Por Óscar Libón- Diario Perú21.
La ONG Centro Global para el Desarrollo y la Democracia (CGDD), fundada y presidida por el ex mandatario Alejandro Toledo, recibió transferencias de dinero, entre los años 2009 y 2011, de la empresa brasileña Odebrecht –la cual obtuvo contratos estatales por más de S/.250 millones durante el régimen del mencionado ex gobernante–, según un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al cual Perú21 tuvo acceso.
De acuerdo con la UIF, una de las cuentas corrientes en moneda extranjera de la referida ONG registró diferentes depósitos, en dólares y euros, “así como transferencias desde cuentas de terceros identificándose a Odebrecht Perú Ingeniería por US$71,536”.
Cabe anotar que esta información de inteligencia financiera fue elaborada por el organismo especializado como parte de las pesquisas iniciales sobre el caso de presunto lavado de dinero en las millonarias operaciones inmobiliarias realizadas por Eva Fernenbug, suegra de Toledo.
El ex presidente constituyó su ONG el 11 de agosto de 2006, apenas dos semanas después de que terminara su mandato gubernamental, el cual se inició en julio de 2001.
Aparte de las adjudicaciones conseguidas vía conformación de consorcios, es decir junto a otras compañías, los contratos con el Estado logrados por Odebrecht –durante el gobierno de Toledo– variaron de monto año a año. En 2002 la suma fue de S/.8’183,875 y en 2003 de S/.110’427,328.

• La directora ejecutiva del CGDD, Ana María Romero Lozada, dijo a Perú21 que los fondos de Odebrecht fueron colaboraciones para la realización de cinco eventos, desarrollados por la ONG del 2009 al 2011.

• La ex ministra de Toledo añadió que solicitó apoyo a la empresa vía cartas. “Todo es transparente y no hay nada ilegal”, expresó.

Lavado de dinero

Siempre se ha dicho que la riqueza material se obtiene con el trabajo personal y el esfuerzo que le pongas a las cosas. Claro, este es el camino correcto. Sin embargo, hay personas que están investigadas porque supuestamente habrían escogido vías más fáciles. Esta es la relación de investigados en el distrito judicial de Santa por lavado de activos que ha tomado la atención de la Procuraduría Especializada de Lavado de Activos (PELA) que dirige Julia Príncipe Trujillo. Varios de los casos tienen apelaciones pendientes y otros están en investigación.
LOS SAAVEDRA CARRIÓN
No hace mucho, en abril de este año, la titular de la Segunda Fiscalía Pena, Angélica Bayes, opinó mandar al archivo la investigación 205-2009 contra varios miembros de la familia Saavedra Carrión. Todo inicia cuando al chimbotano Jonhy Saavedra Carrión, la División de Lavado de Activos de la Dirandro –Apurimac, en abril de 2008, lo incluyó en una lista de investigados por un extraño ‘boom’ económico de Andahuylas, paso obligado para las mafias del narcotráfico que produce cocaína en los Valles de los ríos Apurimac y Ene (VRAE). Luego esto pasó a la fiscalía santeña. En el patrimonio de Jonhy Saavedra se halla la adquisición en el 2007 de una camioneta Suzuki ROA-310 por 12 mil dólares, una camioneta Pick Up PQQ-591 por 29 mil dólares y ser socio de la Constructora Orlando con capital de 15 mil dólares. Además de “préstamos preferenciales de la Caja Municipal del Santa otorgados por su familiar (hermano) Marco Saavedra Carrión, gerente de Créditos de dicha institución, por un total de 60,975 dólares y 218,800 dólares”. Teófilo Saavedra habría subvencionado la compra de las camionetas citadas y además habría entregado a su otro hijo, Marco Saavedra, 5,000 dólares para la adquisición del terreno donde construyeron el hostal El Cautivador, con una inversión de 220,000 dólares. A este último también le entregó 25,000 dólares, para que comprarse la camioneta PE-3720. Además, Teófilo Saavedra “realizó operaciones en la Caja Municipal del Santa por 408,450 dólares”. Además está el gerente de la Constructora Orlando SAC, Thor Montoya Díaz, quien también resultó ser gerente y accionista de Inversiones Pesqueras Thor EIRL y su dirección aparecía en las empresas Inversiones Pesqueras Orlando EIRL, Inversiones Pesqueras Rose EIRL e Inversiones y Negocios Jada EIRL. Para la policía él sería un “testaferro”, porque las empresas mencionadas “tienen como accionistas a jóvenes relacionados familiarmente que habrían realizado operaciones por un monto de US$ 11’161,082”. A pesar de todo esto, la perito contable Nimia Arroyo concluyó que todos los investigados no presentan desbalances patrimoniales.
LOS ‘COMANDOS’
La Segunda Fiscalía Penal desde el 3 de agosto de 2010 investiga al actual alcalde provincial del Santa, Luis Arroyo, su pareja Liz Camelia Acosta Cruzado. Se busca escudriñar sus relaciones comerciales con el oscuro exfuncionario del GRA, Dirsse Valverde Varas, y con el regidor Henry Torres Romero. En el caso 398-2010 se investiga cómo Dirsse Valverde Varas y su pareja Ruth Yuliana Alayo Herbias compraron departamento en el distrito Magdalena del Mar por 70,500 dólares, y un lujoso automóvil BMW. Para esto se conoció que Dirsse Valverde Varas y Luis Arroyo Rojas formaron la Empresa de Transportes Renato SAC en abril de 2005, con un capital de 1,000 soles. Además, la casa donde vive Arroyo, el lote 24, Mz., G’ de la urbanización Los Pinos, fue hipotecada y luego vendida a terceras personas, para terminar en manos de Arroyo y Acosta. A esto se suma que Liz Acosta tiene las partidas registrales N° 02003544 y 07033898 a su nombre.
LAS EMPRESAS S&J
Tal como ya lo publicó Correo, aún están pendiente el caso de los empresarios los hermanos, Edward Raúl y Rocío Edelmira Vergaray Galarza, las hermanas Sonia Concepción y Juana Eloisa Merino Verástegui (propietaria y gerente de Inversiones S&J, respectivamente); y Ricardo Edmundo Galarza Soto (trabajador de Inversiones S&J). El 25 de agosto a las 8 a.m. será la vista la causa de la apelación del archivo de la Procuraduría Nacional de Lavado de Activos, en la Sala Penal del Santa.
EL BROADCASTER
Un caso que sigue abierto es la investigación del empresario televisivo Jorge Luis Balbis Castro, en el Sétimo Juzgado Penal. Se investiga de dónde sacó el dinero para comprar los canales 15 y 27. En síntesis la investigación policial indica: “Ha aumentado su patrimonio de manera injustificada y sospechosa habiendo adquirido dos canales de televisión locales (15 y 27) que por su alta tecnología requieren de equipos costosos y que a decir del denunciante (Pedro Luis Del Águila Arrieta) estarían valorizados en 400,000 dólares…”. Además, Balbis es propietario del inmueble en el asentamiento humano UPIS San Luis II etapa, parcelas 12 y 14, Mz. M, lote 41 y del vehículo RE-2763 Balbis está procesado con comparecencia restringida, con expediente 02769-2010.
PREFIEREN QUE LOS INVESTIGUEN EN PIURA
Hasta el 16 de agosto de este año, el Primer Juzgado Penal Liquidador (expediente 742-2011) investigaba a los empresarios Cosme Castillo Sánchez, Jorge Antonio Mundaca Gayoso, Pavel Antonio Betancourt Mejía, José Mercedes Ramírez Periche y Elizabeth Zagal Muñoz. En la investigación fiscal estuvieron comprendidos también César Salazar Kou Ying y Víctor Raúl Vergaray Izaguirre (expropietario de la nave Linda Rocío). Los empresarios de Piura y Chimbote, en un periodo de 3 a 5 años, habrían incrementado su patrimonio de manera injustificada y sospechosa, adquiriendo acciones, bienes inmuebles con altos montos injustificables. Por ejemplo, indican las investigaciones, la adquisición de inmuebles por 90,000 dólares y compra de embarcaciones por 166,650 soles y otros. Ante todo esto, los investigados consiguieron que el Primer Juzgado Penal Liquidador les declare fundada la declinatoria de competencia, a fin que un juez penal de Piura los investigara.
LA EXALCALDESA
La exalcaldesa Victoria Espinoza García no se ha salvado de la investigación por lavado de activos en la Sexta Fiscalía Penal (caso 2010-60) e indicios no han faltado. Se investiga cómo la alcaldesa y su entorno familiar (Wuilmer Agapito Vásquez, Fernando Ronaldo Gonzales Vásquez, Olga Hoyos Espinoza, Shirley García Espinoza y Segundo Hoyos Regalado) adquirieron sus bienes. Par ello se presentaron los vehículos de Espinoza García: las camionetas PGB-673 Pick Up, Jeep ROY-570 y Jeep 2009 LIE-243. En 1996 adquirió el auto AE 7340 Toyota, cuando era regidora de la MPS. Los inmuebles: el lote 22 de Florida Baja por 15,000 soles; el lote 31 de la Mz. 19 de La Libertad, propiedad que tenía una hipoteca por 33,646 dólares y un embargo edil por 2,500 soles, deudas pagadas en el 2008. Además, su hija, Olga Hoyos Espinoza, compró la camioneta H1AQ-020 y el inmueble 437 del jirón Leoncio Prado por 90,000 soles; y cómo no olvidar el préstamo de 40,000 soles que obtuvo de la Caja Municipal del Santa, entidad para la cual trabajó.
OTROS EMPRESARIOS INVESTIGADOS
La lista de investigados es grande, están el propietarios de la empresa transporte Cruz del Norte, Edilberto Miranda, que incrementó su flota y sus inmuebles; la copropietaria de la clínica San Pedro, Giuliana Cavero; el entorno del tripulante de la embarcación “Fausaqui 1”, que pretendía sacar del país 250 kilos de clorhidrato de cocaína por un puerto de Piura, en mayo de 2009, Jorge Luis Olaya Campos; y los hermanos Casana Cárdenas, dueños de camiones frigoríficos. Todos investigados por la Segunda Fiscalía Mixta de Nuevo Chimbote.
El exalcalde Valentín Fernández también es investigado por lavado de activos en la Primera Fiscalía Mixta de Nuevo Chimbote por las mismas razones que la Fiscalía de la Nación ha decidido que se le denuncie por enriquecimiento ilícito.
Fuente: Diario Correo.
Un caso de conflicto de intereses en el sector pesquero se estaría produciendo en el Congreso al detectarse que el presidente de la Comisión de Producción, el fujimorista Freddy Sarmiento Betancourt, y el asesor principal de dicho grupo de trabajo, están relacionados con un empresario pesquero que se beneficiaría con los alcances del polémico Decreto Supremo 005, que concede beneficios a pescadores de anchoveta de menor escala. Cuarto poder denunció que Sarmiento habría recibido financiamiento del empresario Jorge Mundaca Gayoso durante la campaña electoral. Adicionalmente, el asesor principal de la comisión, Francisco Pasquel, aparece como “apoderado legal” del Consorcio Muza, de propiedad de Mundaca. El congresista Luis Iberico, miembro de la comisión, alertó de este conflicto de intereses porque ese grupo de trabajo debe evaluar en los próximos días los alcances del decreto emitido por el Ejecutivo.
Fuente: Diario Perú21.