En las últimas semanas se ha cuestionado la labor de algunas ONG vinculadas con los derechos humanos. Inclusive la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) demandó al Estado Peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por supuestas ejecuciones extrajudiciales de tres miembros del MRTA, tras la operación Chavín de Huántar.
El reciente nombramiento del director ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), Félix Grández Moreno, vuelve a poner en el ojo de la tormenta a esta importante entidad, encargada de supervisar los fondos de la cooperación externa que muchas ONG han usado de manera poco transparente.
Grández Moreno fue nombrado en el máximo cargo de la APCI, según la Resolución Suprema Nº469-2011-RE. Sin embargo, este nombramiento violaría la Ley 27962, que rige a la APCI, referente a los requisitos para la designación del máximo funcionario de ese organismo.
“Para ser Director Ejecutivo se requiere: no tener participación directa o indirecta en el capital o en el patrimonio de las entidades vinculadas con la cooperación internacional o ser parte de ella como asociado, directivo, administrador, asesor o representante legal, o ser apoderado de la misma, hasta después de dos (2) años de terminada la participación patrimonial o alguno de los cargos o representación referidos”, señala el artículo 9. Es decir, no puede formar parte de ninguna ONG.
Sin embargo, documentos de Registros Públicos señalan que la Asociación Centro de Educación y Comunicación Guamán Poma de Ayala, del Cusco, inscrita ante la APCI, consigna a Grández Moreno en su Consejo Directivo con el cargo de “tesorero” para el periodo 2011-2013, designación que le prohíbe dirigir la APCI.
Cabe precisar que el Centro Guamán Poma recibió en el 2010 de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional $232,186 y de la ONG europea Manos Unidas $1’161,279.
Al respecto, el excongresista Rolando Sousa, uno de los autores de la nueva ley de la APCI, indicó que “un tesorero de una ONG no puede dirigir la APCI, porque está vinculado a una entidad receptora de cooperación”.
Para el ex director ejecutivo de la APCI entre el 2006 y 2008, Agustín Haya de la Torre, “la ley es clara en ese punto: el director tiene que estar desvinculado por lo menos dos años, porque no se puede poner al gato de despensero”.
Haya indicó que es un “severo descuido” de la Cancillería haber nombrado a Grández sin conocer que no cumplía los requisitos.
“El Consejo Directivo de APCI lo integran 5 ministerios. Hay una responsabilidad muy seria en este caso. Si se confirma que el señor es tesorero, no le queda otra que renunciar”, señaló.
Por su parte, el legislador Carlos Bruce declaró que “habiendo tantas personas preparadas, es el colmo que se designe a quien incumple los requisitos”.
Fuente: Diarios El Comercio, La República y Correo.
Por Marlene Huamanlazo- Diario Correo.
La denuncia del Diario Correo de que Félix Grández Moreno, pese a ser tesorero de una ONG, había sido nombrado como jefe de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), no cayó en saco roto.
Y es que el citado funcionario decidió renunciar de manera irrevocable al cargo de esa institución que presidió solo diez días y no acudió a la sesión a la que fue citado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.
El presidente de ese grupo de trabajo, Rogelio Canches Guzmán, manifestó su extrañeza porque el funcionario renunciante no respondió a la invitación que se le hizo oportunamente y que al recurrir al ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo, tuvo como respuesta el envío de una copia de su carta de dimisión.
La congresista Lourdes Alcorta (APGC) aseveró que es vergonzoso certificar que el gobierno nombre a personas irresponsables en cargos estratégicos y que estén vinculados a Organismos No Gubernamentales (ONG), instituciones que precisamente dependen de la APCI.