Asistieron los cancilleres de los países de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), tres del Mercosur (Argentina, Brasil y Paraguay). Además de Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá de América Central, más tres Estados caribeños: Jamaica, Santa Lucía y Barbados. A ellos se sumó Canadá.(Foto: ÓSCAR MEDRANO)

Cancilleres firmaron la Declaración de Lima

Diplomáticos reunidos en Torre Tagle llegaron a 16 acuerdos para hacer frente a la grave crisis que atraviesa Venezuela.
Por Luis F. Jiménez-Revista CARETAS.
La reunión de cancilleres realizada en Lima el 8 de agosto pasado, convocada por el canciller peruano Ricardo Luna, reflejó las preocupaciones expresadas desde el inicio de su gobierno por el presidente Pedro Pablo Kuczynski sobre la grave situación que afecta a Venezuela.
Asistieron los cancilleres de los países de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), tres del Mercosur (Argentina, Brasil y Paraguay). También asisten de América Central Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá a los cuales se agregan tres Estados caribeños: Jamaica, Santa Lucía y Barbados. A ellos se suma Canadá (15 países).
El canciller de Uruguay asistió pero se retiró a la hora debido a las profundas divisiones en el gobernante Frente Amplio, fisurado por la exclusión de Venezuela del MERCOSUR.
Cabe notar la ausencia de Estados Unidos que es una pieza clave en lo que respecta a la adopción de sanciones y pronunciamientos sobre democracia y derechos humanos. Se mencionó que se habría buscado evitar que esta reunión fuera atacada por el gobierno venezolano al considerarla como parte de una confabulación de EE.UU. contra él; también se pensó en el fuerte rechazo que provoca Donald Trump en América Latina.
También están ausentes los países afines al gobierno venezolano: Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana. Un signo positivo es la presencia de tres Estados caribeños que forman parte del CARICOM que había estado actuando en bloque defendiendo las posiciones del gobierno de Venezuela.
La Declaración de Lima, leída al inicio de la conferencia de prensa, es un esfuerzo importante para alcanzar consensos sobre medidas específicas para incidir sobre la crisis venezolana. Su condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela es la piedra fundamental sobre la que se asienta el conjunto del texto que sigue con el desconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente y de los actos que de ella emanen, por considerarla ilegítima.
De estas afirmaciones se deriva el reconocimiento de la Asamblea Nacional como el órgano de verdadero origen democrático y el desconocimiento de las medidas que sean adoptadas sin su aprobación, exigida por la Constitución vigente. Este aspecto es clave pues en esa categoría de actos se encuentran la ley de endeudamiento externo y las concesiones de explotaciones energéticas o mineras que tanto interés despiertan en China y Rusia.
Los Estados reunidos también condenaron “la violación sistemática de los derechos humanos, la violencia, la represión y la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres”.  También manifestaron su preocupación por la crisis humanitaria que afecta Venezuela y condenaron “al gobierno por no permitir el ingreso de alimentos y medicinas”.
Los Estados asistentes, se comprometieron a realizar “un seguimiento de la situación en Venezuela, a nivel de cancilleres, hasta el pleno restablecimiento de la democracia en esos países”. Manifestaron que la próxima reunión se realizaría con motivo de la Asamblea de las NNUU, ocasión en la que podría sumarse otros países.
Expresaron su decisión de continuar con la aplicación de la Carta Democrática cuyo única medida adicional podría ser la suspensión de Venezuela como Estado miembro de la OEA, medida carente de sentido ante el retiro de la Organización que ha decidido el país afectado.
La Declaración de Lima manifestó “su disposición a apoyar de manera urgente y en el marco del respeto a la soberanía venezolana, todo esfuerzo de negociación creíble y de buena fe, que tenga el consenso de las partes y que esté orientado a alcanzar pacíficamente el restablecimiento de la democracia en el país.”
Se esperaba la reacción del gobierno venezolano y sus aliados que estaba reunidos en Caracas.
Los cancilleres de los países del ALBA, reunidos en Caracas el mismo martes 8, expresaron su apoyo al gobierno venezolano y saludaron a la Asamblea Constituyente. Rechazaron las sanciones de EE.UU. contra autoridades venezolanas y “los ataques de la derecha nacional e internacional,” en los mismo términos que los empleados por el gobierno de Nicolás Maduro. La división hemisférica es profunda.
¿CÓMO SE GESTA?
Esta invitación sigue a la convocatoria de una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores (RC), también propuesta por Perú en el marco de la Carta de la OEA, que quedó instalada el 31 de mayo de 2017 (XXIX RC).
Las divisiones entre sus integrantes ha impedido que la RC adopte decisiones sobre pronunciamientos y, menos aún, sobre medidas para asistir en la solución de los graves problemas creados por la crisis venezolana. Igual situación ha afectado a la Asamblea General de la OEA.
El empeoramiento de la situación en Venezuela, acelerada con la instalación de la Asamblea Constituyente convocada por Maduro, ha provocado fenómenos migratorios y amenaza con tener graves repercusiones económicas y de política internacional en el hemisferio.
Ello motivó la invitación de la cancillería peruana para abordar estos delicados problemas en un ámbito de relativa informalidad en la búsqueda de consensos sobre medidas que les permitan encausar la solución de los problemas venezolanos a través del diálogo y la negociación entre las partes que, debido a la extrema polarización de la situación interna, parece difícil de lograr sin alguna forma de cooperación externa.
LAS DISCREPANCIAS Y EL PARÁLISIS
Las posiciones en el hemisferio difieren marcadamente y provocan la parálisis. Un grupo de países considera que se ha producido en Venezuela una destrucción sistemática de la institucionalidad democrática, afectando los derechos humanos cuya vigencia ha sido proclamada oficialmente por la Organización.
La posición del gobierno venezolano es que se encuentra bajo el ataque de sectores políticos que, apoyados por potencias extrajeras, se oponen a la construcción del modelo socialista de sociedad decidido por el pueblo venezolano. Según el gobierno, ese ataque incluye medidas económicas y financieras que han provocado graves consecuencias sobre las condiciones de vida de la población.
Estas divergencias, traducidas a la estructura jurídica de la OEA, provoca que unos Estados consideren que la democracia y los derechos humanos constituyen imperativos a los cuales deben adaptarse los gobiernos. El gobierno de Venezuela, por su parte, sostiene que sus acciones están protegidas por el principio de no intervención consagrado en la Carta de la OEA. Este argumento ha sido reforzado por una red de vínculos económico y, especialmente, energéticos que le permiten contar con los votos de los países beneficiarios que bloquean los acuerdos.
Debe señalarse que, a través de la historia hemisférica, todas las dictaduras se ampararon en el principio de no intervención para violar los derechos humanos y destruir la institucionalidad democrática.

Uruguay: Insensatez llevó a suspensión indefinida de Venezuela del Mercosur

El canciller Rodolfo Nin Novoa dijo que la postura de Uruguay en Mercosur fue coordinada con el presidente Tabaré Vázquez.
La decisión de suspender de manera indefinida a Venezuela del Mercosur se tomó “ante la insensatez de otras partes”, dijo hoy el canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, sobre la negativa del gobierno venezolano de escuchar los pedidos que se le hicieron para que fomentara el diálogo.
“Ante la insensatez de otras partes, la verdad es que hay que tomar estas medidas”, afirmó Nin Novoa en una entrevista con el programa de radio local En Perspectiva.
El canciller indicó que Uruguay “pudo haberse abstenido pero no se abstuvo” en la toma de decisión, postura que fue determinada junto con el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, y que fue una decisión “pensada y meditada como prueba todo el tiempo que transcurrió haciendo esfuerzos para que no sucediera”.
“Todos los actos tienen consecuencias, deseadas o indeseadas. La negativa a conversar, a dialogar, a acordar tiene consecuencias”, aseveró el canciller.
Nin Novoa subrayó que la sanción es “es una señal política” y que “desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas y desde lo que le va a suceder al pueblo venezolano cambia poco en la medida que no haya voluntad de dialogar” por parte del gobierno que preside Nicolás Maduro.
El ministro uruguayo relató que desde el pasado 1° de abril Uruguay le pidió a Venezuela “la posibilidad de hacer consultas a los efectos de ayudar a superar” la situación que vive el país y que la contestación que recibió fue que estaban dispuestos a hablar de otros temas pero no de ese.
“Por tanto, las gestiones ante el gobierno (venezolano) resultaron infructuosos y decidimos aplicar lo que está previsto en el Protocolo de Ushuaia” del Mercosur, que permite la imposición de sanciones a los países en los que se rompa el hilo institucional.
Nin Novoa dijo que también influyó el proceso de asamblea nacional constituyente (ANC) que inició el gobierno del país caribeño, al que Uruguay exhortó el pasado lunes a abrir una vía de diálogo con la oposición antes de su instauración, para acordar la liberación de presos políticos, entre otras cosas.
“Y ante la negativa cerrada del gobierno de Venezuela no había otra alternativa más que la que tomamos”, recalcó, quien detalló que este año hizo 22 convocatorias al Ejecutivo venezolano para fomentar el diálogo.
“Cuando se pasa por encima a la Asamblea Nacional (Parlamento) y ahora se hace una ANC que se supone que es para reformar la Constitución y lo primero que se hace es echar a la fiscal general de la nación (Luisa Ortega) la verdad es que cada vez se muestra la intencionalidad de lo que es esta ANC”, comentó el ministro.
El canciller manifestó que la suspensión de Venezuela no es una decisión que se tome con alegría porque “duele mucho separar a una nación latinoamericana de un proceso de integración”.
Para revertir la situación, lo que se le pide a Venezuela es que asegure “el pleno goce de los derechos humanos en toda su extensión, la liberación de los presos políticos, establecer un mecanismo de diálogo, la separación de poderes…todos las cosas que hemos dicho a lo largo de 2016 y 2017”, explicó Nin Novoa.
En Venezuela se registra desde el 1° de abril una serie de manifestaciones a favor y en contra del gobierno, que dejan 121 muertos, situación que se agudizó desde la instalación de la asamblea constituyente el pasado viernes, que no es reconocida por la oposición y varios gobiernos y organismos internacionales.
A esa crisis se sumó ayer la sublevación de unos 20 hombres vestidos de militares y portando armas largas que dejó dos muertos y ocho detenidos.
Fuente: EFE.

El colapso de Venezuela explicado en cinco pasos

Por Max Fisher y Amanda Taub-The New York Times.
Si examinamos las cifras económicas, Venezuela se parece a los países azotados por las guerras civiles.
Se estima que su economía, que en el pasado fue una de las más ricas de América Latina, se contrajo en un 10 por ciento en 2016, más que la de Siria. Se estima que la inflación superará un 720 por ciento, casi el doble que Sudán del Sur (que ocupa el segundo lugar en la lista de países con mayor tasa), lo que ha convertido al bolívar en una divisa casi sin valor.
En Venezuela, que cuenta con las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, la escasez de alimentos es tan aguda que tres de cada cuatro ciudadanos han adelgazado de forma involuntaria, con una pérdida de peso promedio de 8,5 kilos en 2016, según un sondeo.
En las calles de las ciudades abundan los mercados negros y la violencia. La última tasa de homicidios reportada, en 2014, fue equivalente a la tasa de víctimas civiles de la guerra de Irak en 2004.
Su democracia, durante mucho tiempo un motivo de orgullo, está cerca de convertirse en la más antigua en colapsar debido a la implantación de un modelo autoritario desde la Segunda Guerra Mundial. Las estrategias de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder, como la reciente convocatoria a una constituyente, han desatado protestas y una escalada represiva que ha provocado el fallecimiento de docenas de personas en las últimas semanas.
Las democracias tradicionales no deberían hacer implosión de esta manera. Steven Levitsky, un experto en ciencias políticas de la Universidad de Harvard, dijo que Venezuela era uno de los “cuatro o cinco” casos. De esos países, ninguno era tan rico ni colapsó de forma tan profunda. “En la mayoría de los casos”, dijo, “el régimen renuncia antes de que empeore tanto”.
La crisis venezolana se debe a una serie de medidas cuya progresión es clara, en retrospectiva, y algunas de las cuales fueron muy populares cuando se implementaron.
Agentes de la Policía Nacional Bolivariana cierran el paso de una marcha celebrada este 1 de mayo, Día del Trabajador. Crédito Federico Parra/ Agence France-Presse-Getty Images.
Un sistema bipartidista
Cuando se instauró la democracia en Venezuela en 1958, los tres partidos más importantes del país -que luego se redujeron a dos- acordaron alternarse en el poder y repartir los ingresos petroleros entre sus electores.
Ese pacto, concebido para preservar la democracia, terminó por dominarla. Las élites de los partidos escogían a los candidatos y bloqueaban a las figuras independientes, haciendo que la política respondiera menos a los intereses colectivos. El acuerdo para compartir la riqueza que proviene de los ingresos petroleros fomentó la corrupción.
La crisis económica de la década de 1980 hizo que muchos venezolanos concluyera que el sistema estaba manipulado en su contra.
En 1992, unos militares liderados por el teniente coronel Hugo Chávez Frías intentaron dar un golpe de Estado. Fracasaron y fueron encarcelados, pero su mensaje antisistema resonó entre la población, catapultando a Chávez a la fama.
El gobierno instituyó una serie de reformas destinadas a salvar el sistema bipartidista, pero eso empeoró la situación y nuevos cambios en las reglas electorales permitieron que otros partidos pudieran participar en los procesos electorales. El presidente de ese momento, Rafael Caldera, liberó a Chávez como un gesto de tolerancia.Pero la economía empeoró. Cuando Chávez fue candidato a la presidencia en 1998, su mensaje populista de devolverle el poder al pueblo lo llevó a la victoria.
La eterna lucha del populismo contra el Estado
A pesar de la victoria de Chávez, los partidos tradicionales todavía dominaban las instituciones gubernamentales que él veía como antagonistas o incluso como amenazas potenciales.
Convocó una asamblea constituyente que aprobó una nueva constitución y llevó a cabo purgas en los cargos gubernamentales. Algunas decisiones fueron muy populares, como las reformas judiciales que redujeron la corrupción. Otras, como la abolición del senado, parecían tener un objetivo más amplio.
“Él estaba reduciendo los controles potenciales de su autoridad”, dijo John Carey, un investigador en Ciencias Políticas del Dartmouth College. Carey explica que debajo de su retórica revolucionaria, en realidad fue un proceso de “ingeniería institucional bastante inteligente”.
La desconfianza hacia las instituciones a menudo lleva a los populistas, que se ven a sí mismos como los verdaderos representantes del pueblo, a consolidar su poder. Pero en muchas ocasiones las instituciones se resisten, originando conflictos que pueden debilitar a ambos bandos.
Una fila de cientos de personas que esperaban poder comprar alimentos en un supermercado estatal de la ciudad portuaria de Puerto Cabello. Crédito Meridith Kohut para The New York Times.
“Incluso antes de la crisis económica, se ven dos cosas que los científicos políticos identifican como las bases menos sostenibles para el poder: el personalismo y el petróleo”, dijo Levitsky.
Cuando los miembros de los grupos empresariales y políticos se opusieron a una serie de decretos ejecutivos en 2001, Chávez los declaró enemigos de la Revolución.
Como el populismo describe a un mundo dividido entre las personas justas y la élite corrupta, cada ronda de confrontación traza líneas entre diversos puntos de vista calificándolos como legítimos e ilegítimos, lo que puede polarizar a la sociedad.
Un golpe que lo cambió todo
En 2002, en medio de una recesión económica, la indignación contra las políticas de Chávez se intensificó en protestas que amenazaron con saquear el palacio presidencial.
Cuando el presidente le ordenó a los militares que restablecieran el orden, fue arrestado y se instaló un presidente interino.
Chávez cambió la política exterior del país, alineándose con Cuba y con los insurgentes armados colombianos, lo que enfureció a algunos líderes militares. Los líderes golpistas se sobrepasaron en sus medidas al disolver la constitución y la Asamblea Nacional, lo que desató las protestas que rápidamente devolvieron a Chávez al poder.
Un trabajador de una panadería rodeado de anaqueles vacíos en Boca de Uchire, Venezuela. Crédito Meridith Kohut para The New York Times.
En ese momento su mensaje de lucha revolucionaria contra los enemigos internos dejó de parecer una metáfora para reducir la pobreza. Carey lo define como un “momento enormemente polarizador” que le permitió decir que la oposición “trataba de vender los intereses venezolanos”.
Él y sus partidarios empezaron a ver la política como una batalla radical para su supervivencia. Las instituciones independientes eran vistas como fuentes de peligro.
Las licencias de los medios críticos fueron suspendidas. Cuando los sindicatos protestaron, fueron debilitados por listas negras o remplazados completamente. Cuando los tribunales desafiaron a Chávez, suspendió a los jueces hostiles y llenó al Tribunal Supremo de Justicia con sus simpatizantes.
El resultado de todas esas medidas fue una intensa polarización entre dos segmentos de la sociedad que ahora se veían como amenazas existenciales, lo que destruyó cualquier posibilidad de negociación.
Apuesta por el caos urbano y los grupos armados
El golpe de 2002 le enseñó a Chávez que una alianza con los grupos armados conocidos como colectivos podría ayudarle a controlar las calles donde los manifestantes lo removieron del poder.
Los colectivos empezaron a recibir fondos gubernamentales y armas, por lo que se convirtieron en agentes políticos. Los manifestantes aprendieron a temerle a esos hombres que llegaban a dispersarlos, montados en motocicletas de fabricación china, porque, a menudo, sus acciones provocaban la muerte de algún manifestante.
El poder de los colectivos creció y llegaron a desafiar a la policía por el control de diversas zonas. En 2005, expulsaron a la policía de una región de Caracas, que tiene decenas de miles de residentes.
Aunque oficialmente el gobierno nunca aprobó esa violencia, elogió públicamente a los colectivos, otorgándoles una impunidad tácita. Muchos explotaron eso para participar en el crimen organizado.
Alejandro Velasco, profesor de la Universidad de Nueva York, estudia a los colectivos y dijo que posteriormente esos grupos se unieron a criminales “oportunistas” que aprendieron que “agregarle una pequeña dosis de ideología a sus operaciones” podía garantizarles la impunidad.
La criminalidad y la anarquía florecieron, lo que aumentó las tasas de homicidio.
La grave crisis económica
El presidente Nicolás Maduro, quien llegó al poder después de que Chávez murió en 2013, heredó una economía desastrosa y poco apoyo entre las élites y los sectores populares.
Desesperado ante esa situación, repartió el liderazgo. El Ejército, sector con el que tiene menos influencia que su predecesor, se hizo con el control de los lucrativos negocios de las drogas y los alimentos, así como de la minería de oro.
Al no poder mantener los subsidios y programas de bienestar, imprimió más dinero. Cuando eso impulsó la inflación y el aumento de los precios de bienes básicos, también instituyó controles de precios y fijó el tipo de cambio de la moneda.
Esto hizo que muchas importaciones fuesen extremadamente caras y muchas empresas cerraron en consecuencia. La respuesta de Maduro fue imprimir más dinero: la inflación volvió a crecer, por lo que la comida se volvió muy escasa. Ese ciclo de medidas gubernamentales destruyó la economía venezolana.
También empeoró la violencia callejera porque, al vaciarse las tiendas estatales, se multiplicó el mercado negro. Los colectivos, al depender menos del apoyo gubernamental, tomaron el mando de la economía informal en algunas zonas y se volvieron más violentos y difíciles de controlar.
Maduro trató de restablecer el orden en 2015, desplegando unidades policiales y militares fuertemente armadas. Pero las operaciones se convirtieron en “baños de sangre”, según Velasco, y muchos oficiales se incorporaron en vez a las actividades delictivas.
Ni democracia ni dictadura
Después de años de erosión, el sistema político se ha convertido en un híbrido de rasgos democráticos y autoritarios, una mezcla muy inestable, según los expertos.
Sus reglas internas pueden cambiar día a día y los centros de poder compiten ferozmente por el control. Esos sistemas han demostrado ser mucho más susceptibles de experimentar un golpe o un colapso.
Maduro ha luchado para reafirmar su control, como suelen hacer los líderes de esos sistemas.
Sin las relaciones personales de Chávez ni los grandes ingresos petroleros, Maduro tiene poca influencia porque es sumamente impopular y su control sobre las instituciones democráticas es muy débil.
Después de que la oposición ganó el control de la Asamblea Nacional en 2015, la tensión entre esos dos sistemas explotó en un conflicto directo. El Tribunal Supremo de Justicia, lleno de magistrados leales al régimen, trató de disolver los poderes de la legislatura. Maduro convocó una asamblea constituyente a principios de mayo.
La paradoja de Venezuela, según Levitsky, es que el gobierno es demasiado autoritario para coexistir con las instituciones democráticas, pero demasiado débil para abolirlas sin correr el riesgo de colapsar.
Los manifestantes han tomado las calles, pero parece que las acciones de las fuerzas de seguridad y los colectivos han logrado frenarlos. Francisco Toro, un experto venezolano en Ciencias Políticas, dijo que no está claro qué lado tomarán los militares si son llamados a intervenir.
Ninguno de los bandos parece ser capaz de ejercer el control. Ese sistema político incapaz de acabar con el régimen o negociar ha alejado a Venezuela de la riqueza y la democracia, llevándola al borde del colapso.

Lo que queda de Venezuela

Por Joaquín Villalobos– Diario El País.
En Latinoamérica están en marcha tres transiciones que golpean a la extrema izquierda: el fin de la lucha armada en Colombia; el retorno gradual, pero irreversible, de Cuba al capitalismo; y el final de la Revolución Bolivariana.Venezuela es el eje de estas tres transiciones. Con más de 400 presos políticos y la negación a la alternancia mediante elecciones libres, el régimen chavista se destapó como dictadura. Después del intento de Fujimori, se acabaron en el continente las dictaduras de extrema derecha y tras casi 40 años de democracia solo quedan las dictaduras de extrema izquierda en Cuba y Venezuela. En este contexto, los 100 días de protestas contra Maduro se han convertido en la rebelión pacífica más prolongada y de mayor participación en la historia de Latinoamérica. Ninguna dictadura anterior enfrentó un rechazo tan contundente.
Si Nicolás Maduro hubiese aceptado el referéndum revocatorio en el 2016, posiblemente hubiera perdido conservando un 40% de los votos. Pero ahora cada día que pasa su soporte es menor, con lo cual Maduro se está convirtiendo en el sepulturero de la Revolución Bolivariana. Es totalmente falso que en Venezuela haya una lucha entre izquierda revolucionaria y derecha fascista; el régimen venezolano está enfrentado a una coalición de fuerzas esencialmente de centro que incluye a partidos, líderes, organizaciones sociales e intelectuales de izquierda que creen en la democracia y el mercado. Lo que está en juego en Venezuela es el futuro del centrismo político en Latinoamérica, porque en esta ocasión, las fuerzas democráticas no son compañeros de viaje de extremistas ni de derecha, ni de izquierda. La derrota del extremismo abre la posibilidad de alcanzar una mayor madurez democrática en el continente.
Chávez pudo darle unos años más de vida al régimen cubano que ahora, literalmente, está buscando desprenderse de la teta petrolera venezolana para agarrarse de la teta financiera norteamericana. Hace 18 años era intelectualmente obvio que la Revolución Bolivariana tenía fecha de caducidad. La historia de sube y baja de los precios del petróleo y los avances tecnológicos volvían absurda la pretendida eternidad de un socialismo petrolero que permitiera repartir sin producir. Sin embargo, izquierdistas de toda Latinoamérica, España, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y del resto del mundo vieron en Hugo Chávez la resurrección del mesías y en Venezuela el renacimiento de la utopía que había muerto en Europa Oriental y agonizaba en Cuba. La euforia fue tal que, para muchos, ser de izquierda implicaba aplaudir a Chávez y no criticar a Fidel Castro. La chequera venezolana compró lealtades a escala universal. Sin duda el final del régimen dejaría perdedores en todas partes, por eso sigue conservando defensores y obteniendo silencios.
Pero, finalmente, tal como era previsible, se produjo la implosión del socialismo del siglo XXI y la crisis humanitaria que ha generado es descomunal; la fiesta del despilfarro revolucionario y del robo oportunista ha terminado. El modelo chavista saltó de la inclusión social a la multiplicación exponencial de la miseria. El modelo está muerto y absolutamente nada puede recuperarlo. El régimen de Chávez fue el único de los llamados bolivarianos que le declaró una guerra abierta al mercado con expropiaciones que acabaron con la economía de Venezuela. Ahora solo le queda la fuerza bruta del carácter militar que siempre tuvo. Las ideas que acogió Chávez fueron más una oportunidad para la tradición militarista venezolana que una definición ideológica. El principal factor de cohesión de la Revolución Bolivariana nunca fue la ideología, sino el dinero. Con los billones de dólares en ingresos petroleros fue fácil que un grupo de militares se decidiera, para beneficio propio, confesarse izquierdistas.
Los militares venezolanos tienen más generales que Estados Unidos, ocupan miles de puestos de gobierno, han armado paramilitares, se han involucrado en el narcotráfico, han intervenido y expropiado empresas, se benefician de la corrupción, controlan el mercado negro, reprimen, apresan, torturan, juzgan y encarcelan opositores. En 17 años los militares han matado casi 300 venezolanos por protestar en las calles. En la historia de las dictaduras latinoamericanas no ha existido una élite militar que haya podido enriquecerse tanto como la venezolana y todo esto lo han defendido como “revolución popular” los extremistas de izquierda en todo el planeta. La plata venezolana logró que intelectuales de primer y tercer mundo establecieran que los antes “gorilas derechistas” fueran reconocidos como un fenómeno revolucionario.
En el pasado, los revolucionarios latinoamericanos fueron perseguidos por Estados Unidos; los bolivarianos, por el contrario, tienen propiedades y cuentas bancarias en Florida. A Venezuela no necesitan invadirla como a Cuba, tampoco requieren armar contrarrevolucionarios como lo hicieron con Nicaragua. La Revolución Bolivariana no depende de Rusia, ni de China, sino de que su enemigo, el “imperialismo yankee”, le siga comprando petróleo. Venezuela cubre solo el 8% del mercado estadounidense. Suspender esa compra no afectaría a Estados Unidos y no sería una agresión, sino una decisión de mercado. Por ello, aunque parezca inaudito, Maduro sigue gobernando gracias a la compasión de Donald Trump. No hay argumento antimperialista que valga, Estados Unidos no ha metido su mano en Venezuela como la metió en Chile, República Dominicana, Panamá o El Salvador.
Los enormes progresos en bienestar logrados por el centroizquierda en Costa Rica, Chile, España y, no digamos, Suecia, Noruega o Dinamarca respetando la democracia y el mercado contrastan con el desastre social y económico de Cuba y Venezuela. Es incomprensible la terquedad de los utópicos de querer hacer posible lo imposible. Chávez no inventó un nuevo socialismo para el siglo XXI, sino que repitió el camino equivocado al pelearse con las fuerzas del mercado y ahora sus herederos hacen lo mismo contra la democracia.
El supuesto marxista era que la Revolución Bolivariana lograría el desarrollo de las fuerzas productivas, pero, al igual que en Cuba, lo que hubo fue destrucción de las fuerzas productivas. Los bolivarianos hicieron retroceder la producción de petróleo y despilfarraron los ingresos más altos que ha tenido Venezuela en toda su historia. Pero no solo se contradijeron con Carlos Marx. En Venezuela a los de arriba se les ha vuelto imposible gobernar, hay un agravamiento extremo de la miseria de la gente y existe una intensificación extraordinaria de la lucha popular. Estas son las tres condiciones que estableció Vladímir Lenin para reconocer la existencia de una situación revolucionaria. Qué triste debe ser comprarse una revolución de mentiras y ser derrotado por una de verdad. Como dice Rubén Blades en su canción: “Sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas”.