Por Iván Slocovich Pardo– Diario Correo.
Irónico que quienes a inicios del 2013, en tiempos de la revocatoria, se mostraban como los paladines de la decencia y la honestidad tras la figura de Susana Villarán, ahora estén siendo señalados por prácticas muy similares o peores a las que pesan sobre sus archirrivales de la otra orilla. Hoy los rostros visibles de la izquierda inmaculada y purísima se ven cubiertos de varios fajos de dólares no por señalamiento de “la derecha”, sino de parte de José Miguel Castro.
Lo que se ha conocido ayer a través de El Comercio, que ha dado cuenta de las últimas declaraciones de Castro ante el Ministerio Público, en que señala que la campaña del “no” también recibido dinero de Graña y Montero que más tarde fue en parte entregado a personajes como Anel Townsend, Marisa Glave y otros, es muy grave. Por menos de eso el Ministerio Público y el Poder Judicial han mandado a varios a la sombra de manera “preventiva”.
Para empezar, no creo que Castro esté mintiendo. Qué ganaría con embarrar a gente del entorno de Villarán si no fuera cierto. Tendría que ser suicida. Si lo que está diciendo es falso, podría ir a parar nuevamente a la cárcel. Dicho esto, es evidente que los mencionados por el ex gerente municipal están en un grave problema si es que se aplican con ellos los mismos criterios con que han actuado fiscales y jueces respecto a otros implicados en actos de corrupción vinculados al caso Lava Jato.
Lo que va quedando claro, de ser cierto lo señalado por Castro, que lo debe ser, es que en el entorno de Villarán los millones se movían con una facilidad pocas veces vista en la política peruana. Lo extraño es que ninguno de los “honestos” y “referentes morales” que rodeaban a la alcaldesa dijo una sola palabra ni encendió las alarmas al ver, por ejemplo, cómo una campaña tan “austera” como la del “no”, podía contratar a un publicista como Luis Favre y llenar la ciudad de costosos paneles.
Ahora nadie sabe nada y todo es mentira. Pero sería bueno que el Ministerio Público actúe con rigurosidad, aunque sin excesos como ha sido en otros casos, para llegar al fondo de la verdad, más allá de lo que digan los señalados. Acá no puede haber vacas sagradas ni intocables. Tampoco que nadie nos venga con la historia de que “soy honesta”, como decía Villarán. Lo concreto es que todo lo que tenga que ver con la campaña del “no” huele muy mal y tiene que ser esclarecido ante los ojos del país.CASO LAVA JATO

Rafael Vela: Cúpula de Villarán lavó US$7.5 millones

El jefe del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, estimó que la cúpula de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán lavó US$7.5 millones de Odebrecht, OAS y Graña Montero para el financiamiento de la Campaña de No Revocatoria (2013) y la campaña de reelección (2014).
En declaraciones a Ideele Radio, sostuvo que en ese caso la Fiscalía investiga a los exregidores Marisa Glave y otros, por los presuntos delitos de corrupción de funcionarios, lavado de dinero en la modalidad de organización criminal. En la pesquisa, José Miguel Castro es aspirante a colaborador eficaz.
Fuente: Diario Gestión.

Quien a hierro mata…

Por Mariella Balbi- Político.pe
Vizcarra nunca dialoga con el Congreso; solo ordena y quiere que este acate ‘chitón’ boca. Como la criada le salió respondona, ahora convoca a un inventado Consejo de Estado –mayoritariamente ‘vizcarrista’– inexistente en la Constitución, para que ponga paños fríos.
La actitud retadora de Martín Vizcarra con el Congreso, amenazando al primer poder del Estado con un referéndum si no reformaba el artículo sobre la inmunidad parlamentaria al gusto del gobernante de facto, causó gran revuelo y enfrentamiento político.
Pero el Congreso, más precario que el anterior (previo a que PPK-Vizcarra y el Tribunal Constitucional lo pervirtieran), le dio su vuelto. De un plumazo eliminó la inmunidad de altos funcionarios. Saltaron todos, el Ejecutivo y los afectados. Vizcarra habló de afrenta a la Constitución. Vaya cuajo; disolvió el Congreso con galimatías de “denegación de la confianza fáctica” y cuatro miembros del TC ‘santificaron’ el golpe de Estado.
El mandatario nunca dialoga con el Congreso. Solo ordena y quiere que este acate ‘chitón’ boca. Como la criada le salió respondona ahora convoca a un inventado Consejo de Estado –mayoritariamente ‘vizcarrista’– inexistente en la Constitución, para que ponga paños fríos.
Como en los gobiernos ineptos, Vizcarra es un adicto al poder absoluto y dictatorial. ¿Para qué quiere más? Se afirma que su popularidad es su manía y actúa en función de esta. Bastaría que hiciera las cosas medianamente bien y con la prensa claqueta a su servicio obtendría aceptación popular. Un imposible.
Para lo inmediato, el desaguisado creado es un psicosocial que busca ocultar el desalmado manejo del coronavirus. Ha hecho una mazamorra de cifras, miente sobre la carencia de oxígeno y la escasez de camas UCI. La guerrita contra las clínicas finalizó y fue inútil. No responde a la evaluación internacional que proyecta 45 mil muertos para agosto y un contagio mayor al de su dudoso registro.
Lo ha logrado parcialmente. Los medios no presentan la realidad hospitalaria, tocan cada vez menos el peligro del transporte público. Aunque se anuncia entrega de dinero hasta para las piedras, todo es humo. La población lo sabe, no le cree porque sufre la pandemia.
Vizcarra ya no puede quedarse, está desgastado, quiere irse bien. Léase sin problemas judiciales que lo metan en la cárcel, además de entregarle el control de la justicia a Odrebrecht. Para eso cuenta con la complacencia del grupo periodístico vinculado a la empresa corrupta. Súmele los casos Swing, ‘cuñadísimo’, Miriam Morales.
No pudieron embarrar al fiscal Gonzalo Chávarry con una enésima acusación constitucional en el Congreso. Insistieron y lograron una nueva investigación. La Suprema archivó un caso contra Chávarry. Presta y rauda la presidenta de una sala suprema (hermana de la ministra de Producción) lo reabre arbitrariamente.
También se quieren ‘chifar’ al fiscal supremo Tomás Galvez. La Junta Nacional de Justicia, altamente proclive al régimen, lo evalúa por unos audios ‘Cuellos Blancos’, ¡pero no están en el expediente! Vaya debido proceso. Muy probablemente sacará –con malas artes– a Chávarry y a Gálvez del juego. Vizcarra tendrá total control de los poderes del Estado.

Libertad de opinión bajo ataque

Por Ricardo Vásquez Kunze- Político.pe
Las elecciones ya empezaron. Uno lo sabe cuando empieza a caer la basura lanzada con cargadores frontales. Y la basura solo cae de un lado hacia los periodistas y políticos independientes que no bailan la cuerda al son que toca Palacio de Gobierno.
En menos de quince días los acontecimientos se han ido sucediendo sin pausa. Primero fue el hackeo a la página web del diario Expreso y a un diario digital que disienten del régimen. Hace apenas un par de días una conferencia organizada por zoom por la Coordinadora Republicana –en la que exponían la periodista María del Pilar Tello y la abogada experta en negociación y derechos humanos y exprocuradora del Perú ante la CIDH, Delia Muñoz– fue víctima de una invasión de pornografía de la peor ralea. El último fin de semana un sicario pata de palo agredió en el semanario H13 a los periodistas Mariela Balbi, Ricardo Uceda y Fernando Rospigliosi, todos con una verdad diferente a la del statu quo.
Yo mismo caí bajo fuego graneado de un portal digital oficialista, en el que se apaleaba a personajes periodísticos y políticos disidentes como Rafael Rey, José Barba, Juan Sheput o Víctor Andrés García Belaunde, por haber prometido durante mi campaña como candidato al Congreso velar para que Vizcarra no se reelija, según él mismo había prometido. Tan es así que tuve razón que, en efecto, Vizcarra invocó a SU PROMESA de no reelegirse y no a su OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL, como hubiera sido el caso.
Como se puede ver, la lista es amplia y es consecuencia de una amenaza directa del presidente cuando en una de sus “conferencias de prensa” sin periodistas lanzó, en plena cuarentena que naufragaba, que ya tenía “identificados” a los criticones. La cosa, sin embargo, no ha quedado ahí.
En lo que más se asemeja a un contubernio entre Palacio y la fiscal de la Nación, se han soltado los perros para que vuelvan a la caza. Los desvaídos fiscales Vela y Pérez han regresado a la noticia de primera plana, uno para echar barro a sus superiores en todas las tribunas oficiales y oficiosas pidiendo que lo dejen hacer lo que le venga en gana, mientras que el otro –cada día menos cuerdo– ha vuelto a solicitar prisión preventiva contra Keiko Fujimori por haber enviado una CARTA GRUPAL a sus congresistas conminándolos a defender los principios de la Constitución del 93, bajo el “argumento” de que uno de sus congresistas es testigo en su proceso y la sala judicial ha ordenado no tener contacto alguno con ellos.
Un disparate más qué importa para la prensa adicta al régimen. Si nadie puede expresar sus opiniones EN DEFENSA de la Constitución, ¿dónde estamos? ¿O la próxima campaña será con tapabocas?

Ministro de Trabajo

Un nuevo gabinete de ministros juramentó en Perú. Un cambio que incluye rostros nuevos para la política peruana, entre ellos al ministro de Trabajo, Martín Adolfo Ruggiero Garzón.
Su nombramiento ha recibido más de un cuestionamiento, sobre todo porque Ruggiero Garzón estaba asociado al estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez, un bufete de abogados que asesora a la empresa Tamshi SAC –antes Cacao del Perú Norte SAC– investigada y sentenciada por delitos ambientales.
Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), cree que existe el riesgo de que se presente un conflicto de intereses con la designación de Ruggiero como parte del gabinete de ministros. “El estudio del Ministro de Trabajo venía atacando al fiscal que investiga la deforestación ilegal en Loreto por el caso Tamshiyacu. Las presiones han sido fuertes y han solicitado que el fiscal Caraza se retire del caso. Atentos todos ante el riesgo de conflicto de interés”, comentó.Estudios jurídicos beneficiados con el programa Reactiva Perú.
En la carta enviada a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto, el abogado Juan Diego Ugaz Heudebert –del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez y defensor de Rey Bustamante– acusa al fiscal Caraza de haber cometido “conductas arbitrarias desde los delitos de abuso de autoridad y fraude procesal hasta infracciones administrativas”.
Fuente: Mongabay Latam.

Premier Cateriano acude al Congreso con el nieto de Belaúnde a pedir chepa

El flamante primer ministro Pedro Cateriano, acudió al Congreso de la República a exigir dos temas: que la presentación del gabinete se realice antes del 28 de julio y que se dejen de lado las interpelaciones a los ministros, entre ellos los de Educación y Economía. Como el presidente del Congreso Manuel Merino de Lama pertenece a las filas de Acción Popular (AP), el premier acudió a la cita escoltado por el ministro de Energía y Minas, Rafael Belaúnde.
El joven bachiller de Economía de la Universidad de Lima es nieto del fundador de AP, el expresidente Fernando Belaúnde Terry.
¿Caerá rendido el Congreso a la estrategia de Cateriano?
Fuente: www.gatoencerrado.net