Por Elmer Mamani- Diario La República
Ayer las Fuerzas Armadas se desplegaron en puntos estratégicos, mientras la Policía avanza hacia el epicentro del conflicto. Agricultores se pronunciarán sobre Pepe Julio Gutiérrez, acusado de pedir dinero a minera.
La angustia se respira en el Valle de Tambo. El despliegue de mil miembros de las Fuerzas Armadas en puntos estratégicos, fuera del corazón de las protestas, puede marcar un punto de quiebre en el paro indefinido que mantienen pobladores de la provincia arequipeña de Islay, en contra del proyecto cuprífero Tía María de la empresa Southern.
Las maniobras de la milicia arrancaron la mañana de ayer con la llegada de un bus con 37 miembros de la Compañía Especial de Combate Nº 113 del Ejército al puente Pampa Blanca. El contingente se desplegó a las 10.00 horas a lo largo del viaducto portando fusiles Galil y algunos escopetas que lanzan bombas lacrimógenas. Esto en apoyo a los 100 efectivos de este sector que resguardan el control de este importante acceso al distrito de Cocachacra.
La misma acción se realizó en otras seis zonas estratégicas, en cumplimiento del Plan de Seguridad que se aprobó el sábado entre los ministerios del Interior, Defensa y Justicia. Se trata de dos túneles de ingreso a El Fiscal. Se custodia los puentes Santa Rosa y Pampa Blanca, así como el túnel de ingreso a Mollendo. Además marinos protegen la planta de Petroperú ubicada en Mollendo para el abastecimiento de combustible en camiones para la ciudad de Arequipa, servicio de abastecimiento que se viene restableciendo.
En tanto un grupo de cien efectivos de las Unidades de Servicios Especiales (USE) de Lima y Arequipa; incursionó al mediodía hasta el ingreso del distrito de Cocachacra, localidad controlada por los opositores de Tía María. Algo que no habían logrado en los 50 días de protestas.
Los agentes limpiaron la vía minada de rocas, troncos de árboles y arbustos,
con la ayuda de una tanqueta. El jefe del grupo, coronel PNP, Percy Tenorio, informó que en la zona se encontró una galonera con combustible, un escudo y un saco de piedras, que pertenecerían a los manifestantes.
“Si ingresan sería una provocación para el pueblo”, aseguró el presidente de la Junta de Usuarios del valle de Tambo, Jesús Cornejo, mientras los manifestantes se concentraban en la plaza San Francisco para agasajar a las madres.
Cornejo deslizó que cualquier consecuencia será de responsabilidad del Gobierno. La asamblea fue suspendida por ausencia de varios dirigentes.
DENUNCIA A ABOGADO
El alcalde de Deán Valdivia, Jaime de la Cruz y el dirigente Jesús Cornejo, analizan demandar al abogado ambientalista, Jesús Gómez Urquizo. Esto por implicarlos en un supuesto negociado con el dirigente Pepe Julio Gutiérrez, con el propósito de levantar el paro indefinido que sostienen. La empresa Southern en un comunicado rechazó su participación en las tratativas del abogado Gómez con el cuestionado dirigente.
Sobre la separación de Gutiérrez, Cornejo dijo que debería dar un paso al costado “por la unidad del pueblo”, pero de inmediato aclaró que eso solo lo puede decidir la población.
Entierran a policía víctima de los antimineros
En medio del dolor surgió una promesa de amor fraternal. Los dos hijos del suboficial Alberto Vásquez Durand (52) prometieron ante su féretro quererse por siempre. Y es que el último deseo del policía que falleció a manos de los opositores al proyecto minero Tía María, era unir a sus dos hijos.
El sepelio se produjo antes del mediodía en el Parque la Esperanza de Arequipa. La víctima fue ascendida al grado de suboficial superior. La bandera y el uniforme del ahora “mártir del orden interno”, le fue entregado a su madre Yolanda Durand.
Tanto la familia como los asistentes al sepelio exigieron al viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, Mauro Medina, presente en el acto, que capture a los responsables.
“Quiero a todos los responsables. No me molesta que mi padre haya muerto por su institución, sino la manera cómo ocurrió”, acotó Henry.
Vásquez tenía 31 años de servicio en la Policía y desde que salió de la Escuela de Charcani de Arequipa, trabajó en el Cusco en la División de Tránsito. Era de la tercera promoción de dicha escuela. Su jubilación estaba prevista para el mes de julio de este año. Ya había iniciado los trámites para su cese.
Alberto Vásquez, víctima de la sinrazón
Por Diana Seminario Marón- Diario El Comercio
Sería terrible que nos acostumbremos a la muerte, que la pérdida de una vida no nos escandalice y que la violencia no nos indigne. Pero, lamentablemente, esa es la realidad. Pareciera que hemos aprendido a convivir con la muerte, como si fuera la consecuencia lógica de esa barbarie que se ha instalado en el Perú bajo el eufemismo de “conflicto social”.
El sábado, el brigadier PNP Alberto Vásquez Durand murió luego de ser salvajemente agredido por los opositores a Tía María (por llamarlos de alguna manera). Lo golpearon tan fuerte que su masa encefálica quedó expuesta. Tuvo una penosa agonía, pero finalmente no resistió y se fue. Se cansó de luchar.
El presidente Ollanta Humala envió una condolencia vía Twitter, y emitió esa sentencia a la que muchas autoridades ya nos tienen acostumbrados: “Que su muerte no quede impune”.
El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, calificó de “protesta criminal” los sucesos de Tía María y llamó delincuentes a quienes promueven estos desmanes, pero insistió en que se debe dialogar. La pregunta ante estas afirmaciones –aparentemente contradictorias– se cae de madura: ¿Dialogar con criminales, señor ministro? ¿Puede hablar con personas que infringen descaradamente la ley? ¿Son interlocutores válidos aquellos que negocian “lentejas” estando de por medio vidas humanas?
En los últimos días, se ha dicho mucho y se ha hecho poco: que si se debe instalar el estado de emergencia en Islay, que si es correcta la presencia del Ejército en la zona, que si la militarización traerá más violencia, que si hace rato se perdió el principio de autoridad, etc. Pero, más allá de diagnósticos y análisis, considero que además nos debemos preguntar: ¿Se está cumpliendo la ley en nuestro país?
Las normas existentes prohíben bloquear carreteras y establecen penas de cárcel efectiva a quienes lo hacen. La prisión también está prevista para quienes atacan con extrema violencia a los policías y les causan daños. ¿Hay alguna persona detenida por el asesinato del brigadier Vásquez Durand? Y si queremos hacer historia, ¿alguien afrontó a la justicia por la masacre y desaparición del mayor Bazán en la Curva del Diablo en Bagua (2009)?
Así estamos. Mientras nos enteramos de que el cabecilla de la protesta Pepe Julio Gutiérrez negocia millones de dólares para levantar el paro, perdemos vidas, se afecta el libre tránsito y la propiedad privada.
Desgraciadamente, parece que este no es solo un problema de autoridades, de Estado de derecho y liderazgo político, esto también es un problema de indiferencia social generalizada, donde puede resultar un escándalo mediático el abandono de un grupo de perros en La Victoria o el sacrificio de un caballo en La Parada y no la muerte de un policía a manos de delincuentes que actúan bajo el manto de la impunidad llamada “protesta social”.
¿Hasta cuándo? Lamentablemente, parece que no hay indicios de una clara respuesta. La muerte de Alberto Vásquez Durand no debe ser una estadística más. Reaccionemos.
