Por un lado, Aldo Vásquez se pasea por los sets sin escatimar mofas contra el Congreso: “no saben aritmética”, confiado en las cautelares delivery que suelen brotar a su favor con celeridad asombrosa tanto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como en el Poder Judicial; mientras que por otro, el pleno del Congreso espera a los siete magistrados que modificaron la Constitución y de paso la lengua española: “para ser miembro de la JNJ -para ellos ser es igual a postular- se requiere ser menor a 75 años”.
Aldo Vásquez, portavoz de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), no ha escatimado mofas en el paseíllo que viene realizando por los medios de comunicación para burlarse del Congreso que el próximo jueves 7 votará la destitución de los miembros de la junta, como recomendó la Comisión Permanente que además propuso inhabilitar por 10 años a los integrantes de la JNJ (26/2/24) por haber avalado inconstitucionalmente la permanencia de la magistrada Inés Tello por encima de los 75 años.
“Los congresistas tienen diferencias matemáticas”
En el rush de entrevistas que viene dando, el doctor Vásquez se viene revelando como un eximio matemático, como si tuviera una calculadora científica en la mano, apela a la extrapolación (calcular los resultados en base a los resultados obtenidos en otro cálculo) ante el estupor de sus entrevistadores.
En RPP señaló: “la suerte no está echada…los congresistas que buscan la remoción de los miembros de la junta podrían llevarse una gran sorpresa, porque parece que tienen alguna deficiencia matemática. Ellos dicen que fue abrumadora la votación en la Comisión Permanente, la verdad es que no… llegaron a 18 que no son los dos tercios del número legal. Si usted extrapola esos números al pleno, podrían llevarse una ingrata sorpresa…” (29/2/24).
Antes, con Rosa María Palacios señaló sumamente confiado: “Si extrapolamos la votación obtenida en la Comisión Permanente al pleno del Congreso, no se hubiera podido vacar a los siete miembros, sino en el mejor de los casos a uno… Creo que podrían llevarse una sorpresa” (Radio Santa Rosa 27/2/24). Se refería a que él mismo, y, además, Henry Ávila obtuvieron solo 18 votos (60% de los votos) y que solo la magistrada Imelda Tumialán alcanzó los 21 votos (70%).
En estos días, la extrapolación se ha convertido en su sueño feliz, que bien podría convertirse en pesadilla, porque ante Mario Ghibellini la volvió a mencionar: “Si extrapolamos (la votación de la “Permanente”) al Pleno del Congreso, no llegarían a completar los votos… la aritmética no engaña (Canal N 26/2/24). Como se puede apreciar, Aldo Vásquez se ha destapado como un sachamatemático de aquellos, o quizá, en su bagaje académico exhiba cursos secretos de estadísticas que le han inflado el ego.
De la extrapolación a la verdad de la milanesa
Sucede que el jueves 7 solo pueden votar 100 congresistas, restando de los 130 congresistas los 30 que forman parte de la Comisión Permanente, y, para aprobar la acusación constitucional se requieren los dos tercios, es decir, 66.66% que redondeando son 66 votos. Además, podrían votar aquellos congresistas de Comisión Permanente, sí los hubiera, que no hayan estado presente durante la votación del informe.
La agenda de la JNJ recompuesta tiene puntos álgidos: el primero de ellos, la reconsideración a la suspensión de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que ya acumula dos meses de retraso; la investigación preliminar al fiscal supremo Pablo Sánchez y a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, y el nombramiento de nuevos jueces supremos y fiscales supremos sin inoculación del caviaraje, que bien podría quedar para la próxima gestión.
SOS: JNJ recluta caviares, caviarones y acaviarados
A ojo de buen cubero, sin recurrir a las sutilezas matemáticas que maneja Vásquez, para el pleno se cuenta como votos seguros por la destitución, restando los congresistas que votaron en la Comisión Permanente, bancada por bancada, lo siguiente: Fuerza Popular 16 votos, APP 9, Renovación Popular 7, Avanza País 6, Acción Popular 6, Perú Libre 8, los que suman 52 votos, quedando por definir si se suman algunos congresistas del Bloque Magisterial 6, Podemos 6, Somos Perú 4 y No Agrupados 21, es decir 37 votos en pugna, con los que se podrían alcanzar 89 votos.
Al otro extremo están los probables votos asegurados en contra: Cambio Democrático (exJPP) 7 que son los caviares al 100%, Perú Bicentenario (ex Perú Libre) 4, que podrían tildarse de caviarones con los que alcanzarían solo 11 votos. Es por ello que requieren de algunos acaviarados que nunca faltan y pululan entre los exPodemos y Somos Perú.
Más allá de la famosa extrapolación queda claro que hay 37 votos por definir, en los que se espera una negociación ardua, negociación política, como se estila aquí y en la Cochinchina. Podría resultar lógico que en el cabildeo puedan sobrevivir algunos de los siete miembros de la JNJ.
En los pasadizos, por el momento, se especula que existen dos posiciones: la radical, que se vayan todos, con lo que la futura JNJ estaría compuesta en un primer momento por solo cuatros miembros suplentes: el recién juramentado Marco Falconí (65 años) y otros tres suplentes cuya edad es menor a 75 años: Abraham Siles (62), Mónica Rosell (60) y Jaime de la Puente (56), porque los otros tres, Pilar Tello (78), Jorge Calderón (75) y Jacinto Julio Rodríguez (76) ya superan el límite de 75 años. Con lo quedarían cuatro miembros del JNJ.
La otra posición menos radical es que destituyan e inhabiliten a cuatro: Inés Tello, Aldo Vázquez, Imelda Tumialán, Henry Ayala (que esta descontado) y Antonio de la Haza por caviares, quedando Falconí, redimiendo a María Zavala y a Guillermo Thornberry. A los que se sumaría el caviar Abram Siles de todos modos y los otros suplentes: Mónica Rosell y Jaime de la Puente hasta que se elija una nueva composición del JNJ.
Fuente: Diario EXPRESO.
Caso JNJ y Patricia Benavides: declaraciones de fiscal Delia Espinoza sepultan a la Junta | Investigación empezará de cero
Magistrada Delia Espinoza dice que con “información incipiente” del exasesor Jaime Villanueva la Junta suspendió a Patricia Benavides.
Unas recientes declaraciones de la presidenta de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos Por Funcionarios Públicos, Delia Espinoza, confirmaron que el procedimiento disciplinario inmediato abierto por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en contra de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, se llevó a cabo sin la existencia de pruebas que demostraran su supuesta involucración en una organización criminal que operaba en su gestión frente a la Fiscalía de la Nación.
Así lo evidenció las expresiones de la fiscal Espinoza durante la audiencia de tutela de derechos interpuesta por la defensa legal de Benavides del último viernes durante la cual la funcionaria indicó que las diligencias en contra de Benavides se iniciaron con “información incipiente”, en referencia a las declaraciones incriminatorias del exasesor de la fiscal de la Nación Jaime Villanueva.
“Precisamente por eso estamos llevando adelante todas y cada una de las diligencias para contrastar la noticia criminal, para verificar, para indagar, para hacer todo un despliegue de investigación desde cero.
Hemos empezado desde cero porque somos respetuosos y conscientes que todos los informes que llegaron de Eficcop son de ellos, no son nuestros”, manifestó Espinoza “A nosotros no se nos puede criticar por recibir una noticia criminal y, desde el primer día, empezar con diligencias porque para nosotros eran simplemente información incipiente y eso lo acreditamos con nuestra carpeta”, agregó.
Estas declaraciones de Espinoza -que más parecen una confesión culposa- no hacen sino reafirmar que, a Patricia Benavides, la JNJ decidió suspenderla como fiscal de la Nación por las declaraciones de Villanueva que la sindicaban como la presunta líder de una organización criminal que operaba en la Fiscalía, aun cuando ni siquiera el mismo Ministerio Público había abierto una investigación en contra de la funcionaria para corroborar estos supuestos.
Inhabilitación
El solo hecho que con “información incipiente” la JNJ haya suspendido a Patricia Benavides nos dice que el Congreso de la República tiene un nuevo argumento, ahora con la autoridad inequívoca de provenir de la fiscal suprema encargada de la investigación, para inhabilitar a los miembros de la JNJ este 7 de marzo, esto porque está claro que actuaron con grave infracción a sus deberes de función.
Eso es lo que se comenta en la comunidad jurídica, más si reparemos en las palabras que cuidadosamente usa la Dra. Delia Espinoza. No dice “información incompleta” ni “información parcial”. Usa un calificativo de extrema dureza: “información incipiente”.
Es decir, nada. Y en base a nada o con meros chismes es posible suspender una fiscal de la Nación. Dicha de otra forma la citada fiscal suprema deja en claro que nunca hubo caso contra Patricia Benavides.
Habla Abanto
En esa misma línea se manifestó el abogado Humberto Abanto, quien aseveró que la Junta Nacional de Justicia actuó de manera precipitada e irregular en contra de Benavides “con información que no era sólida” y manipulada.
“Hemos visto que (las pruebas) se trataban de pantallazos de chats de WhatsApp que habían sido suprimidas las conversaciones de la otra parte y con eso tomó una decisión. Es más, han pasado 40 días y todavía (la JNJ) no resuelve la reconsideración de la señora Patricia Benavides. Aseverar que la Junta Nacional de Justicia actuó precipitadamente y, estoy seguro que de manera política, no es nada más que constatar un hecho que ha sido corroborado por la señora Espinoza”, indicó en diálogo con EXPRESO.
Objetivo: La Fiscalía
Según señaló Abanto, los magistrados que integran la JNJ habrían actuado con premura en contra de Benavides con el objetivo de poder deshacerse de ella como titular del Ministerio Público y así poder recapturar esta institución en beneficio de determinado sector ideológico/político.
“Un sector ideológico al que pertenece la mayor parte de esa junta se dio cuenta que habían perdido el control de un instrumento que convirtieron en arma de ataque a todos sus adversarios políticos y decidieron recuperar de un zarpazo esa institución”, aseveró el letrado. Abanto también afirmó que Benavides significaba un obstáculo para cierto sector ideológico al no permitir que el Ministerio Público fuera utilizado “como un instrumento de persecución de los adversarios políticos de la línea ideológica que defiende la JNJ”.
El monseñor español Jordi Bertomeu predica durante la misa en la diócesis costarricense de Ciudad Quesada en noviembre de 2023. (Crédito: Diócesis de Ciudad Quesada).
‘007’ del Vaticano regresa a Perú para continuar la investigación de grupos
Por Elise Ann Allen-Crux.
Se espera el anuncio por parte de la Arquidiócesis de Lima en Perú de que un miembro del principal dúo investigador del Vaticano, el español monseñor Jordi Bertomeu, está de regreso en el país para continuar las investigaciones sobre un grupo plagado de escándalos.
Bertomeu, funcionario del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano, viajó el verano pasado a Lima junto con el secretario adjunto del departamento, el arzobispo maltés Charles Scicluna, para entrevistar a miembros del Sodalitium Christianae Vitae (SCV).
Una “sociedad de vida apostólica” bajo la ley de la iglesia y el movimiento laico eclesial más grande del Perú, la SCV fue fundada por el laico peruano Luis Fernando Figari en 1971.
Poco después de la visita de Scicluna y Bertomeu a finales de julio y principios de agosto de 2023, surgieron acusaciones de irregularidades financieras en torno a otra comunidad con sede en Perú, Pro Ecclesia Sancta (PES), un instituto de vida consagrada de rito diocesano fundado por el padre jesuita español Pablo Menor en 1992. .
Una familia espiritual compuesta por sacerdotes, laicos y religiosos y religiosas, PES se dedica a promover la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Además de Perú, también tienen presencia en Estados Unidos, Italia, Uruguay, Ecuador y España.
Apodados los “007” del Vaticano, Scicluna y Bertomeu son ampliamente considerados como los investigadores más creíbles del Vaticano, con un historial que incluye varios casos de abuso de alto perfil, como la investigación sobre los Legionarios de Cristo y su fundador, el difunto Padre mexicano. Marcial Maciel Degollado; los explosivos escándalos de abuso sexual clerical en Chile que involucran al difunto ex sacerdote Fernando Karadima; así como crisis de abuso en muchos otros países del mundo.
El año pasado, Bertomeu viajó a varios otros países de América Central y del Sur para manejar casos específicos de abuso, incluidos Bolivia, Honduras y Paraguay. En Paraguay, él y el cardenal brasileño Orani João Tempesta investigaron el caso de Belén Whittingslow, uno entre muchos en la creciente lista de adultos abusados en la iglesia.
Whittingslow, exalumna de la Universidad Católica de Asunción, acusó a su profesor, Cristian Kriskovich, de acoso sexual repetido en línea a través de mensajes e imágenes explícitos. Sin embargo, su caso civil fue desestimado y finalmente ella misma enfrentó cargos legales por supuestamente falsificar documentación y por daños a Kriskovich, lo que la obligó a huir a Uruguay, donde solicitó el estatus de refugiada.
La actual visita de Bertomeu a Perú es un acto en solitario y, según se informa, su objetivo principal será investigar al PES por acusaciones de fraude.
En octubre de 2023, un programa de televisión peruano publicó un informe acusando a la comunidad de realizar una estafa al no pagar un préstamo de 1.2 millones de dólares a un rico empresario jubilado.
Ese empresario, Fernando Reyes Hernández, dijo que había entregado el dinero a la parroquia Sagrado Corazón de Jesús administrada por el PES en 2017, dinero que según dijo provenía de la venta de su empresa y ahorros de más de 60 años de trabajo.
Dijo que los fondos se habían transferido mediante préstamos con contratos firmados, pero que en 2019 no había recibido ningún reembolso. En total, Hernández dijo que se habían firmado cuatro contratos y diez adendas porque los contratos anteriores expiraron y la comunidad no pagó nada.
Según fuentes de la Arquidiócesis de Lima, además de Reyes Hernández, decenas de personas más afirman haber sido defraudadas por el PES.
Aunque su visita a Lima es principalmente para investigar las acusaciones de corrupción financiera contra el PES, fuentes en Perú le han dicho a Crux que la investigación sobre el SCV está en curso y que recientemente se han tomado medidas contra varios miembros destacados.
Aunque las acusaciones se hicieron varios años antes, los escándalos que involucraban al SCV explotaron en 2015 cuando los periodistas peruanos Pedro Salinas y Paola Ugaz publicaron su exitoso libro Mitad monjes, mitad soldados, que narra años de presunto abuso sexual, físico y psicológico por parte de miembros del SCV. El propio Salinas es un ex miembro del grupo.
Figari fue acusado de abusos físicos, psicológicos y sexuales dentro de la comunidad, incluso contra menores, y fue sancionado por el Vaticano en 2017 y se le prohibió tener más contacto con miembros del grupo, y actualmente vive en el exilio.
Después de varios intentos fallidos de reforma y múltiples rondas de liderazgo temporal con delegados designados por el Vaticano supervisando el proceso, las víctimas afirman que poco ha cambiado y que la cultura interna sigue siendo la misma, con una corrupción profunda entre los miembros de la élite, mientras que los abusadores y aquellos que han encubierto acusados de diversos abusos continúan su ministerio sin obstáculos.
Durante las investigaciones del año pasado, Scicluna y Bertomeu se reunieron con víctimas del SCV y su dirección, así como con un político que publicó una investigación parlamentaria formal sobre el SCV, y un grupo de campesinos que acusaron de corrupción al arzobispo del SCV, José Antonio Eguren. y tráfico de tierras.
Fuentes en Perú han dicho a Crux que como parte de su investigación en curso sobre el SCV, el Vaticano ha enviado una serie de cartas que contienen acusaciones contra al menos ocho miembros de alto rango, dando a las autoridades del SCV 45 días para responder con las medidas punitivas que planean. imponer.
Las personas mencionadas en estas cartas incluyen al propio Figari; José Ambrozic, quien durante varios años vivió en Denver, Co., pero que ahora reside en Filadelfia y está acusado entre otras cosas de abuso físico y encubrimiento de abuso; y Eduardo Regal, quien actualmente es superior de la comunidad de Denver del SCV y quien también está acusado de abuso físico y encubrimiento de pornografía infantil, entre otros delitos.
Otro residente de SCV en Denver que es objeto de una de las cartas del Vaticano es Alejandro Bermúdez, periodista y ex director del Grupo ACI, propiedad de EWTN, un conglomerado internacional de medios que incluye el sitio web de la Agencia Católica de Noticias en inglés. Ahora dirige Tilma Strategies LLC y está afiliado al sitio web Catholic Vote.
Otros miembros del SCV que fueron objeto de las cartas del Vaticano son Óscar Tokumura y Edwin Scheuch, acusados de abuso físico y encubrimiento de abuso, entre otros delitos; el padre Luis Ferroggiaro, acusado de abuso de menor de edad; y Miguel Salazar, acusado de encubrir al notorio abusador de niños de SCV, Jeffrey Daniels.
No está claro cuándo concluirá el caso del Vaticano que involucra al SCV, sin embargo, el hecho de que ya se hayan enviado varias cartas implica que la fase preliminar de la investigación del Vaticano ha concluido y que se están tomando los primeros pasos.
Un portavoz del SCV no respondió a una solicitud de comentarios de Crux .