Por Mariella Balbi- Diario EXPRESO.
El domingo pasado conocimos casos de corrupción que se suman a la retahíla de robos escandalosos, mafias inaceptables y organizaciones criminales varias patrocinadas por el régimen de Pedro Castillo Terrones. “Donde se aplica el dedo, salta la pus”, la purulencia de “no más pobres en un país rico”. Rico para saquear.
Desafortunadamente el Perú se convirtió en una nación gobernada por hampones. Cada día surge un latrocinio más y vemos una red de tahúres de poca monta destruyendo lo que avanzamos en años de esfuerzo.
No hay ideología, ni principios ni valores, menos ideas. El aparato del Estado está copado por gente inepta y corrupta. Un amigo comentaba que si algunas de las transgresiones a la ley que conocemos se hubieran producido en gestiones anteriores, el gobernante en cuestión estaría preso. Debemos detenernos a pensar por qué, con tanta ratería, la reacción es tenue respecto a la magnitud de los hechos. O por qué la impotencia. La situación económica para los que menos tienen –que crecen– es dolorosa y dañina. No hay chamba. La economía no se mueve. Todos lo sienten.
Tal vez por eso la gente no reacciona. De 75% a 80% repudia a Pedro Castillo, a la Constituyente que propone y a su desastroso gobierno, aunque no logra detenerlo ni vacarlo. El objetivo es claro: que Castillo deje el poder. Si sigue, el Perú se hundirá en uno de los peores momentos de su historia, equiparable con la nociva presencia que tuvo Sendero Luminoso.
El repertorio de la corrupción actual va de vergonzoso a obsceno. Sin embargo, el domingo pasado un medio dedicó un reportaje televisivo al obsequio de entradas de fútbol a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, y a algunos congresistas. Al día siguiente el ‘rebote’ del ‘importantísimo destape’ fueron las reacciones a la recepción de los pases gratuitos y, lo más pecaminoso, por qué se benefició el marido de la doña. ‘Gravísimo acto de corrupción de los despreciables congresistas’.
Lamentablemente los medios son comparsa de estas banalidades que solo buscan denigrar al Congreso, como si fuera el antro de lo irregular por unas entradas futboleras. Cuanto más se masacra la imagen del Parlamento, el totalitarismo crece y la democracia se desvanece.
Los maliciosos afirman que los medios tienen intereses. Sin juzgar, la maniobra es clara: opacar el plagio intelectual de la tesis de Castillo y de su esposa (alguien de cuidado y con poder), las contundentes confesiones de Karelim López que dan una visión detallada de la corrupción familiar, política, amical de Castillo y compañía; sin excluir a Vladimir Cerrón, el ‘Dinámico del Centro’ y de otros lares, ministerios, relaciones con Sendero del VRAEM, ‘friend’ de Cuba. El terror de Huancayo.
El tema deportivo-político no puede ser más relevante que el robo practicado por la familia del Premier Aníbal Torres, viola las normas y es antiético. Al comer del plato del Estado, premiados por Torres, nos bolsiquean a todos. El temor a la ley es cero, saben que gozan de impunidad.
La tesis del profesor Castillo y esposa es tramposa y fue concebida como un crimen, dos de los profesionales que firman avalando el plagiado trabajo no existen. La Universidad César Vallejo silente, ¿entretenida con las entradas? Nos estamos acostumbrando a la corrupción. Esa es una grave enfermedad.

Renuncian 10 congresistas de Perú Libre

Todos los legisladores renunciantes pertenecen al bloque magisterial, vinculados al MOVADEF

Diez congresistas del llamado ‘bloque magisterial’ presentaron su renuncia irrevocable a la bancada oficialista de Perú Libre luego de que el pleno del Congreso eligiera a los seis nuevos miembros del Tribunal Constitucional.
Se tratan de los parlamentarios Alex Paredes, Nivardo Edgar Tello, Paul Gutiérrez, Francis Jhasmina Paredes Castro, Elizabeth Sara Medina Hermosilla, Pasión Dávila, Segundo Quiroz Barboza, Germán Adolfo Tacuri Valdivia, Jackeline Katy Ugarte Mamani y Lucinda Vásquez Vela.
Así lo confirmó la legisladora Katy Ugarte, quien precisó a Perú21 que ya lo venían analizando desde antes de esta jornada. “Tenemos un proyecto político y en función a ello estamos tomando esta decisión”, manifestó.
“Con la única persona que hablamos es el vocero Waldemar Cerrón a quien le agradecimos por el espacio que nos dio para participar en la política. Él respetó nuestra decisión”, agregó.
Por su parte, el también renunciante Germán Tacuri se limitó a señalar que su renuncia se debió a “razones de conciencia” y precisó que la decisión se tomó luego de evaluar distintos temas.
Con las 10 bajas confirmadas, Perú Libre pasó de tener 32 a 22 integrantes, con lo cual dejan de ser la primera fuerza en el actual Parlamento 2021-2026, cediendo esta posición a la bancada de Fuerza Popular que cuenta con 24 integrantes.
Fuente: Diario Perú21.

Martín Vizcarra no podrá ejercer función pública por cinco años.

OTRA INHABILITACIÓN

En abril del año pasado, Martín Vizcarra también fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante diez años por el Congreso de Perú. La razón fue que se descubrió que el exmandatario se había vacunado contra el COVID-19 en secreto en el 2020.
En esa oportunidad, la decisión la tomó el pleno del Legislativo tras someter a Vizcarra a un juicio político, que se resolvió por 86 votos a favor y sin ningún voto en contra ni abstenciones. El Congreso también inhabilitó durante 8 años a la exministra de Salud Pilar Mazzetti, con 83 votos a favor, y por 1 año a la excanciller Elizabeth Astete, con 82 votos a favor.
Esta decisión impidió que Vizcarra sea parte del Congreso que se instaló el pasado 28 de julio para el período 2021-2026, a pesar de que fue el candidato más votado en las elecciones, con cerca de 164,000 sufragios.
¿Qué ocurre con esta nueva inhabilitación?
Según explicó el exprocurador anticorrupción, César Azabache, no se acumulan las penas. “Las reglas parlamentarias no tienen una cláusula, como sí la tiene el Código Penal, que permite sumar condenas cuando existen varias infracciones. A falta de esta regla, lo que corresponde, a mi opinión, es cumplir todas las inhabilitaciones al mismo tiempo”, indicó.
En el caso que la primera inhabilitación se cayera, la otra sigue vigente. Pero por ahora, la de 10 años sigue vigente y será la más importante.
“La declaración de inhabilitación en ese tipo de casos, cuando no hay una regla que indique que se debe cumplir una después de otra, es evidente que las decisiones posteriores son puramente simbólicas”, aseveró Azabache.
Fuente: www.infobae.com

Fiscalía abre investigación a Zamir Villaverde y Fray Vásquez Castillo por supuesto lado de activos

Las pesquisas alcanzan también a las empresas Vigarza SAC, Mazavig SAC y Villaverde Company SAC, de propiedad de Villaverde.
La fiscal provincial Luz Taquire abrió investigación al empresario Zamir Villaverde García, vinculado al mandatario Pedro Castillo, y a Fray Vásquez Castillo, sobrino del jefe de Estado, por el supuesto delito de lavado de activos en agravio del Estado.
De acuerdo a la resolución fiscal a la que accedió El Comercio, las pesquisas alcanzan también a las empresas Vigarza SAC, Mazavig SAC y Villaverde Company SAC, de propiedad de Villaverde.
Recordemos que Vásquez Castillo es uno de los principales visitantes de la famosa casa de Breña y usaba para movilizarse los vehículos de las compañías de seguridad de Zamir Villaverde.
En su testimonio ante el Ministerio Público, la lobista Karelim López, aspirante a colaboradora eficaz, dijo que Villaverde sería parte de una mafia enquistaba en el Gobierno, la cual estaría liderada por Castillo y participarían también sus sobrinos.
Fuente: www.willax.tv

Poder Judicial

Exfuncionarios de Vizcarra colocados por Elvia Barrios falsificaron firma para contratar a excandidata morada.

Por César Rojas- Diario EXPRESO.
En vista de que la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, no tomó en cuenta su denuncia, Juan Páucar Rupay decidió renunciar a la jefatura de Administración, luego de comprobar que habían falsificado su firma para contratar irregularmente a Gabriela Salvador Cárdenas, excandidata al Congreso por el Partido Morado.
«En el expediente virtual aparece con tres firmas copiadas y pegadas digitalmente habiendo incluido irregularmente mi firma de manera delictiva en la modalidad de pegado de imagen como parte del documento sin autorización del suscrito, pese a no haber participado; documento que en el expediente administrativo físico no aparece, obrando más bien otros documentos que acreditan las severas diferencias», indica el Oficio 000430-2022-OA-CS-PJ, enviado a Marco Asunción, procurador público.
La favorecida había sido acusada de estafa por una expareja, y últimamente era abogada de Marvin Gianinni Gómez Gonzales, quien está en prisión preventiva por presunta violación de niños, y que hasta hace un mes asesoraba a Susel Paredes, de la bancada morada.
«Cuando se percató del hecho habló con la doctora Barrios, y ella no quiso escucharlo argumentando que habían ido a quejarse de él personas que trabajaban supuestamente en administración», indicó una fuente.
En el caso se ha vinculado a Silvia Loli, jefa del Gabinete de Asesores, y se está pidiendo que Contraloría revise las contrataciones de funcionarios como Andrés Morán Gallegos, Jean Pajuelo Barba, Eduardo Vargas Pacheco y Fernando Alarcón Díaz.

Desde ministerios

Estos últimos laboraron con Rocío Barrios, acusada de peculado por la Fiscalía Anticorrupción, cuando tenía un alto cargo en Fondepes, o en su época de ministra de Martín Vizcarra, en diferentes sectores del Poder Ejecutivo.
Páucar indica que solicitó el expediente administrativo de la Convocatoria CAS N° 390-2021, el cual -asegura- difiere del expediente virtual en el SGD. «En este último han utilizado un documento donde se evidencia que me han falsificado la firma en uno de los documentos denominado ‘Resultados de la evaluación curricular con puntaje’», acota.

GABRIELA SALVADOR: DE ACUSADA POR ESTAFA A FUNCIONARIA PÚBLICA

Por Giovani Alarcón– Sudaca.pe
La excandidata del Partido Morado fue nombrada coordinadora parlamentaria del PJ en noviembre, con un sueldo de S/12,500. Sacó puntaje perfecto en la entrevista decisiva para hacerse del puesto, pese a que en la evaluación de su CV quedó última. Tampoco cumple un requisito: que su colegiatura esté activa. Menos importaron las acusaciones por estafa y manipulación en su contra. Sudaca entrevistó a testigos y presuntas víctimas de la flamante funcionaria pública.
Gabriela Aida Salvador Cárdenas (36), excandidata al Congreso por el Partido Morado, es la flamante coordinadora parlamentaria del Poder Judicial desde noviembre pasado. Su designación no sería discutible si no fuera por un pasado reciente lleno de acusaciones de estafa y manipulación de parte de amigos y exparejas. A las fundadas denuncias, además, se suma que Salvador no tiene su colegiatura de abogada activa, uno de los requisitos estipulados en el proceso de contratación.
A mediados de octubre, la Corte Suprema abrió la convocatoria de selección por un sueldo de S/12,500. El trabajo supone coordinar con el Congreso, participar en las comisiones parlamentarias e impulsar las iniciativas planteadas por el Poder Judicial, entre otros. El cargo depende directamente del Gabinete de Asesores del PJ.
El proceso de contratación CAS 390-2021 tuvo dos fases: una entrevista oral y una evaluación de curriculum. En la primera, Salvador sacó 50 puntos de 50, mientras que sus otros dos competidores apenas lograron 28 y 22. Esto pese a que en la evaluación de su hoja profesional fue la de menor puntaje, de acuerdo al cuadro de notas al que este medio accedió.
Una de las personas que entrevistó a Salvador fue la jefa del Gabinete de Asesores del PJ, Silvia Loli, exministra de la Mujer del gobierno que lideró Francisco Sagasti. Gabriela Salvador asegura que no conocía a Loli -quien ahora es su jefa- de su paso por el Partido Morado y que no sabía que iba a estar dentro del proceso.
Salvador, también exmilitante del Frente Amplio, dice que su alta calificación en la entrevista responde a sus conocimientos sobre temas parlamentarios y asegura que sus competidores no estaban preparados. Pero eso no es lo único que llama la atención.
Entre los requisitos para el puesto, el PJ solicitaba tener el título de la carrera de Derecho “con colegiatura y habilitación vigentes”. Sin embargo, en la base de datos del Colegio de Abogados de Lima (CAL) la colegiatura de Salvador figura como “inactiva”. Esto significa que no está habilitada para ejercer formalmente su profesión, ni tampoco cumple los requisitos para el cargo que hoy ocupa.
Salvador responde que “muchos están bajo esa modalidad [inactiva] porque es por pago y, en pandemia, no funcionó el CAL”. Cuatro abogados consultados por Sudaca dicen, sin embargo, que no han tenido problemas para pagar en este periodo. El área de prensa de la CAL también respondió que no hay ningún problema con los pagos e, incluso, que pronto se habilitaría un descuento para el pago anual.
El PJ asegura, en comunicación enviada a Sudaca, que Salvador fue contratada “en consideración a su experiencia en el campo correspondiente”, que “demostró mayor competencia a diferencia de sus competidores que carecían de expertiz” y que no existió “impedimento legal” para su designación.
Es preciso, ahora, revisar otros episodios de la vida de esta nueva funcionaria pública.
MENTIRAS Y ACUSACIONES
Hace poco Gabriela Salvador fue tendencia en redes sociales luego de que el semanario “Hildebrandt en sus Trece” revelara una denuncia en su contra realizada por su expareja, Keila Chevarría Arriaga. En agosto de este año, Chevarría contó que fue estafada y extorsionada emocionalmente por la flamante coordinadora parlamentaria del PJ luego de haberle depositado más de S/89,000 para tratar una supuesta leucemia que Salvador le dijo padecer.
Pero todo fue una farsa, según Chevarría, quien la acusó de haberse quedado con la plata. Incluso llevó el caso hasta el Ministerio Público. En su momento, Salvador dijo que los chats donde le manifiesta que tiene la enfermedad fueron editados. Consultada al respecto, la actual funcionaria del Poder Judicial se limita a decir que es un tema que están viendo sus abogados y evita responder si le devolvió el dinero a su expareja.
Pero Sudaca pudo conocer otros episodios similares que versan sobre engaños y manipulación. Algunos pasajes revelan asuntos personales que este medio solo reproduce porque hablan sobre el comportamiento sistemático de una funcionaria pública que parece tener problemas para decir la verdad.
Luego de las últimas elecciones, como invitada del Partido Morado al Congreso, Gabriela Salvador contactó a Juan Luis del Carpio, un excompañero de la maestría a quien, de un momento a otro, le fue con el cuento de una supuesta enfermedad. En los pantallazos que Del Carpio nos muestra, del pasado 17 de abril, Salvador le pide dinero para costear el tratamiento.
«Perdona que te escriba para esto, sabes que no me gusta pedir ayuda. Soy muy orgullosa. Pero tengo un problema de salud. Tengo Covid desde el 9 de abril. Ahora estoy con oxígeno y concentrador. No tengo apoyo de mi familia, vivo sola hace mucho. Ya pagué S/5,500, aún me faltan S/13,500 por el oxígeno y el concentrador. No soy de pedir y me da vergüenza. Saturo 88, pero por la leucemia no pueden aún hospitalizarme por riesgo a una bacteria hospitalaria. ¿Crees que puedas prestarme algo, lo que puedas, y yo saliendo de esto, te pago? ¿Puedo darte mi número de cuenta? Debo pagar al proveedor de a pocos», dice el pedido. Del Carpio no accedió a su petición.
La actual funcionaria del Poder Judicial, pese a las evidencias, niega la solicitud de dinero. Señala que hay una incongruencia en los mensajes ya que “si hubiese tenido Covid, lo habría dicho” y que no hubiera hecho campaña en campo.
Pero los testimonios abundan. Carolina Soto Sayán, exmilitante del Frente Amplio, asegura que mantuvo una relación con Salvador entre finales de 2019 y febrero de 2020. Si bien no le solicitó dinero, sí le aseguró que su salud estaba en un estado deplorable. Era una forma de manipularla.
“Cuando decidí que no saldríamos más por la personalidad que tiene, fue que se inventó que se estaba muriendo y las amenazas de que se haría algo. No puedo catalogar si tiene o no alguna condición», cuenta a Sudaca Soto Sayán.
Como parte de la manipulación que habría ejercido sobre su expareja, Salvador le envió por correo electrónico un documento del Instituto Nacional del Cáncer de Uruguay donde se dice que tiene leucemia. El archivo es similar al que le envió a su también expareja Keila Chavarría. Sobre este, en agosto pasado, el centro de salud le dijo a “Hildebrandt en sus Trece” que era fraguado.
Salvador intenta defenderse señalando que aquel email no lo envió ella, que alguien se metió a sus cuentas. “Yo no envío esos correos y siempre se lo dije a Carolina. Le pedí que me enviara estos, pero nunca lo hizo. Ella tenía las contraseñas de mis redes y mi correo. Lo tenía también Erick Palus [su community manager]”, dice Salvador. Tanto Soto como Palus niegan haber tenido acceso a su correo personal.
Soto enseña también pantallazos de una delirante conversación del 5 de febrero de 2020. En estos, Salvador le cuenta que le urge llamarle, ya que cuenta con expedientes confidenciales que “involucran a Mujica en crímenes [no sabemos a quién se refiere]», que habían intentado abrir la puerta de su casa, que “mancharon la puerta de sangre” y que había “un seguridad de embajada que me sigue en camioneta”.
Un caso similar habría ocurrido cuando estaba postulando al Congreso por el Frente Amplio. En aquel entonces, en febrero del 2020, Salvador denunció en la comisaría de Magdalena que le habían dejado un arreglo floral en la puerta de su edificio con un mensaje que decía: “Descansa en paz, Gabrielita”. El conserje del edificio corroboró el hecho. Pero lo que cuentan dos fuentes que trabajaban en ese momento en el despacho de Marco Arana, junto a Salvador, es que ella utilizó el hecho para sus manipulaciones.

ESCÁNDALO DE PEDOFILIA EN EL PARTIDO MORADO

Por Luciano Revoredo– LaAbeja.pe
La congresista Susel Paredes, uno de los falsos valores que adornan el congreso con su discurso “inclusivo”, llevó a trabajar en su despacho como parte de su equipo de asesores y técnicos a un trans que se identifica con el nombre de Tiffany Gómez González, es decir, se trata de un hombre que va por el mundo vestido de mujer y al que “hay que reconocer como tal” so pena de ser acusados de transfóbicos.
Susel Paredes tiene a este personaje trabajando con ella desde hace tiempo. Es parte de su equipo desde cuando se desempeñaba como gerente en la municipalidad de La Victoria. En sus redes Gómez se define como Proudly transgender girl. Comunicadora social por pasión, ciudadana por derecho, y activista social por convicción. Voluntaria NGO. #NoMeToleresRespétame
Lo cierto es que el mencionado asesor seguiría navegando en los mares del anonimato y hubiera sido un activista LGTB más, un promotor de la ideología de género y un militante morado del montón, si no fuera porque se trata de un depredador sexual, un abusador de menores, que ofrecía dinero a niños pobres y vulnerables de entre 12 y 13 años, para someterlos a prácticas sexuales aberrantes.
El pervertido fue descubierto y detenido por las autoridades gracias a que un grupo de padres de sus víctimas al enterarse de lo que venía sucediendo recurrieron a la policía. El sujeto fue encontrado con otro menor. Los detalles que han salido a la luz son sórdidos y no abundaremos en ellos. Lo que si cabe es resaltar que ya están claros los motivos por los que el “asesor” morado era siempre contrario en sus publicaciones en las redes sociales, a la participación de los padres en materia de educación sexual. Es la misma oposición que ha manifestado siempre el partido morado a través de sus congresistas. Resulta paradójico que precisamente la acción de los padres haya sido la causa de su caída.
También conviene resaltar que muy pronto apareció en la escena del crimen la abogada y también activista homosexual y excandidata al congreso por el partido morado Gabriela Salvador, la que impidió que la policía obtenga información del celular y la laptop del degenerado Marvin Gianni Gómez González, arguyendo que tenía información confidencial por ser trabajador del congreso.
Hay que recordar a Gabriela Salvador, fue denunciada por su expareja, Keila Chevarría, por la presunta estafa por un monto de S/89,906, además de “extorsión emocional”. La denuncia es muy seria pues Salvador habría fingido una grave enfermedad para apropiarse de ese dinero a la vez que chantajeaba emocionalmente con su posible muerte a la joven Chevarría la cual incluso se endeudó para ayudar a la abogada.
Esta es la situación. El pedófilo morado ya está en prisión preventiva y pagará por sus crímenes.
Lo que no deja de llamar la atención es el silencio del partido morado, que solo la involucrada directa Susel Paredes haya publicado un pronunciamiento sin poner el nombre del depredador sexual que llevó a trabajar con ella al congreso. Y que la locuaz Flor Pablo, recordada como la ministra porno, por los enlaces que colocó su gestión en los libros para niños, en los que se daba consejos sobre sexo anal y oral, muy al gusto de las prácticas de Tiffany Gómez, se haya demorado más de diez días en pronunciarse sobre los crímenes del asesor morado.
Queda claro que el foco de atención de Flor Pablo no está en la defensa de los niños ni en la educación, sino en sus intereses ideológicos y económicos. Recordemos que sobre ella pende una denuncia por supuestamente haber permitido que no se cumpla con la entrega de material educativo cuando ejercía el cargo de directora de Primaria en el Ministerio de Educación en el año 2014. Por esto el Ministerio Público, ha pedido 4 años y 8 meses de prisión en su contra.

Huancayo: sentencian a 35 años de prisión a catedrático que abusó de un adolescente y escondió el cadáver

Le corresponde cadena perpetua

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo, logró 35 años de prisión para el docente universitario, que embriagó y abusó sexualmente de un adolescente de 16 años de edad, en el año de 2020.
En juicio oral el fiscal adjunto provincial Nick Teves Valdez ante el Juzgado Penal Colegiado, presentó medios probatorios contra Ronald Efraín Herrera Sarapura (42), que la noche del 28 de julio de 2020, junto a Brayan Rafael Orbezo Mendoza (18), Jorge Alberto Saldaña Paredes (26) y el agraviado se pusieron a libar licor desde las 4 de la tarde en una vivienda alquilada, ubicada en el distrito de El Tambo de Huancayo.
Cerca de las 6 de la tarde, Saldaña Paredes se retiró de la habitación dejando a los dos acusados y al menor, posteriormente salieron a comprar más licor y se dirigieron a la vivienda del sentenciado situado en Aprovi de El Tambo, donde continuaron bebiendo, al ver que la víctima no se embriagaba Orbezo Mendoza le servía a vaso lleno para que se duerma y Herrera Sarapura abusara de él.
Brayan Orbezo Mendoza, al notar que el adolescente no se embriagaba, le puso dos pastillas en el vaso, lo disolvió y se lo dio de tomar, dejándolos solos y se retiró de la casa, el sentenciado al observar que la víctima estaba inconsciente aprovechó para tener acceso carnal, minutos después el menor comenzó a convulsionar y falleció.
Seguidamente, el procesado ocultó el cadáver debajo de su cama por un periodo de cinco días, para luego enterrarlo cavando un hoyo en el jardín exterior de su vivienda cubriendo el cuerpo con tierra y piedras.
Posteriormente, el 13 de agosto de 2020, en una diligencia de allanamiento las autoridades encontraron el cuerpo del agraviado sepultado en el domicilio de Herrera Sarapura.
Fuente: www.exitosanoticias.pe

Conjunto norteño Grupo 5 se presentó en la fiesta de cumpleaños de la hija del ex Secretario Presidencial Bruno Pacheco (Fotos Instagram Grupo 5 / GEC).

La fastuosa fiesta que habría organizado Karelim López para la hija de Bruno Pacheco: Grupo 5 cobró 50 mil soles

Fiesta de cumpleaños de la hija del ex Secretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, habría costado más de 99 mil soles y contó con la participación del Grupo 5.

Por GAEL SALAZAR– Diario Trome.
La fiesta de cumpleaños del ex Secretario de la Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, quien es investigado por el presunto delito de tráfico de influencias, contó con la presentación del conocido Grupo 5 por un costo de 50 mil soles; según declaró el manager de la empresa a Cuarto Poder. En el mismo reportaje se afirmó que esta celebración habría sido organizado por la empresaria Karelim López y habría costado más de 90 mil soles.
Según el manager del Grupo 5, Jimmy Yaipén, por la presentación del día 6 de noviembre del 2021 en Cieneguilla cobraron un costo de 50 mil soles por dos horas de show. Este cobro no incluye otros gastos como el traslado; según se reveló en el conocido programa de los domingos.
Tras el reportaje se precisó que en total la fiesta habría costado 99,500 soles entre el pago a la agrupación, el alquiler del sistema de sonido, traslado y mesas, entre otros.
Todo esto ocurrió cuando Bruno Pacheco todavía era secretario general de Palacio de Gobierno, antes de su renuncia oficial el 24 de noviembre.
BRUNO PACHECO HABÍA AFIRMADO SER UNA PERSONA DEL PUEBLO
Recordemos que en su declaración ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, Bruno Pacheco había afirmado ser una persona del pueblo, que no tenía propiedades, ni carro. “Toda la vida he vivido de un sueldo de profesor”, manifestó en dicha presentación.
Por ello en el reportaje se preguntaron ‘¿cómo o quién pudo financiar la exclusiva fiesta para la hija de Bruno Pacheco?
‘MÁS DE 99 MIL SOLES POR LA FIESTA DE LA HIJA DE BRUNO PACHECO’
Tras la emisión del reportaje, la conductora de Cuarto Poder, Sol Carreño, hizo un aproximado de los gastos empleados en esta fiesta: 50 mil soles del pago al Grupo 5, 12 mil más por el traslado de la agrupación, 25 mil aproximadamente por el alquiler de los equipos, 6,500 por el alquiler de la casa de Cieneguilla, 5 mil por las mesas, sillas, toldos y alimentación, además, de otros mil soles por el traslado de los invitados. Sumado todo habría costado unos 99,500 soles.
Coincidentemente una de las clientes habituales de esta lujosa casa de Cieneguilla, sería la empresaria Karelim López; quien es investigada por presuntas irregularidades en la adquisición de Biodiesel B100 a la empresa Heaven Petroleum Operators S.A.

Gabinete Valer

Héctor Valer Pinto, juró como nuevo presidente del Consejo de Ministros en ceremonia realizada en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno.
Valer Pinto, quien es congresista integrante de la bancada Perú Democrático, reemplaza en el cargo a Mirtha Vásquez Chuquilín.
Es un abogado y político nacido en Apurímac el 4 de febrero de 1959, es parlamentario para el periodo 2021-2026.
Fuente: Agencia Andina de Noticias.

César Hildebrant a Pedro Castillo: “Una renuncia sería un gesto patriótico”

¿Cómo habrán sido las premuras para armar este nuevo gabinete que ni siquiera mandaron a hacer fajines como exige el protocolo? El flamante presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer Pinto, juramentó con un fajín de plástico.
CERRONISMO
En horas de la mañana Lima era un mar de rumores y se perfilaban para la presidencia del Consejo de Ministros dos nombres: Waldemar Cerrón, el vocero de la bancada Perú Libre en el Congreso; y Róger Nájar, el hombre del Plan de Gobierno en la segunda vuelta de las últimas elecciones generales. Nájar había descartado su participación al estar alejado del cerrado círculo cerronista que en apariencia había ganado en esta última crisis.
VALER PINTO, EL ELEGIDO
No fue elegido ni uno ni el otro sino Héctor Valer Pinto, electo en la filas de Renovación Popular de Rafael López Aliaga. Otros que habían merodeado al presidente Pedro Castillo en los últimos días son Yonhy Lescano, el colaboracionista empedernido de Acción Popular, y al parecer Marisol Espinoza de la acuñista Alianza Para el Progreso (APP). Y pare de contar.
SIGUEN CAVIARES
Pero todo sigue igual. Los caviares siguen cogobernando ya no con seis ministerios sino cinco. El principal es Relaciones Exteriores, con César Landa, ex titular del TC, que ha destruido su imagen con esta aventura. Y mantienen sus posiciones con la ratificación de Hernando Cevallos (en Salud), Rosendo Serna (Educación), Roberto Sánchez (Comercio Exterior), entre otros de su entorno, como el mismo Aníbal Torres, en Justicia.
CABILDEROS
Los que han salido ganando son los profesores ligados a Castillo Terrones como se puede ver en Katy Ugarte, la nueva titular de Mujer y Poblaciones Vulnerables, o Wilber Supo Quisocala, en Ambiente. Mucho floro del cerronismo que en la víspera envió a sus emisarios a cabildear a Palacio. Nos referimos a la delegación encabezada por Waldemar Cerrón e integrada por el Puka Guido Bellido y Kelly Portalatino. Poco consiguieron, por lo visto en el nuevo Gabinete.
LA HEREJÍA DE DINA
Atrás quedó la exigencia del cerronismo de cambiar en su favor a más de dos tercios del Consejo de Ministros, con la mira puesta en los “caviares” de Verónika Mendoza y su entorno que, sin ganar las elecciones, tenían en efecto seis ministerios y, obviamente, también contra Dina Boluarte, a quien habían expulsado del partido días atrás por su herejía de echar por los suelos el sagrado “ideario” de Perú Libre. Pero ella se mantiene en el Midis.
ALGO ES ALGO
Los voceados chakanos como Kurt Burneo también se quedaron con los crespos hechos para aposentarse en el MEF. En todo caso es una buena noticia que Óscar Miguel Graham, un tecnócrata de carrera de Economía y Finanzas y del BCR, se haga cargo de este sector por su conocimiento de los mercados financieros y previsionales. Algo es algo.
DESMENTIDOS…
Es obvio que Castillo estuvo más que requerido por otras tiendas políticas interesadas, cuándo no, en ministerios y otras prebendas. Voceros autorizados del partido acuñista desmintieron cualquier posibilidad de un acercamiento con el gobierno del profesor chotano. Y pusieron como ejemplo de este distanciamiento la renuncia de Carlos Jaico -supuesto hombre de APP- a la Secretaria General de Palacio de Gobierno.
NO TUITEE POR TUITEAR
Sin embargo, ¿a qué se debe entonces que en las últimas horas se le vio muy empeñoso a César Acuña? Le pedía a su paisano Pedro Castillo que convocara a un gabinete de personas idóneas pensando en el país. La respuesta del ‘prosor’ fue una burla a su pedido: el hombre del Ministerio del Interior es Alfonso Chávarry Estrada, ex jefe de la región policial de Cajamarca. Otro paisano suyo es el hombre del Mindef, el contralmirante José Luis Gavidia Arrascue. 
MORADOS PIDEN “RENUNCIA”
Muy graciosos los activistas de lo que queda del Partido Morado –en especial Susel Paredes- que ahora lanzan comunicados pidiendo la renuncia del ‘prosor‘ Castillo. Creen que nadie se da cuenta que su propósito no es salvaguardar la gobernabilidad sino que la presidencia la asuma Dina Boluarte, quien acaricia la idea de ser la sucesora del “amauta” de Chota. Lo que no saben es que no hay ninguna bancada seria que esté de acuerdo con ese propósito.
AHORA SON MORALISTAS
Los morados olvidan que son ellos los padres del actual escabeche avinagrado con su actitud saboteadora e infantil que tuvieron contra el presidente Manuel Merino y con el microliderazgo del pintoresco Julio Guzmán. Si Pedro Castillo ocupa hoy la presidencia, la desgracia se gesta con activa participación de los morados. Ahora que las papas queman se la quieren dar de moralistas.
TESORITO VS. MORADOS
Ojo que desde la izquierda también les respondió la tesorito Sigrid Bazán acusando a estos morados de ser “la cara amable del golpismo”. “¿No a la vacancia pero sí a la renuncia presidencial? ¿Sí a que este Congreso sea el que gobierne?”, escribió furiosa la playera de Sunny Isles de Miami y asidua del lujoso departamento familiar en la Torre Trump.
Fuente: Diario EXPRESO.

Por Martha Meier Miró Quesada– Diario EXPRESO.
Buena parte de los periodistas impulsan la agenda globalista, atacan a la Iglesia Católica y a todas las vertientes del cristianismo; promocionan el aborto; ridiculizan a las Fuerzas Armadas e intentan quebrar la institucionalidad de los partidos políticos organizados tildándolos de fascistas, neoliberales, capitalistas salvajes, neonazis y un largo etcétera. De los golpes bajos no se libran los líderes de los partidos que le cierran el paso a la izquierda o representan el emprendedurismo popular y el éxito económico de quienes tuvieron todo en contra y sin embargo surgieron.
Lo dicho se constata con los ataques e injurias contra: Keiko Fujimori y el fujimorismo encarnado en Fuerza Popular (K); Rafael López Aliaga y Renovación Popular (R); y con lo perpetrado contra Alan García y el Apra. La víctima más reciente de esta aplanadora de honras ha sido César Acuña Peralta (CAP), de Alianza por el Progreso (APP). Para el político y empresario, el libro “Plata como Cancha”, de Christopher Acosta, le difama y por ello demandó (penalmente, como por desdicha indica nuestro ordenamiento legal) al autor y a Jerónimo Pimentel, de Penguin-Random House, casa editora del libro. Ayer la periodista Mariella Balbi se refirió al tema: Ver https://www.expreso.com.pe/opinion/la-delgada-linea-entre-difamacion-y-periodismo/
Balbi explica que “Cuando alguien se considera difamado por la prensa, esta responde: denuncie al Poder Judicial. Acuña lo hizo y el PJ falló a su favor. Denigrar a la institución que imparte justicia solo provoca la anomia social y vivir en el arbitrario mundo de la sospecha. También valida una inexistente superioridad moral del periodista: siempre poseedor de la verdad”.
Hay quienes no le perdonan a CAP que no los contrate y otros que el hombre salido de un caserío haya construido un imperio y disfrute su “plata como cancha”. No dudo que como ser humano y político el señor pueda tener una larga lista de errores, pero no está denunciado ni condenado por nada de lo que Acosta refiere en su bulo. El caso recuerda a Lady Sneerwell, y su séquito de adulones, en la comedia de 1777 “El Arte de Difamar” (“The School for Escand”) quien se dedicaba, de puro ociosa, a inventar y difundir rumores sobre otros. Al final se descubren sus calumnias y los inocentes quedan reivindicados, mientras los embusteros enfrentan la ruina moral que pretendía dañar a terceros. Si en segunda instancia el Poder Judicial no recula y ratifica lo sentenciado en primera, a Acosta y Pimentel les espera eso, a menos que el primero muestre los documentos que no aparecen en su libro.
Y por cierto, por la salud de la libertad de prensa y expresión, la difamación no debiera considerarse un delito penal sino civil. Que el inexplicable caso del nada riguroso Acosta, sirva para revisar este tema y solucionarlo.

En una reciente entrevista con el diario La República sobre el caso Bruno Pacheco, la señora Silvia Barrera mencionó que no conoce a los directivos del Grupo Deltron y señaló que “Si uno coincide con empresarios en una sala (de espera), no se pueden agarrar esas imágenes para vincular a las personas”.
Aquí es importante hacerle recordar a la señora Silvia Barrera, que la fotografía que publicó Lima Gris, donde aparecen el señor Óscar Zevallos, Director Ejecutivo de Deltron, Raúl Torpoco, dueño de la empresa Ladrillos Pirámide; Néstor Quispez-Asin Serna, fundador del Grupo Deltron y ella, no es reciente y tampoco fue en una sala. La fotografía fue tomada el día 17 de noviembre del 2017, hace cuatro años en un evento de la Asociación de Graduados de la universidad ESAN “Cena Anual 2017” donde el señor Néstor Quispez-Asin fue premiado como el Magister del Año.
Lo curioso es que el video de la noche del 17 de noviembre de 2017 donde aparece Silvia Barrera y su ex esposo Raúl Torpoco, fue borrado de la cuenta de Youtube del Grupo Deltron. ¿Por qué? pues porque en ese video se hace evidente la relación entre los empresarios del Grupo Deltron y la señora Barrera quien conoce a lo directivos de la empresa tecnológica hace más de cuatro años.
La noche que el señor Néstor Quispez-Asin (Fundador del Grupo Deltron), fue premiado como Magister del Año, fue especial para la empresa, es por ello que hubo filmación y fotografías para inmortalizar el momento.
El video que fue editado por el Grupo Deltron y publicado con el título “Premiación a nuestro director Néstor Quispez-Asin como Magister del Año 2017”, pero recientemente fue borrado de su cuenta oficial de Youtube.
Esperemos que esto ayude para que la señora Silvia Barrera refresque su memoria.
Fuente: LimaGris.com

Bruno Pacheco es captado junto a exalcaldesa de Villa María del Triunfo, Silvia Barrera

Como se recuerda, Barrera fue quien le envió a Pacheco los datos de la compañía Deltron con el fin de que sea favorecida por el jefe de la Sunat.

El programa ‘Beto A Saber’ reveló la relación extramatrimonial entre Bruno Pacheco, exsecretario general de Pedro Castillo, y Silvia Barrera, exalcaldesa de Villa María del Triunfo.
Ello, más allá de la infidelidad de Barrera -quien está casada con el empresario Raúl Torpoco-, cobra importancia debido a que la exautoridad edil fue la que le habría enviado a Pacheco los datos de la compañía Deltron con el fin de que sea favorecida por el jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Luis Vera.
Como se recuerda, en una de las conversaciones entre el exfuncionario de Palacio y Vera, -que difundió el portal Lima Gris- se lee: «Enrique este es el servicio del amigo que te pedí, es respecto a la resolución del 2015 de mi amigo del Grupo Deltron RUC 20212331377. Apóyalo por favor y me comunicas la solución, Confírmame la recepción. Gracias».
Tras dicho mensaje, Pacheco Castillo envía un documento titulado «Resolución de reclamación-2015» y se lee que ello fue enviado, originalmente, por la exburgomaestre.
Cabe señalar también que, tal como consta en el portal de transparencia de visitas de Palacio de Gobierno, la exalcaldesa de VMT acudió nueve veces a la sede presidencial para visitar las oficinas de secretaría y subsecretaria general.
Fuente: Diario EXPRESO.

Castillo se reunió con proveedor en Palacio

Según Panorama, empresario ganó contrato de casi S/300 millones en la petrolera estatal. También estuvieron, a la misma hora, el gerente de Petroperú y lobista Karelim López.

Al presidente Pedro Castillo no le bastó con tener encuentros clandestinos en Breña, sino que ahora, según un reportaje de Panorama, tuvo una inusual reunión en la sede de Palacio de Gobierno con un empresario comercializador de biodiesel y contratista de Petroperú (PP) que, luego de 18 días de la cita, ganó, sin competencia, un contrato por casi 300 millones de soles con la empresa estatal.
Según la investigación periodística, el mandatario recibió el 18 de octubre al gerente de Heaven Petroleum Operator, Samir Abudayeh Giha, al gerente general de PetroPerú, Hugo Chávez, y a la lobista Karelim López Arredondo, quién actualmente es investigada por presunto tráfico de influencias en una adjudicación irregular a favor de un consorcio.
Según el registro de visitas de Palacio, todos ingresaron con pocos minutos de diferencia al despacho presidencial y salieron casi a la misma hora.
El reportaje mostró que días después de la cita, el 21 de octubre, la Gerencia del Departamento de Distribución de la empresa estatal solicitó ofertar precios por el valor de 280 mil barriles de biodiesel que estarían destinados a abastecer las refinerías de Mollendo, Conchán y Talara.
Cumpliendo la norma de la entidad petrolera, se realizó la convocatoria nacional e internacional, esto último para tener un mejor precio de compra. Entre las interesadas en el contrato se encontraba la empresa que dirige Abudayeh Giha.
¿CONTRATO A LA MEDIDA?
El 26 de octubre, mediante correo electrónico, la Gerencia Cadena de Suministro pidió cancelar el proceso internacional argumentando que así se “apoyaría a la reactivación económica nacional”. Al concretarse la petición, solo quedaron dos proveedores: Heaven Petroleum operators y Bio Energy Perú SAC.
A pesar de la inusual decisión, el proceso continuó por lo que las empresas presentaron sus propuestas económicas logrando pasar la evaluación de la etapa preliminar. Tras ello, se advirtieron hechos irregulares. El 28 de octubre, PetroPerú informó que hubo un error material en la fórmula de precios por lo que solicitaron que se presente ese mismo día una nueva propuesta económica sobre el requerimiento.
Fue Heaven Petroleum Operators, de Abudayeh, la que pudo cumplir con este cambio presuroso de PP. El afortunado empresario logró cerrar el trato a tan solo 18 días de reunirse con el jefe de Estado.
FISCALÍA DEBE ACTUAR
Sobre el tema, el abogado penalista, Luis Lamas Puccio, sostuvo a Perú21 que “el caso tendría que canalizarse necesariamente por la Fiscalía y, así, se debería iniciar una etapa de investigaciones en la que se citaría al empresario, al presidente de PetroPerú y al mismo Castillo. Evidentemente ellos van a negar cualquier imputación, por eso el Congreso tiene que actuar lo más pronto posible”.
Por su parte, la penalista Cecilia Madrid, sostuvo que el empresario Abudayeh, el funcionario Chávez y la lobista Karelim López “podrían ser elementos indiciarios para que la Fiscalía inicie una investigación por colusión desleal pues, en el marco de una contratación estatal, aparentemente habría indicios de un acuerdo indebido para beneficiar a este postor. En tanto, Castillo no podría ser investigado penalmente pero sí podría ser testigo”.
Todo dependerá, ahora, del Ministerio Público. ¿Hablará el presidente?
La Contraloría de la República informó que iniciará “una acción de control inmediata sobre la legalidad de la licitación relacionada a la adquisición de biodiésel B100 nacional en PetroPerú”.
El gerente de la petrolera nacional, Hugo Chávez, negó haberse reunido con los otros implicados, quienes también negaron los hechos.
Fuente: Diario Perú21.

Patria Roja rompe alianza con Juntos por el Perú y acusan al ministro Roberto Sánchez de «manejo totalmente antidemocrático y profundamente desleal»

Los militantes de Patria Roja aseguran que el actual ministro de Comercio y presidente de JP “manoseó a su gusto la conformación de las listas parlamentarias“, lo que resultó en un “evidente maltrato” hacia su partido.

El partido político Patria Roja anunció su retiro de la alianza con Juntos por el Perú (JP), la misma que cuenta con una bancada parlamentaria y propuso a Verónika Mendoza como su candidata presidencial.
A través de un comunicado, explicaron que a la hora de definir a los acompañantes de Mendoza Frisch en la plancha presidencial y la conformación de las listas de candidatos al Parlamento, el presidente de JP, Roberto Sánchez (actual ministro de Comercio Exterior y Turismo y congresista) y su entorno tuvieron un manejo «totalmente antidemocrático, patrimonialista y profundamente desleal» respecto a los acuerdos establecidos.
«Roberto Sánchez, en su calidad de presidente de JP, no volvió a convocar al Comité Ejecutivo, manoseó a su gusto la conformación de las listas parlamentarias, resultando evidente un maltrato hacia nuestro partido y otros integrantes de JP. Esta conducta afectó y debilitó la campaña durante todo el proceso electoral», sostienen.
Además, denuncian que Sánchez los ha excluido de los comités provinciales y señala que Patria Roja ya no forma parte de dicha coalición de izquierda. Asimismo, precisan que la alianza entre Sánchez y el presidente Pedro Castillo «ha reforzado su conducta antidemocrática y excluyente» con su organización política.
«Es penoso comprobar que quienes deben inscribirse en el cambio democrático y patriótico, en lugar de ser portadores de una nueva cultura política (…), se hayan empantanado en la angurria y el ventajismo para obtener beneficios personales o de grupo, reproduciendo lo peor de la politiquería decadente de las clases dominantes», subrayaron.
Fuente: Revista CARETAS.

Por Gabriela García Hildebrandt– Epicentro.tv
El 12 de agosto de este año, el presidente Pedro Castillo recibió la visita de un hombre llamado José Luis Caballero Adrián. Se reunieron por la tarde, por una hora entera, en Palacio de Gobierno.
Esta misma persona visitó, el 17 de noviembre, el Ministerio de Educación, más precisamente, a Roberto Rodríguez Rabanal, el influyente jefe del gabinete de asesores del ministro Carlos Gallardo. La reunión que se especifica como “de trabajo” también duró un poco más de una hora.
Apenas seis días después, Caballero volvió a reunirse con el jefe de asesores del ministro de Educación, por la misma cantidad de tiempo.
Visitas de José Luis Caballero al jefe de asesores del ministro de Educación (Fuente: Epicentro Tv).
Y existió una tercera reunión con Rodríguez Rabanal, una semana después, el 30 de noviembre, bajo las mismas condiciones, solo que esta vez en el ítem Institución del Visitante, se coloca la frase “A título personal”.
Tercera reunión con Rodríguez Rabanal (Fuente: Epicentro Tv).
¿Quién es José Caballero y de qué temas tendría que hablar con el presidente Castillo y con el asesor principal del ministro de educación, con tanta frecuencia?
La respuesta parece estar en su presente, pero, sobre todo, en su pasado.
José Luis Caballero Adrián figura desde agosto de este año, como asesor II de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso. Quien preside esta comisión es un viejo opositor de la reforma universitaria: José Luna Gálvez, congresista y empresario fundador de Telesup y otras instituciones educativas de licencia denegada por la SUNEDU. La Universidad Telesup tuvo una oportunidad de solicitar licenciamiento el pasado Octubre, pero no lo hizo. Epicentro TV buscó a los señores Caballero Adrián y Rodríguez Rabanal para conocer los detalles de sus reuniones, pero no obtuvimos respuesta.
Pero las relaciones de Caballero con las ideas anti reforma en la educación universitaria vienen de mucho antes.
José Luis Caballero Adrián ha sido varias veces secretario técnico de la Comisión de Educación del Congreso. Y eso no es poca cosa: el secretario técnico es quien, entre otras tareas, elabora los dictámenes de las comisiones, el cuerpo y propuestas que se elevarán a estudio y discusión entre los congresistas y que podrían, eventualmente, convertirse en leyes. También es quien elabora la agenda de la comisión de trabajo. Es un perfil eminentemente técnico, pero que reviste mucho poder. Pronto veremos por qué.
Cuando la comisión era presidida por el general Daniel Mora, Jose Luis Caballero fue removido del puesto. Después de algunas indagaciones, Mora concluyó que no era el hombre que necesitaba cerca para las reformas que se vendrían. Recordemos que el entonces congresista Daniel Mora fue impulsor de la Ley Universitaria, en cuyo marco se creó la Sunedu.
Pero Caballero volvió después a la secretaría técnica de Educación, en tiempos más acordes a su perfil. Por ejemplo, cuando presidía dicha comisión, Tamar Arimborgo, de Fuerza Popular, en cuyo mandato hubo serios intentos por restarle fuerza a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Ahí, Caballero Adrián demostró que no era un técnico cualquiera.
Cuando el ex presidente Martín Vizcarra disolvió aquel parlamento, las comisiones se paralizaron y la prensa, apostada fuera del Congreso, pudo captar a más de un trabajador saliendo del edificio con bolsas llenas de documentos. Uno de esos funcionarios fue José Caballero Adrián, quien, al ser interceptado por el periodista de la revista Caretas, estalló en insultos muy reveladores. Según se publicó en el semanario, Caballero “lanzó una retahíla de insultos contra el excongresista e impulsor de la Ley Universitaria, Daniel Mora”. Más adelante, según se narra en Caretas, Caballero se alejó amenazante diciendo: “Ya se fregaron”.
En el siguiente congreso, Caballero continuó en la secretaría técnica de Educación, esta vez, con Luis Reymundo Dioses Guzmán, de Somos Perú, como presidente de la comisión.
Y fue entonces, cuando dejó más en claro sus ideas. El 12 de junio del 2020, la Comisión de Educación tuvo que suspender el debate de un predictamen presentado por su Secretaría Técnica. Para comenzar, el documento fue enviado recién en la madrugada previa a su debate, cuando debió llegar a los congresistas 48 horas antes. En la grabación de la reunión del grupo parlamentario, vía Zoom, se escucha a una muy indignada Zenaida Solís advirtiendo: “se quedó en que veríamos la acumulación de proyectos sobre educación superior. No solo no tenemos el texto sustitutorio, sino que no está en agenda y, en cambio, veo con sorpresa que, a la medianoche, se nos ha enviado un dictamen sobre la moratoria de SUNEDU, que sí ha sido agendado”.
Efectivamente, se trataba de un torpedo lanzado, de contrabando, en el que, entre moratorias y licenciamientos, se planteaba crear el Consejo Nacional de Asuntos Universitarios, CONAU, una entidad que estaría por encima de la SUNEDU. La entonces congresista Solís reclamó: “no nos saltemos las reglas. No hagamos que cualquier dictamen pase porque a alguien le conviene”. Y luego preguntó: “¿Por qué regresar al tiempo oscuro de la ANR?”, en referencia a cuando, bajo el mandato de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), las universidades de fachada, de ganancia grosera y sin calidad, se multiplicaron sin control.
La discusión llegó a un punto álgido cuando, en defensa de su pre dictamen, el secretario técnico terminó dando una explicación subjetiva: lejos de argumentos técnicos, lo suyo fue una declaración política de su rechazo por la SUNEDU, mencionando procesos abiertos en Contraloría contra algún funcionario y criticando sus formas. Luego intentó convencer de que, en cambio, el nuevo consejo que se planteaba, el CONAU, tendría representantes elegidos por las más altas autoridades universitarias, el Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y por supuesto, algún representante de la Comisión de Educación del Congreso.
El entonces congresista Francisco Sagasti, accesitario en dicha comisión, apenas pudo contener su indignación. Fue directo al grano: “Aquellos que tenemos más de medio siglo de vida académica (…) hemos visto cómo era la universidad pública y privada en los 60 y luego (…) hemos visto el deterioro de la universidad, precisamente por el tipo de interferencias de carácter político, que hemos visto antes y luego escuchado, reiteradas veces, en la exposición del secretario técnico. (…) No creo que ningún secretario técnico tenga que opinar sobre lo que tenemos que hacer los congresistas (…) Esto muestra prejuicios muy puntuales y un completo desconocimiento del sistema de educación superior”.
Sagasti puntualizó que el Congreso no puede crear organismos como los que planteaba Caballero, considerando que eso sería “usurpar las funciones del Ejecutivo” y que con ello “se está buscando mantener en operación a las universidades que, demostradamente, han operado sin el mínimo de condiciones”. Sagasti culminó su intervención pidiendo que se separara de la comisión al secretario técnico “que viene del congreso disuelto, de la comisión que adelantó opinión en múltiples oportunidades, en contra de la Sunedu y la reforma universitaria”.
En otro momento la congresista Zenaida Solís también fue enfática al mostrar su indignación. “Yo me estaba preguntando, ¿de dónde se han inventado nuevamente una suerte de ANR? ¿a quién le está conviniendo eso? Dado que, hemos padecido a las malas universidades durante tanto tiempo, a rectores que a nombre de la autonomía se han hecho millonarios a costa de sus pobres alumnos. ¿Por qué queremos regresar a eso? Me sorprende que esa sea una propuesta del secretario técnico. Ha hecho una exposición basada en razones políticas. Por lo que creo que ha excedido sus funciones”, dijo.
Caballero, sin denotar mayor contrariedad, volvió a hablar solo para referirse al siguiente punto de la agenda.
El presidente de la comisión, Luis Reynaldo Dioses, anunció, poco después, que la propuesta sería retirada y que se evaluaría la separación de Caballero de la Comisión. No sucedió y más bien se jubiló al terminar funciones ese último congreso.
Caballero Adrián ha vuelto al parlamento, pero ahora como asesor de la comisión de Defensa del Consumidor, que preside José Luna, fundador de Podemos Perú y de Telesup. Una comisión desde la que se puede seguir atacando a la reforma educativa.
SECRETARIO TÉCNICO RENUNCIÓ
Esta semana trascendió que el secretario técnico de la actual Comisión de Educación, presidida por Esdras Medina, de Renovación Popular renunció al cargo. Si bien, las razones que habría presentado Victor Hugo Neciosup, son de carácter personal, existe la sospecha de que tenga que ver más bien con lo que va a suceder a partir de hoy, cuando se discutan los polémicos proyectos de ley que Medina ha presentado, para ser discutidos esta tarde en sesión extraordinaria. Son precisamente varios pre dictámenes técnicos los que se van a presentar.
PREDICTAMENES
Dos de los puntos que resaltan en la agenda, que se hizo pública ayer, son golpes directos a la reforma universitaria y a la SUNEDU. Se trata del primer punto, referido a una nueva oportunidad, con ventajas, para las universidades de licencia denegada.
Y también del punto 4, que se refiere a la llamada autonomía de las universidades, un proyecto impulsado por diversas universidades públicas y privadas -y asociaciones que las agrupan- que consideran que la SUNEDU colisiona con su libertad. En uno de sus puntos, señala que los representantes de la SUNEDU deberían ser elegidos por los rectores universitarios, es decir, por aquellos que representan a las universidades que supuestamente serían fiscalizadas. Un retorno sin escalas a la época de la ANR, que nos ha llevado a la era de las universidades prácticamente de papel, un engaño que solo empobrece más la educación.
EL DETALLE QUE FALTABA
Epicentro TV pudo conocer que, en reemplazo de Victor Hugo Neciosup como Secretario Técnico de la actual Comisión de Educación, se ha nombrado a Ivan León Ramirez. El detalle es que León ha trabajado muy de cerca, asistiendo a José Caballero Adrián, en el mismo grupo parlamentario.
Tan cerca, que aparece en la foto que la revista Caretas tomó de aquel episodio tras el cierre del congreso, bolsa de documentos en mano.
Hay círculos que se cierran y que se ciernen sobre una mejor educación universitaria.

La Fiscalía Anticorrupción investiga irregularidades en la reforma universitaria

La SUNEDU en la gestión de Martín Benavides, el delfín de Vizcarra, tomó decisiones ilegales para presuntamente favorecer a la cadena de universidades UTP de propiedad del Grupo Económico Intercorp. Una reforma que pensó en intereses económicos pero no en 180 mil estudiantes que se quedaron en la calle.
Durante la gestión de Martín Benavides se cerraron 48 universidades a un ritmo de una universidad cerrada cada 13 días. Pero, a la vez, hubo quien se benefició obteniendo licenciamientos sin tener locales construidos totalmente, sin laboratorios, sin bibliotecas y sin licencia de funcionamiento, es decir, pasando por alto los requisitos exigidos por la ley y que servían para cerrar universidades menos la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y sus siete filiales que fueron beneficiados por la relación de Martín Benavides y el ex presidente Vizcarra con el grupo económico Intercorp.
En su momento, la SUNEDU recibió aplausos por cerrar algunas universidades cuya existencia era muy cuestionable pero, a la vez, acompañó sus acciones con una estrategia de imagen que dio lugar a que los medios de comunicación hablen de “la gran Reforma Universitaria” pasando por alto irregularidades como no dar alternativas para los alumnos y favorecer a ciertos inversionistas.
Martín Benavides, ex ministro de Educación de Martín Vizcarra.
Para lograr los cierres indiscriminados de universidades, la SUNEDU utilizó a personajes que fingieron ser expertos funcionarios capaces de estudiar en poquísimos días expedientes de 10 mil o 20 mil páginas, realizar inspecciones, absolver reclamos y luego cerrar universidades sin evaluar alternativas para la situación de los alumnos.
El caso más impresionante es el de Cristian Alberth Pacheco Castillo quien se desempeñó como Coordinador General Técnico de Licenciamiento en la SUNEDU, es decir, fue el jefe del equipo encargado de determinar a qué universidad se le daba el licenciamiento y cuál se clausuraba. Lo ilegal es que Pacheco no tenía título profesional. Era un empleado con un diploma de bachiller en Ingeniería de Sistemas -profesión ajena a la pedagogía- al que disfrazaron de experto en universidades, lo designaron como Coordinador General Técnico de Licenciamiento y con su firma se cerró el futuro universitario de más de 180 mil jóvenes.
Antes de referirnos a la investigación fiscal conviene conocer cómo actuaba Pacheco.
La SUNEDU favorece al poderoso Grupo Intercorp
Pacheco Castillo disfrazado de experto en universidades aprobó el informe favorable para dar licenciamiento a la sede central y siete filiales de la Universidad Tecnológica Privada (UTP). En su informe señaló que se habían visitado todas las sedes y que la UTP, perteneciente al poderoso Grupo Intercorp, contaba en todas sus filiales con infraestructura y equipamiento. Sin embargo, todo era falso. Las filiales estaban en proceso de construcción y no cumplían con los requisitos para ser licenciadas.
De acuerdo a ley, para obtener el Licenciamiento Institucional se debe cumplir con una exigencia obligatoria: que la sede principal y las filiales a nivel nacional tengan infraestructuras similares y el mismo nivel de equipamiento e implementación y estos requisitos deben ser verificados de manera presencial. Es decir, la SUNEDU debe constatar que la infraestructura esté completa, que estén instaladas las bibliotecas, equipados los laboratorios y todo lo necesario para el funcionamiento óptimo de una sede universitaria.
Local UTP Ica. Carteles en una casa abandonada.
Por no cumplir con estos requisitos, muchas universidades perdieron su licenciamiento; sin embargo, la SUNEDU le alcanzó licenciamientos a la UTP por universidades inexistentes. Quienes han difundido elogios a la reforma universitaria no han querido tomar en cuenta el caso UTP y se han negado a investigar las razones del favorecimiento al Grupo Intercorp a pesar de las evidencias.
¿Qué pasó con Pacheco Castillo?
Luego de los informes favorables para la UTP, el bachiller Pacheco dejó el cargo de Coordinador General Técnico de Licenciamiento de la Sunedu y logró beneficios con ascensos en cargos de nombres pomposos. El 11 de octubre de 2019 fue designado como Director de la Dirección de Políticas para el Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria. Luego cuando su jefe Martín Benavides dejó de ser el mandamás de la SUNEDU y asumió el cargo de Ministro de Educación, Pacheco apareció en el MINEDU como Director General de la Dirección General de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística.
Sin embargo, los ilícitos cometidos por el bachiller Cristian Pacheco Castillo que dieron lugar al cierre de 48 universidades sin evaluar la posibilidad de que algunas puedan ser reestructuradas y seguir funcionando, no han pasado desapercibidos para la ley. Actualmente existe una investigación que conduce el fiscal Jhonny Fajardo Díaz en la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Carpeta Fiscal Nº 5060 15506-2020-134-0.
Documento de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios.
En esta instancia se viene investigando la presunta comisión de delitos de corrupción ocurridos en la SUNEDU como el que hemos señalado en el caso del bachiller Cristian Pacheco Castillo. Una sospecha es el cierre indiscriminado de casas de estudio para favorecer a inversionistas en el negocio de la educación como el Grupo Intercorp.
El actuar ilegal de la SUNEDU es que la Ley Universitaria no disponía el cierre de universidades. Ese mecanismo fue inventado por un reglamento creado por el ex jefe de la SUNEDU, Martín Benavides, y la evidencia de presunta corrupción es que se cerraron 46 universidades en apenas 20 meses. Esto significa que la evaluación de universidades fue un trámite falso por una razón: en esos 20 meses se cerraron 2.3 universidades por mes, es decir, cada 13 días la SUNEDU cerraba una universidad. Algo imposible porque se tenían que inspeccionar locales en Lima y en provincias, analizar miles de documentos, recibir y evaluar descargos, y preparar informes, una tarea imposible de hacer en solo 13 días para cerrar una universidad.
Lima Gris tuvo acceso a una fuente vinculada a la investigación fiscal y pudo verificar que existen declaraciones que señalan que los funcionarios de la SUNEDU no realizaron las visitas presenciales que la ley exige para determinar el estado real de las universidades que perdieron sus licencias y tampoco visitaron las sedes de universidades licenciadas como la UTP y la UPAL. En el caso de la UTP eran sedes inexistentes que recién se estaban construyendo y en cuanto a la UPAL la supuesta sede universitaria era el local de una ferretería.
La ferretería que se convirtió en universidad en la gestión de Martín Benavides.
Asimismo, existe en la carpeta fiscal una manifestación que señala que “la Universidad observada podía presentar información que le permita mejorar y eso se analiza en la etapa final del procedimiento de licenciamiento” pero que los informes que servían de insumo para la decisión final no se tomaban en cuenta.
Una estrategia publicitaria posicionó la idea de la “Gran Reforma Universitaria” y, curiosamente, muchos “líderes de opinión” difundieron en los medios de comunicación esta idea sin tomarse el afán de averiguar detalles y favorecimientos que demuestran que la SUNEDU tiene mucho por explicar.
Fuente: LimaGris.com