aduciendo que no conocía el origen de ese dinero.
La suma –conocida hasta ahora– de los Sánchez Paredes fue de cinco mil dólares. Y fue el propio Alfredo Sánchez Miranda quien lo reveló a la prensa. Y no solo eso. También aseguró que el expresidente y líder del APRA estuvo muy al tanto de esa entrega. 
“Al conocer la relación familiar de esa persona de apellido Sánchez Miranda con el grupo Sánchez Paredes, cumplo con devolver a usted esos US$5 mil, pues de haber tenido conocimiento de ese aporte y conocer esa relación familiar, no hubiera permitido de ninguna manera que la secretaría de mi oficina lo aceptara”, fue la defensa de García sobre el asunto a través de una carta.
Lo cierto es que Sánchez Miranda entregó los cinco mil dólares a través de un cheque a Mirtha Cunza, fiel secretaria de García Pérez. El propio abogado Abanto reconoció que ese dinero fue entregado porque el APRA lo necesitaba para financiar el arriendo de una avioneta que trajera a Lima a García para el mitin del cierre de la primera vuelta de 2006. Sin embargo, Sánchez Miranda aseguró que en realidad fue para la segunda vuelta del 2006, cuando García estaba compitiendo con el entonces candidato nacionalista, Ollanta Humala.
Quiere archivo
La reaparición en la prensa de Sánchez Miranda fue aprovechada para indicar que tras siete años de investigaciones, el Ministerio Público no ha encontrado pruebas para sustentar una acusación contra su familia. Lamentó, en ese sentido, que en lugar de que se archive se haya pedido una ampliación del caso en que están como principales investigados –tras reducirse en 2008 una lista de 77 sospechosos– Orlando Sánchez Paredes y sus hermanos Wilmer y Manuel; los hijos de este último, Fidel y Miguel Sánchez Alayo; Blanca Sánchez Príncipe, hija de Perciles Sánchez, y Belisario Esteves.
Vinculan a la ONG GRUFIDES con el clan de los Sánchez Paredes
En el informe sobre caso Business Track se identifican nexos con el tráfico ilícito de drogas y con Sendero Luminoso. Fiscal Milla encontró nuevas evidencias en su investigación.
Por Zarella Sierra
Cual caja de Pandora, aparecen nuevos presuntos actos ilícitos de los archivos del caso Business Track (BTR) cometidos por personajes públicos. El informe final elaborado por el fiscal Walter Milla, al que Perú.21 tuvo acceso, revela los presuntos vínculos de la ONG GRUFIDES, fundada por Marco Arana, con el tráfico ilícito de drogas de la empresa de los Sánchez Paredes, la minera Algamarca, terroristas de Sendero Luminoso y el Estudio Sousa & Nakazaki. Este es, precisamente, uno de los 12 temas sobre los que el fiscal solicitó una investigación.
MINERA FACHADA
De acuerdo con el informe final del fiscal Milla, en los archivos incautados a Manuel Ponce Feijoo, cabeza de BTR, se halló documentación (audios y correos electrónicos) que evidencian que la minera Algamarca, de propiedad de los Sánchez Paredes, sería una empresa de fachada cuyo negocio real sería el tráfico de látex-amapola (materia prima para la elaboración de heroína y opio).
“En cuanto al transporte de látex-amapola por la minera, el encargado de la operación es un tal ‘camarada Lalo’, miembro de Sendero Luminoso, y la llevan en una avioneta de propiedad de Algamarca. Los encargados logísticos son trabajadores de la mina”, se dice en el documento.
En el informe, actualmente en manos de la jueza Martínez, se indica que, por las conversaciones telefónicas y los correos electrónicos ‘hackeados’, se evidencia que Algamarca compra oro ilegal en La Libertad, el que luego exporta, vía Chimbote, al extranjero. “Se supone que Algamarca produce oro en la mina, pero tal parece que eso no es así. Lo exportan vía Chimbote en lingotes de oro y, tal vez, en esos embarques van camuflando el látex”, refiere el informe.

En este punto, por el cual se ha solicitado una investigación por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, se señala que, en diciembre de 2006, la directora ejecutiva de la ONG GRUFIDES, Mirtha Vásquez, a pedido del dirigente ambientalista Mercedes Saucedo, se contactó con la comunidad campesina de Cajamarca para convencerla de que se opusiera al cierre de Algamarca.
El fiscal añade que “Mercedes Saucedo Ríos, presidente del Comité de Defensa de los Intereses de la Comunidad de Michiquillay, advirtió a los Sánchez Paredes de un operativo que la DEA planificaba realizar en noviembre de 2006 en la zona de Cajamarca, donde la minera desarrolla su actividad, por lo que dicho plan fracasó”.
Milla, sobre la base de los archivos de BTR, vincula además al director ejecutivo del Estudio Sousa & Nakazaki, Álex Ganoza, con el ilícito negocio de Algamarca, y concluye que “desde su mail remitió información sobre el TID de los abogados, y (dice) que se debe informar al ‘flaco García’, que es el ex director de Inteligencia Naval, Pedro García, para que este diga que están luchando contra el ilícito negocio”.
EL CASO MICHIQUILLAY
En otro de los episodios más llamativos de esta historia, BTR establece supuestas vinculaciones entre los Sánchez Paredes y los protagonistas del caso Michiquillay. A principios del 2007, la DIRANDRO y el Ministerio Público intervinieron este campamento minero que se encontraba tomado desde cinco años atrás por ex dirigentes de la comunidad de ese mismo nombre en Cajamarca. Se sospechaba que desde allí se vendía insumos químicos al narcotráfico.
Fueron incautadas ingentes cantidades de ácido sulfúrico, cloruro de amonio y óxido de cal. Los insumos eran ocultados en tres grandes pozas.
En la página 256 del informe del fiscal Milla se hace alusión al archivo “MPF09/Michiquillay.txt, que contiene información de que después del cierre de operaciones de la mina Michiquillay un grupo de ambientalistas se atrincheran en sus instalaciones para evitar que la privaticen o que la desarrolle otra empresa minera. La persona de Mercedes Saucedo, ambientalista y Presidente del Comité Especial de Defensa de los Intereses de la Comunidad de Michiquillay –CEDICOM, advirtió a los Sánchez Paredes, quienes tendrían la fachada de explotación de minerales (Cía. Minera Algamarca), de un operativo de la DEA que planificaba realizarlo en noviembre de 2006 en la zona de Cajamarca, donde desarrolla su actividad de tráfico ilícito de drogas, por lo que dicho plan fracasa. En diciembre del 2006 Mercedes Saucedo acude a la ONG GRUFIDES, a fin que la directora ejecutiva Mirtha Vásquez fundamente jurídicamente que el gobierno no puede proceder a la privatización de la mina. Indica un acercamiento de GRUFIDES a la comunidad campesina del lugar, el cual incluye al ingeniero Valera en la estrategia de organización de talleres de medio ambiente y capacitación sobre derechos del agua de comunidades. Asimismo, el 30 de enero del 2007 Mercedes Saucedo es detenido por la DIRANDRO–Cajamarca por posesión de sustancias para el procesamiento de drogas, siendo que ante la solicitud de Andrés Caballero (ambientalista de la Red Verde), Marco Arana envía para su defensa a Mirtha Vásquez. El informe describe la estrategia de defensa jurídica e informativa a través de los medios de comunicación a ser utilizada a favor de Mercedes Saucedo”.
El informe de Milla, del cual depende que la jueza María Martínez continúe con el proceso oral contra los “chuponeadores”, no se encarga de comprobar si estas referencias son certeras. Pero resulta evidente que lo salido de los discos duros de BTR pone en muy incómoda posición al estudio Sousa-Nakazaki, sus abogados y sus clientes. El congresista Sousa comenzó con bríos a investigar la interceptación de las comunicaciones y se encontró que era uno de los principales protagonistas de esta Caja de Pandora que muerde colas y no deja de producir sorpresas.
Fuente: Revista CARETAS.
Muere empresario vinculado a los Sánchez Paredes
La tranquilidad que suele reinar en la cuadra 17 de la avenida Dos de Mayo, en San Isidro, se vio rota tras la aparatosa y misteriosa caída de Víctor Raúl Eyzaguirre Parra, un ingeniero de minas de 71 años de edad, desde el piso 15 de un exclusivo edificio de departamentos.
La esquina formada por la mencionada avenida con la calle Carlos Porras se pobló rápidamente de policías, serenos, bomberos y curiosos. Inicialmente, corrió la versión de un probable suicidio, pero la familia indicó que se trataría de un accidente y que la víctima se habría resbalado de una baranda cuando realizaba sus ejercicios matinales. Sin embargo, la policía duda de que se trate de un simple accidente y no descarta otras hipótesis. Además, el occiso era un polémico personaje vinculado al clan de los Sánchez Paredes.
La fiscalía ha dispuesto que el Departamento de Investigación Criminal de la comisaría de San Isidro se haga cargo de las investigaciones. Agentes consultados señalaron que es muy raro que la víctima haya estado al borde de la azotea, pues es una zona de mucho riesgo, además hay que sortear un muro de medio metro de alto.
Eyzaguirre vivía entre Maryland (EE.UU.) y Lima. El departamento de donde cayó, según trascendió, pertenecería a su hermana Elsa Elena, viuda de Luis Felipe Bedoya Vélez, prominente dirigente aprista y ministro de Vivienda durante el primer gobierno de Alan García. Ha trascendido que la víctima era un personaje cercano al APRA, en particular a Agustín Mantilla. Fue alto funcionario de CENTROMIN en el primer gobierno aprista.
Eyzaguirre formó parte de las maniobras -denunciadas por el Diario El Comercio- puestas en marcha por los Sánchez Paredes para tomar control de los yacimientos de la compañía minera Algamarca, en Cajamarca, que esta familia disputa judicialmente con la empresa canadiense Sulliden Exploration Inc.
Entre el 2002 y el 2003 Eyzaguirre compró a la familia De Orbegoso, a través de su empresa Atimmsa, la empresa minera, pero no sus concesiones mineras, las cuales habían sido compradas antes por Sulliden. Más tarde, se supo que Atimmsa había sido adquirida por los Sánchez Paredes a través de empresas ‘off shore’ y que empezó a reclamar como suyas las concesiones mineras.
Manuel de Orbegoso Tudela, en un aviso publicado en El Comercio en marzo del 2007, indicó que Eyzaguirre siempre supo que “las concesiones mineras habían sido vendidas a Sulliden y así lo reconoce en su propuesta de compra de las acciones“.
Eyzaguirre Parra, como funcionario de CENTROMIN, se encargó de su privatización, firmando los contratos que adquirió ventajosamente Doe Run Perú. Hace poco figuraba como gerente general de Rentandina.
Fuente: Diario El Popular.

Partido del Pueblo de India
Por Nicolás de Pedro- CIDOB
Narendra Modi, un reconocido nacionalista hindú, es una figura controvertida que polariza el debate político. Así, el entusiasmo que genera entre sus seguidores es proporcional al rechazo que provoca entre sus detractores, quienes temen que altere las bases seculares y plurales sobre las que se ha construido la India contemporánea. En contraste, Rahul Gandhi se presenta como depositario de las esencias nehruvianas y del partido del Congreso.
La eclosión de partidos regionales y de casta ha fragmentado el panorama político indio e impuesto el establecimiento de amplias coaliciones, de hasta más de diez partidos, en la Lok Sabha (Cámara Baja). El partido del Congreso lidera la United Progressive Alliance, mientras que el BJP hace lo propio con la coalición de centro-derecha National Democratic Alliance. De esta manera, la capacidad de cada uno de ellos para aglutinar apoyos parlamentarios resultará crucial. Y el contexto económico adverso no va a facilitar la articulación de una coalición parlamentaria que sostenga un nuevo Gobierno. La desaceleración del crecimiento presagia tensiones políticas y sociales y está poniendo en cuestión el alcance del ascenso de India.

En julio del 2013, cuando ya se había efectuado el embargo de poco más de 12 millones de soles al Gobierno Regional de Arequipa por parte de Oncoserv, el Presidente del Gobierno Regional intentó poner freno al proceso de arbitraje que se seguía en Lima, pero fue en vano. Lo curioso es que fue la propia Procuraduría Regional la que impidió que el abuso se siguiera cometiendo.
En ese entonces, el presidente regional Juan Manuel Guillén, alertó sin éxito a la Procuraduría Regional la aparente triangulación perniciosas que se había formado en el Tribunal Arbitral y los intereses de Eddy Manfreda, gerente de Oncoserv, además de la intervención de militantes del Apra en toda la trama de este escandaloso convenio.
PRIMER PUNTO
El oficio N° 826-2013/GRA/PR, de fecha 3 de julio del 2013, lleva firma del presidente regional Juan Manuel Guillén y estaba dirigido al órgano de control y cautela de los recursos del Estado. En el documento se hace mención al memorando N° 648-2013, también de la presidencia, que ordena al procurador regional Jesús Vilca Iquiapaza, a que en el término de la distancia (de inmediato) y bajo responsabilidad, presente un Escrito de Recusación en contra de los tres integrantes del Tribunal Arbitral por su supuesta parcialidad, según las disposiciones 3 y 5 del artículo 28 del Decreto Legislativo N°1071/Ley General de Arbitraje.
Sin embargo, la Procuraduría General solo remitió al Tribunal Arbitral el oficio de la Presidencia Regional y no argumentó las consideraciones, por lo que su requerimiento quedó en nada, no hubo cambios ni en ese entonces ni después.
SEGUNDO PUNTO
El 26 de julio de ese mismo año, la Resolución Ejecutiva Regional N° 645-2013-GRA/PR, puso de manifiesto una especulación que más adelante se comprobó. En esa fecha, el Ejecutivo regional alertó al Consejo Regional y la comunidad la falta de independencia del Tribunal Arbitral (TA) y su parcialidad a favor de Oncoserv. El documento detalla que “el TA trabaja aprobando y ejecutando actos procesales y medidas cautelares al margen de la normatividad vigente; sino que además, específica y objetivamente se ha verificado que la abogada Sheyna Tejada Amado, árbitro designada por el Procurador Público Regional, tiene una militancia política (afiliada al Partido Aprista Peruano) no comunicada al momento de su designación y que se rehusa explicar, a la fecha, lo cual genera dudas razonables sobre su proceder independiente e imparcial, más aún, cuando el ex gerente general del Gobierno Regional Arequipa, Ingeniero Jayme Julián Ponce Dávila (también militante afiliado al Partido Aprista), por delegación del expresidente Regional, Ingeniero Daniel Vera Ballón, diseñó, evaluó, aprobó y suscribió el referido Contrato de Concesión en diciembre de 2006 y posteriormente, en diferentes fechas de los años 2009 y 2010, se ha presentado en los Registros Públicos como representante de la empresa ONCOSERV AREQUIPA SAC”.
RED ORELLANA
Para entonces, nada hacía presagiar la magnitud de la presencia aprista en este caso, sino hasta que a fines del 2014 se logró la captura de Rodolfo Orellana, acusado de instaurar una de las redes mafiosas más grandes en el país y que afectó a diversas organizaciones públicas. En enero de este año, las investigaciones apuntaron a Rodolfo Reyna Salinas, ex asesor congresal y ministerial aprista, como uno más de los lobistas del clan Orellana y quien habría tenido el contacto con el presidente del Tribunal Arbitral que veía el caso Oncoserv, Hernando Talavera. Éste último declaró ante la Fiscalía Anticorrupción: “Reyna me llevó al búnker de Orellana y acepté ser árbitro en el litigio entre Oncoserv y el Gobierno Regional de Arequipa porque confiaba en mi amigo y sin conocer a Orellana”.
Las investigaciones fiscales contemplaron que habría sido Reyna quien motivó a la árbitro Sheyna Tejada a aceptar como presidente del Tribunal a Talavera. Cuando Eddy Manfreda, gerente de Oncoserv inició una medida cautelar en contra del Gobierno Regional, Talavera y el tercer árbitro, Pablo Iglesias, fallaron a favor de la medida y le embargaron al Gobierno 7 millones 192 mil soles que un par de meses después cobraron y se repartieron.
En el mismo proceso se investigó el oportuno acercamiento de Manfreda a Guillermo Alarcón, otro personaje vinculado a Orellana y de participación en el gobierno aprista.
EFECTOS
En la Resolución Ejecutiva Regional N° 645-2013-GRA/PR, se especificó que fue el procurador Vilca Iquiapaza, quien aprobó que el proceso arbitral se llevara a cabo en Lima, en acuerdo con Oncoserv. Además de aceptar que las audiencias fueran privadas, en lugar de acudir al Comité Arbitral de Arequipa y en audiencias públicas.
Para julio del 2013, las controversias en torno al desempeño del Procurador y los reclamos de la presidencia regional llegaron a extremos. Mientras uno se negaba a dejar el cargo, el otro exigía su salida inmediata, nuevamente sin éxito, pues la designación de Vilca dependía directamente de la Procuraduría General de la República, entidad que no hizo nada frente a los reclamos de Guillén.
Esto llevó al titular regional a pedir el inicio de Proceso Administrativo contra Vila Iquiapaza, argumentado además de lo enumerado, que este abandonó la defensa del Gobierno Regional frente al litigio arbitral, delegando esta responsabilidad a la Gerencia Regional, contraviniendo el Reglamento del Sistema de Defensa Jurídica del Estado.
Guillén ordenó a su gerente Jorge Luis Aguilar que remitiera de inmediato al Consejo de Defensa Jurídica del Estado (Ministerio de Justicia) el expediente para el inicio de este proceso, pero a la larga, esta disposición tampoco terminó en algo favorable para el Gobierno Regional y Vilca Iquiapaza siguió al frente de la Procuraduría Regional.
En diciembre del 2014, el Tribunal Arbitral falló a favor de Oncoserv y ordenó al Gobierno Regional el pago de 44 millones de soles a la concesionaria. El círculo así, estaba cerrado.
El reparto del botín
Cuando ocurrió la repartija del dinero que Oncoserv embargó al Gobierno Regional (7 millones 192 mil soles) en febrero del 2014, los implicados no estaban solos. Un grupo de personas los acompañó y fueron testigos del hecho. Documentos de la Sala Penal Nacional, 3er Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, revelan que ese día se hallaban juntos Ludith Orellana, hermana de Guillermo Orellana, junto a su esposo, Óscar Castillo Yepez, mientras que el dinero estaba sobre una mesa en la sala donde también se encontraba Victoria Infantas y su esposo, Eddy Manfreda (Oncoserv), además de Guillermo “Pocho” Alarcón, quien supervisaba cómo se contaba el dinero. Al otro extremo de la mesa aguardaban Miriam Varcarcel Gonzáles, Zoila Montoya Samaque, Yuli Arreita Vega y Janina Mariloli Hurtado, encargadas de preparar los sobres y las hojas con la relación de las personas que iban a recibir el dinero , entre los que figuraban Pablo Iglesias (100 mil dólares) como “comisión al haber ganado el proceso arbitral entre Oncoserv Arequipa Sac y el Gobierno Regional de Arequipa”, apunta el documento fiscal. Agrega, según el testimonio de un colaborador, que Pablo (Iglesias) llegó por la tarde para recoger su sobre. Antes de eso, Manfreda recogió su parte (3 millones y medio de soles) y se retiró. Además entregaron dinero a Mario Córdova, aparentemente por un préstamo que le hizo a Orellana y, también a Armando Saravia, dueño del inmueble de Chincha que vendió a Orellana. El resto del dinero sirvió para el pago del personal (planilla) y otro tanto se depositó en una caja que llevaba Janina Mariloli Hurtado, por orden de Ludith Orellana.
Sospechosa participación del GRA
Uno de los asuntos que aún queda por resolver al interior del Gobierno Regional, es identificar a los funcionaras que con sus actos u omisiones permitieron que se cometiera la estafa al Gobierno Regional. La presidenta de esta institución, Yamila Osorio, señaló hace unos días que de hecho se tendrá que determinar quiénes eran los encargados de custodiar las cuentas del GRA y que no lo hicieron, permitiendo así que se embargara poco más de 123 millones de soles a esta entidad, de los cuales, 7 millones 192 mil soles fueron cobrados por Oncoserv. Sobran pruebas que demuestran que el embargo pudo evitarse y que al interior del GRA se cometieron omisiones sospechosas que facilitaron que Eddy Manfreda retirara el dinero pese a que debió quedar en cautela en el Banco de la Nación. La precisión con la que se hizo la incautación del efectivo a cuentas regionales, es además otro indicio de la colaboración interna.
Fuente: Diario Correo.

La semana pasada, el premier Pedro Cateriano inició el ciclo de diálogos políticos con Luis Bedoya Reyes. Y el jueves 9 recurrió a una frase del Tucán durante su encuentro con la directiva de la Confiep.
“Les agradezco a los empresarios su buena disposición pero yo soy un político”, aclaró. “Y como Bedoya creo que los técnicos se alquilan”.
El desconcierto se asomó en los rostros de Alonso Segura (MEF), Piero Ghezzi (Producción) y José Gallardo (MTC); los tres ministros-técnicos que lo acompañaban.
Pero Cateriano hacía hincapié en su necesidad de transmitir un poderoso mensaje político que marcara la diferencia entre los agentes económicos.
Cuando los representantes gremiales le comenzaron a transmitir su larga lista de reclamos, les pidió no atiborrarlo.
El primer ministro podría superar una crisis política con el argumento de la economía.
Y casi nadie podría a estas alturas oponerse a su objetivo:
“Me gustaría que se me recuerde como un presidente del Consejo de Ministros que ayudó a destrabar las inversiones”, dijo.
Voceros oficialistas estiman que Cateriano y el gabinete asistirán a solicitar el voto de confianza al Pleno del Congreso durante la próxima semana, unos 15 días antes del límite establecido del próximo dos de mayo. Se encuentran seguros de superar la valla.
El panqueque se volteó rápidamente. Su predecesora Ana Jara fue censurada en una atmósfera artificial y para el presidente Ollanta Humala se abrió la facultad constitucional de cerrar el Congreso si le rechazan otro gabinete.
Pero, con buen tino, Pedro “Picapleitos” Cateriano le tendió la mano hasta a Alan García, con quien lleva casi treinta años de enemistad política.
El primer ministro se vio con Keiko Fujimori –heredera del otro némesis de su carrera política– y con las dirigencias de Perú Posible, Somos Perú, Acción Popular. También se vio con el alcalde de Lima, Luis Castañeda, y hasta con la dirigencia de la CGTP. La semana pasada había recibido el respaldo de Pedro Pablo Kuczynski.
Su otro desafío se encuentra lejos del salón y más cerca del socavón.
NO HAY TU TÍA
El martes 14 por la tarde llegó a Mollendo, Arequipa, con un grupo de ministros. Como para ir con el ambiente, esa mañana se habían instalado mesas de diálogo en el Club de Tiro de la ciudad. Entre ellas la Mesa de Desarrollo para la provincia de Islay, donde se concentra la oposición al proyecto cuprífero de Tía María.
“Los problemas deben solucionarse por la vía del diálogo y no en base a la violencia, la cual rechazamos de plano”, dijo. “Nuestra obligación como autoridades es tener una cercanía con el pueblo y si el pueblo quiere explicaciones, la autoridad debe darlas y no imponer por la fuerza proyectos”.
Tiene razón. Y el gobierno se la pasó mucho tiempo sin dar explicaciones. Al primer Estudio de Impacto Ambiental del proyecto (2009), observado hasta el cansancio por el mismo Estado (2011), sobre todo por no contar con un estudio hidrogeológico, en su pretensión de utilizar agua de un estero donde desemboca el río Tambo y por la posibilidad de no solo explotar cobre sino también oro.
Entonces las protestas se cobraron dos muertos.
A pesar de que el segundo EIA se aprobó hace más de un año, recién en las últimas semanas se ha ventilado su contenido y el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, asegura que todas las observaciones fueron subsanadas. La figura propuesta ahora es la de desalinizar agua.
“Eso sí”, enfatizó Cateriano, “es también obligación de la autoridad persuadir y hacer reflexionar a los ciudadanos que no nos podemos dar el lujo de rechazar un proyecto que traerá progreso a la región Arequipa. Hay una disposición del presidente Ollanta Humala de estar en la zona, fiscalizando el proyecto Tía Maria”.
Cateriano pondrá a prueba su capacidad de convencimiento para que Tía María no se convierta en otro Conga. La inversión anunciada es de US$ 1,300 millones e inevitablemente se trata de un termómetro para la minería.
Es otra nube negra y el premier se la juega. El año no arrancó todavía con proyectos como Antamina y Toromocho.
Los ministros Segura y Ghezzi han declarado en los últimos días sobre su confianza en la recuperación de los sectores primarios, aquellos que hacen subir y bajar la aguja por sí solos. El tibio repunte reciente de sectores como comercio y servicios no basta para compensar la caída de la minería y la pesca.
Esperan que la última crezca entre 30% y 40% en el 2015 gracias al incremento de la pesca de anchoveta, que se desplomó el año pasado.
LA SUPERTRABA
El discurso del gobierno destaca medidas como la reducción del Impuesto a la Renta, las políticas contracíclicas y el Plan Nacional de Diversificación Productiva.
Pero el motor de la economía no ha vuelto a arrancar. Y Cateriano busca ir a la vena.
El Ejecutivo pretende que el Congreso apruebe rápidamente medidas excepcionales que permitan agilizar las expropiaciones en los proyectos de inversión más grandes.
A decir de Gonzalo Prialé de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura (AFIN), las expropiaciones se volvieron la “supertraba” para la Economía.
El cuarto paquete de estímulo remitido por el Ejecutivo al Legislativo –del que salió la fallida ‘Ley Pulpín’– contiene el capítulo V, que se refiere a “medidas de simplificación de procedimientos para la obtención de bienes inmuebles para obras de infraestructura de gran envergadura”.
El mes pasado, Julio Velarde del Banco Central de Reserva (BCR) condicionó el repunte en la infraestructura privada y las concesiones a la aprobación pendiente.
“Desgraciadamente, en el Congreso todavía no sale la parte de expropiaciones que era importante para estos proyectos”, lamentó.
Prialé calcula que el monto en juego de Alianzas Público Privadas (APP) que no caminan como deberían por esta razón es de US$ 15 mil millones.
“Un ejemplo es la carretera de Chincha a Ica, que estuvo paralizada por mucho tiempo. Se supone que se acaba de arreglar pero habrá que ver. El asunto es que los proyectos continúen sin interrupciones”.
Cree que “ese es el reto que tiene por delante el ministro Cateriano. Hasta ahora lo ha hecho bien. Puede inspirar confianza. Pero todos los días debería estar peleando para que no se caiga cada décima del PBI. El país tiene recursos. No estamos en las crisis de hace décadas. La pelota está cerca del gol y el reto es común entre el Estado y los privados”.
Reto común aprovechado para acercarse a los enemigos de ayer. Los enemigos de hace una semana nomás.
EL MENSAJE DE GARCÍA
“Las vueltas que da la vida”, le expresó García a Cateriano al momento de recibirle en su oficina del Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín, el viernes 17.
García es una especie de primer actor en el teatro de la política peruana. Su prolongado apretón de manos recordó el abrazo-llave de judo que le aplicó a Alejandro Toledo en el debate del 2001.
“El país oscila”, interpreta Jorge del Castillo, que coordinó la visita con Cateriano. “El Perú te quiere mandar al paredón y al día siguiente te exige concertación”.
En un principio se respiró cierta tensión, sobre todo del lado del visitante. Pero el mismo Cateriano comentó luego a amigos que, a diferencia de la distancia glacial en la que se desarrolló la reunión con Keiko, García se acompañó de tres exministros –Ismael Benavides, Enrique Cornejo y Miguel Hidalgo–, lo que hizo posible una reunión de casi tres horas con propuestas técnicas específicas. Y, lo más importante, les permitió no hablar del pasado ni tampoco del tono de Humala con la oposición.
García sí le mandó un mensaje al Presidente: él no le hará una “megacomisión” de llegar al poder. Una última rama de olivo en la búsqueda de una temporada electoral relativamente pacífica. Cateriano ha dicho que una de sus principales misiones será establecer una transición democrática sin sobresaltos.
Al expresidente lo vieron especialmente contento de poder gastar bromas con un viejo enemigo político. Pero expresó su gran preocupación por la creciente inestabilidad social.
“No le conviene al país”, le dijo. “Ni a este, ni al próximo gobierno”.
Fuente: Revista CARETAS.
Clandestino
El presidente del Frente de Defensa del Valle de Tambo, Pepe Julio Gutiérrez, uno de los principales promotores del paro indefinido contra el proyecto minero Tía María, en la provincia de Islay, pasó a la clandestinidad. Su hermana Janet Gutiérrez dio la información en una entrevista radial.
“Por ahora no daremos a conocer dónde está. Es por su seguridad. Esto es una cacería de brujas ordenada por el Gobierno Central”, sostuvo.
Explicó que su hermano tomó la decisión después del arresto del presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo, otro de los impulsores de la protesta en la Panamericana Sur.
Por su parte, Jaime de la Cruz, alcalde del distrito de Deán Valdivia y también uno de los principales promotores de la paralización que ya lleva 26 días, dijo que no tiene miedo.
“Yo no me voy a esconder porque no he cometido ningún delito”, expresó.
La Policía y el Poder Judicial ya tenían en la mira a Pepe Julio Gutiérrez y a de la Cruz, porque en febrero de 2014 ambos recibieron una condena de cuatro años de cárcel, pero fue suspendida con la condición del cumplimiento de reglas de conducta.
Mañana en audiencia se sabrá si Jesús Cornejo (presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo) y Roger Ramos (dirigente de Construcción Civil) van nueve meses a prisión.
Fuente: Diario Perú21.

Narcotráfico y proxenetismo

Por César Romero C.- Diario La República.
El ataque con balas y granadas a un auto Porsche en la avenida Insurgentes, en San Miguel, podría complicar la situación jurídica del abogado Miguel Facundo Chinguel, presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales durante el gobierno de Alan García.
¿De qué manera? Vayamos por partes. En primer lugar, lo que ha sido revelado en los últimos días por diversos medios de comunicación: el lujoso y hoy destrozado auto, valorizado en 250 mil dólares, está inscrito a nombre de la empresa de servicios de  limpieza y mantenimiento Sergero SAC y era conducido, al momento del ataque, por Gerald Oropeza López, quien salió ileso del atentado.
Este joven es el principal heredero del dirigente aprista Américo Oropeza San Martín, asesinado el 26 de enero del  2011, a balazos, cerca de su casa en el distrito de San Juan de Lurigancho. Horas después del crimen, familiares de la víctima apuntaron el dedo acusador al rostro de Gerald, pero una sentencia ya definió que se trató de un crimen pasional.
Luego, siguiendo con esta historia, Oropeza San Martín tenía cuatro empresas dedicadas al servicio de limpieza y mantenimiento: Sanidad y Limpieza Industrial Peruana SAC (Salinpsac), Servicios Generales Oro SAC (Sergeoro), Servicios Oro Perú SAC y Servicios Generales Ronald (Sergerosac).
Solo Salinpsa, entonces la principal empresa de limpieza del país, estaba a nombre de Américo Oropeza. Las otras compañías tenían como accionistas a colaboradores o familiares del asesinado dirigente aprista, aunque por lo que se conoce hoy, todas estas empresas son manejadas o rinden cuentas y ganancias al joven Gerald Américo Oropeza López, a través de Sergerosac.
Es, en esta transición, entre el asesinato del fundador y la llegada de los herederos, que aparece el nombre del abogado Facundo Chinguel. Primero, como abogado de Gerald Oropeza, su hermana Araceli Mirella y su madre Pilar Consuelo López Oropeza.
Luego, la intervención de Facundo Chinguel fue clave para que la justicia condenara a Óscar Palomino Huamactoc, alias “Papicha”, como el autor directo del asesinato de Américo Oropeza, por un móvil pasional. La mujer de Palomino habría tenido un romance con la víctima.
DUEÑO O TESTAFERRO 
Ahora, lo principal, lo nuevo. En medio de la investigación del caso narcoindultos, la notaría Manuel Noya de la Piedra reportó a la fiscalía supraprovincial anticorrupción que, en abril del 2011, el hombre de condición muy humilde –según el presidente García–, Miguel Facundo Chinguel, había adquirido las acciones de las tres principales empresas de Américo Oropeza.
Empresas valorizadas en varios millones de soles habían sido adquiridas por Facundo Chinguel por 80 mil soles. Además, según el reporte de la notaría, las compras todavía no se habían inscrito en Registros Públicos por decisión del adquiriente.
Chinguel había adquirido por 30 mil soles, 162 mil acciones de Sergeoro el 26 de diciembre del 2011; por otros 30 mil soles, 210 mil acciones de Servicios Oro Perú, el 20 de junio del 2011; y por 20 mil soles, 580 acciones de Salinpsa, el 19 de junio del 2011. Los vendedores: Pilar López y sus hijos Araceli y Gerald Oropeza López.
Estas empresas son la base sobre la que en los últimos años ha crecido Sergerosac, que a la muerte de Américo Oropeza tenía como accionistas a Teófila Vargas, la abuela de Gerald Oropeza, y a Maxi Rodríguez Rosales.
De hecho, Sergerosac logró un millonario contrato en el Ministerio Público, participando en consorcio con Salinpsac.
Entonces ¿de dónde salieron los fondos para estas compras? ¿Podría ser el dinero que se pagó por los narcoindultos? ¿Es Gerald  un testaferro de Facundo Chinguel?

Hasta un año antes, de dicha compra y la muerte de Américo Oropeza, entre el 2 de enero del 2008 y el 22 de marzo del 2010, Facundo Chinguel había presidido la Comisión de Gracias Presidenciales.
La fiscalía ha pedido 17 años de cárcel para Facundo Chinguel por dirigir una organización ilícita que habría recibido pagos para otorgar el indulto o derecho de gracia presidencial a jefes nacionales e internacionales de bandas dedicadas al narcotráfico.
Al investigar este caso, la fiscalía recibió diversas versiones de que los narcotraficantes pagaron importantes sumas de dinero para salir en libertad, dinero que hasta ahora no ha podido ser ubicado.
NUEVAS VENTAS
Pero la historia no termina aquí. El 10 de junio del 2014, la notaría Manuel Noya de la Piedra reportó que en sus archivos guardaba minutas según la cual, en fechas anteriores, Facundo Chinguel había vendido las tres empresas que pertenecieron a Américo Oropeza, a los herederos de este. Las vendió por 110 mil soles, lo que en fechas posteriores compró por 80 mil soles. Salinpsac y Servicios Oro Perú los vende por el mismo precio de 20 y 30 mil soles.
En tanto, la empresa Servicios Generales Oro, Sergeoro, que hasta entonces no había tenido mayor tráfico comercial, la vende por 60 mil soles, el 19 de diciembre del 2011, y la compra por 30 mil soles, el 26 de diciembre del 2011.
También puede ser que todo se trate de sacar a los otros herederos o a los antiguos accionistas del reparto de la empresa. Los accionistas de Sergeoro eran Ayala Norma Sotomayor Vega, con 153,157 acciones, y Rocío Gasper López, con 10 mil acciones. Ambas han quedado fuera de la empresa, sin posibilidad de reclamo.
Osías Oropeza, hermano de Américo, niega cualquier vínculo de su hermano con el narcotráfico, un tema que ha salido a la luz tras el ataque al Porsche de Gerald Oropeza. “Si mi sobrino está en malas compañías que las autoridades investiguen, solo quiero aclarar que mi hermano no estaba metido en el narcotráfico, de su hijo no sé nada y no quiero saber nada, puede ser peligroso, yo tengo miedo”, afirmó Osías Oropeza a La República.
NARCOTRÁFICO
Un miedo fundado en el ataque al auto de Gerald Oropeza y que se hable de un ajuste de cuentas, de una deuda de cinco millones de dólares, que estaría cobrando un exrecluso, el peligroso y requisitoriado Gerson Gálvez Calle, alias “Caracol”, durante muchos años el poderoso delegado del penal Sarita Colonia del Callao.
La Comisión de Gracias Presidenciales permitió la liberación de hasta 85 narcotraficantes, aunque no en todos los casos se han podido encontrar pruebas de actos ilícitos. Uno de ellos fue el israelí David Hen Vachnis, preso del penal Sarita Colonia, quien logró la conmutación de su pena el 27 de noviembre del 2009.
Extraño que el narcoindultador Facundo Chinguel termine adquiriendo acciones de empresas que hoy estarían lavando dinero del narcotráfico.

Gerald Oropeza López, el dueño del Porsche que fue incendiado el pasado 2 de abril, registró como su domicilio una mansión que pertenecía al empresario televisivo José Enrique Crousillat y había sido embargada por el Estado.
El inmueble de más de 3 mil metros cuadrados, está ubicado en la zona más exclusiva de La Molina y cuenta con más de 40 ambientes, además de una piscina y un gimnasio. El edificio principal de la mansión cuenta con dos niveles y mamparas de vidrio oscuro.
Para consignar la lujosa mansión como su domicilio ante la Reniec, el pasado 26 de marzo, Oropeza presentó un recibo de telefonía fija en el que aparecía la dirección a registrar: calle José León Barandiaran 191, La Molina.
El Estado, a través de la Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi), tenía en su poder el inmueble, tras haber sido embargado a Crousillat. Lo extraño es que terminó en manos del empresario investigado por narcotráfico. Para la entidad, Oropeza habitó la mansión de forma irregular.
Cabe recordar que el inmueble fue adquirido por José Enrique Crousillat en el año 2000, por un valor de 2 millones 100 mil dólares, a través de la empresa La Planicie Properties. En 2007, el predio pasó a manos del Estado, y desde el año pasado está a poder de la Conabi.
Fuente: Diario La República.

Cara cortada

El ex presidente Alan García le exigió al Partido Aprista expulsar a Gerald Oropeza, quien es investigado por la Procuraduría Antidrogas por sus supuestos vínculos con el narcotráfico.
“Militante no sé, inscrito sí, uno de los 350 mil inscritos [en el Partido Aprista]. Una cosa es el que participa diariamente en la vida del partido, que no son muchos y otra cosa es el que se inscribe por tradición familiar. Pero en todo caso, fuera del partido un tipo que tiene un auto Porsche que no sabe explicar, que se hace de una casa que no sabe cómo se la hizo de otros delincuentes, fuera del partido, para mí es claro”, dijo.
En el programa de TV “Panorama”, García señaló que si ni el Estado ni la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) filtran a las personas que contratan, menos lo hará un partido que no tiene presupuesto con las personas que inscribe en sus padrones.
Sin embargo, precisó que ni bien se sabe de una denuncia contra algún inscrito, el partido toma cartas en el asunto.
“Le pido al Apra fuera ese o fuera esos y todos”, concluyó el ex mandatario.
Gerald Oropeza están involucrado en el ataque a una camioneta Porsche, que recibió 25 balazos y dos granadas presuntamente por un ajuste de cuentas por parte de unos narcotraficantes.
El joven, conocido como ‘Cara cortada’, es el hijo del asesinado militante aprista Américo Oropeza, quien tuvo vínculos con el encarcelados ex titular de la Comisión de Indultos Miguel Facundo Chinguel, investigado por el caso ‘narcoindultos’.
Fuente: Diario El Comercio.

Otras denuncias

Gilmer Horna Corrales, dueño de la cadena de pollerías El Corralito y actual gobernador regional de Amazonas, rompió su silencio y negó estar vinculado con el narcotráfico o tener vínculos con Gerald Oropeza, quien es sospechoso de liderar una banda internacional dedicada al tráfico ilícito de drogas.
Aunque es conocido por su cadena de pollerías, su imperio también abarca el transporte interprovincial, ya que su familia es dueña de la empresa GH Bus, que cubre la ruta de Chiclayo-Tarapoto-Chachapoyas.
En el 2013 la Policía de Carreteras decomisó 11 kilos de pasta básica de cocaína (PBC) en uno de sus buses. Según Gilmer Horna Corrales, fue a partir de ese hecho que nacen todos los calificativos y presuntas relaciones con el narcotráfico.
Fuente: Diario Perú21.

En la CPUFI resaltan Yehude Simon, Susana Villarán y Salomón Lerner. Invocan unidad, pero Verónika Mendoza y Marisa Glave lanzaron el Frente Amplio.
Sin rostros frescos ni figura que pudiera ser considerada presidenciable (al menos por el momento), se presentó  la Coalición Progresista Unión de Fuerzas de Izquierda, CPUFI, que participará en las elecciones generales del año entrante.
Entre ellos están Yehude Simon, Salomón Lerner, Manuel Dammert, Nicolás Lynch, Alberto Adrianzén, Carlos Tapia y la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán. 
Susel Paredes, es uno de los pocos rostros reconocibles que abandonaron Tierra y Libertad.
Los movimientos que integran la coalición son Ciudadanos Por el Cambio, Fuerza Social, Partido Comunista del Perú-Patria Roja, Movimiento de Afirmación Social y el Partido Humanista. Este último, liderado por Simon, pondrá a disposición su inscripción vigente ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El nombre y el símbolo será decidido en los próximos días. 
“Este es nuestro llamado a la más amplia unidad de las ciudadanas y ciudadanos de todas las generaciones, a las organizaciones políticas de izquierda, humanistas y de centro, progresistas y democráticas, nacionales y regionales”, dice el pronunciamiento leído.
Su propuesta pasa por construir un Estado “democrático, soberano, pluricultural, descentralizado e integracionista”, que sea “promotor del desarrollo sostenible”, con seguridad, justicia, trabajo y salario dignos.
“Un grave peligro se cierne: que en las elecciones del 2016 triunfe otra vez una opción conservadora y autoritaria, que siga profundizando el modelo neoliberal, agudizando males que agobian nuestra nación”, decía el comunicado.
En su discurso, Simon recordó a figuras de la izquierda peruana como Alfonso Barrantes, Javier Diez Canseco, Henry Pease, Carlos Malpica, entre otros, y reconoció que esfuerzos de unidad anteriores, como el de Izquierda Unida en los ochentas, fueron desperdiciados “estúpidamente” e hizo votos para que las lecciones sean aprendidas.
Siguieron a Simon otros dirigentes sociales en representación de mujeres, población LGTB, jóvenes y las regiones.
Al concluir la presentación de la CPUFI, Villarán fue la más buscada, pero ella negó interés en participar en la elección del 2016. En todo caso, apostó por la candidatura de una mujer. 
“Lo que viene es lo más complicado”, dijo Simon, con ánimo premonitorio y aludiendo lo difícil que será arribar a acuerdos programáticos y preparar elecciones internas para seleccionar candidaturas.

ESTRECHO FRENTE
El común denominador de las intervenciones fue un llamado a la unidad, pero esa posibilidad es lejana porque Tierra y Libertad, liderado por Marco Arana, cuenta con inscripción vigente ante el JNE y ya forma un segundo frente. Además, Lerner ha comentado que existen diferencias sustanciales en temas como la posición frente a la minería y otras actividades extractivas.
Precisamente a través de YouTube, se divulgó un video en el que se ve a jóvenes políticos vinculados a Tierra y Libertad, entre ellos la ex regidora del municipio de Lima, Marisa Glave, y la congresista Verónika Mendoza, presentando su propia propuesta.
“Queremos un Perú sin corrupción y sin violencia, con derechos para todos y todas”, dicen ambas en el video que termina con la frase “es tiempo de cambiar al Perú”.
Cabe señalar que Tierra y Libertad viene impulsando el renacimiento del Frente Amplio, que después de las elecciones regionales del 2014 entró en un franco proceso de descomposición. Tanto así que los movimientos que lo formaron empezaron a pelearse entre ellos por la utilización del nombre.

Siguen las renuncias masivas en el Frente Amplio por Justicia Vida y Libertad, antes Tierra y Libertad. Esta vez 400 militantes y dirigentes de esa agrupación en Cajamarca acusan de autoritarismo a la dirigencia de la Comisión Política.
Los renunciantes indican que en forma unilateral la dirección nacional del partido –bajo la coordinación de Pedro Francke e integrada por Marco Arana, Marisa Glave y Carlos Monge– decidió no presentar candidatos en las últimas elecciones y apoyar la postulación de Gregorio Santos a la presidencia de Cajamarca, a pesar de que había un acuerdo institucional de no hacerlo debido a las denuncias por corrupción en su contra. 
Según Nicanor Alvarado Carrasco, ex coordinador regional de Tierra y Libertad, esa decisión unilateral obedecería a las ambiciones de Arana de recibir el apoyo del MAS en su eventual candidatura presidencial.
Arana respondió que son calumnias, pues las agrupaciones de izquierda aún no han tomado una posición sobre las elecciones del 2016 y que el apoyo a Santos fue para evitar el triunfo de candidatos del fujimorismo.
Agregó que la mayoría de firmantes de la carta no son miembros de Tierra y Libertad, que en Cajamarca solo suman 120.
Fuente: Diario La República.
Carta de renuncia irrevocable al Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad
Cajamarca, 3 de diciembre del 2014
Los abajo firmantes, renunciantes al Frente Amplio por Justicia vida y Libertad, nos dirigimos a la opinión pública para manifestar lo siguiente:
1.- Que en el II Congreso Regional de Tierra y Libertad (09/13) y el congreso fundacional del Frente Amplio (01/14), entre los principales acuerdos a los que se arribaron fueron: Fortalecer la organización política en el marco del proceso electoral del 2014 logrando la más amplia unidad con los movimientos sociales y con otras fuerzas políticas cuya trayectoria no esté manchada por actos de corrupción ni por hechos violentistas, desterrando en todo momento la posibilidad de alianza con el MAS-Patria Roja por los enormes escándalos de corrupción que ya se ventilaban en la prensa regional, además de su incoherencia en la lucha ambiental regional y su dudosa posición frente al modelo extractivista minero…Nos reafirmamos así mismo respetar los principios y el programa del partido como tener presente los liderazgos múltiples, la ruptura y continuidad, trazándonos como estrategias el fortalecimiento del partido desde las bases; de abajo a arriba.
2.- En noviembre del año pasado se realizó el II Congreso Nacional de Tierra y Libertad en el que se acordó por mayoría cambiarle el nombre al partido por otro para fines electorales en alianza con otros sectores de la rancia izquierda.
Lamentablemente los que queríamos conservar el nombre y los principios primigenios del partido fuimos derrotados y por disciplina partidaria aceptamos. Luego en Lima en la I Convención Nacional del FA, nuestra dirección nacional nos arrastra a tejer una alianza con los más viejos sectores de la izquierda peruana, muchos de ellos culpables no solo de la atomización de la izquierda y del movimiento social sino de haber blanqueado a gobiernos como el de Fujimori, Toledo y Humala. Estas organizaciones se acomodan tan solo al sistema con un pragmatismo oportunista que linda con la complicidad. Con esta actitud, nuestra dirección política rompe con la línea y principios del partido.
3.- Posteriormente a esta traición, fungen de un congreso que nunca se dió (el congreso de noviembre del 2013 fue realizado a nombre de Tierra y Libertad y hubiera tenido que llevar el nombre de Tierra y Dignidad) e inscriben ante el JNE a la nueva coalición como Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad (febrero 2014), convenciendo a los dirigentes regionales que firmen el acuerdo del congreso fantasma que legitimara el nuevo nombre. A renglón seguido negocian desde Lima amañadas alianzas regionales con fuerzas políticas envueltas en escándalos de corrupción como la de Guillén en Arequipa, en Cajamarca con el MAS-Patria Roja liderada por Gregorio Santos y en Lima boicotean de la peor manera la candidatura que las bases habían definido democráticamente bajo voto universal.
4.- Como respuesta, las bases del Tierra y Libertad-Frente Amplio impulsamos cuatro convenciones regionales cuyas actas están en nuestro poder: la I Convención Regional realizada en Bambamarca el 23 de marzo con la presencia de Marco Arana y Pedro Francke; la II Convención realizada en Cajamarca el 05 de Abril con presencia de Marco Arana; la III Convención Regional realizada nuevamente en Bambamarca el 17 de mayo y la IV Convención realizada en Chota el 06 de Junio con presencia de Marco Arana. Los acuerdos en estos cuatro eventos fueron puntuales: participar en las elecciones regionales del 2014 con candidatura propia. Sin embargo, la mayoría de la Comisión Política Nacional-CPN llegaba al acuerdo con la cúpula de Patria Roja de no llevar lista regional en Cajamarca -a espaldas de la decisión de las bases y con su total desconocimiento- para así lograr el triunfo rotundo del MAS- Patria Roja a cambio de su apoyo a la candidatura de Marco Arana en el 2016. Este hecho originó la protesta de toda nuestra dirección regional de TyL y regional del FA de Cajamarca cuyo castigo fue una campaña de demolición y liquidación a nivel nacional encabezada por el señor Arana y Pedro Francke acusándonos de rupturistas hasta llegar a sacarnos de las listas de correos, despojarnos de nuestras funciones sin que haya sanción alguna de por medio y el señor Arana de manera autoritaria puso a dedo nuevos dirigentes regionales.
5.- Algunas provincias como Bambamarca, Chota y Jaén presionaron fuertemente a la CPN restante (4 miembros habían renunciado en señal de protesta por la línea tomada) y lograron su inscripción pero ya debilitados por los hechos, sin ninguna opción de ganar. Un caso a parte lo constituyó la provincia de Cajamarca en donde la campaña del FA provincial habría sido financiada por el MAS- Patria Roja a cambio de que se impulsara el voto cruzado. El instigador de este negociado fue el mismo Marco Arana que hizo campaña abierta por Gregorio Santos en clara traición a los candidatos provinciales del FA-TyL. Ante esta debacle, algunos dirigentes del FA Regional por solidaridad apoyamos la campaña del FA en Bambamarca, en condiciones muy adversas. No podemos dejar de mencionar el caso anecdótico ocurrido en el mitin de cierre de campaña del FA Bambamarca donde el señor Arana abandona el estrado ante los atónitos ojos de los más de 4,000 mil asistentes cuando el secretario general del FA, Nicanor Alvarado, hace uso de la palabra: el Sr. Arana había chantajeado a los dirigentes provinciales advirtiendo de que si Nicanor Alvarado intervenía en el mitin, él se retiraría del escenario y así lo cumplió, este hecho indudablemente contribuyó a la derrota de la lista del FA en Bambamarca.
6.- A pesar de todos los atropellos y abusos sufridos durante estos meses, esperábamos de que la CPN restante iniciara una evaluación política y una profunda autocrítica. Han transcurrido ya dos meses de concluido el proceso electoral y no solamente se aferran a los cargos sino que continúan con la errada conducción nacional habiendo perdido todo tipo de credibilidad y legitimidad ante la mayoría de bases y ante el pueblo. Más aún, no reconocen la traición histórica a sus bases y haberlas dejado sin alternativa ecologista y libre de corrupción. Peor aún, no conforme con haber blanqueado a Gregorio Santos en la campaña electoral regional encubriendo políticamente los actos de corrupción, el Sr. Marco Arana participa de la campaña de victimización de Gregorio Santos a pesar de las pruebas de corrupción existentes, conforme lo viene demostrando el proceso investigativo.
7.- Nutridos de una gran experiencia y convencidos de que otro mundo es posible, no abandonamos la militancia política y pasamos a construir con las bases fieles a los principios primigenios de Tierra y Libertad, por la defensa de la madre Tierra, por el ecologismo popular, una nueva propuesta política regional, que aunque con dificultades materiales al nacer, se quiere portadora de este mensaje y libre de toda corrupción.
8.- Los que renunciamos alertamos a la militancia que ha optado por quedarse y seguir creyendo en el proyecto que los dirigentes de la actual CPN y el Sr. Arana que se ufana de ser pre candidato nacional, luego de lo ocurrido en Cajamarca y en otras regiones del país, no tienen la catadura moral de ejercer tal representación “si hoy fallan al partido mañana lo harán con el pueblo y pasarán a engrosar la larga lista de traidores y corruptos de la cual está plagado nuestro país”.
Con el pueblo por delante.
Nicanor Alvarado Carrasco-  Coordinador Regional de TyL-FA 
Raquel Neyra Soupplet- Dirigente regional FA
Oscar Sánchez Ruiz- Dirigente Regional

El partido parlamentario de Sergio

El congresista Sergio Tejada, quien renunció en enero último a Gana Perú, descartó participar en el frente de izquierda que lidera Yehude Simon.
“Somos observadores en este lanzamiento, hay una serie de partidos impulsadores, no formamos parte del frente, pero sí saludo estos esfuerzos que se están dando dentro de la izquierda” 
Afirmó que él forma parte del Bloque Nacional Popular que está en proceso de consolidación y en coordinación con otros grupos para ir unidos a las próximas elecciones.
Dijo que en nuestro país hay dos izquierdas que no se pueden unir, que están con varias diferencias.
Fuente: Canal N.

Irán y representantes de seis potencias internacionales anunciaron que han pactado un marco para un acuerdo final sobre el programa nuclear de ese país.
El ministro iraní de Relaciones Exteriores Javad Zarif y la jefa de política internacional de la Unión Europea, Federica Mogherini, hicieron una declaración conjunta anunciando el progreso en las negociaciones que han tenido lugar en la ciudad suiza de Lausana por más de una semana.
Se espera que un acuerdo integral sobre el programa nuclear esté redactado para el próximo 30 de junio.
En un tuit, Zarif dijo “Encontramos soluciones. Listos para empezar a redactar inmediatamente”.
Más verificación
Bajo el acuerdo, Irán reducirá su capacidad de enriquecimiento de uranio a cambio de un gradual retiro de las sanciones.
El presidente estadounidense Barack Obama lo calificó de “histórico” el entendimiento con Irán. Irán niega las aseveraciones occidentales que lo acusan de estar intentando construir una bomba atómica.
Teherán entró en negociaciones para buscar un final a las sanciones.

Las condiciones

De acuerdo a un comunicado emitido por Estados Unidos, el acuerdo marco incluye las siguientes condiciones:
1. Irán reducirá en dos tercios las centrífugas que tiene instaladas y que sirven para enriquecer uranio. También reducirá sus existencias de uranio poco enriquecido.
2. Las centrífugas que ya no estén en uso se guardarán en bodegas bajo la vigilancia del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA).
3. Todas las instalaciones nucleares de Irán estarán sujetas a inspecciones frecuentes por el OIEA.
4. Irán rediseñará su reactor de agua pesada en Arak para que no pueda producir plutonio apropiado para la manufactura de bombas.
5 Las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea relativas al programa nuclear de Irán serán retiradas gradualmente pero pueden ser restauradas si Irán no cumple con sus obligaciones.
Obama aseguró que la implementación del acuerdo será vigilada de cerca. “Si Irán hace trampa, el mundo lo sabrá”, indicó el mandatario, agregando que el acuerdo no estaba basada en la confianza sino en una “verificación sin precedentes”.
Dijo que el acuerdo marco llegaba después de meses de esfuerzos diplomáticos complicados y que era “un buen arreglo”.

Reacciones

Rusia aplaudió el acuerdo como un reconocimiento del “derecho incondicional de Irán a un programa nuclear pacífico”.
Entre tanto el canciller francés Laurent Fabius le dijo a la prensa que era “un paso positivo, pero al mismo tiempo todavía hay preguntas y detalles que deben ser resueltos”.
Entre tanto, el líder israelí Benjamin Netanyahu escribió en Twitter: “Cualquier acuerdo debe recortar significativamente las capacidades nucleares de Irán y detener su terrorismo y agresión”.
Netanyahu había advertido previamente que un “mal acuerdo” con Irán podría amenazar la seguridad de Israel.
El arreglo también fue criticado por miembros del congreso de Estados Unidos, que quieren que la legislatura tenga el derecho de revisar cualquier acuerdo final.

La Guardia Revolucionaria define la política externa

A través del envío de armas a países lejanos, proveyendo entrenamiento y asesoría militar, y enviando dinero a políticos y milicianos afines, los guardias parecen estar impulsando una nueva doctrina: para proteger a la república islámica hay que confrontar las amenazas en el exterior.
Otro ejemplo reciente lo tuvimos con la sopresiva noticia de que uno de los fallecidos en un ataque israelí contra un convoy de Hezbolá en los Altos del Golán era un general iraní.
“Lucharemos hasta el final para destruir Israel”, prometió el comandante en jefe de la GRI, general Mohamad Alí Jafari, en uno de los desafiantes discursos con los que respondió al ataque.
“La liberación de Jerusalén está cerca”, agregó.
Fuente: BBC de Londres.

Fue censurada

La única censurada por el Congreso fue Ana Jara y no sus ministros.
“La censura es solo contra la presidenta del Consejo de Ministros y, en consecuencia, la única persona que no podría integrar el nuevo gabinete es Ana Jara. Es la única”, aseguró Víctor García Toma.
“Todos los demás pueden ser, si el presidente Humala lo considera, ratificados en sus cargos. Incluso, cualquiera podría ser primer ministro”, continuó el ex magistrado.
En ese sentido, cualquiera de los ministros del actual gabinete podrá reasumir sus funciones en el Ejecutivo de contar con la aprobación del presidente Ollanta Humala.
Sin embargo, aún en este escenario, surgen más dudas. Si el nuevo primer ministro de Humala no logra el voto de confianza del Congreso, ¿es como si fuera censurado? Y, en ese marco, ¿Ollanta Humala podrá disolver el Congreso?
“Si no se le da el voto de confianza, se entiende que se le ha negado la investidura y se asume como censurado”, apunta García Toma al respecto.

“Con dos censuras al presidente del Consejo de Ministros o al Gabinete en su conjunto, el presidente está habilitado constitucionalmente para disolver el Congreso y convocar inmediatamente elecciones parlamentarias“, prosiguió.
Sin embargo, para García Toma prevé que este escenario es poco probable, pues se asume que Humala buscará, para el puesto de primer ministro, “a alguien independiente o alguien del gabinete que pueda generar confianza”.
Cohabitación
“Tendríamos que olvidarnos de las figuras partidarias para buscar a alguien de otro porte”, remarcó García Toma.
Fuente: Diario El Comercio.