Serna Ponce en el momento de su captura en 1995 (Diario Los Tiempos de Cochabamba).

Siguen apareciendo los amigos de Guillermo Bermejo

Un personaje ruso fue identificado como Denis Rogatyuk

Por OSCAR QUISPE– Diario Perú21.
La reunión casi clandestina que sostuvo Guillermo Bermejo en México –y que le valió un pedido de prisión preventiva por mentirle al Congreso– sigue trayendo sorpresas. La Policía que apoya la investigación de la fiscal antiterrorismo Eneida Aguilar ha podido identificar a otro personaje presente en la cita.
Además del exintegrante del grupo terrorista MRTA Martín Serna Ponce –alias ‘comandante Carlos’–, participó en la reunión un activista de nacionalidad rusa y militante de la izquierda radical internacional y que responde al nombre de Denis Rogatyuk. A este personaje se le observa en el vídeo disfrutando de un habano en compañía del cuestionado congresista peruano Guillermo Bermejo y del ‘comandante Carlos’.
Denis Rogatyuk se presenta como periodista y director editorial del portal chileno El Ciudadano, un blog de tinte extremista que alienta el cambio de la Constitución en Chile. ¿Por qué un ciudadano ruso se inmiscuye en la política chilena, al punto de dirigir un portal en ese país? ¿Por qué viaja a México para reunirse con dos extremistas peruanos?
“La reunión en México fue una cita de ideólogos del socialismo del siglo XXI de diversos países”, le dijo a Perú21.TV Pedro Yaranga, especialista en seguridad integral. “¿Por qué hacen una reunión en México? Porque prácticamente sería imposible que esa cita se desarrolle en Bolivia o en Perú, pues sus participantes no están viendo temas de Estado”, resaltó el investigador. A lo detallado por Yaranga habría que añadir el hecho de que Serna huyó de la justicia boliviana y Bermejo enfrenta más de una investigación penal en el Perú.
Martín Serna Ponce, miembro del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) fue condenado a 20 años de prisión en Bolivia por el secuestro y extorsión del empresario y político opositor Samuel Doria Medina, que ocurrió en 1995.
Doria Medina fue liberado 45 días después de permancer secuestrado, previo pago de un rescate de más de US$1 millón, según versiones periodísticas de la época.
El dinero habría permitido organizar el asalto a la residencia del embajador japonés en Lima Morihisha Aoki en diciembre de 1996, a cargo del cabecilla emerretista Néstor Cerpa Cartolini, coordinador del plagio en La Paz, según diversos testimonios.
BARRUETO LO SALVA
La decisión de la jueza Soledad Barrueto Guerrero, del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, finalmente salvó a Bermejo de ir a prisión por salir del país mintiéndole a la justicia para reunirse con personajes controvertidos y, en el caso del exemerretista Serna, por lo menos, peligroso.
Barrueto señaló que el Ministerio Público no cumplió con las exigencias del Código Procesal Penal porque no se verificó que haya habido un requerimiento previo al imputado Bermejo para que permanezca en el Perú. Bermejo, muy contento él, agradeció la resolución judicial. “Saludo la decisión del Poder Judicial en declarar improcedente la abusiva pretensión de la Fiscalía. Reafirmamos nuestro compromiso en defender y seguir democratizando las instituciones del Estado”, escribió.

¿Quién es “El Español”, sindicado de crear un grupo criminal para asesinar a Harvey Colchado?

El identificado como “Jorge Fernández” es investigado en varios informes de inteligencia como un oscuro asesor del presidente Pedro Castillo, que, en la sombra, recluta policías corruptos para propósitos específicos.
“El Español”, identificado como “Jorge Fernández”, es sindicado de crear un presunto grupo criminal financiado por el Gobierno para eliminar a policías, políticos y periodistas que investiguen o denuncien casos de corrupción que envuelvan al presidente Pedro Castillo y su entorno.
Una exhaustiva investigación de Contracorriente pone en evidencia el verdadero rostro del llamado “Español”, quien es investigado en varios informes de inteligencia y periodísticos como un oscuro asesor de Castillo, que, en la sombra, recluta policías corruptos para propósitos específicos.
La Nota de Inteligencia 065-2022 fue especifica al poner en evidencia que existiría un plan para asesinar al coronel PNP Harvey Julio Colchado Huamaní, que además estaba financiado por el Gobierno y que estaba liderado por un sujeto, asiduo a Palacio, llamado “El Español”. Este habría llegado a una cercanía extrema con el mandatario, a través de sus sobrinos, en una de las clásicas “pichanguitas” de los jueves.
Además, compartiría el gusto por el tiro y las armas con altos mandos de la Policía Nacional, alineados con el gobierno de Perú libre. Pero esta semana el último dato de uno de los informantes de inteligencia fue clave.
Jorge Fernández o “El Español” sería un empresario que se desplazaría en una camioneta modelo BMW modelo x6 color gris con placa de rodaje F9U296. Una búsqueda rápida en Sunarp nos lleva a que el propietario de la camioneta es la Compañía Inmobiliaria Agrícola de Lima SAC. Se trata de la empresa que opera en el Perú desde 2019. Tiene el número de RUC 20602066283 y su apoderado es Sergio Castellanos Martínez, con Carnet de Extranjería número 1216990. Su gerente general es Rafael Calvo Gonzales Gallarza, con Carnet de Extranjería número 905880.
Contracorriente, además, ha puesto a disposición todos los testimonios y videos revelado por el Ministerio Público. Debido a que ya se ha abierto una investigación preliminar sobre el caso
Los pobladores de la zona denominada Copacabana, en Puente Piedra, los conocen bien. Dice tener todos los derechos en el Perú aunque nació en España el 22 de enero de 1973, tiene 49 años, es economista de profesión y, desde hace 4 años, es la pesadilla de Lima Norte.
Al presentarse como apoderado de la Empresa Inmobiliaria Agrícola Lima, cada vez que despojan a peruanos de sus propias tierras, se utilizan métodos parecidos a los que utilizaba la organización que lideraba Rodolfo Orellana. Es decir, en complicidad con registradores públicos, notarios, abogados, policías y hasta autoridades municipales.
Fuente: Willax.tv

La impunidad de la Clínica La Luz

La clínica de Fermín Silva Cayatopa, amigo y consejero del presidente Pedro Castillo, afronta una serie de denuncias por negligencia médica. Aquí las historias de tres de sus pacientes que fallecieron por operaciones mal realizadas.
Por SHANNA TACO- El Foco.pe
“Sentía que algo malo iba a pasar”, recuerda Aida Mamani, madre de Aimee Irigoyen, quien el 30 de diciembre del 2021 viajó de Moquegua a Tacna para que le coloquen una banda gástrica. La operación se realizó en la Clínica La Luz, que le cobró a Aimee por adelantado S/27 mil.
A los dos días de la intervención, Aimee salió de alta. Pese a los fuertes dolores abdominales reportados, los médicos de la Clínica La Luz le aseguraron que iban a pasar. Cuando Aimee llegó a Moquegua presentó fiebre, dificultad para respirar y los dolores se intensificaron. La voz de Aimee quejándose está registrada en varios audios que ella grabó pidiendo ayuda.
Aimee era médico cirujana, y al notar que la fiebre no paraba y que su estómago comenzaba a hincharse, se preocupó seriamente. Es ahí cuando desde la Clínica La Luz recién deciden atenderla nuevamente y le piden regresar a Tacna para examinarla. El médico que dio la orden fue Percy Alarcón, el mismo que la operó.
Aimee Irigoyen Mamani junto a su padre Guillermo. Aimee se sometió a una operación en la Clínica La Luz para que le coloquen una banda gástrica, pero terminó falleciendo. Lo familiares de Aimee acusan a la clínica de negligencia médica. Foto: Archivo familiar.
“La volvieron a operar, pero a ciegas. No le hicieron ningún estudio previo, ni siquiera una ecografía, nada”, señala la señora Aida. Culminada la segunda intervención, Aimee no podía respirar. Y ante la falta de camas UCI en la clínica, Aimee fue trasladada de urgencia al Hospital Hipolito Unanue de Tacna, donde se descubrió que tenía una perforación en el intestino.
En la UCI del nosocomio, Aimee tuvo tres paros cardiacos y falleció en la tarde del 6 de enero del 2022. Tenía 37 años y toda una vida por delante. Ese día por la noche, la familia de Aimee fue a la Clínica La Luz para exigir la historia médica de Aimee, pero recibieron una negativa. Fue necesaria la intervención de la Policía y la Fiscalía para allanar el establecimiento y conseguir los documentos.
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Un dolor abdominal fue el motivo de ingreso de Filiberta Aliano Palpa a la Clínica La Luz, ubicada en la avenida Arequipa, el 26 agosto del 2017. Su familia, de escasos recursos económicos, decidió hacer un esfuerzo para que sea atendida en una clínica y no en un hospital. El diagnóstico de Filiberta era que tenía problemas en la vesícula y propusieron dos opciones: un tratamiento controlado o una operación. La familia optó por la intervención quirúrgica, pues los médicos de la Clínica La Luz les aseguraron que era “simple”.
Dos horas después de que Filiberta entrara a sala de operaciones, el cirujano Juan Carassa salió y comunicó a los familiares que la intervención “había salido bien” y que a las diez de la noche la paciente iría a sala de reposo. Eso no sucedió. A las once, médicos entraban y salían de la sala de operaciones, recuerda Juan Ollero, hijo de Filiberta. Es en ese momento en que el jefe de anestesiología, el médico Eusebio Palomino, se acercó y comunicó a la familia de Filiberta que la operación había salido mal. “¿El cirujano no te dijo?”, preguntó Palomino.
Juan Ollero junto a su madre Filiberta Aliano Palpa, paciente fallecida luego de una operación en la Clínica La Luz. El gerente de la clínica intentó llegar un acuerdo con los familiares pidiéndoles renunciar a una reparación civil. Foto: Archivo familiar.
Como la Clínica La Luz no contaba con camas UCI ni ventiladores artificiales, Filiberta fue trasladada al Hospital Casimiro Ulloa, de Miraflores, en la madrugada del 27 de agosto. Al nosocomio llegó el gerente de la Clínica La Luz, Manuel Novoa Gómez, para prometer apoyar a la familia con los todos gastos y la rehabilitación de Filiberta.
A los dos días de que Filiberta ingresó al Casimiro Ulloa, Novoa les pidió a los hijos que aseguren a su madre en el SIS. Y es que la cuenta de los medicamentos estaba creciendo. “Tu mamá está bien, no tiene lesiones cerebrales, no se preocupen”, recuerda Juan que le dijo Novoa. En UCI, los médicos del Casimiro Ulloa pidieron el historial clínico de Filiberta y el gerente Novoa se comprometió a entregarlo de inmediato. Sin embargo, no lo hizo hasta seis días después y por presión de la familia.
Cuando Filiberta tenía un mes en UCI, el gerente de La Luz les aseguró a sus familiares que continuarían apoyándolos con los gastos bajo una sola condición: que firmen un documento que liberaba de toda responsabilidad a la clínica y a sus médicos, además los obligaba a renunciar a una posible indemnización.
Certificado médico legal que da cuenta de las omisiones por parte de la Clínica La Luz en el caso de la operación que le hicieron a Filiberta: una lluvia de negligencias médicas.
“Si mi mamá sale de acá con lesiones o un estado dependiente, ¿ustedes qué?, ¿no voy a poder denunciar nada?”, respondió Juan Ollero. Ante el rotundo no de la familia, inició una batalla legal entre la familia de Filiberta y la Clínica La Luz. La operación que le hicieron a Filiberta la llevó a estar cuadrapléjica durante cuatro años, hasta su fallecimiento el 25 de agosto del año pasado, en el Hospital 2 de Mayo.
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Juan Manuel Ramírez llegó al establecimiento tacneño de la Clínica La Luz, en noviembre del 2017, por un dolor abdominal. los médicos le diagnosticaron apendicitis y recomendaron una operación que costaría 4 mil soles. Como en aquel momento la familia no contaba con el dinero, deciden ahorrar unos meses, y el 27 de marzo del 2018, pese a que el dolor había desaparecido, Juan Manuel retornó a la clínica.
Diana Llanos, esposa de Juan Manuel, recuerda que el médico César Lanchipa Picoaga, tomando como referencia la apendicitis detectada meses atrás, recomendó de inmediato una operación. Lanchipa les explica que debían pagarle S/2500 en efectivo para traer a un anestesiólogo y que el restante lo podían cancelar con tarjeta de crédito. Diana fue por el dinero y a su retorno la asistenta de Lanchipa le comunicó que ya estaban operando a su esposo.
Juan Manuel salió gritando de la sala de operación. El médico Lanchipa dijo que aún estaba sedado y que “cada cuerpo reaccionaba de manera distinta”. También le dijo a Diana que no había de qué preocuparse porque había sido una operación simple en la que hallaron tres pequeñas bolitas.
Al despertar, los dolores de Juan Manuel continuaron. Diana se percató de que su esposo tenía colocados dos drenes. Por los dolores constantes, decidieron pagar por dos días más de internamiento: 700 soles. Debido a que la cuenta seguía subiendo, Lanchipa propone que Juan Manuel retorne a su casa ya que ahí se recuperaría más rápido. Eso no sucedió.
Juan Manuel Ramírez junto a su esposa Diana Llanos. Ramírez también falleció luego de someterse a una operación en la Clínica La Luz sede Tacna. Diana tenía cuatro meses de embarazo cuando su esposo murió. Foto: Facebook.
El dolor incrementó, y aparecieron náuseas, vómitos y manchas en el cuerpo. Juan Manuel volvió a la Clínica La Luz donde le indicaron que ahora tenía líquidos en el estómago que debían ser extraídos. La familia pagó S/2000 por adelantado para que lo atendieran. Al abrirle el estómago a Juan Manuel, le encontraron agua, pus y restos fecales. Era una infección generalizada.
En ese momento el médico Lanchipa recomendó que lo trasladen a un hospital de EsSalud. Ya en el establecimiento del Seguro Social, Juan Manuel empezó con episodios de taquicardia. Diana, su esposa, recuerda la sorpresa de los médicos del Seguro al percatarse que su esposo había sido trasladado con el estómago abierto. Juan Manuel falleció el 4 de mayo del 2018, y dejó a Diana con cuatro meses de embarazo.
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Las familias de Filiberta, Aimee y Juan Manuel están en una batalla legal contra la Clínica La Luz. Se trata de un juego de desgaste. “La clínica que les ocasionó el daño los deja abandonados. Se aprovechan de que la gente no tiene dinero para obtener justicia, porque el acceso a la justicia cuesta”, señala Mario Ríos Barrientos, abogado especializado en derechos humanos y salud que lleva el proceso de Filiberta.
En el fallecimiento de Filiberta, Medicina Legal del Ministerio Público encontró responsabilidad en los médicos de la Clínica La Luz. El certificado médico del 11 de julio del 2018 concluye que no hubo una adecuada evaluación prequirúrgica de la paciente, que no se le aplicó una monitorización adecuada y que no se cumplió con la norma técnica sobre el contenido de la historia clínica.
Juan Ollero ha llevado el caso de su madre ante la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud), donde también le dieron la razón. Fue así que, en septiembre del 2019, SuSalud emitió un informe recomendando imponer una sanción de 14 UIT, un aproximado de 63 mil soles, a la Clínica La Luz.
Izquierda: extractos de la sentencia en primera instancia del Poder Judicial que condenó a los médicos y a la clínica en el caso ce Filiberta Aliano. Derecha: informes del Ministerio de Justicia y SuSalud que dan razón a la familia de Filiberta Aliano.
En la vía penal, proceso que buscaba una sentencia contra los médicos, el caso fue recientemente archivado en segunda instancia. Esto pese al informe pericial del Ministerio de Justicia, la evaluación médico legal del Ministerio Público, el informe de SuSalud y la decisión de primera instancia (la cual fue favorable para la familia de Filiberta). El archivamiento se dio el último 16 de junio y la decisión la tomó el juez superior Victor Andrés Lazarte Fernández.
“Cuando íbamos a exigirles el apoyo que nos prometieron, nos comenzaron a denunciar por hostigamiento y acoso, incluso se fueron a pedir garantías por amenaza”, dice Juan Ollero sobre el comportamiento de la Clínica La Luz. La misma situación la vivió en Tacna la familia de Aimee Irigoyen. La señora Aida Mamani recuerda que luego de hacer su denuncia pública en radio y redes sociales, recibieron una carta notarial en la que la Clínica La Luz les exigía que dejen de hablar en los medios.
El caso de Juan Manuel no ha corrido mejor suerte. Pedro Antonio de la Cuba Ordoñez, abogado de la familia, señala que el caso va camino al archivamiento por desinterés del Ministerio Público. “No se hecho un análisis integral de cómo llega el paciente a la clínica. Él entró caminando”. EL FOCO solicitó una entrevista con algún representante de la Clínica La Luz, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.