Las empresas canadiense y francesa formaron una alianza en la adquisición del 50% del lote 116.
La petrolera canadiense Pacific Rubiales se asoció con la energética francesa Les Etablissements Maurel & Prom con la compra de un participación de un 50% en un Lote en el noreste de Perú.
El Lote 116 se extiende a lo largo de 6,600 kilómetros cuadrados en la subcuenca de Santiago en los Andes peruanos.
Rubiales, un productor de gas y petróleo que tiene propiedades en América del Sur, dijo que perforará dos pozos en el bloque y asumirá costos por hasta 75 millones de dólares.
Maurel & Prom tiene principalmente operaciones en África y América Latina.
Fuente: Agencia Reuters y Diario Gestión.

El jardinero infiel
Vicisitudes del presidente de DEVIDA, Ricardo Soberón, cuando tuvo que pasar al otro lado del mostrador para aplicar la política antidroga del gobierno.
Por Ricardo Uceda – Revista Poder 360º
El plan de gobierno original de Ollanta Humala se proponía una lucha frontal contra el narcotráfico bajo un “control social” de los cultivos de coca. La erradicación compulsiva era rechazada taxativamente. Cuando el candidato se corrió hacia el centro para ganar las elecciones, la famosa Hoja de Ruta omitió toda referencia a los procedimientos de la política antidrogas. En los mítines, sin embargo, siguió ofreciendo a los cocaleros que no habría erradicación. Por eso, cuando el 16 de agosto pasado Humala ordenó al ministro del Interior paralizar la destrucción de cultivos que se desarrollaba desde el mes de julio en Huánuco, no estaba haciendo otra cosa que cumplir lo que ofreció. Para entonces, el gobierno había nombrado en Devida, el organismo que dirige las políticas contra las drogas, a un enemigo declarado de la erradicación, Ricardo Soberón. Pero de inmediato se hizo evidente que no erradicar era insostenible políticamente. Dentro del mismo gobierno iban a producirse profundas controversias. Entonces el ministro del Interior, Óscar Valdez, explicó que la suspensión ordenada solo fue una pausa. El gobierno quería una semana para evaluar el terreno.
El agravamiento del tráfico de drogas en el Perú preocupa al gobierno más allá de su tendencia a conciliar con los cocaleros y a pagarles el apoyo político que brindaron al candidato Humala. En el plan de gobierno, la situación descrita es alarmante y calificada como riesgo para la seguridad nacional. Ya en el poder, Humala, Lerner y el ministro del Interior han reiterado que desean pelearse en serio con el narcotráfico. Hasta ahora, la falta de un combate real a las mafias empeoró todo: hay el doble de sembríos de coca que en 1999 —61.000 hectáreas en el 2010—, ha crecido en 150% el rendimiento por hectárea, se produce más cocaína por kilo de la hoja y la demanda crece cada vez más. Los intermediarios de los carteles internacionales, asentados en las ciudades de la costa peruana, esperan cómodamente la droga que viene del interior. Con los cultivos peruanos se producen unas 320 toneladas de cocaína al año, de las cuales solo 20 son decomisadas. Esto coloca al país como uno de los principales abastecedores mundiales.
Comentando esta situación, el informe para el 2010 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, afirma que hay factores externos que la agravan, como una mayor demanda en Europa, Asia y América Latina, y los esfuerzos de otros países para controlar la droga en su territorio. En el Perú, se erradica un promedio de 10.000 hectáreas anuales. Según la UNODC, si eso no se hubiera hecho, el problema sería mucho mayor.
—Tendríamos por lo menos 20,000 hectáreas más —añade Jaime García, vicepresidente de Consultandes, un reconocido experto—. La erradicación no puede parar.
El rechazo a la erradicación forzosa expresado por Ricardo Soberón antes de ser nombrado en Devida tiene, entre otros, dos puntos de apoyo, siendo el primero que fracasó como recurso para disminuir el crecimiento sostenido de las plantaciones. El segundo es que las acciones compulsivas son ilegales. Ha escrito Soberón que el cultivo de coca está por fuera de la acción penal que ejerce el Estado para luchar contra el narcotráfico y que, aun ignorándose esta limitación, la erradicación debe ser concertada, de acuerdo con un decreto supremo —el 044AG— negociado entre el gobierno de Toledo y los cocaleros en el 2003. Es obvio que la débil objeción jurídica nunca se impuso, pero el primer argumento sí se ha paseado con fuerza.
Como la erradicación no estuvo acompañada de otras políticas necesarias, los cultivos que se destruyeron aquí reaparecieron por allá, mientras las mafias producían cocaína y exportaban con holgura. Solo en San Martín, donde las plantaciones de coca disminuyeron drásticamente, hubo erradicación a la vez que desarrollo alternativo, y ahora, de 30,000 hectáreas que se sembraban en 1990, quedan 1,500. Sobre todo hubo reemplazo exitoso de cultivos, resultado que ha dado pie para que se hable del “Modelo San Martín”, aunque se discute si es replicable en otros lugares. En el VRAE, donde más se invirtió en desarrollo alternativo entre 1995 y el 2002, y que produce más de 50% de la hoja de coca peruana, nunca se erradicó, como tampoco se incauta droga ni insumos químicos. Allí, como puede comprobarse, los militares llevan gastados inútilmente 250 millones de soles para combatir el terrorismo. En Ucayali también se erradicó, reduciendo los cultivos de coca de 20,000 a unas 3,000 hectáreas. En Puno no ha habido erradicación, ni en el Putumayo ni en el resto del país. A nivel nacional, los cultivos de coca —88% de los cuales van al narcotráfico— están creciendo, pero solo se ha erradicado en 3 departamentos de los 13 que producen hoja de coca, y los resultados en cada lugar fueron disímiles según fueran o no acompañados de desarrollo alternativo. Echarle la culpa del actual estado de cosas a la erradicación es un pobre argumento. Pero tampoco puede decirse que la erradicación por sí misma resuelve el problema. Los mismos datos mencionados sirven para demostrarlo.
El 17 de agosto, cuando en Aguaytía se supo que la erradicación se había paralizado, el gremio cocalero celebró la noticia con algarabía. Celebró especialmente el teniente alcalde de Padre Abad, Jaime García Fernández, quien es dirigente de la base de Huipoca, una zona productora de hoja de coca para el narcotráfico, donde nunca se había erradicado. La suspensión tuvo efecto en otro lugar. Durante los meses de julio y agosto el Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales de Coca en el Alto Huallaga, CORAH, trabajó en parcelas de Padre Felipe Luyando y Rupa-Rupa, en la provincia de Leoncio Prado. En esta zona, próxima a Tingo María, los predios son pequeños y la producción, controlable. Cuando dieron la voz de alto, el Corah erradicaba en Supte, y en toda la zona la policía no encontró pozas de maceración. Sin embargo, el 25 de agosto el CORAH instaló su campamento en Aguaytía y empezó un operativo gigantesco con 500 policías, carros portatropas, patrulleros, ambulancias y helicópteros, en comunidades colindantes con Huipoca. Quienes celebraron una semana atrás en Aguaytía comenzaron a reunirse, alarmados, y a pensar en algunas medidas de lucha. Como se sabe, el operativo continuó durante las siguientes semanas, los productores de coca iniciaron un paro que continuaba hasta la redacción de este artículo y la policía va encontrando 30 pozas de maceración.
¿Qué había ocurrido en el gobierno para que cambiara de posición en tan corto tiempo?
Cuando Humala suspendió por una semana la erradicación sobrevino, junto con las críticas a la medida, un amplio cuestionamiento a la decisión de poner a alguien como Ricardo Soberón al frente de DEVIDA, principalmente porque objetaba eliminar cocales. En ese momento, en el gobierno hubo una definición: la política antidroga sí contemplaría la erradicación forzada. Pero se daría más énfasis a otros aspectos no desarrollados hasta ahora: el control de insumos químicos, el combate a las mafias narcas, la interdicción. Y, por supuesto, el desarrollo alternativo. La postura fue expresada públicamente por el premier Lerner, y la embajadora de los Estados Unidos, Rose Likins, que había expresado su sorpresa cuando se detuvo la erradicación, ahora manifestó su conformidad: “Hemos tenido conversaciones excelentes con el nuevo gobierno, que tiene una visión integral de cómo enfocar el problema”, dijo. Al mismo tiempo, Soberón fue ratificado en el cargo. Pero un sector de medios, opositores y especialistas defensores de la erradicación forzosa continuaron exigiendo su salida. Se suponía que sus ideas y su proximidad con los cocaleros le impedirían asumir la parte de la política antidroga en la que no creía.
En efecto, abundan ejemplos en los que Soberón combatió la erradicación forzosa. Hay libros, artículos y conferencias, pero sobre todo hubo un memorándum que escribió a los cocaleros no bien nombrado como presidente de DEVIDA en el que refleja, más que una postura, sus enormes contradicciones internas. La institución que ya presidía es descrita como un ente fétido y el general de la Policía jefe de la erradicación, Juan Zárate —con quien debe trabajar—, como un enemigo. Después Soberón ha dicho que cuando escribió el memorándum no se había asumido aún como un hombre del gobierno. Era alguien en transición.
En efecto, hubo un cambio en Soberón. Es una especie de jardinero infiel con los cultivos de coca. Asumió que debe erradicarlos. “A partir de ahora”, dijo para esta nota, “no defenderé mi posición sino la del gobierno”.
El presidente de Devida ha atravesado un proceso que es frecuente en tecnócratas de izquierda que pasan al otro lado del mostrador. Tienen ocasión de comprobar si lo enunciado antes calza completamente con la realidad vista desde el Estado. La admisión de que es necesario erradicar, por otra parte, no mortifica la nueva política antidroga del gobierno de Humala.
Sin embargo, su ratificación por el Ejecutivo no terminó de legitimar a Soberón en el cargo. Políticamente estuvo sostenido en los brazos de Humala y Lerner hasta su presentación en la Comisión de Defensa del Congreso, el 13 de septiembre. Allí había sido convocado precisamente por sus declaraciones, por el memorándum contradictorio con las políticas del gobierno. Hizo una exposición de cincuenta minutos, y cuando concluyó había un solo punto en cuestión: su sinceridad. Todos estuvieron de acuerdo con la política diseñada, con los planteamientos y con los datos. Los representantes de Fuerza 2011, cuya lideresa, Keiko Fujimori, había pedido su renuncia tres días antes, le desearon éxito en sus objetivos sin mayores reticencias. Al final, Lourdes Alcorta, de Unidad Nacional, lo expresó así:
—Estoy de acuerdo con lo que dijo. El problema es si lo cree. Pero si es un converso, está muy bien.
La conclusión de que lo anterior no ha funcionado es palpable cuando se miran los objetivos institucionales de DEVIDA para el período 2007-2010. Se había planteado reducir en 40% la superficie del cultivo de coca —era de 52,000 hectáreas en el 2006— y el aumento fue de 18%. Las plantaciones que antes estaban en 4 microcuencas ahora se hallan en 18, lo que encarece la erradicación. La proyección de la tendencia es que en el 2016 habría 70,000 hectáreas. Las metas para otros objetivos presentan igualmente resultados decepcionantes. Devida se había propuesto aumentar a 25% el decomiso de insumos químicos para hacer cocaína y el promedio se mantuvo en 2%. Quiso que llegara a 40% el decomiso de drogas, y al final fue 7%. Además, el Estado no había hecho prácticamente nada para judicializar los casos de incautación de fondos provenientes del lavado de dinero. El único resultado positivo fue la sustitución de cultivos en San Martín.
La promesa de Soberón consiste en detener la tendencia del crecimiento de los cultivos de coca dañando al narcotráfico en tres espacios: lavado de activos, precursores químicos y la inteligencia policial. Si el Estado actúa en estas áreas, razona, la erradicación complementada con sustitución de cultivos tendrá un efecto permanente.
Sin embargo, de Soberón no dependen ni el control de insumos químicos, ni la interdicción, ni los recursos económicos necesarios para hacer desarrollo alternativo de cultivos en serio. El jardinero infiel coordinará todas estas acciones y está llamado a ser el líder del esfuerzo conjunto pero en realidad su fuerza política dependerá de su capacidad de fajarse en cada terreno. En realidad, para que el gobierno obtenga mejores resultados que los anteriores en la política antidroga, debería haber una verdadera revolución en distintos sectores del Estado. De lo contrario, solo quedará la vilipendiada receta: erradicación.
Para lograr un kilogramo de cocaína se necesitan 313 kilos de hoja de coca, 47 de óxido de calcio, 37.3 de kerosene, 12 de acetona, 6 de ácido sulfúrico, 4.4 de carbonato de sodio, 0.50 de ácido clorhídrico y 0.18 de permanganato de potasio. Se utilizan en las diversas fases de la producción de drogas, desde la extracción del alcaloide y la maceración hasta la cristalización por la vía de ácidos y solventes. En el Perú, sencillamente no hay control de estas sustancias, y el porcentaje de incautación es insignificante. La producción de insumos es legítima y en su mayor parte ingresan al país vía importación, con las autorizaciones pertinentes, para uso industrial. Se estima que más de 34.000 toneladas de insumos químicos son desviadas al narcotráfico desde el mercado legal. La mayor parte de ellos llega a la Aduana del Callao y se va por tierra hacia los valles del Alto Huallaga, VRAE, Aguaytía y otros. Supuestamente, un control eficaz sería un duro golpe contra el narcotráfico. Esto influiría en la demanda y habría una desincentivación de los cultivos. Pero habría que comenzar desde cero.
La parte técnica de la incautación de insumos químicos depende del Ministerio de la Producción, que lleva un registro unificado. La Policía realiza inspección terrestre. También la Sunat, el MEF y el Ministerio Público intervienen, en teoría. Una ley expedida en el 2004 para crear un sistema informático de control hasta ahora no se pudo implementar por líos interestatales, en realidad desinterés. En este desierto quiere empezar a trabajar Soberón.
No existe la tecnología necesaria para poder abordar este problema. Según Soberón, en la propuesta del presupuesto para el 2012 se ha previsto 58 millones de soles para que la Sunat y Produce implementen un sistema de registro online que evite cualquier desvío de insumos. El Ministerio del Interior tendría recursos para poner en funcionamiento tres garitas móviles en el 2012 y tres más en el 2013, a fin de poder detectar los cargamentos. Salta a la vista la precariedad desde la que el gobierno parte para actuar en varios frentes. Simultáneamente al control de insumos químicos se está planteando combatir de verdad el lavado de dinero y lograr decomisos de droga sin precedentes en la historia peruana.
En otras palabras, sería necesario fortalecer enormemente a la Dinandro y al sistema portuario, pues en los buques es que sale la droga hacia el exterior. Según Soberón, el sistema financiero tendría que aumentar sus capacidades de detección del dinero ilícito. Los signos exteriores del blanqueo son obscenos en la costa peruana. Por eso, otro esfuerzo inédito sería el combate a la corrupción en el aparato administrativo-judicial, que permite que aproximadamente 4,200 millones de dólares que se lavan en el Perú por actividades de narcotráfico no sean investigados para producir sanciones. Hay 18 procesos en la procuraduría y solo 4 casos judicializados. La estrategia se propone revertir esta situación. Como si esto fuera poco, habría más desarrollo alternativo y la cooperación internacional sería nuevamente enamorada, bajo la tesis de la responsabilidad compartida con los mayores consumidores. Se apoyaría a los cocaleros erradicados para que cubran sus campos con café y cacao, como en San Martín. Las metas serían precisas; los resultados, medibles. La exposición de Soberón en la Comisión de Defensa parecía la narración de un sueño.
Estos buenos propósitos son los que suscitaron el consenso en la comisión. A partir de aquí, varios empezaron a preguntar: ¿con qué dinero? ¿Conseguirá usted el apoyo de otros sectores? Pues DEVIDA, ya se sabe, solo coordina y tiene un liderazgo temático.
Puestos a desconfiar, el verdadero problema no consiste en quién esté al frente de Devida sino en la decisión con la que el gobierno asumirá las políticas anunciadas. En el esquema propuesto, si falla una parte, falla todo. No hay razones en este momento para dudar de que el gobierno esté dispuesto a enfrentar a las mafias. Tras dos meses de ejercer el poder, independientemente de la bondad de las medidas, ha demostrado que sabe caminar en pos de objetivos que trascienden los sectores, que desea cumplir sus promesas y que sus ministros actúan concertadamente. Si logra acorralar al narcotráfico ciertamente la demanda bajará y, por lo tanto, la tarea de hacer menos cantidad de coca estará más al alcance. Pero si las dudas no estuvieran por el lado de la fuerza de voluntad, sí prevalecen en el tema de las condiciones materiales. En su exposición, Soberón no dijo cómo financiará su proyecto, aunque expresó esperanzas en la cooperación internacional. El Estado tendría que meter la mano al bolsillo, algo que nunca hizo porque la erradicación se hizo principalmente con dinero de los Estados Unidos.
El Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Católica acaba de publicar Lucha contra el narcotráfico en el Perú: una estrategia para el gobierno 2011-2016, elaborada por Fabián Novak, Carla Masías, Sandra Namihas y Jaime García, que cuantifica lo que el Perú debería gastar en los próximos años para vencer al narcotráfico, considerando que las acciones principales serán desarrollo alternativo, interdicción, erradicación, prevención y marco institucional. A partir del monto que se ejecutó en el 2010 por los mismos conceptos, ascendiente a 230 millones de soles, consideran que la cifra deberá elevarse hasta 665 millones en el 2012, y aumentar progresivamente hasta llegar a un poco más de 1.000 millones en el 2016. En los rubros mencionados se gastaría más en desarrollo alternativo, luego en interdicción y, en tercer lugar, en erradicación de cultivos. Nótese que en términos presupuestales, que es quizá lo más importante, las prioridades no se alejan del razonamiento que presenta Devida en su nueva etapa. En el cuadro adjunto puede apreciarse, sin embargo, el enérgico aumento que se consideraría para desarrollo alternativo entre el 2010 y el 2012: de 19 millones que se gastaron el año pasado, a 247 millones el próximo. En este esquema, el 2016 habría 574 millones de soles para desarrollo alternativo y 209 millones, menos de la mitad, para erradicación. En total, un poco más de 1.500 millones de dólares para el período. Aunque este presupuesto responde a criterios distintos a los planteados por Devida, cuando fue preguntado para esta nota —sin mención al estimado de IDEI— cuánto costaría su estrategia de cinco años, dijo que entre 1,000 y 2,000 millones de dólares. No tenía un cálculo definitivo.
­—¿Y cuánto podría poner el Estado en el período?
—Imagino que unos 600 millones de soles.
O sea, 220 millones de dólares, siete veces menos que lo necesario, para atenernos al estimado de IDEI. Este es un aspecto sustantivo: el gobierno deberá poner mucho más dinero propio del que tiene pensado para interesar a la cooperación internacional en una época de vacas flacas. Se comprueba entonces que el éxito del jardinero infiel no solo dependerá de que exista una eficaz reforma del Estado en el área que le concierne, sino de la suficiencia de recursos.
En el 2003, luego de la mayor marcha hacia Lima jamás realizada por cultivadores de hoja de coca peruanos, al cabo de un paro que soliviantó a buena parte del Oriente, el gobierno y los huelguistas acordaron que la erradicación sería concertada. El Premier Luis Solari negoció con argucias sorprendentes: les puso alto el aire acondicionado durante una reunión de más de seis horas y solo les sirvió bebidas frías. Los cocaleros terminaron divididos, porque un sector pensó que aceptar la erradicación en cualquier forma era una derrota, y desde entonces no han vuelto a estar cohesionados para evitar las campañas del Corah ni para alcanzar otro objetivo máximo: desaparecer Devida. En Monzón y el VRAE están los principales cultivos que abastecen el narcotráfico, y en esas zonas no ha habido erradicación. Allí se escenificará la batalla final de Ricardo Soberón.
Una parte de la dirigencia de los cocaleros está comprometida con el narcotráfico y Sendero Luminoso, de acuerdo con el atestado policial que sirvió de base para el gigantesco operativo Eclipse, desarrollado a finales del 2010, que realizó decenas de capturas en la selva. La premisa del atestado es que el líder senderista Artemio decide quiénes son los dirigentes de varias federaciones en las cuencas cocaleras. Las evidencias fueron proporcionadas por un ex senderista colaborador eficaz y por varios testigos anónimos, que aprobaron un proceso de validación de varios meses en el Ministerio Público y el Poder Judicial. En la mayoría de las acusaciones, los implicados se han entrevistado con Artemio y realizaron actos de colaboracionismo subversivo, según los testimonios protocolizados. Algunos de los 48 detenidos en Eclipse fueron puestos en libertad, lo que demostraría que no todas las pruebas eran sólidas. La última captura importante ha sido la del dirigente cocalero del Valle del Monzón Eduardo Ticerán, quien preside la Central Nacional Agropecuaria Cocalera del Perú. En el momento en que Devida inicia su nueva política, un sector del gremio cocalero está debilitado.
Pero otro sector peleará para que la erradicación no prosiga. El 13 de septiembre, cuando Soberón anunció que el gobierno no negociará con movimientos que bloqueen carreteras o alteren el orden público, estaba dando otro paso en su transformación, y nuevamente es mejor verlo como una política de gobierno que como el gesto de firmeza de un funcionario. Para mantener esa palabra, el régimen deberá hacer un uso de la fuerza que la administración de García no se atrevió hacer. Es demasiado pronto para saber cuál será el desenlace de esta contradicción, pero, tratándose de la política antidroga, el tema no es solo de orden público. Parte de la estrategia es ganar al campesino que cultiva coca y no está entregado al narcotráfico. Son 60,000 familias que han votado mayoritariamente por Humala. En el plan de gobierno original se plantea recuperar “para el Estado de Derecho” a los cultivadores, poceros y cargachos, es decir incluso a quienes están involucrados en la primera fase de la actividad delictiva. Sin llegar a tanto, en algún momento el jardinero infiel va a empezar a tender puentes.
—Eso será necesario, es verdad —dijo un miembro del gobierno—. Pero es mejor que no sea con otro memorándum.