El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada en parte la demanda de habeas corpus colectivo presentada contra Rutas de Lima SAC y ordenó a esta empresa suspender el cobro del peaje en Puente Piedra, por haberse vulnerado el derecho fundamental al libre tránsito de los residentes de Puente Piedra y de los usuarios que circulan por esa vía concesionada.
Dicha decisión se mantendrá hasta que se adopten las medidas para cesar el acto lesivo vulneratorio de la libertad de tránsito o hasta que la justicia penal emita los pronunciamientos judiciales correspondientes, con calidad de firmes, que determinen si el contrato de concesión y sus adendas tuvieron un origen ilícito o no.
En la sentencia recaída en el Exp. N° 01072-2023-PHC/TC el Tribunal advirtió, por un lado, que existe un deber constitucional de reprimir y combatir la corrupción, por lo que las circunstancias que rodearon el contrato de concesión del peaje deben ser esclarecidas por la justicia peruana; y por otro lado, la implementación del contrato de concesión “Vías Nuevas de Lima”, a través de obras de infraestructura, en el tramo de la Panamericana Norte -a la altura de Puente Piedra-, ha terminado afectando, de modo irrazonable y desproporcionado, el derecho al libre tránsito de los pobladores de Puente Piedra para transitar dentro de su propio distrito o salir de él.
Asimismo, la inexistencia de rutas alternas ha generado también, limitaciones a la transitabilidad, pues los puentepedrinos, para desplazarse entre ambas márgenes de la vía concesionada, tienen salir de su distrito y atravesar los distritos de Los Olivos o Carabayllo y Comas, para luego volver a reingresar a Puente Piedra por la Panamericana Norte, afectando su calidad de vida.
Además, la vía propuesta como alterna, que se inicia en el óvalo Puente Piedra y culmina en la intersección de la autopista Chillón Trapiche y Panamericana Norte, en determinados tramos, cuenta con un solo carril para los vehículos que circulan en sentido norte a sur, por lo que, desde un análisis material, no está en la aptitud de soportar un alto tránsito vehicular. En tal sentido, no puede reputarse como alterna a la vía concesionada.
Igualmente, el Tribunal exhortó al Poder Judicial y al Ministerio Público para que los jueces y fiscales que conocen los procesos penales contra los exfuncionarios públicos de la Municipalidad Metropolitana de Lima y las demás personas que resulten responsables de la celebración del contrato de concesión y adendas, resuelvan los mismos con la celeridad que permita la ley, bajo responsabilidad penal y administrativa.
Lima, 8 de marzo de 2024
Oficina de Imagen Institucional del Tribunal Constitucional
RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO Nº009-2023-2024-CR
EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Resolución Legislativa del Congreso siguiente:
RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL CONGRESO QUE INHABILITA POR DIEZ AÑOS PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA AL MIEMBRO DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA ALDO ALEJANDRO VÁSQUEZ RÍOS POR INFRACCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
CONSIDERANDO:
Primero.- Con fecha 10 de mayo de 2023, el congresista de la República JORGE CARLOS MONTOYA MANRIQUE presentó la Denuncia Constitucional 373 contra 1) IMELDA JULIA TUMIALÁN PINTO, Presidenta de la Junta Nacional de Justicia; 2) ALDO ALEJANDRO VÁSQUEZ RÍOS, Vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia; 3) HENRY JOSÉ ÁVILA HERRERA, miembro de la Junta Nacional de Justicia; 4) ANTONIO HUMBERTO DE LA HAZA BARRANTES, miembro de la Junta Nacional de Justicia; 5) MARÍA AMABILIA ZAVALA VALLADARES, miembro de la Junta Nacional de Justicia; y 6) GUILLERMO SANTIAGO THORNBERRY VILLARÁN, miembro de la Junta Nacional de Justicia, por la presunta infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3, y 139, inciso 3, de la Constitución Política del Perú, y por la probable comisión de los delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, nombramiento ilegal, cohecho pasivo específico y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, regulados en los artículos 361, 376, 381, 395 y 399 del Código Penal, respectivamente.
Asimismo, la Denuncia Constitucional 373 también fue dirigida contra la señora LUZ INÉS TELLO DE ÑECCO, miembro de la Junta Nacional de Justicia, por la presunta infracción constitucional del artículo 156, inciso 3, de la Constitución Política del Perú que regula los requisitos para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, y por la probable comisión de los delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, nombramiento ilegal, cohecho pasivo específico y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, regulados en los artículos 361, 376, 381, 395 y 399 del Código Penal, respectivamente.
Segundo.- En sesión del 9 de junio de 2023 la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por mayoría -10 votos a favor, 6 en contra y 1 sin respuesta- el Informe de Calificación que declaró ADMITIR A TRÁMITE, procedente la Denuncia Constitucional 373 que interpone el denunciante, congresista señor JORGE CARLOS MONTOYA MANRIQUE, contra IMELDA JULIA TUMIALÁN PINTO, Presidente de la Junta Nacional de Justicia, ALDO ALEJANDRO VÁSQUEZ RÍOS, Vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, HENRY JOSÉ ÁVILA HERRERA, miembro de la Junta Nacional de Justicia, ANTONIO HUMBERTO DE LA HAZA BARRANTES, miembro de la Junta Nacional de Justicia, MARÍA AMABILIA ZAVALA VALLADARES, miembro de la Junta Nacional de Justicia, y GUILLERMO SANTIAGO THORNBERRY VILLARÁN, miembro de la Junta Nacional de Justicia, por la presunta infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3, y 139, inciso 3, de la Constitución Política del Perú y contra LUZ INÉS TELLO DE ÑECCO por la presunta infracción constitucional del artículo 156, inciso 3, de la Constitución Política del Perú. Se declararon IMPROCEDENTES los demás extremos de la denuncia.
Tercero.- En sesión del 22 de septiembre de 2023, la Comisión Permanente del Congreso, luego de tomar conocimiento del Informe de Calificación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre la Denuncia Constitucional 373, acordó otorgar un plazo de hasta quince días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente su informe final, de conformidad con el primer y segundo párrafos del inciso d) del artículo 89 del Reglamento del Congreso.
Cuarto.- En sesión del 16 de febrero de 2024, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó -por catorce (14) votos a favor, dos (2) votos en abstención y cuatro (4) votos en contra- el Informe Final recaído en la Denuncia Constitucional 373, que concluye lo siguiente: a) ACUSAR a la señora IMELDA JULIA TUMIALÁN PINTO, Presidenta de la Junta Nacional de Justicia, por infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3, y 139, inciso 3, de la Constitución y como SANCIÓN: La inhabilitación en el ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años conforme lo establece el artículo 100 de la Constitución Política del Estado; b) ACUSAR al señor ALDO ALEJANDRO VÁSQUEZ RÍOS, Vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, por infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3, y 139, inciso 3, de la Constitución y como SANCIÓN: La inhabilitación en el ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años conforme lo establece el artículo 100 de la Constitución Política del Estado; c) ACUSAR al señor HENRY JOSÉ ÁVILA HERRERA, miembro de la Junta Nacional de Justicia, por infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3, y 139, inciso 3, de la Constitución y como SANCIÓN: La inhabilitación en el ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años conforme lo establece el artículo 100 de la Constitución Política del Estado; d) ACUSAR al señor ANTONIO HUMBERTO DE LA HAZA BARRANTES, miembro de la Junta Nacional de Justicia, por infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3, y 139, inciso 3, de la Constitución y como SANCIÓN: La inhabilitación en el ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años conforme lo establece el artículo 100 de la Constitución Política del Estado; e) ACUSAR a la señora MARÍA AMABILIA ZAVALA VALLADARES, miembro de la Junta Nacional de Justicia, por infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3, y 139, inciso 3, de la Constitución y como SANCIÓN: La inhabilitación en el ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años conforme lo establece el artículo 100 de la Constitución Política del Estado; f) ACUSAR al señor GUILLERMO SANTIAGO THORNBERRY VILLARÁN, miembro de la Junta Nacional de Justicia por infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3, y 139, inciso 3, de la Constitución y como SANCIÓN: La inhabilitación en el ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años conforme lo establece el artículo 100 de la Constitución Política del Estado; y, g) ACUSAR a la señora LUZ INÉS TELLO DE ÑECCO, miembro de la Junta Nacional de Justicia por infracción constitucional del artículo 156, inciso 3, de la Constitución, y como SANCIÓN: La inhabilitación en el ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años conforme lo establece el artículo 100 de la Constitución Política.
En el referido informe final se ha podido acreditar que los seis primeros de los denunciados emitieron la Resolución 224-2020-JNJ mediante la cual acordaron interpretar que el límite de edad previsto en el inciso 3 del artículo 156 de la Constitución Política, solo era un límite de acceso al cargo y no para mantenerse en el mismo; lo cual contradice la disposición constitucional expresa que no hace tal distinción, además de no contar con facultades de interpretación vinculante de la Constitución y de recurrir a SERVIR a efectos de que emita el Informe 001381-2020-SERVIR-GPGSC-SERVIR que contenía dicha interpretación, precisando que el procedimiento de emisión del referido informe fue a instancia de la Junta Nacional de Justicia, representada en ese momento por el denunciado ALDO ALEJANDRO VÁSQUEZ RÍOS que finalmente fue asumida por los denunciados y que benefició directamente a la denunciada LUZ INÉS TELLO DE ÑECCO, al mantenerse en el cargo fuera del límite de edad previsto en la Constitución y en el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, en ambos dispositivos en forma taxativa, se señala que para ser miembro de la Junta Nacional de Justica, junto con otros requisitos se requiere “Ser mayor de cuarenta y cinco (45) años y menor de setenta y cinco (75) años”, por lo que se cumpliría con el estándar probatorio exigido para determinar la infracción de los artículos 156, inciso 3, y 139, inciso 3, de la Constitución Política.
Quinto.- La Comisión Permanente, en sesión celebrada el 26 de febrero de 2024, aprobó las conclusiones del Informe Final de la Denuncia Constitucional 373 referidas al denunciado ALDO ALEJANDRO VÁSQUEZ RÍOS, con dieciocho (18) votos a favor, siete (7) votos en contra y un (1) votos en abstención y, además se aprobó la conformación de la subcomisión acusadora para formular acusación ante el Pleno del Congreso de la República, con veintiún (21) votos a favor y cuatro (4) votos en contra.
Sexto.- Durante el desarrollo del procedimiento de acusación constitucional, se ha respetado el debido proceso y se ha brindado al denunciado ALDO ALEJANDRO VÁSQUEZ RÍOS todas las garantías necesarias para que pueda ejercer su derecho de defensa, quien ha presentado sus descargos y ha participado en las sesiones de audiencia pública. Asimismo, se le ha garantizado el acceso al expediente de la denuncia constitucional.
Sobre la base de estas consideraciones y las esgrimidas en el informe final, y luego de haber ejercido el denunciado su derecho a la defensa, el Pleno del Congreso de la República, de conformidad con el procedimiento previsto en los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú y el inciso i) del artículo 89 de su reglamento, ha resuelto:
INHABILITAR por diez (10) años para el ejercicio de la función pública al señor ALDO ALEJANDRO VÁSQUEZ RÍOS, en su condición de miembro de la JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA, por infracción a la Constitución Política del Perú, en sus artículos 156, inciso 3, y 139, inciso 3.
Publíquese, comuníquese y archívese.
Dada en el Palacio del Congreso, en Lima, a los ocho días del mes de marzo de dos mil veinticuatro.
ALEJANDRO SOTO REYES
Presidente del Congreso de la República
ARTURO ALEGRÍA GARCÍA
Primer Vicepresidente del Congreso de la República

ASÍ FUE LA VOTACIÓN PARA INHABILITAR A INÉS TELLO:

El papel clave de ‘Los Niños’
Luego, el pleno del Congreso rechazó inhabilitar a Vásquez en una primera votación. En esta, la propuesta para retirarlo de la JNJ solo obtuvo 65 adhesiones; es decir, dos menos del mínimo necesario para ser aprobada.
Sin embargo, el legislador Isaac Mita (Perú Libre) presentó una reconsideración que fue aprobada por mayoría parlamentaria. Con ello, se volvió a votar el caso y en esta nueva ocasión sí se alcanzaron 67 adhesiones.
En esa votación, los legisladores Raúl Doroteo, Jorge Luis Flores Ancachi, ambos de Acción Popular; y Jorge Marticorena (Perú Bicentenario) jugaron un papel clave.
Doroteo cambió su voto de abstención a favor. En tanto, Flores Ancachi no participó en la primera votación, pero sí de la segunda, para pronunciarse a favor.
Por último, Marticorena cambió radicalmente de postura: primero votó en contra de la sanción y luego la respaldó.
ASÍ FUE LA VOTACIÓN FINAL CONTRA ALDO VÁSQUEZ:

Durante el debate parlamentario, la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular) consideró que Vásquez, quien fue presidente de la JNJ en el 2020, tuvo las herramientas legales para declarar la vacancia de Tello.
Además, cuestionó que los miembros de la JNJ justificaran la permanencia de Tello con un informe de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), que concluyó que la edad no era una causal de vacancia señalada en la Ley Orgánica de la junta.
En tanto, el parlamentario Flavio Cruz (Perú Libre) criticó el rol de la junta. Señaló que, mediante esa institución, Patricia Benavides, hoy investigada por presunta organización criminal y otros delitos, fue nombrada fiscal suprema y luego titular del Ministerio Público.
También aseguró que “Los Cuellos Blancos del Puerto” aún “están vivitos y coleando” porque la JNJ no cumplió con su deber de reformar el sistema de justicia.
Finalmente, el Congreso no alcanzó los votos suficientes para inhabilitar a los magistrados Guillermo Thornberry, María Zavala e Imelda Tumialán, quienes permanecerán en la JNJ. Y dejó pendiente la votación final en el caso de Antonio de la Haza, presidente de la junta.
La defensa de la JNJ
Durante la primera parte de la sesión plenaria, los seis integrantes de la JNJ y Henry Ávila, quien renunció al colegiado hace un par de semanas, realizaron su defensa y exhortaron al Congreso a la reflexión y a no tener injerencia en el sistema de administración de justicia.
Por ejemplo, el presidente de la JNJ, Antonio De la Haza, consideró que la inhabilitación de seis de los siete actuales miembros de la institución “solo conviene a todos aquellos que son investigados, pues prefieren que sus casos no avancen, que prescriban y que sus investigaciones sean archivadas”.
Esto en el contexto de que solo tres de los seis suplentes podrían ingresar a la junta. El resto supera la edad límite para incorporarse.
De la Haza defendió la interpretación que hizo su organismo en el 2020 para permitir que Tello continúe en actividad, al considerar que el artículo 156 (inciso 3) de la Constitución establece que la edad límite para ingresar al colegiado es de 75 años, pero no lo ubica como una barrera para permanecer en este.
“No es posible sostener que hemos realizado una interpretación arbitraria y antojadiza […] Quieren enviar un mensaje a jueces y a fiscales que, si discrepan de los criterios políticos, su autonomía e independencia no estará garantizada”, acotó.
A su turno, Vásquez subrayó que la JNJ “es órgano clave para la preservación de la separación de poderes y de la democracia”. Añadió que la acusación constitucional promovida por Jorge Montoya (Renovación Popular) “afecta la independencia” de esta institución.
Vásquez, en ese sentido, alertó que una remoción total o parcial de los miembros de la JNJ “no se había visto en el Perú desde que Juan Velasco Alvarado destituyó a 13 jueces supremos en diciembre de 1969 [en la dictadura militar] o desde la ruptura del orden constitucional el 5 de abril de 1992 [cuando Alberto Fujimori disolvió el Congreso]”.

Presidente de la JNJ no fue inhabilitado

Samuel Abad dijo que, bajo el criterio de un sector del Parlamento, este, más adelante, podría inhabilitar a toda la Corte Suprema de Justicia o al Tribunal Constitucional si es que no comparte sus criterios en una resolución. “Esto significa una afectación a la autonomía e independencia de los órganos de justicia”, concluyó.
Fuente: Diario El Comercio.

Juró como miembro titular de la JNJ

Por Rodrigo Saldarriaga Valverde– Canal N.
Guillermo Thornberry juramentó como miembro titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para completar el período 2020 – 2025, ocupando el puesto vacante tras la renuncia de José Ávila.
Thornberry, que era miembro titular, pasó a ser primer suplente cuando Marco Falconí juró como miembro titular en su lugar, al modificarse el cuadro de méritos por un fallo a favor de este último de parte del Tribunal Constitucional (TC).
La juramentación la realizó el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, como presidente de la Comisión Especial encargada del nombramiento de los miembros de la JNJ.
La ceremonia contó con la asistencia de los actuales titulares del Tribunal Constitucional y la Contraloría General de la República, que también forman parte de la Comisión Especial, y el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Antonio de la Haza Barrantes.
ÁVILA RENUNCIÓ AL CARGO POR DECLARACIONES DE JAIME VILLANUEVA
José Ávila renunció al cargo de manera irrevocable tras ser nombrado en las declaraciones del exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva.
A través de un comunicado, Ávila indicó que las declaraciones de Villanueva son “hechos notoriamente falsos“, en referencia a la visita que realizó el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, a su despacho en mayo de 2022.
“En el marco del proceso de investigación fiscal que viene llevando a cabo la Fiscalía, el señor Jaime Villanueva ha declarado, en su condición de testigo, un conjunto de hechos notoriamente falsos sobre ciertas verdades que atañen a mi conducta en mi condición de miembro de la JNJ, en el contexto de una visita oficial realizada en mi despacho en la segunda quincena de mayo de 2022, que realizó el señor Félix Chero, exministro de Justicia“, se lee en el oficio.
Ávila rechazó las declaraciones de Villanueva y advirtió que renuncia al cargo para garantizar la integridad, transparencia e institucionalidad de la JNJ.

Martín Vizcarra y César Figueredo complotan contra Alberto Otárola: se descubre patraña para sacarlo del cargo

La supuesta pareja del premier, Yaziré Pinedo, dice que audio ha sido editado y es del año 2021. Aclaró que le ofrecieron 200 mil dólares para que acuse al premier

Luego ser considerado públicamente como un ‘depredador sexual’, que aprovechaba su cargo de primer ministro para repartir el dinero de los peruanos a fin de contratar a sus amantes de turno, anoche, tras las declaraciones públicas de la propia Yaziré Pinedo, ha quedado en evidencia que toda esta telenovela en realidad sería un complot orquestado por el ‘lagarto’ Martín Vizcarra y César Figueredo (exdirector ejecutivo de Cofopri y actual secretario nacional del partido Perú Primero).
Pinedo confesó que se trata de un audio editado, y que el material original es un video de aproximadamente 14 minutos, grabado por las cámaras de su domicilio, en la que ella entabla una videollamada con el entonces abogado de la presidenta Dina Boluarte, porque esta comunicación se realizó en el mes de enero del año 2021, cuando ella sostuvo una relación de una semana con el ahora primer ministro.
Eso quiere decir que el audio publicado en el programa Panorama, es un material periodístico que se ha presentado fuera de contexto, porque no corresponde al tiempo en que Alberto Otárola ha sido primer ministro del gobierno de Dina Boluarte.
Sin embargo, lo que Yaziré Pinedo no ha dudado en señalar públicamente, en el programa Beto a Saber de Willax TV, es que este material ella se lo entregó al señor César Figueredo en calidad de abogado, y que él se habría encargado de otorgárselo al programa dominical.
Yaziré fue pareja de un hombre clave en esta historia, César Figueredo, exjefe del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) durante el gobierno de Martín Vizcarra, y actualmente se desempeña como secretario general del partido del ‘Lagarto’, Perú Primero.
Además, no dudó en dar detalles que Figueredo le señaló que el hermano de la presidenta [Nicanor Boluarte], le entregaría 200 mil dólares para que ella declare y corrobore la denuncia hecha pública este último fin de semana, pero que ella no aceptó.
Yaziré Pinedo también dio a conocer que la relación de Figueredo con el hermano de la presidenta es muy cercana y que sus intenciones eran sacar del cargo a Otárola, para que Nicanor Boluarte pueda colocar en ese puesto a alguien de su confianza.
Como prueba de sus afirmaciones, mostró una foto en la que ella aparece junto a Martín Vizcarra, que corresponde al mes de octubre del año pasado, según dijo Yaziré, por lo que quedaría demostrado que durante los últimos meses se habría estado fabricando esta patraña en contra del primer ministro.
Definitivamente, el operador de toda esta patraña sería nada menos que el director ejecutivo de Cofopri durante el gobierno de Vizcarra, César Figueredo, quien sí tuvo una relación sentimental con Yaziré Pinedo, según lo ha señalado ella misma.

Por qué da la cara

En su desesperación dijo que como mujer se siente vulnerada, y que desde que se hizo público este audio se ha visto seriamente afectada en su salud emocional, y ese sería el motivo por el que ahora sale a declarar públicamente pues considera que han mancillado su honor, para complotar en contra del jefe de Gabinete. “Pido ayuda a la presidenta, a la ministra de la Mujer, para que me defiendan”, dijo.
Señaló, además, que está dispuesta a mostrar su teléfono a la propia presidenta Dina Boluarte para que sepa todos los detalles detrás de esta historia para sacar del cargo a su primer ministro; igualmente, dijo que entregaría todo el material al Ministerio Público a fin de que se haga justicia.

Iría a la cárcel si favores eran ciertos

Más temprano abogados penalistas sostuvieron que el premier Alberto Otárola iría más de 15 años a la cárcel, si se corroboraba su protagonismo en la negociación de un servicio de atención o trabajo administrativo en favor de su pareja Yaziré Pinedo en el Ministerio de Defensa, hecho revelado mediante un audio difundido por el dominical Panorama, donde se escucha al titular de la PCM pidiéndole el currículum a la citada joven de 25 años.
En el programa Beto a Saber, se expuso una captura de pantalla de una conversación que la fémina mantuvo con Figueredo, en el que este le dio una sospechosa sugerencia.
“¿Y si vendemos el video?, después que lo boten no va valer nada. Jajaajajajaja”, se leyó en el mensaje de WhatsApp expuesto en el programa del periodista Beto Ortiz.
A raíz de esto, la mujer confesó que el clip, que fue viralizado por Panorama, fue grabado por Figueredo. “El señor César (Figueredo) indicó que el día lunes perdió su teléfono, y milagrosamente salió el audio que justamente el quería que salga a la prensa. Incluso me contactó con el señor Marco Vásquez, director de Panorama. Me contactó con él para tener una entrevista”, contó.
En medio de la reveladora entrevista, la amiga de Alberto Otárola culpó al expresidente Martín Vizcarra y al exfuncionario de Cofopri, César Figueredo.
Fuente: Octavo Mandamiento Canal N, Beto a Saber, Diario EXPRESO.

“Pantaleón” pasó al retiro a agresor de Yaziré Pinedo

Sucedió en 2020, cuando era titular de Defensa durante el gobierno de Martín Vizcarra

Por ALVARO REYES QUINTEROS– Diario Perú21.
La Resolución Ministerial 671-2020-DE/EP, publicada el 31 de octubre de 2020, sería un documento más de pase al retiro en el Ejército Peruano si no fuera porque dos de los nombres que aparecen allí rubricados tienen en común a Yaziré Pinedo Vásquez, la proveedora del Estado que provocó la caída del expremier Alberto Otárola.
Una de las personas es el mismísimo exministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, mencionado por Pinedo como el responsable de que ella sea contratada en esa cartera en mayo de 2023, durante el gobierno de Dina Boluarte.
El otro personaje en cuestión es el entonces coronel de Caballería, Héctor Ulises Alvarado Vía y Rada. La resolución firmada por Chávez Cresta anunciaba el fin de la actividad de Alvarado en el Ejército. Pero hay una historia detrás de ese cambio.
La madrugada del 5 de febrero de ese 2020, Yaziré Pinedo denunció por violación a Héctor Alvarado, de 56 años en esa época. Según el parte policial, al que accedió Perú21, Pinedo señaló a Alvarado como su “expareja” y detalló que este intentó ultrajarla en su vivienda de San Isidro, luego de que la recogiera de la Universidad Las Américas, donde estudiaba Contabilidad.
Según el relato, ella estaba dormida sobre su cama y de pronto el militar la despertó “a jalones” para reclamarle por comunicaciones que había encontrado en su laptop con otras personas.
Tras ese pleito, este le pidió tener relaciones sexuales, pero Pinedo Vásquez se negó, a lo que el coronel en retiro amenazó “con hacerla famosa” al difundir en su centro de trabajo las fotos que tenía de ella.
El 2020 fue el último año de gobierno de Martín Vizcarra, antes de ser vacado por el Congreso. Para ese entonces, Yaziré Pinedo ya había trabajado en Cofopri bajo el mando de César Figueredo, a quien comprometió estar detrás de un complot contra Otárola.
¿El pase al retiro de Héctor Alvarado fue consecuencia de la denuncia de Pinedo? Perú21 se comunicó con el exministro Chávez Cresta, quien refirió que no conocía al coronel de Caballería.
En una entrevista anterior, el general del Ejército (r) negó que haya contratado a la exproveedora en el sector Defensa. Pero que su nombre aparezca nuevamente en un hecho protagonizado por Pinedo Vásquez no parece obra de la casualidad.
Este diario también buscó a Alvarado en su vivienda de Surco que declaró ante el Reniec. No obstante, indicaron que él y su familia ya no vivían en ese inmueble.
Fuentes que eran del círculo de Yaziré Pinedo señalaron que esta tenía “más vínculos” con otros integrantes de las Fuerzas Armadas.

Yaziré Pinedo asegura que fue pareja de Alberto Otárola cuando era ministro

Yaziré Pinedo aseveró que fue pareja del expresidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola entre el 2022 y 2023, cuando este ya era parte del Gabinete Ministerial.
En dicho periodo, la mujer ganó contratos con el Ministerio de Defensa por S/53 mil.
Pinedo ofreció estas declaraciones al dominical ‘Panorama’, que difundió imágenes sobre el presunto uso de vehículos oficiales por parte de Otárola para visitarla cuando era ministro de Defensa.
Asimismo, el mencionado medio de comunicación difundió videos del ex primer ministro con Yaziré Pinedo, en lo que sería la cocina de su departamento, así como grabaciones de llamadas entre ambos.
En este material, la voz atribuida a Alberto Otárola le dice a Pinedo para «verla al día siguiente» e, incluso, le solicita su currículum para «ayudarla».
A su vez, se difundieron supuestos chats por Signal entre ambos, en los que Otárola haría referencia a hechos durante su gestión en el Ejecutivo, como sus presentaciones en el Parlamento o las muertes en las violentas protestas tras el golpe de Estado de Pedro Castillo.
La difusión de un audio entre Yaziré Pinedo y Alberto Otárola, en marzo de este año, originó el inicio de una investigación fiscal al extitular del Consejo de Ministros, lo que motivó, posteriormente, su renuncia a la PCM.
Aquel entonces, ambos dijeron que ese audio era del 2021, cuando Otárola no era ministro, al tiempo que denunciaron que había un «complot» contra el exministro.
Fuente: www.altavoz.pe

Por un lado, Aldo Vásquez se pasea por los sets sin escatimar mofas contra el Congreso: “no saben aritmética”, confiado en las cautelares delivery que suelen brotar a su favor con celeridad asombrosa tanto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como en el Poder Judicial; mientras que por otro, el pleno del Congreso espera a los siete magistrados que modificaron la Constitución y de paso la lengua española: “para ser miembro de la JNJ -para ellos ser es igual a postular- se requiere ser menor a 75 años”.
Aldo Vásquez, portavoz de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), no ha escatimado mofas en el paseíllo que viene realizando por los medios de comunicación para burlarse del Congreso que el próximo jueves 7 votará la destitución de los miembros de la junta, como recomendó la Comisión Permanente que además propuso inhabilitar por 10 años a los integrantes de la JNJ (26/2/24) por haber avalado inconstitucionalmente la permanencia de la magistrada Inés Tello por encima de los 75 años.
“Los congresistas tienen diferencias matemáticas”
En el rush de entrevistas que viene dando, el doctor Vásquez se viene revelando como un eximio matemático, como si tuviera una calculadora científica en la mano, apela a la extrapolación (calcular los resultados en base a los resultados obtenidos en otro cálculo) ante el estupor de sus entrevistadores.
En RPP señaló: “la suerte no está echada…los congresistas que buscan la remoción de los miembros de la junta podrían llevarse una gran sorpresa, porque parece que tienen alguna deficiencia matemática. Ellos dicen que fue abrumadora la votación en la Comisión Permanente, la verdad es que no… llegaron a 18 que no son los dos tercios del número legal. Si usted extrapola esos números al pleno, podrían llevarse una ingrata sorpresa…” (29/2/24).
Antes, con Rosa María Palacios señaló sumamente confiado: “Si extrapolamos la votación obtenida en la Comisión Permanente al pleno del Congreso, no se hubiera podido vacar a los siete miembros, sino en el mejor de los casos a uno… Creo que podrían llevarse una sorpresa” (Radio Santa Rosa 27/2/24). Se refería a que él mismo, y, además, Henry Ávila obtuvieron solo 18 votos (60% de los votos) y que solo la magistrada Imelda Tumialán alcanzó los 21 votos (70%).
En estos días, la extrapolación se ha convertido en su sueño feliz, que bien podría convertirse en pesadilla, porque ante Mario Ghibellini la volvió a mencionar: “Si extrapolamos (la votación de la “Permanente”) al Pleno del Congreso, no llegarían a completar los votos… la aritmética no engaña (Canal N 26/2/24). Como se puede apreciar, Aldo Vásquez se ha destapado como un sachamatemático de aquellos, o quizá, en su bagaje académico exhiba cursos secretos de estadísticas que le han inflado el ego.
De la extrapolación a la verdad de la milanesa
Sucede que el jueves 7 solo pueden votar 100 congresistas, restando de los 130 congresistas los 30 que forman parte de la Comisión Permanente, y, para aprobar la acusación constitucional se requieren los dos tercios, es decir, 66.66% que redondeando son 66 votos. Además, podrían votar aquellos congresistas de Comisión Permanente, sí los hubiera, que no hayan estado presente durante la votación del informe.
La agenda de la JNJ recompuesta tiene puntos álgidos: el primero de ellos, la reconsideración a la suspensión de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que ya acumula dos meses de retraso; la investigación preliminar al fiscal supremo Pablo Sánchez y a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, y el nombramiento de nuevos jueces supremos y fiscales supremos sin inoculación del caviaraje, que bien podría quedar para la próxima gestión.
SOS: JNJ recluta caviares, caviarones y acaviarados
A ojo de buen cubero, sin recurrir a las sutilezas matemáticas que maneja Vásquez, para el pleno se cuenta como votos seguros por la destitución, restando los congresistas que votaron en la Comisión Permanente, bancada por bancada, lo siguiente: Fuerza Popular 16 votos, APP 9, Renovación Popular 7, Avanza País 6, Acción Popular 6, Perú Libre 8, los que suman 52 votos, quedando por definir si se suman algunos congresistas del Bloque Magisterial 6, Podemos 6, Somos Perú 4 y No Agrupados 21, es decir 37 votos en pugna, con los que se podrían alcanzar 89 votos.
Al otro extremo están los probables votos asegurados en contra: Cambio Democrático (exJPP) 7 que son los caviares al 100%, Perú Bicentenario (ex Perú Libre) 4, que podrían tildarse de caviarones con los que alcanzarían solo 11 votos. Es por ello que requieren de algunos acaviarados que nunca faltan y pululan entre los exPodemos y Somos Perú.
Más allá de la famosa extrapolación queda claro que hay 37 votos por definir, en los que se espera una negociación ardua, negociación política, como se estila aquí y en la Cochinchina.  Podría resultar lógico que en el cabildeo puedan sobrevivir algunos de los siete miembros de la JNJ.
En los pasadizos, por el momento, se especula que existen dos posiciones: la radical, que se vayan todos, con lo que la futura JNJ estaría compuesta en un primer momento por solo cuatros miembros suplentes: el recién juramentado Marco Falconí (65 años) y otros tres suplentes cuya edad es menor a 75 años: Abraham Siles (62), Mónica Rosell (60) y Jaime de la Puente (56), porque los otros tres, Pilar Tello (78), Jorge Calderón (75) y Jacinto Julio Rodríguez (76) ya superan el límite de 75 años. Con lo quedarían cuatro miembros del JNJ.
La otra posición menos radical es que destituyan e inhabiliten a cuatro: Inés Tello, Aldo Vázquez, Imelda Tumialán, Henry Ayala (que esta descontado) y Antonio de la Haza por caviares, quedando Falconí, redimiendo a María Zavala y a Guillermo Thornberry. A los que se sumaría el caviar Abram Siles de todos modos y los otros suplentes: Mónica Rosell y Jaime de la Puente hasta que se elija una nueva composición del JNJ.
Fuente: Diario EXPRESO.

Caso JNJ y Patricia Benavides: declaraciones de fiscal Delia Espinoza sepultan a la Junta | Investigación empezará de cero

Magistrada Delia Espinoza dice que con “información incipiente” del exasesor Jaime Villanueva la Junta suspendió a Patricia Benavides.
Unas recientes declaraciones de la presidenta de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos Por Funcionarios Públicos, Delia Espinoza, confirmaron que el procedimiento disciplinario inmediato abierto por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en contra de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se llevó a cabo sin la existencia de pruebas que demostraran su supuesta involucración en una organización criminal que operaba en su gestión frente a la Fiscalía de la Nación.
Así lo evidenció las expresiones de la fiscal Espinoza durante la audiencia de tutela de derechos interpuesta por la defensa legal de Benavides del último viernes durante la cual la funcionaria indicó que las diligencias en contra de Benavides se iniciaron con “información incipiente”, en referencia a las declaraciones incriminatorias del exasesor de la fiscal de la Nación Jaime Villanueva.
“Precisamente por eso estamos llevando adelante todas y cada una de las diligencias para contrastar la noticia criminal, para verificar, para indagar, para hacer todo un despliegue de investigación desde cero.
Hemos empezado desde cero porque somos respetuosos y conscientes que todos los informes que llegaron de Eficcop son de ellos, no son nuestros”, manifestó Espinoza “A nosotros no se nos puede criticar por recibir una noticia criminal y, desde el primer día, empezar con diligencias porque para nosotros eran simplemente información incipiente y eso lo acreditamos con nuestra carpeta”, agregó.
Estas declaraciones de Espinoza -que más parecen una confesión culposa- no hacen sino reafirmar que, a Patricia Benavides, la JNJ decidió suspenderla como fiscal de la Nación por las declaraciones de Villanueva que la sindicaban como la presunta líder de una organización criminal que operaba en la Fiscalía, aun cuando ni siquiera el mismo Ministerio Público había abierto una investigación en contra de la funcionaria para corroborar estos supuestos.

Inhabilitación

El solo hecho que con “información incipiente” la JNJ haya suspendido a Patricia Benavides nos dice que el Congreso de la República tiene un nuevo argumento, ahora con la autoridad inequívoca de provenir de la fiscal suprema encargada de la investigación, para inhabilitar a los miembros de la JNJ este 7 de marzo, esto porque está claro que actuaron con grave infracción a sus deberes de función.
Eso es lo que se comenta en la comunidad jurídica, más si reparemos en las palabras que cuidadosamente usa la Dra. Delia Espinoza. No dice “información incompleta” ni “información parcial”. Usa un calificativo de extrema dureza: “información incipiente”.
Es decir, nada. Y en base a nada o con meros chismes es posible suspender una fiscal de la Nación. Dicha de otra forma la citada fiscal suprema deja en claro que nunca hubo caso contra Patricia Benavides.

Habla Abanto

En esa misma línea se manifestó el abogado Humberto Abanto, quien aseveró que la Junta Nacional de Justicia actuó de manera precipitada e irregular en contra de Benavides “con información que no era sólida” y manipulada.
“Hemos visto que (las pruebas) se trataban de pantallazos de chats de WhatsApp que habían sido suprimidas las conversaciones de la otra parte y con eso tomó una decisión. Es más, han pasado 40 días y todavía (la JNJ) no resuelve la reconsideración de la señora Patricia Benavides. Aseverar que la Junta Nacional de Justicia actuó precipitadamente y, estoy seguro que de manera política, no es nada más que constatar un hecho que ha sido corroborado por la señora Espinoza”, indicó en diálogo con EXPRESO.

Objetivo: La Fiscalía

Según señaló Abanto, los magistrados que integran la JNJ habrían actuado con premura en contra de Benavides con el objetivo de poder deshacerse de ella como titular del Ministerio Público y así poder recapturar esta institución en beneficio de determinado sector ideológico/político.
“Un sector ideológico al que pertenece la mayor parte de esa junta se dio cuenta que habían perdido el control de un instrumento que convirtieron en arma de ataque a todos sus adversarios políticos y decidieron recuperar de un zarpazo esa institución”, aseveró el letrado. Abanto también afirmó que Benavides significaba un obstáculo para cierto sector ideológico al no permitir que el Ministerio Público fuera utilizado “como un instrumento de persecución de los adversarios políticos de la línea ideológica que defiende la JNJ”.

El monseñor español Jordi Bertomeu predica durante la misa en la diócesis costarricense de Ciudad Quesada en noviembre de 2023. (Crédito: Diócesis de Ciudad Quesada).

‘007’ del Vaticano regresa a Perú para continuar la investigación de grupos

Por Elise Ann Allen-Crux.
Se espera el anuncio por parte de la Arquidiócesis de Lima en Perú de que un miembro del principal dúo investigador del Vaticano, el español monseñor Jordi Bertomeu, está de regreso en el país para continuar las investigaciones sobre un grupo plagado de escándalos.
Bertomeu, funcionario del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano, viajó el verano pasado a Lima junto con el secretario adjunto del departamento, el arzobispo maltés Charles Scicluna, para entrevistar a miembros del Sodalitium Christianae Vitae (SCV).
Una “sociedad de vida apostólica” bajo la ley de la iglesia y el movimiento laico eclesial más grande del Perú, la SCV fue fundada por el laico peruano Luis Fernando Figari en 1971.
Poco después de la visita de Scicluna y Bertomeu a finales de julio y principios de agosto de 2023, surgieron acusaciones de irregularidades financieras en torno a otra comunidad con sede en Perú, Pro Ecclesia Sancta (PES), un instituto de vida consagrada de rito diocesano fundado por el padre jesuita español Pablo Menor en 1992. .
Una familia espiritual compuesta por sacerdotes, laicos y religiosos y religiosas, PES se dedica a promover la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Además de Perú, también tienen presencia en Estados Unidos, Italia, Uruguay, Ecuador y España.
Apodados los “007” del Vaticano, Scicluna y Bertomeu son ampliamente considerados como los investigadores más creíbles del Vaticano, con un historial que incluye varios casos de abuso de alto perfil, como la investigación sobre los Legionarios de Cristo y su fundador, el difunto Padre mexicano. Marcial Maciel Degollado; los explosivos escándalos de abuso sexual clerical en Chile que involucran al difunto ex sacerdote Fernando Karadima; así como crisis de abuso en muchos otros países del mundo.
El año pasado, Bertomeu viajó a varios otros países de América Central y del Sur para manejar casos específicos de abuso, incluidos Bolivia, Honduras y Paraguay. En Paraguay, él y el cardenal brasileño Orani João Tempesta investigaron el caso de Belén Whittingslow, uno entre muchos en la creciente lista de adultos abusados ​​en la iglesia.
Whittingslow, exalumna de la Universidad Católica de Asunción, acusó a su profesor, Cristian Kriskovich, de acoso sexual repetido en línea a través de mensajes e imágenes explícitos. Sin embargo, su caso civil fue desestimado y finalmente ella misma enfrentó cargos legales por supuestamente falsificar documentación y por daños a Kriskovich, lo que la obligó a huir a Uruguay, donde solicitó el estatus de refugiada.
La actual visita de Bertomeu a Perú es un acto en solitario y, según se informa, su objetivo principal será investigar al PES por acusaciones de fraude.
En octubre de 2023, un programa de televisión peruano publicó un informe acusando a la comunidad de realizar una estafa al no pagar un préstamo de 1.2 millones de dólares a un rico empresario jubilado.
Ese empresario, Fernando Reyes Hernández, dijo que había entregado el dinero a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús administrada por el PES en 2017, dinero que según dijo provenía de la venta de su empresa y ahorros de más de 60 años de trabajo.
Dijo que los fondos se habían transferido mediante préstamos con contratos firmados, pero que en 2019 no había recibido ningún reembolso. En total, Hernández dijo que se habían firmado cuatro contratos y diez adendas porque los contratos anteriores expiraron y la comunidad no pagó nada.
Según fuentes de la Arquidiócesis de Lima, además de Reyes Hernández, decenas de personas más afirman haber sido defraudadas por el PES.
Aunque su visita a Lima es principalmente para investigar las acusaciones de corrupción financiera contra el PES, fuentes en Perú le han dicho a Crux que la investigación sobre el SCV está en curso y que recientemente se han tomado medidas contra varios miembros destacados.
Aunque las acusaciones se hicieron varios años antes, los escándalos que involucraban al SCV explotaron en 2015 cuando los periodistas peruanos Pedro Salinas y Paola Ugaz publicaron su exitoso libro Mitad monjes, mitad soldados, que narra años de presunto abuso sexual, físico y psicológico por parte de miembros del SCV. El propio Salinas es un ex miembro del grupo.
Figari fue acusado de abusos físicos, psicológicos y sexuales dentro de la comunidad, incluso contra menores, y fue sancionado por el Vaticano en 2017 y se le prohibió tener más contacto con miembros del grupo, y actualmente vive en el exilio.
Después de varios intentos fallidos de reforma y múltiples rondas de liderazgo temporal con delegados designados por el Vaticano supervisando el proceso, las víctimas afirman que poco ha cambiado y que la cultura interna sigue siendo la misma, con una corrupción profunda entre los miembros de la élite, mientras que los abusadores y aquellos que han encubierto acusados ​​de diversos abusos continúan su ministerio sin obstáculos.
Durante las investigaciones del año pasado, Scicluna y Bertomeu se reunieron con víctimas del SCV y su dirección, así como con un político que publicó una investigación parlamentaria formal sobre el SCV, y un grupo de campesinos que acusaron de corrupción al arzobispo del SCV, José Antonio Eguren. y tráfico de tierras.
Fuentes en Perú han dicho a Crux que como parte de su investigación en curso sobre el SCV, el Vaticano ha enviado una serie de cartas que contienen acusaciones contra al menos ocho miembros de alto rango, dando a las autoridades del SCV 45 días para responder con las medidas punitivas que planean. imponer.
Las personas mencionadas en estas cartas incluyen al propio Figari; José Ambrozic, quien durante varios años vivió en Denver, Co., pero que ahora reside en Filadelfia y está acusado entre otras cosas de abuso físico y encubrimiento de abuso; y Eduardo Regal, quien actualmente es superior de la comunidad de Denver del SCV y quien también está acusado de abuso físico y encubrimiento de pornografía infantil, entre otros delitos.
Otro residente de SCV en Denver que es objeto de una de las cartas del Vaticano es Alejandro Bermúdez, periodista y ex director del Grupo ACI, propiedad de EWTN, un conglomerado internacional de medios que incluye el sitio web de la Agencia Católica de Noticias en inglés. Ahora dirige Tilma Strategies LLC y está afiliado al sitio web Catholic Vote.
Otros miembros del SCV que fueron objeto de las cartas del Vaticano son Óscar Tokumura y Edwin Scheuch, acusados ​​de abuso físico y encubrimiento de abuso, entre otros delitos; el padre Luis Ferroggiaro, acusado de abuso de menor de edad; y Miguel Salazar, acusado de encubrir al notorio abusador de niños de SCV, Jeffrey Daniels.
No está claro cuándo concluirá el caso del Vaticano que involucra al SCV, sin embargo, el hecho de que ya se hayan enviado varias cartas implica que la fase preliminar de la investigación del Vaticano ha concluido y que se están tomando los primeros pasos.
Un portavoz del SCV no respondió a una solicitud de comentarios de Crux .