Por Martha Meier Miró Quesada- Diario EXPRESO.
Alguien cercano a la presidenta Boluarte parece decidido a sacarla de Palacio cuanto antes. ¿Cómo explicar, si no, el pésimo consejo que recibió para referirse al fraude electoral del narco-tirano Maduro?
El viernes, Boluarte afirmó que en Venezuela sí hubo fraude. Si está tan segura de ello, ¿por qué no reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo? Mientras tanto, el premier Adrianzén, conocido defensor de Nadine Heredia, sostuvo que la postura de González-Olaechea “no correspondía a la voluntad del gobierno peruano”.
Algo profundamente lamentable que lo único que la comunidad internacional aplaudió de Perú no haya sido la voluntad de quienes nos gobiernan.
Nuestra frágil democracia ha llegado a niveles de absurdidad nunca antes vistos, donde todos hablan del mismo tema, pero cada uno dice cosas distintas. En la inauguración de una escuela del Bicentenario en el Cercado de Lima, hubiera sido mejor que la presidenta repitiera la canción del “gatito ron-ron” en lugar de enredarse diciendo que la salida del canciller Javier González-Olaechea no afectaba la postura del gobierno.
Sería conveniente que alguien le informara que, a muchos, el cambio de canciller parece relacionado con las conocidas conexiones de Maduro con Vladimir Cerrón, jefe de su partido.
Boluarte también declaró: “Hemos exigido que las autoridades electorales y el gobierno venezolano presenten las actas –el que nada debe, nada teme–, ánfora por ánfora, voto por voto, que se cuenten. Si la oposición ha presentado las actas en internet y dan como ganador a la oposición (Edmundo González), entonces que muestre el gobierno las actas para de una vez cerrar esa situación”.
Esta declaración revela una falta de pericia política preocupante; primero, porque el plazo para eso ya venció; y segundo, porque la mitad del Perú hubiera querido verificar acta por acta que, efectivamente, la plancha encabezada por Pedro Castillo ganó limpiamente las elecciones y no hubo fraude contra Keiko Fujimori.
Si Boluarte asegura que las elecciones venezolanas fueron una trampa, lo lógico es alinearse con los países que reconocen a González Urrutia como presidente electo, pues está claro que Maduro no ganó. Su silencio ante la persecución de la valiente María Corina Machado ha causado malestar en diversos sectores. ¿Por qué no pudo, y hasta ahora no puede, decir que espera que todo se aclare prontamente y que ora por ella y por Edmundo González? Parece que le debe mucho a Maduro.
“No vamos a ser parte de un fraude electoral, no vamos a apoyar a ningún gobierno dictatorial. Somos un país democrático, somos un país que respeta el estado de derecho”. Sin embargo, es difícil de creer tras la imprudente declaración del nuevo canciller Elmer Schialer, quien dijo: “Estamos a favor de que los problemas de Venezuela sean resueltos por los venezolanos”. ¿Estamos? ¿Quiénes, señor?
Ocho millones de venezolanos no pueden regresar a su tierra, y los que se quedaron viven con miedo y hambre. ¿Eso es lo que apoya el gobierno peruano? Si es así, váyase, señora, o vote al enemigo de Palacio.

PEDRO SALINAS ¡AÚN NO CANTES VICTORIA!

Por Luciano Revoredo– LaAbeja.pe
Pedro Salinas Chacaltana, conocido youtuber y autor de diversos libros, decidió querellarme por una supuesta difamación que jamás cometí. En la primera instancia, el juez encargado del caso dictaminó “no ha lugar” y archivó la denuncia, dando en su sentencia una lección esencial sobre el periodismo y la libertad de expresión. Fue un recordatorio claro de que la opinión nunca se puede criminalizar y que ciertos personajes públicos se exponen al escrutinio también público de sus actos.
No satisfecho con este resultado, Salinas a través de su abogado del estudio de Julio Arbizú decidió apelar la decisión. Sin embargo, en lugar de obtener el respaldo que esperaba, la segunda instancia no le dio la razón. En su lugar, optó por devolver el caso para una revisión en la primera instancia. Este movimiento inesperado abrió un nuevo capítulo en el proceso legal.
En esta revisión, la jueza a cargo no emitió una condena en mi contra. En su lugar, decidió acogerse a la figura legal de la reserva del fallo condenatorio. Esta figura permite al juez suspender la emisión de una sentencia condenatoria, condicionando la misma a que el acusado mantenga un comportamiento adecuado durante un período de tiempo determinado, en este caso, un año. Si se cumple con estas condiciones, el caso puede ser finalmente cerrado sin que exista una condena formal. Es decir, nunca fui condenado.
Sin embargo, mi abogado, el brillante Humberto Abanto, no se conformó con esta resolución. Abanto, con su aguda visión jurídica, solicitó la nulidad de lo actuado, argumentando que el proceso tenía vicios que debían ser corregidos. Su petición fue concedida, se declaró la nulidad de lo actuado, lo que implica que el caso no concluirá en la instancia actual, sino que será elevado a la Corte Suprema.
En conclusión, la batalla legal está lejos de haber terminado y Salinas y sus ayayeros de la caviarada odiadora tendrán que guardar sus adjetivos y su sarcasmo por un tiempo. A pesar de sus vanos intentos por obtener una condena que manche mi intachable trayectoria, la realidad es que el caso ahora se verá en la Corte Suprema, donde se decidirá finalmente su desenlace. Así que, Pedrito ¡Aún no cantes victoria!, el camino legal sigue abierto y las cartas están nuevamente sobre la mesa.

¿Las pruebas de Paola Ugaz?

Por Percy García Cavero– Altavoz.pe
El 6 de julio de 2024 se publicó en el Diario Expreso un artículo de opinión de mi autoría, en el que básicamente ponía en evidencia el doble discurso de Paola Ugaz en relación con sus denuncias periodísticas sobre irregularidades económicas cometidas por el Sodalicio y entidades vinculadas, entre las cuales se incluye a la Asociación Civil San Juan Bautista. Su activismo en relación con este tema era notorio en redes y medios de comunicación afines a su agenda periodística, mientras que a nivel de la Fiscalía no se presentaba a declarar en una investigación abierta con base en sus artículos “de investigación”, pese a haber sido notificada varias veces para hacerlo.
Resulta que el 10 de julio de 2024, Paola Ugaz presentó un escrito alegando que no había tenido conocimiento de las notificaciones que se le cursaron. La razón aducida fue que ya no vivía en la dirección en la que se le había notificado, sino en otra. Ante ello, pidió que se reprograme su declaración, a la cual prometió asistir puntualmente, ya que es la persona con mayor interés en que se esclarezcan los hechos que se vienen investigando en la Fiscalía. Sin embargo, solicitó que hasta el 29 de julio no le programaran la diligencia de toma de su declaración, pues estaría fuera del país hasta esa fecha. Este último pedido lo hizo en caso de que la Fiscalía dispusiera que su declaración fuera de forma presencial.
Según la providencia fiscal N°102 del 16 de agosto de 2024, la Fiscalía ha aceptado el pedido de Paola Ugaz para que se reprograme su declaración y ha establecido que su comparecencia presencial tenga lugar el 4 de septiembre de 2024. Será, por fin, la oportunidad para que ella pueda acreditar con pruebas todo lo que publica, dejando de lado su narrativa periodística para sustentar de manera convincente todas las imputaciones que ha hecho a varios miembros del Sodalicio y también a terceras personas de haber cometido delitos de fraude tributario, lavado de dinero e incluso de expatriar capitales para no resarcir a las víctimas.
En el Digesto se recoge la formulación romana de un principio básico de la lógica probatoria: “Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat” (incumbe la prueba al que afirma, no al que niega). Ya que la investigación fiscal se ha abierto asumiendo como única fuente de información los artículos periodísticos de Paola Ugaz, ahora corresponde que ella aporte a la Fiscalía el sustento de lo que afirma en esos artículos “de investigación”. Solo espero que realmente lo haga y no recurra una vez más a su discurso de falsa victimización para tratar de rehuir su responsabilidad por sus graves deficiencias periodísticas.