Las oficinas intervenidas son de Vinci Highways Perú y Lima Expresa. Tampoco se salvó el Estudio Echecopar.

El Equipo Especial Lava Jato viene ejecutando la orden de allanamiento de las empresas Lima Expresa, Vinci Highways Perú, y el estudio de abogados Echecopar, los cuales habrían participado en los actos de concertación de ex funcionarios de la Municipalidad de Lima y los representantes de las empresas Odebrecht y OAS, durante la gestión de la ex alcaldesa Susana Villarán.
Esta medida fue solicitada al Poder Judicial por el fiscal José Domingo Pérez, quien presentó 300 elementos de convicción en su acusación para llevar a juicio oral a la ex alcaldesa, a quien la sindican de haber liderado una organización criminal que habría operado desde el 2011 al 2014 en la comuna limeña.
Concretamente, el allanamiento se debe a la investigación por las coimas que habría dado OAS a favor de Villarán para obtener “la extensión del plazo de la deuda y la subida del peaje” en las obras de la Línea Amarilla.
De acuerdo a la tesis fiscal la red criminal de Villarán, conocida como las ‘chalinas verdes’, llegó a obtener más de 11 millones de dólares en activos ilícitos que habrían servido para financiar, inicialmente, su campaña por el ‘No a la Revocatoria’ en marzo del 2013 y luego, las elecciones regionales y municipales del 2014.
El pedido de allanamiento del fiscal José Domingo Pérez fue autorizado por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y se dispuso el apoyo de la policía Nacional para brindar seguridad al equipo del Ministerio Público que se desplegó a los inmuebles Vinci Highways Perú y Lima Expresa (antes Línea Amarilla), ubicados en Surco, así como a las oficinas del Estudio Echecopar, en San Isidro.
Según la resolución, el Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró fundado el requerimiento de “allanamiento, registro domiciliario con medida de descerraje con fines de búsqueda de pruebas e incautación”. El juez Jorge Chávez Tamariz también autoriza el “quebrantamiento de cerraduras, en caso de oposición, así como la ruptura de cerraduras que existen en escritorios, armarios, estantes, casilleros, mesa, cajas fuertes, entre otros”.
El objetivo de la medida es incautar documentos vinculados a las operaciones de transferencia de acciones de la Sociedad Línea Amarilla SAC (LAMSAC), desde que se constituyó en el año 2009 hasta el 2016, así como información sobre empresas nacionales y extranjeras que participaron en la revisión y análisis de dicho proceso.
Cabe recalcar que recientemente Leo Pinheiro, ex titular de la constructora OAS, admitió el desembolso de cuantiosos pagos a favor de la ex alcaldesa de Lima. Según el empresario sentenciado, se derivaron 7 millones de dólares a favor de la gestión de Villarán de la Puente.
Fuente: LimaGris.com

Incriminan a Marisa Glave en sobornos de OAS

Augusto Rey está más enlodado aún en el aumento del precio de peajes y la ampliación de la concesión a OAS. Hay más implicados que fueron de la administración edil de Susana Villarán.
La exregidora de la Municipalidad de Lima, Marisa Glave, siempre repetía: “Yo no tengo las manos manchadas de sangre ni de corrupción”; otro regidor del partido de la entonces alcaldesa Susana Villarán tenía un discurso similar: “La corrupción es un cáncer que está matando al país”. Este dúo y otros, como Anel Townsend, se vendían ante la opinión pública como los nuevos poderes morales de la nación. Pero el tiempo se encargó de atemperar esos ímpetus.
Estos y otros personajes de izquierda habrían recibido dinero de Valfredo de Assis Ribeiro Filho, exgerente general de la empresa brasileña OAS, según un reportaje emitido por ‘Contracorriente’ de Willax este fin de semana.
“Esta nueva investigación nació antes de que soliciten 29 años de prisión para la exalcaldesa Susana Villarán y después de procesar una gran cantidad de información”, según el reportaje que también se basa en declaraciones de un colaborador eficaz.
Esta denuncia es el desarrollo del expediente madre de la Fiscalía que desagrega las vías de transporte público de Línea Amarilla de Lima sobre el que su expresidente, Leo Pinheiro, ya había confesado que aceptó pagar hasta unos siete millones de dólares a favor de Villarán, a través de José Miguel Castro (“Budián”), a cambio de la ampliatoria de plazos de concesión y subir los peajes en Lima Metropolitana.
En la nueva carpeta fiscal (CF SGF N°10-2020) están los detalles declarados por Valfredo de Assis y Augusto César Ferreira e Uzeda, ejecutivos de OAS, quienes estarían incursos en “actos de corrupción y/o concertación con funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima, para hacer pagos ilícitos a los regidores de la citada entidad edil y otros”, señala el escrito en la página 6, para luego hacer el listado que sigue.
-Marisa Glave Remy y Zoila Elena Reátegui Barquero (regidoras), “quienes conjuntamente habrían recibido la suma de 20,000 dólares americanos”.
-Jaime Salinas López Torres obtuvo la suma de 120,000 dólares.
-‘Anel’ Townsend Diez Canseco, jefa de la campaña política por la No Revocatoria de Susana Villarán, 20,000 dólares.
-Jorge Nieto Montesinos, asesor de Villarán, uno de los más privilegiados con 129,000 dólares.
-Carlos Enrique Juscamaita, el que habría tenido el monto mayor, con 250,000 dólares.
El documento fiscal considera que esos son dineros ilícitos aportados por las empresas constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar la citada campaña por el No a la Revocatoria de Susana Villarán a cambio de que dichas empresas sean beneficiarias de los proyectos Línea Amarilla y Vías Nuevas de Lima.
En otras palabras, “son actos de concertación entre los ahora exfuncionarios municipales y los representantes de la Constructora OAS S.A. Sucursal del Perú y Línea Amarilla S.A.C.-LAMSAC”, esto para incorporar la Adenda N° 1 al contrato de Concesión Línea Amarilla el año 2013, un agregado que permitía no solo la ampliación de 30 a 40 años la duración de la concesión, sino el reajuste de los peajes en las vías administradas por dicha firma.
A los actos de concertación, la Fiscalía añade el delito de colusión y cohecho por los pagos recibidos por los regidores ediles de la era Villarán, pero no se encuentra lo que es un denominador común en el caso Lava Jato: el delito de organización criminal.
Para redondear la faena, Marisa Glave habría recibido dinero procedente de Odebrecht y OAS, con la finalidad de apoyar la consabida campaña ‘No a la Revocatoria’, según indicó el colaborador eficaz José Miguel Castro (“Budián”).
Según la declaración de Castro, Glave y Zoila Reátegui “visitaron entre seis u ocho veces la oficina de la Gerencia Municipal para coordinar acciones de cierre de campaña. Ambas se encargaron de contratar la producción, movilidad y estrados” en la campaña por el ‘No a la Revocatoria’.
Por ello, agregó Castro, se autorizó al tesorero de la campaña, Luis Gómez Cornejo, que se entregara a Glave y Reátegui la suma de 60,000 soles, informó el portal de la agencia Andina el 14/7/2020.
Más de Glave
Como ya lo había publicado EXPRESO en su edición del 27 de agosto de 2019, Marisa Glave también es investigada por la compra irregular de un terreno que costó a la Municipalidad de Lima más de siete millones de soles sin sustento técnico.
Todo indica que la operación fue para favorecer a personas que crearon dos empresas solo para adquirir y vender 7,141.13 metros cuadrados de la zona de Campoy, ubicado en la primera etapa de San Juan de Lurigancho, en el límite con Lima Cercado.
En ese entonces la exprocuradora Yeni Vilcatoma demostró que las empresas Portal Campoy SAC y Portal Campoy SRL gestionaron el cambio de zonificación, compraron el terreno y lo vendieron, hechos que coinciden con los momentos en que la municipalidad en mención evaluaba cambios en el proyecto Línea Amarilla.
Todo empezó en 2011, cuando Villarán acababa de asumir el cargo de alcaldesa de Lima, y Marisa Glave fue designada presidenta de la Comisión Metropolitana de Desarrollo Urbano, Vivienda y Nomenclatura.
Fuente: Diario EXPRESO.

Fuente: Poder Judicial.

Marco Vásquez: “Susana Villarán es la única que recibió coimas de dos constructoras”

Perú21TV conversó con el director periodístico de Panorama sobre las investigaciones que afronta la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.

Susana Villarán fue la primera mujer en acceder al cargo por medio de elecciones y su gestión duró desde el 2011 al 2014. Durante la misma, se inició el programa de chatarreo que buscaba reducir y modernizar la flota de unidades de transporte público. Se inició la construcción de Vía Parque Rímac (hoy llamado Línea Amarilla), se llevó a cabo la consolidación del Mercado Mayorista de Santa Anita con el traslado definitivo de los comerciantes del antiguo Mercado Mayorista de La Parada. Se hicieron también nuevos Hospitales de la Solidaridad, escaleras para barrios y la plantación de 150 mil árboles. Además, inició la Reforma del Transporte con el Corredor Azul.
Marco Vásquez, director del dominical Panorama, recuerda cómo se iniciaron las investigaciones en contra de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán que hoy enfrenta tres procesos.
¿Cómo nace la investigación en contra de Susana Villarán?
El caso Villarán es uno de los más saltantes de lo que se denominó el caso Lava Jato, es una exalcaldesa que recibió de OAS y Odebrecht más de once millones de dólares. Coimas que fueron entregadas con el objetivo de suculentos peajes. En 2013, si recordamos, los peajes fueron concedidos a Odebrecht y a OAS, por ello Susana Villarán pudo afrontar la campaña por el ‘NO a la revocatoria’, ella necesitaba ese efectivo para continuar en el poder de la alcaldía. Es la única autoridad que recibió este dinero de parte de dos empresas constructoras.
Hoy se allanaron inmuebles por el caso Línea Amarilla.
Tenemos tres casos en la que ella está involucrada: el caso de aportes, el caso de la Línea Amarilla que llevaba OAS, y el de los regidores. En la Línea Amarilla, que por ese tema se produjeron los allanamientos, se hicieron adendas que fueron firmadas precisamente el año de la revocatoria; el 13 de febrero. Estas adendas fueron firmadas bajo el trato directo. Vinci Highways Perú fue la empresa que luego compró la concesión de Línea Amarilla. Otra investigación es a los regidores Marisa Glave y Augusto Rey por la plata que ellos recibieron. Entonces, tenemos 25 años con acusación por aportes, colusión por Línea Amarilla y el caso de los regidores.
¿Los allanamientos en el caso de la Línea Amarilla llegan tarde?
La medida fue determinada por un juez, ha dicho que sí es posible, además ha dicho que se requiere recabar información sobre el cambio del accionariado, es decir, sobre la forma cómo la Línea Amarilla pasó a ser Lima Expresa SAC y luego se vendió a Vinci Highways Perú. Quién es el dueño y cómo pasó de una mano a otra para identificar a los responsables. Recién está allanándose, es una carpeta que proviene de 2019, tiene tres años. Lo cierto y lo real es que el caso está por esta etapa que parece inicial, pero, ojo, ya habido cárcel efectiva en el caso del señor Domingo Arzubialde, que se le condena por haber favorecido precisamente en los cálculos del peaje en la concesión de la Línea Amarilla a OAS; con esta prisión efectiva se demuestra que un funcionario sí hizo algo en contra de sus propias atribuciones.

Rafael Vela Barba ocultó ser profesor por más de 4 años en la Universidad Alas Peruanas

El abogado Wilber Medina aseguró que el fiscal Rafael Vela Barba debe ser procesado por el delito de falsedad, tras haber ocultado en su currículo ser profesor por más de cuatro años de la Universidad Alas Peruanas.

El programa ‘Beto A Saber’ reveló que el fiscal Rafael Vela Barba, coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos y del Equipo Especial Lava Jato, fue profesor de la Universidad Alas Peruanas (UAP), la cual ahora investiga. Información que fue ocultada por el Fiscal Rafael Vela Barba.
Como se recuerda, hace un mes, decenas de fiscales y policías se desplegaron para intervenir diversas sedes de la UAP, como parte de las diligencias de la investigación que se le sigue a Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular, por lavado de activos.
Antes de ser el mediático fiscal que conocemos, Vela Barba fue empleado de Fidel Ramírez al haber sido docente por más de 4 años de la universidad que ahora investiga.
Los archivos de la Universidad Alas Peruanas evidencian que, en el año 2003, Rafael Vela inició su carrera como docente dictando el curso de Derecho procesal penal. En el año 2007, Vela dejó de ser profesor de dicha casa de estudios superiores.
Pertenecer a la plana docente de la UAP no tendría nada de cuestionable si no fuera porque la facultad de Derecho era dirigida y manejada por Fidel Ramírez, quien por esos años ya tejía, según el Ministerio Público, la red de lavado de activos más grande de los últimos años.
El abogado Wilber Medina aseguró en “Beto A Saber” que el fiscal Rafael Vela Barba debe ser procesado por el delito de falsedad, tras haber ocultado en su currículo ser profesor por más de cuatro años de la Universidad Alas Peruanas.
“El señor Vela al ocultar en su CV lo que hoy se ha revelado, porque ese CV lo ha presentado ante la entidad donde él postula, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, ha cometido el delito de falsedad, porque ha ocultado información que debe él, está en la obligación de incluirlo, entonces él debe ser procesado por delitos de falsedad”, aseguró el abogado Wilber Medina en Beto A Saber.
Fuente: Willax.

Caso Interoceánica: Capturan en España a directivo socio de Odebrecht

El empresario peruano Martin Camet Piccone afronta una orden de 24 meses de prisión preventiva. Se espera iniciar el procedimiento para su extradición

El empresario peruano Martin Camet Piccone, exrepresentante de JJ Contratistas S.A.C., con mandato de 24 meses de prisión preventiva por el caso Interoceánica, fue detenido el 11 de mayo en Madrid, España. Las autoridades nacionales ya fueron notificadas y se espera iniciar el procedimiento para su extradición.
Perú21 accedió a un documento donde la Interpol da cuenta sobre la detención de Martín Camet (60) por encontrarse con “notificación roja”.
“El ciudadano antes referido se encuentra puesto a disposición de la autoridad judicial competente de ese país para las diligencias de ley, por lo que se espera la remisión de la documentación para solicitar el formal pedido de extradición”, se lee en el documento.
JJC Contratistas Generales fue una de las empresas socias de la constructora Odebrecht en la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica sur.
En la carpeta también están comprendidos el expresidente Alejandro Toledo, además de Avraham Dan On, José Graña Miró Quesada, José Castillo Dibós, Hernando Graña Acuña, entre otros.
Fuente: Diario Perú21.

La Comisión de Educación aprobó -por unanimidad- una iniciativa de ley para crear el Colegio de Politólogos del Perú, con la finalidad de promover y proteger a nivel nacional el ejercicio profesional de la ciencia política.
Fue luego del debate del dictamen del PL 484/2021/CR en el que se plantea que el futuro colegio profesional sea una entidad autónoma de derecho público, con sede en Lima y con posibilidad de contar con filiales a nivel nacional.
El autor de la proposición legislativa, José Elías Ávalos (Podemos Perú), dijo que con el funcionamiento del nuevo colegio profesional «las diversas entidades estatales podrían contar con asesores calificados. Este proyecto se viene debatiendo desde muchos años, pero por temas políticos no se aprobó», dijo.
Los congresistas José Jerí Oré (SP), José Balcázar Zelada (PL), Luis Cordero Jon Tay (FP), Alex Paredes Gonzáles (PL) y Tania Ramírez García (FP), entre otros, apoyaron la propuesta.
Fuente: Congreso de la República.

¿Es necesario un Colegio de Politólogos?

El Pleno del Congreso de la República de Perú ha puesto sobre la mesa la propuesta de crear el Colegio de Politólogos, una iniciativa que ha generado debate y controversia en el país.
La creación del Colegio de Politólogos tiene como objetivo regular y fortalecer la actividad profesional de los politólogos en Perú, promoviendo su formación académica, ética y el compromiso social en el ejercicio de su labor. Además, se busca reconocer la importancia de esta disciplina en la vida política y social del país.
A pesar de las críticas, la propuesta ha sido discutida en el Pleno del Congreso y se espera que se vote su aprobación en los próximos días. En caso de ser aprobada, la creación del Colegio de Politólogos deberá contar con el respaldo de la comunidad académica y profesional para garantizar su éxito y sostenibilidad.
En cualquier caso, la creación del Colegio de Politólogos puede ser una oportunidad para consolidar y profesionalizar el trabajo de los politólogos en Perú, impulsando su formación y compromiso social en la construcción de una sociedad más justa y democrática. Para ello, es necesario un diálogo constructivo entre los diferentes actores involucrados en la propuesta, y una reflexión crítica sobre los desafíos y oportunidades que presenta la creación de un colegio exclusivo para los politólogos en Perú. Solo de esta manera se podrá garantizar que la iniciativa contribuya al fortalecimiento de la democracia y al bienestar de la sociedad peruana.
Fuente: Proloquios.com

Editora Roxana Loarte Villalobos, firmó planillón del Movadef y suscribió pensamiento Gonzalo

Posteriormente, la activista volvió a apoyar a Sendero Luminoso, inscribiéndose en ‘Fudepp‘.

Wayka Perú, un medio digital periodístico que presenta a excarcelados e investigados por el delito de terrorismo como inocentes dirigentes sociales, tiene entre sus filas a una periodista que habría apoyado al Movadef, brazo político de la organización terrorista Sendero Luminoso.
Se trata de Roxana Loarte Villalobos, actual editora periodística de la famosa prensa alternativa y defensora de los derechos humanos, que según un reportaje de ‘ContraCorriente’, en el 2011 firmó los planillones del Movadef, cuando esta organización se presentó ante la ONPE.
El informe televisivo resalta que en la página 4,574, con número de documento de identidad 42871695, está el nombre y firma de puño y letra de la periodista Roxana Loarte Villalobos, actual editora de Wayka Perú.
Posteriormente, Loarte Villalobos volvió a inscribirse en otro intento de partido político de Sendero Luminoso. En este caso con el Frente de Unidad de Defensa del Pueblo Peruano (Fudepp) donde fue la número 20.
En el mismo padrón de adherentes del Movadef, resaltan los nombres de Fajardo Cravero y Alfredo Crespo Bragayrac, exabogados de las cabecillas de esta organización terrorista Abimael Guzmán y Elena Iparraguire.Tras la muerte de Manuel Fajardo, uno de sus representantes más conocidos es Alfredo Crespo, actual defensor legal de alias camarada Miriam, Elena Iparraguirre.
Alfredo Crespo encabezaba la lista del padrón para inscribir al Movadef como partido y político y lograr así, una nueva constitución y una amnistía que permita la liberación de todos los presos por terrorismo.
Vale mencionar, que el Jurado Nacional de Elecciones rechazó la inscripción de Movadef debido a su ideología marxista, leninista, maoísta, pensamiento Gonzalo.
Fuente: Diario EXPRESO.Las detenciones de las cabezas del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa) como Rocío Leandro, camarada ‘Cusi’, y de Estefany Alanya, alias ‘Jazmín’, revelaron la existencia de una organización del grupo terrorista Sendero Luminoso, que busca promover la violencia en Ayacucho y Lima.

Nueva Fracción Roja, nexo de Sendero Luminoso, usaba de fachada el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho

Cada vez se conocen más detalles sobre cómo la organización terrorista Sendero Luminoso (SL) ha implementado una serie de estrategias para mantener su presencia política y generar el caos en medio de la ola de protestas que se desataron en varias regiones del país.
Según un informe del diario El Comercio, el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), que era liderado por la camarada Cusi, Rocío Leandro Melgar, no era más que una facha para el desarrollo de la Nueva Fracción Roja (NFR) de Sendero Luminoso que buscara ser un “frente de clases”. En esa línea, el NFR es el “tercer instrumento” que buscan “tomar el poder por medio de la violencia revolucionaria”. El primer lugar es el “partido” y el segundo el “ejército”.
Cabe recordar que la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y la Fiscalía contra el Crimen Organizado han investigado a los miembros de Fredepa, por lo que decidieron detener a Cusi y Estefany Jhazmin Alanya Chumbes alias ‘Jazmín’ (vicepresidenta del Fredepa) y Alejandro José Manay Pillaca alias ‘Alejandro’ (secretario del Fredepa).
En ese contexto, una investigación de Vigilante.pe puso en evidencia cómo la vicepresidenta del FREDEPA, Estefany Alanya, dirigía una “escuela de cuadros” bajo la fachada de un programa infantil que promovía la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
IPARRAGUIRRE IMPLICADA
El documento policial al que accedió el medio periodístico señala que la NFR “recaería en la cabecilla terrorista Elena Iparraguirre Revoredo”, cuya misión es continuar con la denominada “II Reconstitución” de SL la cual se daría a través de los frentes de defensa, sindicatos, barrios y otras organizaciones de Ayacucho. Así, se tendría como lugares de vital importancia a Huamanga, Huanta y Parinacochas.
“Los hechos que investiga este Despacho Fiscal se sustentan en la noticia criminal puesta en conocimiento por parte de la autoridad policial la División de Operaciones Especiales – DIVOES mediante el INFORME N°177-2022-DIRCOTE-PNP/DIVOES-DEPOTC.EIES, solicita la apertura de investigación preliminar contra presuntos integrantes de la Nueva Fracción Roja de la Organización Terrorista Sendero Luminoso, quienes vendrían realizando trabajo partidario en las provincias de Huamanga, Huanta y Parinacochas del departamento de Ayacucho, como parte de las tareas partidarias establecidas a favor de la II Reconstitución de la OT-SL”, se indica en el documento.
MARAVÍ ASUME FREDEPA
El exministro Iber Maraví, exministro de Trabajo en la gestión del golpista Pedro Castillo y quien participó en actos terroristas de los años 80, aprovechó la detención de la camarada Cusi para asumir el liderazgo del Fredepa.
Sobre el tema, el especialista en seguridad y narcotráfico, Pedro Yaranga sostuvo a Perú21 que “con Maraví de nuevo en el cargo no van a retroceder. El Fredepa se mantendrá firme en sus tareas y coordinaciones para participar en las violentas protestas contra el gobierno”.
Fuente: Vigilante.pe

Camarada ‘Cusi’, la garantía de Sendero Luminoso para continuar con sus planes

El perfil de una senderista que nunca se rehabilitó pese a los años transcurridos en la cárcel.

Por Joma Gálaga- Diario Perú21.
“Ofrendaremos nuestras vidas por la patria”, gritó Iber Maraví, extitular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el 10 de diciembre de 2022 en la última asamblea que organizó el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), para detallar la estrategia de la toma del aeropuerto del 15 de diciembre. Lamentable y sangriento enfrentamiento al que Maraví ni siquiera se asomó.
Aquel sábado 10, en aquella reunión, estuvo presente la mujer a la que exdirigentes llaman como su “pupila”. Una señora de 54 años que días después fue capturada tras un largo trabajo de inteligencia: Rocío Leandro Melgar. “Camaleónica y activa” es como la definen algunos exdirigentes del Fredepa. La camarada ‘Betty’, ‘Luz’ o mejor conocida en los últimos meses como ‘Cusi’, es uno de los personajes de la cúpula terrorista de los ochenta que volvió a ser noticia tras su nueva captura luego de que Perú21 difundiera un video en que es captada repartiendo dinero en efectivo a representantes de grupos cocaleros para que movilicen a sus miembros a la capital del país y puedan participar en las manifestaciones.
El nombre de Rocío Leandro no es nuevo, pues aparece en 14 atestados de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (Dincote) que datan del año 1989 a 1996 por los delitos de traición a la patria y terrorismo. Si bien ella hasta hace poco se presentaba como presidenta del Fredepa –organismo generado de Sendero Luminoso–, su oscuro pasado reveló su internamiento en penales como el Miguel Castro Castro y la cárcel de mujeres de Chorrillos, por su participación en diversos atentados.
Como se recuerda, uno de esos ataques fue el asesinato de Pedro Huilca, secretario general de la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP).
El informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) consigna el testimonio de un senderista que señala a alias ‘Cusi’ como una de las terroristas encargadas de organizar el sanguinario crimen del 18 de diciembre de 1992.
“MUJER PREPARADA”
“Buscaban una mujer que pueda dirigir la organización. Varones tienen varios en sus filas. Dentro de su búsqueda no les quedó de otra que la camarada ‘Cusi’. Ella era garantía para seguir la secuencia de todos sus cuadros”, mencionó a Perú21 un expresidente del Fredepa, quien prefirió que se guardara su identidad. Él define a Leandro, a quien conoció en una asamblea en 2020, como una mujer belicosa, dentro de las más jóvenes con la experiencia suficiente para asumir el puesto.
“Todos sus cuadros en gran parte ya son adultos; ya pasaron los 65 años, ella está por los 50. Está dentro de lo que (SL) busca, pues sigue activa y rabiosa”, asegura.
¿Por qué ‘Cusi’? El exdirigente menciona que, si bien es cierto que ha estado en la cárcel, ha hecho un trabajo político durante los últimos años con los miembros del comité central. Se ha especializado más que los demás dirigentes y ha ido más allá del marxismo, leninismo y maoísmo.
Su captura es para las filas del Fredepa una baja de todas maneras, pero la fuente asegura que el puesto que asumió tiene un “costo” y lo está pagando. “La irán evaluando mientras guarda silencio: esa es la regla de oro. Ella y los demás están en constante vigilancia. Si no dicen nada, cuando deje la cárcel será presentada como una mártir”, asegura.
ORGANISMO FACHADA
El Fredepa nació entre los barrios de Ayacucho, cuando existía en paralelo con la Federación de Barrios y el Frente Único de Estudiantes Escolares. “Hambre, miseria y corrupción” es la frase con la que desde 1969 ha ido calando y hoy por hoy la organización está en proceso de consolidación, incluso en ciudades fuera de Ayacucho, como Puno y Cusco, según mencionan sus propios miembros.
“En el Fredepa hay elecciones internas, pero la realidad es que nunca se eligen, siempre se imponen. Detrás de ella (‘Cusi’) hay más personas que han planificado la movilización y el pago de manifestantes, incluso más jóvenes”, asegura el exdirigente.
Añade que la manera como el Fredepa sigue expandiéndose es mediante las “escuelas populares”, donde forman y evalúan minuciosamente.

Exministros y exviceministros se beneficiaron con millonarias consultorías

En la lista están Daniel Alfaro, Martín Benavides, Ricardo Cuenca, Patricia Andrade, Luis Gargurevich y grupos ligados a ellos.

Por María Teresa García- Diario EXPRESO.
Pese a que Educación es uno de los sectores que más carencia tiene en cuanto a infraestructura, los exministros y exviceministros que pasaron por dicha cartera no tuvieron miramientos a la hora de efectuar jugosas consultorías que entre los años 2012 al 2023 sumaron en total unos S/728 millones, tal como denunció EXPRESO en su momento.

Daniel Alfaro

En el 2021 Daniel Alfaro, quien fue ministro de Educación en la gestión de Martín Vizcarra, cobró a través de la empresa Marka Soluciones EIRL unos S/46,728, por una asesoría para diseños de procesos formativos a nivel regional.
Se trató de la conceptualización y plan de acción para el diseño e implementación de los procesos formativos de los mecanismos “Acceso Libre al Talento Regional” y “Acceso libre con reforzamiento–Ciclo Cero”, en el marco de la estrategia de acceso libre, focalizado y gradual a la educación superior, planteado por el Minedu.

Martín Benavides y Grade

Otro que se benefició con astronómicas sumas de dinero fue el Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), cuyo director ejecutivo era Martín Benavides Abanto, también exministro de dicha cartera en el gobierno de Martín Vizcarra.
En 2013, Grade facturó la envidiable suma de S/1’349,000 por el servicio de consultoría para la ejecución del estudio nacional de línea de base sobre el uso del tiempo y otras variables de calidad educativa, en instituciones educativas públicas secundarias.
Se le pagó en tres armadas y tuvo 275 días para su ejecución. Este mismo grupo, del 2012 al 2013, efectuó una asesoría por la cual cobró S/100,170.12.
En el 2015 elaboró otra consultoría, esta vez por S/204,900. La asesoría fue por el servicio de análisis de resultados de la escala de calificación del ambiente de la infancia temprana, instrumento de desarrollo temprano y factores asociados. El usuario fue la Dirección de Educación Inicial del Minedu.

Por Martha Meier Miró Quesada- Diario EXPRESO.
Ayer murió Katherine Gómez, la joven de 18 años que el sábado pasado fue rociada con gasolina por su exnovio, quien le prendió fuego en plena vía pública. Katherine agonizó en el hospital Arzobispo Loayza, durante varios días.
Tenía 60 % del cuerpo con graves quemaduras. Había discutido con el enamorado en la transitada Plaza Dos de Mayo y éste decidió terminar el desencuentro convirtiendo a su pareja en una fogata humana. Los transeúntes trataron de ayudarla, pero el fuego demoró en ceder.
El asesino es un venezolano de 19 años, de esos miles que entraron durante el gobierno de Martín Vizcarra, sin ningún tipo de revisión de antecedentes. Y sabido es que las autoridades de la dictadura venezolana infiltraron a agentes chavistas, traficantes de drogas y hasta a sanguinarios sicarios infantiles.
El asesino de Katherine es Sergio Tarache Parra, quien huyó del lugar donde perpetró la monstruosidad. Tras la muerte de Katherine, la presidenta Dina Boluarte manifestó su “total repudio” por este crimen, que se suma a tantos otros. “Creo que esa violencia contra la mujer debe parar. Las mujeres no somos propiedad de las parejas”, dijo para la platea.
El problema de la violencia es bastante más complejo y no solo afecta a las mujeres, Hay padres y madres que matan a sus hijos a golpes; mujeres que asesinan al fruto de su vientre con veneno para ratas y otras que apuñalan, sin piedad, a sus maridos porque quieren irse con otro. Vivimos la subcultura de la muerte.
Las personas no entienden más que toda vida es sagrada, por eso se habla del aborto como si de tratarse una muela infectada. Y ese es el verdadero problema que enfrentan mujeres, hombres, niñas, niños y ancianos. El nivel de maldad que se ve alrededor del mundo, y no solo en el Perú, es incomprensible.
El problema enfrentado por las mujeres es que sus asesinos, llamados ‘homicidas domésticos espontáneos’, son capaces de matar por un impulso emocional, sin ningún tipo de premeditación o planificación.
Las esposas, padres e hijos de este tipo de asesinos suelen pensar que tienen muy mal genio, pero que serían incapaces de dañarlos. Gran error y más si hay abuso de drogas, alcohol o celos. Y esto no tiene nada que ver con la teoría de género que se nos quiere imponer como la raíz de todos los males.
El Papa Francisco, tan progre él, se ha manifestado contra esta teoría que empobrece las relaciones humanas y pretende hacer que hombre y mujeres sean iguales, “cuando la gran riqueza de la vida, está en las diferencias”, dijo.
Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, dice que “el verdadero objetivo de la ideología de género es destruir el extraordinario poder simbólico de la maternidad”.
En un mundo así de torcido, muchas más Katherines morirán de las maneras más crueles a manos de sus parejas, también niños y ancianos por quienes deben cuidarlos.

Sada Goray, la empresaria que acusó extorsiones para apropiarse de un terreno del Estado, parece que no dijo toda la verdad.

LA HISTORIA DEL TERRENO QUE COSTABA US$35 MIL Y TERMINÓ VALIENDO US$48 MILLONES

La empresaria que aseguró que pagó coima de S/4 millones al exasesor del gobierno Salatiel Marrufo actuó como representante de sus socios: tres millonarios con quienes adquirió un terreno de 90 hectáreas por el que un primer dueño pagó apenas US $35 mil dólares a la Comunidad Campesina de Chilca en 2004. Goray y compañía lo revendieron en poco menos de US $48 millones este año.

Por Roberth Orihuela- Convoca.pe
Hace unas semanas, y en medio del proceso de vacancia del expresidente Pedro Castillo, la empresa inmobiliaria de Sada Goray Chong confesó que entregó S/4 millones al exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo. Aseguró que fue “extorsionada” por este exfuncionario para obtener una resolución favorable de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) que le permitiría reafirmar la propiedad sobre un terreno de 90 hectáreas. El predio antes le pertenecía a la Comunidad Campesina de Chilca y luego de una serie de transferencias ella y un grupo de empresarios lo adquirieron y revendieron por más de US$48 millones.
Las primeras informaciones ponen a Goray como la única beneficiaria de estos actos. Sin embargo, lo real es que ella actuó en representación de otros tres empresarios, quienes se han mantenido en la sombra hasta el momento y que, con este movimiento, lograron multiplicar su inversión inicial.
Confesión nada sincera
La noticia de que Goray Chong sacó beneficio del gobierno de Pedro Castillo para sus intereses empresariales no es nueva. En octubre el programa dominical Cuarto Poder expuso las influencias que Goray habría movido para obtener una resolución favorable de la SBN, que la habilitaría a desarrollar un proyecto inmobiliario sobre su extenso terreno.
Y es que la Fiscalía sospecha que esta empresaria aportó dinero a la campaña de Pedro Castillo, a quien conoció a través de Marrufo. Incluso se señala que habría asistido a la casa de Sarratea, donde el mandatario se reunía con gente de su confianza y empresarios. Ese caso, conocido como “El gabinete en las sombras”, ya es investigado y Marrufo lo sigue en prisión preventiva.
De acuerdo con una entrevista que el ex director de Gestión de Patrimonio Estatal (DGPE) de la SBN, William de la Vega, dio al dominical Cuarto Poder, la ex presidenta ejecutiva de esa entidad, Cinthia Rudas, le indicó que debía interesarse por el caso de Sada Goray. Esta solicitaba que la entidad estatal reconociera a su favor una superposición en el terreno de 90 hectáreas que ella y tres socios más habían comprado en la zona de Chilca, en la provincia de Cañete (Lima).
El terreno que Goray y sus otros tres socios compraron se ubica a la altura del Km 50 de la Panamericana Sur, en la provincia de Cañete. Foto: Convoca.
El problema es que existen dos casaciones de la Corte Suprema que señalan que esos terrenos pertenecen a la Comunidad Campesina de Chilca y que ningún acto administrativo puede cambiar dicha decisión.
A pesar de esto, Rudas y Marrufo insistieron. De la Vega contó que mandó a realizar un estudio topográfico y se determinó que el terreno pertenecía a la comunidad. Finalmente dio una opinión negativa y por ese motivo fue destituido, según dijo al programa dominical. Luego otros cuatro funcionarios hicieron lo mismo al notar que, si cedían, cometerían un acto ilegal.
Al final, quien sí tomó una posición favorable para Goray fue Marina Subiría Franco, quien fue nombrada como directora de la DGPE por Rudas. Y en abril de este año firmó la resolución Nº049-2022/SBN-DGPE que autorizó la rectificación de áreas y linderos, que fue ratificada por la SBN el 8 de junio mediante la resolución Nº072-2022/SBN-DGPE.
La resolución por la que Goray admitió que pagó S/4 millones se hizo en base a un informe que elaboró su socia y amiga Flor Olivera. Foto: Convoca.
Cabe precisar que los informes en los que se basaron ambas resoluciones fueron emitidos por la abogada Flor Olivera Orellana, contratada por la SBN específicamente para revisar la solicitud de Goray Chong. Pero Olivera debió inhibirse, ya que es amiga y socia de Goray. Ambas crearon la empresa Inmobiliaria Nueva Chiclayo.
Flor Olivera y Sada Goray son amigas de años y socias en la empresa Inmobiliaria Nuevo Chiclayo.
La otra parte de la historia
A pesar de estos vicios y evidencias, la empresaria aseguró que fue extorsionada por los funcionarios de confianza de Pedro Castillo. Pero con el transcurso de los días esta tesis va perdiendo fuerza. Más aún cuando tras revisar el proceso de compraventa del terreno, Convoca pudo evidenciar que existía un gran interés y necesidad, no solo de Sada Goray, sino también de sus otros tres millonarios socios.
La historia empieza en 2015, cuando Gianpiero Ubaldo Ottavio Boccacci Fernández, presenta una escritura pública fechada con el 24 de setiembre del 2004, en la que señala que adquirió 90 hectáreas a la Comunidad Campesina de Chilca en la provincia de Cañete, por una valor de apenas 35 mil dólares. En julio del 2017, sin embargo, Boccacci Fernández declaró que los verdaderos dueños del predio eran su hermano Luigi y su esposa Jacqueline Cuculiza Merino. Así, la propiedad cambió en la partida registral de Registros Públicos y les fue transferida a estos.
En septiembre del 2018, Luigi Boccacci y Jacqueline Cuculiza vendieron el terreno a Martín de Jesús Montoya Marcilla por 1 millón 123 mil dólares. Y apenas seis meses después, Montoya lo revendió a cuatro empresarios por US $18 millones 520 mil. Más de 529 veces el precio que se le pagó a la Comunidad de Chilca.
Estos cuatro empresarios son los hermanos Sada y Teisuke Mario Goray Chong, Juan Carlos Watanabe Goray y Sebastián Salem Sambuceti.
De Sada Goray ya se conoce bastante. Teisuke Goray es empresario y junto a su hermana Sada fundaron la empresa Selva Viva Park SAC, en la región San Martín. Igualmente, Juan Carlos Watanabe aparece como representante legal de la empresa MarkaGroup Norte SAC, también vinculada a Sada Goray.
Sada y Teisuke son hermanos y socios, mientras que Watanabe es representante legal de una empresa de Sada. Foto: Convoca.
Pero el nombre más interesante en esta trama es el de Sebastian Salem Sambuceti. Se trata de un millonario empresario local, importante accionista del Banco Alfin (exAzteca) y reconocido golfista profesional. Es socio de Sada Goray en al menos dos empresas: una es Tu Techito Bonito SAC —que es el brazo marketero de los proyectos inmobiliarios de los Goray—, y la otra es Vgf Sss Sgc 3170 & 3257 LLC —creada en Florida, Estados Unidos, en el 2018. En esta aparecen como administradores Salem, Sada Goray y su madre, Violeta Chong viuda de Goray.
La última declaración anual de esta compañía es de enero de 2021. Sin embargo, ahora aparece como “inactiva”.
En marzo de este año Salem, junto a su también socio Montoya Marcilla (quien les vendió el predio de 90 hectáreas) inyectaron 14 millones de soles a Banco Alfin, incrementando el capital social de Salem en dicha compañía en S/ 29.7 millones. Ambos, Salem y Montoya, poseen el 11.5% de todas las acciones de dicha entidad bancaria.
Sebastian Salem es un millonario inversionista, accionista del banco Alfin y socio de Sada Goray en dos empresas. Foto: Redes de Salem.
Buenos negocios
Tras la millonaria compra, los cuatro socios emprendieron la tarea de obtener la zonificación urbana de los terrenos en la comuna de Cañete y luego la independización definitiva de la Comunidad Campesina Chilca a través de la SBN.
La primera fue relativamente sencilla. En agosto del 2019, el municipio provincial de Cañete otorgó el Certificado de Zonificación y Vías para el terreno de los cuatro socios mediante la resolución de la Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural Nº722-2019-GODUR-MPC. Y luego, en septiembre, la comuna emitió la resolución Nº748 de la misma oficina aprobando el Certificado de Nomenclatura y Sección Vial para la propiedad.
Lo más difícil fue lograr que la SBN apruebe la nueva delimitación de linderos, debido a la superposición de los terrenos de la comunidad campesina. Fue Sada Goray quien representó a sus socios en esta tarea, como ella misma ha señalado en entrevistas con la prensa. La primera solicitud se introdujo en julio del 2021 y fue declarada improcedente. Y en diciembre de ese año apeló y nuevamente fue rechazada. Solo con la influencia de Marrufo en el gobierno y pagando la coima de S/4 millones Goray logró que la SBN haga el cambio de linderos para que puedan reafirmar la titularidad sobre el terreno de 90 hectáreas.
Lima Bonita es un proyecto inmobiliario que la empresa Markagroup de Sada Goray impulsa en Cañete. Foto: Redes Markagroup.
Y es que los cuatro socios necesitaban con urgencia validar su derecho de propiedad sobre el predio. Habían firmado un contrato de opción de compra con la conocida inmobiliaria Centenario Desarrollo Urbano SAC, por una valor de 45 millones de dólares. En diciembre del 2019 Centenario les hizo un primer pago de US$15 millones por el 33.3% de la propiedad y en junio del 2021 la empresa obtuvo el control total por otros US $32.6 millones.
En el documento está la anotación de que este último monto aún no se había cancelado al momento de la transferencia de propiedad. Aún quedaba pendiente sanearlo con una resolución favorable de la SBN.
Lo cierto es que los cuatro empresarios lograron incrementar el valor de un terreno que pocos años atrás valía 35 mil dólares a casi 48 millones de dólares. Un negocio redondo.
Convoca intentó comunicarse con Sada Goray a través de su teléfono de contacto, pero se conoció que ya había salido del país. Enviamos un mensaje por correo electrónico a la cuenta de atención de su empresa inmobiliaria MarkaGroup. También escribimos a las cuentas en redes sociales de los empresarios Juan Carlos Watanabe y Teisuke Goray. Ninguno respondió hasta el cierre de este informe. Lo mismo pasó con Sebastian Salem, quien nos bloqueó en Facebook luego de enviarle una comunicación y presentarnos como periodistas de este medio. También enviamos un mensaje a su empresa Tu Techito Bonito SAC, aún sin respuesta.
Gonzalo Zegarra Mulanovich, asesor de MarkaGroup: Yo se lo comuniqué a Gilberto Hume el 22 de agosto. Foto Twitter.
La principal pregunta que queda pendiente es si, como beneficiarios directos de la decisión de la SBN, cooperaron o no con la bolsa de S/4 millones que su representante Sada Goray entregó a Salatiel Marrufo para sacar adelante su muy rentable negocio. Plantear esa interrogante ahora está en manos del Ministerio Público.

Poder Judicial evaluará pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo y exministros

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó para este viernes a las 9:30 a.m. la audiencia de requerimiento de prisión preventiva de 36 meses contra el expresidente Pedro Castillo, y los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado.

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó para este viernes 3 marzo a las 9:30 horas la audiencia en donde se verá el requerimiento de la Fiscalía de 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y los exministros Juan Silva Villegas (Transporte y Comunicaciones) y Geiner Alvarado López (Vivienda, Construcción y Saneamiento), por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.
“Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó para este viernes 3 de marzo, a las 9:30 horas, la audiencia de requerimiento de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo y los exministros Geiner Alvarado López y Juan Silva Villegas”, se lee en la publicación del Poder Judicial.
Como se sabe, el requerimiento del Ministerio Público responde a la investigación que se le sigue al exmandatario Castillo y los exministros Silva y Alvarado por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Ello, luego de que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, formalizara las pesquisas en contra de los exfuncionarios.
Situación de los investigados
Cabe recordar que el expresidente Castillo se encuentra actualmente cumpliendo los 18 meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial en el marco de las investigaciones en su contra por el presunto delito de rebelión.
A fines de diciembre, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, ratificó el plazo impuesto previamente por el juez Juan Carlos Checkley en perjuicio del exmandatario.
Aparte de Pedro Castillo, el exministro Silva se encuentra a la fecha prófugo de la justicia. De acuerdo con un reportaje de Cuarto Poder, el extitular del MTC estaría asilado en Venezuela, donde recibiría una mensualidad de 3 mil 500 dólares.
Por su parte, Geiner Alvarado mostró su disposición para que se continúen con las investigaciones y no presentó objeciones al proceso llevado tanto en el Congreso como en la Fiscalía.
Fuente: Radio Programas del Perú.

El Consejo fue instalado con 4 de 7 miembros.

Por César Rojas- Diario EXPRESO.
Luego de años en que el Poder Ejecutivo designaba a la mayoría de miembros de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), se instaló un nuevo consejo directivo con independientes.
Se cumplió con una ley emitida hace ocho meses, cuya ejecución se había demorado por reclamos de los salientes funcionarios. Anteriormente, una comisión con Francisco Sagasti y otros allegados al Partido Morado nombraba a los representantes que manejaban la institución.
Notaría valida sesión
Andrés Ramos Salas (Minedu), Miguel Vallejos Flores (Consejo Nacional de Colegios Profesionales), Manuel Castillo Venegas y Manuel Hernández García (universidades públicas) se instalaron en sesión con acta ratificada por la notaria Ana María Vidal. Se verificó el cumplimiento de la asistencia mínima (quórum).
El primer punto era la instalación, a pesar de que representantes de la Universidad Católica y de Concytec, habían pedido no acatar la norma validada incluso por el Tribunal Constitucional.
Desde el 2015 (gobierno de Ollanta Humala) Sunedu tenía un comité de selección, liderado por Sagasti e integrado por Fabiola León y Walter Estrada. Luego Sagasti sería congresista del Partido Morado y presidente de la República; León es esposa de Gino Costa (también morado) y Estrada era vicerrector de Jorge Alva, amigo de Martín Vizcarra.
La única congresista actual de ese grupo político Flor Pablo, alegó una supuesta falta de reglamentación, lo cual ya había sido refutado.
Respecto a dos informes de EXPRESO sobre actuaciones anteriores de Sunedu, Linda Cossío Labrín nos envía una carta donde niega irregularidad alguna, señalando que no tiene investigaciones como exdirectora de Licenciamiento respecto a la Universidad Alas Peruanas.
El nuevo Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) se instaló esta semana y funcionará durante los próximos tres años, en el marco de la ‘Nueva Ley Universitaria’.
El Consejo se instaló con la asistencia de 4 de los 7 miembros. Durante la sesión, se presentaron representantes del Ministerio de Educación (Minedu), Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales (CDCP). Además de dos autoridades de las casas de estudio públicas: la Universidad Nacional de Piura (UNP) y la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (UNICA).
Los tres representantes ausentes a la ceremonia corresponderían al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), al representante de las universidades privadas, y al Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace).
De acuerdo a la Ley N°31520, también conocida como la Nueva Ley Universitaria, la convocatoria para representantes de las instituciones privadas estará a cargo de “la universidad privada más antigua del Perú”, en otras palabras, la PUCP.
Además, el Sineace aún no escoge al séptimo miembro del consejo directivo, pues para ello debe cumplir con el protocolo aprobado para finales de este mes.
En esta sesión también se programó la elección del superintendente de la Sunedu, quien será designado por el nuevo Consejo Directivo. Este reemplazará a Oswaldo Zegarra, quien ha ocupado el cargo desde 1 de septiembre de 2020.
Aunque la elección del superintendente estaba programada para este sábado 18 de febrero, la sesión no se llevó a cabo, pues tanto la Pontificia Universidad Católica del Perú como el Concytec consideraron “que no se instale el Consejo Directivo hasta que estén nombrados los siete miembros”.
Fuente: Diario EXPRESO.

Óscar Becerra: La Sunedu era «la caja chica de un partido político vía consultorías»

El titular del Minedu señaló que el nuevo consejo directivo debe garantizar la calidad de la educación superior

El ministro de Educación, Óscar Becerra, se pronunció sobre la situación de la educación en nuestro país y enfatizó que pedirá declara su sector en emergencia con la finalidad de ofrecer un mejor servicio educativo.
Asimismo, señaló que hay diversas acusaciones contra Sunedu, que se tendrá que investigar debido a que no brindaba la licencia a algunas universidades, “pero si les daba a otras que no cumplían”.
“Una universidad que no tenía ni siquiera un local, recibía una licencia”, expresó el titular del Ministerio de Educación. A su vez, comentó que la Sunedu “era la caja chica de un partido político vía consultorías”.
“Conflicto de intereses, pasemos lista a todos los consejos directivos que ha tenido Sunedu y solamente vas a encontrar personas que vienen de universidades del que se llama el Consorcio de Universidades: Católica, Cayetano y Pacífico…o sea solo hay directivos de esas universidades y ellos sí no tienen conflictos de intereses porque eso es muy típico de cierto sector”, acotó Óscar Becerra.
En ese sentido, aseguró que el nuevo consejo directivo debe garantizar la calidad de la educación superior.
Por otro lado, el titular del Minedu manifestó que durante gestiones pasadas se ha gastado más de 700 millones de soles en consultorías. Y aseveró que va a trabajar junto a la Contraloría para dar atención, de manera urgente, a 1041 colegios que están al borde del colapso.
Fuente: Diario EXPRESO.

Congreso aprueba acusar a Pedro Castillo por organización criminal y otros dos delitos

Por Víctor Reyes Parra– Diario El Comercio.
Con el voto en contra de legisladores de izquierda, que intentaron blindarlo hasta el final, el pleno del Congreso aprobó la acusación contra el expresidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias agravado y colusión. Se trata de la denuncia constitucional que el 11 de octubre del 2022 presentó la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
La resolución legislativa fue aprobada por 59 votos (se requería 50 como mínimo), 22 en contra y 3 abstenciones. Ahora el expediente será enviado al Ministerio Público que podrá formalizar investigación e iniciar proceso penal contra Pedro Castillo, incluyendo incluso medidas restrictivas.
Por ejemplo, votaron en contra: María Aguero, Alex Flores, Américo Gonza, Katy Ugarte, Guillermo Bermejo, Guido Bellido, Silvana Robles, Roberto Sánchez, Elías Varas y Jaime Zea.
La acusación contra el prófugo exministro de Transportes, Juan Silva, fue aprobada por 87 votos.
La fiscalía señala a Pedro Castillo como el presunto cabecilla de una organización criminal que se habría enquistado en los más altos niveles del aparato estatal, en especial en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento -dirigiendo irregularmente proyectos- el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) -mediante licitaciones concertadas en Provías Descentralizado – y en Petro-Perú.
El exmandatario decidió no brindar sus descargos en la sesión, argumentando, a través de su abogado Eduardo Pachas, que quería una participación presencial.
Según el Reglamento del Congreso, se requiere la votación favorable de la mitad más uno del número de miembros del Congreso (50), sin contar con los integrantes de la Comisión Permanente, que aprobó el informe final.

Tontos útiles de Fuerza Popular y Perú Libre

La Junta de Portavoces, con las firmas de Fuerza Popular, Perú Libre, Podemos Perú, Perú Democrático, Cambio Democrático y Alianza para el Progreso, había acordado la ampliación de agenda para discutir el tema.
Según el artículo 78 del Reglamento Interno del Congerso, se requieren 66 votos para que un proyecto ya archivado en una misma legislatura -como es el adelanto de elecciones- vuelta a tratarse.
Como se sabe, el pleno del Parlamento rechazó en tres oportunidades recortar el mandato presidencial y legislativo. Incluso, la Comisión de Constitución archivó el proyecto del Gobierno de Dina Boluarte que proponía elecciones en octubre de este año.
La semana pasada, exactamente, el 9 de febrero, se había conseguido los 61 votos para ampliar la agenda. Sin embargo, el retiro de las 10 firmas del Bloque Magisterial (que condiciona todo a una asamblea constituyente) frustró esa posibilidad.
Fueron pasando los días y ni APP, ni Somos Perú respaldaban con sus rúbricas el acta de la Junta de Portavoces. Justo la mañana del jueves, el partido liderado por César Acuña sumó las firmas que faltaban.
Fuente: Diario El Comercio.

Puno sin alimentos y dinero

Bloqueos impiden el ingreso de las partidas para pagar los bonos de solidaridad; se agudiza la escasez de gas y alimentos. Sindican al presidente regional, Richard Hanco y a los seguidores de Evo Morales como responsables de la crisis que afecta a miles de familias

Las consecuencias de la ola de violencia subversiva en la región Puno la pagan miles de humildes familias: la agencia principal del Banco de Nación, en la provincia de San Román, no puede pagar a los beneficiarios los bonos alimenticios, Yanapay, Sequía, Pensión 65, debido a la falta de dinero en la entidad estatal.
Esto se debe a que las partidas presupuestales “no han podido ser repartidas por el bloqueo de las carreteras, las marchas y la inseguridad”, señaló un representante de la entidad. El problema es que los vehículos de caudales no pueden transitar por las vías afectadas, tampoco que el dinero llegue por vía aérea debido a la inseguridad que se vive en el aeropuerto de Juliaca.
“Venimos todos los lunes desde muy lejos a pie y no somos atendidos” indica una ciudadana del distrito de Chupa, provincia Azángaro, quien demanda que se habiliten las atenciones virtuales, debido a las enormes colas. Ahora, solo funcionan los servicios de depósitos, transferencias, trámites y renovación de tarjetas.
Los usuarios ya están cansados de la incertidumbre y la inseguridad como comentó Marcela Soto, una madre de familia que dijo que los casi 300 soles que recibe de uno de los programas sociales, le servían para “comprar algunos alimentos”.
“Creímos en los dirigentes que aseguraban que con la protesta iban a mejorar las cosas, pero ahora vemos que el desabastecimiento es total”. La alimentación de ella y sus tres hijos se limita a comer papa y algunas veces, un jarro de cebada.
Las críticas y el repudio a los cabecillas de la violencia va en aumento. Guik.pe recibió el testimonio de la docente de una escuela de San Román que aseguró que los únicos que pueden comprar alimentos son los cabecilla “porque se han apoderado del dinero que gente ingenua o de buen corazón le entregó para que viajaran a Lima a marchar por la renuncia de Dina Boluarte”.
Desde Lima y otros puntos del país mediante las redes se identifica a los culpables de la crisis que afecta a los más pobres. ¿A quién quejarse? Ellos son causantes de una desgracia en la que el principal responsable es Pedro Castillo Terrones, y sus cómplices Aníbal Torres, Verónika Mendoza, Guido Bellido, Sigrid Bazán e incluso el exgobernante boliviano Evo Morales.
La prédica subversiva de Evo Morales y sus secuaces
“La falta de dinero, el desabastecimiento y los muertos, tienen culpables y uno de ellos es Evo Morales que con su prédica subversiva empujó a la violencia a personas y familias que no sabían por qué protestaban. Ahora miles de puneños pagan las consecuencias”, según Christian Quispe, estudiante de la Universidad del Altiplano.
Pero los afectados no olvidan el papel tan irresponsable del gobernador regional Richard Hanco, sindicado como uno de los azuzadores de la violencia, quien es un seguidor de la propuesta castrochavista de Morales e insiste en el cambio de la Constitución y la renuncia de Dina Boluarte.
De Hanco dicen que es un “individuo con muy poca preparación para gobernar una región y gestionar el desarrollo”, hace poco reiteró su llamado a la población “para que tenga conciencia y continúe en la lucha”.

¿Quién financia más de 60 días de protestas?

“Si yo tengo varias muertes por mi culpa, renuncio al cargo; es una cuestión de lógica, de sentido común”, anunció, pero hasta el momento en que el número de fallecidos sobrepasan los 25, Hanco no renuncia a la presidencia del gobierno regional.
En medio de la crisis, al menos dos emisoras –posiblemente piratas- siguen propalando mensajes y responsabilizando a Lima y a las ciudades de la costa “por el robo de las riquezas de Puno”, sin comentar que Hanco tiene presupuesto para obras pero no sabe cómo gastar.
Engañados por los extremistas
Dante Bobadilla escribió en sus redes sociales que los dirigentes y la gente de Puno “vive quejándose de Lima y ahora le piden que por favor les envíen sus bonos porque no les llega y ya no tienen qué comer. Claro, azuzados por gente como Hanco o Evo Morales, se pasan la vida armando paros, marchas, bloqueos y protestas. ¿Por qué no trabajan?”
Con palabras más fuertes Alberto Zevallos comentó que “las estupideces se pagan. Nunca le reclamaron a Castillo Terrones y ahora se han dejado engañar. El régimen corrupto de Castillo y sus cómplices debe responder por el daño que ha causado no solo a Puno sino al Perú entero”.
A la ola de indignación por la intromisión de los delincuentes que “que se presentan como defensores del pueblo” se suman representantes de artesanos de diversos rubros que fueron obligados a cancelar la fiesta de la Virgen de la Candelaria, cuyo día central fue el pasado 2 de febrero, pero que tradicionalmente se prolongaba por más de un mes.
“Miles de familias que dependen de esta festividad ahora están arruinadas económicamente”, añadió Marcela Quizozala, una joven que maneja un negocio de bordados de trajes para las danzantes de la Virgen.
¿Cuántos familias han perdido sus negocios? Ella estima que son miles, entre propietarios de hoteles y alojamientos, danzantes, guías turísticos, cantantes folclóricos y vendedores de artesanías y hasta los contrabandistas y vendedores ambulantes.
“El daño es grande y esperamos que la población nunca más se deje llevar por los azuzadores, mucho menos por los seguidores de Evo Morales que impunemente siguen ingresando a territorio peruano”, apostilló Quiquizola.
Fuente: Guik.pe

¿Lo vamos a permitir?

Por Fausto Salinas Lovón– Lampadia.
Los destinos turísticos no mueren de causa natural. Los matan. Detrás de la desaparición de importantes destinos turísticos del mundo como Beirut o Acapulco, está la mano violenta del hombre, del crimen, de la violencia política o social. El destino de Machupicchu (y del turismo al Perú), puede ser el mismo, si no se actúa ya.
Beirut era hasta 1975 la suiza de Oriente Medio. Su principal centro financiero y un centro turístico muy importante en el Mediterráneo. Una guerra civil lo borró del mapa turístico.
Acapulco, que fuera el principal destino turístico del pacífico mexicano, hoy día es una de las ciudades más violentas de México y por supuesto, ha dejado de ser un destino turístico mundial.
La violencia desapareció esos destinos turísticos. La violencia puede causar la muerte de Machupicchu si no actuamos ya.
Ayer ingresaron a Machupicchu poco más de 200 visitantes (ingresaban más de 5,000 cada día en el año 2019). Durante los paros del mes de diciembre los trenes dejaron de transportar más de 40,000 personas, entre pobladores y turistas nacionales y extranjeros.
Estas son solo un par de cifras de la crisis actual de este destino turístico. Su gravedad se multiplica si se analiza la cantidad de pasajes de avión perdidos, pasajes de transporte terrestre cancelados, noches de hospedaje o tours cancelados y se advierten los miles de mozos, guías, trabajadores hoteleros, porteadores, taxistas, trasladistas y muchos otros más afectadas en el Sur y en todo el país. La cantidad de emprendedores quebrados y en insolvencia, es aún más dramática.
La causa de todo esto es la violencia. No la guerra religiosa entre musulmanes y cristianos que destruyó Beirut, ni los ajustes de cuentas de los carteles mexicanos que destruyeron Acapulco. Son los actos de violencia que alienta, impulsa y financia nuestra izquierda en su vergonzosa defensa de Castillo, sus fechorías en el gobierno y la pérdida de poder que han sufrido el pasado 7 de diciembre.
La muerte de Machupicchu como destino turístico tendrá responsables. Que no nos cuenten otro relato, ni busquen otros culpables.
Usted que me lee, cuando su hijo no consiga trabajo como guía de turismo o mozo, no me eche la culpa a mí ni a la derecha o a Dina Boluarte. Busque a Bermejo, a Bellido, a Verónica Mendoza, a Sigrid Bazán y a todos aquellos que justifican las protestas de estas semanas.
Usted, que tiene su agencia, su puesto en el mercado artesanal o su quiosco de gaseosas y va a tener que cerrar, no le eche la culpa al centralismo, al liberalismo o a la Constitución de 1993, simplemente vea por quien voto, a quien respaldo y asuma las consecuencias de haberle dado poder a quienes lo están desapareciendo.
Usted que mira desde lejos lo que sucede en el Sur y cree que este es lío de serranos, no se queje cuando su hija pierda el empleo en la línea aérea, el hotel, el restaurant, la sala de masajes o el casino en Trujillo, Lima o Máncora donde van los turistas que llegan por Machupicchu y que dejarán de venir al Perú.
¿Vamos a permitir todo esto? ¿Vamos a dejar que la izquierda, que ya destruyó las instituciones, el gobierno y la economía de todos los peruanos llevándonos a cerca del 10% de inflación, destruya también una de nuestras principales fuentes de empleo digno?
¿Los peruanos vamos a dejar que la injerencia extranjera de Evo, AMLO o Petro destruyan nuestro principal destino turístico?
De ninguna manera. Es hora de actuar.
El Turismo debe ser declarado en EMERGENCIA y tanto el Congreso, como el Gobierno deben actuar para preservar el empleo, el ingreso y el futuro de millones de peruanos.