Por Sonia Goldenberg- The New York Times.
Mientras Perú se prepara para el bicentenario de su independencia de España en 1821, en lugar de esperar este momento con optimismo, se encuentra ante un paisaje político lúgubre: cuatro de sus expresidentes están en prisión o prófugos de la justicia por delitos de violaciones a los derechos humanos o corrupción. ¿Es un récord mundial? Tal vez, pero no uno que se quiera celebrar.
En respuesta, el mes pasado, en su mensaje anual a la nación a fines de julio, el presidente actual, Pedro Pablo Kuczynski, prometió una cruzada para reconstruir al país tras las inundaciones devastadoras y un enorme escándalo, que en conjunto acabaron con las posibilidades de crecimiento económico y minaron aún más la confianza de los peruanos en el presidente mismo.
Estos cuatro presidentes han dejado su huella en la historia —y la justicia— del país.
Primero, Alberto Fujimori, el autócrata que gobernó de 1990 a 2000, fue sentenciado en 2009 a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos en la lucha contra los guerrilleros de Sendero Luminoso, y después también por malversación y corrupción. Recientemente, se le unió en el Penal de Barbadillo, en Lima, Ollanta Humala, el predecesor de Kuczynski, después de que un juez ordenara que él y su esposa, Nadine Heredia, debían estar en prisión preventiva por 18 meses antes de su juicio, mientras se les investiga por lavado de dinero y delitos de asociación delictuosa. A Humala también se le acusa de haber cometido asesinatos extrajudiciales cuando fue capitán del ejército en la base ubicada en una selva remota en la década de los noventa.
Otro expresidente, Alejandro Toledo, quien gobernó de 2001 a 2006 y devolvió la democracia al país después de Fujimori, está luchando contra la extradición a Perú, presuntamente desde su casa en Palo Alto, California, donde alguna vez fue profesor visitante de la Universidad de Stanford. A Toledo se le acusa de haber recibido sobornos por un monto de 20 millones de dólares del gigante brasileño de la construcción Odebrecht, que se encuentra en el ojo del huracán del escándalo de corrupción que sacude a Brasil.
Por último, en enero una corte de Roma sentenció a Francisco Morales Bermúdez, dictador militar entre 1975 y 1980, a cadena perpetua por su participación en las muertes de 23 personas de ciudadanía italiana que vivían en América Latina. Estas ocurrieron durante la Operación Cóndor, una campaña de terrorismo militar que llevaron a cabo dictadores de derecha en Sudamérica con la asistencia técnica y militar de Estados Unidos. Morales, quien no será encarcelado debido a su avanzada edad, es el único presidente sentenciado que no fue elegido.
Los peruanos están consternados por haber votado por tantos presidentes que acabaron siendo enjuiciados como criminales. El único exmandatario con vida que no ha sido acusado hasta ahora es Alan García, quien estuvo en el poder durante dos periodos, de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011, y a quien, irónicamente, desde hace décadas lo persigue la reputación de corrupto. No obstante, está siendo investigado por irregularidades financieras en la construcción del Metro de Lima, la cual, una vez más, corrió por cuenta del conglomerado brasileño Odebrecht.
Esta crisis en Perú es la réplica de lo que está ocurriendo en Brasil, donde la investigación Lava Jato no solo encarceló a una gran cantidad de empresarios y políticos, sino que además reveló los sobornos generalizados de las empresas de construcción brasileñas en al menos otros doce países de América Latina.
En una región con una larga historia de corrupción e impunidad, Perú probó ser tierra fértil para los sobornos. Durante casi tres siglos de gobierno colonial, España recibía el oro y la plata de las zonas montañosas de los Andes. En 1821, en medio de la guerra que devastó al país y lo dejó en quiebra, se fundó una república independiente con grandes sueños y aspiraciones. Pero desde el comienzo, en la construcción de sus vías férreas y la explotación de nuevas riquezas como el guano de sus islas y el caucho de sus selvas, Perú fue testigo de cómo su esplendor económico se desvaneció rápidamente, malgastado en un pantano de corrupción.
La venalidad alcanzó nuevas profundidades durante los años noventa con Fujimori, cuando el infame jefe de los servicios secretos, Vladimiro Montesinos, sobornó a políticos, banqueros, empresarios, jueces, militares y periodistas. Las videograbaciones (o “vladivideos”) de todos los que cayeron en sus redes sirven como un legado visual de la manera en que el abuso de poder y el engaño tienen lugar a puertas cerradas. Desde entonces, Montesinos cumple cadena perpetua, pero la deshonestidad continúa. Actualmente, más de la mitad de los gobernadores regionales de Perú se encuentran en prisión o están siendo enjuiciados.
La falta de control de financiamiento ilegal o extranjero en las elecciones presidenciales, aunada a la crisis en los partidos políticos, ha convertido las campañas en una forma fácil para que aventureros políticos se hagan millonarios incluso antes de llegar al poder. Los candidatos presidenciales en Perú han recibido financiamiento de George Soros y Venezuela, así como de Brasil, y el financiamiento de este último se vinculó con la asignación de enormes contratos para obras públicas a empresas de construcción brasileñas seleccionadas cuidadosamente con anterioridad. Con este sistema, no sorprende que los peruanos sigan eligiendo a ladrones como presidentes.
Manifestantes de Partido Nacionalista Peruano exhiben carteles de apoyo a la pareja expresidencial, Ollanta Humala y Nadine Heredia. Credit Mariana Bazo /Reuters.
Perú no es más corrupto que otros países de América Latina ni sus tribunales son un modelo de legitimidad y eficiencia. Sin embargo, a medida que en el extranjero surgen pruebas de sobornos que aceptaron presidentes a todo lo largo del espectro político, los jueces peruanos se encuentran bajo una enorme presión para reaccionar. En consecuencia, se está viendo un cambio en el desprestigiado sistema judicial del país: está recobrando algo de credibilidad e independencia. Apenas la semana pasada, un tribunal confirmó una sentencia para que Humala y Heredia permanezcan en prisión. Sin embargo, el encarcelamiento de jefes de Estado que alguna vez fueron poderosos todavía se puede revertir, retrasar o detener.
Un poder judicial débil no puede salir adelante por sí mismo.
Una decidida campaña anticorrupción requiere de un liderazgo fuerte para cambiar el sistema electoral y construir instituciones estatales sólidas que hagan cumplir el Estado de derecho. En su discurso ante la nación, el presidente Kuczynski no ofreció una estrategia clara para enfrentar este reto y como el partido de Keiko Fujimori, excandidata presidencial e hija del dictador encarcelado, cuya campaña estuvo plagada de acusaciones de financiamiento ilícito, tiene la mayoría en el Congreso, el cambio tan necesitado quedará estancado.
Incluso después de dos siglos, Perú sigue siendo una república frágil. En su defensa, sin embargo, hay que decir que en los últimos 25 años puso fin a una guerra civil, resolvió los conflictos con sus vecinos, se sobrepuso a la hiperinflación, se convirtió en una democracia y, a pesar de su predicamento actual, logró hacer crecer su economía y redujo la pobreza. Ahora que sus líderes políticos corruptos ya no gozan de impunidad, quién sabe, tal vez todos los presidentes anteriores se reúnan para ver los fuegos artificiales del bicentenario tras las rejas.
Diario EL PAÍS se retracta por artículo de Máxima Acuña
Por Ricardo Escudero-Editor Central Posicion.pe
La respuesta de la defensora del lector se produjo luego de que Roberto del Águila, gerente de Comunicaciones de la minera Yanacocha, escribiera una carta dirigida a ella y al responsable de la sección donde se publicó la noticia, quejándose por el tono sesgado de la misma.
Este hecho representa una evidencia clara de manipulación de la información por parte de la corresponsal del diario EL PAÍS en el Perú. Ante ello, la defensora del lector del diario sostuvo lo siguiente:
“Veo varios problemas en el artículo de Jacqueline Fowks. En primer lugar, reporta un suceso del que no ha sido testigo presencial dando por buena la versión de una de las partes: la de la familia Chaupe-Acuña. Es cierto que recoge también el comunicado de Yanacocha, en el que la compañía explica las razones por las que ha destruido los sembrados de Acuña, pero lo hace sin conceder el menor valor a esta versión ni en la argumentación del texto, ni en los titulares. En segundo lugar, la noticia se documenta con referencias al enfrentamiento entre la minera Yanacocha y la familia Chaupe-Acuña, desde la óptica exclusiva de la familia y quienes defienden su caso. El texto está lleno de acusaciones contra la minera”.
A continuación compartimos el artículo completo publicado hoy en el diario EL PAÍS.
La distancia requerida, en una controversia peruana
Por: Lola Galán
La edición de América de este periódico publicó el pasado lunes 19 de septiembre, en su versión digital, una larga nota, (resumida al día siguiente en la versión impresa) titulada: Empleados de una empresa minera atacan a la premio Goldman de Perú. El subtítulo precisaba: “Decenas de hombres con escudos destruyen el sembrío de Máxima Acuña, quien al intentar detenerlos fue agredida”. La empresa minera en cuestión, Yanacocha, me ha hecho llegar una queja por considerar que ni los titulares ni la noticia se ajustan a la verdad de los hechos.
El artículo, firmado por la corresponsal en Lima, Jacqueline Fowks, reconstruye un suceso ocurrido el domingo 18 de septiembre, a partir de las declaraciones de los hijos de una de las implicadas en el mismo, Máxima Acuña, -un personaje popular en Perú, galardonada este año con el premio medioambiental Goldman-, aunque también recoge en el texto el comunicado que Yanacocha difundió la tarde de ese mismo día.
Fowks escribía: “La empresa afirma que realizó la “defensa posesoria pacífica de sus derechos”, removiendo “unos sembríos ubicados en un área de 200 metros cuadrados, dentro de la propiedad de Yanacocha y a 300 metros de la casa que actualmente ocupa la familia”. También cita la siguiente frase del comunicado: “Esta nueva invasión [por parte de la familia Chaupe Acuña] fue detectada el 5 de septiembre y, amparada por la ley, Yanacocha realizó la defensa posesoria retirando lo sembrado de manera pacífica con presencia de su personal de seguridad”.
Roberto del Águila, gerente de Comunicaciones de la minera Yanacocha se ha dirigido a mí y al responsable de la sección donde se publicó la noticia, para quejarse de lo que califica tono “sesgado” de la misma. “Digo que la información es sesgada porque el articulo menciona que “la familia Chaupe-Acuña ha sido objeto de numerosas agresiones por parte de Yanacocha y la Policía Nacional”, que “la empresa ha perdido el juicio en el Poder Judicial”, que la señora Acuña y su esposo “probaron con documentos la propiedad de su terreno”, que la empresa “continuamente realiza acciones de intimidación a la familia Chaupe-Acuña”, que la señora Acuña, “defiende su propiedad frente a la compañía que ansía su terreno hace cinco años”, entre otros datos incongruentes con la información oficial y de acceso público sobre este caso en proceso judicial”.
Y prosigue: “Nada de lo anterior es cierto. Y no sólo era fácil verificarlo comunicándose con nosotros, sino que es información que está debidamente sustentada en nuestro sitio web”. Del Águila concluye su mensaje con estas palabras: “Lamento muchísimo tener que dirigirme a ustedes en estas circunstancias, pero creo que los lectores de EL PAÍS merecen recibir información objetiva y de calidad, y este no ha sido el caso”.
En el mismo correo, el señor Del Águila me envía dos enlaces a vídeos de Youtube en los que se documenta gráficamente el suceso relatado en el artículo de Jacqueline Fowks. Uno de los vídeos (https://www.youtube.com/watch?v=va8KJ4n0Bro&feature=youtu.be), de 18 minutos de duración, recoge íntegramente la intervención de empleados de la empresa la mañana del 18 de septiembre, objeto de la crónica publicada por EL PAÍS. En el vídeo, de poca calidad, no se aprecia ninguna agresión a la señora Acuña, aunque la cámara no la sigue durante la totalidad de grabación.
El enfrentamiento entre Yanacocha y la familia Chaupe-Acuña está ampliamente documentado en Internet, según he podido comprobar al investigar la queja. La página corporativa de la propia empresa dedica un apartado entero al caso, con abundante documentación, gráficos y vídeos. La tesis de la empresa es opuesta a la de la familia de Acuña.
Yanacocha les acusa de haber iniciado un proceso de usurpación de parte de su propiedad, en 2011. Razón por la que la compañía minera llevó el caso a los tribunales. En primera instancia la justicia dio la razón a la empresa, pero la familia recurrió la sentencia, y en segunda instancia, la justicia negó que hubiera usurpación de los terrenos de Yanacocha.
Hay que explicar antes de proseguir, que en Perú hay dos conceptos a tener en cuenta: la propiedad y la posesión. La minera es propietaria de una amplia zona, pero los Chaupe-Acuña presentaron documentos que supuestamente acreditan la posesión, desde 1994, de una parte del territorio. La empresa asegura que el caso sigue en los tribunales, y ha emprendido también acciones por la vía civil.
Jacqueline Fowks, autora del texto, me ha enviado un largo correo en el que responde a la queja de Yanacocha reafirmandose punto por punto en su información, y justificando el título de la misma. “El lunes 19, el fiscal provincial de Cajamarca solicitó a la División de Medicina Legal de Cajamarca “el reconocimiento médico legal de Máxima Acuña” y de Jaime Chaupe, para la investigación penal abierta contra los responsables por la comisión de delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones, y por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de daños, en agravio de los esposos.
“El certificado médico emitido por el médico legista [tras examinar a Máxima Acuña] reporta escoriaciones en el tórax anterior y la mano derecha, y equimosis violáceo (hematoma) en el hombro y brazo izquierdos. En las conclusiones refiere “lesiones producidos (sic) por agente contundente y uñas humanas”, e indica incapacidad médico-legal de dos días. El resultado coincide con la descripción de las agresiones reportadas el domingo por Isidora Chaupe la tarde y la noche del domingo a EL PAÍS”.
Fowks señala también: “La versión de Yanacocha, de que no hubo agresión, fue consignada en la pieza publicada. Pero los empleados de la minera ingresaron a un terreno ajeno, destruyeron un sembrío, e impedían a dos personas defender su plantío, con la barrera de 20 hombres que los empujaban con sus escudos y varas en mano”. Respecto al vídeo grabado por empleados de la empresa minera que yo le hice llegar, añade: “en dos momentos la cámara no filma a Máxima Acuña, ya sea porque la colocan fuera del objetivo (entre los minutos 7’43” y 8’24”), o porque quien filma se aleja y otros tapan el objetivo (entre los minutos 9’09” y 11’09”). En el segundo trecho se ve, a lo lejos, que los hombres con escudos rodean a la agricultora. Sería extraño que una empresa muestre un video nítido del momento en que sus trabajadores agreden a una mujer que ha recibido el principal premio medioambiental internacional de 2016”.
Veo varios problemas en el artículo de Jacqueline Fowks. En primer lugar, reporta un suceso del que no ha sido testigo presencial dando por buena la versión de una de las partes: la de la familia Chaupe-Acuña. Es cierto que recoge también el comunicado de Yanacocha, en el que la compañía explica las razones por las que ha destruido los sembrados de Acuña, pero lo hace sin conceder el menor valor a esta versión ni en la argumentación del texto, ni en los titulares.
Fowks defiende la veracidad del titular en el que habla de ‘agresión’ y ‘ataque’ del que habría sido víctima Acuña, basándose en un dictamen médico que no estaba a su disposición cuando redactó el texto, en el que escribe respecto a la situación de Acuña: “Su esposo e hijos reportaron que debido a los golpes que sufrió la mañana del domingo, por parte de trabajadores de la minera, requería urgente atención médica en la ciudad”. De la conversación telefónica mantenida con la hija mayor de la premio Goldman, Isidora, recoge lo siguiente: “Mi papá me dijo remítanse a enviar una movilidad para llevar a su mamá porque está grave”. Afirmaciones que agravan la realidad de las lesiones (arañazos y dos hematomas) que constan en el dictamen médico posterior.
En segundo lugar, la noticia se documenta con referencias al enfrentamiento entre la minera Yanacocha y la familia Chaupe-Acuña, desde la óptica exclusiva de la familia y quienes defienden su caso. El texto está lleno de acusaciones contra la minera. Se dice, por ejemplo que la compañía, “ansía su terreno [el que ocupa Acuña] hace cinco años para el proyecto minero Conga, encarpetado por la matriz Newmont desde mayo”. Líneas más adelante se añade: “La familia Chaupe-Acuña ha sido objeto de numerosas agresiones por parte de Yanacocha y la Policía Nacional desde 2011”. Y en otro párrafo se afirma: “continuamente realiza acciones de intimidación a la familia Chaupe-Acuña, alegando que la familia siembra en su propiedad”.
Creo que lo correcto hubiera sido recoger en el titular los hechos: “La premio Goldman de Perú denuncia una agresión de empleados de una compañía minera”. Y en el subtítulo la versión de la compañía. Y en cuanto a la documentación del litigio que se aporta en el texto, el Libro de estilo deja claro que en casos de controversia hay que recoger las dos versiones de la misma, aportando al lector la mayor cantidad posible de datos sobre el caso.
Caso Acuña de Chaupe: ¡desinformación nacional e internacional!
El País es sorprendido por un información sesgada en contra de minera
Con el objeto de liquidar a la minería moderna y conducirnos al estatismo, el radicalismo antiminero ha construido relatos poderosos. Una de aquellas falsedades es la lucha “injusta” y “desigual” entre Máxima Acuña de Chaupe y la empresa minera Yanacocha, una supuesta lucha entre David y Goliat. No obstante, estas falsas narrativas no tendrían la fuerza que ahora tienen si no hubiera periodistas que despliegan —a nivel nacional e internacional— las inexactitudes del radicalismo antiminero. Ya sea por anteojeras ideológicas o por ingenuidad, algunos periodistas se han parcializado con la estrategia desarrollada alrededor del caso de Máxima Acuña de Chaupe, “La hija de la laguna”.
El día 19 de setiembre un artículo firmado por la periodista peruana Jacqueline Fowks apareció en el prestigioso diario El País de España. Se puede leer completa la nota aquí: (http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/19/actualidad/1474243756_657060.html) El título del artículo es “Empleados de una empresa minera atacan a la premio Goldman de Perú”. Como usted se habrá dado cuenta —desde el título— la “investigación” de la periodista Fowks es parcializada y sesgada hacia la señora Máxima Acuña de Chaupe. Lo que intenta la periodista Fowks con ese titular es igualar este caso con el de la activista ecológica hondureña Berta Cáceres, ganadora también del premio Goldman y asesinada por causas no esclarecidas hasta ahora.
No obstante, no es la única información inexacta que contiene dicho artículo periodístico. También se leen los siguiente párrafos: “Una vez más la empresa minera Yanacocha destruyó sembríos en el terreno de Máxima Acuña, la agricultora peruana que recibió este año el más importante galardón medioambiental, el premio estadounidense Goldman”, “La empresa ha perdido el caso en el Poder Judicial pues Acuña y su esposo probaron con documentos la propiedad de su terreno de 18 hectáreas, adquirido en 1994”, “Decenas de hombres con escudos destruyen el sembrío de Máxima Acuña, quien al intentar detenerlos fue agredida”, “La familia Chaupe-Acuña ha sido objeto de numerosas agresiones por parte de Yanacocha y la Policía Nacional desde 2011”.
Es evidente el objetivo del artículo: construir una heroína utilizando mentiras y desinformación. Al terminar de leer el texto de Fowks cualquier incauto terminarían solidarizándose con la señora Máxima Acuña. Pero, como se dice, las mentiras tienen patas cortas. El día 25 de setiembre la defensora del lector del diario El País, Lola Galán, publicó un texto en respuesta a las aclaraciones que los funcionarios de Yanacocha solicitaron se desarrolle. En la respuesta titulada “La distancia requerida en una controversia peruana” (http://blogs.elpais.com/defensor-del-lector/2016/09/la-distancia-requerida-en-una-controversia-peruana.html). Lola Galán reconoce que ve “varios problemas en el artículo de Jacqueline Fowks”. Galán también afirma que “el texto está lleno de acusaciones contra la minera”.
La respuesta de Galán y del diario El País es un examen de todas las inexactitudes que se dicen en el artículo de Fowks, su corresponsal en el Perú. Galán también señala que ve dos serios problemas: “En primer lugar, reporta un suceso del que no ha sido testigo presencial dando por buena la versión de una de las partes: la de la familia Chaupe-Acuña”. En otra parte del artículo la defensora del lector indica “En segundo lugar, la noticia se documenta con referencias al enfrentamiento entre la minera Yanacocha y la familia Chaupe-Acuña, desde la óptica exclusiva de la familia y quienes defienden su caso”.
Como es evidente el diario El País y su defensoría del lector no podía avalar las inexactitudes que se despliegan en la investigación de la periodista, como aquellas que señalan que la señora Acuña de Chaupe ganó el juicio sobre una propiedad de 18 hectáreas o que los familiares de la señora Máxima han sido golpeados y maltratados por la seguridad de la empresa. De allí que felicitamos al diario El País por demostrar rigurosidad para tratar el caso, ejemplo que deberían seguir otros medios de comunicación en nuestro país.
¿Cómo la periodista Fowks ha escrito semejante artículo sin detenerse a investigar los sucesos desde ambas partes? ¿Qué tipo de periodismo practica Fowks? No es la primera vez que algunos periodistas ayudan a construir falsos relatos seguramente influenciados por su opciones ideológicas. Sin embargo, el periodismo que niega la verdad deja de ser periodismo para convertirse en propaganda a favor de determinado objetivo político.
Fuente: El Montonero.