Movadef y paraísos fiscales

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Aliado. Edgardo Adrianzén sindicado de integrar el Movadef en el norte del país al lado de Pedro Castillo (Facebook: Edgardo Adrianzén).

Por Harry Gordillo- Diario Perú21.
El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, ha negado hasta el cansancio tener vínculos con el Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso, pero demuestra lo contrario al corroborarse los vínculos que tiene la gente con la que coordina su campaña presidencial.
Agentes del Área Contra el Terrorismo (Arecoter) de la Policía de Lambayeque ha identificado al docente Edgardo Juvenal Adrianzén Ojeda, líder de la base de Huarmaca (región Piura) del Movadef, en una actividad proselitista que encabezó Castillo el lunes 26 de abril último, en la ciudad de Chiclayo.
Organigrama elaborador por la Policía de Lambayeque.
Se trató de una reunión entre docentes que tuvo lugar en el local de la Asociación de Huarmaquinos. La asistencia de Adrianzén se constata en un video grabado por el medio digital ‘Entrevistas Chiclayo’ en el que quedó registrada la llegada del aspirante presidencial a las 7:28 a.m.
Decenas de maestros lo esperaban en el lugar. Castillo llegó en una camioneta 4×4 negra de marca Toyota cuya propietaria, según los registros de la Sunarp, es Dayler Ramos Zevallos. Ramos figura como apoderada de tres empresas constructoras.
Antes de que el candidato descendiera del vehículo, aparecieron Edgardo Adrianzén y otros sujetos para desalojar a gritos a los periodistas que aguardaban al candidato.
“¡Bajen su cámara! Me estás grabando, eso no puede ser posible”, exclamaba muy nervioso Adrianzén.
Los periodistas fueron obligados a abandonar el recinto y la actividad de Castillo se desarrolló a puertas cerradas.
La identificación del miembro del Movadef fue inmediata por parte de la Policía. La identidad de Edgardo Adrianzén figuraba en un organigrama de la organización senderista del año 2012 que elaboró la misma división antiterrorismo mientras desplegaba sus acciones de inteligencia.
“Nos dimos cuenta de Adrianzén porque su rostro, junto al de otras tres personas, está dentro de un organigrama que elaboramos tras un largo trabajo de inteligencia cuando el coronel Jorge Linares (exjefe de la región policial Lambayeque) tenía a su cargo esta dependencia, en el año 2012”, comentaron fuentes policiales a Perú21.
Las mismas fuentes señalaron que el video está siendo analizado porque existe la sospecha de que más miembros del Movadef participaron de ese encuentro.
Este diario se comunicó con el secretario general de Perú Libre en la región Lambayeque, Humberto Heredia Morales, para corroborar la presencia de Adrianzén Ojeda en esa cita.
Heredia no descartó esa posibilidad, aunque se excusó alegando que no participó del encuentro por estar mal de salud. “Siempre habrá gente infiltrada o que quiera tomarse fotos”, expresó.
No es la primera que la Policía advierte la presencia del Movadef en Chiclayo. En enero del 2020, tres miembros de la organización fachada de Sendero fueron detenidos luego que se les hallara realizando campaña por el voto en blanco en las elecciones congresales.

Viaje de Vladimir Cerrón a paraísos fiscales bajo sospecha

Lleno de denuncias. Exgobernador regional es investigado por supuestamente lavar US$15 millones.

Por Junior Meza- Diario Perú21.
El líder de Perú Libre y jefe del candidato presidencial Pedro Castillo, Vladimir Cerrón, tiene cuentas pendientes con la justicia. Cerrón ha sido condenado por actos de corrupción cuando fue gobernador regional de Junín, pero afronta también otros procesos penales. Además de las nueve acusaciones fiscales que registra, como informó Perú21, tiene una investigación por lavado de activos en curso por hechos cometidos durante su primera gestión (2011-2014).
La Fiscalía de Huancayo le levantó el secreto bancario, bursátil, tributario y ordenó que se efectúen las pericias contables a la exautoridad, sus dos hermanos Fritz y Waldemar –este último elegido como congresista por Perú Libre–, y otras siete personas más como parte de la indagación por el presunto lavado de 15 millones de dólares.
La denuncia fue interpuesta en 2016 por Julián Ricardo Barzola Carhuancho, exfuncionario de entera confianza de Vladimir Cerrón. Barzola asegura que el exgobernador habría recibido ese millonario monto por parte de la empresa Chinalco a cambio de reubicar a los habitantes de la localidad de Morococha en el distrito Nueva Morocha.
De esa manera, según la hipótesis fiscal, la compañía asiática pudo iniciar el proyecto Toromocho, que es una mina a tajo abierto.
Según la Fiscalía, ese traslado se realizó sin la aprobación de un convenio marco que estaba proyectado a suscribirse en diciembre del 2012. De acuerdo a la denuncia, Cerrón era el destinatario final de ese monto, pero habría usado a su entorno familiar y laboral para ocultar el dinero.
Entre los investigados también se encuentran el exgerente general del gobierno de Junín, Henry López, y José Nieto, exsubgerente de acondicionamiento territorial.
Fuentes del Ministerio Público indicaron a Perú21 que López y Nieto habrían omitido sus deberes funcionales al permitir que la población residente de Morococha sea trasladada en 2012 sin la aprobación ni ejecución de dicho convenio.
Precisamente, esta pequeña ciudad fue construida por los mismos capitales chinos para desplazar a un aproximado de 1,200 familias que se encontraban dentro del área del proyecto minero.
Esta versión cobra fuerza con la declaración del representante de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Fred Moisés Goytendía, quien corroboró la intervención de las autoridades regionales.
Goytendía dijo a la Fiscalía haber participado de las coordinaciones para el reasentamiento de los habitantes de Morococha y reveló que fueron los representantes del gobierno regional de Junín quienes se opusieron a que se contrate los servicios de especialistas para la elaboración del Convenio Marco.
Fue de esa forma que, según ese testimonio, se dio paso a la mudanza de la población sin ningún acuerdo.
Prueba clave: los viajes
Unos meses después de entrar a gobernar la región Junín, Vladimir Cerrón y Henry López, su coinvestigado, viajaron juntos a Panamá: del 12 al 21 de julio de 2011, según detallan las fichas de movimiento migratorio de ambos y a las que este medio tuvo acceso.
En los meses de febrero y noviembre del 2012, López hizo dos viajes más, pero esta vez al país de El Salvador y la primera semana de enero del 2013 viajó a Panamá por siete días.
Estos viajes a los países considerados como paraísos fiscales han levantado las sospechas en el Ministerio Público. Las cuentas offshores suelen ser abiertas para sacar dinero sucio de un país.
Por ello, el fiscal Denis Rondón Castillo ha requerido información a esos países, vía Cooperación Judicial Internacional, para constatar si los investigados abrieron alguna cuenta offshore.
Rondón, además, requirió información al gobierno regional para conocer si los viajes de Cerrón y López fueron oficiales y si fueron declarados ante las instancias correspondientes.
En febrero pasado, el Poder Judicial otorgó seis meses a la Fiscalía para que realice pericias contables a Vladimir Cerrón y sus coinvestigados y así constatar si registran desbalance patrimonial.
Este diario se contactó con el gerente de comunicaciones de Chinalco, Francisco Sarmiento, para conocer la postura de la empresa. No obstante, dijo que no daría declaraciones.
El juez Leonidas Casas halla los restos del comunero Pedro Valverde, en Alto Mantaro. Había pasado un mes desde que desapareció. Foto: Juzgado de Paz de San Miguel de Ene.

La presencia de Sendero Luminoso en la selva peruana

Por Enrique Vera- Convoca.pe y CONNECTAS
Más de tres décadas después de haber protagonizado el mayor conflicto armado contra el Estado peruano, la organización terrorista Sendero Luminoso o, como ahora se denomina, Militarizado Partido Comunista del Perú, sigue sometiendo comunidades asentadas en los circuitos de la droga dentro del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). El grupo armado irrumpe en los pueblos, decide sobre las tierras e impone su brutal justicia.
El cadáver de Pedro Valverde apareció a diez metros de la casa de madera que había construido en su chacra, en el distrito de Vizcatán del Ene, selva del Perú. El juez de la comunidad, Leonidas Casas, lo halló entre la maleza, al borde de un riachuelo. Dentro de la casa encontró una olla con agua y, al lado, una taza de plástico vacía. Por eso la autoridad infirió que lo mataron allí al amanecer, cuando iba a prepararse algo antes de salir al campo. El estado del cuerpo evidenciaba que el asesinato de Valverde había ocurrido, cuanto menos, un mes atrás. Lo último que sus vecinos recuerdan de él es que participó en una tensa reunión de comuneros del centro poblado Alto Mantaro. Y que aquella tarde Pedro Valverde pronunció lo que habría sido su sentencia de muerte.
Para ese momento, enero del 2020, la policía había capturado a cinco informantes de Sendero Luminoso que operaban mimetizados entre los campesinos de Vizcatán del Ene. La Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía seguía el rastro de otros 12 comuneros por sus vínculos con el grupo armado en algunos pueblos que Sendero tiene bajo control: Valle Manantial, Alto Mantaro, Valle Hermoso y Jesús de Belén, todos en Vizcatán del Ene. El día de la reunión, temeroso pero decidido, Pedro Valverde expresó: “Voy a decir toda la verdad”. La mañana siguiente subió a su chacra por última vez. Él era uno de los campesinos que estaban siendo investigados. La Dircote comprobó después que Valverde era un colaborador de la organización armada.
“Cuando Sendero duda de uno, es casi seguro que lo va a asesinar. Lo hace ante la mínima sospecha de que alguien cooperará en las investigaciones de las fuerzas del orden”, indica el general Óscar Arriola, director de la Dircote.
Sendero Luminoso tiene establecido un orden criminal en los pueblos de Vizcatán del Ene. Lo fue forjando hace unos 15 años, desde que este era un sector de cocales en expansión y aún no se formaban los centros poblados que más tarde lo definieron como distrito de la región Junín. La ausencia del Estado ha permitido que la organización armada opere como propietaria de tierras, administradora de su propia justicia, recaudadora de pagos y como una fuerza de seguridad local solo en función de sus intereses, de acuerdo con el relato de comuneros entrevistados en la zona para este reportaje, autoridades y especialistas en temas de terrorismo.
Según el conteo que llevan algunos exdirigentes vecinales que han huido de Vizcatán del Ene por temor, durante los últimos 10 años Sendero ha asesinado a por lo menos 14 comuneros que rechazaban el sometimiento de sus pueblos o que eran acusados de cooperar con la Policía y el Ejército. Pero, como explica la Policía, algunas de estas víctimas no figuran en los registros oficiales, pues sus cuerpos no han sido encontrados.
Vizcatán del Ene está enclavado en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), uno de los territorios más inhóspitos y peligrosos del Perú. Para acceder a los pueblos más remotos de este sector hay que viajar 16 horas en auto, desde Lima, hasta Pichari (Cusco). De allí otras tres horas de trayecto por carretera y el río Ene hasta el centro poblado Tununtuari.
Este distrito agolpa cadenas de quebradas boscosas, ríos con crecidas violentas, y árboles que raspan los 60 metros. Las selvas de montaña más profundas de Vizcatán del Ene resultan infranqueables para quienes no tienen costumbre de atravesarlas. Los comuneros les dicen el monte; o el monte de donde vienen los ‘tíos’, cuando aluden a las columnas de Sendero Luminoso que emergen de estos parajes e irrumpen en sus pueblos. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) sostiene que cualquier operación aquí entraña una dificultad y riesgo en nada comparable a la de otros puntos conflictivos del Perú.

Grupo narcoterrorista asesina a 16 personas en el principal valle cocalero de Perú

Militares y un juez de paz reportan que la masacre ocurrió en una cantina de Junín, en el centro del país

Por JACQUELINE FOWKS– Diario El País.
En vísperas de las elecciones generales en 2011 y 2016, y en las regionales de 2014, columnas armadas del clan de los hermanos Jorge y Víctor Quispe Palomino, quienes alguna vez pertenecieron al grupo terrorista maoísta Sendero Luminoso, se atribuyeron emboscadas y asesinatos en la zona de mayor producción de hoja de coca en Perú, el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). Este lunes, a dos semanas del balotaje, militares y un juez de paz informaron que una columna ligada a Víctor (alias José) asesinó la noche del domingo a 16 personas y dejó heridas a otras tres en dos cantinas del centro poblado San Miguel del Ene, en la provincia amazónica de Satipo, región Junín.
Desde hace 17 años, los hermanos Quispe Palomino se instalaron en un reducto del VRAEM, en una zona geográficamente difícil para la actuación de las fuerzas del orden, para dedicarse al narcotráfico, a la extorsión y a dar seguridad a otros operadores del narco. Jorge, alias ‘Raúl’, fue ultimado en un enfrentamiento con las fuerzas del orden en octubre, en una zona de la provincia de Huanta (Ayacucho) perteneciente al VRAEM, pero las autoridades confirmaron su muerte en marzo de este año.
El juez de paz Leonidas Casas denunció el crimen múltiple este lunes a la fiscalía y la policía en el centro poblado Natividad, y relató que, alertado por el presidente de un comité de autodefensa y otro ciudadano, encontró 18 cadáveres en dos cantinas al pie del riachuelo Chimpinchariato, en el VRAEM. Horas después, un comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reportó que eran 14 fallecidos -por disparos de fusil- entre ellos los cuerpos de dos menores de edad calcinados. El juez de paz añadió que algunos heridos fueron atendidos en una posta médica y pidió apoyo a las autoridades para retornar al lugar de la masacre de modo que se cumpla el levantamiento de los cuerpos. “Nadie quiere ir”, aseguró. La noche de este lunes, la ministra de Defensa, Nuria Esparch, aumentó la cifra de fallecidos a 16.
Una fuente militar con conocimiento de los hechos, consultada por EL PAÍS, indicó horas después que el Comando Conjunto dispuso el apoyo para que Casas retornara acompañado a la escena del crimen. El jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas, el general del Ejército César Astudillo, comentó en la emisora Radioprogramas que el 10 de mayo el grupo armado al mando de Víctor Quispe (alias José) repartió volantes en el VRAEM advirtiendo que harían una “limpieza social” de lo que consideran “personas al margen de la ley o que se comporten de manera libertina”. “Nada justifica lo que han hecho esos criminales”, añadió. En una conferencia de prensa, el ministro de Justicia, Eduardo Vega, agregó que algunas víctimas fueron asesinadas con arma blanca y calificó el hecho como “un típico acto de terrorismo”.
El encabezado del volante distribuido el 10 de mayo dice: “¡Basta ya de males sociales, hay que empezar a limpiar! Basta ya de cuchipampas (…) “Limpiar al VRAEM y al Perú de antros, de elementos de mal vivir, de parásitos y corruptos”. En el sitio del crimen, el juez de paz encontró también un volante dejado por los criminales, pero la imagen que circuló en la prensa no era legible. La fuente militar consultada recordó que en marzo el mismo grupo secuestró a una familia y asesinó a cuatro de ellos en Huanta, región Ayacucho. “Luego de la muerte del líder ‘Raúl’, los cuadros buscan ascender y demostrar sus cualidades de ‘comandantes’ con estas acciones. Los mandos medios tienen una mentalidad abusiva”, anotó.
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas denomina Comité Central de Sendero Luminoso VRAEM al grupo que encabeza Víctor (alias José) Quispe Palomino, pese a que su objetivo no es la toma del poder, sino ganar dinero por medio de la extorsión, la vigilancia de las narcopistas y el traslado a pie de cargas de estupefacientes. El grupo maoísta que se alzó en armas en mayo de 1980 llamado Sendero Luminoso y que pretendía destruir el Estado y la democracia en Perú, causó el 54% de las más de 69,000 víctimas fatales en 20 años de conflicto armado interno en Perú, entre 1980 y 2000.
Este es el lugar donde, la madrugada del 9 de abril del 2016, fue emboscada una caravana militar en el distrito de Santo Domingo de Acobamba.

Matanza en Vraem: 500 terroristas integran organización criminal que mató a 18 personas en Vizcatán del Ene

Banda dirigida por Víctor Quispe Palomino, ‘José’, mueve unos 100 millones de dólares producto de la protección al narcotráfico, reveló el director de la ONG Waynakuna, Luis Sánchez Cáceres

Sendero Luminoso volvió a derramar sangre en el VRAEM. Unos 500 combatientes integran la organización criminal Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), que la noche del domingo asesinó a 14 personas, de acuerdo a confirmación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el Vraem. Ahora bien, ¿quiénes y cuántos conforman esta organización terrorista?
Según Luis Alberto Sánchez Cáceres, director de la ONG de derechos humanos Waynakuna, el alevoso ataque perpetrado por una columna de veinte personas fuertemente armadas, habría sido liderado por el terrorista de alias ‘Roger’, uno de los lugartenientes del jefe de esa banda criminal, Víctor Quispe Palomino, ‘Camarada José’. Otra de las cabecillas del MPCP es una mujer de alias ‘Vilma’ o ‘Elena’.
Sánchez Cáceres afirmó que esa organización criminal, que es la continuación de Sendero Luminoso, tiene bases de apoyo en la zona del Vraem, así como redes de información o espionaje a cargo de pobladores y agricultores cocaleros. Asimismo poseen armamento de primera generación, como fusiles GALIL o AKM que compran con dinero del narcotráfico o que han sido robados tras emboscar y matar a miembros de las fuerzas armadas y policías.
DIARIOS TERRORISTAS
Esta información, dijo el director de Waynakuna, consta en los diarios terroristas del clan Quispe Palomino, que esa ONG publicó en el 2018, donde se señala que es el narcotráfico el que financia las actividades del MPCP.
‘Camarada José’ se esconde en la zona de Vizcatán del Ene, precisamente el lugar donde se ejecutó la matanza. El terrorista mueve alrededor de 100 millones de dólares producto de la protección que brinda a las bandas de la droga en esa zona de selva. “Hay que recordar que el 70% del negocio de la cocaína se gesta en el Vraem, entonces el terrorismo está moviendo millones de dólares. No descarto que el dinero que reciben estén como fondos en paraísos fiscales y cuentas en el extranjero. Con ese dinero compran armamento, municiones y alimentos. Los ‘emepecistas’, como se les conoce, no están aislados completamente, tienen contacto con el mundo moderno”, indicó.
MENSAJE
Según precisó, con esta matanza los terroristas están dando un mensaje a la población para que no colaboren en actividades contra el narcotráfico o den información a la policía y las fuerzas armadas sobre las actividades de los narcos.
Y cuando señalan en los panfletos encontrados en el lugar de los asesinatos, que quieren limpiar el Vraem de antros y prostitución, están reconociendo que están en campaña electoral. Más aún cuando conminan al final del documento que quien vote a favor de Keiko Fujimori es un traidor. “Es un mensaje hacia los habitantes de todos los caseríos de la región para que voten de determinada manera”, manifestó.
Sánchez Cáceres expresó su indignación ante este tipo de atentados masivos contra los derechos humanos y pidió hacer un buen examen de medicina legal para determinar si las personas asesinadas fueron quemadas vivas o después de morir. “Si se confirma todo, es posible que los próximos pasos sea incendiar las ánforas electorales o atacar al personal de la ONPE que desarrollará los comicios de segunda vuelta”, alertó el especialista.
Fuente: Diario El Trome.

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