Por Martha Meier Miró Quesada- Diario EXPRESO.
El único ‘acuerdo’ decente con Odebrecht es exigir la devolución de los billones que robaron, congelar sus obras y prohibirle contratar con el Estado al que saqueó sin ruborizarse. Pactar otra cosa es inmundo y la constatación de que la plata sucia sigue fluyendo por debajo de la mesa. Mientras los fiscales y procuradores del caso ‘Lava Jato’ –cuyos nombres no vale la pena invocar– señalan al fiscal de la Nación Pedro Gonzalo Chávarry, al “apro-fujimorismo” como los obstáculos para cerrar el trato con la ratera brasilera; pero no dicen que esta ya vendió la hidroeléctrica Chaglla en más de mil millones de dólares, y que en total sacarán por encima de cuatro billones transfiriendo otros activos. Bueno sería que el ‘acuerdo’ consistiera en la entrega del al Perú como Reparación Civil; vaya ingenuidad. Los rateros del Brasil apenas desembolsarán unos doscientos millones de dólares, en diez años, y seguirán contratando con el Estado como si nada hubiese pasado. ¿A favor de quién juega la justicia nacional?
Los corruptos que favorecen a Odebrecht han sabido dirigir el odio de la costra ‘anti-aprofujimorista’ para defender los intereses de la mugre. Como escribió ayer Fernando Rospigliosi en El Comercio: “hay gente muy corrupta que hasta ahora está saliendo bien librada del Caso Lava Jato y que espera beneficiarse con el control de las instituciones que están conquistando. Ahora van por la cabeza de Pedro Chávarry y la sujeción del Ministerio Público […] Esa es una pieza fundamental de su estrategia”. ¿Y quién quiere tomar por asalto el Ministerio Público, pues el presidente accesitario ingeniero Martín Vizcarra, quien según denuncias tuvo vínculos empresariales con las consorciadas de Odebrecht? Tanta fue su preocupación de que Chávarry desembarcara del caso a su vocal afín, José Domingo Pérez, que plantó la juramentación del nuevo presidente del Brasil Jair Bolsonaro, volviendo anticipadamente al Perú, para interferir groseramente con la autonomía del MP y amenazar al Congreso. Una facción de la Fiscalía le exige al ingeniero Vizcarra respetar su independencia y anuncia que la “declaración de emergencia” propuesta por él será desobedecida. El Congreso ya adelantó que prefiere su cierre antes de aceptar el inconstitucional proyecto vizcarrista. Pregunto, ¿si a uno le roban millones no es lógico recuperar primero el dinero y después preocuparse de quiénes fueron los cómplices de los ladrones? ¿A qué tanta alharaca por nombres si nos quedaremos sin el dinero?

¿Puede la democracia ser tiránica?

Por Francisco Tudela- Lampadia.com
Los acontecimientos dramáticos por los que transita la política venezolana de hoy en día me han llevado a rememorar una interesante conversación, en 1998, con John Coatsworth, el primer director del Centro David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard.
A escasos seis años del autogolpe del presidente Fujimori, el 5 de abril de 1992, conversábamos en el jardín de dicho centro de estudios sobre el aguante de los peruanos a la crisis sistémica de los 80, el desarreglo general del Estado, el descalabro de sus finanzas y la expansión homicida del terrorismo. Yo le pregunté si él consideraba que la ruptura democrática fue una alternativa válida para salir de una crisis semejante y Coatsworth me dijo que no, que no había más alternativa que las elecciones.
¿Y si las elecciones no resolvían la crisis? Coatsworth me dijo entonces que había que esperar otros cinco años e ir nuevamente a elecciones; y si eso no funcionaba, había que esperar otro mandato más y así sucesivamente, “ad infinitum”, hasta que finalmente llegue el gobierno correcto.
Sus respuestas me hicieron recordar a Jacobo I de Inglaterra, quién fue el sucesor de Isabel I de Inglaterra. Fue un mecenas de las artes y las letras, patrocinando a Shakespeare, John Donne y Francis Bacon, entre otros. Tradujo la Biblia y escribió panfletos contra la brujería y el tabaco, además de plantar, por su irresponsabilidad política y financiera, la semilla de la guerra civil inglesa.
Jacobo I escribió “La Verdadera Ley de las Monarquías Libres”, donde sostenía, en defensa de la legitimidad monárquica, que, si Inglaterra tuviera un Rey malvado, este sería enviado por Dios como una maldición y una plaga para que el pueblo purgue sus pecados. ¿Podía el pueblo rebelarse? ¡De ninguna manera!, afirmaba Jacobo I. El pueblo, sugería el Monarca, solo tenía como alternativa la paciencia, las oraciones fervientes a Dios y el enmendar sus vidas, hasta que el malvado Rey cambiara su conducta o muriese, siendo relevado por su sucesor.
El paralelismo entre soportar pacientemente malos gobiernos elegidos democráticamente y sufrir, orando fervientemente, a malos monarcas, resulta chocante. La generación jesuita contemporánea de Jacobo I, especialmente el Padre Juan de Mariana, desarrollaron la tesis del tiranicidio para librarse de los reyes malvados.
Los católicos ingleses, trataron de volar a Jacobo I con todo el Parlamento en la “Conspiración de la Pólvora”, en 1605, pero fallaron. Los Estuardo y los Borbones hicieron quemar estos textos regicidas en las plazas públicas, pero lo esencial quedó: la insurgencia contra los gobiernos malvados era legítima. No sé si el puritano Cromwell leyó al papista Mariana, pero envió al Rey depuesto Carlos I, el hijo del buen Jacobo I, al cadalso, después de una parodia de juicio.
Coatsworth tiene razón, pero solamente en la medida de que aún en medio de la peor crisis se conserve el gobierno de las leyes. Esa es la característica esencial de la democracia republicana: el gobierno de las leyes a las cuales se supeditan todos los gobernantes. Pero no tiene razón cuando un gobierno electo usurpa el poder desde el interior del régimen, sin golpe militar ni nada por el estilo, cambiando la Constitución, acomodándola para quedarse en el poder. Allí los gobernantes están sobre las leyes y sólo la insurgencia puede desalojarlos, pues al no haber estado de derecho, ya hay tiranía, como en la Venezuela de hoy.