Reducen la condena a Julio Grassi por el dos por uno

Julio César Grassi tendrá una rebaja de un año y nueve meses, en su condena de 15 años de prisión por abuso sexual agravado contra un menor que fue confirmada por la Corte Suprema a fines de marzo del 2017. Recuperará su libertad el 10 de agosto de 2026, según un fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Uno de Morón que le redujo la pena en poco más de un año y nueve meses al otorgarle el beneficio del “dos por uno”.
El cómputo fue aprobado el 28 de marzo último por el presidente del mencionado tribunal de Morón, Claudio José Chaminade, pero recién tomó estado público a partir de la protesta pública del abogado querellante Juan Pablo Gallego, quien lo consideró “inadmisible” e informó que ya apeló esa decisión.
La resolución recordó que Grassi estuvo detenido desde el 23 de octubre al 21 de noviembre de 2002; luego, bajo prisión domiciliaria entre el 7 de marzo de 2012 y el 31 de mayo de ese año y finalmente, en el último período de detención, desde el 23 de setiembre de 2013 hasta la actualidad.
De acuerdo con la ley 24.390 se computan dobles los días que exceden a los dos años de prisión preventiva.
El abogado querellante Juan Pablo Gallego calificó como “inadmisible” y un “escándalo” a la decisión del Tribunal Oral número 1 de Morón porque crea “una crisis jurisdiccional desacatando un fallo de la Corte”. El letrado advirtió que según una interpretación alternativa, pero basada en el mismo fallo, “se le estarían reduciendo de la condena fijada algo más que dos años y seis meses de prisión”.
Por eso el letrado anunció que ya presentó una apelación contra esta medida y va a “continuar todas la vías recursivas hasta llegar a la Corte” para evitar que Grassi salga en libertad anticipadamente.
En diálogo con Télam, Gallego cuestionó por “errado” el cómputo del TOC, porque “incluso yerra en las fechas de detención de Grassi y computa como días de prisión momentos en que el cura estaba en TV y completamente libre”, en lo que interpretó como “el comienzo de una maniobra para liberarlo antes”.
Gallego explicó que el tiempo que corresponde tomar para la aplicación de este beneficio es “el cumplido en el penal de Campana” antes de que se produjera el fallo de última instancia producido por la Corte Suprema, es decir desde el 9 de septiembre de 2013 hasta el 21 de marzo pasado.
No obstante, el abogado se esperanzó en que “vamos a pedir recurso de per saltum para que vuelta a la Corte, que en fallo unánime confirmó la sentencia a 15 años de prisión”, dijo.
“Esto constituye un desacato al máximo tribunal, a quien le vamos a pedir que imponga su fallo y haga uso de su capacidad disciplinaria para que los jueces de menor rango acaten y den cumplimiento su fallo unánime”, dijo.
El abogado llamó la atención, además, sobre lo que “ha sido una constante durante los casi 15 años de causa Grassi” que cada vez que “este sujeto sufre un revés (en los tribunales), mágicamente obtiene un beneficio de la Justicia”.
Esto se explica, para Gallego, porque Grassi tiene un “enorme poder y una posibilidad y de influencia sobre los jueces que excede la de violadores comunes”
“Es un pederasta feroz que ha destrozado la vida de menores a su cargo; es una de las personas más poderosas de la Argentina que ha demostrado un gran capacidad de despliegue económico, con 25 defensores particulares accionando de forma permanente en la justicia para eludir el rigor con que corresponde que sea tratado un pedófilo”.
Respecto al camino por recorrer, el letrado informó que ya interpuso esta mañana “un recurso de apelación que primero contempla la posibilidad de que que el mismo Tribunal Oral en lo Criminal Número 1 revise esta medida equivocada”.
Pese a manifestar su “sorpresa” por esta medida, que “acerca más (a Grassi) a un estado de libertad”, Gallego recordó las numerosas vías por las cuales el cura logró evadir el cumplimiento de prisión en una cárcel común primero, y privilegios carcelarios después.
“Recordemos que, casi como una burla, estaba supuestamente detenido en una quinta de 7,200 metros frente a la Fundación sin ningún tipo de control. Y cuando nos quejamos de esta situación, finalmente fue conducido al penal de Campana, pero él tenía un acuerdo con el servicio penitenciario que le permitió armar una gran oficina”, agregó.
Fuente: Télam.

Televisor plasma y celulares: los privilegios de Grassi en la cárcel de Campana

Son algunas de las comodidades que tiene Grassi, que pasa sus días en el depósito de comida. Un informe de Clarín había adelantado que entregaba alimentos a cambio de seguridad.

El programa de televisión Periodismo para Todos denunció que Grassi, condenado a 15 años de prisión por abuso sexual a menores de edad, desvía donaciones de la Fundación Felices los Niños hacia el penal de N° 41 Campana. Hace dos meses, Clarín había contado cómo vive Grassi en el penal.
El sacerdorte de la Diócesis de Morón está aislado del resto de los reclusos. Está todo el día encerrado en el depósito de alimentos, donde ayuda a ordenar el lugar y, básicamente, deja que el tiempo transcurra lento. Ahí montó una especie de oficina. Se despierta todos los días cerca de las 7, cuando un agente penitenciario lo pasa a buscar por su celda.
Clarín mostró hace dos meses cómo vivía Grassi en Campana.
En el depósito de cocina, el cura acompaña al encargado del sector. Ceba mate y ayuda con el papelerío. “Organiza los partes de racionamiento y esas cosas. Pero nada de cocinar. Nunca corta una chuleta”, había comentado una de las fuentes a Clarín. Un rumor, ahora sostenido por la investigación de PPT, indicaba que Grassi donaba alimentos a cambio de seguridad: no por miedo a que lo mataran, sino porque todos le pedían algo cuando lo veían.
Grassi vuelve a su celda, que comparte con otro interno, recién a las 18. Un rato después recibe la cena y duerme o disfruta de uno de los privilegios con los que cuenta: su televisor LED de 21 pulgadas con conexión a una señal satelital. Según trascendió, en la última requisa detectaron que tenía cinco celulares con los que se comunicaba con el exterior.

Desviaban las donaciones de la Fundación Felices los Niños

La investigación del progama Periodismo Para Todos muestra cómo transportaban las cosas hasta la cárcel de Campana, donde está preso Grassi.

Efectivos de la Policía bonaerense allanaron la casa de Julio César Grassi y la Fundación “Felices los Niños” en el partido de Hurlingham, tras una denuncia de un supuesto desvío de donaciones al penal de Campana, donde cumple una condena por abuso sexual a menores de edad.
La Policía bonaerense trabajó en virtud de una denuncia realizada ante la Fiscalía número 8 de Morón, derivada de una investigación a cargo del programa Periodismo Para Todos que transmite canal Trece. Anoche, el programa Periodismo Para Todos (PPT) reveló la trama de poder que permite al cura seguir gozando de privilegios.
Juan Manuel Casolati, secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General de San Martín y director de la Fundación desde que Grassi fue detenido, advirtió el mal estado en el que se encontraba la Fundación e intentó contar con la ayuda del cura hasta que comprobó que él era el problema. Supo que la Fundación recibía muchísimas donaciones, pero que el estado de la misma no lo reflejaba. “Descubrí que entraban muchísimas donaciones a la Fundación y así como entraban se iban a la cárcel”, contó Casolati a PPT y detalló que la Fundación “recibe de todo, donaciones en especias, ropa, zapatillas, la empresa Ruemes aporta alimento. La Fundacion Felices los Niños compra alimento en la Fundación Banco de Alimentos, que vende comida a precios simbólicos. Y además, recibe donaciones de terceros, de particulares, de privados, de empresas a través de donaciones telefónicas”, dijo.
Casolati describió parte de la maniobra: “Ingresan a la Fundación retiran de la despensa alimentos y van a la cárcel. En otros casos, la Fundación compra alimentos en algún supermercado o reciben donaciones y van directamente a la cárcel. El sistema es bastante engorroso. Cuando no anda la Ford 100 usan la Sprinter, la cargan… con frutas, con verduras, con alimentos, con colchones, han llevado colchones con la sprinter a la cárcel”. Eso le permitiría a Grassi de gozar de múltiples privilegios en la prisión.
La Fundación que Grassi fundó en Hurlingham en los 90, sigue funcionando. Hoy viven ahí 54 chicos de entre 3 y 18 años. Son huérfanos, llegan desde hogares violentos y con graves problemas económicos. Pese a la causa judicial que condenó a Grassi, Felices Los Niños nunca dejó de recibir donaciones. Hasta hoy sigue funcionando un sistema de recaudación telefónico que genera importantes recaudaciones. Sin embargo, la Fundación se cae a pedazos. Padece severos problemas de infraestructura y servicios, además del déficit de víveres por los desvíos que se hacen a la cárcel en la que Grassi está detenido. Ese desvió de fondos que denunció Casolati fue verificado por el equipo de Canal 13 que siguió la ruta de las donaciones y de las compras de alimentos. Durante tres meses se investigó y quedó al descubierto que sus principales responsables son dos hombres de extrema confianza de Grassi: Iván Guex y Fabián Amarilla.
Grassi fue condenado en 2009 a 15 años de prisión por el Tribunal Oral de Morón por abuso sexual agravado de un menor de edad que vivía en la fundación “Felices los Niños”, que dirigía. Pero el cura quedó preso recién en septiembre del año pasado, cuando la Suprema Corte bonaerense ratificó la pena de 15 años a prisión por lo que pocos días después, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Morón ordenó la detención del cura, quien cumple pena en la cárcel de Campana. En junio pasado, la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó un pedido de excarcelación presentado por Grassi al desestimar un “recurso extraordinario de nulidad e inaplicabilidad de ley” contra la sentencia dictada.
Fuente: Diario Clarín de Argentina.

El ex obispo de Orán Gustavo Zanchetta fue condenado a 4 años y medio de prisión por abuso sexual

El Papa lo había nombrado en la entidad que administra las propiedades del Vaticano en 2017

El ex obispo de Orán Gustavo Zanchetta fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión efectiva por abuso sexual continuado agravado contra dos ex seminaristas por la Sala II del Tribunal de Juicio de esa ciudad del norte salteño que además ordenó su inmediata detención y traslado a una unidad carcelaria.
Así lo indicaron fuentes judiciales al precisar que se trata de la misma pena que había solicitado ayer la Fiscalía en su alegato, con argumentos basados en los informes psicológicos y psiquiátricos realizados al ex obispo en el juicio oral y público que comenzó el lunes 21 de febrero, en Orán.
Tras el veredicto del tribunal, integrado por los jueces María Laura Toledo Zamora, Raúl Fernando López y Héctor Fabián Fayos, el religioso Zanchetta fue esposado en la sala de juicio y trasladado a la Unidad Regional 2, de la Policía de la Provincia, donde quedó alojado a la espera de un cupo en la Unidad Carcelaria de Orán, informaron a Télam fuentes judiciales.
Los magistrados lo consideraron autor del delito de abuso sexual simple continuado agravado por ser cometido por un ministro de culto religioso reconocido, en perjuicio de dos ex seminaristas.
El actual obispo de Orán, Luis Scozzina, emitió un comunicado para renovar su “solidaridad y cercanía para con las víctimas y con todos los que se sintieron afectados durante todo el proceso judicial”, y explicó que “junto al pedido de perdón a las víctimas y a los seminaristas, quiero llamar a la comunidad diocesana a una sincera reconciliación ante las heridas provocadas por los gestos y actitudes de autoritarismo y de abuso de poder”.
Por su parte, el presidente y el secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), los obispos Oscar Ojea y Alberto Bochatey, también manifestaron su “cercanía con las víctimas” y les expresaron “un fuerte y sincero pedido de perdón en nombre de toda la Iglesia”.
“Estos dolorosos acontecimientos nos renuevan en la tarea comprometida y urgente de erradicar este tipo de conductas abusivas y continuar trabajando arduamente por la implementación de las medidas que la Santa Sede ha pedido a las Diócesis de todo el mundo, en la búsqueda de la verdad y la justicia”, sostuvieron, tras lo que le pidieron a consuelo para “el inmenso dolor de las víctimas y sus familias”.
En la primera jornada del juicio, Zanchetta -que estuvo acompañado por los abogados canónicos Javier Belda Iniesta y Francesco de Angelis- declaró y negó todas las acusaciones en su contra, y aseguró que tres sacerdotes le habían dicho que la denuncia en su contra se trataba de una venganza.
En tanto, las dos víctimas ratificaron sus denuncias y declaraciones formuladas durante la etapa investigativa.
Durante el juicio, varios testigos complicaron la situación del religioso, ya que de sus testimonios surgió que ejercía tratos inapropiados con algunos seminaristas y que se le encontraron fotos con contenido pornográfico en su teléfono celular, entre otros detalles.
Un joven denunció los episodios de contenido sexual que sufrió por parte de quien fuera obispo de la Diócesis de Orán, a partir de 2017.
Según la denuncia, estos abusos tuvieron como escenario el edificio del seminario Juan XXIII, de Orán, ubicado a 270 kilómetros al norte de la ciudad de Salta, y en un domicilio particular de la localidad de Los Toldos.
Luego, se sumó la denuncia de un segundo seminarista, que el 13 de febrero de 2019 relató haber sufrido episodios de significación sexual y conductas inapropiadas “frente al público y en el ámbito privado”.
Estos hechos habrían ocurrido desde 2016, en la casa parroquial San Antonio, en el edificio del seminario Juan XXIII y la casa del Obispo.
Zanchetta renunció como obispo de la Diócesis de Orán el 31 de julio de 2017, al argumentar problemas de salud, tras lo que abandonó la Argentina y se instaló en España, donde fue nombrado por el Papa Francisco como asesor del ente para la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, que gestiona los bienes y propiedades de la Curia Romana.
A la causa por abuso sexual, se le suma otra que investiga la Justicia salteña, por una posible estafa al estado o administración fraudulenta, cuando Zanchetta era el obispo de Orán, por lo que el 7 de noviembre de 2019 fue allanada la sede del obispado de esa ciudad, que está a 270 kilómetros al norte de la capital salteña.
Para llevar adelante la investigación que permitió la condena del exobispo, el Ministerio Público Fiscal de Salta (MPFS) creó una Unidad Fiscal compuesta por los fiscales Soledad Filtrín Cuezzo y Pablo Rivero, quienes a lo largo de todo el juicio presentaron pruebas y testimonios que derivaron en la condena.
En el mismo fallo, los jueces ordenaron su inmediata detención y determinaron que, una vez firme la sentencia, sea inscripto en el Banco de Datos Genéticos.
En los alegatos, el defensor oficial Enzo Giannotti solicitó la absolución de Zanchetta.
El juicio fue prorrogado en septiembre de 2021, por solicitud de Giannotti, quien argumentó que el expediente canónico que fuera solicitado como prueba por la defensa y también por la Fiscalía, no había sido recibido a la fecha.
En la oportunidad, los voceros detallaron que dicha prueba se tramitaba por vía diplomática ante la Santa Sede, por lo que los magistrados decidieron posponer el inicio del juicio -que había sido fijado para los días 12 al 15 de octubre- para los días 21 al 25 de febrero de 2022.
Alrededor de 40 testigos pasaron por el juicio contra el religioso. Familiares y allegados de las víctimas manifestaron su descontento por considerar injusto el fallo e insuficiente la pena otorgada al ex obispo.
El 8 de julio de 2021, los jueces de la Sala IV del Tribunal de Juicio de Salta condenaron a la pena de 12 años de prisión al sacerdote Rubén Agustín Rosa Torino por abuso sexual gravemente ultrajante agravado, en perjuicio de dos víctimas, y abuso sexual simple en perjuicio de una tercera víctima.
De esta manera, Zanchetta se convierte en el segundo miembro de la Iglesia Católica condenado en Salta, por causas vinculadas a abusos sexuales.
Fuente: Télam.