La SUNEDU y la impunidad frente a la UCV y la tesis plagiada de Pedro Castillo

Uno de los mayores escándalos político-académicos fue el título de Magister en Educación obtenido con una tesis plagiada por el entonces presidente de la República en complicidad con la Universidad César Vallejo. Han pasado nueve meses y la SUNEDU permite la impunidad. Un informe sobre el rostro real de una entidad que no es lo que dice ser.
El 2 de mayo de 2022, una grave noticia escandalizó al país. El programa dominical Panorama, reveló que el entonces presidente Pedro Castillo y la primera dama Lilia Paredes, habían cometido plagio en las tesis que les permitieron obtener el grado de Magister en la Universidad César Vallejo (UCV).
Las 121 páginas de la tesis del expresidente “La equidad de género y los aprendizajes significativos del área de personal social en los estudiantes del IV ciclo de la institución educativa N°10465 Puña-Tacabamba-Chota”, fueron sometidas al software Turnitin y la prueba arrojó que el 54% de lo escrito en las tesis de Castillo Terrones era un burdo plagio del trabajo de otros autores. Otro tanto ocurrió con el texto de su esposa.
Software Turnitin arrojó el 54% de similitud.
Cuando este escándalo se hizo público, aparecieron nuevas denuncias de plagio en trabajos presentados en la misma Universidad César Vallejo. Uno de ellos fue el que denunció el investigador y catedrático estadounidense Gavin Jones, en setiembre de 2022. Jones, científico de la Estación de Investigación de las Montañas Rocosas del Servicio Forestal de los EEUU, denunció que Rosalinda Altamirano y Yude Walter Baca Podesta, dos tesistas de licenciatura de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad César Vallejo, plagiaron un artículo académico de su autoría escrito en inglés. El único trabajo que se tomaron fue traducirlo al español.
Investigador Estadounidense reveló que el 100% de su trabajo fue plagiado.
Estos episodios pusieron al descubierto que la universidad César Vallejo tiene un cuestionable e inusual récord al haber registrado, desde su fundación en 1991 a la fecha, 83,963 tesis, superando a la universidad más antigua del país, la Nacional Mayor de San Marcos fundada en el año 1551, y a todas las universidades peruanas en cantidad de tesis recibidas y aprobadas.
¿Qué hizo la SUNEDU frente a esta gravísima situación que destruye una de las condiciones básicas de calidad que tanto pregona cuidar esta entidad?
El cuestionable rol de la SUNEDU
Días después del escándalo de plagios en la Universidad César Vallejo, la entidad que debe vigilar el accionar de las universidades, guardó silencio y recién ¡cuatro meses después¡ el 4 de setiembre de 2022, emitió un tímido anuncio señalando que iniciaría “un proceso preliminar”.
Mientras tanto, la Universidad César Vallejo asumió una actitud de impunidad a punto tal que, en una conferencia de prensa, en la que estuvo presente el fundador de la universidad, César Acuña, informaron que para la investigación realizada tenía esta conclusión: “La comisión ha concluido que las tesis de Pedro Castillo y Lilia Paredes mantienen su aporte de originalidad”.
El fundador de la UCV, César Acuña, intentó cubrir las huellas del plagio.
¿Qué hizo la SUNEDU? ¿Tomó medidas contra la Universidad César Vallejo? ¿Decidió frenar la actividad de plagios masivos que puede ser causal de pérdida de licenciamiento para operar? ¿Hizo algo la SUNEDU? Nada. No tomó ninguna medida.
Luego, ocurrió algo peor que un plagio. Se descubrió que las tesis presentadas por Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes, no las habían escrito ellos sino que habían sido encargadas y pagadas a un escribidor que operaba en un local de fotocopias frente a la universidad San Marcos. El costo fue de 15 mil soles, según la versión de una Colaboradora Eficaz, quien, además reveló que las gestiones y pagos estuvieron a cargo del secretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco -delincuente convertido en Colaborador Eficaz-, quien, además, intentó incluirse en el paquete de tesis entregadas a la Universidad César Vallejo para la extensión de los títulos de Magister a Castillo y su esposa.
¿Qué hizo la SUNEDU? ¿Investigó y sancionó a la Universidad César Vallejo? ¿Exigió que los títulos de Magister de Castillo y esposa sean anulados? Nada. No tomó ninguna medida.
Es necesario tener en cuenta que la SUNEDU tiene funcionarios muy bien remunerados que integran la Dirección de Fiscalización encargada de iniciar los procesos sancionadores correspondientes y, más importante y grave, la sanción final está a cargo del Consejo Directivo. Sin embargo, el superintendente, Oswaldo Zegarra Rojas que pregona en todos los medios que la SUNEDU es una entidad perfecta, no dijo nada ni ordenó ninguna medida.
El plagio es uno de los atentados mayores a la validez de un título universitario o a cualquier evaluación. El plagio es la acción más reñida con la actividad académica. Peor aún si ese acto de salvajismo académico es perpetrado desde la Presidencia de la República con el aval del dueño de una universidad.
Tras el plagio, el Superintendente de la Sunedu no ha tomado acciones contra la universidad de César Acuña.
¿Quién tiene la obligación de controlar y sancionar que esa barbarie académica? Obviamente, la SUNEDU porque entre sus funciones está la obligación de controlar el cumplimiento de las normas educativas. La ley le ordena “Supervisar las condiciones básicas de calidad del servicio educativo conducente al otorgamiento de grados y títulos equivalentes a los otorgados por las universidades”. Es decir, tiene que verificar que los grados y títulos estén otorgados cumpliendo con los criterios educativos de una universidad licenciada.
El escándalo de las tesis plagiadas y mandadas a cofeccionar por el ex presidente Castillo y su esposa, ocurrió hace nueve meses y la SUNEDU no ha tomado ninguna acción concreta y la Universidad César Vallejo sigue operando con total impunidad.
El jefe de la SUNEDU, Oswaldo Zegarra, suele declarar que su entidad tiene la misión de preservar la condiciones básicas de calidad y que cualquier crítica o modificación de la SUNEDU traería abajo esa tarea. En los hechos, no es así. La SUNEDU no es la entidad eficiente, ética y vigilante que dice ser. La impunidad en el caso del plagio presidencial y la Universidad César Vallejo, es una enorme muestra del verdadero rostro de la SUNEDU y su Consejo Directivo.
Fuente: LimaGris.com

La “Gran Marcha por la Paz” se realizará el 3 de enero, en todo el país.

Los puntos de concentración serán “las principales plazas a nivel nacional“. En el caso de Lima, la cita es en el Campo de Marte, a las 3pm., desde donde se partirá con rumbo a la Plaza San Martín.
Este martes 3 de enero, te invitamos a ser parte de esta gran marcha por La Paz que se realizará en las principales plazas de las ciudades a nivel nacional.
Asimismo, en Lima el punto de concentración será en Campo de Marte y se recorrerá hasta la Plaza San Martín.
Cabe destacar que esta actividad ya había sido anunciada por la presidenta de la República, Dina Boluarte durante una conferencia de prensa en el Cusco.
“Así como hay personas que están diciendo que van a marchar el 4 de enero, también hay un grupo de personas que quieren la paz y van a salir a marchar por la paz en el Perú. Así que abracémonos juntos los que queremos marchar pacíficamente, los que están saliendo a marchar por la paz para construir el Perú (…), para reencontrarnos entre hombres y mujeres que, de veras, queremos al Perú“, indicó la mandataria aquel día.
“A nivel nacional, va a haber una Marcha por la Paz (…) Va a estar la Iglesia, van a estar las personas de bien que claman por la paz a nivel nacional“, señaló.

La CGTP y organizaciones regionales anuncian movilizaciones

Por otro lado, diversas federaciones y organizaciones regionales ya han anunciado que, a partir del próximo 4 de enero, retomarán diversas medidas de protesta en diferentes zonas del país.
El último jueves, la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) se pronunció en contra del Gobierno y del Congreso; además, rechazó las declaraciones del ministro de Trabajo sobre la modificación del reglamento de la Ley de Tercerización. En ese sentido, la organización sindical exigió “respetar los derechos de la clase trabajadora” y convocó a un paro nacional para los próximos días.
“La CGTP llama a sus bases sindicales a organizar el gran Paro Nacional Cívico Popular para enfrentar las amenazas que se erigen desde el Congreso, el Poder Ejecutivo y otras instituciones del Estado“, señalaron en su pronunciamiento.
Por otro lado, diversas organizaciones sociales de la Macrorregión sur se reunieron en Arequipa decidieron reiniciar “la huelga indefinida” a partir del próximo 4 de enero en regiones como Puno, Cusco, Apurímac, Moquegua, Madre de Dios, Ayacucho y Arequipa.
Entre los puntos de su plataforma de lucha está el cierre del Congreso, adelanto de elecciones para el 2023 y la exigencia de convocar a una asamblea constituyente. Además, consideraron la posibilidad de “un viaje masivo a Lima” como parte de su jornada de protesta, aunque no se definió una fecha para ello.
Al respecto, Rocío Leandro Melgar, presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), informó a diversos medios de dicha región que su organización se encuentra en una tregua “con el pueblo” y que no se sumarán al paro convocado a partir del 4 de enero. Sin embargo, indicó que se realizará una “asamblea nacional” para evaluar si realizarán jornadas de protesta contra el Gobierno.
Mientras tanto, en la región Junín, Pichanaqui y Sangani acordaron sumarse al paro nacional del 4 de enero. Según un pronunciamiento conjunto, la jornada de protesta iniciará el martes 3 de enero a las 5:00 p.m. y tendrá como punto de concentración la Plaza de Armas de Pichanaqui.
Asimismo, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) señaló que sus organizaciones se encuentran “en movilización permanente” y demandaron la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones para el 2023 y la convocatoria a una asamblea constituyente.
A su vez, en la región Loreto, los pueblos y comunidades de la Amazonía norte indicaron en un pronunciamiento que retomarán la “movilización indefinida” desde el 4 de enero, “de acuerdo a nuestros usos y costumbres” y rechazaron la presencia de la presidenta en la zona del Datem del Marañon.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Serna Ponce en el momento de su captura en 1995 (Diario Los Tiempos de Cochabamba).

Siguen apareciendo los amigos de Guillermo Bermejo

Un personaje ruso fue identificado como Denis Rogatyuk

Por OSCAR QUISPE– Diario Perú21.
La reunión casi clandestina que sostuvo Guillermo Bermejo en México –y que le valió un pedido de prisión preventiva por mentirle al Congreso– sigue trayendo sorpresas. La Policía que apoya la investigación de la fiscal antiterrorismo Eneida Aguilar ha podido identificar a otro personaje presente en la cita.
Además del exintegrante del grupo terrorista MRTA Martín Serna Ponce –alias ‘comandante Carlos’–, participó en la reunión un activista de nacionalidad rusa y militante de la izquierda radical internacional y que responde al nombre de Denis Rogatyuk. A este personaje se le observa en el vídeo disfrutando de un habano en compañía del cuestionado congresista peruano Guillermo Bermejo y del ‘comandante Carlos’.
Denis Rogatyuk se presenta como periodista y director editorial del portal chileno El Ciudadano, un blog de tinte extremista que alienta el cambio de la Constitución en Chile. ¿Por qué un ciudadano ruso se inmiscuye en la política chilena, al punto de dirigir un portal en ese país? ¿Por qué viaja a México para reunirse con dos extremistas peruanos?
“La reunión en México fue una cita de ideólogos del socialismo del siglo XXI de diversos países”, le dijo a Perú21.TV Pedro Yaranga, especialista en seguridad integral. “¿Por qué hacen una reunión en México? Porque prácticamente sería imposible que esa cita se desarrolle en Bolivia o en Perú, pues sus participantes no están viendo temas de Estado”, resaltó el investigador. A lo detallado por Yaranga habría que añadir el hecho de que Serna huyó de la justicia boliviana y Bermejo enfrenta más de una investigación penal en el Perú.
Martín Serna Ponce, miembro del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) fue condenado a 20 años de prisión en Bolivia por el secuestro y extorsión del empresario y político opositor Samuel Doria Medina, que ocurrió en 1995.
Doria Medina fue liberado 45 días después de permancer secuestrado, previo pago de un rescate de más de US$1 millón, según versiones periodísticas de la época.
El dinero habría permitido organizar el asalto a la residencia del embajador japonés en Lima Morihisha Aoki en diciembre de 1996, a cargo del cabecilla emerretista Néstor Cerpa Cartolini, coordinador del plagio en La Paz, según diversos testimonios.
BARRUETO LO SALVA
La decisión de la jueza Soledad Barrueto Guerrero, del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, finalmente salvó a Bermejo de ir a prisión por salir del país mintiéndole a la justicia para reunirse con personajes controvertidos y, en el caso del exemerretista Serna, por lo menos, peligroso.
Barrueto señaló que el Ministerio Público no cumplió con las exigencias del Código Procesal Penal porque no se verificó que haya habido un requerimiento previo al imputado Bermejo para que permanezca en el Perú. Bermejo, muy contento él, agradeció la resolución judicial. “Saludo la decisión del Poder Judicial en declarar improcedente la abusiva pretensión de la Fiscalía. Reafirmamos nuestro compromiso en defender y seguir democratizando las instituciones del Estado”, escribió.

¿Quién es “El Español”, sindicado de crear un grupo criminal para asesinar a Harvey Colchado?

El identificado como “Jorge Fernández” es investigado en varios informes de inteligencia como un oscuro asesor del presidente Pedro Castillo, que, en la sombra, recluta policías corruptos para propósitos específicos.
“El Español”, identificado como “Jorge Fernández”, es sindicado de crear un presunto grupo criminal financiado por el Gobierno para eliminar a policías, políticos y periodistas que investiguen o denuncien casos de corrupción que envuelvan al presidente Pedro Castillo y su entorno.
Una exhaustiva investigación de Contracorriente pone en evidencia el verdadero rostro del llamado “Español”, quien es investigado en varios informes de inteligencia y periodísticos como un oscuro asesor de Castillo, que, en la sombra, recluta policías corruptos para propósitos específicos.
La Nota de Inteligencia 065-2022 fue especifica al poner en evidencia que existiría un plan para asesinar al coronel PNP Harvey Julio Colchado Huamaní, que además estaba financiado por el Gobierno y que estaba liderado por un sujeto, asiduo a Palacio, llamado “El Español”. Este habría llegado a una cercanía extrema con el mandatario, a través de sus sobrinos, en una de las clásicas “pichanguitas” de los jueves.
Además, compartiría el gusto por el tiro y las armas con altos mandos de la Policía Nacional, alineados con el gobierno de Perú libre. Pero esta semana el último dato de uno de los informantes de inteligencia fue clave.
Jorge Fernández o “El Español” sería un empresario que se desplazaría en una camioneta modelo BMW modelo x6 color gris con placa de rodaje F9U296. Una búsqueda rápida en Sunarp nos lleva a que el propietario de la camioneta es la Compañía Inmobiliaria Agrícola de Lima SAC. Se trata de la empresa que opera en el Perú desde 2019. Tiene el número de RUC 20602066283 y su apoderado es Sergio Castellanos Martínez, con Carnet de Extranjería número 1216990. Su gerente general es Rafael Calvo Gonzales Gallarza, con Carnet de Extranjería número 905880.
Contracorriente, además, ha puesto a disposición todos los testimonios y videos revelado por el Ministerio Público. Debido a que ya se ha abierto una investigación preliminar sobre el caso
Los pobladores de la zona denominada Copacabana, en Puente Piedra, los conocen bien. Dice tener todos los derechos en el Perú aunque nació en España el 22 de enero de 1973, tiene 49 años, es economista de profesión y, desde hace 4 años, es la pesadilla de Lima Norte.
Al presentarse como apoderado de la Empresa Inmobiliaria Agrícola Lima, cada vez que despojan a peruanos de sus propias tierras, se utilizan métodos parecidos a los que utilizaba la organización que lideraba Rodolfo Orellana. Es decir, en complicidad con registradores públicos, notarios, abogados, policías y hasta autoridades municipales.
Fuente: Willax.tv

La impunidad de la Clínica La Luz

La clínica de Fermín Silva Cayatopa, amigo y consejero del presidente Pedro Castillo, afronta una serie de denuncias por negligencia médica. Aquí las historias de tres de sus pacientes que fallecieron por operaciones mal realizadas.
Por SHANNA TACO- El Foco.pe
“Sentía que algo malo iba a pasar”, recuerda Aida Mamani, madre de Aimee Irigoyen, quien el 30 de diciembre del 2021 viajó de Moquegua a Tacna para que le coloquen una banda gástrica. La operación se realizó en la Clínica La Luz, que le cobró a Aimee por adelantado S/27 mil.
A los dos días de la intervención, Aimee salió de alta. Pese a los fuertes dolores abdominales reportados, los médicos de la Clínica La Luz le aseguraron que iban a pasar. Cuando Aimee llegó a Moquegua presentó fiebre, dificultad para respirar y los dolores se intensificaron. La voz de Aimee quejándose está registrada en varios audios que ella grabó pidiendo ayuda.
Aimee era médico cirujana, y al notar que la fiebre no paraba y que su estómago comenzaba a hincharse, se preocupó seriamente. Es ahí cuando desde la Clínica La Luz recién deciden atenderla nuevamente y le piden regresar a Tacna para examinarla. El médico que dio la orden fue Percy Alarcón, el mismo que la operó.
Aimee Irigoyen Mamani junto a su padre Guillermo. Aimee se sometió a una operación en la Clínica La Luz para que le coloquen una banda gástrica, pero terminó falleciendo. Lo familiares de Aimee acusan a la clínica de negligencia médica. Foto: Archivo familiar.
“La volvieron a operar, pero a ciegas. No le hicieron ningún estudio previo, ni siquiera una ecografía, nada”, señala la señora Aida. Culminada la segunda intervención, Aimee no podía respirar. Y ante la falta de camas UCI en la clínica, Aimee fue trasladada de urgencia al Hospital Hipolito Unanue de Tacna, donde se descubrió que tenía una perforación en el intestino.
En la UCI del nosocomio, Aimee tuvo tres paros cardiacos y falleció en la tarde del 6 de enero del 2022. Tenía 37 años y toda una vida por delante. Ese día por la noche, la familia de Aimee fue a la Clínica La Luz para exigir la historia médica de Aimee, pero recibieron una negativa. Fue necesaria la intervención de la Policía y la Fiscalía para allanar el establecimiento y conseguir los documentos.
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Un dolor abdominal fue el motivo de ingreso de Filiberta Aliano Palpa a la Clínica La Luz, ubicada en la avenida Arequipa, el 26 agosto del 2017. Su familia, de escasos recursos económicos, decidió hacer un esfuerzo para que sea atendida en una clínica y no en un hospital. El diagnóstico de Filiberta era que tenía problemas en la vesícula y propusieron dos opciones: un tratamiento controlado o una operación. La familia optó por la intervención quirúrgica, pues los médicos de la Clínica La Luz les aseguraron que era “simple”.
Dos horas después de que Filiberta entrara a sala de operaciones, el cirujano Juan Carassa salió y comunicó a los familiares que la intervención “había salido bien” y que a las diez de la noche la paciente iría a sala de reposo. Eso no sucedió. A las once, médicos entraban y salían de la sala de operaciones, recuerda Juan Ollero, hijo de Filiberta. Es en ese momento en que el jefe de anestesiología, el médico Eusebio Palomino, se acercó y comunicó a la familia de Filiberta que la operación había salido mal. “¿El cirujano no te dijo?”, preguntó Palomino.
Juan Ollero junto a su madre Filiberta Aliano Palpa, paciente fallecida luego de una operación en la Clínica La Luz. El gerente de la clínica intentó llegar un acuerdo con los familiares pidiéndoles renunciar a una reparación civil. Foto: Archivo familiar.
Como la Clínica La Luz no contaba con camas UCI ni ventiladores artificiales, Filiberta fue trasladada al Hospital Casimiro Ulloa, de Miraflores, en la madrugada del 27 de agosto. Al nosocomio llegó el gerente de la Clínica La Luz, Manuel Novoa Gómez, para prometer apoyar a la familia con los todos gastos y la rehabilitación de Filiberta.
A los dos días de que Filiberta ingresó al Casimiro Ulloa, Novoa les pidió a los hijos que aseguren a su madre en el SIS. Y es que la cuenta de los medicamentos estaba creciendo. “Tu mamá está bien, no tiene lesiones cerebrales, no se preocupen”, recuerda Juan que le dijo Novoa. En UCI, los médicos del Casimiro Ulloa pidieron el historial clínico de Filiberta y el gerente Novoa se comprometió a entregarlo de inmediato. Sin embargo, no lo hizo hasta seis días después y por presión de la familia.
Cuando Filiberta tenía un mes en UCI, el gerente de La Luz les aseguró a sus familiares que continuarían apoyándolos con los gastos bajo una sola condición: que firmen un documento que liberaba de toda responsabilidad a la clínica y a sus médicos, además los obligaba a renunciar a una posible indemnización.
Certificado médico legal que da cuenta de las omisiones por parte de la Clínica La Luz en el caso de la operación que le hicieron a Filiberta: una lluvia de negligencias médicas.
“Si mi mamá sale de acá con lesiones o un estado dependiente, ¿ustedes qué?, ¿no voy a poder denunciar nada?”, respondió Juan Ollero. Ante el rotundo no de la familia, inició una batalla legal entre la familia de Filiberta y la Clínica La Luz. La operación que le hicieron a Filiberta la llevó a estar cuadrapléjica durante cuatro años, hasta su fallecimiento el 25 de agosto del año pasado, en el Hospital 2 de Mayo.
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Juan Manuel Ramírez llegó al establecimiento tacneño de la Clínica La Luz, en noviembre del 2017, por un dolor abdominal. los médicos le diagnosticaron apendicitis y recomendaron una operación que costaría 4 mil soles. Como en aquel momento la familia no contaba con el dinero, deciden ahorrar unos meses, y el 27 de marzo del 2018, pese a que el dolor había desaparecido, Juan Manuel retornó a la clínica.
Diana Llanos, esposa de Juan Manuel, recuerda que el médico César Lanchipa Picoaga, tomando como referencia la apendicitis detectada meses atrás, recomendó de inmediato una operación. Lanchipa les explica que debían pagarle S/2500 en efectivo para traer a un anestesiólogo y que el restante lo podían cancelar con tarjeta de crédito. Diana fue por el dinero y a su retorno la asistenta de Lanchipa le comunicó que ya estaban operando a su esposo.
Juan Manuel salió gritando de la sala de operación. El médico Lanchipa dijo que aún estaba sedado y que “cada cuerpo reaccionaba de manera distinta”. También le dijo a Diana que no había de qué preocuparse porque había sido una operación simple en la que hallaron tres pequeñas bolitas.
Al despertar, los dolores de Juan Manuel continuaron. Diana se percató de que su esposo tenía colocados dos drenes. Por los dolores constantes, decidieron pagar por dos días más de internamiento: 700 soles. Debido a que la cuenta seguía subiendo, Lanchipa propone que Juan Manuel retorne a su casa ya que ahí se recuperaría más rápido. Eso no sucedió.
Juan Manuel Ramírez junto a su esposa Diana Llanos. Ramírez también falleció luego de someterse a una operación en la Clínica La Luz sede Tacna. Diana tenía cuatro meses de embarazo cuando su esposo murió. Foto: Facebook.
El dolor incrementó, y aparecieron náuseas, vómitos y manchas en el cuerpo. Juan Manuel volvió a la Clínica La Luz donde le indicaron que ahora tenía líquidos en el estómago que debían ser extraídos. La familia pagó S/2000 por adelantado para que lo atendieran. Al abrirle el estómago a Juan Manuel, le encontraron agua, pus y restos fecales. Era una infección generalizada.
En ese momento el médico Lanchipa recomendó que lo trasladen a un hospital de EsSalud. Ya en el establecimiento del Seguro Social, Juan Manuel empezó con episodios de taquicardia. Diana, su esposa, recuerda la sorpresa de los médicos del Seguro al percatarse que su esposo había sido trasladado con el estómago abierto. Juan Manuel falleció el 4 de mayo del 2018, y dejó a Diana con cuatro meses de embarazo.
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Las familias de Filiberta, Aimee y Juan Manuel están en una batalla legal contra la Clínica La Luz. Se trata de un juego de desgaste. “La clínica que les ocasionó el daño los deja abandonados. Se aprovechan de que la gente no tiene dinero para obtener justicia, porque el acceso a la justicia cuesta”, señala Mario Ríos Barrientos, abogado especializado en derechos humanos y salud que lleva el proceso de Filiberta.
En el fallecimiento de Filiberta, Medicina Legal del Ministerio Público encontró responsabilidad en los médicos de la Clínica La Luz. El certificado médico del 11 de julio del 2018 concluye que no hubo una adecuada evaluación prequirúrgica de la paciente, que no se le aplicó una monitorización adecuada y que no se cumplió con la norma técnica sobre el contenido de la historia clínica.
Juan Ollero ha llevado el caso de su madre ante la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud), donde también le dieron la razón. Fue así que, en septiembre del 2019, SuSalud emitió un informe recomendando imponer una sanción de 14 UIT, un aproximado de 63 mil soles, a la Clínica La Luz.
Izquierda: extractos de la sentencia en primera instancia del Poder Judicial que condenó a los médicos y a la clínica en el caso ce Filiberta Aliano. Derecha: informes del Ministerio de Justicia y SuSalud que dan razón a la familia de Filiberta Aliano.
En la vía penal, proceso que buscaba una sentencia contra los médicos, el caso fue recientemente archivado en segunda instancia. Esto pese al informe pericial del Ministerio de Justicia, la evaluación médico legal del Ministerio Público, el informe de SuSalud y la decisión de primera instancia (la cual fue favorable para la familia de Filiberta). El archivamiento se dio el último 16 de junio y la decisión la tomó el juez superior Victor Andrés Lazarte Fernández.
“Cuando íbamos a exigirles el apoyo que nos prometieron, nos comenzaron a denunciar por hostigamiento y acoso, incluso se fueron a pedir garantías por amenaza”, dice Juan Ollero sobre el comportamiento de la Clínica La Luz. La misma situación la vivió en Tacna la familia de Aimee Irigoyen. La señora Aida Mamani recuerda que luego de hacer su denuncia pública en radio y redes sociales, recibieron una carta notarial en la que la Clínica La Luz les exigía que dejen de hablar en los medios.
El caso de Juan Manuel no ha corrido mejor suerte. Pedro Antonio de la Cuba Ordoñez, abogado de la familia, señala que el caso va camino al archivamiento por desinterés del Ministerio Público. “No se hecho un análisis integral de cómo llega el paciente a la clínica. Él entró caminando”. EL FOCO solicitó una entrevista con algún representante de la Clínica La Luz, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Segunda derrota de Forsyth

Por ALDO MARIÁTEGUI– Diario Perú21.
¿Logrará la caviarada y la izquierda volver a capturar Lima con Forsyth, tal como lo consiguió años atrás con Susana Villarán, cuya gestión se coronó como la peor en décadas? ¿El electorado limeño será tan estúpido de elegir al candidato con quien más simpatiza el oficialismo, cuyo padre funge ahora de mayordomo de Castillo en la OEA? ¿Le darán esa satisfacción a su mentor político Siomi Lerner? ¿Las estridentes votantes feministas caviares se olvidarán de las cuitas de Vanessa Terkes? ¿Los vecinos de La Victoria perdonarán cómo desertó? ¿Funcionarán las maniobras del IEP, La República y el IDL a su favor? ¿Al electorado no le importará marcar las siglas de Somos Perú, un partido expropiado a los Andrade por la aventurera política Patricia Li, tan cercana a Vizcarra y a Castillo, cuya bancada no ha dejado de blindar a este gobierno?

Misógino maltratador

El 25 de agosto de 2018 fue la boda civil de la nueva pareja. Luego, la boda religiosa se concretó el 15 de septiembre del mismo año. La nube sentimental de los Forsyth duró muy poco, una vez oficializaron su matrimonio.
Según confesó la propia Vanessa Terkes, apenas cinco días después de haberse casado comenzó el infierno intrafamiliar. Poco a poco, George fue mostrando su verdadero yo: un hombre misógino y maltratador.
En mayo de 2019, Terkes comunicó a la prensa de su separación con Forsyth. Esto sucedió luego de denunciar a su aún esposo por violencia familiar. En la acusación alegó maltrato psicológico desde el quinto día de su matrimonio.
Los medios comenzaron a especular sobre el fin inminente del matrimonio entre Forsyth y Terkes. La conductora de televisión y actriz y el alcalde de La Victoria estaban inmersos en una crisis sentimental provocada por la violencia de género.
La dura situación fue aguantada por Vanessa durante ocho meses. Fue allí cuando se armó de valor para ‘poner fin a su infierno‘ y terminar con el matrimonio que en sus momentos placenteros los llevó a viajar a Tokio, Francia, Italia, Grecia y finalmente Roma. Incluso, en su viaje a la Ciudad del Vaticano conocieron al sumo pontífice, el papa Francisco.
Terkes confirmó el fin de su relación con Forsyth a través de un comunicado de prensa. Allí pudo esclarecer su situación sentimental y que el público supiera que ya estaba separada de su agresor.

«Eres una porquería»

«Todos saben que una separación es dolorosa. Pero, esto no va a impedir que continúe con mis planes a futuro y el desarrollo de mis próximos proyectos artísticos y sociales», dice Vanessa sobre su separación.
La actriz pidió respeto ante esta difícil decisión y agradeció el interés y consideración del público. Sin embargo, semanas después, la actriz ofreció una entrevista a la periodista Milagros Leiva y contó detalles del ‘infierno’ que vivió.
Allí, Vanessa confesó que Forsyth la insultaba diciéndole «eres una porquería», «no vales nada», entre tantos insultos. Incluso, contó que Forsyth le eructaba en la cara y la comparaba con otras mujeres después de tener relaciones sexuales. Asimismo, recuerda que a veces todo sucedía mientras el entonces alcalde llegaba borracho a su casa.
Tras la separación el exalcalde aseguraba que mantenía contacto con su aún esposa, pero ella asegura que jamás fue así. «Mentira, yo no he hablado con él desde el día del comunicado, que fue al día siguiente de la posta, que me trató como una porquería. Yo estaba mal. Tuve una crisis nerviosa que nunca había tenido«, aseveró.
En esa entrevista, la joven actriz reconoció que el día que abandonó su entonces hogar dejó varios huevos rotos en la cama matrimonial, junto a una carta que decía: «Estos son los huevos que tu no tuviste para estar con una mujer como yo».
Fuente: www.elciudadano.com

Susel Paredes tras conocer de proceso abierto en La Victoria: “Estoy dolida y molesta con George Forsyth”

La Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos de la Municipalidad de La Victoria inició un procedimiento disciplinario contra Susel Paredes por “presunta inconducta funcional”, ya que supuestamente habría infringido el principio de neutralidad al criticar las declaraciones de Rosa Bartra y un video de Solidaridad Nacional.

La resolución se basa en un informe del Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 2, tras las declaraciones de Susel Paredes en un programa de RPP TV, el 18 de diciembre de 2019.
La Municipalidad de La Victoria considera que habría una infracción a la Ley Orgánica de Elecciones y al Código de Ética de la Función Pública.
Fuente: Diario El Comercio.

Susel Paredes asegura que Julio Guzmán a diferencia de George Forsyth “tiene experiencia y capacidad técnica”

La jefa del Área de Fiscalización, Control y Sanidad de la Municipalidad de Magdalena del Mar, Susel Paredes, aseguró que la diferencia entre el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, y el alcalde de La Victoria, George Forsyth, es que el primero “tiene capacidad técnica”.
“Forsyth ha sido mi jefe, yo nunca voy a hablar mal de él. […] Con su liderazgo político y mi capacidad técnica, se logró liberar Gamarra. La diferencia entre Julio [Guzmán] y George [Forsyth] es que Julio ha sido alto funcionario del Estado y tiene, además de voluntad política, capacidad técnica”, sostuvo en diálogo con Latina.
“La capacidad técnica es fundamental para gobernar el país, porque hemos visto en la pandemia que han habido regiones con plata, pero hospitales hasta el cien. Esto por la mala ejecución. Creo que para analizar a un candidato hay que analizar su ejecución. En un país como el nuestro, lo más importante es medir la ejecución, no cuánto pide, sino cuanto puede gastar”, señaló.
Paredes indicó que se ha inscrito en el Partido Morado como parte de un acuerdo con el movimiento Fuerza Ciudadana que integra “para poder estar en la plancha presidencial y en la lista del Congreso”.
“Estoy en la condición de cualquier militante del Partido Morado, pero con una guía clara de los puntos a los que Fuerza Ciudadana ha llegado en el acuerdo político. No nos encontramos con aventuras y creo que la bancada morada ha demostrado una postura consecuente y un comportamiento ejemplar”, manifestó.
“Me someto a la decisión de la militancia y esta decidirá quiénes serán los candidatos del Partido Morado”, remarcó.
Susel Paredes confirmó que se inscribió formalmente como militante del Partido Morado de cara a las próximas Elecciones Generales del 2021.
Fuente: Diario Gestión.

Fritz Moreno Cossío, alias «Gringo Fritz», fue capturado por la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), en su vivienda ubicada en el piso 24 de un edificio en el distrito de Santiago de Surco.
Durante el mega-operativo los efectivos de la Diviac allanaron 10 domicilios en los distritos de Breña y Surco, así como una oficina de la Asociación Automotriz del Perú, además, un total de 7 personas fueran detenidas.
Fritz es sindicado como cabecilla de organización criminal «Los Gama» o «Los Charlys de San Miguel», dedicada a robar autos de lujo para luego revenderlos en el norte del país y se le acusa de haber sido financista del asesinato de Carlos Burgos (23), hijo del exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos. El joven falleció tras un tiroteo cuando salía de la discoteca Pericos el 2014.
Asimismo, en 2017, también Fritz Moreno fue vinculado con otro brutal crimen ocurrido en Miraflores. En esa ocasión, Luis Fernando Moreno Senepo, de 43 años, falleció tras ser baleado cuando se encontraba dentro de una camioneta en la bajada de Armendáriz.
Ese mismo año, la casa de Fritz Antonino, situada en el distrito San Miguel, sufrió un ataque a mansalva por sicarios, pero logró ponerse a buen recaudo.
Posteriormente, el cabecilla de «Los Gamas» pasó un año en prisión debido a que se le acusaba de sicariato (asesinato por encargo). Y en setiembre de 2018 en que salió en libertad su récord migratorio desde el 2019 indica un gran movimiento de viajes con destino hacia Colombia, Brasil, Panamá, México, España y Francia.
Además, los efectivos policiales de Diviac han identificado que perteneció a la organización criminal «Los malditos de Bayóvar», por lo que tiene investigaciones y los antecedentes penales que lo involucran como sicario en acusaciones que aparecen dentro de los registros.
Lo más reciente sobre Fritz, en febrero último las cámaras de vigilancia de un salón de belleza captaron cuando el sujeto agredió brutalmente a un estilista, reclamando que le pusieron extensiones con piojos a su pareja.
Fuente: Diario EXPRESO.

Celeste Rivasplata/Facebook

Miss Transgénero Perú Celeste Rivasplata es liberada tras ser acusada de trata de personas

Un abogado especializado en casos sudamericanos logró que la influencer saliera de prisión pagando una fianza de 7 mil euros.

La modelo Celeste Rivasplata, dos veces ganadora de Miss Transgénero Perú, fue liberada bajo fianza tras pasar un mes en la cárcel en Bélgica, tras haber sido acusada del delito de trata de personas con fines de explotación sexual.
La influencer, conocida por haber obtenido dos títulos de miss en 2019 y 2011, enfrentaba cargos de trata de personas luego que la policía la relacione de presuntamente de dirigir una red internacional de explotación.
Según los medios del país europeo, Celeste Rivasplata llevaba con engaños a una decena de peruanos a Bélgica para que tengan una vida mejor. Una vez llegadas al país, los despojaba de sus pasaportes y eran obligados a prostituirse, en barrios rojos legales.Asimismo, las víctimas fueron amenazadas con que sus familias en Perú pagarían las consecuencias si se negaban a cumplir, para ello, ella cobraba entre 150 a 300 euros a cada cliente que buscaba acceder a cualquiera de las personas recluidas. El dinero que logró recaudar con los actos ilícitos fue lavado.
Sin embargo, un abogado –especializado en casos sudamericanos– logró que la influencer Celeste Rivasplata saliera de prisión pagando una fianza de 7 mil euros.
Fuente: www.extra.com.pe

Rodrigo Ventocilla: la muerte del estudiante trans

El joven peruano Rodrigo Ventocilla murió en custodia policial en la isla turística de Bali, Indonesia, el 11 de agosto.
Ventocilla, de 32 años, activista transgénero y estudiante en la Universidad de Harvard, en EE.UU., fue detenido en el aeropuerto Denpasar-Ngurah de Bali el 6 de agosto.
Según un portavoz de la Policía de Bali, agentes de aduanas encontraron artículos sospechosos en su equipaje y fue arrestado por presunta posesión de drogas.
Murió cinco días más tarde en el hospital al que la Policía lo había trasladado después de empezar a sufrir vómitos, según publicaron los medios locales.

“Maltrato“

La familia emitió un comunicado en el que negó la versión oficial y acusó a la Policía indonesia de maltratar a Ventocilla e impedir el acceso al abogado que le había sido asignado.
La familia calificó la detención del joven peruano como de “acto de discriminación racial y transfobia” y aseguró que los productos en su equipaje que despertaron las sospechas de los funcionarios estaban “relacionados con su tratamiento de salud mental, para lo que tenía una prescripción médica“.
Ventocilla había viajado a Bali para disfrutar de su luna de miel con su marido, Sebastián Marallano, que llegó en un vuelo diferente y fue también detenido cuando intentó auxiliar a su marido, afirma el comunicado de la familia.
La familia denunció que la Policía de Bali exigió “cantidades exorbitantes de dinero” a cambio de la liberación de los dos peruanos. De acuerdo con la versión de la familia, ambos fueron ingresados en un hospital el 9 de agosto. Ventocilla fue luego trasladado a otro en el que finalmente falleció.
El portavoz policial declaró que fue hospitalizado después de que consumiera estupefacientes que no se le intervinieron en el registro que llevó a su detención y murió por “fallos de órganos en todo su cuerpo“. Pero la familia acusa a las autoridades indonesias de no permitir un examen independiente del cadáver y asegura que no se han esclarecido las causas de la muerte.
Sus familiares denunciaron que que se les impidió el acceso al hospital y que nunca pudieron comunicarse con él ni conocer cuál era su diagnóstico y estado de salud.
Denunciaron también abandono por parte del responsable del Consulado peruano en Bali, que no respondió a sus mensajes.
La Cancillería peruana ha rechazado la versión familiar de los hechos y niega que la detención de los dos hombres fuera un acto de discriminación y transfobia.
En un comunicado, afirmó que las autoridades indonesias informaron al Consulado en Bali que la detención se habría producido después de que se encontraran en su equipaje “objetos que contenían restos de cannabis, así como diversos productos elaborados con dicha sustancia“.
La Cancillería resalta que “es de conocimiento público” que Indonesia mantiene una “política de tolerancia cero respecto a la posesión de drogas“.
Fuente: BBC.com

Congreso: pleno aprueba por insistencia ley que modifica consejo directivo de Sunedu

Presidente de la Comisión de Educación, Esdrás Medina, sustentó la iniciativa legislativa

El pleno del Congreso de la República aprobó por insistencia la ley que propone restablecer la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, mediante la modificación del consejo directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
Fueron 72 votos a favor de la iniciativa legislativa, 39 en contra 4 abstenciones. Por tratarse de una insistencia, la norma no requiere segunda votación.
El presidente de la República, Pedro Castillo, había observado la autógrafa de dicha ley al considerar que es inconstitucional y afecta la imparcialidad y autonomía de la Sunedu.
Con la decisión de la representación nacional, el consejo directivo de la Sunedu ahora pasará de tener cinco a siete integrantes, compuesta por un representante del Ministerio de Educación, otro del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec).
Asimismo, un representante del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), del Consejo Nacional de Colegios Profesionales, dos de las universidades públicas, y uno de las casas de estudios privadas.
El presidente de la Comisión de Educación, Esdras Medina Minaya (Renovación Popular), quien sustentó la propuesta, dijo que la observación del Poder Ejecutivo resulta totalmente infundada.
Asimismo, aseguró que se escuchó la posición de jóvenes de diferentes universidades y se ha llevado mesas de trabajo para la elaboración de la propuesta legislativa.
Fuente: Agencia Andina de Noticias.

Congreso rechaza retorno de la bicameralidad: no se alcanzaron los 87 votos necesarios

Por 71 votos a favor, 45 en contra y 6 abstenciones, el Pleno desestimó último texto sustitutorio expuesto por la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez.

El Congreso de la República rechazó el proyecto de reforma constitucional que proponía el restablecimiento del sistema bicameral en ese poder del Estado al no alcanzar los 87 votos necesarios.
Por 71 votos a favor, 45 en contra y 6 abstenciones, la representación nacional desestimó el último texto sustitutorio expuesto por la presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez (Fuerza Popular). De este modo, la iniciativa irá a referéndum.
El documento establecía modificaciones a los artículos 2 (inciso 5), 39, 56, 57, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 142, 150, 157, 161, 162, 182, 183, 191, 194, 201, 203 y 206 de la Constitución.
Dicho cuerpo constitucional hace mención a los derechos fundamentales de la persona. También se incorporan los artículos 102-A y 102-B, referidas a las atribuciones del Senado.
Entre ellas figuran: la elección del defensor del Pueblo, del contralor general de la República, de tres directores del Banco Central de Reserva (BCR) y ratificar el nombramiento de embajadores que no pertenecen al Servicio Diplomático como representantes ante organismos internacionales.
Había ingresado otro texto sustitutorio para ser puesto a consideración de los parlamentarios para el debate que se retomó en la sesión plenaria.
Entre las modificaciones, se excluyó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), al superintendente de Banca y Seguros, y al presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) del listado de altos funcionarios con prerrogativa constitucional.
Además, se proponía modificar el artículo 90 para asegurar en la propia Constitución Política que por lo menos se elija a un senador por cada circunscripción electoral.
El último martes 12 el dictamen que propone el retorno a la bicameralidad había pasado a cuarto intermedio, a pedido de la titular de la Comisión de Constitución), tras el pedido de varios legisladores para realizar modificaciones al texto.
La propia Patricia Juárez planteó la posibilidad que se convoque a un referéndum para que se vote sobre la bicameralidad, en caso no llegue a los 87 votos en el Pleno del Congreso el dictamen que plantea el retorno a este sistema.
Fuente: Diario Correo.

¿Bicameralidad tóxica?

Por Miguel Lagos- Diario EXPRESO.
La existencia de dos cámaras legislativas puede ser muy bueno para que un sistema político se retroalimente con prudencia y eficacia. La teoría y la experiencia -ahí en países con respetables niveles de desarrollo político- han coincidido. Sin embargo, muchos se preguntan en la coyuntura si el Perú está listo para reinsertar un esquema congresal de este tipo.
La bicameralidad ha sido muy impopular en los últimos años. En 2018 vía referéndum ésta fue aprobada solo por el 14.9% y rechazada por el 85.1% de la población. No obstante, algunas encuestas posteriores han comenzado a detectar una aprobación mayor que ha dado intensidad al debate en el actual Parlamento.
Los proponentes, los defensores de la figura han resaltado diversas ventajas -y no sin razón-, pero sobre todo que un Legislativo con dos cámaras refleja y asume una mejor representación ciudadana. La pregunta que reta es si a la vez mejora la calidad de esa representación.
El historial de los congresistas, con sus excepciones por supuesto, de los últimos ya casi treinta años de unicameralidad lleva a pensar entre los peruanos que los males podrían en todo caso duplicarse. A ello se suma el enorme recelo de un aumento del gasto, el «despilfarro» que supone expandir la capacidad legislativa.
Estas incomodidades son reflejo de las rápidas fracturas y decepciones que la población asume con las organizaciones y movimientos políticos -incluyendo a los «independientes»- luego de ser electos. Increíblemente se suele olvidar que son esos mismos electores los que empoderan el decepcionante «resultado» con su voto.
Incluso entre los entendidos se ha visto el contraste en pro y en contra del sistema bicameral. Existe literatura académica -citada por Carlos Ganoza- que señala no encontrar «evidencia de que la bicameralidad mejore la calidad de las políticas públicas, ni la estabilidad política, ni el contrapeso al Ejecutivo» (A. Vatter). Y que hasta «puede ser un elemento que contribuya a la indecisión en el Estado, la dilatación de reformas, y la balcanización de la política» (Gary Cox y Mathew McCubbins). El debate sigue abierto.
Hay condicionantes en el país: los partidos y movimientos tienden a ser una coladera de actores inescrupulosos y delictivos. ¿Cómo apostar que la toxicidad no alcance a ambas cámaras? El lector puede imaginar el destino aún más oscuro que esperaría si un partido como «Perú Libre» tuviese mayoría de diputados y senadores, acompañando además a un Ejecutivo con afanes autoritarios y delictuosos como el que se está viendo. La sola existencia de un Congreso bicameral no garantiza evadir resultados nefastos.
La apuesta por la regeneración de las instituciones de nuestro sistema político es importante, sin ninguna duda; pero quizás antes de ello debe neutralizarse uno de los factores que está envenenando su funcionamiento: la impunidad política (y judicial) selectiva.
Los políticos realmente preocupados por concretar cambios importantes y duraderos se obligan a una cruzada que reclame y condicione filtros minuciosos para impedir la introducción de actores criminales y extremistas -ataviados de «demócratas»- en los partidos y movimientos tanto en las regiones como en la capital. Ese es un primer paso clave en el camino hacia una sana y operante bicameralidad.

Derivan a Trujillo investigación fiscal a Pedro Castillo

El trabajado académico del presidente de la República y la primera dama, Lilia Paredes, tendría un 54% de plagio, según el software Turnitin.

La Fiscalía Provincial Mixta de Tacabamba ordenó que la investigación al presidente de la República, Pedro Castillo, y a la primera dama, Lilia Paredes, por el presunto plagio de su tesis de maestría en la Universidad César Vallejo, sea derivada a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo.
La disposición fiscal detalló que esta decisión se da a efectos de que se designe a la fiscalía provincial correspondiente para que continúe con las indagaciones de los presuntos delitos de plagio agravado y falsedad genérica en los que habrían incurrido Castillo Terrones y su esposa.
“Se dispone derivar la investigación a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo – Distrito Fiscal de La Libertad a efectos de que se designe a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa correspondiente y proceda conforme a sus atribuciones por el presunto delito contra los derechos intelectuales, en su figura de delitos contra los derechos de autor y conexos, en modalidad de plagio agravado”, se lee en el documento fiscal.
“(Así como) por el presunto delito contra le fe pública, en su figura de disposiciones comunes, en su modalidad de falsedad genérica”, se agrega.
Según el Ministerio Público, estos delitos se habrían cometido en agravio de la Universidad César Vallejo y el Estado, a través de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
Castillo defiende su tesis
En una entrevista que brindó el jefe de Estado a TV Perú el último 12 de junio, él defendió su tesis de maestría y aseguró sentirse feliz por haberla realizado junto a su esposa.
“Me siento feliz por haber encaminado (una tesis maestría) con mi propio sudor, haciendo un esfuerzo y llevando a cabo esta maestría sobre la equidad de género en los niños de tercer y cuarto grado de mi escuela. No creo que se haya dado otra investigación con esos niños y esa comunidad”, declaró Pedro Castillo aquella vez.
Fuente: Diario Correo.

Luis Castillo Butters anunció que demandará a la PUCP

Por Marlene Molero– Diario El Comercio.
¿Por qué callan las mujeres? Marcela Poirier acaba de ser condenada a un año y ocho meses de prisión suspendida y al pago de S/180 mil por difamación agravada tras denunciar por hostigamiento sexual a su exprofesor, el arqueólogo y exministro de Cultura Luis Jaime Castillo. La denuncia la hizo ante la PUCP y a través de sus redes sociales.
Castillo no ha sido investigado ni sancionado por hostigamiento sexual. La Comisión Frente al Hostigamiento Sexual de la PUCP conoció inicialmente del caso por una publicación que hizo el periodista estadounidense Michael Balter, quién recogió otros testimonios que acusan a Castillo y que refieren hechos que habrían sucedido entre el 2007 y el 2013. Todos anónimos por miedo a represalias, incluyendo presuntos testigos. La Comisión señaló que habían graves indicios de que las denuncias fueran ciertas, pero no inició una investigación formal y archivó el caso porque los hechos ocurrieron antes de la conformación de la Comisión. La ley que obliga a las entidades educativas a investigar y sancionar estos casos es del 2004. Con o sin comisión conformada, la PUCP debió pronunciarse.
En un análisis simple, uno podría concluir que Castillo tiene razón y que, al no haber sido investigado ni sancionado, cualquier cosa que Poirier señalara en sus redes sociales sobre el particular afectaba su derecho al honor. Pero este no es un caso simple. Es un caso en el que se contraponen el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor. Un caso, además, en que aquello que se silencia se refiere al derecho humano de las mujeres a vivir una vida libre de violencias.
Que los hechos en disputa estén referidos a violencia basada en género no es menor. De acuerdo a estándares internacionales, esa particularidad hace que este caso deba estar revestido de una protección especial. Esto no significa que Castillo no tenga derecho al honor, sino que por los valores en juego este debió ceder ante el otro derecho: el de la libertad de expresión.
¿Por qué? La cuestión no es si Castillo hostigó sexualmente o no a sus ex alumnas. La cuestión es si pueden hacerse denuncias públicas por violencia basada en género cuando la persona acusada no ha sido investigada ni sancionada. Esto es, si se avala el escrache en casos donde suele imperar el miedo y la desconfianza. Casos en los que la otra opción es el silencio.
La denuncia contra Castillo la hace una exalumna, no un medio periodístico. Esto nos señala qué es lo que se busca y ello incide sobre el estándar a aplicar. La PUCP tiene en su haber otros casos de inacción en situaciones de hostigamiento sexual, algunos de ellos vinculados a denuncias anónimas en los que se decide no investigar. Una denuncia pública en este contexto es una forma de buscar activar procesos disciplinarios y de romper con una cultura de tolerancia al hosigamiento sexual que se excusa en especificaciones legales. Al ser hecha por una exalumna, la denuncia busca interpelar y cuestionar la tolerancia, no informar de un hecho noticioso.
Además, la denuncia se hace contra Luis Jaime Castillo, que es una figura relevante en el mundo académico, además de haber sido ministro de Cultura. Su prestigio y rol en el mundo académico hacen que esté sujeto a mayor escrutinio, uno que puede tener también una mirada de género.
La denuncia se hace en redes sociales. Este es, sin duda, uno de los puntos más álgidos. Pero ante sistemas que no funcionan para las mujeres, hoy las redes sociales constituyen un espacio de denuncia y de reivindicación de derechos. Se recurre al escrache como forma de cuestionar las debilidades institucionales y esta es hoy una forma de materializar la libertad de expresión.
Las mujeres no denuncian las violencias que viven a diario. En muchos casos, no lo hacen por miedo a las represalias. La sentencia contra Marcela Poirier, que falla al ponderar los derechos en juego, alimenta ese miedo y perpetúa un sistema de impunidad hacia los agresores. La sentencia contra Marcela Poirier establece el silencio como estrategia.

Sigrid Bazán sobre posible suspensión de alumnos por denunciar violencia de género: «Es inaceptable»

Parlamentaria solicitó al rector de la PUCP mayor información sobre el caso.

Sigrid Bazán, congresista de Juntos Por el Perú (JPP), se pronunció sobre una supuesta suspensión por 16 semanas académicas contra un grupo de alumnos de la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) por cometer presuntos actos de difamación contra docentes.
A través de un oficio presentado al rector de la PUCP, Carlos Garatea, la parlamentaria rechazó y calificó de «inaceptable» la medida recomendada por la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios de la universidad, bajo el informe N°047-2022/CDE-PUCP:
«Es inaceptable que se les pretenda privar de su derecho a la educación por un ciclo, cuando los estudiantes han válidamente denunciado actos de violencia de género e irregularidades en los procedimientos de investigación de hostigamiento sexual realizados por la universidad», se lee en el documento.
Por ello, Bazán solicitó a Garatea brindarle el estatus del caso, antecedentes e información de casos anteriores similares donde la sanción haya sido tan severa. «Reitero mi rechazo a la recomendación de una suspensión contra quienes además son dirigentes estudiantiles que estoy segura buscan velar por los derechos de la comunidad universitaria», acotó.
Como se recuerda, seis representantes estudiantiles difundieron en redes sociales denuncias de hostigamiento sexual contra dos profesores de la PUCP, Luis Jaime Castillo y Daniel Parodi. Tras tomar conocimiento de ello, a solicitud de los docentes, las autoridades abrieron procesos disciplinarios solo contra los alumnos.
Fuente: Diario EXPRESO.

Sancionades

Seis representantes estudiantiles podrían perder un ciclo académico por difundir en redes sociales las denuncias de hostigamiento sexual en contra de dos docentes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, casa de estudios que inició un proceso disciplinario luego que los maestros impusieran denuncias de difamación.
Las denuncias contra los profesores fueron compartidas por las redes sociales de la Federación de Estudiantes de la PUCP– FEPUC y el Centro Federado de Letras. El 14 de febrero, los universitarios fueron notificados del proceso con el que podrían retrasar sus estudios superiores
Los estudiantes denunciados, que ahora podrían ser suspendidos por 16 semanas académicas, son Micaela Alexia Balazar Quispe, Ingrid Scarlett Huanis Rivera, Romel Eloy Pua Sarmiento, Marco Antonio Palacios Ponciano, Adriana Jimena Verástegui Peña y Nicole Alexandra Baldeón Rafael.
“Nos pareció que era importante alertar a otros estudiantes sobre las denuncias públicas contra estos profesores”, detalló Adriana Verástegui, entonces secretaria de Género de la Mesa Directiva del Centro Federado de Estudios Generales Letras, a Wayka.
“Es una carga emocional muy grande esta persecución violenta, institucional y política por parte de la universidad y los profesores, ha afectado mis relaciones con mi familia, con mis amistades, con la misma universidad, con los estudios”, añade.
SIGUIENTE PASO
Esta semana se programará la votación del expediente del caso en la primera instancia, Comisión Disciplinaria, donde se podría o confirmar la sanción propuesta por la secretaría o se podría archivar el caso.
“Nosotros apuntamos obviamente a que no sancione en lo absoluto, así sea una semana está mal”, dijo Micaela Balazar, entonces presidenta de la Federación de Estudiantes de la PUCP, a este medio.
“Todavía tenemos una opción más para poder apelar y para poder defendernos, pero el problema es que desde el inicio, desde que nos mandaron el requerimiento de información, nosotros hemos aclarado que hemos estado ejerciendo nuestro derecho a la libertad de expresión, a nuestro derecho a la protesta. Hemos también incluido bastante sustento legal de porque esto no configura la falta que ellos dicen y aun así ellos han decido recomendar la sanción (de 16 semanas académicas)”, agregó.
EL INFORME Y SANCIÓN
El informe de la Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios llegó a la conclusión de que los seis estudiantes denunciados por los dos docentes deberían ser declarados responsables de haber incurrido en “actos de difamación contra otros miembros de la comunidad universitaria”.
Además, recomendaba sancionarlos con una suspensión de 16 semanas académicas a cada alumno; calificando el hecho como una falta grave mediante al numeral 17 y 18 del Reglamento Unificado de dicha universidad.
Este proceso se abre a partir de las denuncias interpuestas a la misma instancia por los docentes Luis Jaime Castillo y Daniel Parodi. Ambos solicitaron la investigación de supuestos actos difamatorios en su contra incurridos por los estudiantes.
EL CASO
Daniel Parodi había sido denunciado a través de la página “Profesores Acosadores Peruanos” por hostigamiento sexual a una de sus alumnas en la PUCP: Un día yo posteo que mi vecino de 3 años me vio saliendo de la ducha sin querer. Parodi dijo algo similar a ‘’nunca antes había envidiado tanto a un niño de 3 años”, se lee en la denuncia pública.
Por otro lado, también fue acusado por un alumno, en 2021, de violencia académica. Este hecho sucede luego que estudiantes de uno de sus cursos redactaran la “Carta de Horario 1HIS22-0885 a Autoridades de la Facultad” en 2020, solicitando al docente que no dicte el tema “Historia de la mujer en el Perú Republicano”. El delegado habría llamado al profesor notificándole y este, según la denuncia que realizó ante la Secretaría Técnica, le gritó y violentó.
En el caso de Luis Jaime Castillo, en 2020, una alumna egresada de la especialidad de Arqueología lo denunció formalmente por hostigamiento sexual y presuntos actos de “propiciar el consumo de alcohol en espacios educativos, mala praxis y exclusión de oportunidades académicas”. El informe también detalla que recibieron una carta suscrita por 4 testimonios, egresadas y exalumnas de la especialidad.
Con la investigación y recolección de testimonios, la Comisión Especial frente al Hostigamiento Sexual de la PUCP llega a la conclusión de que “se advierte la presencia de indicios de hostigamiento sexual”. Pero no se abrió un proceso formal.
Debido al caos y difusión, en 2021 la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos retiró a Luis Jaime Castillo por las denuncias en su contra.
Fuente: Infobae.com

Padres de la pareja presidencial cobraron, según web del MIDIS

Subsidio creado por este gobierno, se tenía que devolver “a conciencia” si no se necesitaba, decía Dina Boluarte. ¿Devolverán el dinero?

Por OSCAR M. QUISPE– Diario Perú21.
Los padres de la pareja presidencial Pedro Castillo y Lilia Paredes han cobrado en los últimos meses el bono Yanapay, la ayuda económica que diseñó este gobierno para las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad.
Según la página web del ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), el señor Ireño Naval Castillo, padre del mandatario, y el señor Walter Alfonso Paredes, padre de la primera dama, accedieron al beneficio que equivale a 350 soles por cada entrega.
Además en el portal ‘consulta de apoyo económico individual Yanapay’, al digitar los DNI de los mencionados se informa que: “hemos verificado que ya cobraste tu Yanapay”.
Los números de DNI de los progenitores de la pareja presidencial aparecen en la declaración jurada de intereses que ambos presentaron a la Contraloría General de la República y que es de acceso público para todos los ciudadanos.
MIDIS RESPONDE
En su momento, la vicepresidenta y titular del Midis, Dina Boluarte, señalaba que “si más personas reconocen a conciencia que no necesitan el apoyo económico individual de 350 soles, pueden ingresar al portal del apoyo Yanapay Perú y realizar este trámite de devolución que es sumamente sencillo y rápido”.
Esta tarde, el ministerio envió un comunicado confirmando que los padres de Pedro Castillo pertenecen al padrón del programa Pensión 65 -como reveló el programa Beto a Saber- y “mantienen la condición de usuarios del programa desde junio del 2014 y diciembre del 2013, respectivamente, luego de cotejarse que cumplen con los requisitos de acceso y permanencia”.
Desde el ministerio señalaron que los usuarios de Pensión 65, como los padres del presidente, tenían derecho a recibir el bono Yanapay. “Cuando se ha dado el bono Yanapay lo que se ha hecho es buscar a todos los usuarios de Pensión65 categorizados como extremadamente pobre”, dijo el Midis.
El antecedente más cercano es el de la exvicepresidenta y congresista Marisol Espinoza. La abuela de la entonces autoridad recibía Pensión 65. “En mi condición de funcionaria pública, he pedido que se le retire del padrón y además que se me informe la situación y las condiciones en las que ella fue inscrita en el referido programa”, indicó en enero de 2013. Anunció que sus familiares decidieron devolver el monto percibido por su abuela paterna, más los intereses correspondientes que ascendieron a 1,200 soles.
La actual pareja presidencial ¿hará lo mismo?

Defensoría del Pueblo exhorta a Dina Boluarte a reevaluar a viceministros cuestionados por falta de experiencia

La institución recordó que la OCI del Midis ha recomendado acciones tras detectar que María Tarazona y William Contreras no tenían la experiencia específica necesaria

La Defensoría del Pueblo exhortó a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, que evalúe cambiar a los dos viceministros de su sector luego de que se detectara que no cumplen con los requisitos mínimos de experiencia en el sector.
El comunicado publicado este viernes 3 de junio detalla que la Oficina de Control Interno (OCI) del Midis ha señalado que ninguno de los dos viceministros cumplía con la experiencia específica de 5 años en puestos o cargos de directivo de nivel jerárquico similar en el sector público o privado.
“A la luz de estos hallazgos, la Defensoría del Pueblo exhorta a la ministra del Midis a reevaluar la designación de los dos viceministros del sector y asegurar que la Ley N°31419 vinculada a la idoneidad en la función pública cumpla sus objetivos y fines”, indicó la institución.
Según detectó la Defensoría, la viceministra de Política y Evaluación Social, María Tarazona Alvino, se habría visto beneficiada porque la Oficina General de Recursos Humanos contabilizó como parte de sus cinco años de experiencia específica el tiempo que tuvo como viceministra, además de subdirectora, directora encargada, jefa encargada del área académica, y editora y directora de sección de una empresa de nombre Magazine Wellas sin RUC vigente y dedicada a la edición de revistas y servicios de imprenta en Huánuco.
Similar situación es la del viceministro de Prestaciones Sociales, William Contreras Chávez, cuando se contabilizó su experiencia en este cargo como experiencia específica.
“El resto de experiencia es como director de varias áreas del Colegio de Abogados de Lima, cuya naturaleza no se asemeja a las de dirección en una empresa o entidad del Estado, y como subjefe en un Programa de Asistencia Técnica, Capacitación y Estudio para los Gobiernos Locales en la Presidencia del Consejo de Ministros”, informó la Defensoría.
Fuente: Diario El Comercio.

El domingo primero de mayo, cuando todos celebrábamos el Día del Trabajo, el programa “Panorama” denunció que el presidente de la República, Pedro Castillo y su esposa habían plagiado el 54% de la tesis que les permitió obtener el grado académico de magister en la hoy desprestigiada Universidad “César Vallejo” de propiedad de su aliado político y líder del partido “Alianza para el Progreso”, César Acuña.
La tesis de 121 páginas titulada “La equidad de género y los aprendizajes significativos del área de personal social en los estudiantes del IV ciclo de la institución educativa N° 10465 Puña–Tacabamba–Chota”, fue sometida al software Turnitin que detectó plagio en el íntegro del marco teórico y en el 54% del mencionado volumen que resultó ser una especie de Frankestein fabricado con retazos de numerosos trabajos ajenos cuyos autores no fueron citados y cuyas fechas de publicación, en varios casos, son posteriores a 2012 que era el año en que supuestamente fue presentada la tesis presidencial, hecho éste que demostró que había sido elaborada, en realidad, 10 años después cuando Castillo ya había sido electo.
Día tras día, nuevos descubrimientos de la prensa echaban mayores sombras sobre esta falsa historia de éxito que terminó siendo más patética de lo que parecía: a la gravedad del hallazgo de “Panorama” fueron sumándose nuevos e inverosímiles elementos que, con el correr de los días, dejaron al descubierto una grotesca farsa en la que, al final, todo, absolutamente todo había sido fabricado adrede para que Pedro Castillo apareciera ante la opinión pública como el académico ilustrado que -obviamente- no es.
Las dos personas cuyos nombres fueron consignados como “validadores” de la encuesta en que se basa la tesis no existían, sus datos personales y hasta sus números de DNI habían sido inventados. El profesor -cuyo nombre aparece en la primera página como asesor de la tesis- declaró que jamás la había asesorado y que estaba dispuesto a decírselo al Congreso o a la Fiscalía si era necesario.
Junto a diversas autoridades académicas, la Presidenta de la Universidad “César Vallejo”, Beatriz Merino decidió, en un acto incomprensible, inmolarse para blindar al Presidente Castillo y, en lugar de admitir lo que ya constituía un fraude inocultable, defendió codo a codo con sus compañeros, la tesis bamba, aduciendo vergonzosamente que ésta conservaba su “aporte de originalidad”.
Por si todo eso fuera poco, el dominical “Contracorriente” reveló el lugar exacto en el que se habría fabricado a pedido la falsa tesis: un modesto negocio de tipeos, fotocopias y anillados frente a la Universidad San Marcos en el que, no obstante, se venderían tesis, al gusto del cliente, hasta por la suma de quince mil soles.
Fuente: Beto a Saber y Elpollofarsante.pe

La tesis del presidente Castillo habría costado 15 mil soles en el 2021

La investigación a cargo de la Fiscalía sigue arrojando nueva información sobre las denuncias contra el presidente Pedro Castillo Terrones. En las últimas declaraciones de Karelim López, se conoció que la tesis del mandatario y la Primera dama se habría realizado en el año 2021 y se habría pagado por la tesis 15 mil soles.
El reportaje de ContraCorriente dio detalles de las declaraciones de López Arredondo, quien mencionó que la tesis del presidente Castillo se compró en un local donde realizan copias e impresiones que se encuentra ubicado frente a la Universidad San Marcos.
Según las investigaciones, la persona que se encargó de comprar la tesis fue Bruno Pacheco, exsecretario general de Palacio de Gobierno. Pacheco encargó a un joven armar la tesis en el año 2021 y el trabajo fue pagado en dos partes.
El sábado 29 de mayo de 2022, un contingente policial de la DIRILA ingresó al local de copias e impresiones con una orden judicial de allanamiento. En el local se incautó 10 computadores que fueron lacradas.
Con esta investigación, se cae las mentiras de la Universidad César Vallejo y su dueño César Acuña.
Fuente: LimaGris.com