El Gobierno peruano propuso al exministro de Justicia Francisco Eguiguren Praeli como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que promueve y protege estos derechos en el continente.
Con esta candidatura, el Poder Ejecutivo se propone contribuir a fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos, como parte de los esfuerzos del Perú por el desarrollo con inclusión social, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Asimismo, indicó, busca consolidar las condiciones prácticas que garanticen los derechos humanos.
Trayectoria
La trayectoria de Eguiguren como jurista y su profundo conocimiento en materia de derechos humanos merecieron su designación como el primer ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú, cargo que ejerció de julio a diciembre de 2011.
Además, según la Cancillería, su contribución académica y práctica a la promoción y al respeto de las garantías constitucionales judiciales, a los preceptos constitucionales y al fortalecimiento institucional democrático será un aporte vital para las labores de la citada comisión.
Fuente: Diario El Peruano.
AIDESEP desconoce consultas previas
Viceministra Patricia Balbuena rechaza cuestionamientos de Aidesep. Señala que para el Ejecutivo no hay consultas para entregar concesiones, pero para nativos sí.
Aidesep ha salido a cuestionar dos consultas previas en los lotes 195 y 169.
Creo que, en realidad, si bien es cierto que los procesos de consulta de los lotes 195 y 169 fueron los primeros y significaron un proceso de aprendizaje, no implica deslegitimarlos. Lo que me preocupa es que se plantee la idea de que estos procesos van a ser desconocidos, porque eso ya no es posible.
¿Sería desconocer un proceso y un acuerdo?
Cada proceso de consulta termina con acuerdos, que se convierten en vinculantes tanto para el Estado como para las organizaciones. No puede venir luego la organización que participó en el proceso de consulta y decir: ah, bueno, me he dado cuenta de que lo que hicimos allí no funcionó bien y lo desconozco. El proceso de consulta implica una serie de obligaciones tanto para la entidad que propone como para la organización que participa.
¿Aidesep les ha hecho saber estos cuestionamientos?
Sí, claro, nosotros hemos tenido reuniones entre Perupetro, Ministerio de Cultura y Aidesep.
Tuvimos reuniones hace meses, planteamos una reunión interna para escucharlos y ver cómo mejorábamos para los siguientes procesos.
¿Entonces cómo queda lo que ha manifestado ahora?
Queda como un balance para ver cómo se mejoran los siguientes procesos.
La Sociedad de Minería, Petróleo y Energía señalaba que están de acuerdo con la consulta previa, pero el gran problema es que no hay un padrón de comunidades.
Cada proceso tiene un ámbito de consulta. Se deben identificar las comunidades, las organizaciones que agrupan a estas. Hay un trabajo de reconocimiento de campo y tras hacer un informe técnico se establece a quiénes consultar.
Amnistía ha dicho en su último informe que en la consulta previa en el Perú había una falta de metodología clara y de coherencia en la adjudicación de concesiones a las industrias extractivas.
Hay una discusión alrededor de si las concesiones deben ser consultadas o no. Por ejemplo, en la concesión minera la posición de la sociedad civil es que sí debería ser consultada, pero la del Ejecutivo es que no.
¿Por qué?
Porque una concesión no implica que la empresa va a entrar de frente, sino que debe pasar por una serie de procesos, no hay una afectación directa a un derecho colectivo. La consulta previa no es solo porque hay una actividad extractiva sino la afectación de un derecho colectivo.
Fuente: Diario Gestión.