Por Martha Meier Miró Quesada- Diario EXPRESO.
El caso de los delincuentes confesos José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña, demuestra cuán favorable es la Ley de Colaboración Eficaz para los ladrones de élite y corruptores del aparato estatal. Los perencejos, José y Hernando, fueron directivos de Graña y Montero la principal socia de Odebrecht en nuestro país y parte fundamental de su mecanismo de saqueo y lavado, de miles de millones dólares, provenientes de ‘sobre costos’ en obras públicas a su cargo.
Los primos G. mintieron a fiscales y jueces; a la junta de accionistas de Graña y Montero; entregaron información amañada a la Superintendencia del Mercado de Valores, SMV; engañaron a la comisión investigadora congresal Lava Jato y, ahora, cinco años después –cuando el fruto de su colosal timo está a buen recaudo– recién entregan información sobre otros pútridos constructores y con qué autoridades confabularon para cargarse el país.
En agosto 2019, el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, se desistió de su solicitud de prisión preventiva para los Graña’s porque se acogieron a la colaboración eficaz en la investigación que se les sigue por múltiples casos: Club de la Construcción, Metro de Lima, las carreteras IIRSA Sur y Norte y el elefantiásico Gasoducto Sur Peruano, GSP. En los casi tres años transcurridos desde ser salvados de ser encerrados, los forajidos primos la han pasado muy bien, como cualquier vecino que logró fortuna decentemente. Ni prisión preventiva, orden de arraigo o incautación de algunos de sus valiosos bienes. La pareja disfruta de todas sus propiedades (casas de veraneo, embarcaciones, entre otras), así como acciones y derechos en otras empresas. Graña M.Q., por ejemplo, hasta tiene representante en el directorio del mayor conglomerado mediático del país, el Grupo El Comercio, en perjuicio de la imagen de esa institución y del puñado de socios decentes que repudiamos sus delitos, finalmente confesados.
Graña y Montero, hoy Aenza, fue parte fundamental del mayor esquema de corrupción de la historia peruana, pero sigue contratando con el Estado y las concesiones logradas siguen engordando su balance. La reparación civil que pagarán los primos es, por decir lo menos, ridícula: unos setenta millones de soles; mientras Graña y Montero (Aenza) alrededor de cien millones de dólares, en cómodas cuotas a veinte años. Un dinero que procederá de un ínfimo porcentaje de los nuevos contratos que siguen firmando con el Estado.
La Ley de Colaboración Eficaz ha pervertido el concepto de Justicia y la moral nacional, fomentando la ‘Corrupción Eficaz’. La cosa es más o menos así: se pueden robar miles de millones de dólares y al descubrirse el hurto, el culpable se acoge a la ‘colaboración’, entonces señala a sus cómplices más apetitosos para el circo mediático, y aquí no pasó nada. Así, el cuatrero disfrutará de la fortuna mal habida para su goce y el de sus descendientes.
Perulandia, paraíso de indignos.

Sigrid Bazán sobre posible suspensión de alumnos por denunciar violencia de género: «Es inaceptable»

Parlamentaria solicitó al rector de la PUCP mayor información sobre el caso.

Sigrid Bazán, congresista de Juntos Por el Perú (JPP), se pronunció sobre una supuesta suspensión por 16 semanas académicas contra un grupo de alumnos de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) por cometer presuntos actos de difamación contra docentes.
A través de un oficio presentado al rector de la PUCP, Carlos Garatea, la parlamentaria rechazó y calificó de «inaceptable» la medida recomendada por la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios de la universidad, bajo el informe N°047-2022/CDE-PUCP:
«Es inaceptable que se les pretenda privar de su derecho a la educación por un ciclo, cuando los estudiantes han válidamente denunciado actos de violencia de género e irregularidades en los procedimientos de investigación de hostigamiento sexual realizados por la universidad», se lee en el documento.
Por ello, Bazán solicitó a Garatea brindarle el estatus del caso, antecedentes e información de casos anteriores similares donde la sanción haya sido tan severa. «Reitero mi rechazo a la recomendación de una suspensión contra quienes además son dirigentes estudiantiles que estoy segura buscan velar por los derechos de la comunidad universitaria», acotó.
Como se recuerda, seis representantes estudiantiles difundieron en redes sociales denuncias de hostigamiento sexual contra dos profesores de la PUCP, Luis Jaime Castillo y Daniel Parodi. Tras tomar conocimiento de ello, a solicitud de los docentes, las autoridades abrieron procesos disciplinarios solo contra los alumnos.
Fuente: Diario EXPRESO.

Sancionades

Seis representantes estudiantiles podrían perder un ciclo académico por difundir en redes sociales las denuncias de hostigamiento sexual en contra de dos docentes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, casa de estudios que inició un proceso disciplinario luego que los maestros impusieran denuncias de difamación.
Las denuncias contra los profesores fueron compartidas por las redes sociales de la Federación de Estudiantes de la PUCP– FEPUC y el Centro Federado de Letras. El 14 de febrero, los universitarios fueron notificados del proceso con el que podrían retrasar sus estudios superiores
Los estudiantes denunciados, que ahora podrían ser suspendidos por 16 semanas académicas, son Micaela Alexia Balazar Quispe, Ingrid Scarlett Huanis Rivera, Romel Eloy Pua Sarmiento, Marco Antonio Palacios Ponciano, Adriana Jimena Verástegui Peña y Nicole Alexandra Baldeón Rafael.
“Nos pareció que era importante alertar a otros estudiantes sobre las denuncias públicas contra estos profesores”, detalló Adriana Verástegui, entonces secretaria de Género de la Mesa Directiva del Centro Federado de Estudios Generales Letras, a Wayka.
“Es una carga emocional muy grande esta persecución violenta, institucional y política por parte de la universidad y los profesores, ha afectado mis relaciones con mi familia, con mis amistades, con la misma universidad, con los estudios”, añade.
SIGUIENTE PASO
Esta semana se programará la votación del expediente del caso en la primera instancia, Comisión Disciplinaria, donde se podría o confirmar la sanción propuesta por la secretaría o se podría archivar el caso.
“Nosotros apuntamos obviamente a que no sancione en lo absoluto, así sea una semana está mal”, dijo Micaela Balazar, entonces presidenta de la Federación de Estudiantes de la PUCP, a este medio.
“Todavía tenemos una opción más para poder apelar y para poder defendernos, pero el problema es que desde el inicio, desde que nos mandaron el requerimiento de información, nosotros hemos aclarado que hemos estado ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión, a nuestro derecho a la protesta. Hemos también incluido bastante sustento legal de porque esto no configura la falta que ellos dicen y aun así ellos han decido recomendar la sanción (de 16 semanas académicas)”, agregó.
EL INFORME Y SANCIÓN
El informe de la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios llegó a la conclusión de que los seis estudiantes denunciados por los dos docentes deberían ser declarados responsables de haber incurrido en “actos de difamación contra otros miembros de la comunidad universitaria”.
Además, recomendaba sancionarlos con una suspensión de 16 semanas académicas a cada alumno; calificando el hecho como una falta grave mediante al numeral 17 y 18 del Reglamento Unificado de dicha universidad.
Este proceso se abre a partir de las denuncias interpuestas a la misma instancia por los docentes Luis Jaime Castillo y Daniel Parodi. Ambos solicitaron la investigación de supuestos actos difamatorios en su contra incurridos por los estudiantes.
EL CASO
Daniel Parodi había sido denunciado a través de la página “Profesores Acosadores Peruanos” por hostigamiento sexual a una de sus alumnas en la PUCP: Un día yo posteo que mi vecino de 3 años me vio saliendo de la ducha sin querer. Parodi dijo algo similar a ‘’nunca antes había envidiado tanto a un niño de 3 años”, se lee en la denuncia pública.
Por otro lado, también fue acusado por un alumno, en 2021, de violencia académica. Este hecho sucede luego que estudiantes de uno de sus cursos redactaran la “Carta de Horario 1HIS22-0885 a Autoridades de la Facultad” en 2020, solicitando al docente que no dicte el tema “Historia de la mujer en el Perú Republicano”. El delegado habría llamado al profesor notificándole y este, según la denuncia que realizó ante la Secretaría Técnica, le gritó y violentó.
En el caso de Luis Jaime Castillo, en 2020, una alumna egresada de la especialidad de Arqueología lo denunció formalmente por hostigamiento sexual y presuntos actos de “propiciar el consumo de alcohol en espacios educativos, mala praxis y exclusión de oportunidades académicas”. El informe también detalla que recibieron una carta suscrita por 4 testimonios, egresadas y exalumnas de la especialidad.
Con la investigación y recolección de testimonios, la Comisión Especial frente al Hostigamiento Sexual de la PUCP llega a la conclusión de que “se advierte la presencia de indicios de hostigamiento sexual”. Pero no se abrió un proceso formal.
Debido al caos y difusión, en 2021 la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos retiró a Luis Jaime Castillo por las denuncias en su contra.
Fuente: Infobae.com