Editora Roxana Loarte Villalobos, firmó planillón del Movadef y suscribió pensamiento Gonzalo

Posteriormente, la activista volvió a apoyar a Sendero Luminoso, inscribiéndose en ‘Fudepp‘.

Wayka Perú, un medio digital periodístico que presenta a excarcelados e investigados por el delito de terrorismo como inocentes dirigentes sociales, tiene entre sus filas a una periodista que habría apoyado al Movadef, brazo político de la organización terrorista Sendero Luminoso.
Se trata de Roxana Loarte Villalobos, actual editora periodística de la famosa prensa alternativa y defensora de los derechos humanos, que según un reportaje de ‘ContraCorriente’, en el 2011 firmó los planillones del Movadef, cuando esta organización se presentó ante la ONPE.
El informe televisivo resalta que en la página 4,574, con número de documento de identidad 42871695, está el nombre y firma de puño y letra de la periodista Roxana Loarte Villalobos, actual editora de Wayka Perú.
Posteriormente, Loarte Villalobos volvió a inscribirse en otro intento de partido político de Sendero Luminoso. En este caso con el Frente de Unidad de Defensa del Pueblo Peruano (Fudepp) donde fue la número 20.
En el mismo padrón de adherentes del Movadef, resaltan los nombres de Fajardo Cravero y Alfredo Crespo Bragayrac, exabogados de las cabecillas de esta organización terrorista Abimael Guzmán y Elena Iparraguire.Tras la muerte de Manuel Fajardo, uno de sus representantes más conocidos es Alfredo Crespo, actual defensor legal de alias camarada Miriam, Elena Iparraguirre.
Alfredo Crespo encabezaba la lista del padrón para inscribir al Movadef como partido y político y lograr así, una nueva constitución y una amnistía que permita la liberación de todos los presos por terrorismo.
Vale mencionar, que el Jurado Nacional de Elecciones rechazó la inscripción de Movadef debido a su ideología marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo.
Fuente: Diario EXPRESO.Las detenciones de las cabezas del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa) como Rocío Leandro, camarada ‘Cusi’, y de Estefany Alanya, alias ‘Jazmín’, revelaron la existencia de una organización del grupo terrorista Sendero Luminoso, que busca promover la violencia en Ayacucho y Lima.

Nueva Fracción Roja, nexo de Sendero Luminoso, usaba de fachada el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho

Cada vez se conocen más detalles sobre cómo la organización terrorista Sendero Luminoso (SL) ha implementado una serie de estrategias para mantener su presencia política y generar el caos en medio de la ola de protestas que se desataron en varias regiones del país.
Según un informe del diario El Comercio, el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), que era liderado por la camarada Cusi, Rocío Leandro Melgar, no era más que una facha para el desarrollo de la Nueva Fracción Roja (NFR) de Sendero Luminoso que buscara ser un “frente de clases”. En esa línea, el NFR es el “tercer instrumento” que buscan “tomar el poder por medio de la violencia revolucionaria”. El primer lugar es el “partido” y el segundo el “ejército”.
Cabe recordar que la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y la Fiscalía contra el Crimen Organizado han investigado a los miembros de Fredepa, por lo que decidieron detener a Cusi y Estefany Jhazmin Alanya Chumbes alias ‘Jazmín’ (vicepresidenta del Fredepa) y Alejandro José Manay Pillaca alias ‘Alejandro’ (secretario del Fredepa).
En ese contexto, una investigación de Vigilante.pe puso en evidencia cómo la vicepresidenta del FREDEPA, Estefany Alanya, dirigía una “escuela de cuadros” bajo la fachada de un programa infantil que promovía la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
IPARRAGUIRRE IMPLICADA
El documento policial al que accedió el medio periodístico señala que la NFR “recaería en la cabecilla terrorista Elena Iparraguirre Revoredo”, cuya misión es continuar con la denominada “II Reconstitución” de SL la cual se daría a través de los frentes de defensa, sindicatos, barrios y otras organizaciones de Ayacucho. Así, se tendría como lugares de vital importancia a Huamanga, Huanta y Parinacochas.
“Los hechos que investiga este Despacho Fiscal se sustentan en la noticia criminal puesta en conocimiento por parte de la autoridad policial la División de Operaciones Especiales – DIVOES mediante el INFORME N°177-2022-DIRCOTE-PNP/DIVOES-DEPOTC.EIES, solicita la apertura de investigación preliminar contra presuntos integrantes de la Nueva Fracción Roja de la Organización Terrorista Sendero Luminoso, quienes vendrían realizando trabajo partidario en las provincias de Huamanga, Huanta y Parinacochas del departamento de Ayacucho, como parte de las tareas partidarias establecidas a favor de la II Reconstitución de la OT-SL”, se indica en el documento.
MARAVÍ ASUME FREDEPA
El exministro Iber Maraví, exministro de Trabajo en la gestión del golpista Pedro Castillo y quien participó en actos terroristas de los años 80, aprovechó la detención de la camarada Cusi para asumir el liderazgo del Fredepa.
Sobre el tema, el especialista en seguridad y narcotráfico, Pedro Yaranga sostuvo a Perú21 que “con Maraví de nuevo en el cargo no van a retroceder. El Fredepa se mantendrá firme en sus tareas y coordinaciones para participar en las violentas protestas contra el gobierno”.
Fuente: Vigilante.pe

Camarada ‘Cusi’, la garantía de Sendero Luminoso para continuar con sus planes

El perfil de una senderista que nunca se rehabilitó pese a los años transcurridos en la cárcel.

Por Joma Gálaga- Diario Perú21.
“Ofrendaremos nuestras vidas por la patria”, gritó Iber Maraví, extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el 10 de diciembre de 2022 en la última asamblea que organizó el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), para detallar la estrategia de la toma del aeropuerto del 15 de diciembre. Lamentable y sangriento enfrentamiento al que Maraví ni siquiera se asomó.
Aquel sábado 10, en aquella reunión, estuvo presente la mujer a la que exdirigentes llaman como su “pupila”. Una señora de 54 años que días después fue capturada tras un largo trabajo de inteligencia: Rocío Leandro Melgar. “Camaleónica y activa” es como la definen algunos exdirigentes del Fredepa. La camarada ‘Betty’, ‘Luz’ o mejor conocida en los últimos meses como ‘Cusi’, es uno de los personajes de la cúpula terrorista de los ochenta que volvió a ser noticia tras su nueva captura luego de que Perú21 difundiera un video en que es captada repartiendo dinero en efectivo a representantes de grupos cocaleros para que movilicen a sus miembros a la capital del país y puedan participar en las manifestaciones.
El nombre de Rocío Leandro no es nuevo, pues aparece en 14 atestados de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (Dincote) que datan del año 1989 a 1996 por los delitos de traición a la patria y terrorismo. Si bien ella hasta hace poco se presentaba como presidenta del Fredepa –organismo generado de Sendero Luminoso–, su oscuro pasado reveló su internamiento en penales como el Miguel Castro Castro y la cárcel de mujeres de Chorrillos, por su participación en diversos atentados.
Como se recuerda, uno de esos ataques fue el asesinato de Pedro Huilca, secretario general de la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP).
El informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) consigna el testimonio de un senderista que señala a alias ‘Cusi’ como una de las terroristas encargadas de organizar el sanguinario crimen del 18 de diciembre de 1992.
“MUJER PREPARADA”
“Buscaban una mujer que pueda dirigir la organización. Varones tienen varios en sus filas. Dentro de su búsqueda no les quedó de otra que la camarada ‘Cusi’. Ella era garantía para seguir la secuencia de todos sus cuadros”, mencionó a Perú21 un expresidente del Fredepa, quien prefirió que se guardara su identidad. Él define a Leandro, a quien conoció en una asamblea en 2020, como una mujer belicosa, dentro de las más jóvenes con la experiencia suficiente para asumir el puesto.
“Todos sus cuadros en gran parte ya son adultos; ya pasaron los 65 años, ella está por los 50. Está dentro de lo que (SL) busca, pues sigue activa y rabiosa”, asegura.
¿Por qué ‘Cusi’? El exdirigente menciona que, si bien es cierto que ha estado en la cárcel, ha hecho un trabajo político durante los últimos años con los miembros del comité central. Se ha especializado más que los demás dirigentes y ha ido más allá del marxismo, leninismo y maoísmo.
Su captura es para las filas del Fredepa una baja de todas maneras, pero la fuente asegura que el puesto que asumió tiene un “costo” y lo está pagando. “La irán evaluando mientras guarda silencio: esa es la regla de oro. Ella y los demás están en constante vigilancia. Si no dicen nada, cuando deje la cárcel será presentada como una mártir”, asegura.
ORGANISMO FACHADA
El Fredepa nació entre los barrios de Ayacucho, cuando existía en paralelo con la Federación de Barrios y el Frente Único de Estudiantes Escolares. “Hambre, miseria y corrupción” es la frase con la que desde 1969 ha ido calando y hoy por hoy la organización está en proceso de consolidación, incluso en ciudades fuera de Ayacucho, como Puno y Cusco, según mencionan sus propios miembros.
“En el Fredepa hay elecciones internas, pero la realidad es que nunca se eligen, siempre se imponen. Detrás de ella (‘Cusi’) hay más personas que han planificado la movilización y el pago de manifestantes, incluso más jóvenes”, asegura el exdirigente.
Añade que la manera como el Fredepa sigue expandiéndose es mediante las “escuelas populares”, donde forman y evalúan minuciosamente.

Exministros y exviceministros se beneficiaron con millonarias consultorías

En la lista están Daniel Alfaro, Martín Benavides, Ricardo Cuenca, Patricia Andrade, Luis Gargurevich y grupos ligados a ellos.

Por María Teresa García- Diario EXPRESO.
Pese a que Educación es uno de los sectores que más carencia tiene en cuanto a infraestructura, los exministros y exviceministros que pasaron por dicha cartera no tuvieron miramientos a la hora de efectuar jugosas consultorías que entre los años 2012 al 2023 sumaron en total unos S/728 millones, tal como denunció EXPRESO en su momento.

Daniel Alfaro

En el 2021 Daniel Alfaro, quien fue ministro de Educación en la gestión de Martín Vizcarra, cobró a través de la empresa Marka Soluciones EIRL unos S/46,728, por una asesoría para diseños de procesos formativos a nivel regional.
Se trató de la conceptualización y plan de acción para el diseño e implementación de los procesos formativos de los mecanismos “Acceso Libre al Talento Regional” y “Acceso libre con reforzamiento–Ciclo Cero”, en el marco de la estrategia de acceso libre, focalizado y gradual a la educación superior, planteado por el Minedu.

Martín Benavides y Grade

Otro que se benefició con astronómicas sumas de dinero fue el Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), cuyo director ejecutivo era Martín Benavides Abanto, también exministro de dicha cartera en el gobierno de Martín Vizcarra.
En 2013, Grade facturó la envidiable suma de S/1’349,000 por el servicio de consultoría para la ejecución del estudio nacional de línea de base sobre el uso del tiempo y otras variables de calidad educativa, en instituciones educativas públicas secundarias.
Se le pagó en tres armadas y tuvo 275 días para su ejecución. Este mismo grupo, del 2012 al 2013, efectuó una asesoría por la cual cobró S/100,170.12.
En el 2015 elaboró otra consultoría, esta vez por S/204,900. La asesoría fue por el servicio de análisis de resultados de la escala de calificación del ambiente de la infancia temprana, instrumento de desarrollo temprano y factores asociados. El usuario fue la Dirección de Educación Inicial del Minedu.

Por Martha Meier Miró Quesada- Diario EXPRESO.
Ayer murió Katherine Gómez, la joven de 18 años que el sábado pasado fue rociada con gasolina por su exnovio, quien le prendió fuego en plena vía pública. Katherine agonizó en el hospital Arzobispo Loayza, durante varios días.
Tenía 60 % del cuerpo con graves quemaduras. Había discutido con el enamorado en la transitada Plaza Dos de Mayo y éste decidió terminar el desencuentro convirtiendo a su pareja en una fogata humana. Los transeúntes trataron de ayudarla, pero el fuego demoró en ceder.
El asesino es un venezolano de 19 años, de esos miles que entraron durante el gobierno de Martín Vizcarra, sin ningún tipo de revisión de antecedentes. Y sabido es que las autoridades de la dictadura venezolana infiltraron a agentes chavistas, traficantes de drogas y hasta a sanguinarios sicarios infantiles.
El asesino de Katherine es Sergio Tarache Parra, quien huyó del lugar donde perpetró la monstruosidad. Tras la muerte de Katherine, la presidenta Dina Boluarte manifestó su “total repudio” por este crimen, que se suma a tantos otros. “Creo que esa violencia contra la mujer debe parar. Las mujeres no somos propiedad de las parejas”, dijo para la platea.
El problema de la violencia es bastante más complejo y no solo afecta a las mujeres, Hay padres y madres que matan a sus hijos a golpes; mujeres que asesinan al fruto de su vientre con veneno para ratas y otras que apuñalan, sin piedad, a sus maridos porque quieren irse con otro. Vivimos la subcultura de la muerte.
Las personas no entienden más que toda vida es sagrada, por eso se habla del aborto como si de tratarse una muela infectada. Y ese es el verdadero problema que enfrentan mujeres, hombres, niñas, niños y ancianos. El nivel de maldad que se ve alrededor del mundo, y no solo en el Perú, es incomprensible.
El problema enfrentado por las mujeres es que sus asesinos, llamados ‘homicidas domésticos espontáneos’, son capaces de matar por un impulso emocional, sin ningún tipo de premeditación o planificación.
Las esposas, padres e hijos de este tipo de asesinos suelen pensar que tienen muy mal genio, pero que serían incapaces de dañarlos. Gran error y más si hay abuso de drogas, alcohol o celos. Y esto no tiene nada que ver con la teoría de género que se nos quiere imponer como la raíz de todos los males.
El Papa Francisco, tan progre él, se ha manifestado contra esta teoría que empobrece las relaciones humanas y pretende hacer que hombre y mujeres sean iguales, “cuando la gran riqueza de la vida, está en las diferencias”, dijo.
Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, dice que “el verdadero objetivo de la ideología de género es destruir el extraordinario poder simbólico de la maternidad”.
En un mundo así de torcido, muchas más Katherines morirán de las maneras más crueles a manos de sus parejas, también niños y ancianos por quienes deben cuidarlos.

Sada Goray, la empresaria que acusó extorsiones para apropiarse de un terreno del Estado, parece que no dijo toda la verdad.

LA HISTORIA DEL TERRENO QUE COSTABA US$35 MIL Y TERMINÓ VALIENDO US$48 MILLONES

La empresaria que aseguró que pagó coima de S/4 millones al exasesor del gobierno Salatiel Marrufo actuó como representante de sus socios: tres millonarios con quienes adquirió un terreno de 90 hectáreas por el que un primer dueño pagó apenas US $35 mil dólares a la Comunidad Campesina de Chilca en 2004. Goray y compañía lo revendieron en poco menos de US $48 millones este año.

Por Roberth Orihuela- Convoca.pe
Hace unas semanas, y en medio del proceso de vacancia del expresidente Pedro Castillo, la empresa inmobiliaria de Sada Goray Chong confesó que entregó S/4 millones al exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo. Aseguró que fue “extorsionada” por este exfuncionario para obtener una resolución favorable de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) que le permitiría reafirmar la propiedad sobre un terreno de 90 hectáreas. El predio antes le pertenecía a la Comunidad Campesina de Chilca y luego de una serie de transferencias ella y un grupo de empresarios lo adquirieron y revendieron por más de US$48 millones.
Las primeras informaciones ponen a Goray como la única beneficiaria de estos actos. Sin embargo, lo real es que ella actuó en representación de otros tres empresarios, quienes se han mantenido en la sombra hasta el momento y que, con este movimiento, lograron multiplicar su inversión inicial.
Confesión nada sincera
La noticia de que Goray Chong sacó beneficio del gobierno de Pedro Castillo para sus intereses empresariales no es nueva. En octubre el programa dominical Cuarto Poder expuso las influencias que Goray habría movido para obtener una resolución favorable de la SBN, que la habilitaría a desarrollar un proyecto inmobiliario sobre su extenso terreno.
Y es que la Fiscalía sospecha que esta empresaria aportó dinero a la campaña de Pedro Castillo, a quien conoció a través de Marrufo. Incluso se señala que habría asistido a la casa de Sarratea, donde el mandatario se reunía con gente de su confianza y empresarios. Ese caso, conocido como “El gabinete en las sombras”, ya es investigado y Marrufo lo sigue en prisión preventiva.
De acuerdo con una entrevista que el ex director de Gestión de Patrimonio Estatal (DGPE) de la SBN, William de la Vega, dio al dominical Cuarto Poder, la ex presidenta ejecutiva de esa entidad, Cinthia Rudas, le indicó que debía interesarse por el caso de Sada Goray. Esta solicitaba que la entidad estatal reconociera a su favor una superposición en el terreno de 90 hectáreas que ella y tres socios más habían comprado en la zona de Chilca, en la provincia de Cañete (Lima).
El terreno que Goray y sus otros tres socios compraron se ubica a la altura del Km 50 de la Panamericana Sur, en la provincia de Cañete. Foto: Convoca.
El problema es que existen dos casaciones de la Corte Suprema que señalan que esos terrenos pertenecen a la Comunidad Campesina de Chilca y que ningún acto administrativo puede cambiar dicha decisión.
A pesar de esto, Rudas y Marrufo insistieron. De la Vega contó que mandó a realizar un estudio topográfico y se determinó que el terreno pertenecía a la comunidad. Finalmente dio una opinión negativa y por ese motivo fue destituido, según dijo al programa dominical. Luego otros cuatro funcionarios hicieron lo mismo al notar que, si cedían, cometerían un acto ilegal.
Al final, quien sí tomó una posición favorable para Goray fue Marina Subiría Franco, quien fue nombrada como directora de la DGPE por Rudas. Y en abril de este año firmó la resolución Nº049-2022/SBN-DGPE que autorizó la rectificación de áreas y linderos, que fue ratificada por la SBN el 8 de junio mediante la resolución Nº072-2022/SBN-DGPE.
La resolución por la que Goray admitió que pagó S/4 millones se hizo en base a un informe que elaboró su socia y amiga Flor Olivera. Foto: Convoca.
Cabe precisar que los informes en los que se basaron ambas resoluciones fueron emitidos por la abogada Flor Olivera Orellana, contratada por la SBN específicamente para revisar la solicitud de Goray Chong. Pero Olivera debió inhibirse, ya que es amiga y socia de Goray. Ambas crearon la empresa Inmobiliaria Nueva Chiclayo.
Flor Olivera y Sada Goray son amigas de años y socias en la empresa Inmobiliaria Nuevo Chiclayo.
La otra parte de la historia
A pesar de estos vicios y evidencias, la empresaria aseguró que fue extorsionada por los funcionarios de confianza de Pedro Castillo. Pero con el transcurso de los días esta tesis va perdiendo fuerza. Más aún cuando tras revisar el proceso de compraventa del terreno, Convoca pudo evidenciar que existía un gran interés y necesidad, no solo de Sada Goray, sino también de sus otros tres millonarios socios.
La historia empieza en 2015, cuando Gianpiero Ubaldo Ottavio Boccacci Fernández, presenta una escritura pública fechada con el 24 de setiembre del 2004, en la que señala que adquirió 90 hectáreas a la Comunidad Campesina de Chilca en la provincia de Cañete, por una valor de apenas 35 mil dólares. En julio del 2017, sin embargo, Boccacci Fernández declaró que los verdaderos dueños del predio eran su hermano Luigi y su esposa Jacqueline Cuculiza Merino. Así, la propiedad cambió en la partida registral de Registros Públicos y les fue transferida a estos.
En septiembre del 2018, Luigi Boccacci y Jacqueline Cuculiza vendieron el terreno a Martín de Jesús Montoya Marcilla por 1 millón 123 mil dólares. Y apenas seis meses después, Montoya lo revendió a cuatro empresarios por US $18 millones 520 mil. Más de 529 veces el precio que se le pagó a la Comunidad de Chilca.
Estos cuatro empresarios son los hermanos Sada y Teisuke Mario Goray Chong, Juan Carlos Watanabe Goray y Sebastián Salem Sambuceti.
De Sada Goray ya se conoce bastante. Teisuke Goray es empresario y junto a su hermana Sada fundaron la empresa Selva Viva Park SAC, en la región San Martín. Igualmente, Juan Carlos Watanabe aparece como representante legal de la empresa MarkaGroup Norte SAC, también vinculada a Sada Goray.
Sada y Teisuke son hermanos y socios, mientras que Watanabe es representante legal de una empresa de Sada. Foto: Convoca.
Pero el nombre más interesante en esta trama es el de Sebastian Salem Sambuceti. Se trata de un millonario empresario local, importante accionista del Banco Alfin (exAzteca) y reconocido golfista profesional. Es socio de Sada Goray en al menos dos empresas: una es Tu Techito Bonito SAC —que es el brazo marketero de los proyectos inmobiliarios de los Goray—, y la otra es Vgf Sss Sgc 3170 & 3257 LLC —creada en Florida, Estados Unidos, en el 2018. En esta aparecen como administradores Salem, Sada Goray y su madre, Violeta Chong viuda de Goray.
La última declaración anual de esta compañía es de enero de 2021. Sin embargo, ahora aparece como “inactiva”.
En marzo de este año Salem, junto a su también socio Montoya Marcilla (quien les vendió el predio de 90 hectáreas) inyectaron 14 millones de soles a Banco Alfin, incrementando el capital social de Salem en dicha compañía en S/ 29.7 millones. Ambos, Salem y Montoya, poseen el 11.5% de todas las acciones de dicha entidad bancaria.
Sebastian Salem es un millonario inversionista, accionista del banco Alfin y socio de Sada Goray en dos empresas. Foto: Redes de Salem.
Buenos negocios
Tras la millonaria compra, los cuatro socios emprendieron la tarea de obtener la zonificación urbana de los terrenos en la comuna de Cañete y luego la independización definitiva de la Comunidad Campesina Chilca a través de la SBN.
La primera fue relativamente sencilla. En agosto del 2019, el municipio provincial de Cañete otorgó el Certificado de Zonificación y Vías para el terreno de los cuatro socios mediante la resolución de la Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural Nº722-2019-GODUR-MPC. Y luego, en septiembre, la comuna emitió la resolución Nº748 de la misma oficina aprobando el Certificado de Nomenclatura y Sección Vial para la propiedad.
Lo más difícil fue lograr que la SBN apruebe la nueva delimitación de linderos, debido a la superposición de los terrenos de la comunidad campesina. Fue Sada Goray quien representó a sus socios en esta tarea, como ella misma ha señalado en entrevistas con la prensa. La primera solicitud se introdujo en julio del 2021 y fue declarada improcedente. Y en diciembre de ese año apeló y nuevamente fue rechazada. Solo con la influencia de Marrufo en el gobierno y pagando la coima de S/4 millones Goray logró que la SBN haga el cambio de linderos para que puedan reafirmar la titularidad sobre el terreno de 90 hectáreas.
Lima Bonita es un proyecto inmobiliario que la empresa Markagroup de Sada Goray impulsa en Cañete. Foto: Redes Markagroup.
Y es que los cuatro socios necesitaban con urgencia validar su derecho de propiedad sobre el predio. Habían firmado un contrato de opción de compra con la conocida inmobiliaria Centenario Desarrollo Urbano SAC, por una valor de 45 millones de dólares. En diciembre del 2019 Centenario les hizo un primer pago de US$15 millones por el 33.3% de la propiedad y en junio del 2021 la empresa obtuvo el control total por otros US $32.6 millones.
En el documento está la anotación de que este último monto aún no se había cancelado al momento de la transferencia de propiedad. Aún quedaba pendiente sanearlo con una resolución favorable de la SBN.
Lo cierto es que los cuatro empresarios lograron incrementar el valor de un terreno que pocos años atrás valía 35 mil dólares a casi 48 millones de dólares. Un negocio redondo.
Convoca intentó comunicarse con Sada Goray a través de su teléfono de contacto, pero se conoció que ya había salido del país. Enviamos un mensaje por correo electrónico a la cuenta de atención de su empresa inmobiliaria MarkaGroup. También escribimos a las cuentas en redes sociales de los empresarios Juan Carlos Watanabe y Teisuke Goray. Ninguno respondió hasta el cierre de este informe. Lo mismo pasó con Sebastian Salem, quien nos bloqueó en Facebook luego de enviarle una comunicación y presentarnos como periodistas de este medio. También enviamos un mensaje a su empresa Tu Techito Bonito SAC, aún sin respuesta.
Gonzalo Zegarra Mulanovich, asesor de MarkaGroup: Yo se lo comuniqué a Gilberto Hume el 22 de agosto. Foto Twitter.
La principal pregunta que queda pendiente es si, como beneficiarios directos de la decisión de la SBN, cooperaron o no con la bolsa de S/4 millones que su representante Sada Goray entregó a Salatiel Marrufo para sacar adelante su muy rentable negocio. Plantear esa interrogante ahora está en manos del Ministerio Público.

Poder Judicial evaluará pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo y exministros

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó para este viernes a las 9:30 a.m. la audiencia de requerimiento de prisión preventiva de 36 meses contra el expresidente Pedro Castillo, y los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó para este viernes 3 marzo a las 9:30 horas la audiencia en donde se verá el requerimiento de la Fiscalía de 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y los exministros Juan Silva Villegas (Transporte y Comunicaciones) y Geiner Alvarado López (Vivienda, Construcción y Saneamiento), por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.
“Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó para este viernes 3 de marzo, a las 9:30 horas, la audiencia de requerimiento de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo y los exministros Geiner Alvarado López y Juan Silva Villegas”, se lee en la publicación del Poder Judicial.
Como se sabe, el requerimiento del Ministerio Público responde a la investigación que se le sigue al exmandatario Castillo y los exministros Silva y Alvarado por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Ello, luego de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, formalizara las pesquisas en contra de los exfuncionarios.
Situación de los investigados
Cabe recordar que el expresidente Castillo se encuentra actualmente cumpliendo los 18 meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial en el marco de las investigaciones en su contra por el presunto delito de rebelión.
A fines de diciembre, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, ratificó el plazo impuesto previamente por el juez Juan Carlos Checkley en perjuicio del exmandatario.
Aparte de Pedro Castillo, el exministro Silva se encuentra a la fecha prófugo de la justicia. De acuerdo con un reportaje de Cuarto Poder, el extitular del MTC estaría asilado en Venezuela, donde recibiría una mensualidad de 3 mil 500 dólares.
Por su parte, Geiner Alvarado mostró su disposición para que se continúen con las investigaciones y no presentó objeciones al proceso llevado tanto en el Congreso como en la Fiscalía.
Fuente: Radio Programas del Perú.

El Consejo fue instalado con 4 de 7 miembros.

Por César Rojas- Diario EXPRESO.
Luego de años en que el Poder Ejecutivo designaba a la mayoría de miembros de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), se instaló un nuevo consejo directivo con independientes.
Se cumplió con una ley emitida hace ocho meses, cuya ejecución se había demorado por reclamos de los salientes funcionarios. Anteriormente, una comisión con Francisco Sagasti y otros allegados al Partido Morado nombraba a los representantes que manejaban la institución.
Notaría valida sesión
Andrés Ramos Salas (Minedu), Miguel Vallejos Flores (Consejo Nacional de Colegios Profesionales), Manuel Castillo Venegas y Manuel Hernández García (universidades públicas) se instalaron en sesión con acta ratificada por la notaria Ana María Vidal. Se verificó el cumplimiento de la asistencia mínima (quórum).
El primer punto era la instalación, a pesar de que representantes de la Universidad Católica y de Concytec, habían pedido no acatar la norma validada incluso por el Tribunal Constitucional.
Desde el 2015 (gobierno de Ollanta Humala) Sunedu tenía un comité de selección, liderado por Sagasti e integrado por Fabiola León y Walter Estrada. Luego Sagasti sería congresista del Partido Morado y presidente de la República; León es esposa de Gino Costa (también morado) y Estrada era vicerrector de Jorge Alva, amigo de Martín Vizcarra.
La única congresista actual de ese grupo político Flor Pablo, alegó una supuesta falta de reglamentación, lo cual ya había sido refutado.
Respecto a dos informes de EXPRESO sobre actuaciones anteriores de Sunedu, Linda Cossío Labrín nos envía una carta donde niega irregularidad alguna, señalando que no tiene investigaciones como exdirectora de Licenciamiento respecto a la Universidad Alas Peruanas.
El nuevo Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) se instaló esta semana y funcionará durante los próximos tres años, en el marco de la ‘Nueva Ley Universitaria’.
El Consejo se instaló con la asistencia de 4 de los 7 miembros. Durante la sesión, se presentaron representantes del Ministerio de Educación (Minedu), Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales (CDCP). Además de dos autoridades de las casas de estudio públicas: la Universidad Nacional de Piura (UNP) y la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (UNICA).
Los tres representantes ausentes a la ceremonia corresponderían al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), al representante de las universidades privadas, y al Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace).
De acuerdo a la Ley N°31520, también conocida como la Nueva Ley Universitaria, la convocatoria para representantes de las instituciones privadas estará a cargo de “la universidad privada más antigua del Perú”, en otras palabras, la PUCP.
Además, el Sineace aún no escoge al séptimo miembro del consejo directivo, pues para ello debe cumplir con el protocolo aprobado para finales de este mes.
En esta sesión también se programó la elección del superintendente de la Sunedu, quien será designado por el nuevo Consejo Directivo. Este reemplazará a Oswaldo Zegarra, quien ha ocupado el cargo desde 1 de septiembre de 2020.
Aunque la elección del superintendente estaba programada para este sábado 18 de febrero, la sesión no se llevó a cabo, pues tanto la Pontificia Universidad Católica del Perú como el Concytec consideraron “que no se instale el Consejo Directivo hasta que estén nombrados los siete miembros”.
Fuente: Diario EXPRESO.

Óscar Becerra: La Sunedu era «la caja chica de un partido político vía consultorías»

El titular del Minedu señaló que el nuevo consejo directivo debe garantizar la calidad de la educación superior

El ministro de Educación, Óscar Becerra, se pronunció sobre la situación de la educación en nuestro país y enfatizó que pedirá declara su sector en emergencia con la finalidad de ofrecer un mejor servicio educativo.
Asimismo, señaló que hay diversas acusaciones contra Sunedu, que se tendrá que investigar debido a que no brindaba la licencia a algunas universidades, “pero si les daba a otras que no cumplían”.
“Una universidad que no tenía ni siquiera un local, recibía una licencia”, expresó el titular del Ministerio de Educación. A su vez, comentó que la Sunedu “era la caja chica de un partido político vía consultorías”.
“Conflicto de intereses, pasemos lista a todos los consejos directivos que ha tenido Sunedu y solamente vas a encontrar personas que vienen de universidades del que se llama el Consorcio de Universidades: Católica, Cayetano y Pacífico…o sea solo hay directivos de esas universidades y ellos sí no tienen conflictos de intereses porque eso es muy típico de cierto sector”, acotó Óscar Becerra.
En ese sentido, aseguró que el nuevo consejo directivo debe garantizar la calidad de la educación superior.
Por otro lado, el titular del Minedu manifestó que durante gestiones pasadas se ha gastado más de 700 millones de soles en consultorías. Y aseveró que va a trabajar junto a la Contraloría para dar atención, de manera urgente, a 1041 colegios que están al borde del colapso.
Fuente: Diario EXPRESO.

Congreso aprueba acusar a Pedro Castillo por organización criminal y otros dos delitos

Por Víctor Reyes Parra– Diario El Comercio.
Con el voto en contra de legisladores de izquierda, que intentaron blindarlo hasta el final, el pleno del Congreso aprobó la acusación contra el expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias agravado y colusión. Se trata de la denuncia constitucional que el 11 de octubre del 2022 presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
La resolución legislativa fue aprobada por 59 votos (se requería 50 como mínimo), 22 en contra y 3 abstenciones. Ahora el expediente será enviado al Ministerio Público que podrá formalizar investigación e iniciar proceso penal contra Pedro Castillo, incluyendo incluso medidas restrictivas.
Por ejemplo, votaron en contra: María Aguero, Alex Flores, Américo Gonza, Katy Ugarte, Guillermo Bermejo, Guido Bellido, Silvana Robles, Roberto Sánchez, Elías Varas y Jaime Zea.
La acusación contra el prófugo exministro de Transportes, Juan Silva, fue aprobada por 87 votos.
La fiscalía señala a Pedro Castillo como el presunto cabecilla de una organización criminal que se habría enquistado en los más altos niveles del aparato estatal, en especial en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento -dirigiendo irregularmente proyectos- el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) -mediante licitaciones concertadas en Provías Descentralizado – y en Petro-Perú.
El exmandatario decidió no brindar sus descargos en la sesión, argumentando, a través de su abogado Eduardo Pachas, que quería una participación presencial.
Según el Reglamento del Congreso, se requiere la votación favorable de la mitad más uno del número de miembros del Congreso (50), sin contar con los integrantes de la Comisión Permanente, que aprobó el informe final.

Tontos útiles de Fuerza Popular y Perú Libre

La Junta de Portavoces, con las firmas de Fuerza Popular, Perú Libre, Podemos Perú, Perú Democrático, Cambio Democrático y Alianza para el Progreso, había acordado la ampliación de agenda para discutir el tema.
Según el artículo 78 del Reglamento Interno del Congerso, se requieren 66 votos para que un proyecto ya archivado en una misma legislatura -como es el adelanto de elecciones- vuelta a tratarse.
Como se sabe, el pleno del Parlamento rechazó en tres oportunidades recortar el mandato presidencial y legislativo. Incluso, la Comisión de Constitución archivó el proyecto del Gobierno de Dina Boluarte que proponía elecciones en octubre de este año.
La semana pasada, exactamente, el 9 de febrero, se había conseguido los 61 votos para ampliar la agenda. Sin embargo, el retiro de las 10 firmas del Bloque Magisterial (que condiciona todo a una asamblea constituyente) frustró esa posibilidad.
Fueron pasando los días y ni APP, ni Somos Perú respaldaban con sus rúbricas el acta de la Junta de Portavoces. Justo la mañana del jueves, el partido liderado por César Acuña sumó las firmas que faltaban.
Fuente: Diario El Comercio.

Puno sin alimentos y dinero

Bloqueos impiden el ingreso de las partidas para pagar los bonos de solidaridad; se agudiza la escasez de gas y alimentos. Sindican al presidente regional, Richard Hanco y a los seguidores de Evo Morales como responsables de la crisis que afecta a miles de familias

Las consecuencias de la ola de violencia subversiva en la región Puno la pagan miles de humildes familias: la agencia principal del Banco de Nación, en la provincia de San Román, no puede pagar a los beneficiarios los bonos alimenticios, Yanapay, Sequía, Pensión 65, debido a la falta de dinero en la entidad estatal.
Esto se debe a que las partidas presupuestales “no han podido ser repartidas por el bloqueo de las carreteras, las marchas y la inseguridad”, señaló un representante de la entidad. El problema es que los vehículos de caudales no pueden transitar por las vías afectadas, tampoco que el dinero llegue por vía aérea debido a la inseguridad que se vive en el aeropuerto de Juliaca.
“Venimos todos los lunes desde muy lejos a pie y no somos atendidos” indica una ciudadana del distrito de Chupa, provincia Azángaro, quien demanda que se habiliten las atenciones virtuales, debido a las enormes colas. Ahora, solo funcionan los servicios de depósitos, transferencias, trámites y renovación de tarjetas.
Los usuarios ya están cansados de la incertidumbre y la inseguridad como comentó Marcela Soto, una madre de familia que dijo que los casi 300 soles que recibe de uno de los programas sociales, le servían para “comprar algunos alimentos”.
“Creímos en los dirigentes que aseguraban que con la protesta iban a mejorar las cosas, pero ahora vemos que el desabastecimiento es total”. La alimentación de ella y sus tres hijos se limita a comer papa y algunas veces, un jarro de cebada.
Las críticas y el repudio a los cabecillas de la violencia va en aumento. Guik.pe recibió el testimonio de la docente de una escuela de San Román que aseguró que los únicos que pueden comprar alimentos son los cabecilla “porque se han apoderado del dinero que gente ingenua o de buen corazón le entregó para que viajaran a Lima a marchar por la renuncia de Dina Boluarte”.
Desde Lima y otros puntos del país mediante las redes se identifica a los culpables de la crisis que afecta a los más pobres. ¿A quién quejarse? Ellos son causantes de una desgracia en la que el principal responsable es Pedro Castillo Terrones, y sus cómplices Aníbal Torres, Verónika Mendoza, Guido Bellido, Sigrid Bazán e incluso el exgobernante boliviano Evo Morales.
La prédica subversiva de Evo Morales y sus secuaces
“La falta de dinero, el desabastecimiento y los muertos, tienen culpables y uno de ellos es Evo Morales que con su prédica subversiva empujó a la violencia a personas y familias que no sabían por qué protestaban. Ahora miles de puneños pagan las consecuencias”, según Christian Quispe, estudiante de la Universidad del Altiplano.
Pero los afectados no olvidan el papel tan irresponsable del gobernador regional Richard Hanco, sindicado como uno de los azuzadores de la violencia, quien es un seguidor de la propuesta castrochavista de Morales e insiste en el cambio de la Constitución y la renuncia de Dina Boluarte.
De Hanco dicen que es un “individuo con muy poca preparación para gobernar una región y gestionar el desarrollo”, hace poco reiteró su llamado a la población “para que tenga conciencia y continúe en la lucha”.

¿Quién financia más de 60 días de protestas?

“Si yo tengo varias muertes por mi culpa, renuncio al cargo; es una cuestión de lógica, de sentido común”, anunció, pero hasta el momento en que el número de fallecidos sobrepasan los 25, Hanco no renuncia a la presidencia del gobierno regional.
En medio de la crisis, al menos dos emisoras –posiblemente piratas- siguen propalando mensajes y responsabilizando a Lima y a las ciudades de la costa “por el robo de las riquezas de Puno”, sin comentar que Hanco tiene presupuesto para obras pero no sabe cómo gastar.
Engañados por los extremistas
Dante Bobadilla escribió en sus redes sociales que los dirigentes y la gente de Puno “vive quejándose de Lima y ahora le piden que por favor les envíen sus bonos porque no les llega y ya no tienen qué comer. Claro, azuzados por gente como Hanco o Evo Morales, se pasan la vida armando paros, marchas, bloqueos y protestas. ¿Por qué no trabajan?”
Con palabras más fuertes Alberto Zevallos comentó que “las estupideces se pagan. Nunca le reclamaron a Castillo Terrones y ahora se han dejado engañar. El régimen corrupto de Castillo y sus cómplices debe responder por el daño que ha causado no solo a Puno sino al Perú entero”.
A la ola de indignación por la intromisión de los delincuentes que “que se presentan como defensores del pueblo” se suman representantes de artesanos de diversos rubros que fueron obligados a cancelar la fiesta de la Virgen de la Candelaria, cuyo día central fue el pasado 2 de febrero, pero que tradicionalmente se prolongaba por más de un mes.
“Miles de familias que dependen de esta festividad ahora están arruinadas económicamente”, añadió Marcela Quizozala, una joven que maneja un negocio de bordados de trajes para las danzantes de la Virgen.
¿Cuántos familias han perdido sus negocios? Ella estima que son miles, entre propietarios de hoteles y alojamientos, danzantes, guías turísticos, cantantes folclóricos y vendedores de artesanías y hasta los contrabandistas y vendedores ambulantes.
“El daño es grande y esperamos que la población nunca más se deje llevar por los azuzadores, mucho menos por los seguidores de Evo Morales que impunemente siguen ingresando a territorio peruano”, apostilló Quiquizola.
Fuente: Guik.pe

¿Lo vamos a permitir?

Por Fausto Salinas Lovón– Lampadia.
Los destinos turísticos no mueren de causa natural. Los matan. Detrás de la desaparición de importantes destinos turísticos del mundo como Beirut o Acapulco, está la mano violenta del hombre, del crimen, de la violencia política o social. El destino de Machupicchu (y del turismo al Perú), puede ser el mismo, si no se actúa ya.
Beirut era hasta 1975 la suiza de Oriente Medio. Su principal centro financiero y un centro turístico muy importante en el Mediterráneo. Una guerra civil lo borró del mapa turístico.
Acapulco, que fuera el principal destino turístico del pacífico mexicano, hoy día es una de las ciudades más violentas de México y por supuesto, ha dejado de ser un destino turístico mundial.
La violencia desapareció esos destinos turísticos. La violencia puede causar la muerte de Machupicchu si no actuamos ya.
Ayer ingresaron a Machupicchu poco más de 200 visitantes (ingresaban más de 5,000 cada día en el año 2019). Durante los paros del mes de diciembre los trenes dejaron de transportar más de 40,000 personas, entre pobladores y turistas nacionales y extranjeros.
Estas son solo un par de cifras de la crisis actual de este destino turístico. Su gravedad se multiplica si se analiza la cantidad de pasajes de avión perdidos, pasajes de transporte terrestre cancelados, noches de hospedaje o tours cancelados y se advierten los miles de mozos, guías, trabajadores hoteleros, porteadores, taxistas, trasladistas y muchos otros más afectadas en el Sur y en todo el país. La cantidad de emprendedores quebrados y en insolvencia, es aún más dramática.
La causa de todo esto es la violencia. No la guerra religiosa entre musulmanes y cristianos que destruyó Beirut, ni los ajustes de cuentas de los carteles mexicanos que destruyeron Acapulco. Son los actos de violencia que alienta, impulsa y financia nuestra izquierda en su vergonzosa defensa de Castillo, sus fechorías en el gobierno y la pérdida de poder que han sufrido el pasado 7 de diciembre.
La muerte de Machupicchu como destino turístico tendrá responsables. Que no nos cuenten otro relato, ni busquen otros culpables.
Usted que me lee, cuando su hijo no consiga trabajo como guía de turismo o mozo, no me eche la culpa a mí ni a la derecha o a Dina Boluarte. Busque a Bermejo, a Bellido, a Verónica Mendoza, a Sigrid Bazán y a todos aquellos que justifican las protestas de estas semanas.
Usted, que tiene su agencia, su puesto en el mercado artesanal o su quiosco de gaseosas y va a tener que cerrar, no le eche la culpa al centralismo, al liberalismo o a la Constitución de 1993, simplemente vea por quien voto, a quien respaldo y asuma las consecuencias de haberle dado poder a quienes lo están desapareciendo.
Usted que mira desde lejos lo que sucede en el Sur y cree que este es lío de serranos, no se queje cuando su hija pierda el empleo en la línea aérea, el hotel, el restaurant, la sala de masajes o el casino en Trujillo, Lima o Máncora donde van los turistas que llegan por Machupicchu y que dejarán de venir al Perú.
¿Vamos a permitir todo esto? ¿Vamos a dejar que la izquierda, que ya destruyó las instituciones, el gobierno y la economía de todos los peruanos llevándonos a cerca del 10% de inflación, destruya también una de nuestras principales fuentes de empleo digno?
¿Los peruanos vamos a dejar que la injerencia extranjera de Evo, AMLO o Petro destruyan nuestro principal destino turístico?
De ninguna manera. Es hora de actuar.
El Turismo debe ser declarado en EMERGENCIA y tanto el Congreso, como el Gobierno deben actuar para preservar el empleo, el ingreso y el futuro de millones de peruanos.

La SUNEDU y la impunidad frente a la UCV y la tesis plagiada de Pedro Castillo

Uno de los mayores escándalos político-académicos fue el título de Magister en Educación obtenido con una tesis plagiada por el entonces presidente de la República en complicidad con la Universidad César Vallejo. Han pasado nueve meses y la SUNEDU permite la impunidad. Un informe sobre el rostro real de una entidad que no es lo que dice ser.
El 2 de mayo de 2022, una grave noticia escandalizó al país. El programa dominical Panorama, reveló que el entonces presidente Pedro Castillo y la primera dama Lilia Paredes, habían cometido plagio en las tesis que les permitieron obtener el grado de Magister en la Universidad César Vallejo (UCV).
Las 121 páginas de la tesis del expresidente “La equidad de género y los aprendizajes significativos del área de personal social en los estudiantes del IV ciclo de la institución educativa N°10465 Puña-Tacabamba-Chota”, fueron sometidas al software Turnitin y la prueba arrojó que el 54% de lo escrito en las tesis de Castillo Terrones era un burdo plagio del trabajo de otros autores. Otro tanto ocurrió con el texto de su esposa.
Software Turnitin arrojó el 54% de similitud.
Cuando este escándalo se hizo público, aparecieron nuevas denuncias de plagio en trabajos presentados en la misma Universidad César Vallejo. Uno de ellos fue el que denunció el investigador y catedrático estadounidense Gavin Jones, en setiembre de 2022. Jones, científico de la Estación de Investigación de las Montañas Rocosas del Servicio Forestal de los EEUU, denunció que Rosalinda Altamirano y Yude Walter Baca Podesta, dos tesistas de licenciatura de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad César Vallejo, plagiaron un artículo académico de su autoría escrito en inglés. El único trabajo que se tomaron fue traducirlo al español.
Investigador Estadounidense reveló que el 100% de su trabajo fue plagiado.
Estos episodios pusieron al descubierto que la universidad César Vallejo tiene un cuestionable e inusual récord al haber registrado, desde su fundación en 1991 a la fecha, 83,963 tesis, superando a la universidad más antigua del país, la Nacional Mayor de San Marcos fundada en el año 1551, y a todas las universidades peruanas en cantidad de tesis recibidas y aprobadas.
¿Qué hizo la SUNEDU frente a esta gravísima situación que destruye una de las condiciones básicas de calidad que tanto pregona cuidar esta entidad?
El cuestionable rol de la SUNEDU
Días después del escándalo de plagios en la Universidad César Vallejo, la entidad que debe vigilar el accionar de las universidades, guardó silencio y recién ¡cuatro meses después¡ el 4 de setiembre de 2022, emitió un tímido anuncio señalando que iniciaría “un proceso preliminar”.
Mientras tanto, la Universidad César Vallejo asumió una actitud de impunidad a punto tal que, en una conferencia de prensa, en la que estuvo presente el fundador de la universidad, César Acuña, informaron que para la investigación realizada tenía esta conclusión: “La comisión ha concluido que las tesis de Pedro Castillo y Lilia Paredes mantienen su aporte de originalidad”.
El fundador de la UCV, César Acuña, intentó cubrir las huellas del plagio.
¿Qué hizo la SUNEDU? ¿Tomó medidas contra la Universidad César Vallejo? ¿Decidió frenar la actividad de plagios masivos que puede ser causal de pérdida de licenciamiento para operar? ¿Hizo algo la SUNEDU? Nada. No tomó ninguna medida.
Luego, ocurrió algo peor que un plagio. Se descubrió que las tesis presentadas por Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes, no las habían escrito ellos sino que habían sido encargadas y pagadas a un escribidor que operaba en un local de fotocopias frente a la universidad San Marcos. El costo fue de 15 mil soles, según la versión de una Colaboradora Eficaz, quien, además reveló que las gestiones y pagos estuvieron a cargo del secretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco -delincuente convertido en Colaborador Eficaz-, quien, además, intentó incluirse en el paquete de tesis entregadas a la Universidad César Vallejo para la extensión de los títulos de Magister a Castillo y su esposa.
¿Qué hizo la SUNEDU? ¿Investigó y sancionó a la Universidad César Vallejo? ¿Exigió que los títulos de Magister de Castillo y esposa sean anulados? Nada. No tomó ninguna medida.
Es necesario tener en cuenta que la SUNEDU tiene funcionarios muy bien remunerados que integran la Dirección de Fiscalización encargada de iniciar los procesos sancionadores correspondientes y, más importante y grave, la sanción final está a cargo del Consejo Directivo. Sin embargo, el superintendente, Oswaldo Zegarra Rojas que pregona en todos los medios que la SUNEDU es una entidad perfecta, no dijo nada ni ordenó ninguna medida.
El plagio es uno de los atentados mayores a la validez de un título universitario o a cualquier evaluación. El plagio es la acción más reñida con la actividad académica. Peor aún si ese acto de salvajismo académico es perpetrado desde la Presidencia de la República con el aval del dueño de una universidad.
Tras el plagio, el Superintendente de la Sunedu no ha tomado acciones contra la universidad de César Acuña.
¿Quién tiene la obligación de controlar y sancionar que esa barbarie académica? Obviamente, la SUNEDU porque entre sus funciones está la obligación de controlar el cumplimiento de las normas educativas. La ley le ordena “Supervisar las condiciones básicas de calidad del servicio educativo conducente al otorgamiento de grados y títulos equivalentes a los otorgados por las universidades”. Es decir, tiene que verificar que los grados y títulos estén otorgados cumpliendo con los criterios educativos de una universidad licenciada.
El escándalo de las tesis plagiadas y mandadas a cofeccionar por el ex presidente Castillo y su esposa, ocurrió hace nueve meses y la SUNEDU no ha tomado ninguna acción concreta y la Universidad César Vallejo sigue operando con total impunidad.
El jefe de la SUNEDU, Oswaldo Zegarra, suele declarar que su entidad tiene la misión de preservar la condiciones básicas de calidad y que cualquier crítica o modificación de la SUNEDU traería abajo esa tarea. En los hechos, no es así. La SUNEDU no es la entidad eficiente, ética y vigilante que dice ser. La impunidad en el caso del plagio presidencial y la Universidad César Vallejo, es una enorme muestra del verdadero rostro de la SUNEDU y su Consejo Directivo.
Fuente: LimaGris.com

La “Gran Marcha por la Paz” se realizará el 3 de enero, en todo el país.

Los puntos de concentración serán “las principales plazas a nivel nacional“. En el caso de Lima, la cita es en el Campo de Marte, a las 3pm., desde donde se partirá con rumbo a la Plaza San Martín.
Este martes 3 de enero, te invitamos a ser parte de esta gran marcha por La Paz que se realizará en las principales plazas de las ciudades a nivel nacional.
Asimismo, en Lima el punto de concentración será en Campo de Marte y se recorrerá hasta la Plaza San Martín.
Cabe destacar que esta actividad ya había sido anunciada por la presidenta de la República, Dina Boluarte durante una conferencia de prensa en el Cusco.
“Así como hay personas que están diciendo que van a marchar el 4 de enero, también hay un grupo de personas que quieren la paz y van a salir a marchar por la paz en el Perú. Así que abracémonos juntos los que queremos marchar pacíficamente, los que están saliendo a marchar por la paz para construir el Perú (…), para reencontrarnos entre hombres y mujeres que, de veras, queremos al Perú“, indicó la mandataria aquel día.
“A nivel nacional, va a haber una Marcha por la Paz (…) Va a estar la Iglesia, van a estar las personas de bien que claman por la paz a nivel nacional“, señaló.

La CGTP y organizaciones regionales anuncian movilizaciones

Por otro lado, diversas federaciones y organizaciones regionales ya han anunciado que, a partir del próximo 4 de enero, retomarán diversas medidas de protesta en diferentes zonas del país.
El último jueves, la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) se pronunció en contra del Gobierno y del Congreso; además, rechazó las declaraciones del ministro de Trabajo sobre la modificación del reglamento de la Ley de Tercerización. En ese sentido, la organización sindical exigió “respetar los derechos de la clase trabajadora” y convocó a un paro nacional para los próximos días.
“La CGTP llama a sus bases sindicales a organizar el gran Paro Nacional Cívico Popular para enfrentar las amenazas que se erigen desde el Congreso, el Poder Ejecutivo y otras instituciones del Estado“, señalaron en su pronunciamiento.
Por otro lado, diversas organizaciones sociales de la Macrorregión sur se reunieron en Arequipa decidieron reiniciar “la huelga indefinida” a partir del próximo 4 de enero en regiones como Puno, Cusco, Apurímac, Moquegua, Madre de Dios, Ayacucho y Arequipa.
Entre los puntos de su plataforma de lucha está el cierre del Congreso, adelanto de elecciones para el 2023 y la exigencia de convocar a una asamblea constituyente. Además, consideraron la posibilidad de “un viaje masivo a Lima” como parte de su jornada de protesta, aunque no se definió una fecha para ello.
Al respecto, Rocío Leandro Melgar, presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), informó a diversos medios de dicha región que su organización se encuentra en una tregua “con el pueblo” y que no se sumarán al paro convocado a partir del 4 de enero. Sin embargo, indicó que se realizará una “asamblea nacional” para evaluar si realizarán jornadas de protesta contra el Gobierno.
Mientras tanto, en la región Junín, Pichanaqui y Sangani acordaron sumarse al paro nacional del 4 de enero. Según un pronunciamiento conjunto, la jornada de protesta iniciará el martes 3 de enero a las 5:00 p.m. y tendrá como punto de concentración la Plaza de Armas de Pichanaqui.
Asimismo, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) señaló que sus organizaciones se encuentran “en movilización permanente” y demandaron la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones para el 2023 y la convocatoria a una asamblea constituyente.
A su vez, en la región Loreto, los pueblos y comunidades de la Amazonía norte indicaron en un pronunciamiento que retomarán la “movilización indefinida” desde el 4 de enero, “de acuerdo a nuestros usos y costumbres” y rechazaron la presencia de la presidenta en la zona del Datem del Marañon.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Serna Ponce en el momento de su captura en 1995 (Diario Los Tiempos de Cochabamba).

Siguen apareciendo los amigos de Guillermo Bermejo

Un personaje ruso fue identificado como Denis Rogatyuk

Por OSCAR QUISPE– Diario Perú21.
La reunión casi clandestina que sostuvo Guillermo Bermejo en México –y que le valió un pedido de prisión preventiva por mentirle al Congreso– sigue trayendo sorpresas. La Policía que apoya la investigación de la fiscal antiterrorismo Eneida Aguilar ha podido identificar a otro personaje presente en la cita.
Además del exintegrante del grupo terrorista MRTA Martín Serna Ponce –alias ‘comandante Carlos’–, participó en la reunión un activista de nacionalidad rusa y militante de la izquierda radical internacional y que responde al nombre de Denis Rogatyuk. A este personaje se le observa en el vídeo disfrutando de un habano en compañía del cuestionado congresista peruano Guillermo Bermejo y del ‘comandante Carlos’.
Denis Rogatyuk se presenta como periodista y director editorial del portal chileno El Ciudadano, un blog de tinte extremista que alienta el cambio de la Constitución en Chile. ¿Por qué un ciudadano ruso se inmiscuye en la política chilena, al punto de dirigir un portal en ese país? ¿Por qué viaja a México para reunirse con dos extremistas peruanos?
“La reunión en México fue una cita de ideólogos del socialismo del siglo XXI de diversos países”, le dijo a Perú21.TV Pedro Yaranga, especialista en seguridad integral. “¿Por qué hacen una reunión en México? Porque prácticamente sería imposible que esa cita se desarrolle en Bolivia o en Perú, pues sus participantes no están viendo temas de Estado”, resaltó el investigador. A lo detallado por Yaranga habría que añadir el hecho de que Serna huyó de la justicia boliviana y Bermejo enfrenta más de una investigación penal en el Perú.
Martín Serna Ponce, miembro del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) fue condenado a 20 años de prisión en Bolivia por el secuestro y extorsión del empresario y político opositor Samuel Doria Medina, que ocurrió en 1995.
Doria Medina fue liberado 45 días después de permancer secuestrado, previo pago de un rescate de más de US$1 millón, según versiones periodísticas de la época.
El dinero habría permitido organizar el asalto a la residencia del embajador japonés en Lima Morihisha Aoki en diciembre de 1996, a cargo del cabecilla emerretista Néstor Cerpa Cartolini, coordinador del plagio en La Paz, según diversos testimonios.
BARRUETO LO SALVA
La decisión de la jueza Soledad Barrueto Guerrero, del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, finalmente salvó a Bermejo de ir a prisión por salir del país mintiéndole a la justicia para reunirse con personajes controvertidos y, en el caso del exemerretista Serna, por lo menos, peligroso.
Barrueto señaló que el Ministerio Público no cumplió con las exigencias del Código Procesal Penal porque no se verificó que haya habido un requerimiento previo al imputado Bermejo para que permanezca en el Perú. Bermejo, muy contento él, agradeció la resolución judicial. “Saludo la decisión del Poder Judicial en declarar improcedente la abusiva pretensión de la Fiscalía. Reafirmamos nuestro compromiso en defender y seguir democratizando las instituciones del Estado”, escribió.

¿Quién es “El Español”, sindicado de crear un grupo criminal para asesinar a Harvey Colchado?

El identificado como “Jorge Fernández” es investigado en varios informes de inteligencia como un oscuro asesor del presidente Pedro Castillo, que, en la sombra, recluta policías corruptos para propósitos específicos.
“El Español”, identificado como “Jorge Fernández”, es sindicado de crear un presunto grupo criminal financiado por el Gobierno para eliminar a policías, políticos y periodistas que investiguen o denuncien casos de corrupción que envuelvan al presidente Pedro Castillo y su entorno.
Una exhaustiva investigación de Contracorriente pone en evidencia el verdadero rostro del llamado “Español”, quien es investigado en varios informes de inteligencia y periodísticos como un oscuro asesor de Castillo, que, en la sombra, recluta policías corruptos para propósitos específicos.
La Nota de Inteligencia 065-2022 fue especifica al poner en evidencia que existiría un plan para asesinar al coronel PNP Harvey Julio Colchado Huamaní, que además estaba financiado por el Gobierno y que estaba liderado por un sujeto, asiduo a Palacio, llamado “El Español”. Este habría llegado a una cercanía extrema con el mandatario, a través de sus sobrinos, en una de las clásicas “pichanguitas” de los jueves.
Además, compartiría el gusto por el tiro y las armas con altos mandos de la Policía Nacional, alineados con el gobierno de Perú libre. Pero esta semana el último dato de uno de los informantes de inteligencia fue clave.
Jorge Fernández o “El Español” sería un empresario que se desplazaría en una camioneta modelo BMW modelo x6 color gris con placa de rodaje F9U296. Una búsqueda rápida en Sunarp nos lleva a que el propietario de la camioneta es la Compañía Inmobiliaria Agrícola de Lima SAC. Se trata de la empresa que opera en el Perú desde 2019. Tiene el número de RUC 20602066283 y su apoderado es Sergio Castellanos Martínez, con Carnet de Extranjería número 1216990. Su gerente general es Rafael Calvo Gonzales Gallarza, con Carnet de Extranjería número 905880.
Contracorriente, además, ha puesto a disposición todos los testimonios y videos revelado por el Ministerio Público. Debido a que ya se ha abierto una investigación preliminar sobre el caso
Los pobladores de la zona denominada Copacabana, en Puente Piedra, los conocen bien. Dice tener todos los derechos en el Perú aunque nació en España el 22 de enero de 1973, tiene 49 años, es economista de profesión y, desde hace 4 años, es la pesadilla de Lima Norte.
Al presentarse como apoderado de la Empresa Inmobiliaria Agrícola Lima, cada vez que despojan a peruanos de sus propias tierras, se utilizan métodos parecidos a los que utilizaba la organización que lideraba Rodolfo Orellana. Es decir, en complicidad con registradores públicos, notarios, abogados, policías y hasta autoridades municipales.
Fuente: Willax.tv

La impunidad de la Clínica La Luz

La clínica de Fermín Silva Cayatopa, amigo y consejero del presidente Pedro Castillo, afronta una serie de denuncias por negligencia médica. Aquí las historias de tres de sus pacientes que fallecieron por operaciones mal realizadas.
Por SHANNA TACO- El Foco.pe
“Sentía que algo malo iba a pasar”, recuerda Aida Mamani, madre de Aimee Irigoyen, quien el 30 de diciembre del 2021 viajó de Moquegua a Tacna para que le coloquen una banda gástrica. La operación se realizó en la Clínica La Luz, que le cobró a Aimee por adelantado S/27 mil.
A los dos días de la intervención, Aimee salió de alta. Pese a los fuertes dolores abdominales reportados, los médicos de la Clínica La Luz le aseguraron que iban a pasar. Cuando Aimee llegó a Moquegua presentó fiebre, dificultad para respirar y los dolores se intensificaron. La voz de Aimee quejándose está registrada en varios audios que ella grabó pidiendo ayuda.
Aimee era médico cirujana, y al notar que la fiebre no paraba y que su estómago comenzaba a hincharse, se preocupó seriamente. Es ahí cuando desde la Clínica La Luz recién deciden atenderla nuevamente y le piden regresar a Tacna para examinarla. El médico que dio la orden fue Percy Alarcón, el mismo que la operó.
Aimee Irigoyen Mamani junto a su padre Guillermo. Aimee se sometió a una operación en la Clínica La Luz para que le coloquen una banda gástrica, pero terminó falleciendo. Lo familiares de Aimee acusan a la clínica de negligencia médica. Foto: Archivo familiar.
“La volvieron a operar, pero a ciegas. No le hicieron ningún estudio previo, ni siquiera una ecografía, nada”, señala la señora Aida. Culminada la segunda intervención, Aimee no podía respirar. Y ante la falta de camas UCI en la clínica, Aimee fue trasladada de urgencia al Hospital Hipolito Unanue de Tacna, donde se descubrió que tenía una perforación en el intestino.
En la UCI del nosocomio, Aimee tuvo tres paros cardiacos y falleció en la tarde del 6 de enero del 2022. Tenía 37 años y toda una vida por delante. Ese día por la noche, la familia de Aimee fue a la Clínica La Luz para exigir la historia médica de Aimee, pero recibieron una negativa. Fue necesaria la intervención de la Policía y la Fiscalía para allanar el establecimiento y conseguir los documentos.
***
Un dolor abdominal fue el motivo de ingreso de Filiberta Aliano Palpa a la Clínica La Luz, ubicada en la avenida Arequipa, el 26 agosto del 2017. Su familia, de escasos recursos económicos, decidió hacer un esfuerzo para que sea atendida en una clínica y no en un hospital. El diagnóstico de Filiberta era que tenía problemas en la vesícula y propusieron dos opciones: un tratamiento controlado o una operación. La familia optó por la intervención quirúrgica, pues los médicos de la Clínica La Luz les aseguraron que era “simple”.
Dos horas después de que Filiberta entrara a sala de operaciones, el cirujano Juan Carassa salió y comunicó a los familiares que la intervención “había salido bien” y que a las diez de la noche la paciente iría a sala de reposo. Eso no sucedió. A las once, médicos entraban y salían de la sala de operaciones, recuerda Juan Ollero, hijo de Filiberta. Es en ese momento en que el jefe de anestesiología, el médico Eusebio Palomino, se acercó y comunicó a la familia de Filiberta que la operación había salido mal. “¿El cirujano no te dijo?”, preguntó Palomino.
Juan Ollero junto a su madre Filiberta Aliano Palpa, paciente fallecida luego de una operación en la Clínica La Luz. El gerente de la clínica intentó llegar un acuerdo con los familiares pidiéndoles renunciar a una reparación civil. Foto: Archivo familiar.
Como la Clínica La Luz no contaba con camas UCI ni ventiladores artificiales, Filiberta fue trasladada al Hospital Casimiro Ulloa, de Miraflores, en la madrugada del 27 de agosto. Al nosocomio llegó el gerente de la Clínica La Luz, Manuel Novoa Gómez, para prometer apoyar a la familia con los todos gastos y la rehabilitación de Filiberta.
A los dos días de que Filiberta ingresó al Casimiro Ulloa, Novoa les pidió a los hijos que aseguren a su madre en el SIS. Y es que la cuenta de los medicamentos estaba creciendo. “Tu mamá está bien, no tiene lesiones cerebrales, no se preocupen”, recuerda Juan que le dijo Novoa. En UCI, los médicos del Casimiro Ulloa pidieron el historial clínico de Filiberta y el gerente Novoa se comprometió a entregarlo de inmediato. Sin embargo, no lo hizo hasta seis días después y por presión de la familia.
Cuando Filiberta tenía un mes en UCI, el gerente de La Luz les aseguró a sus familiares que continuarían apoyándolos con los gastos bajo una sola condición: que firmen un documento que liberaba de toda responsabilidad a la clínica y a sus médicos, además los obligaba a renunciar a una posible indemnización.
Certificado médico legal que da cuenta de las omisiones por parte de la Clínica La Luz en el caso de la operación que le hicieron a Filiberta: una lluvia de negligencias médicas.
“Si mi mamá sale de acá con lesiones o un estado dependiente, ¿ustedes qué?, ¿no voy a poder denunciar nada?”, respondió Juan Ollero. Ante el rotundo no de la familia, inició una batalla legal entre la familia de Filiberta y la Clínica La Luz. La operación que le hicieron a Filiberta la llevó a estar cuadrapléjica durante cuatro años, hasta su fallecimiento el 25 de agosto del año pasado, en el Hospital 2 de Mayo.
***
Juan Manuel Ramírez llegó al establecimiento tacneño de la Clínica La Luz, en noviembre del 2017, por un dolor abdominal. los médicos le diagnosticaron apendicitis y recomendaron una operación que costaría 4 mil soles. Como en aquel momento la familia no contaba con el dinero, deciden ahorrar unos meses, y el 27 de marzo del 2018, pese a que el dolor había desaparecido, Juan Manuel retornó a la clínica.
Diana Llanos, esposa de Juan Manuel, recuerda que el médico César Lanchipa Picoaga, tomando como referencia la apendicitis detectada meses atrás, recomendó de inmediato una operación. Lanchipa les explica que debían pagarle S/2500 en efectivo para traer a un anestesiólogo y que el restante lo podían cancelar con tarjeta de crédito. Diana fue por el dinero y a su retorno la asistenta de Lanchipa le comunicó que ya estaban operando a su esposo.
Juan Manuel salió gritando de la sala de operación. El médico Lanchipa dijo que aún estaba sedado y que “cada cuerpo reaccionaba de manera distinta”. También le dijo a Diana que no había de qué preocuparse porque había sido una operación simple en la que hallaron tres pequeñas bolitas.
Al despertar, los dolores de Juan Manuel continuaron. Diana se percató de que su esposo tenía colocados dos drenes. Por los dolores constantes, decidieron pagar por dos días más de internamiento: 700 soles. Debido a que la cuenta seguía subiendo, Lanchipa propone que Juan Manuel retorne a su casa ya que ahí se recuperaría más rápido. Eso no sucedió.
Juan Manuel Ramírez junto a su esposa Diana Llanos. Ramírez también falleció luego de someterse a una operación en la Clínica La Luz sede Tacna. Diana tenía cuatro meses de embarazo cuando su esposo murió. Foto: Facebook.
El dolor incrementó, y aparecieron náuseas, vómitos y manchas en el cuerpo. Juan Manuel volvió a la Clínica La Luz donde le indicaron que ahora tenía líquidos en el estómago que debían ser extraídos. La familia pagó S/2000 por adelantado para que lo atendieran. Al abrirle el estómago a Juan Manuel, le encontraron agua, pus y restos fecales. Era una infección generalizada.
En ese momento el médico Lanchipa recomendó que lo trasladen a un hospital de EsSalud. Ya en el establecimiento del Seguro Social, Juan Manuel empezó con episodios de taquicardia. Diana, su esposa, recuerda la sorpresa de los médicos del Seguro al percatarse que su esposo había sido trasladado con el estómago abierto. Juan Manuel falleció el 4 de mayo del 2018, y dejó a Diana con cuatro meses de embarazo.
***
Las familias de Filiberta, Aimee y Juan Manuel están en una batalla legal contra la Clínica La Luz. Se trata de un juego de desgaste. “La clínica que les ocasionó el daño los deja abandonados. Se aprovechan de que la gente no tiene dinero para obtener justicia, porque el acceso a la justicia cuesta”, señala Mario Ríos Barrientos, abogado especializado en derechos humanos y salud que lleva el proceso de Filiberta.
En el fallecimiento de Filiberta, Medicina Legal del Ministerio Público encontró responsabilidad en los médicos de la Clínica La Luz. El certificado médico del 11 de julio del 2018 concluye que no hubo una adecuada evaluación prequirúrgica de la paciente, que no se le aplicó una monitorización adecuada y que no se cumplió con la norma técnica sobre el contenido de la historia clínica.
Juan Ollero ha llevado el caso de su madre ante la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud), donde también le dieron la razón. Fue así que, en septiembre del 2019, SuSalud emitió un informe recomendando imponer una sanción de 14 UIT, un aproximado de 63 mil soles, a la Clínica La Luz.
Izquierda: extractos de la sentencia en primera instancia del Poder Judicial que condenó a los médicos y a la clínica en el caso ce Filiberta Aliano. Derecha: informes del Ministerio de Justicia y SuSalud que dan razón a la familia de Filiberta Aliano.
En la vía penal, proceso que buscaba una sentencia contra los médicos, el caso fue recientemente archivado en segunda instancia. Esto pese al informe pericial del Ministerio de Justicia, la evaluación médico legal del Ministerio Público, el informe de SuSalud y la decisión de primera instancia (la cual fue favorable para la familia de Filiberta). El archivamiento se dio el último 16 de junio y la decisión la tomó el juez superior Victor Andrés Lazarte Fernández.
“Cuando íbamos a exigirles el apoyo que nos prometieron, nos comenzaron a denunciar por hostigamiento y acoso, incluso se fueron a pedir garantías por amenaza”, dice Juan Ollero sobre el comportamiento de la Clínica La Luz. La misma situación la vivió en Tacna la familia de Aimee Irigoyen. La señora Aida Mamani recuerda que luego de hacer su denuncia pública en radio y redes sociales, recibieron una carta notarial en la que la Clínica La Luz les exigía que dejen de hablar en los medios.
El caso de Juan Manuel no ha corrido mejor suerte. Pedro Antonio de la Cuba Ordoñez, abogado de la familia, señala que el caso va camino al archivamiento por desinterés del Ministerio Público. “No se hecho un análisis integral de cómo llega el paciente a la clínica. Él entró caminando”. EL FOCO solicitó una entrevista con algún representante de la Clínica La Luz, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.