Por Johnny Aurazo- Diario El Comercio
César Acuña Peralta, gobernador regional de La Libertad, cumple 63 años. Desde que ingresó a la política, en 1990, el fundador de Alianza para el Progreso (APP) siempre resaltó el no tener ninguna denuncia en el Poder Judicial.
Sin embargo, 25 años después de su primera aparición política, parece que el también ex congresista afrontará su primer juicio. La Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo ha solicitado nueve años de prisión para el ex alcalde de Trujillo por el presunto delito de abuso de autoridad específico con fines electorales, inducción al voto y falsedad genérica.
Según la acusación de la fiscal Martha Rosales Echevarría, Acuña aprovechó su cargo de alcalde en las elecciones municipales del 2010 para reelegirse entregando víveres y subvenciones económicas a comedores populares, además de simular comicios internos para elegir a sus candidatos a distintas alcaldías.
La acusación se desprende del video “Plata como cancha”, grabado en el 2010, en el que se lo escucha decir a Acuña: “Queremos seguir gobernando Trujillo, para eso Dios nos da esta oportunidad. Luego yo renuncio, se quedan ustedes de alcaldes y yo me voy a la campaña presidencial. Tendríamos gobierno local, regional y hasta presidente. Eso ya sería el acabose. Plata como cancha para ustedes”.
En el video se aprecia a correligionarios de Acuña. Entre ellos, figura Tania Baca Romero, quien en el 2010 ostentaba el cargo de gerenta de Desarrollo Social de la Municipalidad de Trujillo y ya era militante activa de APP. Para Baca Romero, la fiscalía ha solicitado siete años de prisión, también por el presunto delito de abuso de autoridad con fines electorales.
Fuentes de la Comisión Belaunde Lossio revelaron a El Comercio que uno de los depósitos bancarios que más ha llamado la atención es el realizado en el 2010 por la Universidad César Vallejo a una cuenta de Martín Belaunde Lossio en el Banco de Crédito por US$21,000. 
Ello fue confirmado por el congresista aprista Mauricio Mulder, miembro titular de la comisión investigadora, quien aseveró a este Diario que existe una vinculación entre César Acuña y Martín Belaunde Lossio, según se desprendería de la información remitida por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
“Han tenido un contrato entre sí, un contrato de publicidad”, afirmó, pero dijo que no recordaba el monto ni la fecha. Aunque, fuentes de la misma comisión, indicaron que se trata de un contrato por US$21,000 firmado en el 2010. 
Mulder brindó otros detalles: “Es un contrato de publicidad entre la empresa Ilios [Producciones S.A.C.] de Belaunde Lossio y la Universidad César Vallejo de César Acuña […] Ilios ha operado hasta el 2013, cuando salió el tema de ‘La Centralita’, y este caso estalló mediáticamente el 2014”. 
Ilios Producciones funcionaba en el local de Áncash conocido como ‘La Centralita’, donde supuestamente operaba la red del preso ex gobernador regional César Álvarez. La empresa fue fundada en el 2004 por Belaunde Lossio junto a la periodista Claudia Granell Rodríguez La Rosa, y tuvo como gerente general a Jorge Chang Soto. Este último también está en calidad de investigado en el grupo indagador del Congreso.
Fuente: Diario El Comercio.

Por Giovanna Castañeda– www.utero.pe

La agrupación política que lidera César Acuña, el de la raza distinta, es el que tiene más candidatos que declararon en su hoja de vida tener una sentencia, según muestra Verita.
Alianza para el Progreso lidera con 113 sentenciados. De acuerdo al ránking, gana a todos con una amplia diferencia y se corona como el partido que lleva más condenados como candidatos a nivel nacional. De este universo, son 28 candidatos con condenas vigentes, según el Registro Nacional de Condenas.
No es el único ránking que lidera. El partido de Acuña también en es la agrupación política con la mayor cantidad de candidatos sentenciados por alimentos con 52 postulantes.

Por César Romero– Diario La República
El prófugo Gerald Américo Oropeza López (a) “Tony Montana” lideraría una organización internacional integrada por peruanos, colombianos e italianos, que conspira para el acopio y exportación de cocaína desde el Perú hacia Europa, Centroamérica y México.
Oropeza tendría el contacto con los financistas italianos y colombianos y, además, se encargaba del control de la calidad de la droga y de coordinar la llegada de los embarques a su lugar de destino.
Así lo sostiene el fiscal especializado contra el Crimen Organizado, Lucio Sal y Rosas Guerrero, en el documento de formalización de investigación preparatoria (denuncia penal) que presentó el Primer Juzgado Penal Nacional contra Gerald Oropeza y otras siete personas, por conspiración para el narcotráfico.
La denuncia incluye a Brian Martin Camps Gutiérrez, Carlos Antonio Sulca Cruz, Jhonatan Enrique Navarro Berríos, Angelo Renzo Espinoza Brissolessi, Juan Fidel Berríos Navarro, David Francisco Hidalgo Sandoval  y Luis Carlos Acuña Pomar.
El fiscal Sal y Rosas pidió considerar complejo este caso, por lo que solicitó un plazo de investigación de 36 meses y que se ordene la prisión preventiva, por el mismo tiempo, de las ocho personas incluidas en la investigación.
De estas personas, solo se encontraba detenido Luis Acuña Pomar. En la investigación no se incluyó a otros personajes mencionados en relación a este caso, como  Gerson Gálvez Calle (a) “Caracol”, Luis Espinoza Oroche o Javier Poémape, pues no habría elementos para considerarlos parte de la organización de Oropeza.
Espinoza Oroche está detenido y bajo investigación, pero por otros motivos.
EL CAPO
De acuerdo con el documento fiscal, Gerald Oropeza tendría la “línea” o contacto con traficantes de droga en los países de destino, como es el caso de los italianos Salvatore “Zazo” o  “Zaza” y Enmanuel Salvatore, miembros del clan Mazzarella de la “Camorra” italiana. 
Como prueba se menciona los mensajes de “whatsapp” del celular de Oropeza del 18 al 31 de marzo con Salvatore Zazo, con quien coordina el envío de 100 “cuadros”, que serían en realidad 100 kilos de cocaína, hasta el puerto de Amberes, en Bélgica.
Para ese embarque, el clan Mazzarella habría desembolsado 350 mil euros, que se enviaron al Perú en efectivo, probablemente en unos de los Porsche que Oropeza trajo al país para las carreras de piques.De los mensajes –concluye la fiscalía– se habría acordado el envió de un embarque de 160 kilos de cocaína el 26 de marzo pasado, pero que luego se postergó al 2 de abril.
Además, se indica que el viaje que “Tony Montana” realizó del 27 de marzo al 1° de abril de este año al balneario de Cancún, en México, tuvo como finalidad concertar otros envíos de droga a otros destinos.Al regreso a Lima de ese viaje, Oropeza fue violentamente atacado por personas hasta ahora desconocidas, que podrían ser narcos rivales, un ajuste de cuentas por una entrega fallida, o policías corruptos. Este tema permanece en investigación.
La fiscalía también describe el papel que cumplieron los otros integrantes de este cartel peruano que forma parte del narcotráfico internacional. Así, se indica que Brian Camps sería el encargado de traer el dinero al Perú desde Europa, se calcula que hasta un millón de dólares, el último año.
DINERO
El dinero era entregado a pilotos de avión, cuyo equipaje no pasa por el control antidrogas, hasta llegar a Lima. Luego, las maletas eran recibidas por Sulca, quien se las daba a Oropeza.
Fidel Berríos se encargaba de la seguridad de la organización. Además, era chofer de Oropeza y trasladaba a Brian Camps, cuando llegaba con el dinero. De Carlos Sulca se dice que se encargaba de las citas y de coordinar los pagos con los proveedores peruanos de la droga.
Luis Acuña, otro de los que viajó a Cancún, acopiaba la droga en los valles cocaleros, mientras que Renzo Espinoza daba seguridad y pagaba a los estibadores que “preñan” los contenedores de carga, marcarlos para su recojo, en los puertos de destino.

El robo de 100 mil euros

Dirandro descubrió que sociedad de la familia de Brian Camps, socio de Oropeza, perteneció a trujillano que intentó exportar gigantesco cargamento de droga en agosto 2014. Inteligencia no descarta que parte de la cocaína que tenía destino Italia, llevaba la marca de Gerald.
Por Miguel Gutiérrez R.- Diario La República
Luego  del ataque al auto Porsche, el pasado 2 de abril en San Miguel, no solo el empresario Gerald Oropeza López y el italiano Emanuelle Zazza han despertado la atención de los agentes de la Dirandro.
El nombre ‘Brian’ es mencionado por los principales implicados en varios mensajes whatsApp y audios contenidos en los celulares hallados en el auto de lujo.
“Zazza: Yo me estoy organizando, yo mismo te voy a traer a BRYAN”.
Oropeza: BRIAN no llega…
Zazza: Cambiamos de vuelo porque BRIAN debe subir más dinero y estamos cambiando en dólares… entiende hermano!!!
Oropeza: Si tienes un problema, manda nomás mi plata con BRIAN”.
‘Brian’ o ‘Bryan’ es Brian Camps Gutiérrez, un joven trujillano buscado por las autoridades porque sospechan de haber lavado dinero procedente del tráfico ilícito de drogas.
Del análisis de las conversaciones entre Oropeza y el italiano, y el intenso movimiento migratorio, la Policía deduce que Brian Camps cumplía un rol importante en el envío del cargamento, así como en el manejo de dinero producto de la venta de estupefacientes.
Por eso inteligencia antidrogas ha empezado a revisar su más reciente pasado en busca de más elementos en su contra.
Sus relaciones empresariales y sus lazos amicales son investigados acuciosamente por el equipo de inteligencia antinarcóticos que ya ha elaborado un diagrama con los posibles enlaces. En el camino, los  analistas de inteligencia han encontrado una muy posible conexión entre la mano de derecha de Oropeza y la histórica incautación en setiembre pasado en el balneario de Huanchaco.
UN EMPRENDEDOR
Los agentes han descubierto que Brian Camps, siendo estudiante de administración de negocios, creó tres empresas en solo tres meses el 2010:
El 13 de setiembre constituyó con su hermano Jonathan Camps Gutiérrez, Betanort SAC, dedicada a comprar y vender transporte y maquinaria pesada.
El 16 de octubre Brian Camps formó Combustible Braos SAC, para vender precisamente combustible, aceites y aditivos para vehículos automotores, así como para montar una discoteca y restaurante.
Dos meses después, el 4 de diciembre, montó Peruvian Art Corporation, dedicada a la exportación de artesanías, textiles, semillas y piedras preciosas entre otros.
Las tres sociedades además de ser creadas en la misma notaría –Carlos Cieza Urrelo–,  o bien fueron dadas de baja o no están inscritas en la SUNAT.
El equipo de inteligencia revisó también cada una de las empresas relacionadas con la familia Camps y descubrió que su hermano y socio Jonathan Camps Gutiérrez  había comprado a Carlos Manuel Rodríguez una compañía del principal implicado en el acopio de las 7.6 toneladas de cocaína.
Carlos Mendoza Rodríguez aparece en los videos de seguimiento de la Policía coordinando con dos mexicanos, el envío de las 7.6 toneladas incautadas en el balneario de Huanchaco.
Dos empresas de Mendoza Rodríguez fueron usadas para comprar carbón para cubrir la droga que sería exportada a Europa
Tras ser detenido en el operativo bautizado como “Carbonero”, cada una de sus empresas fueron analizadas por la fiscalía de criminalidad Organizada.
Sin embargo, las autoridades no  repararon en Transportes y Turismo Mendoza, creada el 2008 ante la notaría Carlos Cieza Urrelo.
En noviembre del 2013 y según registros públicos de La Libertad, el narcotraficanteCarlos Mendoza Rodríguez vende la titularidad de la compañía a Jonathan Camps. Desde entonces la empresa comenzó a llamarse Transportes Camps, siempre con domicilio en Trujillo. El nuevo propietario introdujo un nuevo cambio, al rubro del turismo y a la importación y exportación de maquinaria pesada y liviana entre otros.
Nueve meses después de la mayor incautación de droga en Trujillo, y si bien la responsabilidad del hermano de Bryan no se ha cuestionado formalmente,  inteligencia antinarcóticos no descarta que el empresario Gerald Oropeza López  y Brian Camps hayan tenido que ver en el acopio de la cocaína.
Esta hipótesis se basa principalmente en que Oropeza López sería desde hace unos años un importante acopiador de droga para organizaciones asentadas en Italia y España.
De acuerdo con las investigaciones actuales del llamado “Caso Carbonero”, acopiar tal cantidad de droga exigió a la organización mexicana no solamente montar dos exportadoras de metales no metálicos en Trujillo, una casa en la playa en Huanchaco y otros tres almacenes para recibir y esconder la droga proveniente de los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). También buenos contactos y enlaces en Europa y el emprendedor empresarial Brian Camps los tenía pese a su corta edad.
Con este nuevo dato inteligencia antinarcóticos trabaja para determinar si Bryan Camps y Gerald Oropeza, ambos actualmente en la clandestinidad, eran parte de la mafia que proveyó parte de los 7.6 toneladas de cocaína, o si trabajaron coordinadamente con los mexicanos y Jonathan Camps. Todo parece indicar que aquí la familia está muy presente.

Lobbies y mentiras

En una entrevista publicada el viernes 7 en El Comercio, Zaida Sisson afirmó que con el único ministerio con el que no trabajó durante el segundo gobierno aprista fue el de Agricultura. ¿Por qué? Por su esposo, el ex ministro aprista Rodolfo Beltrán.
-Entre el 2007 y el 2011, ¿con qué otros funcionarios del gobierno aprista se reunió?
Tuve varias reuniones de trabajo, con el Ministerio de Vivienda, de Energía y Minas, de Transporte, ANA [Autoridad Nacional del Agua], Sunass y alguno más que no recuerdo. El único con el que no trabajé fue con el Ministerio de Agricultura, porque mi esposo trabajaba ahí.
–Ud. dice que sus actividades y las de su esposo estaban separadas.
Siempre separadas
Eso es falso. Sisson realizó numerosas gestiones con el ministerio de Agricultura, donde su esposo era director de Pronamachcs, además, de vicepresidente del Banco Agrario.
Como gestora y consultora de Galvao Engenharia, Sisson organizó reuniones periódicas de los representantes de la compañía con algunos de los ministros de Agricultura de turno (por ese portafolio pasaron 6 ministros durante el gobierno de García). Entre ellos estuvieron los entonces ministros Adolfo de Córdova y Jorge Villasante. Entre enero y febrero de 2010, por ejemplo, gestionó y realizó reuniones con el ministro De Córdova, como ella misma lo informó a Galvao.
También gestionó y logró reuniones con los presidente regionales de Tumbes que estuvieron en el periodo en que fue consultora, para obtener información sobre la ejecución de los proyectos, con la perspectiva “de un escenario de concurso público o licitación”.
Galvao se interesó sobre todo en dos grandes proyectos: el Proyecto Especial Binacional Puyango-Tumbes, que tenía por objeto la irrigación de más de 40 mil hectáreas de cultivos en Perú y Ecuador; y el Proyecto Especial de Irrigación del Margen Derecho del Río Tumbes.
En sus reportes, Sisson informó continuamente a la oficina de Galvao en Lima sobre ambos proyectos.
A la vez, dado que la compañía brasileña también tuvo interés en participar en la construcción de carreteras y en obras de saneamiento, Sisson organizó por lo menos una reunión con el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo.
Las conexiones de Sisson con el partido aprista fueron una de las razones principales por las que el entonces encargado de la oficina de Galvao en Perú la tuvo como consultora durante tres años, entre julio de 2009 y junio de 2012.
En el entramado de historias que componen el caso Lava Jato en el Perú, el jefe de la oficina de Galvao en el Perú resulta tanto o más interesante que Zaida Sisson.
Se trata de Marcos de Moura Wanderley, un personaje que, pese a todo, ha logrado mantener un perfil bajo. Su trayectoria cubre a buena parte de las empresas brasileñas en el Perú, donde radica desde 1998.
De Moura Wanderley trabajó primero con Andrade Gutierrez. Pero su nombre recién adquirió relevancia retroactiva en junio pasado, con las revelaciones del caso ‘Castillo de Arena’, una investigación desarrollada por el Ministerio Público y la Policía Federal de Brasil, en 2009, que descubrió entre otras cosas presuntos pagos de sobornos de la constructora Camargo Corrêa a altos funcionarios públicos durante los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García.
De Moura Wanderley fue representante de Camargo Corrêa en el Perú desde 2002 y jugó un rol decisivo para la adjudicación de obras a su compañía tanto en el gobierno de Toledo como en el de García.

En el régimen aprista, la empresa se adjudicó (en consorcio con una compañía francesa) la construcción de la planta de tratamiento de agua en Huachipa, en 2008.
Poco después arrancó en Brasil la investigación de la Fiscalía y la Policía Federal a Camargo Corrêa por una serie de delitos de corrupción [el caso ‘Castillo de Arena’]. En la documentación que fue incautada a uno de los directivos de la compañía en Brasil, se encontró manuscritos que hacían referencia a supuestos pagos de ‘propinas’ (coimas) al ex ministro de Salud, Hernán Garrido Lecca (US$1 millón); al ex viceministro de Construcción y Saneamiento en la gestión de Garrido Lecca, Juan Sarmiento (US$300 mil); al ex titular de Sedapal, Guillermo León (US$1 millón); y un ex funcionario de Sedapal, Umberto Olcese (US$450 mil).
En medio del escándalo suscitado en Brasil por la investigación en curso, en 2009, Marcos de Moura salió de Camargo Corrêa pero casi de inmediato se ubicó al mando de otra corporación brasileña, Galvao Engenharia, que abrió su sucursal en Perú en abril de ese año.
En julio de 2009, De Moura contrató a Zaida Sisson como consultora de la filial peruana. Casada con Rodolfo Beltrán, un veterano aprista que, aparte de los cargos que ocupaba entonces, había sido ministro de la Presidencia.
Sisson empezó a trabajar para Galvao Engenharia solo un mes después del contrato que firmara José Dirceu como lobista de la compañía para América Latina. Esta acordó pagarle inicialmente 5 mil 681 dólares mensuales, pero después le disminuyó la remuneración a 5 mil dólares al mes. Su contrato se prolongó hasta mediados de 2012. En total, Sisson cobró alrededor de 180 mil dólares.
Entre 2011 y 2012, con el cambio de gobierno y con su contrato de consultoría aún vigente, Sisson tuvo que entablar nuevas relaciones.
Ya es conocida la reunión, en abril de 2013, de Sisson con Rocío Calderón, funcionaria de Palacio, amiga de Nadine Heredia y entonces pareja de su exjefe Marcos de Moura. Sisson ha señalado que el motivo de la reunión fue para hablar de un purificador de agua, que su compañía, Ecoarki, ofrecía. Esa versión fue confirmada por Rocío Calderón a IDL-R.
En la misma entrevista con El Comercio, Sisson afirmó que “solo tuvo contacto” con Rocío Calderón durante el gobierno de Humala. Eso es también falso.
Entre mayo y junio de 2012, cuando Sisson todavía trabajaba para Galvao, organizó reuniones con el entonces titular del ministerio de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, y el director de Provias Nacional, Raúl Torres, para evaluar “informaciones de posibles proyectos en carreteras mediante concursos públicos”.

Precisamente ese mes, Marcos de Moura decidió rescindir, unilateralmente el contrato de Sisson. Todo indica que tener un esposo aprista ya no era una buena carta de presentación.
En marzo de este año, el caso Lava Jato le estalló a los altos directivos de Galvao Engenharia. El director de la compañía, Erton Medeiros Fonseca, fue arrestado. Marcos de Moura, a su turno, con su notable talento para encadenar empleos y relaciones oportunos –y también para dejarlos en el momento apropiado– salió en marzo de este año de la empresa y también, aparentemente del país.

OAS-Petrobras

La Justicia Federal de Paraná, Brasil, condenó el jueves 5 de agosto, a ejecutivos de OAS a penas de entre 4 y 16 años de prisión por los delitos de corrupción, lavado de dinero y crimen organizado.
Entre los sentenciados se encuentran José Adelmário Pinheiro Filho, ex presidente de OAS, y Agenor Franklin Magalhães Medeiros, ex director del área internacional de OAS. Cada uno recibió una pena de 16 años y 4 meses de prisión, impuesta por el juez federal Sergio Moro.
El ex director financiero Mateus Coutinho de Sá Oliveira fue condenado a 11 años de prisión, mientras que los ejecutivos José Ricardo Nogueira Breghirolli y Fernando Augusto Stremel Andrade recibieron 11 y 4 años, respectivamente.

Además, se condenó a 16 años y 11 meses de prisión al operador financiero Alberto Youssef; y a 6 años con 6 meses a Paulo Roberto Costa, ex director de abastecimiento de Petrobras. Sin embargo, ambas penas serán ajustadas posteriormente, de acuerdo a los términos de la delación premiada que tienen con el Ministerio Público Federal.
Según indica la sentencia, se comprobó que OAS pagó cerca de 30 millones de reales (8,6 millones de dólares) en coimas para beneficiarse con contratos para obras de Petrobras.
OAS mantiene una presencia importante en el Perú. Según el portal de proveedores del Estado del MEF, entre el 2012 y lo que va de este año, la sucursal de OAS en el Perú se adjudicó contratos por más de 548 millones de soles. Los principales fueron con el ministerio de Transportes y Comunicaciones y con el gobierno regional de Cusco.
Leonardo Meirelles, abogado y testigo clave del caso Lava Jato, señaló que OAS pagó “propinas” (sobornos) en el Perú, tal como reveló IDL-R en el reportaje ‘Testigo de Cargo’.
Fuente: IDL Reporteros.

Se tomaría un millón de selfies

El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, afirmó que se tomaría “un millón de ‘selfies’ más y “sonriendo” -como el de Palacio de Gobierno en Fiestas Patrias– para no parecerse “ni una pisca” a Alex Kouri, Juan Sheput o Rafael Rey, que criticaron esa fotografía: “¿Quiénes se rasgan las vestiduras? Cuando miro que Alex Kouri pone un comentario sobre el tema, cuando veo que Juan Sheput lo hace y un Rafael Rey que se rasga las vestiduras en su programa poco visto de la televisión, me permite concluir que me tomaría un millón de selfies más en momentos similares que querer parecerse siquiera una pisca a ellos”, puntualizó.
En referencia al ex ministro de Defensa y al ex alcalde del Callao, el ministro enfatizó que no lo puede calificar como “irresponsable” una persona que compró “misiles vencidos” o “drones inservibles” o que cobró por un “peaje inexistente”. “Actúan como profetas aquellos que no actuaron con corrección en los respectivos gobiernos que les tocó dirigir”, sentenció.
Manuel Pulgar-Vidal indicó que reflejar en un ‘selfie’ un momento de alegría no es “para nada una falta de respeto”, marcando así distancia de su colega de gabinete José Gallardo Ku, quien, frente a las críticas por esta foto se disculpó.
Según señaló, luego de esa fotografía en las escalinatas de Palacio de Gobierno, los ministros conversaron sobre el tema y coincidieron en que fue un momento de alegría y distención y nadie se “rasga las vestiduras, ni se paltea” por ello.
“Es un momento de alegría, si ves bien la foto, la gente este entrando al Palacio, lo que nos motivó es la gente ingresando a Palacio. Un momento de alrgía no es para nada una falta e respeto”, insistió en Radio Exitosa.
Manuel Pulgar Vidal enfatizó, asimismo, que las críticas al selfiedemuestran que los opositores al gobierno quieren ver a alguien “derrotado o perdedor”.
Fuente: Diario Perú21

DE LA “OJERIZA” AL ACOSO

Por Milagros Salazar- CONVOCA
Ayer martes 4 de agosto en la mañana, el ministro del Ambiente Manuel Pulgar-Vidal dio una entrevista al programa de Juan Carlos Tafur en Radio Exitosa. Y no solo habló de selfies, también se refirió a los reportajes de Convoca y a mi trabajo. Me recordó como “esta joven Milagros Salazar” que le “intentó atribuir” en IDL-Reporteros que “tenía alguna vinculación con Yanacocha” y que ahora “parece que le tiene una ojeriza a OEFA”, y peor aún, que Convoca “pareciera estar buscando (…) la desaparición” de este organismo regulador. ¿Conspiración?, ¿odio?, ¿mala fe?, ¿obsesión? Al ministro solo le faltó decir que se siente acosado por mí.
No ministro, no es nada personal. Mi trabajo periodístico consiste en investigar hechos de interés público y usted encabeza un sector que vengo cubriendo desde sus inicios porque desde hace diez años investigo el comportamiento de las industrias extractivas que ejercen una gran influencia económica y política en el país. Haga memoria cuando lo entrevistaba como experto de la sociedad civil, recuerde que lo llamaba para pedirle su opinión sobre estos temas y las responsabilidades de las autoridades de esos días. Recuerde. Y entenderá, que ahora que es ministro del Ambiente su trabajo y el de las instituciones que están a su cargo, deben ser vigilados con la misma rigurosidad y determinación. El trabajo de un periodista no cambia según el ministro de turno. Por eso vea aquí mi respuesta:
En enero de 2012, colaboré con IDL-Reporteros en una nota en la que dimos cuenta que Manuel Pulgar-Vidal recibió una oferta laboral de Yanacocha poco tiempo antes de ser ministro del Ambiente para ocupar una gerencia importante en esta minera, precisamente cuando el conflicto minero Conga estaba en una etapa crítica y ponía contra las cuerdas a la compañía. En el informe también dijimos que no se firmó el contrato pero sí hubo una negociación durante cuatro meses como lo aceptó el propio ministro en una entrevista con IDL-R. ¿Debía conocerse o no este hecho que tenía como protagonistas a la minera del caso Conga y al ministro que debía poner paños fríos en este conflicto en representación del Estado? En IDL-R concluimos que sí. Hubo críticas en las redes sociales de un sector que defendió al ministro y también el respaldo de un grupo de ciudadanos que agradeció la difusión del informe. En cualquier caso, ¿fue mentira lo que se publicó? No. Fue totalmente cierto.
Sobre mi trabajo en Convoca el ministro Pulgar-Vidal asegura que he publicado “cuatro reportes llenos de falsedades” sobre la fiscalización ambiental en el país y que el último informe “Los S/ 30 millones que no cobró el gobierno en multas mineras” de Esteban Valle-Riestra y Aramís Castro sobre los efectos de la ley 30230, “es totalmente falso” y no tiene “ninguna base metodológica”. 
Antes de las declaraciones del ministro Pulgar-Vidal, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) no había desmentido ninguno de los reportajes de Convoca en sus comunicados ni lanzado calificativos. OEFA a lo mucho había llegado a hablar tímidamente de “precisiones” y optado por el silencio ante la réplica de Convoca que casi siempre venía cargada de nueva información. Pero ahora que el ministro del Ambiente tuvo el micrófono abierto en Radio Exitosa, OEFA publicó a las pocas horas un comunicado en la misma línea de Pulgar-Vidal bajo el título: “El Sector Ambiente responde en relación a inexactitudes de las notas periodísticas publicadas por Convoca” resaltando cinco puntos en los que sostiene que “la información errada” del medio digital que dirijo “es una práctica frecuente” y que hay un “sesgo contra el OEFA”.
Horas más tarde, el ministerio del Ambiente publicó el mismo comunicado en su página web. Interesante el manejo mediático del ministro Pulgar-Vidal: en la mañana sale en un radio a desmentirnos, después los funcionarios que tiene a su cargo publican el comunicado (y el propio presidente de OEFA, Hugo Gómez, se suma a la “ola” compartiéndolo en Facebook) y casi al final de la tarde se reproduce el texto en la website del Minam. Un ‘tuit’ de OEFA aquí, un ‘retuit’ del Minam allá. Todo un aparato estatal moviéndose para ocultar lo que es imposible de ocultar, ministro.
Convoca empezó a publicar desde marzo de este año la serie investigativa “Excesos sin castigo” sobre la fiscalización ambiental a las industrias extractivas en el Perú como resultado de un trabajo que venimos realizando desde hace un año. ¿Por qué? ¿Porque odiamos a OEFA y al ministro Pulgar-Vidal? Ensayar una respuesta de ese tipo es no tener la menor idea del trabajo que hacemos los periodistas de investigación, y que puedo resumir en lo siguiente: revelar hechos de interés público a partir del esfuerzo propio. Cualquier persona que tenga una noción básica de lo que sucede en el país, conoce que las ganancias millonarias, los principales ingresos por exportaciones y también el mayor número de conflictos sociales se generan alrededor de las industrias extractivas, y que por lo tanto, lo que sucede con estas actividades económicas tiene gran relevancia pública.
Solo doce empresas de la gran minería han generado cerca de 57 mil millones de dólares de utilidades netas entre 2008 y 2014 por extraer lo minerales del territorio peruano, lo que superó en 20% el presupuesto público para más de 30 millones de peruanos en 2015. Y pese a ello, el Estado aún adolece de una fiscalización ambiental efectiva de este sector. La minería ilegal genera condenables y graves daños en suelos, ríos y bosques en un mundo de informalidad de pequeña y mediana escala, pero al mismo tiempo un grupo de empresas de la gran minería a las que supervisa OEFA lo hace valiéndose de las propias normas, de abogados y técnicos que van y vienen entre el sector público y privado (Ver Revelaciones a Tajo Abierto). 
Debido a la polarización que genera el tema, decidimos hacer un esfuerzo investigativo: no solo entrevistar a los protagonistas de los hechos y acceder a documentos, sino construir una base de datos inédita a partir de información oficial y propia que nos permita conocer a profundidad y de manera sistémica el comportamiento ambiental de las industrias extractivas y cómo se desempeñan las autoridades responsables.  No hemos recurrido a una sola fuente y tampoco lo hemos hecho en tiempo récord, optamos por el trabajo de largo aliento para confrontar todas las versiones y ser sólidos en nuestros hallazgos. Los “reportes llenos de falsedades” como asegura Pulgar-Vidal, se hicieron a partir de 120 solicitudes de información al Estado, más de 60 entrevistas, la revisión de más de 4 mil documentos de 40 mil páginas y la revisión de decenas de expedientes. En forma adicional, hemos construido con la ayuda de desarrolladores un mapa interactivo con los procesos sancionadores iniciados por OEFA para que los ciudadanos conozcan lo que pasa en sus territorios y puedan ejercer la vigilancia pública. Hemos hecho lo que debió hacer el Estado.
En todos los reportajes se incluye la versión de OEFA, incluso hemos postergado la publicación de nuestros informes hasta recibir la respuesta de este organismo estatal y cuando ha sido necesario, hemos buscado la versión del propio ministro del Ambiente (Ver El Círculo Minero de la Infracción). Pero Pulgar-Vidal asegura que buscamos otra cosa: “la desaparición de OEFA”. ¿Desaparición?, ¿así como sucedió con los papeles que se esfumaron de uno de los expedientes de Volcan, la empresa más infractora, y que permitió liberar  a esta empresa de una multa millonaria por decisión del tribunal de OEFA? (Ver Estrategia corporativa) El ministro no recuerda eso y tampoco el reportaje que publicó Convoca para informar quiénes eran las empresas infractoras que demandaron a OEFA y al Minam para no pagar el Aporte por Regulación. Prefiere descalificar, ocultar y escudarse en una estrategia mediática.
Imagino que debió ser difícil para Pulgar-Vidal despertar el último domingo 2 de agosto con una portada y un reportaje de dos páginas en La República en el que se reproducía la investigación de Convoca sobre cómo se premió el incumplimiento ambiental de las empresas mineras con la ley 30230. Esta norma impulsada por el Ejecutivo, terminó siendo avalada por el ministro del Ambiente como parte de la “simplificación de procedimientos” para promover las inversiones. Y a un año de la aplicación de la norma, Convoca logró demostrar las consecuencias de esta decisión que se resume en lo siguiente: “el organismo regulador dejó de cobrar en sanciones consentidas por las empresas y ratificadas por el tribunal hasta 30.9 millones de soles (10.9 millones de dólares) en multas por 74 procesos sancionadores en primera y segunda instancia si se considera el monto máximo de la escala de multas fijadas por los funcionarios de OEFA en las resoluciones de sanción. Si se toma en cuenta el valor mínimo, el monto de las multas suspendidas y reducidas llega a 20 millones 222 mil soles (más de 7 millones de dólares). En este cálculo no se ha incluido una veintena de procesos que aún falta por resolver en el tribunal y que aumentaría la cifra total a 14,5 millones de dólares”.
El período del análisis oscila entre julio de 2014 y marzo de 2015 y significó la revisión de todas las resoluciones de sanción aprobadas bajo la ley 30230. Solo se incluyeron las multas firmes que los propios técnicos de OEFA consideraron como rangos mínimos y máximos en estas resoluciones basándose en la escala de multas y sanciones que rigen en el sector. Si a Pulgar-Vidal le incomoda que se haya titulado el reportaje tomando en cuenta el rango máximo que aparecen en los documentos oficiales, entonces puede elegir un titular con el monto mínimo que también señala la investigación: más de 20 millones de soles en multas congeladas y reducidas a favor de empresas mineras infractoras. ¿O acaso es posible multar a las empresas por debajo del monto mínimo?, ¿o los funcionarios de OEFA consignaron “falsedades” e “inexactitudes” en las resoluciones de sanción? Es OEFA versus OEFA.
Toda esta información aparece en el reportaje, pero ya que para el ministro lo publicado no fue suficiente, aquí explicamos el paso a paso del método para que, ojalá esta vez, lo entienda.
En su comunicado, el sector ambiente omite esta explicación y otros puntos centrales: que la versión de OEFA sobre las medidas correctivas que reemplazaron a las multas fue incluida en el reportaje, que un grupo de mineras también ha apelado estas medidas porque no quieren cumplir aunque les hayan suspendido las multas, que hasta marzo no se registró ninguna multa efectiva por reincidencia, que hasta el cierre del reportaje OEFA no impuso ninguna medida coercitiva, que varias de las multas congeladas y reducidas correspondían a infracciones muy graves cometidas hasta cuatro años atrás y que en esos términos no existe “corrección oportuna de la infracción” como señala el comunicado. Y no solo eso, la ley ha beneficiado con la reducción de una multa por más de un millón y medio de dólares a Doe Run, una empresa conocida por incumplir sus obligaciones ambientales y que incluso ha demandado al Estado peruano por 800 millones de dólares en un arbitraje internacional.
El sector Ambiente también intenta descalificar otra investigación de Convoca ahora que el ministro decidió salir al frente: “Las huellas del petróleo que intentaron esconder”, la cual reveló cómo las autoridades de tres gobiernos permitieron la prescripción de más de mil informes de supervisión ambiental en el sector hidrocarburos y electricidad benefiando a un grupo de empresas.  En el comunicado señala que el 98% de los casos prescribieron bajo la responsabilidad de Osinergmin, como si Convoca hubiese dicho lo contrario. Nada más falso. ¿Dónde está la mentira?, ¿qué es lo tendencioso?, ¿quizás no debimos decir que también  prescribieron informes en los tiempos de OEFA?, ¿debimos ocultar que hubo más de treinta casos que este organismo regulador tuvo la obligación de evaluar y no lo hizo?, ¿quién manipula la información?, ¿quién debe explicaciones a los ciudadanos?
Desde hace varios meses, Convoca ha solicitado, de manera reiterada, entrevistas con el presidente de OEFA, Hugo Gómez. Ayer, también pedimos conversar con el ministro Pulgar-Vidal luego de escuchar sus declaraciones. Pero ninguno de los dos funcionarios ha accedido a responder sobre lo que no dicen sus comunicados y, por lo tanto, lo que aún no terminan de explicar al país. Vea usted ministro, no se trata de “ojeriza” ni de acoso. A estas alturas, usted debería reconocer que mi trabajo consiste en revelar hechos de interés público aunque, desde el puesto que ahora le toca desempeñar, le incomode.

Eslabón suizo, cuentas africanas

Por Gustavo Gorriti y Romina Mella IDL – Reporteros
En medio del rosario de detenciones y de espectaculares confesiones, hubo, hasta junio pasado, dos excepciones importantes, las de las dos más grandes compañías brasileñas –Odebrecht y Andrade Gutierrez–, ninguno de cuyos ejecutivos había sido detenido hasta entonces.
Los nombres de algunos de ellos ya habían salido a la luz, pero los directivos de ambas corporaciones negaban con firmeza toda acusación.
Testigo de Cargo: Conexión Lava Jato – Perú
En un reporte de junio, el grupo Eurasia, de inteligencia comercial y política, escribió que “la explicación prevaleciente fue que las dos compañías –los más grandes conglomerados de construcción en Brasil– fueron más sofisticados en sus operaciones ilícitas y en consecuencia, más difíciles de acusar”.
Es probable que la explicación haya ayudado a conciliar el sueño de más de un ex presidente o presidente en ejercicio en América Latina.
Así pasaron trece fases de la investigación.
Rashomón en Lava Jato
La decimocuarta, el “Erga Omnes” arrancó con la fuerza inquietante de un terremoto en orilla de mar. Con las detenciones de Marcelo Odebrecht y Otávio Marques de Azevedo (junto con varios otros altos ejecutivos de Odebrecht y Andrade Gutierrez), quedó claro que para los fiscales y policías que llevaban el caso, así como para el juez Sergio Moro, el concepto de “too big to jail” (demasiado grande o importante para ser encarcelado) simplemente no existía.
Pero desde la prisión, los jefes de ambas corporaciones ratificaron su defensa a ultranza. La posición de ellos y sus abogados fue que la detención era un abuso, una violación de derechos constitucionales y humanos. “Odebrecht niega haber participado de cualquier cartel (…)(la detención) es una violación a los principios más básicos del Estado de Derecho (…) La Organización Odebrecht nunca puso ningún obstáculo a las investigaciones. (…) Si bien estamos profundamente perplejos e indignados por lo sucedido, no nos dejaremos abatir”…, fueron los conceptos básicos de un comunicado publicado el 23 de junio en los principales medios de varias naciones.
Entre los cinco ejecutivos de Odebrecht arrestados uno de ellos destacó con involuntaria notoriedad: Alexandrino de Alencar.
Ex alto ejecutivo de la gigante petroquímica Braskem (cuyo accionista mayoritario es Odebrecht) Alencar había pasado a esta compañía, donde tenía la función de Director de relaciones institucionales.
Alencar había sido el acompañante institucional de Lula en casi todos los viajes al extranjero que el expresidente hizo como gestor de intereses de compañías brasileñas, especialmente de Odebrecht. Como lo revelaron Fernando Mello y Flavia Foreque, en Folha de Sao Paulo, Lula realizó por lo menos 13 viajes fuera de Brasil, pagados por empresas constructoras de ese país.
No solo eso: en enero de 2013, Alencar acompañó a Lula en un viaje por la República Dominicana, Cuba y Estados Unidos, contratado y pagado por Odebrecht. Igual que antes, pero con una diferencia: el viaje fue secreto, tal como se especificó a la compañía Líder Táxi Aéreo, que proporcionó el avión: “voo completamente sigiloso”. Odebrecht utilizó una compañía amiga para pagar el vuelo: la constructora DAG, de Bahía.
Meses después, Alencar navegaba en otro tipo de turbulencias. Tres de los delatores principales de Lava Jato afirmaron con detalle que él tenía a su cargo por lo menos parte del pago de coimas en el extranjero.
– En marzo de este año, Rafael Angulo (el doleiro que contrabandeaba cientos de miles de dólares por viaje, muchos de ellos al Perú) afirmó que entre 2010 y 2012 estuvo varias veces en la oficina de Alencar para entregarle números de cuenta “para transferencias al exterior”.
– El doleiro Alberto Youssef y el exdirector de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, confesaron haber actuado en colusión con Alencar y el ya fallecido político José Janene, para adquirir gasolina de Petrobras en condiciones desventajosas para la petrolera. El pago de ‘propina’ fue, según Youssef, de 5 millones de dólares al año para Costa. También se pagó a diputados del Partido Progresista de Janene.
– ¿Cómo se hicieron esos y otros pagos? La Policía Federal afirmó haber encontrado 25 registros de depósitos hechos a través de la offshore Constructora Internacional del Sur, que terminaron en cuentas de algunos de los corruptos que acabaron luego como delatores premiados. El exgerente de Petrobras, Pedro Barusco, entregó a las autoridades los comprobantes de pagos que recibió de Constructora Internacional del Sur en una cuenta suya en Suiza. Barusco dijo haber recibido cerca de 920 mil dólares de Odebrecht de esa manera.
La misma empresa (Constructora Internacional del Sur) fue utilizada para pagar coimas al exdirector de servicios de Petrobras, Renato Duque.
Odebrecht, sin embargo, negó toda relación con Constructora Internacional del Sur.
¿Se podía probar la relación entre la megacorporación y la offshore?
Leonardo Meirelles, el exsocio de Youssef, que colabora con la Justicia sin ser delator premiado (Caretas 2394), viajó a China a recabar documentos probatorios.
La dificultad mayor para las autoridades, sin embargo, fue que el doleiro de Odebrecht, Bernardo Schiller Freiburghaus, había abandonado Brasil para ir a vivir a Suiza, cuya nacionalidad, aparte de la brasileña, también tenía.
Igual de lo que sucedió con Schutz en el Perú, Freiburghaus tenía poco que temer en cuanto a ser extraditado desde Suiza.
El ministerio público brasileño, sabiendo que no podía esperar ayuda en la extradición, pidió colaboración en la investigación. Y los suizos, sea por principios o por haber quedado escaldados por escándalos recientes como el del HSBC, cooperaron. Igual sucedió con Mónaco.
El 21 de julio, el gobierno suizo confirmó haber encontrado signos de que Odebrecht usó cuentas de banco suizas para el pago de coimas, según informó ‘Valor Economico’ citando a autoridades de ese país.
Así la Fiscalía brasileña pudo describir en su acusación del 24 de julio, el “complejo esquema de lavado de dinero empleado por Rogério Araújo, Márcio Faria, Marcelo Odebrecht y Bernardo Freiburghaus en favor de Odebrecht”.
A través de decenas de páginas, la acusación fiscal del ministerio público brasileño describe un elaborado proceso de lavado de dinero a través de múltiples cuentas y países, con la participación central de Bernardo Freiburghaus en el aspecto financiero y las órdenes, según los fiscales, de Marcelo Odebrecht y la plana alta de su organización.
La descripción de cómo Freiburghaus creó las cuentas suizas de Paulo Roberto Costa e hizo llegar a ellas las coimas acordadas a través de offshores subsidiarias de Odebrecht, es instructiva porque indica la forma en que se puede haber pagado muchos otros sobornos, dentro y fuera de Brasil.
El juez Sergio Moro, a partir de esa información, pidió al Banco Central de Brasil que le informara sobre las operaciones de cambio y transferencias hechas por las empresas offshore: Smith & Nash Engineering, Arcadex e Golac, Rodira Holdings, Hanvisur, Sherkson, Klienfeld, Innovation y Constructora Internacional del Sur.
Smith & Nash Engineering y Hanvisur pertenecen, según las fuentes judiciales, a Odebrecht.
¿Cómo se pagaba? Smith & Nash Engineering, por ejemplo, recibió 45.4 millones de dólares entre 2006 y 2011 de cuatro empresas de Odebrecht fuera de Brasil, entre ellas Osel Angola y CNO. De la cuenta de aquella se destinaron 15.2 millones de dólares para tres intermediarias: Constructora Internacional del Sur (8.3 millones) y Klienfeld (3.4 millones). También se depositó en las cuentas suizas de Paulo Roberto Costa.
La empresa Golac recibió 47.9 millones de dólares de dos empresas de Odebrecht en África: Osel Angola y Osel Angola DS. Según el ministerio público de Brasil, 38,8 millones de dólares fueron depositados desde aquella cuenta a la panameña Constructora Internacional del Sur.
Así que la Constructora Internacional del Sur no era, después de todo, tan desconocida para Odebrecht.
IDL-R y CARETAS preguntaron, entre otras cuestiones detalladas, por esas transacciones a los abogados de la defensa de Odebrecht en Brasil. En contraste a la locuacidad de hace menos de un mes, la lacónica respuesta consensuada del grupo de abogados fue la siguiente:
“En respuesta a sus preguntas, la posición de la defensa es que debemos manifestarnos sobre temas relacionados a los procesos judiciales en los expedientes del proceso, para que las personas involucradas puedan ejercer su derecho de defensa”.
Por su lado, el juez Sergio Moro resolvió este 28 de julio formalizar las acusaciones de corrupción, lavado de dinero y conspiración criminal contra Marcelo Odebrecht y una docena de otros acusados, entre los cuales Alexandrino de Alencar y Bernardo Freiburghaus.
La profundización del caso Lava Jato en Brasil lo hace a la vez trasnacional. No solo se multiplican los escenarios en el lavado de dinero sino en los métodos. Si la descripción de cómo se lavó y ocultó las coimas a un solo corrupto: Paulo Roberto Costa, descubrió eslabones negados en la cadena del lavado, ahora lo que falta es buscar a los otros clientes. A los Paulo Robertos que deciden licitaciones y hablan español.

La bancada parlamentaria de Gana Perú sufrió una nueva baja. El legislador Wilder Ruiz renunció al oficialismo, cuyo bloque ahora se reduce a 31 miembros, 16 escaños menos que cuando empezó este gobierno, en julio de 2011. El argumento: la falta de diálogo.
Con esta dimisión, el nacionalismo en el Congreso se debilita aún más al momento de las votaciones y en la distribución de las comisiones ordinarias del Parlamento, que el Pleno aprobará.
Hace cuatro años, Gana Perú ingresó con 47 integrantes y era de lejos la primera mayoría del Parlamento. Ahora se ubica cinco congresistas por debajo de Fuerza Popular (36).
El ex vocero nacionalista Teófilo Gamarra lamentó la dimisión de su ex compañero de bancada, aunque sostuvo que “no sabemos si es por cálculo político o no”.
Gamarra señaló que la renuncia se dio inesperadamente. “Para nosotros ha sido una sorpresa, asistió a las reuniones, tuvo la confianza de la bancada y además en varias oportunidades señaló su respaldo al presidente Ollanta Humala”, aseveró.
En este nuevo escenario, el congresista oficialista anunció que Gana Perú decidió ceder a otro grupo parlamentario la Comisión de Transportes y no la de Constitución.
Aquí, un recuento de las salidas del nacionalismo a lo largo de estos cuatro años:
3 de agosto de 2015
Wilder Ruiz: Se incorporará a Dignidad y Democracia.
27 de julio de 2015
Celia Anicama: Anunció adhesión a Dignidad y Democracia.
25 de enero de 2015
Sergio Tejada: Se pasó a Dignidad y Democracia.
11 de febrero de 2015
Rogelio Canches: Se pasó a Unión Regional.
3 de agosto de 2014
Jaime Delgado: Ahora integra Dignidad y Democracia.
27 de noviembre de 2014
Roberto Angulo: Se integró a Dignidad y Democracia.
24 de julio de 2014
Esther Saavedra, Amado Romero, Juan Pari, Justiniano Apaza, Claudia Coari y Natalie Condori formaron Dignidad y Democracia.
4 de junio de 2012
Javier Diez Canseco, Verónika Mendoza y Rosa Mávila integran Acción Popular-Frente Amplio.
30 de mayo de 2012
Jorge Rimarachín fue separado de Gana Perú, luego se pasó a Acción Popular Frente Amplio y ahora forma parte de Dignidad y Democracia.
Fuente: Diario Perú21.

Por Christopher Acosta y Daniel Yovera- Diario El Comercio
El caso de corrupción que remece Brasil, Lava Jato, empieza a tocar las puertas del Perú. La Policía Federal de ese país allanó el domicilio en Sao Paulo de la empresaria Zaida Sisson de Castro, cercana al brazo derecho del ex presidente brasileño Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, José Dirceu, procesado y desde ayer encarcelado por este escándalo.
Sisson es esposa del ex ministro y alto funcionario aprista, Rodolfo Beltrán Bravo. 
En 1989, Beltrán fue ministro de la Presidencia de Alan García, y entre el 2006 y el 2011, vicepresidente de Agrobanco y director de Pronamachcs-Agro rural.
El allanamiento se concretó luego de que el Poder Judicial de Curitiba recogiera evidencias que involucran a Sisson en presuntas acciones destinadas a favorecer a dos importantes compañías brasileñas, con el fin de obtener irregularmente contratos en el Perú: Galvao Engenharia y Engevix.
Durante el segundo mandato de García, ambas firmas obtuvieron importantes contratos con el Estado Peruano.
Un colaborador eficaz ha revelado a la Fiscalía de Brasil que Zaida Sisson habría operado para José Dirceu, uno de los hombres fuertes del Partido de los Trabajadores y estrecho colaborador del ex presidente Lula, y habría recibido dinero de estas empresas a cambio de obtener contratos de obras públicas en el Perú a favor de esas firmas.
Documentos obtenidos por El Comercio revelan lo que sería el primer enlace directo del Caso Lava Jato con el Perú.
El allanamiento
La Policía Federal intervino el departamento 34B de la calle Amaral Gurgel 593, en Sao Paulo, considerado el domicilio legal de Zaida Sisson de Castro, e incautó documentos, teléfonos, computadoras, libros contables y dispositivos de almacenamiento de datos.
El hecho fue difundido también por el diario “Folha de Sao Paulo”. 
La orden judicial señala que la diligencia en el inmueble tuvo “por objeto la recolección de pruebas relativas a las prácticas realizadas por los investigados de los crímenes de corrupción y lavado de dinero, además de los crímenes anteriores al lavado de dinero, especialmente al pago de sobornos a José Dirceu de Oliveira e Silva y a sus asociados, así como a Renato de Souza Duque y a Joao Vaccari Neto”.
Con ello, las autoridades buscaron información que les permita confirmar el presunto nexo de Sisson con el mayor escándalo de corrupción de Brasil.

En clave Favre

Por Cecilia Valenzuela- Diario El Comercio
El Congreso se apresta a la formación de una megacomisión que investigue los contratos que las filiales de las constructoras brasileras, denunciadas en su país por corrupción, ganaron en el Perú bajo las administraciones de los presidentes Toledo, García y Humala.
La comisión parlamentaria debe prometer que no olvidará incluir en sus pesquisas a los gobiernos regionales que tanto camino y puente encargaron, ni a la Municipalidad de Lima que bajo las gestiones de Luis Castañeda y Susana Villarán firmó también importantes acuerdos con algunas de las estrellas del Lava Jato.
Pero esa investigación, que irá inicialmente por el lado administrativo, tardará en señalar a los políticos comprometidos en los sobornos; y estando tan cerca las elecciones presidenciales, quizá deberíamos empezar a jalar la punta de la madeja por el personaje más controvertido que los empresarios y los políticos brasileños asociados en el Lava Jato insertaron con fuerza en la política nacional: Luis Favre.
Si bien el operador y publicista Felipe Belisario Wermus, alias Luis Favre, no es brasileño sino argentino, es militante y ha trabajado los últimos 29 años para el Partido de los Trabajadores –el ala política de esa alianza perversa que se ha levantado los dineros de Brasil y de los brasileños en los últimos 12 años– y se ufana de haber llevado a la victoria dos veces a Lula da Silva y dos veces a Dilma Rousseff.
El nombre de Favre cobró fama en Lima en las elecciones del 2011, cuando se encargó de la campaña de Ollanta Humala, y se reforzó, posteriormente, en el verano del 2014, cuando le salvó la cabeza de la revocatoria a Susana Villarán.
La pregunta clave que debe buscar absolver la fiscalía es quién pagó los servicios de Luis Favre; y cada uno de los partidos políticos que se beneficiaron con su talento, el Nacionalismo y Fuerza Social, tendrán que mostrar los documentos que acrediten los pagos bancarizados de sus honorarios de manera directa o a través de alguna consultora brasileña experta en márketing político.
En el caso de la campaña para la no revocatoria de Villarán, el propio Favre se encargó de propalar que quien lo contrató fue la consultora brasileña FX Comunicación Global. La consultora me contrata y ella me paga, dijo en una entrevista televisada. Lo que no dijo fue quién le pagó a la consultora ni quién lo hizo para el caso de la campaña de Humala.
Recientemente le pregunté a Salomón Lerner Ghitis quién le pagó a Favre. Su respuesta fue desconcertante: “Yo no me encargué de ningún tema económico”, me dijo. Así es que si el jefe de campaña de la candidatura del ahora presidente Humala no sabe quién le pagó al asesor publicitario de dicha campaña, hay mucho pan por rebanar. ¿O acaso se trata de un secreto comprometedor y vergonzante?
Un asesor de campaña como Favre no se paga solo. No se trata simplemente de un publicista reputado, se trata del publicista del PT, de Lula y del Foro de Sao Paulo. Y si los partidos a los que asesoró y promovió electoralmente no le pagaron –a él directamente o a la consultora que dice que lo contrata–, las autoridades están en el deber de identificar a la empresa o a las empresas brasileñas que le pagaron: un favor de ese tamaño se cobra y lo peruanos tenemos el derecho de saber con qué se pagó.

El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, publicó en su cuenta de Twitter el famoso ‘selfie’ que se tomó junto a sus colegas el pasado 28 de julio, en el frontis de Palacio de Gobierno, cuando el presidente Ollanta Humala daba un discurso.
La foto propició críticas en contra de Pulgar-Vidal y de otros ministros, pues muchos entendieron que le faltaron el respeto y desairaron a Ollanta Humala al no prestarle atención a su discurso.
Pulgar-Vidal publicó el ‘selfie’ con la siguiente frase: “Para los peruanos capaces de alegrarse con su país y empujar con solidaridad e integración el desarrollo. Va la foto.”
Esto, luego de que la cuenta de Twitter del programa Rey con Barba, que conducen el ex ministro de Defensa Rafael Rey y José Barba, calificara la acción de algunos integrantes del gabinete como la muestra de un “gobierno desnudo, irresponsable y frívolo”.
Tras el ataque, Manuel Pulgar-Vidal arremetió contra Rey, y le recordó su paso por la política: “Tránsfuga y ExMinistro Defensa q compró drones inservibles y misiles vencidos hablando d irresponsabilidad. Macondo”, tuiteó.
SEGUIDORES LO CRITICAN
Tras publicar la imagen, varios de los seguidores de Manuel Pulgar-Vidal lo criticaron por el ‘selfie’. Incluso, uno de ellos recordó cuando Ana Jara, luego de dejar el premierato, señaló al ministro del Ambiente como el más “bromista”.
Luego de que el mismo 28 de julio se difundieran fotos en donde se veía a Manuel Pulgar-Vidal tomándose el ‘selfie’, este negó que sea una falta de respeto al presidente Ollanta Humala. En el mismo sentido declaró su colega de Transportes, José Gallardo Ku, aunque este último ofreció disculpas si alguien se sintió ofendido.
Fuente: Diario Perú21.

En el 2010, el Gobierno dispuso que en las ceremonias oficiales se cantara la sexta estrofa en lugar de la primera.
En el mes patrio, Lima Airport Partners (LAP), operador del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez,lanzó una campaña para celebrar nuestras Fiestas Patrias. 
LAP subió a YouTube un video donde se promueve que todos los peruanos nos aprendamos la sexta estrofa del Himno Nacional.
El video titulado “El Himno que nos une”, busca enseñarnos de manera divertida la sexta estrofa de nuestro himno. No solo eso, sino que con  el hashtag #LaSextaEstrofa podrás contar tu experiencia.
Durante años, la primera estrofa del Himno Nacional del Perú fue la que usualmente se entonaba, sin embargo, en el 2010, el Gobierno dispuso que en las ceremonias oficiales se cantara la sexta estrofa en lugar de la primera.
Como se recuerda, el Ministerio de Educación ordenó que se dejará de cantar la primera estrofapor ser apócrifa. 
Sin embargo, la mayoría de personas de personas  desconocen esta estrofa que se entona en las actividades oficiales y ceremonias.
Hace poco un viral con la versión en quechua del Himno Nacional se hizo muy popular en las redes. La soprano Sylvia Falcón fue la encargada de cantar la nueva versión que cautivó a todos.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Por Leonel Falcón
En la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica -la misma que fuera creación heroica del pueblo iqueño- se ha encaramado una cúpula cleptómana y corrupta que lo maneja todo, que lo controla todo, con una impunidad increíble.
Si estas autoridades gobernasen así universidades de Cuba o en la China, hace rato que habrían sido procesados en juicios sumarios y pasados por el paredón de fusilamiento.
Pero como estamos en el Perú, no les pasa nada en absoluto. Encima de ello, tratan de rebelarse contra la implementación de la Ley Universitaria, boicotean su aplicabilidad y ponen trabas burocráticas a la aprobación de los nuevos estatutos y no quieren elecciones democráticas para elegir al nuevo rector.
Es que un sinuoso personaje, antes autoproclamado comunista, hoy un vulgar tránsfuga –que se ha refugiado en el toledismo– pretende ser congresista, con el fin de lograr impunidad a sus latrocinios.
Este sujeto, que usa los recursos económicos de la UNICA para provecho personal y electorero, es el mismo que fue inquilino del penal de Cachiche y que por falta de justicia no fue condenado de manera que logró evadir el cerco y así retornó al rectorado.
Este personaje es el mismo que, desempolvando un viejo proyecto, denominado pomposamente “Nueva Universidad” –elaborado por un senderista que terminó preso en Canto Grande- engatusó a tirios y a troyanos y se hizo elegir como rector de la UNICA. Ahora amenaza con quedarse hasta el 2017.
Hoy gobierna a la UNICA a su libre albedrío, construyendo facultades a la medida de su bolsillo, tratando de hacer  inversiones con empresarios chinos –haciéndola de lobista– y, como hemos dicho de manera reiterada, tratando de ganarse alguito para asegurar su vejez.
Este sujeto se llama Alejandro Gabriel Encinas Fernández, más conocido como el camarada ‘Alberto’ o ‘Munra’ y es el portaestandarte de la corrupción y la inmoralidad en la UNICA.
Su última hazaña: proteger al mal docente Karlos Arturo Purilla Flores, acusado de chantajista y acosador sexual por las estudiantes de la facultad de Obstetricia. Este es el rector que tiene la universidad iqueña. Deberían expectorarlo del cargo.
Fuente: www.radioexitosa.pe