4 de agosto de 2005. La firma “contra viento y marea” en el Salón Dorado, con parte del gabinete y Eliane Karp. Firma José Graña Miró Quesada, alcanza lapicero Jorge Barata de Odebrecht.

Por Enrique Chávez- Revista CARETAS
Alejandro Toledo está en la cresta del tsunami de Odebrecht. Una cuenta clave en el camino sinuoso de la Interoceánica.
El párrafo traducido del informe del Departamento de Justicia es el siguiente: “En o alrededor de 2005, Odebrecht participó en una licitación para un proyecto público de infraestructura. Durante el proceso de licitación, un empleado de Odebrecht fue contactado por un intermediario de un oficial de alto nivel del gobierno peruano, que ofreció apoyar la oferta de Odebrecht si es que, en el evento que Odebrecht ganara el proyecto, hacía pagos corruptos que beneficiaran al oficial de gobierno. Se acordó hacer los pagos a través de compañías propiedad de un intermediario que tenía una relación con el oficial de gobierno. Luego de conversaciones iniciales con el intermediario, el empleado de Odebrecht participó en varios encuentros, algunos a los que atendió el oficial de gobierno. Odebrecht ganó la licitación e hizo pagos corruptos totalizando aproximadamente US$20 millones entre aproximadamente 2005 y 2008 a compañías específicas, indicadas por el intermediario, con fondos no registrados de la División de Operaciones Estructuradas (nota de redacción: el ‘departamento de coimas’ de la empresa)”.
Por la descripción del proyecto, este corresponde a la carretera Interoceánica Sur. En 2005 su costo se estimó en US$200 millones pero al 2015 llegaba a los US$2 mil millones. El contrato sufrió de 22 adendas a lo largo del tiempo.
El contacto descrito en el informe del Departamento de Justicia se produjo en el 2005. El 4 de agosto de ese año, el entonces presidente Alejandro Toledo firmó, “contra viento y marea” según dijo, el contrato de la Interocéanica. Los dos primeros tramos para el consorcio Conirsa, encabezado por Odebrecht e integrado además con las peruanas Graña y Montero, JJ Camet e Ingenieros Civiles y Contratistas; el último tramo para el consorcio Intersur integrado por las brasileñas Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvão.
El ministro de Economía y Finanzas era el actual mandatario, Pedro Pablo Kuczynski. El de Transportes y Comunicaciones, José Ortiz. El director ejecutivo de Proinversión era René Cornejo. Carlos Ferrero pasaba sus últimos días como premier, pues renunció al cargo el 15 de agosto en medio del escándalo por el nombramiento de Fernando Olivera como canciller.
El gobierno de Toledo aprobó modificaciones, literalmente, hasta el final de su mandato. El 26 de julio, por ejemplo, el viceministerio de Transportes firmó la tercera adenda que beneficiaba a los consorcios con un bono garantizado por el Estado, que podría ser vendido por los concesionarios.
ESCÁNDALO LAVA JATO
La revelación-bomba hecha la semana pasada por el Departamento de Justicia traerá consecuencias contundentes. El acuerdo de delación de Odebrecht alcanza una investigación conjunta entre Estados Unidos, Brasil y Suiza. La constructora se ha comprometido en pagar multas por US$3,500 millones, la penalidad corporativa más grande de la historia.
El acuerdo de cooperación de la empresa con la Fiscalía de Nueva York cuenta con la delación de seis altos funcionarios de Odebrecht. Estos han confesado que entre 2001 y 2016, la empresa pagó sobornos por un total de US$788 millones.
En el caso peruano, se citan dos casos de sobornos, el primero “en o alrededor del 2005” y “hasta el 2008”, ligado al “proceso de licitación para un proyecto público de infraestructura”. El segundo “en o alrededor del 2008” para un “proyecto de transporte” valorizado en US$400 millones. El total de los sobornos ascendió a US$29 millones.
La puntual denuncia compromete los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García.
Por lo pronto, el premier Fernando Zavala anunció el miércoles 29 que se modificará la ley de contrataciones del Estado para impedir que una empresa acusada de corrupción como Odebrecht vuelva a hacer negocios con el Estado.
Y es que Alejandro Toledo, Ecoteva, Yosef Maiman y la Interoceánica confluyen en una cuenta que hasta ahora es la evidencia más concreta, para el Perú, en la gran trama de corrupción internacional.
CASTILLO RECONSTRUIDO
En 2009, la Policía brasileña incautó documentación a ejecutivos de constructoras de ese país acusadas de actos de corrupción. Fue la operación Castillo de Arena. La prensa reveló la información seis años después. Para lo que compete al Perú, lo relevante era supuestos pagos de coimas entre los años 2005 y 2008.
Sobre el Perú solo fue revelada información relacionada con Camargo Corrêa. Eran documentos incautados a Pietro Gavina Bianchi, un exdirector del grupo. En una planilla llamada “Previsao de Capilés” (previsión de propinas) se registran pagos de US$ 5’411,207 “a título general” y US$ 901,868 a un tal J.R. Otra parte del informe incluye los nombres “Max Vanderlei” y “Toledo”.
¿Quién era J.R.? “Max” sería Marcos de Moura Vanderley, representante de Camargo durante las negociaciones (y, por cierto, posterior novio de Rocío Calderón Vinatea, la amiga de la tarjeta de crédito de Nadine Heredia).
El dato de una “propina” que ahora quema como castillo de año nuevo es un “compromiso” de pago por US$106,944, que debía depositarse el 5 de mayo del 2006. Eran US$15,277 en efectivo y US$91,667 a una cuenta de Banca Privada en el Citibank de Londres.
APARECE LA CUENTA
En diciembre de 2010, CARETAS 2162 reveló que el entonces congresista aprista José Vargas solicitó la conformación de una comisión multipartidaria para investigar dos cuentas que supuestamente estaban a nombre de César Almeyda, ex abogado de Toledo que purgara prisión entre marzo de 2004 y diciembre de 2006 por el extraño caso del suicidado general Óscar Villanueva. Una cuenta fue abierta en el Citibank de Berkeley Square, Londres, de número 307085, y otra del banco LGT de Vaduz, en el Principado de Liechtenstein, con número 1085949620.
Unos meses después de la publicación, Almeyda presentó a la Fiscalía una traducción certificada de un oficio emitido el 14 de abril del 2011 por el Juzgado de Primera Instancia de Westminster, que a su vez transmite la información que requirió a Citigroup Global Markets Ltd. El oficio confirmó que la cuenta en cuestión no está al nombre de Almeyda sino de Yosef Arieh Maiman, el magnate peruano-israelita muy cercano a Toledo.
En enero de 2013 estalló el caso Ecoteva. Un año antes, Maiman había establecido un fondo fideicomiso en Costa Rica, donde se ponía a disposición de Eva Fernenbug, suegra de Toledo, hasta US$20 millones (CARETAS 2286). Los fondos efectivamente transferidos para compra de propiedades y pagos de hipotecas acumularon US$9.4 millones. La movida no encajaba. El magnate realizó estas operaciones justo cuando su imperio financiero se desplomaba por razones relacionadas con la guerra en Medio Oriente y él ponía en venta hasta su yate para levantar plata y cumplir con sus acreedores.
DEPÓSITO CLAVE
En octubre último, la Primera Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción abrió investigación a Maiman por este caso. Ante el pedido de cooperación internacional por parte del Ministerio Público, la Fiscalía dio a conocer la semana pasada que el Reino Unido confirmó que el depósito de US$91,667 fue hecho a la famosa cuenta de Maiman en el Citibank, el 22 de junio de 2006 (al mes siguiente de lo registrado en los papeles de Castillo de Arena). La transferencia fue hecha por la empresa Trade Center Financial Corp. a través de un banco suizo no especificado.
El último dato es clave. Como lo explica el procurador anticorrupción Amado Enco, “el marco de acuerdo de colaboración entre los representantes de Odebrecht y la justicia norteamericana se da, precisamente, a propósito del flujo de dinero de Estados Unidos a Suiza” (ver recuadro).
Los fondos de Ecoteva provinieron de una empresa de Maiman, Confiado Internacional, con sede en Suiza. Y por lo investigado por la Fiscalía se sabe que ese mismo junio de 2006 la cuenta del Citibank recibió, de cuentas procedentes de Brasil, US$780 mil. En octubre llegó otra transferencia de US$750 mil.
En 2015, los principales directivos de Camargo Corrêa –Dalton Avancini y Eduardo Leite– fueron sentenciados a 15 años y 10 meses en el marco del caso Lava Jato, por recibir sobornos de casi US$16 millones procedentes de la estatal brasileña Petrobras. Cumplen arresto domiciliario por firmar un acuerdo de colaboración con la justicia.¿Quién es el “alto oficial del gobierno peruano” y quién el intermediario descritos en el informe del Departamento de Justicia?
Maiman estuvo en el Perú en varias ocasiones a lo largo de ese 2005. A fines de ese crucial agosto, cuando se firmó el contrato, lo fotografiaron con Toledo celebrando con whisky en el restaurante Las Brisas del Titicaca.
Cuando lo que se conoce de Castillo de Arena y la cuenta del Citibank se suma al documento del Departamento de Justicia, la imagen es como la de una mecha de dinamita que se acerca a un encendedor.

Alan García inauguró el tren en julio de 2011. En la izquierda aplaude cuestionado Oswaldo Plasencia de Autoridad Autónoma. José Graña saluda a AGP. Mauricio Mulder y Enrique Cornejo asistieron al acto.

Tren de Letanías

Cabos sueltos y el papel del comité de subastas en el caso de la Línea 1.

El otro caso citado por el Departamento de Justicia:
“En o alrededor de 2008, Odebrecht hizo una oferta para un contrato de transporte en Perú. Para influir en el comité de licitaciones y asegurarse el contrato, Odebrecht acordó pagar US$1.4 millones a un oficial de alto nivel en el gobierno peruano y miembros del comité de licitaciones del proyecto. En o alrededor de 2009, Odebrecht ganó el contrato, valorizado aproximadamente en US$400 millones. Odebrecht pagó las coimas, que fueron aprobadas por el empleado 6 de Odebrecht, con fondos no registrados de la División de Operaciones Estructuradas”.
El “empleado 6” era un brasileño que trabajaba en el área internacional de ingeniería.
Se supone que se refiere al tramo 2 de la Línea 1 del Metro de Lima. Odebrecht y Graña y Montero ganaron la subasta para la construcción del  tren de Villa El Salvador hasta San Juan de Lurigancho, ofreciendo esa suma. Lo que no calza es la fecha.
La subasta, a cargo de Provias que es ente autónomo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se realizó en diciembre del 2009, luego de tres convocatorias declaradas desiertas. El titular del MTC era Enrique Cornejo.
El Comité de Subastas era integrado por Santiago Andrés Chau Novoa y Jesús Alfredo Munive Taquia.
En la valorización de la obra intervinieron el MEF y el OSITRAN como entre regulador. El consorcio ganador ofreció construir los 32 kilómetros de vía férrea en US$410 millones en 18 meses.
La obra fue entregada en punto, 18 meses después, en US$510 millones. Un 20% de sobrecostos; sin embargo, es estándar internacional.
“El tren está bien hecho, está en sus costos, está sirviendo muy bien a la población”, responde Cornejo. “Si hubo soborno, que salgan los nombres: yo pongo las manos en el fuego por mí”.
Fuente: Revista CARETAS.