MEM instalará Comité Técnico

[Visto: 440 veces]

La ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, anunció que su sector instalará un Comité Técnico de Trabajo a fin de tratar de manera integral la problemática del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y la mina Cobriza, por lo que hizo un llamado a la población a recuperar la tranquilidad y levantar la medida de fuerza.
“Luego de varias horas de conversación, hemos acordado una serie de puntos que las autoridades se encargarán de trasladar a la población de La Oroya”, señaló la ministra Ortiz Ríos, después de una reunión de más de cinco horas con las autoridades de la región Junín, la Municipalidad de Yauli- La Oroya y los representantes de los sindicatos del CMLO.
La Ministra enfatizó a los representantes de la región Junín, la voluntad del Gobierno para ayudar a La Oroya a salir adelante para “lo cual Estado y población vamos a hacer los esfuerzos a fin de lograr estos objetivos”, puntualizó.
Dicho esto, la Ministra dio lectura de los principales acuerdos durante este espacio de diálogo, entre ellos, la instalación de un Comité Técnico de Trabajo que estará integrado de un representante del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Ministerio de Trabajo, Ministerio de Ambiente, Oficina de Diálogo del PCM, Gobierno Regional de Junín, Municipalidad Provincial de Yauli-La Oroya, así como de tres representantes de los sindicatos laborales.
“Este Comité se instalará el jueves 13 del presente mes a las 3 de la tarde, en la sede del MEM”, enfatizó la ministra Rosa María Ortiz.
Asimismo, dijo que el Estado ratifica su defensa constitucional de los derechos laborales de los trabajadores, en especial de los del CMLO y de la mina Cobriza, comprometiéndose a que en estos espacios de diálogo se mantendrá esta posición.
Añadió que las partes expresan su voluntad de agotar todas las vías legales a fin  de no llegar a una liquidación simple. A solicitud de los trabajadores, el MEM continuará coordinando con la SUNAT para la pronta solución del problema de las ferritas y su impedimento de comercialización.
Finalmente, el acuerdo señala que los representantes de los sindicatos y la sociedad civil de La Oroya, se comprometen  a trasladar a la población los compromisos asumidos en esta reunión, a fin de levantar la medida de protesta y liberar el acceso vial en la carreta central en las próximas horas.
Rosa María Ortiz reiteró, una vez más, que para superar estos problemas, es a través de la vía del dialogo. “En un estado democrático, es el diálogo lo que nos lleva a solucionar los problemas. Así lo han entendido las autoridades y dirigentes”.
La ministra invocó a la población de Yauli-La Oroya a recobrar la tranquilidad. “Las medidas de fuerza no llevan a ninguna solución. Los reclamos son válidos en cuanto se respete la ley. Les pido que atiendan a sus representantes y logremos, hoy, un beneficio para todos, el levantamiento de la medida de fuerza en aras del bien común”, expresó, recordándoles a los ciudadanos que la toma de vías, como la carreta central, es un delito que la ley sanciona.
En la reunión también participaron, por parte del Ejecutivo, el viceministro de Ambiente, Mariano Castro;  el comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, David Montoya; representantes del Ministerio de Trabajo y del MEM.
Por la región Junín, el gobernador regional, Ángel Unchupaico; el alcalde la provincia de Yauli-La Oroya, Carlos Arredondo; y alcaldes distritales de Suitucancha, Santa Rosa de Saco y Huayhuay. Asimismo estuvieron presentes representantes de los sindicatos de trabajadores del CMLO y de la mina Cobriza, además del congresista Johnny Cárdenas.
Fuente: www.minem.gob.pe

Pulgarcito plus

El martes violentas protestas en La Oroya dejaron un saldo de un muerto y 67 heridos, cuatro de ellos de bala. Encendió la mecha el anuncio del cierre definitivo del complejo metalúrgico operado y quebrado por la norteamericana Doe Run Perú, en 2009. El complejo estuvo funcionando a media caña bajo administración concursal. El fracaso de la subasta internacional la semana pasada fue el puntillazo final. La subasta se declaró desierta. No se presentó ni Cristo
El lunes 10, en una encendida asamblea popular, los trabajadores convocaron a un paro regional indefinido a partir de las 00:00 horas del martes 11. Los trabajadores con un pie en la calle suman 2,600. Participaron en la junta el gobernador regional de Junín, Ángel Unchupaico; el alcalde de La Oroya, Carlos Arredondo, los alcaldes de Yauli y Morococha, Huayhuay y Suitucancha, y los congresistas Johnny Cárdenas (Partido Nacionalista) y Federico Pariona (Fuerza Popular).
Los trabajadores bloquearon la Carretera Central con piedras y troncos a lo largo de 10 kilómetros, interrumpiendo el tránsito de miles de unidades de carga entre Lima y la sierra. El corredor central es una de las fuentes principales de alimentos de la capital. Los precios en el Mercado Mayorista ya reflejan el nerviosismo de un desabastecimiento.
“Hemos estado esperando seis años, ya va a terminar el gobierno de Ollanta Humala y no se ha solucionado esto. El tema es flexibilizar algunos aspectos que van a permitir que se vuelva a las operaciones y todos volvamos a nuestro trabajo”, dijo el dirigente sindical Luis Castillo Carlos.
El gobierno confronta un nuevo estallido social, esta vez en las puertas de Lima. A diferencia del caso de Tía María, en el valle de El Tambo, Arequipa, donde se rechaza la presencia de la minería; en La Oroya exigen la continuidad de la fundición, entre las más contaminantes del mundo.
Según el administrador concursal del complejo metalúrgico, Profit, “la rigidez de la legislación ambiental peruana” frustró la subasta. El Ministerio del Medio Ambiente exigió 80 microgramos (mg) de dióxido de azufre por cada metro cúbico (m3) de aire como estándar de calidad ambiental del aire (ECA – Aire). No existiría un solo complejo metalúrgico en el mundo que alcance la meta exigida por el MINAM.
El estándar de calidad de Chile es de 365 mg /m3; de Canadá entre 290 y 300; de Brasil 345; de EE.UU. 365; y de Australia 210.
En el 2013, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y Southern Perú reclamaron la ministro Manuel Pulgar Vidal un cambio en la legislación. Los acreedores de Doe Run anticiparon lo que iba a suceder: una carta al presidente Ollanta Humala conllevó a una serie de reuniones de trabajo convocadas por el ministro Pulgar Vidal con los representantes de Southern, los administradores de Doe Run en liquidación y representantes de sus acreedores.
El MINAM emitió otra norma, manteniendo la meta de 80 mg / m3 de dióxido de azufre, pero posibilitando que hubieran plazos para alcanzarla, dependiendo de la discrecionalidad de los entes de gobierno para aprobarla.
El presidente Humala declaró el martes que no cambiará la legislación, considerada como utópica por los inversionistas.
El Grupo Renco y su único dueño Ira Rennert no cumplieron las exigencias del programa de Adecuación Ambiental (PAMA) y abandonaron las operaciones, después de beneficiarse con dos leyes con nombre propio, mediante las cuales se le dieron nuevos plazos en 2004 y 2009. Ahora, demanda al Estado millones de indemnización, ante el Centro Internacional de arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. DRP debe más de US$ 500 millones a trabajadores y proveedores múltiples. Insólitamente DRP está en Junta de Acredores como principal agraviado, y pretende cobrar US$ 139 millones más intereses (CARETAS 2359).
El conflicto puede continuar. La liquidación ordinaria del complejo metalúrgico de La Oroya entra en vigencia el 28 de agosto. Esto implicaría la paralización de la mina Cobriza y la expedición inmediata de las cartas de cese colectivo para los 2,800 trabajadores del complejo metalúrgico. Con el cierre de operaciones, se pierde la soga y la cabra. Ni los trabajadores ni los acreedores podrían recuperar sus acreencias. La única alternativa con algo de viabilidad es la venta de la mina Cobriza, que con los precios de cobre actual, tiene mucho menos valor.
Fuente: Revista CARETAS.

El Complejo Metalúrgico de La Oroya y la mina Cobriza

El viceministro de Energía, Raúl Perez-Reyes, en representación del Ministerio de Energía y Minas (MEM) instaló esta tarde el Comité Técnico de Trabajo que atenderá la problemática del Complejo Metalúrgico de La Oroya (Junín) y de la unidad minera Cobriza (Huancavelica). En este acto el funcionario saludó la presencia de las autoridades y dirigentes de la provincia de Yauli-La Oroya para continuar el diálogo, luego del cumplimiento de levantarse el paro indefinido en la provincia de Yauli-La Oroya.
La instalación de dicho comité la integran representantes de los ministerios de, Energía y Minas, Trabajo, Ambiente, Gobierno Regional de Junín, Municipalidad Provincial de Yauli-La Oroya  y de los sindicatos laborales.
Participan en esta reunión, por parte del Ejecutivo, el viceministro de Ambiente, Mariano Castro;  Elizabeth Villa del Gobierno regional de Junín, el alcalde provincial de Yauli-La Oroya, Carlos Arredondo y dirigentes del CMLO, Luis Castillo y de la mina Cobriza, Amid Yangali.
Fuente: www.minem.gob.pe

Puntuación: 5 / Votos: 51

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *