Uno de los episodios más penosos del Baguazo ocurrido el pasado 5 de junio tiene que ver con la misteriosa desaparición del valeroso Mayor PNP Felipe Bazán Soles, cuyo cuerpo aún no es encontrado.
Sobre este caso y durante la presentación del informe final comisión del Ejecutivo que investigó los lamentables sucesos la ex Ministra de la Mujer Susana Pinilla informó que existe un video grabado por el Vicariato de Jaén en el que se aprecian imágenes que podrían corresponder al desaparecido oficial de la Policía.
Detalló que en la grabación se ve que al menos 20 indígenas trasladan a dos heridos, uno de los cuales tenía el torso desnudo. La voz en off del video relata que el herido es un policía, pero cuando se está a punto de enfocarle el rostro para identificarlo, la grabación se corta.
“Muchos de los testimonios han señalado que esa persona era el Mayor Bazán. (Incluso) la propia monja (Gómez) lo dijo: ‘Yo sé que ése es el mayor Bazán’. Ella fue quien lo dijo”, comentó Pinilla según publica el diario Correo.
EVISCERADO Y LANZADO AL RÍO
Es más, relató que según algunos testimonios recogidos, al citado mayor de la Policía lo habrían eviscerado y lanzado al río. “Lo que nos explicó Mari Carmen (Gómez) es que cuando un cuerpo humano flota, es porque las vísceras se hinchan, entonces hay que eviscerarlo para que no flote”, añadió.
Critican a religiosa Los miembros de la comisión que investigó los hechos de Bagua no ocultaron su malestar por la conducta de la religiosa Mari Carmen Gómez, a quien acusaron de filtrar a diferentes medios de comunicación un supuesto informe carente de validez.
“Sobre la base de ese error, o de esa mentira, se lanza todo un argumento para discrepar de aquello que ni siquiera estaba escrito”, advirtió Manuel Bernales, miembro del citado grupo de trabajo.

Informe final de Comisión Investigadora de los sucesos en Bagua también responsabiliza a legisladores Nacionalistas y al Ejército
No sólo son responsables del “Baguazo” la policía, autoridades políticas y algunos malos dirigentes indígenas. El informe final de la comisión investigadora de los hechos ocurridos en Bagua, también detalló la activa participación que tuvieron algunos congresistas del Partido Nacionalista en los eventos previos al 5 de junio, la misma que generó “una distorsión de la agenda indígena”.
Según publica Peru 21, semanas previas a los hechos violentos, los parlamentarios nacionalistas Janet Cajahuanca, Marisol Espinoza, José Maslucán y Rafael Vásquez estuvieron presentes en reuniones con indígenas en las zonas de Huampami y Mamayaque. Allí, sostuvieron “acalorados discursos” manifestando que los decretos legislativos promulgados “les quitarían todas sus tierras no cultivadas o en uso y los llaman a la lucha para defender sus tierras (y) lo propio hicieron en Atalaya”.
“Estos son los dos lugares donde el paro amazónico tuvo mayor expresión violenta expresada en toma de ríos, carreteras, aeropuertos e instalaciones. Asimismo, hubo presencia de un congresista nacionalista en reuniones con dirigentes indígenas días previos a los hechos de la Curva del Diablo”, consigna el informe sin identificar al parlamentario.
El grupo de trabajo también da cuenta de otros actores: los ronderos, que incorporaron demandas políticas; los reservistas del Ejército no indígenas en la Curva del Diablo y en la Estación 6; el SUTEP, cuyos líderes “tuvieron una participación protagónica en las revueltas de Bagua y Utcubamba”; el Frente de Defensa de Bagua en actos de agitación; y algunos medios de comunicación locales y nacionales “que difundieron información desproporcionada”.
De acuerdo a la comisión, las protestas indígenas fueron legítimas. Sin embargo, los factores y actores señalados la distorsionaron.
Para la Comisión, el Ejército también fue responsable del fatal resultado del 5 de junio pasado. Según el informe, las tropas de la 6° Brigada de la Selva no llegaron a tiempo a los puntos críticos que debía proteger. Uno de ellos era la Estación 6 de Petroperú, donde miles de indígenas tenían cautivos a 38 policías que estaban al mando del Comandante PNP Miguel Montenegro.
Además, el documento consigna testimonios de policías que acusan al Ejército por negarse a ayudarlos. Y concluye que la estación petrolera “no estuvo protegida por el Ejército tal como establecía el plan del Comando Conjunto”. Para el grupo, hubo una “coordinación deficiente entre el Ejército y la Policía”.
El asunto no cayó bien en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA). Su jefe, Francisco Contreras, dijo a Perú 21 que el 4 de junio, cuando se reunió con el entonces jefe de la Policía, José Sánchez Farfán, este nunca le dijo que el operativo sería a las 5 de la mañana del día siguiente.
De acuerdo con un informe preliminar de la Comisión Investigadora de los Sucesos de Bagua, al que El Comercio tuvo acceso, misioneros del Vicariato de Jaén editaron un DVD en el que se observa al Mayor PNP Felipe Bazán golpeado y arrastrado por un grupo de nativos. La comisionada María del Carmen Gómez confirmó la existencia de este video y que este fue visto por el grupo investigador. “Sin embargo, no ha sido considerado como debería en las investigaciones de la comisión”, señaló.
Élmer Bazán, hermano del mayor desaparecido, aseguró que ellos habían tenido acceso al video y lo repartieron a varias instituciones, incluso a la Fiscalía de Utcubamba, que ve el caso. “Si se investigara a profundidad este DVD, se podría llegar a los responsables de lo que le sucedió a Felipe”, resaltó.
Según el documento preliminar, los misioneros del Vicariato de Jaén mantienen una sistemática información unilateral para los indígenas de la zona; han promovido, apoyado y acompañado medidas y normas legales e ilegales que terminaron con la muerte de policías y nativos.
ANTECEDENTES
[28/4/2009] Un millar de nativos cerca la estación 6 del oleoducto en Amazonas.
[5/6/2009] La policía se enfrenta a los nativos que bloqueaban la carretera Belaunde Terry. Murieron 23 policías y 10 civiles, además desapareció el mayor PNP Felipe Bazán.
[6/6/2009] Cerca de la Curva del Diablo, se hallan los cuerpos de los nueve policías degollados.
[10/6/2009] El Gobierno crea oficialmente una mesa de diálogo con los nativos denominada Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos.

Para que nunca más vuelva a suceder
Manuel Bernales, Susana Pinilla y el Padre Ricardo Álvarez OP, miembros de la Comisión que desde el 7 de setiembre investiga los sucesos de violencia en Bagua, hicieron público su Informe Final en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Dicho documento señala que los acontecimientos violentos en Curva del Diablo y la Estación 6 del oleoducto son atribuibles a cuatro aspectos: (1) “apresuramiento y falta de tacto de algunos sectores del Ejecutivo al promulgar los decretos legislativos 1064 y 1090 sin tener en cuenta la delicada sensibilidad amazónica”; (2) exacerbación del espíritu combativo de los indígenas por parte de congresistas del “Partido Nacionalista, ronderos, SUTEP, reservistas y del Frente de Defensa de Bagua”; (3) toma de carreteras y diversas instalaciones por el movimiento indígena “que fue desbordado por su propio colectivo” y (4) “la responsabilidad de informadores que magnificaron y falsearon los acontecimientos de la Curva del Diablo, lo que generó reacciones vengativas (el secuestro y asesinato de 11 policías).
OTROS FACTORES
La comisión también señala en su informe “una serie de hechos puntuales” que impidieron frenar la violencia: Cambio de los mandos policiales a cargo del desalojo de Curva del Diablo a solo dos días de dicha operación, equipamiento insuficiente de los policías, incumplimiento del Ejército en sus funciones, coordinación deficiente entre el Ejército y la Policía, débil liderazgo local de autoridades y pobre interrelación con los indígenas, así como “algunos religiosos que participaron con el movimiento indígena confundiendo su papel evangelizador”.
Entre los hechos puntuales también se señala a las “ONG que desarrollan una importante cultura de derechos […] pero que no promueven el diálogo intercultural para el entendimiento con el Estado” y la “responsabilidad de instituciones del Estado y de personas a cargo de las mismas que generaron dispositivos legales sin cumplir con el derecho de consulta a los pueblos indígenas […]”, aunque no se precisan las responsabilidades de los diversos ministerios y del Congreso. Estas aparecen solo en la cronología de sucesos que encaminaron al país hasta el 5 de junio.
LOS ENFRENTAMIENTOS
En cuanto al inicio de los enfrentamientos entre indígenas y policías en Curva del Diablo, el informe señala que “los policías no atacaron a los nativos, son los nativos los que suben en masa a buscar a la policía en la cima del cerro (Curva del Diablo), por lo que la policía los repele con gases lacrimógenos y perdigones. Al sentirse acorralados, disparan en defensa propia y son rebasados por la masa”. En este punto fallecen 12 policías.
Sobre las acciones en la Estación 6, donde mueren 11 agentes, la comisión ha determinado que los indígenas actuaron de manera enardecida contra los policías junto a ronderos y reservistas “ante las noticias de una supuesta masiva matanza de indígenas en la Curva del Diablo”.
Al respecto, el coordinador de la comisión investigadora, Jesús Manacés —que, con la religiosa María del Carmen Gómez, se abstuvo de firmar el informe— manifestó que no estaba de acuerdo con las conclusiones del documento. Gómez evitó dar declaraciones.
El pasado viernes 25, Manacés y Gómez enviaron al ministro de Agricultura, Adolfo de Córdova, una carta con 43 observaciones al informe presentado ayer. En dicha carta critican, entre otros aspectos, que no se haya tomado testimonio a todos los implicados y que el informe final califique la acción policial en Bagua como “una actuación defensiva”.
QUE NO VUELVA A SUCEDER
Bernales, Pinilla y el Padre Álvarez precisaron ayer que su informe determina las causas de la violencia en Bagua y no individualiza las responsabilidades, pues ello es tarea de las autoridades judiciales. Por ello, acotaron, el informe no consigna los nombres de quienes deben ser investigados por las instancias correspondientes.
Tampoco se pudo conocer el paradero del mayor Felipe Bazán, pues los comisionados dijeron que no habían reunido las pruebas suficientes.
El 12 de enero, los cuatro grupos de trabajo que evalúan la problemática indígena deberán analizar sus respectivos informes en presencia de representantes del Poder Ejecutivo y dirigentes de la Amazonía. Ese día podría cobrar valor la frase que da título al informe sobre la tragedia en Bagua: “Para que nunca más vuelva a suceder”.
Entrevista al Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana Monseñor Miguel Cabrejos
Las navidades encuentran a la Iglesia involucrada en una grave denuncia: el preinforme de la comisión investigadora sobre los sucesos de Bagua señala que misioneros de ese lugar incitaron a la violencia a los pobladores el 5 de junio, fecha de los disturbios.
Supimos esto cuando estábamos en la reunión del Consejo Permanente del Episcopado. Nos comunicamos con el obispo de Jaén, Santiago García de la Rasilla. Además, los obispos decidimos protestar por la forma como se presentó la noticia.
Pero esa aseveración está en el informe preliminar.
Habría que esperar el informe final de esa comisión. Es bueno que se sepa que en el Perú hay 11 jurisdicciones eclesiásticas que trabajan en la Amazonía, son la cuarta parte del Episcopado. La Iglesia ha estado siempre presente apoyando a los nativos, evangelizando y promoviendo a la persona. Hay que descartar categóricamente que la Iglesia o alguna jurisdicción de esta haya apoyado la violencia. Cuando explotó el problema del 5 de junio nos reunimos todos los obispos de la zona y apoyamos el trabajo de monseñor García y comprobamos que no se promovió la violencia. El 8 de junio, cuando un sacerdote habló de la posible existencia de fosas comunes, ya se habían producido los hechos. Él escuchó esto de los indígenas y cometió el error de retransmitirlo, pero ofreció disculpas. La violencia va contra la esencia misma de la Iglesia.
¿Cuántos misioneros hay en la zona?
Hay sacerdotes diocesanos, jesuitas, franciscanos, laicos comprometidos y todos condenan la violencia. La Iglesia, siguiendo los pasos de Dios, es la opción por la no violencia, el trabajo por la paz y por el desarrollo.
¿Ha leído el preinforme? La mayoría de miembros de la comisión investigadora sostiene que no existe tal documento.
Sí he leído ese borrador y sé que ha llegado a muchas personas.
La hermana María del Carmen Gómez, miembro de la comisión investigadora y contraria al contenido del preinforme, lo ha tenido en sus manos.
No se puede negar ese borrador, ha circulado. Los obispos reunidos tenían una copia.
Ese preinforme no esclarece los hechos. ¿Usted aguarda que el informe final aclare lo ocurrido?
El informe final debe ayudar a conocer la verdad. Porque tarde o temprano, como en La Cantuta y otros casos, esta termina saliendo a la luz. Es mejor hacer el esfuerzo para que se esclarezca la verdad y hacer un mea culpa adecuado, sincero, ecuánime, sin apasionamientos políticos. El consejo aguaruna huambisa ha respaldado la labor de la Iglesia en Bagua, rechazando la falsa apreciación de que los misioneros de Jaén azuzaron la violencia. Además, cronológicamente es imposible.
¿Si la hermana María del Carmen Gómez no firma el informe, sería grave?
No he conversado con ella aún, pienso llamarla para que nos informe. Ella está en la comisión, no por la Conferencia Episcopal sino por el Gobierno, quien la designó. Si ella no firma, algo debe haber de incorrecto en el informe. Ella viene trabajando más de 30 años en la zona, conoce la realidad, es una persona sumamente serena, equilibrada. Por algo el Gobierno la puso en la comisión. Aparte de las mesas de diálogo se formó una comisión central y a la Conferencia Episcopal se le pidió un delegado. Enviamos a monseñor Miguel Irízar, quien ha sido obispo de Yurimaguas. Él nos dijo que se formaron las subcomisiones y que nunca más se volvieron a reunir. No los han llamado. Esto debe corregirse.
¿Entonces esa comisión tiene que conocer la verdad?
Necesariamente tiene que conocer la verdad. La historia no se puede borrar, es como el museo de la memoria. Sería igualmente bueno que la comisión establezca responsabilidades con bastante serenidad, sin ningún tipo de pasión política y pensando en el desarrollo de los pueblos amazónicos. El Perú es un país amazónico, aunque no se reconozca como tal. El 60% de nuestro territorio es Amazonía.
Observaciones al Informe Final de la Comisión Especial Investigadora de los sucesos de Bagua
Lima, 25 de Diciembre del 2009
Señor
Adolfo de Córdova Vélez
Ministro de Agricultura
Presente.-
Jesús Manacés Valverde y Carmen Gómez Calleja, en calidad de Presidente e integrante, respectivamente, de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua (en adelante CEI), creada por la Resolución Ministerial Nº 0664-2009-AG, nos dirigimos a usted para expresarle lo siguiente:
1 En primer lugar, poner de su conocimiento que el acceso al Informe Final de la CEI le fue impedido, sin motivo y arbitrariamente a la suscrita, Carmen Gómez Calleja, pese a ser miembro pleno de la Comisión y el cual -tal como se me comunicó oportunamente- había sido dejado desde el día 22 de diciembre el año en curso en el Ministerio de Agricultura para que, como los demás miembros de la CEI pudiéramos leerlo y decidir si lo suscribíamos o no. Fue sólo gracias a la gestión del Presidente de la Comisión que he podido enterarme de su contenido y, con conocimiento de causa, expresar de forma compartida las razones por las que no podemos suscribir dicho Informe Final.
2 En segundo lugar, era de esperarse que luego de las unánimes críticas que desató una primera versión del Informe, que fue de conocimiento público, se crearan las condiciones requeridas para que se concluyese en un documento final acorde con la rigurosidad, apego a la verdad y relación con las pruebas recopiladas por nuestra Comisión durante sus tres meses de trabajo; cosa que lamentablemente no ocurrió.
3 Si bien el Informe Final, presentado ya en el Ministerio de Agricultura, es formalmente diferente al anterior, sin embargo, a nuestro juicio, en su contenido sigue el mismo espíritu y la misma línea de argumentación y, por ende, comparte las mismas deficiencias.
4 En primer lugar, porque al igual que el anterior texto, la gran mayoría de sus afirmaciones carece de una sustentación rigurosa, por más esfuerzos que esta vez se haya hecho para aparentar que se están tomando en cuenta los testimonios o entrevistas recogidas durante el trabajo de la CEI. Lo cierto es que en casi todos los párrafos se afirma o se remite a un solo testimonio u opinión de parte, sin reflejar la pluralidad de opiniones recogidas en torno a estos hechos o una apreciación propia al respecto. Hay una buena parte de hechos que se presentan y asumen como ciertos, teniendo escaso o ningún correlato con lo recogido por la Comisión.
5 Es evidente que del material recogido por la CEI (documentos, entrevistas, testimonios, visitas de campo, etc.) no se puede concluir como idea central que la causa de la protesta de los pueblos indígenas de la Amazonía, haya sido que éstos no “comprendieron bien” el contenido de los decretos legislativos cuestionados, debido a que hubo dirigentes gremiales, miembros de partidos políticos, sectores de la Iglesia Católica, integrantes de ONG, etc., que distorsionaron sus contenidos, manipulando y engañando de esta manera a los Pueblos Indígenas.
Durante el tiempo de trabajo de la comisión se fueron esbozando muchas causas, las cuales no aparecen recogidas; los comisionados tenían distintos puntos de vista y no se llegó a consensos, en parte por falta de tiempo suficiente para la reflexión conjunta; de ahí nuestra insistencia en la ampliación del plazo. Sin embargo, nos sorprende que se haya incorporado como principal causa de todo lo sucedido la falta de comunicación o explicación de los decretos legislativos, cuando es de conocimiento de todos, que las causas son más complejas y algunas vienen de tiempos anteriores. Esto puede ser opinión de algunos miembros de la comisión, pero la afirmación de que sea la causa principal no se sustenta, por ejemplo, en los testimonios recogidos en los grupos de indígenas u organizaciones representativas.
Por este error inicial, gran parte de las recomendaciones del Informe Final se refieren a una mejor comunicación o explicación de los decretos legislativos, sin tener en cuenta que, para un gran número de entrevistados dichos decretos deben ser derogados, tanto por la forma en que se dieron como por sus contenidos.
6 Es importante señalar que no se da el mismo carácter de verdad a los testimonios recogidos de las autoridades que a los testimonios recogidos de los indígenas; en muchos casos estos últimos han sido sacados de su contexto, impidiendo apreciar el verdadero sentido de lo que se quería decir y volviéndolos contra ellos mismos.
7 En la cronología efectuada se han incluido muchos hechos que no tienen una justificación adecuada, mientras que, a la vez, se omiten otros que, por el contrario, son sumamente relevantes. En varios momentos de la cronología, además, el Informe Final no se limita a mencionar el hecho, sino que lo comenta o valora, lo que desnaturaliza el recuento de hechos y le infiere un componente de subjetividad valorativa impropio de una investigación objetiva e imparcial.
8 Si bien de los testimonios que se logró recoger, y que no han sido valorados adecuadamente por falta de tiempo, se vislumbran responsabilidades en los militares y policías, no se ha logrado aún determinar cómo fue el operativo, qué coordinaciones se tuvo entre ambas instituciones o con otras instituciones del Estado y cual fue el rol del ejecutivo en estos hechos.
9 En suma, la gran mayoría de las recomendaciones son discutibles y encierran una crítica severa, otra vez, contra organizaciones sociales, sectores de la Iglesia, partidos políticos, dirigentes, ONG, como si la actuación de los grupos indígenas siempre fuera producto de engaños o manipulaciones.
10 Como es de dominio público, el 5 de junio de 2009 aconteció en Bagua, Amazonas, Perú, una situación de conmoción y confrontación social acumulada, que tuvo como protagonistas al Estado y a los pueblos indígenas amazónicos y dejó un lamentable saldo de 33 víctimas mortales, un policía desaparecido y más de 200 heridos, de los cuales 82 fueron de impacto de bala.
Tres meses más tarde, el 7 de septiembre de 2009, se creó la Comisión Especial para Investigar y Analizar los sucesos de Bagua (CEI) a través de la Resolución Ministerial Nº 0664-2009-AG asignándole como objeto “determinar las causas y consecuencias de orden socio-cultural, económicas, políticas y religiosas que dieron lugar a los sucesos del 5 de junio del 2009 en la provincia de Bagua, con fines de reconciliación”.
Conforme a su norma de creación, la CEI debió estar presidida por los principios de verdad, justicia, equidad, independencia, imparcialidad, objetividad y exhaustividad; y su finalidad esencial es contribuir a que “hechos similares nunca más vuelvan a suceder”.
No obstante, los hechos sucedidos el 05 de junio de 2009 no han sido hasta hoy debidamente aclarados, ni las responsabilidades correspondientes correctamente definidas. En particular, la responsabilidad de quienes, por la posición que ocupaban u ocupan en el ejercicio del poder, tuvieron una implicación directa y pública en estos hechos; derivándose más bien estas responsabilidades a actores secundarios o, alterando incluso la verdadera naturaleza de los hechos, para sindicar dicha responsabilidad a terceros, lo que impide esclarecer las verdaderas responsabilidades.
11 El análisis de los sucesos de Bagua hecho por los miembros de la Comisión que suscriben el denominado Informe Final, no sólo no ha respetado el principio de objetividad, imparcialidad y exhaustividad al que estaba obligada por mandato legal, sino que, además, no ha respetado aspectos sustanciales del procedimiento formal para el logro de sus objetivos.
12 El gobierno, por su parte, no colaboró efectivamente con el desarrollo del objetivo de la Comisión, pues no se le otorgó el financiamiento y medios necesarios para que lleve a cabo con eficiencia su labor.
13 En efecto, la CEI se instaló el 7 de septiembre de 2009, pero nunca se aprobó el Presupuesto, ni asignaron, y menos se proveyeron las recursos y el tiempo necesarios para que pudiera cumplir con su objeto. Recursos aprobados con este fin por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) nunca se hicieron efectivos. El Ministerio de Agricultura solventó dos viajes de la CEI; este fue el único apoyo en lo que se refiere a presupuesto.
14 Otros órganos del Estado obstaculizaron igualmente la actuación de la CEI, como fue el caso de funcionarios del Ministerio Público, quienes negaron al Presidente de la Comisión, señor Jesús Manacés, los documentos de la investigación fiscal. Lo mismo ocurrió con el Informe de Control Interno del Ministerio del Interior, que le fue negado al Presidente de la CEI pese a solicitarlo en varias oportunidades. Ambas entidades se excusaron argumentando para ello que las investigaciones estaban en proceso.
15 A pesar de tener por objeto la búsqueda de la verdad, la CEI no pudo interrogar, en ningún momento, a diversos personajes que, sin embargo, son protagonistas esenciales del relato que ella misma construyó alrededor de los sucesos del 05 de junio de 2009 en Bagua, así como de los hechos anteriores y posteriores al mismo.
16 No se pudo lograr la entrevista con el señor Presidente de la República, Dr. Alan García Pérez, que hubiera sido muy importante para aclarar algunos aspectos que se dieron previo, durante y después del proceso, que contribuirían a la reconciliación nacional, de acuerdo a la finalidad de esta comisión.
17 La CEI tampoco interrogó a los promotores directos de los decretos legislativos que, como la misma CEI reconoce, afectaban los derechos indígenas, carecían de legitimidad porque no fueron consultados con los pueblos indígenas, tal como instruía el Convenio 169 de la OIT y fueron “el desencadenante que generó el paro y las movilizaciones amazónicas a nivel nacional”. En el caso particular de la Ministra Mercedes Flores Aráoz, pese a que se la citó, no se pudieron conocer las razones que la llevaron a sostener, con insistencia y una buena dosis de alarmismo, que si se derogaban los decretos legislativos cuestionados se ponía en riesgo el Tratado de Libre Comercio celebrado (TLC) con los EE.UU. y el Perú podía ser objeto de sanciones internacionales. Afirmación que luego el señor Yehude Simon, ex Presidente del Consejo de Ministros durante los sucesos de Bagua, se encargó de desmentir tajantemente. Este último, tampoco fue entrevistado por la Comisión pese a la eminente y crítica posición que ocupó en el momento en que ocurrían los hechos objeto de investigación por la CEI.
18 En el Informe Final, los miembros de la CEI que lo suscriben, hacen graves imputaciones a organizaciones sociales, dirigentes, ONGs, medios de comunicación y miembros de la Iglesia Católica, a los que sin embargo, ni individualizaron, ni citaron para tomar su declaración y poder confirmar o desvirtuar los cargos que les atribuía. Lo cual invalida estas afirmaciones, pues no fueron llamados a rendir sus declaraciones; por ello consideramos que este informe es incompleto y tendiente a graves errores y no contribuye a la reconciliación nacional.
19 Asimismo, aunque el Informe Final atribuye directa responsabilidad a varios parlamentarios del Partido Nacionalista (PNP), a quienes sindica como promotores de la movilización indígena y la comisión de actos violentos urbanos (sic), en su gran mayoría tampoco fueron citados ni escuchados. De igual forma, no fueron citados ni escuchados los representantes de las rondas campesinas, dirigentes magisteriales o integrantes de determinados Frentes de Defensa locales a quienes el Informe Final atribuye la comisión de actos violentos, como también ocurrió respecto de representantes y dirigentes indígenas.
20 El Informe Final tampoco incluyó la versión u opinión de ninguno de los deudos de las víctimas civiles, fueran estas mestizas o indígenas y de ninguno de los 16 trabajadores que estuvieron en la Estación de Bombeo Nº 6. Ningún miembro de la DINOES declaró de forma reservada ante la CEI.
21 A pesar de haber entrevistado al Presidente del Congreso durante los sucesos del 5 de junio de 2009 en Bagua, señor Javier Velásquez Quesquén, y teniendo claro que la palabra empeñada del Congreso para revisar los decretos fue frustrada, el Informe Final no ofrece ninguna explicación de por qué, pese a que desde el mes de diciembre de 2008 una Comisión Multipartidaria, coincidiendo con la Defensoría del Pueblo, había recomendado la derogatoria de los decretos legislativos dictados por el Poder Ejecutivo por inconstitucionales, dicha decisión se postergó una y otra vez, siendo algunos derogados cuando ya la violencia se había desatado con el conocido saldo lamentable de víctimas mortales que produjo.
22 El Informe Final no toma en cuenta el marco internacional de respeto a los derechos humanos de todas las personas y en especial de los pueblos indígenas y en estado de emergencia.
23 Aunque el Informe Final destaca la promulgación por el Poder Ejecutivo y el Congreso de una vasta cantidad de normas, con implicaciones directas e indirectas vinculadas al ejercicio de derechos indígenas, no pone de relieve que ninguna de estas fue consultada con las organizaciones indígenas, violando con ello su derecho a la consulta previa, libre e informada respecto de las decisiones de la administración que les afectan.
24 Los miembros firmantes del Informe Final pasan por alto que la dolorosa pérdida de vidas humanas con que se saldó el conflicto de Bagua en junio pasado, obligaba a una profunda reflexión encaminada a reconciliar al Estado peruano con los pueblos indígenas amazónicos del Perú; y, por este motivo, procurar por todos los medios, evitar las circunstancias que podrían dificultar un diálogo genuinamente respetuoso y de buena fe entre ambas partes, disipando con ello la posibilidad de que ocurran nuevos conflictos.
En este mismo sentido se ha pronunciado unánimemente la comunidad internacional, como se desprende de los pronunciamientos del relator especial de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas (señor James Anaya), la Asamblea General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Comité de la ONU contra todas las formas de Discriminación Racial (CERD) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), quienes persistentemente han hecho llamados a la prudencia, a un diálogo respetuoso y al cese de la represión contra los dirigentes y representantes indígenas.
25 La CEI no contó con las condiciones adecuadas para el logro de los objetivos que tenía planteados; El Informe Final apenas hace referencia a las recomendaciones de las agencias internacionales encargadas de supervisar el cumplimiento de los tratados internacionales de los que el Perú es parte.
26 Temas de investigación y protagonistas esenciales en los hechos materia de investigación no fueron abordados; el valioso material informativo recopilado por la Comisión no fue analizado conjuntamente por sus miembros de forma debida. El tiempo tan corto fue uno de los elementos en contra.
27 En el Informe Final se da un peso excesivo a los testimonios ligados a la versión oficial de los hechos, y se ha cuidado de manera notoria el propósito de no responsabilizar a los autores de las decisiones más relevantes que generaron los sucesos del 5 de junio en Bagua.
28 A pesar de que superficialmente se habla en el Informe Final de la exclusión y marginación histórica y estructural de los Pueblos Indígenas, no profundiza en las verdaderas raíces del conflicto, por lo que no contribuye en concreto a generar las condiciones que permitan superar estas brechas. Especialmente, no analiza en profundidad el deterioro de la seguridad jurídica de los territorios indígenas a partir del gobierno del Ing. Alberto Fujimori. Un deterioro profundizado por los decretos legislativos emitidos con base a la delegación de facultades legislativas llevada a cabo por el Congreso para implementar el TLC y cuestionados por los pueblos indígenas amazónicos.
29 El Informe Final omite destacar, asimismo, el traumático estado actual de todos los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, ante la inconsulta y progresiva ocupación de sus territorios y el deterioro sustantivo de sus recursos vitales, así como los gravísimos impactos a su salud, a su derecho a la alimentación y la sostenibilidad de sus bosques, aguas, flora y fauna, por parte de las empresas extractivas -petroleras, mineras y madereras- beneficiadas con las concesiones otorgadas por el Estado. Esta omisión elude tratar la causa estructural que, según los pueblos indígenas amazónicos, explica el actual conflicto con el Estado peruano.
30 Pese a que se reconoce que no existen mecanismos para garantizar la participación de los pueblos indígenas, el Informe Final no profundiza en el significado que esta ausencia tiene respecto del control de estos pueblos sobre su propio desarrollo.
31 En el recuento de los hechos de violencia cometidos durante los sucesos de Bagua, el Informe Final se basa en testimonios parciales que caracterizan como una actuación defensiva una acción policial desmesurada e injustificada, como lo demuestra el propio Informe Final al existir -como este reconoce- acuerdos para un desalojo pacífico de las carreteras e instalaciones tomadas en distintos puntos de la Amazonía.
32 En este mismo sentido, no se explican las razones que tuvieron los mandos policiales y militares para actuar como actuaron o, en su caso, para determinar quién les ordenó que actuaran de esta forma.
33 La formulación del Informe Final no tuvo suficientemente en cuenta la característica que tiene el proceso colectivo y no individualizado de toma de decisiones de los pueblos indígenas, donde los dirigentes deben asumir la función para la que han sido designados y no tratar los asuntos de sus pueblos como una cuestión personal o particular.
34 El Informe Final no manifiesta un principio y derecho básico referido al valor de la vida y que todo acto de violencia, venga de donde venga, va en contra de toda legalidad. No se explicita el repudio de las formas como se enfrentaron hermanos peruanos. No se debe olvidar que el Estado tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos. No se expresan las condolencias a todo familiar y toda persona que ha sido gravemente afectado por este conflicto. Falta el aspecto de sensibilidad humana en el Informe Final.
35 Junto con la búsqueda de la verdad, la CEI tiene como objetivo proponer condiciones para que tales hechos no se repitan. A pesar de ello ésta no ha hecho notar el clima de permanente de hostilización del Estado contra las organizaciones indígenas, lo que evidentemente no favorece en absoluto el restablecimiento de la paz y reconciliación buscadas.
36 El Informe Final carece de una dimensión inherente a la reconciliación, que es la de generar medidas para reparar los daños infringidos a todas las partes involucradas en el conflicto; y en especial, proponer medidas que reviertan, aunque fuere en parte, el dolor sufrido por las familias y comunidades que han sufrido la pérdida de sus seres queridos como consecuencia del conflicto. Proponemos que a la brevedad posible se cumpla con satisfacer las demandas que los afectados directamente por los sucesos del 5 de Junio, tanto civiles como policías o deudos, teniendo en cuenta los aspectos de salud, situación económica, situación legal e indemnizaciones.
37 Debe garantizarse la seguridad de los valiosos materiales obtenidos por la Comisión, su sistematización adecuada y la identificación de los vacíos de información pendientes, tomando este acervo como material de base para que, con los recursos y el tiempo requeridos, se pueda realizar el trabajo de investigación que la CEI no pudo concluir.
38 Se deben buscar los mecanismos que garanticen una participación efectiva de los pueblos indígenas en las decisiones que afecten su propio desarrollo, implementando de manera sistemática y efectiva el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, incluyendo la revisión de la legislación y las instituciones concernidas para adecuarlas al carácter plurinacional de nuestro país.
39 Lamentamos que todo el esfuerzo desplegado no haya llegado a buen fin, básicamente porque no se ha contado con el tiempo ni los mecanismos, ni las facilidades para hacer el trabajo que el Informe Final requería.
40 Debe asumirse como una tarea pendiente esclarecer lo que verdaderamente ocurrió el 5 de junio, a fin de determinar causas, consecuencias y recomendaciones, aprovechando el material ya recopilado y completando éste.
41 Es muy importante que en cualquier investigación se cuente con la participación de los organismos internacionales; tal como lo sugirió el relator de las NNUU en su informe.
42 Los suscritos manifestamos que el presente documento tiene como objetivo explicar las razones por las que no podemos suscribir el Informe Final de la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua. Hacemos también observaciones en cuanto a puntos afirmados, por su falta de sustentación, su disconformidad con la investigación realizada por la CEI y por contradecir ideas y afirmaciones que existen al respecto.
43 Los que suscribimos esta carta nos comprometemos a presentar en un tiempo prudencial un informe alternativo, basado fundamentalmente en el material acumulado por la comisión, así como en otros documentos públicos existentes y en otros insumos que sirvan para completar las fuentes con las que ya se cuenta.
Jurista Marcos Ibazeta advierte: Impunidad de líderes de AIDESEP generará más conflictos sociales
La desestimación de la denuncia penal contra los líderes de AIDESEP, acusados de inducir a la rebelión indígena que generó la matanza en Bagua, deja impune sus responsabilidades y propiciará mayores conflictos sociales con imprevisibles consecuencias para la estabilidad del país.
Así lo advirtió el jurista Marcos Ibazeta Marino tras señalar que la decisión de la VIII Fiscalía Superior Penal de Lima que consideró que no hay suficientes indicios para formalizar una denuncia penal contra los dirigentes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), crea la sensación de que el país es una “tierra de nadie” porque no se hace justicia.
La impunidad generada por la decisión de la fiscalía propiciará que otras organizaciones con capacidad de movilización social de ahora en adelante radicalicen sus demandas con posibilidad de desatarse la violencia e incluso hechos de sangre, advirtió.
La VIII Fiscalía declaró infundado el pedido del Procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) contra Alberto Pizango Chota, presidente de AIDESEP; Daysi Zapata Fasabi, vicepresidenta; Saúl Puerta Peña, secretario y Walter Kategari, vocal nacional; por los delitos contra la paz pública, apología a la rebelión, sedición y motín contra el Estado por la matanza en Bagua (Amazonas), el cinco de junio del 2009.
“Con esto ¿quién nos garantiza que mañana más tarde en Casapalca no tomen carreteras y maten a alguien? En La Oroya, en Puno, en Arequipa…gente con capacidad de movilización social puede cometer barbaridades”, dijo Ibazeta Marino.
Sí indujeron a la rebelión
El ex presidente de la Corte Superior de Lima recordó que los hechos señalan claramente que los dirigente de AIDESEP sí indujeron a la rebelión armada de los nativos en Bagua, hecho que trajo como consecuencia la muerte de 24 policías y 10 nativos.
“La organización, representación, movilización y dirección de las protestas de los indígenas –señaló- estuvo a cargo de los líderes de la AIDESEP”. Ellos propiciaron la toma de la carretera con gente armada –“porque es una tontería decir que las lanzas no eran armas”- hubo una posterior movilización policial y esa organización preveía un enfrentamiento con las fuerzas del orden.
Precaria investigación y miedo
El letrado dijo que la decisión de la VIII Fiscalía obedece a un clamoroso déficit de la capacidad de investigación a lo que se suma “por miedo” una deliberada actitud de no profundizar las pesquisas porque el caso tiene repercusión pública ya que compromete a personajes con ascendiente social, “este proceder no es correcto”, anotó.
A todo esto se suma, dijo el ex decano del Colegio de Abogados de Lima, “influencias indebidas” de determinado sector de la curia católica y de organismos defensores de los derechos humanos, “quienes tiene una mala interpretación de los hechos y que con su presión en la administración de justicia hacen daño a la sociedad”.
Un acto miserable
La traición es uno de los actos más despreciables, miserables e innobles entre las personas, pero la traición a la patria, cuando es realizada por un miembro de las Fuerzas Armadas, además de despreciable es terrible, porque el primer deber de un militar es servir a la patria antes que todo, luchar y morir por ella en el peor de los casos. El militar asume a lo largo de su carrera un compromiso explícito llamado a defender a la nación, que no es solo un espacio territorial, sino su pueblo. Por eso el que espía a su país es un traidor porque se vuelca contra sí mismo, en otros términos, contra los principios que ha jurado cumplir y contra su pueblo que está llamado a defender y servir.
Como sostuvieron internacionalistas destacados, el espionaje es una agresión que genera desconfianza entre los gobernantes y los ciudadanos. En este contexto, cualquier relación es revisable.
No debemos caer en el discurso belicista, pero tampoco podemos bajar la guardia ante una potencial amenaza. Es momento de recordar la famosa frase de Ramón Castilla que se conoce desde la escuela: “Cuando Chile compra un barco, el Perú debe comprar dos”. Traicionar a la patria es también traicionar a todos nuestros héroes civiles y militares, como Grau, Bolognesi, Alfonso Ugarte y Quiñones, entre otros, que se inmolaron para que el Perú fuera una sociedad libre y justa.
“Tú también, hijo mío”, le dijo Julio César a Bruto, uno de sus asesinos. Recordemos estas palabras en este momento triste y tenso de nuestra historia. Por Grau recuperaremos nuestro mar, pero dentro de la ley, que es la esencia de la razón humana y de los pueblos civilizados.
FRANCISCO MIRÓ QUESADA RADA, DIRECTOR DEL DIARIO EL COMERCIO.