Combatiendo la corrupción y la violencia
Por Dra. Denesy Palacios Jiménez (*)- Diario Ahora
La problemática de la corrupción en los últimos años es que la población no confía en sus gobernantes ni sus instituciones, tales como el poder judicial, y la policía nacional del Perú, el congreso y las municipalidades. En las últimas encuestas la mayoría de peruanos marcó no confiar en ninguna institución del estado, solo un mínimo en la defensoría del pueblo. De esta forma se concluyó que los peruanos piensan que en el gobierno de Alberto Fujimori se practicó mayores actos de corrupción seguido a este Alan García, después Alejandro Toledo (Proética 2009).
Si señores es que para combatir la corrupción no se necesita chivos expiatorios, si se hacen obras estas tienen que ser analizadas dentro de los costos y presupuestos, de las acciones encomendadas por las instancias del Estado, también por el alza de costos de los materiales, por las exigencias a que se hagan las obras que se prometen y porque tenemos que actuar tomando en consideración la demanda social.
Quien sabe uno de los problemas más grandes que afrontamos para poder combatir es que las fiscalías encargadas de ver los problemas de corrupción de funcionarios del Estado, cuan preparados y capacitados están para abordar esta problemática, lo mismo la policía nacional que investiga a veces los casos para luego pasarlo a la fiscalía y después a los juzgados, y es que muchas veces la corrupción se consolida allí, porque algunas veces en lugar de hacer las investigaciones pertinentes y a profundidad, quieren librarse de ello poniendo las sanciones o recomendando argumentando velar por la institucionalidad o el Estado.
Y pareciera como que se quiere demostrar con cifras la cantidad de casos sancionados, no importa cómo ni la explicación que tengan, esto tampoco es combatir la corrupción, a veces vemos argumentos muy pobres que más pareciera querer justificar una función o un cargo, señores la justicia es justicia, es ver quiénes son los operadores, ejecutores y auxiliadores. Debemos dejar de aplicar que la pita se rompe por el lado más débil o culpando a los trabajadores, señores veamos los enriquecimientos ilícitos, la Alta dirección porque al final son los que toman la decisión, mucho mas en los gobiernos regionales y locales.
El Perú debería reglamentar el código de ética de la función pública ya de que de esta forma controlaríamos con castigos a aquellos que corresponden por la contravención de sus normas, también debería facilitar el cumplimiento de denunciar todos los actos de corrupción, implementando protección a los denunciantes, capacitar a los funcionarios públicos respeto a denunciar a las autoridades competentes con los actos de corrupción, así como introducir una cultura de valores éticos y de servicios al funcionamiento público con activa participación de los ciudadanos, es la recomendación que hace el mismo documento de Proética.
De igual forma nos llama la atención que aparezcan publicaciones a manera de noticias comprometiendo a instituciones como universidades con elementos terroristas, esto debe ser puesto en evidencia a las autoridades competentes, sin constatación alguna puede dañar la imagen de una institución que con gran esfuerzo trata de salir de la situación de postración para poder tener indicadores de calidad y poder competir con otras instituciones educativas, ningún favor le hacen a la UNHEVAL sumergiéndola en marasmos pasados, y de los cuales quien sabe la Facultad de sociales tuvo que hacer esfuerzos sobrehumanos para sobreponerse a tanta arremetida, porque lo que algunas personas optan no tienen por qué condenar a toda una institución. Por eso en la Facultad no se ha permitido reincorporación de aquellos docentes que hayan estado presos; y se ha levantado gracias a una Promoción de egresados la única reivindicación simbólica al profesor Sociólogo Carlos Gallardo, caído precisamente en las aulas por grupos sediciosos y desde allí se rechaza todos tipo de violencia y atentado contra la paz.
La Asamblea Nacional de Rectores (ANR) respaldó la propuesta del Gobierno de tomar medidas para prevenir la presencia de movimientos pro senderistas en las universidades y colegios, y coordino con las autoridades para alcanzar sus planteamientos, y desde entonces no se debe permitir en la docencia a quienes escogieron este camino personal. El presidente de la ANR, Orlando Velásquez, dijo estar de acuerdo con esta iniciativa: Es muy importante que el gobierno se preocupe por controlar cualquier brote violentista que perturbe las tranquilidad y que permita que grupos desfasados puedan crear problemas a la democracia, estamos de acuerdo”, señaló.
Somos conscientes de cuanto hemos pasado y sufrido y de cuantas pérdidas materiales y de vidas humanas ha costado tanta insania, por eso levantamos nuestras banderas blancas para indicar que acá hoy vivimos un clima de paz, que estamos comprometidos con alcanzar la acreditación de nuestras carreras profesionales y que cada vez son más los docentes que sensibilizados, se incorporan y se suman para luchar contra el atraso, la desidia, la mezquindad y la mediocridad, para ver la luz del saber, del conocimiento, la justicia, la verdad y por el ende del desarrollo y bienestar para todos.
Es decir aspiramos a ser tratados y respetados de acuerdo a nuestras capacidades, queremos las mismas oportunidades, que el poder no sea un reparto de botín, que la corrupción sea combatida llegándoles a los grandes que son los que ordenan y mandan, no condenando a los trabajadores o más débiles, y con ellos nos volvemos implacables para sancionarlos. Aspiramos a una nueva sociedad donde los errores ya no se repitan, y donde prime el conocimiento, la verdad, la justicia, el amor a la vida, el respeto a la dignidad y todos los valores para poder combatir tanta violencia enquistada por tantos actos de corrupción.
(*) Profesora Principal Facultad de Ciencias Sociales UNHEVAL.  Presidenta de AJUPRODH.