CANDIDATO OLIVARES RECONOCE QUE SU EMPRESA CONTRATÓ CON ENTIDADES DEL EJECUTIVO CUANDO ERA ASESOR DE LA PCM

Por Convoca.pe
El candidato al Congreso por el Partido Morado, Daniel Olivares, reconoció que la compañía Copiloto S.A.C., en la cual tiene acciones por 500 mil soles, obtuvo contrataciones con entidades del Poder Ejecutivo mientras ocupaba cargos de confianza en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, tal como reveló Convoca.pe en el informe “Candidatos al Legislativo son accionistas de empresas que contrataron con el Estado”.
La publicación de este medio digital tuvo como punto de partida el análisis del contenido de las hojas de vida de los 2331 postulantes al Legislativo registradas en la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cuyo resultado fue contrastado con información de Registros Públicos, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas.
Fue así que se identificó, primero, a 42 candidatos que declararon tener participación accionarial en compañías, y luego a siete postulantes con mayor número de acciones en empresas a las que se otorgaron adjudicaciones por parte de entidades estatales.
Durante una entrevista con RPP Noticias, Daniel Olivares respondió que no hubo ningún contrato entre su empresa Copiloto S.A.C. y la PCM mientras él cumplía funciones en esta entidad del Ejecutivo, entre 2016 y 2017.
No obstante, reconoció que en ese periodo sí hubo contrataciones con otros ministerios, “pero que no entró en conflicto de interés debido a que, por Ley, el impedimento solo aplicaba para la PCM”.
“No hay ningún impedimento legal, mientras trabajaba en la PCM no hubo ningún contrato con Copiloto”, reiteró Olivares.
Convoca.pe publicó que durante octubre de 2016, Copiloto S.A.C. empresa donde Daniel Olivares es accionista, obtuvo contratos con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por 15 mil soles. Mientras que en 2017, la firma brindó servicios por 53 mil 768 soles al Ministerio de Economía y Finanzas; por 32 mil soles con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; por 10 mil soles a Promperú; así como por 25 mil 700 soles con EsSalud.
Cabe recordar que Olivares trabajó de agosto de 2016 a julio de 2017 como asesor en el gabinete de asesores de la PCM; y de agosto a diciembre de 2017 cumplió funciones de secretario general de Comunicaciones en la PCM, durante la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski y el premierato de Fernando Zavala.
Otra compañía en la que el candidato Daniel Olivares tiene participación es Plataformas Creativas S.A.C., dedicada a servicios de asesoramiento empresarial. La empresa se fundó en julio de 2014 con un capital social de 50 mil soles, y a inicios de 2019 registró un capital social de 783 mil soles. De este monto, Olivares declaró ante el JNE tener acciones por más de 9 mil 300 soles.
Plataformas Creativas S.A.C. fue constituida por Olivares y Juan Carlos Pareja Salinas, hijo del exembajador de Perú en Estados Unidos, Carlos Pareja Ríos, designado por el gobierno de Kuczynski.
Entre los socios fundadores de esta empresa también están Samuel Sánchez Gamarra, gerente general del Banco Ripley, y José Raúl Haya de la Torre, gerente corporativo de Comunicaciones de Graña y Montero. 

Vizcarra es el más asustado con las desventuras de Julio Guzmán

Dicen que Martín Vizcarra es el más preocupado con las desventuras del moradito Julio Guzmán, el hombre que supo amar, pero que llorando está, por no saber proteger a su acompañante en un ‘depa’ en la calle Ocharán de Miraflores, donde un lejano mayo de 2018 tuvo lugar el fatídico incendio que lo ha incinerado políticamente. ¿Por qué se preocupa tanto el moqueguano? Por la incertidumbre de los resultados electorales de este domingo.

CONGRESO EUNUCO

El presidente fáctico Martín Vizcarra había cifrado, según fuentes dignas de crédito, todas sus esperanzas para que un Congreso con mayoría morada, sin inmunidad parlamentaria y con rebaja de sueldos de los legisladores, sería el escenario mejor esperado para tener un parlamento eunuco que no propicie nuevas investigaciones en los ya capados o disminuidos casos de Chinchero y de la misma región Moquegua donde el vizcarrino ha logrado hacer archivar al parecer todas las indagaciones.

OPERACIÓN LAVA-TRAMPA

Para nadie es un secreto que los emisarios del Gobierno han ayudado para que encuestas tipo Ipsos favorezca a Guzmán en El Comercio y la operación lava-trampa de Guzmán se concrete lo más antes posible. Y en eso están, incluso con mucho billete, a partir del programilla de Nicolás Lúcar, según fuentes del mismo partido morado. Ya parecía pues rara tanta lisonja del bigotón ese.

ERROR EVIDENTE

¿Cómo fue el diseño –control de daños le llaman los expertos– para sacar al tramposillo del atolladero? Primero se reunió el Ejecutivo del partido bajo el liderazgo de la veterana Zenaida Solís. Ella misma fue la encargada de dar las primeras explicaciones del “error” de su jefe, pero comete la imprudencia de hacer de vocera partidaria con su propia camiseta y su número 5 en el pecho. No pues.

REY DE LOS TROLES

Luego entran en acción Alberto de Belaunde y su carnal Daniel Olivares, el hombre de los troles y trabajos millonarios cobrados a la administración de PPK y del premier Fernando Zavala con su Copiloto S.A.C. Este señor, si así se le puede llamar, es primo de la gerente general de Latina, Luciana Olivares. Estamos hablando de un dato clave porque fue a través de este canal que terminan de lapidar al pegalón Mora con la confirmación de las versiones de la golpiza en boca de su misma esposa, la señora Lilia Jaureguy.

PECADOS MORADOS

Para sacar del apuro al “mantenido” Guzmán no había que parar mientes en nada, aunque sea usando el caso Mora, con tal de morigerar las consecuencias de la bomba del incendio en el presunto nidito de amor de la calle Ocharán. Y de esa forma es como el aparatchik morado hace pagar en el matón Mora los pecados del moradito, que dicho sea de paso eran de vieja data, incluyendo en la selva.

CHICHOBELLO JA, JA, JA

Para entonces ya se habían suspendido las actividades que tenía el “líder” del partido en Arequipa y Puno. Otro elemento curioso fue el uso de una candidata, Úrsula Moscoso, que fue enviada al programa de Phillip Butters para centrarse en el sexo anal como nuevo elemento de distracción. Craso error. Así que la última carta era la de Chichobello Alberto de Belaunde, con su versión de que “hay suficientes elementos para creer en la versión de Julio Guzmán”.

INFORMACION CLASIFICADA

No es que Mora no sabía de las veleidades de Julio Guzmán, en tanto fue jefe de los servicios secretos del chakanato. Pero otro que le sabe mucho más dicen que es Marco Zeballos, el brazo derecho y ex regidor de Susana Villarán procesado en el caso Lava Jato, con información “clasificada” que incluso le permite mantenerse en la cúspide del partido. ¿Será cierto?

DE LA CUBA Y CAMPERO

Quien también sabe más de la cuenta es la primera “mamá Noela” del partido, Rosana de la Cuba, una publicista que habría bancado desde hace tiempo a Guzmán, a través del Comité Ejecutivo Nacional y del mismo villaranista Marco Zevallos. Los detalles ya se conocen. Pero el cogollo económico financiero de Guzmán es mucho más vasto y va más allá del “Papá Noel” minero y millonario Eloy Campero que tiene su mina en Puno.

LOS OTROS MECENAS

Obvio que va mucho más allá, reiteramos. ¿Verdad señor César González, dueño de la clínica González de Lince? ¿Verdad señores de Olva Courier? ¿Verdad señora María Teresa Guzmán Cáceres, hermanísima del tramposito, que usted le maneja una ONG que recauda fondos de la China y la Cochinchina para maquillar el tren de vida y los viajes de su hermanito? Por ahora lo dejamos ahí.
Fuente: Diario EXPRESO.

Personero legal está procesado por el caso Lava Jato

El personero legal del Partido Morado, Marco Antonio Zeballos Bueno, viene siendo investigado por el Ministerio Público por el supuesto delito de asociación ilícita, como consecuencia de la presentación de falsos informes al Jurado Nacionales de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Un informe del programa ’90 Segundos’ recordó que Zeballos, quien fuera regidor de Susana Villarán, en su papel como representante legal de los activistas que se oponían a la revocatoria y en la reelección de la exalcaldesa de Lima, tenía como función brindar información de ingresos al JNE y a la ONPE.
No obstante, el Equipo Especial Lava Jato halló que los informes que presentó disfrazaban el dinero inyectado por las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para la campaña del No a la Revocatoria y la reelección de Villarán.
“Para ocultar el dinero ilícitamente obtenido y hacerlo ingresar al circuito económico nacional, se presentó por intermedio de Marco Antonio Zeballos Bueno, ante el JNE, una relación de ingresos y egresos de campaña y una relación de donantes”, se puede leer en el documento fiscal mostrado por el programa de Latina.
Por este caso, en julio del año pasado, el juez Jorge Chávez Tamariz, titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, aprobó la medida de comparecencia con restricciones contra Zeballos Buenos, que incluye un pago de 10 mil soles como caución.
El mencionado programa periodístico intentó contactarse con el hoy morado, pero este no aceptó una entrevista para dar su versión.
En sus últimas columnas publicadas en el diario Perú21, el periodista Aldo Mariátegui advirtió que “lo peor del Partido Morado es que su importante personero legal Marco Zeballos esté procesado por su actuación con los brasileños y su exjefa Villarán”.
Fuente: Diario EXPRESO.

Por Ricardo Uceda- Diario La República.
El caso de los fondos de Chaglla bajo la lupa de una Fiscal Suprema. Lo que dijo la Resolución 45. ¿Qué pasará con los nuevos procesos de Odebrecht? El desamado Enco. Un tema que requiere transparencia.
La Fiscal Suprema Bersabeth Revilla tiene seis semanas para explorar ilicitud en la devolución a Odebrecht de 524 millones de soles, un dinero remanente de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla. Fue uno de los temas polémicos del 2019. Para permitir el desembolso el Estado admitió dilatar el cobro de su indemnización –de 610 millones– hasta el 2034. El imputado por supuestos delitos de negociación incompatible y omisión de deberes funcionales es Jorge Ramírez, Procurador Ad Hoc para Lava Jato. Ramírez autorizó las condiciones de la reparación civil como parte de un pacto del Ministerio Público con la empresa. El denunciante fue el Procurador Anticorrupción Amado Enco.
Enco, proveniente del IDL, encrespó al activismo anticorrupción, que se mostraba a favor de la devolución del dinero a la constructora. El directivo del IDL Carlos Rivera dijo que, si prosperaba, la denuncia podía traerse abajo las investigaciones. El abogado defensor de Ramírez, Walter Albán, al mismo tiempo miembro del Consejo Directivo de Proética, pidió su destitución. Por su parte, Enco afirmó que el pacto indemnizatorio era perjudicial a los intereses del Estado.
Yendo al dilema
El fondo de la cuestión justifica un escrutinio, que no afecta los procesos. El acuerdo de colaboración de la fiscalía con Odebrecht está cumpliéndose, luego de que la jueza María de los Ángeles Álvarez reconfirmara su homologación en un reciente auto. La empresa ya cobró el dinero de Chaglla, como estaba pactado, y ahora debe entregar la información ofrecida. La indagación de Bersabeth Revilla busca determinar si fue ilícita la fórmula para resarcir al Estado. Es una responsabilidad del Procurador Ad Hoc y no del Ministerio Público.
Según Amado Enco, la ley de colaboración eficaz dicta parámetros inflexibles para el pago de una reparación civil. Debe ser inmediato. Jorge Ramírez la habría violado al aceptar un plazo de 15 años, pues con los fondos existentes el Estado pudo cobrarla casi en su totalidad. Opiniones técnicas discordantes sostienen que el procurador sí podía fraccionar. Es el dilema que debe resolver Revilla. La investigación, por ahora preliminar, podría pasar a una fase preparatoria (previa a una acusación) o ser archivada.
Sorda crisis
Otra controversia es si correspondía retener el dinero de Chaglla hasta asegurar las indemnizaciones por nuevos procesos. El acuerdo con la fiscalía solo comprende cuatro obras públicas. La sentencia homologatoria, del 17 de junio, condiciona la entrega de dinero a Odebrecht a la inexistencia de otras investigaciones distintas a las del convenio. Si hay sospecha de culpabilidad y la empresa no la reconoce ni colabora, los beneficios quedan suspendidos. En ese caso el Ministerio Público debe informarlo lo antes posible, bajo responsabilidad. La jueza dijo que con ello preservaba futuros pagos de reparación civil.
Este punto paralizó al Ministerio de Justicia, que se negó a devolver los fondos hasta esclarecerlo. El Minjus administra el dinero del acuerdo. El procurador Ramírez asumió que había otras investigaciones pendientes –era obvio– y que la resolución judicial impedía la devolución inmediata. Entre junio y octubre del 2019 hubo una sorda crisis. El 25 de julio, el coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela, remitió un informe al Minjus interpretando de otro modo la sentencia. La jueza, arguyó, se había referido solo a las investigaciones preparatorias, que ya estaban judicializadas (e incluidas en el acuerdo), y no a las preliminares, en las que se explora delictuosidad. Conclusión: había que pagar a Odebrecht.
Nuevas dudas
En su informe Vela aludió a Ramírez. Dijo que el si el Procurador Ad Hoc tenía otra interpretación, “ello deberá ser debatido en la vía judicial”. A su vez, Odebrecht consideró que el Minjus incumplía la sentencia, y pidió al Poder Judicial ejecutarla. La jueza Álvarez contestó el 28 de octubre con la Resolución No. 45, aclarando el misterio: se había referido a todas las investigaciones. Preliminares y preparatorias. Pero este documento reservado, que pudo ser leído completamente para esta nota, tampoco acaba con las dudas.
El texto permite interpretar que el fiscal Vela incumplió la sentencia al no informar al Minjus de investigaciones distintas a las del acuerdo. También se comprueba que el procurador Ramírez, con sus legítimas dubitaciones, fue el responsable del retraso en la devolución del dinero. A Ramírez lo presionaba el hecho cierto de que Odebrecht no colaboraría si no cobraba, algo que la fiscalía, dependiente en extremo de la empresa, se encargó de refregarle. La presión también la sintió el Minjus: devolvió dos informes del MEF indicativos de que a Odebrecht se le pagaría con fondos públicos, hasta que obtuvo uno que aseguraba que eran privados. Hay prueba documental del intercambio.
¿Y el Gasoducto?
En cuanto a la oportunidad de la liberación de los fondos, la Resolución 45 reitera la necesidad de preservar futuras reparaciones civiles y que Odebrecht perderá beneficios si no colabora en los nuevos casos. Pero esto implicaría acuerdos y homologaciones que aún no están suscritos. Ya no hay dinero disponible. El caso del Gasoducto del Sur queda en el aire. ¿La fiscalía sospecha que hubo sobornos? Odebrecht no los admite. Según la sentencia, ¿esto debió determinarse antes o después de la devolución?
El trabajo de la fiscal Revilla será complejo. La jueza Álvarez le negó el acceso a la sentencia de junio y también lo haría con la Resolución 45. Sostiene que la difusión depende de las partes. Está claro que no afecta la ejecución de los acuerdos. El Ministerio Público debería cumplir con este mínimo acto de transparencia en un tema de tanto interés público.

¿POR QUÉ PLANETA LE SIGUE PUBLICANDO LIBROS A PEDRO SALINAS? ¿CUÁL ES EL NEGOCIO?

Por Ricardo Sánchez Serra- LaAbeja.pe
El domingo 1 de diciembre el periodista Pedro Salinas presentó una nueva entrega de su colección El caso Sodalicio. Con este son ya cuatro volúmenes en los que el exsodálite recopila artículos que publica en medios locales como, por ejemplo,La República. Al evento, realizado en el marco de la Feria del libro Ricardo Palma, asistieron alrededor de 30 personas. Acompañaron a Salinas en la presentación los abogados Ronald Gamarra y Carlos Rivera. Rivera fue el abogado defensor en la querella por difamación agravada que el periodista enfrentó y perdió en Piura meses atrás. Gamarra es conocido en el medio, al igual que Rivera, por trabajar en el IDL y ser defensor de terroristas.
La publicación y presentación del libro ha suscitado escaso interés. Como se dijo, el domingo acudieron apenas 30 interesados a la presentación. La repercusión mediática ha sido igualmente parca e incluso las redes sociales han castigado con la indiferencia al nuevo tomo del Caso Sodalicio. Quizá la interpretación de este hecho pueda encontrarse en que el contenido del libro es la repetición de un tema cuya cobertura no añade nada significativo al resultado de la investigación que vio la luz el 2015. Es decir, los libros del Caso Sodalicio en buena medida no hacen sino narrar en diferido lo que suscitó Mitad monjes, mitad soldados. Al cuarto tomo de lo mismo, es natural que el público se canse. Sobre todo cuando hablamos de un tema que genera interés solo en un público muy reducido.
Ante esta realidad, la pregunta cae de madura. ¿Por qué una editorial de prestigio como Planeta sigue interesada en publicar este material? ¿A qué público apela? ¿Vende? Se sabe que Pedro Salinas tiene una relación de amistad cercana con la persona encargada de seleccionar el material que se publica. Su nombre es María Fernanda Castillo y su cargo es ser la editora de Planeta en el Perú. Para constatar este vínculo basta mirar en redes sociales cómo comparten espacios comunes más allá de aquellos vinculados a la promoción delos libros que le publica Planeta a Salinas. Por otro lado, también se puede ver una participación muy activa por parte de la señora Castillo en las distintas actividades relacionadas con la promoción de la bibliografía vinculada al Sodalicio. A ello se suma lo que la señora Castillo opina en sus redes sociales a título personal —y tiene todo el derecho de hacerlo— alineada con la narrativa de Pedro Salinas y de Paola Ugaz. Lo que andaría reñido con la ética profesional es que una relación personal pudiera favorecer la publicación de un libro (o una serie de libros) que suscitan tan exiguo interés y tienen poco valor como investigación periodística.¿Acaso la señora Castillo le dedica el mismo tiempo a promover obras de otros autores de Planeta?
Finalmente nos preguntamos. ¿Se venderán los libros de Salinas? ¿O serían editados y promocionados siguiendo la agenda personal de uno de los empleados del Grupo Planeta?

Estado tendría que pagar S/7,192 millones a empresas del Club de la Construcción por concesiones

Son por APP de carreteras en el período 2019-2021

El Estado tiene firmados más de una veintena de contratos firmados con empresas que están siendo investigadas por integrar el Club de la Construcción (grupo de empresas que concertó y pagó sobornos para adjudicarse obras). Como son contratos confinanciados o APP (Asociaciones Público Privadas), el Estado debe cumplir con su parte continuando con su pago.
De acuerdo al Informes Multianuales de Inversiones en Asociaciones Público Privadas, publicados en los portales del Ministerio de Economía (MEF) y Ministerio de Transportes (MTC), los pagos que tiene que realizar al Estado por concesiones a empresas del Club de la Construcción llegarían a S/2,500 millones al año y totalizarían S/7,192 millones.
Entre las empresas investigadas por la fiscalía y que reciben ingresos del Estado están CASA, Graña y Montero, Cosapi, Conalvías, OHL, Constructora Málaga, ICCGSA, Obrainsa, etc.
Fuente: www.gatoencerrado.net/

Vizcarra ‘metiche’ en elecciones 2020

Por ERICK SÁNCHEZ NORIEGA- Diario EXPRESO.
El jefe de Estado, Martín Vizcarra, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, y el titular del Ministerio del Interior, Carlos Morán, se han entrometido en forma reiterada en las elecciones que definirán a los 130 parlamentarios este próximo 26 de enero de 2020.
En más de una ocasión Vizcarra y sus ministros han querido influenciar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que no se permita la candidatura de los congresistas del Parlamento disuelto. No obstante, el máximo tribunal electoral decidió permitir a los parlamentarios disueltos postular, pese a la desazón del Ejecutivo.
Y tal fue la incomodidad del presidente Vizcarra que ayer, durante la inauguración del Centro de Salud de Canchaque, en la provincia piurana de Huancabamba, no desaprovechó la oportunidad para referir a la ciudadanía que debemos elegir bien a nuestros próximos representantes del Parlamento. Incluso refirió qué tipo de congresistas deberían elegir los votantes.
“Hay mucha gente buena en el país, mucha gente competente. Hay mucha gente comprometida que quiere aportar, pero el pueblo normalmente no los elige. Entonces hagamos el esfuerzo y elijamos bien. Los partidos políticos nos van a dar un menú de alternativa, pero finalmente decide el pueblo con la elección”, señaló.
“Una institución sumamente importante en el país es el Congreso, que va a ser nuevamente electo el 26 de enero y es importante que todos hagamos una seria reflexión porque, finalmente, depende del pueblo la elección de los congresistas. Ustedes evalúen y ponga su esfuerzo en analizar a los candidatos”, comentó.
Pero no era la única vez. Antes de conocerse la decisión del pleno del JNE de permitir la elección de los parlamentarios disueltos, el 7 de noviembre en Tumbes para ser exactos, el mandatario dijo no entender la decisión de los ex legisladores de postular en los comicios, pero consideró que la elección de ellos dependería de la ciudadanía.
“No entendemos ese tipo de decisiones que puedan tomar algunos políticos, pero, finalmente, de quién depende: de la población. Creo que después de todo lo que hemos pasado, la población va a ser bastante escrupulosa y va a analizar su voto”, dijo Vizcarra en aquella oportunidad.
Otra ocasión se presentó también este mes. El 5 de noviembre durante la inauguración del XXX Seminario Anual de Investigación CIES 2019, el jefe de Estado indicó que se podrá tener el Congreso “que todos esperamos”, que vaya en la línea en los criterios de lucha contra la corrupción, y que no blinde a personajes cuestionados.
“Tenemos que hacer estos esfuerzos todos, empezando por los partidos políticos, de elegir buenos candidatos para que se ponga a consideración de la ciudadanía. Cuando hablamos de cambio y renovación, quisiéramos ver que también los practiquen los partidos políticos, pero si no lo hacen nos queda una segunda oportunidad, pues la ciudadanía podrá escoger a los mejores candidatos”, dijo.
ARTÍCULO 346
“Yo creo que [en Palacio] están caminando por una línea delgada de lo que es infringir el principio de neutralidad. El artículo 346 de la Ley Orgánica de Elecciones señala que cualquier funcionario público no puede realizar un acto que favorezca o perjudique a un candidato”, opinó el experto en temas electorales, José Manuel Villalobos.
“El principio de neutralidad es una garantía en todo proceso electoral. En primera instancia a través de un Jurado Electoral Especial podría abrirse un procedimiento sancionador menos al presidente de la República, porque tiene inmunidad, luego de él cualquiera puede ser amonestado o sancionado”, añadió.

NO ES EL ÚNICO

El vocero del gobierno, Vicente Zeballos, después de la decisión del JNE de permitir la postulación a los congresistas disueltos, ayer atemperó sus declaraciones anteriores y refirió que, como Ejecutivo, ya habían advertido que la última palabra la tenía el JNE.
Según Zeballos, a pesar que no se tiene conocimiento de la parte argumentativa en la cual se sostiene esta decisión del jurado, “desde un Estado de derecho se respeta la autonomía y la decisión que ha tomado este ente electoral”.
No obstante, esas palabras se contradicen con lo indicado por Zevallos días atrás, registradas en Cajamarca el último 22 de octubre. El presidente del Consejo de Ministros fue firme en decir que “no estaba permitido que los congresistas del Parlamento disuelto postularan ni en el 2020 ni en el 2021”.
“El JNE, como un ente autónomo, tiene la responsabilidad de impulsar este proceso de elección. Tiene la delicada responsabilidad de ceñirse a la ley para poder determinar estas inquietudes”, dijo el premier en un tono poco conciliador.
En esa misma línea, el 9 de noviembre último la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, consideró que los ex parlamentarios del disuelto Congreso no podrían postular a las elecciones congresales propuestas por el jefe del Ejecutivo.
“Tenemos que tener muy claro que el Perú le ha dicho a este Congreso ‘basta, no los queremos’. Ese Congreso fue desactivado constitucionalmente, por lo tanto, no puede ni el 2020 ni el 2021 estar presentes [sus miembros]”, sostuvo aquel día en diálogo con la prensa.
Otro de los ministros entusiastas con el tema fue Carlos Morán, quien el 7 de octubre de 2019 recomendó a los parlamentarios disueltos a dedicarse a otras labores en vez de buscar reelegirse o aferrarse a un cargo.
“Van a tener derecho a sueldo, algunas bonificaciones y también a seguridad policial, los demás van a tener que buscar trabajo o a dedicarse a sus actividades que estaban haciendo anteriormente”, expresó.
“Yo no sé por qué esta necesidad de aferrarse a un cargo. Algún día dejaremos de ser funcionarios públicos y tendremos que trabajar en lo que hacíamos anteriormente”, declaró a la prensa.
TRATA DE MANIPULAR
Para el analista político Fernando Rospigliosi es obvio que el presidente Vizcarra y sus ministros están interesados en que ciertos grupos políticos afines a ellos lleguen al Congreso para ser mayoría y que los grupos de oposición tengan la menor representación posible.
“Creo que el Gobierno, sin duda, crecientemente va a intervenir para tratar de manipular las elecciones de enero.
Esto se veía venir desde que se disolvió el Congreso, obviamente ellos están interesados en que haya grupos que los respalden y que ese grupo sean la mayoría”, dijo.
Para Rospiglisi es claro que el Presidente y sus ministros rompen el equilibrio electoral que se necesita en estas elecciones de enero próximo.
“La intervención del Gobierno tiene un peso muy importante en esta elección y sin duda beneficia a algunos candidatos y perjudica a otros. Claro, eso es parte de la propia política del Gobierno que se comporta violando la ley y atropellando a todo el que se le ponga adelante”, opinó.
El también ex ministro del Interior refirió que debido a que ya no existe un congreso opositor, entonces el Ejecutivo busca a quién golpear para adquirir réditos políticos.
“Vizcarra pretende mantener esa política que le ha permitido subir su popularidad si bien ya no a costa de los congresistas, ahora a través de los ex parlamentarios, pero de ciertos congresistas que son de la oposición que son los que van sus ataques”, finalizó.
TIENEN DERECHO
Para el expresidente del Congreso, Ántero Flores-Aráoz, las declaraciones de Vizcarra Cornejo y de sus ministros no son una intromisión al proceso electoral. Pero consideró que es una actitud imprudente porque deberían mantener la discreción en un tema que no les corresponde.
“Yo no lo veo como una intromisión al proceso electoral porque tienen derecho a expresarse, como lo tenemos todos, lo que sí me parece es que es desatinado e imprudente. Es así porque deben mantener la discreción en un tema que no les corresponde”, aseveró.
Flores-Aráoz recordó que como autoridades deben tener la muñeca política suficiente para responder sobre temas de interés público pero que ameritan su discreción. “Si les preguntan por el asunto electoral deben decir que es un tema del JNE que tiene carácter de autónomo según la Constitución”, finalizó.

19 BENEFICIARIOS

La decisión deL JNE beneficia a 19 exparlamentarios de varios partidos políticos del Congreso disuelto, entre ellos Fuerza Popular, Apra, Solidaridad Nacional, Vamos Perú, Juntos por el Perú, Contigo y posiblemente el Partido Morado.

ORIENTA EL VOTO

El excongresista de Peruanos por el Kambio, Juan Sheput precisó que no solo fue el Presidente quien se ha entrometido en el proceso electoral junto con sus ministros Zeballos, Montenegro y Morán, sino que además está orientando el voto hacia sus posiciones políticas.
“Por supuesto que Vizcarra no debería comentar nada sobre el proceso electoral porque él está hablando sibilinamente. Es decir, está orientando el voto de manera sibilina y por otro lado el debería mantenerse al margen de cualquier tipo de invocación, más aun si lo hace utilizando recursos públicos”, comentó.
Sheput explicó que el Presidente aprovecha la movilización estatal, la inauguración de obras para hacer este tipo de anuncios. “Con ello está utilizando recursos públicos. Por eso creo que el JNE debería actuar de facto ante estas permanentes intromisiones al proceso electoral porque lo está viciando” finalizó.

(Foto: Congreso de la República)

NEUTRALIDAD

El principio de neutralidad en el fondo busca “que no se utilicen los bienes del Estado para favorecer o perjudicar o una campaña. Esto es una regla de toda elección democrática, es decir, que el Ejecutivo sea neutral”, según el experto José Manuel Villalobos.

Gerente general de CASA se acoge a colaboración eficaz por Caso Club de la Construcción

Jaime Sánchez Bernal aportó S/450 mil a la campaña presidencial de PPK. Después, CASA se adjudicó obras por S/1,415 millones.

El ecuatoriano Jaime Sánchez Bernal, gerente general de la empresa Construcción y Administración SA (CASA), subsidiaria de la constructora ecuatoriana Hidalgo e Hidalgo, se está  acogiendo a la colaboración eficaz en el Caso Club de la Construcción, según fuentes del Ministerio Público.
Hace un año que el fiscal Germán Juárez Atoche tiene el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz, quien sería Rodolfo Prialé de la Peña (La República 16/02/19), lobista del denominado “Club de la Construcción” que incrimina a Jaime Sánchez con el ingeniero Martín Vizcarra.
Según este colaborador eficaz, Jaime Sánchez donó S/450 mil (Panorama 22/02/19) para la campaña de segunda vuelta electoral de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), en una reunión en la casa del candidato en la calle Choquehuanca (San Isidro, Lima) en donde además de PPK, Jaime Sánchez y Rodolfo Prialé, también estuvieron presentes el jefe de campaña, Martín Vizcarra; el jefe de personeros, Marcos Prialé, y el secretario de economía, Alfonso Grados, este último fue quien recibió el dinero en efectivo.
Cuando PPK fue presidente, nombró como su primer ministro de Transporte a su vicepresidente Martín Vizcarra (agosto 16-mayo 17), quien tuvo como contratista favorito a CASA. En ese período, esta empresa de capitales ecuatorianos se adjudicó 12 contratos del Ministerio de Transportes (MTC) por S/907.4 millones, el 49% del monto presupuestados para contratos, casi la mitad de las obras. De los 12 contratos, dos se adjudicaron al 100% del valor referencial.
Desde el 28 de julio del 2016 a la fecha, CASA se adjudicó contratos por S/1,415 millones, aunque uno de ellos aún no se ejecuta: la Hidrovía Amazónica, que es rechazado por las comunidades nativas porque afectará la pesca de sus ríos.
OBRAS EN INVESTIGACIÓN
El fiscal Juárez está investigando una obra dentro del Caso Club de la Construcción por la cual CASA habría pagado una coima. Se trata de la carretera Desvío Aeropuerto Pucallpa-Cementerio, que se la adjudicó en el 2013 por S/127.1 millones en consorcio con su matriz Hidalgo e Hidalgo y con la constructora peruana Aramayo SAC–Aramsa, empresa de Federico Aramayo Pinazo.
También CASA es investigada porque cuando César Villanueva fue gobernador regional de San Martín, se adjudicó en esa región la obra “Mejoramiento del Centro de Salud Jerillo” por S/18.5 millones, 5% más que el valor referencial.
INVESTIGADO EN ECUADOR
Hidalgo e Hidalgo, matriz de CASA, es investigada en Ecuador en el llamado Caso Arroz Verde, por presuntamente haber financiado la campaña de Rafael Correa el 2014 con la entrega de US$2 millones.
Fuente: www.gatoencerrado.net

Renuncia Meléndez por audios del trafico de madera

Por Juan C. Ángeles Moreno- Diario EXPRESO.
El primer caso de corrupción del gobierno del presidente Martín Vizcarra remece Palacio: renuncia el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Jorge Meléndez Véliz. Los ahora famosos “audios de la madera”, que vincularon a este alto funcionario con la depredación forestal en Loreto, más el antecedente de la contratación de la madre de su hijo en el Congreso, lo trajeron abajo.
Lo que sigue es la apretada historia de lo que es ahora el primer impase en esta nueva fase del gobierno de la llamada coalición vizcarrista.
Todo empezó cuando el cabecilla de la organización criminal ‘Los Cumaleros del Oriente’, Hitler Pérez Rodríguez, (a) ‘Pitirry’, afirmó que el ahora ex titular el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Meléndez Celis, dilató -cuando estaba en el Congreso- procesos de fiscalización del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) para comercializar madera de forma ilegal, según el portal Ojo Público.
Dicha plataforma accedió a transcripciones de audios que revelarían nexos entre criminales y funcionarios del Estado. En una de las conversaciones, que tiene lugar entre agosto y octubre de 2018, Pérez le dijo a una de sus cómplices que el Gobierno Regional de Loreto, presidido en ese entonces por Fernando Meléndez, hermano del actual titular del Midis, les había dado permisos fraudulentos para explotar y comercializar madera.
En una llamada del 7 de septiembre de 2018, registrada por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), con autorización del Poder Judicial, el mismo Pérez puso en marcha un estratagema para evitar que el Osinfor supervise el sector del bosque de Loreto donde presuntamente extraían la madera para sus negocios y que esas acciones eran por medio del congresista Meléndez.
“Entonces eso lo que, hecho ahorita, [es] por medio del congresista Meléndez (…) Y han logrado posponer de quince a treinta días y eso [se] va a aprovechar”, explicó Pérez a su socio identificado como Mario Vásquez Rodríguez, (a) ‘Mario’.
El 18 de septiembre, el cabecilla de ‘Los Cumaleros’ volvió a nombrar al ahora ministro en un diálogo con su otro socio, de nombre Rodolfo Monteluiza Barbarán, (a) ‘Doctor’. “El jueves empezamos a dar salida a esta huevada, cuando Osinfor entra, no hay nada, nada de volumen, a la mierda. Por eso estamos amarrados con el congresista [Meléndez]. O sea el día jueves”, indicó.
Según la Carta N° 1393-2018-OSINFOR/08, emitida cuatro días antes de la comunicación que sostuvo con Monteluiza, el 14 de septiembre, se ordenaba una supervisión ordinaria a los bosques de la Comunidad Nativa de Monte Rico, ubicada en el distrito de Urarinas, provincia de Loreto. Pero se realizó 32 días después de haber sido ordenada por el Osinfor, entre el 16 y el 20 de octubre, luego que ‘Los Cumaleros del Oriente’ habrían logrado traficar grandes cantidades de madera.
Cuando el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales ejecutó su operativo, constataron que los permisos otorgados por funcionarios del Gobierno Regional de Lotero, identificados como Ricardo Segundo Mayhuasque Hernández (director de Conservación y Diversidad Biológica de Loreto), y Líster Elías Ramírez Bardales, habían sido usados. Es decir ‘Los Cumaleros’ ya habían cumplido con procesar y movilizar 11,761 metros cúbicos de los 11,946 de madera ilegal.
ALTAMENTE PELIGROSOS
En su momento, el Ministerio Público informó que ‘Los Cumaleros’ se dedicaban al blanqueo y exportación de madera ilegal hacia Estados Unidos, México y China. Según el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, vendieron más de 2 millones de metros cúbicos de madera entre el 2009 y 2017, lo que equivale a 75 mil camiones cargados.
“Después de ser capturado por la Diviac el 9 de mayo de este año, Hitler Pérez prefirió guardar silencio sobre lo que dijo del hoy ministro Meléndez en sus comunicaciones. Consultado por la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Contra la Criminalidad Organizada, a cargo de Lucio Sal y Rosas Guerrero, el cabecilla de ‘Los Cumaleros’ dijo no recordar el diálogo en el que mencionó a Meléndez como la autoridad que había facilitado sus acciones para evadir al Osinfor el 2018”, detalló el portal Ojo Público este domingo.
PASADO OSCURO
Entre el 2014 y 2016, Jorge Meléndez fue gerente general de Palmas del Huallaga S.A., cuya firma privada contaba con financiamiento guatemalteco y venezolano y que se instaló hace un lustro en el Bajo Huallaga (San Martín).
El 5 de octubre de 2016, el Gobierno Regional de San Martín notificó a nombre de Meléndez, a pesar de que en julio del mismo año había sido elegido como congresista por el partido Peruanos por el Kambio (PpK), la autorización para el desbosque neto de una extensión de 67,830 hectáreas en el distrito de Pelejo a favor de la empresa Palmas del Huallaga.
Mientras su hermano, Fernando Meléndez Celis, fue investigado por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Loreto por no actuar ante los daños ambientales en su región por parte de la compañía Cacao del Norte S.A.C.
VIZCARRA CON LA CORRUPCIÓN
El exparlamentario Juan Sheput, quien también fue integrante de Peruanos por el Kambio (PpK), manifestó que la lucha contra la corrupción que impulsó el presidente Martín Vizcarra es una farsa, una propuesta que solo lanzó para cerrar el Congreso de la República.
“Esta denuncia pública es gravísima porque el Estado peruano tiene en la tala ilegal una de sus principales luchas. Y que un congresista haya obstaculizado una fiscalización es simplemente ser cómplice de la organización criminal. Esto demuestra que la cacareada lucha contra la corrupción de Vizcarra es una mentira. Esto se da en un ambiente donde no hay un Parlamento que fiscalice. Lo de Meléndez es la punta del iceberg de una gran cantidad de hechos ilícitos que hay en este gobierno. Vizcarra no quería control político”, expresó.
También recordó que Meléndez fue acusado por la ex titular de la Comisión de Ética Parlamentaria, Janet Sánchez, y una ex trabajadora de dicho grupo, de influir en la contratación de la madre de su hijo. Al respecto, el mandatario señaló que aún no hay una denuncia contra su ministro.
“Eso demuestra que el señor Vizcarra tiene doble estándar, con otros funcionarios, por mucho menos, los retiró de inmediato porque estaba en campaña de cerrar el Palacio Legislativo. Pero ahora, que se trata de su amigo personal, como Jorge Meléndez, no hay delito. Es pues una farsa. En materia política no importan las denuncias, sino los indicios, estos casos son contundentes. Hace rato hubiese prescindido de Meléndez”, enfatizó.
También comentó que Carlos Bruce y Salvador Heresi fueron expectorados de los ministerios que dirigían por audios inocuos, pero Meléndez permanece intocable. “Ahora que estamos hablando de una investigación que tiene serios indicios y elementos graves, Vizcarra no hace nada”, concluyó.
“LA CUMALA”
¿Por qué el nombre de ‘cumaleros’ a la banda de tráfico de recursos forestales? Por la sencilla razón de que la madera que más extraían era la cumala, aunque también traficaban con tornillo (9 %), lupuna (8.8%) y el shihuahuaco (5.5%).

Democracia y simbiosis

Por Martha Meier Miro Quesada– Diario EXPRESO.
No cabe duda que en el estallido de las masivas protestas a lo largo de Latino América están infiltrados los castro-chavistas, pero la gran masa que reclama en las calles no comulga, necesariamente, con el fracasado modelo comunista generador de mediocridad y miseria en todos los países donde este se implantó. ¿Qué está pasando? ¿La democracia liberal se ha excedido en su “libertad”? ¿El capitalismo salvaje del que tanto alertaba el Papa Santo, Juan Pablo II es ya indomable?
No es el modelo económico lo que indigna y rebela, sino la distorsión abusiva de este para beneficio de los menos. No es por desprecio a la democracia que la gente llena las calles o aplaude golpes como el de Vizcarra, sino la democracia parásita existente solo para algunos. En 1986 la notable bióloga norteamericana Lynn Margulis (1938-2011) reveló junto a su esposo Carl Sagan algo que sacudió a la élite científica: afirmaron que “la vida no conquistó el planeta combatiendo, sino por trabajar unidos”. Hoy quienes trabajan unidos son los pillos empresarios capaces de vaciar las entrañas de la Pachamama; los constructores cuyos sobrecostos de obras necesarísimas superaron más de 500% el presupuesto original en un país donde uno de cada cuatro niños es anémico y la gente muere de frío, de hambre, por falta de acceso a los servicios de salud y a un trato igual ante la justicia. Es urgente levantar el velo de impunidad protector del sector privado, de esos que saquean y saquearon a sus propios países. La recta administración de la justicia es fundamental para la solidez democrática. Todos los países en los que el “huracán bolivariano” arrecia padecen una justicia-injusta, están desde hace buen tiempo polarizados, y en ese envenenamiento del alma nacional ha jugado un papel nefasto la gran prensa globalista. Por esa grieta de descontento, frustración, indignación y desesperanza, se infiltraron espías cubanos y venezolanos (agentes del comunismo de Castro y Chávez), en nuestro caso ni siquiera se oyen las voces de las vertientes mariateguistas propias de nuestra realidad.
Quizá sea tiempo de poner en práctica lo que dijo la bióloga Margulis, que tiró por los suelos la teoría de la evolución de Darwin (1809-1882) de la “competencia”; Margulis demostró que la evolución dependió de la simbiosis, es decir de la cooperación, interacción y dependencia mutua entre los organismos; una asociación en la que los integrantes se benefician los unos a los otros. Esa es la democracia que necesitamos construir de cara al Bicentenario, decente, simbiótica, enriquecida por el disenso y no asfixiada por el pensamiento único.

Las claves en la investigación del Caso Chinchero

Por Paolo Benza-Diario El Comercio.
El viernes 23, la fiscal Zoila Sueno Chirinos formalizó investigación preparatoria contra ocho ex funcionarios públicos y cinco privados, vinculados a la firma de la adenda del contrato de concesión del aeropuerto de Chinchero, en el 2017.
La tesis fiscal ha variado considerablemente desde que el caso, que era visto por el fiscal José Domingo Pérez, pasó a Sueno, en noviembre del 2018. Pérez adecuó la investigación preliminar para considerar a los funcionarios y a los representantes de Kuntur Wasi como miembros de una organización criminal.
Ahora, en cambio, la fiscal Sueno afirma que los acusados y sus presuntos cómplices solo se habrían concertado para cometer el delito de colusión agravada.
—El caso—
En febrero del 2017, el gobierno del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski firmó una adenda a la concesión de Chinchero, alegando que el contrato original –firmado en el gobierno de Ollanta Humala– no estipulaba un tope al interés de su financiamiento.
Esto, dijo Kuczynski, era lo que había ocasionado que la propuesta final de Kuntur Wasi alcanzara los US$1.120 millones, monto que duplicaba los US$530 millones acordados inicialmente. Entonces, PPK explicó en un mensaje a la nación –plumón y pizarra de por medio– que su adenda eliminaba el problema ocasionado por el interés del proyecto, pues el financista pasaría a ser el Estado.
Esto, sin embargo, encarnaba otros problemas que la fiscalía destaca al formalizar su investigación: se trasladaba el riesgo de la obra al Estado y el dinero debía ser desembolsado a medida que se culminaban las etapas de construcción. No en 15 años, con cinco de gracia, como era antes.
—Irregularidades—
La fiscalía también destaca otras irregularidades en la firma de la adenda. Por ejemplo, que la exviceministra Fiorella Molinelli y los funcionarios del MTC Yaco Rosas, Hernán Muñoz y Gianina Beoutis sostenían que el contrato original no tenía un interés máximo ni una fecha límite de cierre, cuando este argumento –también esgrimido por PPK– había sido rebatido por dos informes de Pro Inversión.
Además, la fiscalía asegura que los representantes de Kuntur Wasi “han tenido una fluida relación con los funcionarios imputados” del MTC durante la elaboración de la adenda. Incluso en una laptop que pertenecía a Kuntur Wasi se encontró un archivo creado en esta computadora que contenía un borrador de la adenda.
En comunicación con este Diario, el asistente de prensa de Fiorella Molinelli señaló que la exviceministra no declararía sobre el caso. En tanto, Alfredo Juan Carlos Dammert y José Balta no respondieron las solicitudes de entrevista, y Camilo Carrillo solo dijo que colaboraría “como cualquier ciudadano con la justicia”
Aunque era titular del MTC cuando se firmó la adenda, el presidente Martín Vizcarra no podría ser procesado hasta que deje el cargo.

Odebrecht reconocerá más pagos ilícitos en otros cuatro proyectos

Por OSCAR QUISPE-Diario Perú21.
Ya no serán solo seis proyectos en los que la constructora Odebrecht admite haber entregado coimas. Esta semana el Ministerio Público prepara nuevos reconocimientos de culpabilidad de parte de la compañía. La responsabilidad delictiva estaría en otras cuatro obras que realizó en la costa y en la selva peruana.
Estas son el proyecto de irrigación Olmos en Lambayeque, el proyecto especial Chavimochic en La Libertad, la ampliación del sistema de agua potable de Iquitos en Loreto y la carretera Tingo María-Aguaytía en Huánuco. Estos se suman a las otras seis obras sobre las que la firma ya aceptó responsabilidad.
Los pagos ilícitos que Odebrecht habría realizado a funcionarios públicos en estos cuatro proyectos ascienden a alrededor de US$2’000,000, según las planillas de la caja de sobornos de la constructora.
En el sistema My Web Day, el software corporativo creado para manejar las operaciones del área de sobornos de Odebrecht, existe una lista de codinomes con referencias de dinero asociadas a esas obras.
DE COSTA A SELVA
El consorcio H2Olmos fue constituido por Odebrecht en octubre de 2009 para ejecutar la construcción y operación del proyecto de irrigación Olmos. En junio de 2010, la compañía firmó un contrato de concesión por 25 años con el Gobierno Regional de Lambayeque. La construcción terminó en noviembre de 2014. A partir de entonces, empezó la etapa de operación.
Según las planillas, la empresa realizó dos pagos a ‘Charlie’ por US$126,315 en marzo y abril de 2014. El personaje que está detrás de ese codinome será identificado próximamente por la compañía que está sometida a un proceso de colaboración eficaz.
El otro proyecto de irrigación en el que hubo pagos ilícitos fue Chavimochic. En diciembre de 2013, el Gobierno Regional de La Libertad otorgó la buena pro a Odebrecht. El primer pago ilícito se realizó en marzo de 2014 por US$421,000 a ‘Radox’. Dos meses después, en mayo, la compañía firmó el contrato de concesión. Y en junio se realizó un segundo pago por US$26,000 a ‘Escorpión’.Los sobornos también llegaron a la selva. En Iquitos, Odebrecht ganó una obra para colocar agua potable en noviembre de 2006. Una planilla revela que desde ese año hasta 2010 la compañía realizó pagos ilícitos a un personaje identificado como ‘Río’. Los abonos ascienden a US$1’258,200.
La Contraloría evaluó la obra de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y detectó un perjuicio económico por S/9’375,952. Según la entidad, la responsabilidad penal recaería sobre 10 exfuncionarios de la Empresa Prestadora de Servicios SedaLoreto.
Además de Loreto, Odebrecht también operó en la selva de Huánuco. En diciembre de 2002, la constructora firmó un contrato con Provías Nacional para la construcción de la carretera Tingo María-Aguaytía.
La obra se adjudicó por un monto de US$29’982,000, pero terminó en US$42’420,00. En las planillas de Odebrecht hay registros de tres pagos que ascienden a US$45,000 en junio de 2006.
QUE QUEDE EN ACTA
El Ministerio Público ha explicado en reiteradas oportunidades que el reconocimiento de hechos ilícitos es voluntario en el marco del acuerdo de colaboración eficaz que firmó Odebrecht con el Ministerio Público. Es por eso que, según fuentes de Perú21, los abogados de la constructora se acercarán esta semana a las oficinas del equipo Lava Jato para formalizar su reconocimiento de culpabilidad en las citadas obras.
Además, también se ha podido conocer que la compañía está entregando información, que se encuentra en los servidores, sobre sus vínculos con los gobiernos regionales.
Parte de esta información está vinculada a la obra vial San José de Sisa en la región San Martín que compromete seriamente al exgobernador y actual congresista César Villanueva.
También, Odebrecht está haciendo la búsqueda de sus registros de aportes de dinero a candidatos que postularon al Congreso. Estos pagos se realizaron para la campaña legislativa de 2011.
Mientras todo esto sucede, en el Poder Judicial la jueza María Álvarez, que homologó el acuerdo de colaboración, prepara la respuesta para, de una vez por todas, saber si a la constructora le corresponde o no recibir el dinero que reclama por la venta de la hidroeléctrica Chaglla. De esto depende mucho el futuro de las investigaciones.
Los fiscales y la constructora están preparando una nueva ronda de interrogatorios a los exdirectivos de Odebrecht para decodificar más codinomes.
* Más pagos en la obra vial San José de Sisa estarían registrados en las planillas de Odebrecht. Por este caso será investigado César Villanueva.
Los periodistas que trabajaron para Odebrecht no se salvan. La compañía también está recopilando información sobre este tema para entregarla a la Fiscalía.
* Jorge Barata no negó en su último interrogatorio que haya pagado coimas a funcionarios por el proyecto Gasoducto Sur Peruano.
* La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, autorizó que seis casos que se encuentran en la Fiscalía Anticorrupción pasen “lo más rápido posible” al poder del equipo especial Lava Jato.
UN MINISTRO DE CULTURA PARA DEFENDER AL CULTURICIDIO Y AL ELEFANTE BLANCO DE CHINCHERO, PERO NI ESTO LO SABE HACER BIEN
Los que estamos siguiendo de cerca del tema Chinchero y del triste desempeño del Ministerio de Cultura en este proyecto no dejamos de sorprendernos de cómo el actual gobierno busca convertir justamente al Ministerio cuya obligación intrínseca es salvaguardar el patrimonio cultural en facilitador y entidad de blindaje para su destrucción.
Lo que no se logró con el tristemente célebre Mr. CARTUC (Rogers Valencia), bajo cuya gestión se suspendió la multa por la escandalosa obra destructora del Centro Histórico del Cusco, el mamotreto arquitectónico del Hotel Sheraton sobre 5 andenes incas, y lo que no se logró con la ministra Ulla Holmquist, quien probablemente se enfermó por problemas de conciencia, al vivir dentro de ella la contradicción de firmar la petición para salvar a Chinchero (con 80,000 firmas de respaldo) y luego tener que blindar y facilitar su destrucción, ahora le toca a hacerlo al ministro Castillo. Pero parece que él tampoco tendrá éxito en ello.
Dice el ministro Castillo en la entrevista, publicada el pasado domingo 18 de agosto en La Republica que asumió el Ministerio, que se ha tomado un mes en analizar todas las críticas y opiniones y que ha estudiado sendos informes del Cusco y que tiene que dar en estricto cumplimiento del marco legal existente, despreciando las sustentaciones científicas y legales de expertos en la materia como caprichos, observaciones antojadizas u opiniones.
Muy bien, si ha analizado un mes el caso Chinchero y si verdaderamente quiere cumplir estrictamente la ley y sus funciones, como es que hasta ahora no se ha enterado (¿o lo sabe muy bien y calla?) que con la R. D. N° 988/INC, del 22 de junio del 2006, el Valle Sagrado de los Incas fue declarado “Patrimonio Cultural de la Nación” por ser un paisaje CULTURAL ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO y que en TODO su territorio “CUALQUIER PROYECTO DE OBRA NUEVA… QUE PUDIESE AFECTAR O ALTERAR EL PAISAJE CULTURAL ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO DEBERÁ CONTAR CON LA APROBACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA“. Siendo reforzado el respectivo artículo con la especificación que es obligación del Estado y la sociedad de proteger el patrimonio cultural de la Nación, conforme el artículo 2º de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación–Ley N° 28296, y el artículo 22º, inciso 1 de la misma ley).
Nos preguntamos ¿qué engaña muchachos o burla es decir “El ministerio de Cultura no autoriza aeropuertos” y que “toda la responsabilidad de la deformación del Valle Sagrado la tienen las autoridades municipales”?
Además, nos preguntamos ¿de qué ha servido entonces el plan maestro, entrado en vigor el año 2009 que también cuenta con una clara delimitación territorial (ver imagen la que el ministro niega o desconoce) y de qué sirven los planes urbanos que el INC (hoy Ministerio de Cultura) ha trabajado con los municipios del Valle Sagrado y para qué sirve el convenio del 2007 con cinco municipios locales (Urubamba, Calca, Anta, Ollantaytambo y Chinchero) para preservar la zona del ámbito del Valle Sagrado de los Incas? Este último se basa en la afirmación que el Valle Sagrado de los Incas “es afectado por la afluencia desordenada de turistas y por la contaminación” y en el compromiso “los impresionantes restos arqueológicos y los caminos prehispánicos, así como la abundante y variada flora y fauna del Valle Sagrado de los Incas, serán preservados por las autoridades cusqueñas”.
Además, nos preguntamos ¿para qué entonces el Ministerio de Cultura desde el 2011 en base al Decreto Supremo Nº 002-2011-MC cuenta con una Dirección de Paisaje Cultural con la función de asegurar la preservación y puesta en valor de los paisajes culturales del país? Estos paisajes culturales son definidos por el indicado DS entre otros como “LOS BIENES CULTURALES QUE REPRESENTAN LAS OBRAS CONJUNTAS DEL HOMBRE Y LA NATURALEZA, ILUSTRAN LA EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD HUMANA Y SUS ASENTAMIENTOS A LO LARGO DEL TIEMPO, CONDICIONADOS POR LAS LIMITACIONES Y/O OPORTUNIDADES FÍSICAS QUE PRESENTA SU ENTORNO NATURAL. POR LO QUE EL MANEJO Y GESTIÓN TIENEN EN CONSIDERACIÓN SU EVOLUCIÓN EN TÉRMINOS ESPACIALES-TERRITORIALES POR LOS CONDICIONANTES ECOLÓGICOS Y LA ACTIVIDAD HUMANA DE ÍNDOLE ECONÓMICA, SOCIAL Y CULTURAL, SON DETERMINANTES EN EL PAISAJE CULTURAL”.
Considerando que desde el 2011 existe esta dirección con una dependencia también en la Dirección Desconcentrada del Cusco, y considerando que el Valle Sagrado como Paisaje Cultural formalmente declarado existe desde el 2006 y que por nuestra información aún no hay otro en el país, nos preguntamos seriamente:
¿De qué nos sirve un Ministerio de Cultura y para qué nos castiguen con ministros como Luis Jaime Castillo?
Fuente: Unión Ciudadana por un Aeropuerto con Dignidad.

Tía María: Mirian Morales, la secretaria de Palacio de Gobierno asesoró a Vizcarra en conflicto

Mirian Morales, secretaria general de Palacio de Gobierno, se ha convertido en la mano derecha del presidente Martín Vizcarra y en una de las personas más poderosas del Gobierno, al punto que habría asumido funciones que recaen sobre la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Según el programa ‘Panorama’, ella se ha convertido en la persona que más escucha Vizcarra y en la protagonista de discordias entre el mandatario y los integrantes de su Gabinete Ministerial.
Según el dominical, Morales fue la operadora en el conflicto social por el proyecto Tía María en Islay y todo indica que fue quien influyó sobre la decisión presidencial de suspender la licencia a Southern Copper Corporation.
Mirian Morales también participa en los Consejos de Ministros y en el chat de WhatsApp que ellos tienen. Sus coordinaciones también se extienden hasta la bancada Peruanos por el Kambio (PpK).

¿Quién es ella?

En 2011 Mirian Morales participó en la mesa de diálogo que encaminó el proyecto minero Quellaveco y que fue liderada por Vizcarra. Con un máster en política y gestión medioambiental, en 2016 llegó recomendada al equipo de Pedro Pablo Kuczynski en el 2016.
En agosto de ese año fue nombrada directora general de la Dirección de Asuntos Socioambientales del MTC, que dependía de la entonces viceministra Fiorella Molinelli. Se perfiló como una funcionaria directa con capacidad de resolver conflictos sociales, como Las Bambas y Chincheros.
Tras llegar al Perú para asumir la presidencia, Vizcarra la llamó y junto a Iván Manchego y Maximiliano Aguiar plasmaron las ideas de su primer mensaje a la Nación. Fue nombrada secretaria general de Palacio de Gobierno.
Según ‘Panorama’, pese a no ser parte de su competencia, Mirian Morales envió a Pamela Gonzales Samamé y Marco Cappillo Salazar, asignados al Despacho Presidencial, a Arequipa, a fin de que le enviaran reportes sobre el conflicto social por Tía María.
Al respecto, la Presidencia de la República señaló: “La Secretaría General de Presidencia, y el equipo que trabaja en esa oficina, son responsables de brindar asistencia técnica y administrativa al señor Presidente de la República, a través de la coordinación y supervisión de reuniones con diversas instituciones públicas y sectores representativos de la ciudadanía”.
“Es por ello que pueden participar de dichas reuniones y cumplir encargos específicos como el monitoreo de temas identificados por el Ejecutivo”, agregó.
Cabe indicar que el hermano de Mirian Morales, Juan Alarico Morales Córdova, fue designado hace unos días como asesor de la Gerencia General de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).
Fuente: Diario Gestión.

Gestión de Villanueva en San Martín aprobó pago de S/44.9 millones en exceso a 3 consorcios

Por Giovanna Castañeda Palomino– Diario El Comercio.
La empresa brasileña Odebrecht no ha sido la única constructora implicada en el Caso Lava Jato que ganó una licitación para construir carreteras durante la gestión del congresista y ex primer ministro César Villanueva como presidente regional de San Martín (ocupó el cargo en dos períodos, entre el 2007 y 2010 y entre el 2011 y el 2014).
Otras tres empresas que el equipo especial de la fiscalía investiga por el caso del ‘club de la construcción’ obtuvieron millonarias adjudicaciones, todas con un aumento promedio del 7% del valor referencial, equivalente a S/44’980.883. Las constructoras son Hidalgo e Hidalgo S.A., Construcción y Administración S.A. (CASA) e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA). En total, contando la carretera San José de Sisa, adjudicada a Odebrecht, se han desembolsado S/54’480,883.
El Comercio revisó todos los procesos de licitación de carreteras que se dieron durante la administración de Villanueva en la región San Martín. Tres de ellos, los que ganaron Hidalgo e Hidalgo, CASA e ICCGSA, fueron adjudicados desde el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM), perteneciente al gobierno regional, entre el 2010 y el 2013.
El PEHCBM es una unidad ejecutora encargada de construir y ejecutar estos proyectos. Esta institución fue la que en el 2008 también adjudicó la carretera Cuñumbuque–Zapatero–San José de Sisa a Odebrecht por S/109 millones, 9.5% más del valor referencial (que es lo que el Estado considera que cuesta un proyecto específico).
En el último interrogatorio en Brasil, el exjefe de la constructora brasileña en el Perú Jorge Barata declaró ante miembros del equipo especial Lava Jato que Odebrecht pagó US$60.000 a César Villanueva por la buena pro de ese proyecto. La fiscalía anticorrupción de Tarapoto investigó las presuntas irregularidades en el proceso de licitación.
—¿La regla del 7?—
Odebrecht ha reconocido que pagó sobornos por la rehabilitación y mejoramiento de la carretera San José de Sisa. Pero otro tramo de carretera cercano, ubicado en las provincias de El Dorado y Bellavista, fue adjudicado en el 2012 a otras constructoras implicadas en el caso del ‘club de la construcción’.
El Consorcio Bellavista, conformado por Hidalgo e Hidalgo S.A. y CASA, ganó la buena pro de la rehabilitación y mejoramiento del tramo San José de Sisa–Agua Blanca–San Pablo con un valor adjudicado de S/165’025.825. Exactamente, 7% más del valor referencial, que era de S/154’824.338.
El presidente del comité de licitación del PEHCBM era Juan Carlos Silva Dávila, quien fue jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de dicha institución cuando se adjudicó el tramo de la carretera de San José de Sisa a Odebrecht.
El 14 de enero del 2013, meses después de esta adjudicación, el entonces presidente regional César Villanueva firmó una ordenanza regional que aprobaba la actualización del “Plan vial departamental participativo 2012-2021 de la región San Martín”. En el documento, al que accedió este Diario, se señalaba que la finalidad era “contribuir al proceso de descentralización, […] para asegurar el desarrollo y mantenimiento de la red vial”.
En este plan estaba incluido el tramo San José de Sisa–Agua Blanca–San Pablo. También la red vial regional Alto Huallaga Bajo Mayo y Bajo Huallaga y la red vial regional del Huallaga Central. Estas dos redes viales terminaron siendo millonarios contratos adjudicados a CASA, Hidalgo e Hidalgo e ICCGSA.Para la primera red vial, que constaba de 181.38 kilómetros e incluía siete rutas, el PEHCBM convocó a licitación el 11 de noviembre del 2013. Si bien fue 12 días después de que Villanueva dejara el cargo para ser primer ministro del gobierno de Ollanta Humala, el presupuesto ya estaba programado desde inicios de año.
El 14 de febrero del 2014, el Consorcio Conservador, conformado por Hidalgo e Hidalgo, CASA y Promoción y Gestión, ganó la buena pro: fue adjudicado a S/312’108.023. El valor referencial era de S/291’878.413. Es decir, el PEHCBM desembolsó un precio 7% más alto.
En la segunda red vial, un corredor logístico de 103 kilómetros, la historia es similar. Fue convocado el 12 de noviembre del 2013, un día después que la anterior red vial. La buena pro la obtuvo el Consorcio Vial San Martín, conformado por Corporación Mayo S.A.C. e ICCGSA. La adjudicación fue por S/236’548.960, cerca de S/15 millones más que el valor referencial (exactamente 6,55% más).
¿Cuáles eran las propuestas económicas de los postores que perdieron en los tres procesos? En el tramo de la carretera San José de Sisa–Agua Blanca–San Pablo hubo un único postor; en los otros dos analizados tuvieron un competidor. En ambos casos propusieron precios un 9% mayor que los valores referenciales.
En mayo pasado, este Diario analizó las 18 obras en las que la fiscalía considera “altamente probable” que hubo pago de sobornos por parte del ‘club de la construcción’. El análisis indicó que las firmas postularon con un promedio del 107% del valor referencial de la obra, como las tres de San Martín. Generalmente, oscilaban entre el 7% y 9% del precio fijado por la entidad.
El abogado Alberto Retamozo, experto en contrataciones del Estado, señaló que “hay patrones que generan duda y sospecha”. Precisó que si se acredita que existe una coordinación entre los funcionarios y las empresas, existiría el delito de colusión. Añadió que el solo hecho de que se haya acordado el valor a un 107% no es ilegal, pero se trataría de una sanción administrativa al concertar los precios.
—Los descargos—
El pasado jueves, este Diario se comunicó con Villanueva. A través de una llamada a su escaño en el último pleno, dijo que desconocía los detalles de las tres millonarias licitaciones. “Si existe alguna irregularidad, que se investigue. No tengo más información sobre esos procesos”, afirmó.
El exfuncionario del PEHCBM Juan Carlos Silva Dávila no respondió nuestras llamadas ni mensajes.
El Comercio trató de comunicarse con todas las empresas mencionadas en este informe a través de correos electrónicos y por vía telefónica. Desde Promoción y Gestión, una de las compañías que fue en consorcio con Hidalgo e Hidalgo y CASA, respondieron que “no hubo irregularidades” en la licitación que ganaron y que están dispuestos a acudir a una eventual citación fiscal por el caso.
Por su parte, ICCGSA respondió a este Diario que la oferta presentada por la licitación –con la que ganó– fue considerando “la dificultad de trabajar en la zona de selva”, el sistema de contratación y la modalidad. “El consorcio detectó deficiencias en el perfil [de la convocatoria] y presentó su oferta 6,5% por encima del valor referencial”, sostuvieron. Agregaron que la fiscalía a cargo del caso del ‘club de la construcción’ no está investigando este proyecto.

Tiempo de actuar

Por Martha Meier Miró Quesada– Diario EXPRESO.
El proyecto vizcarrista cada día se parece más al castro-chavismo, a los fracasados modelos del marxismo posmoderno. Vizcarra nos aleja de la institucionalidad democrática y de la posibilidad de progreso. Es su responsabilidad y de quienes lo aplauden: el incremento del desempleo y de la pobreza extrema, que la anemia ataque hoy a cuatro de cada diez niños (40%), y que 18 % de jóvenes hayan caído en la categoría “nini” (ni trabajan-ni estudian). A esto hay que sumar la incapacidad gobiernista para ejecutar las obras que el país reclama, basta un ejemplo: a casi tres años de los desbordes y lluvias apenas hay un avance de 12 % en la reconstrucción.
Sus mentiras, su doble discurso y el histriónico acercamiento a sindicatos (como el de construcción) y a las Fuerzas Armadas lo llevaron a perder a las últimas tres personas de peso en su bancada, la vicepresidenta Mercedes Aráoz, y los exministros Carlos Bruce y Ana María Choquehuanca. Vizcarra está más solo que nunca. ¿Quién puede haberle metido en la cabeza que es posible gobernar sin partido y con el supuesto apoyo de la calle? Solamente su asesor peronista Maximiliano Aguiar, el problema es que su contratante no es Evita ni los pobres del Perú lo han mistificado como los descamisados argentinos a su “santa”.
El premier Salvador del Solar se ha convertido en vocero del desastre. Tratando de apaciguar las revoltosas aguas citó la conocida frase de Basadre, “El Perú es más grande que sus problemas”, olvidando que Basadre nos legó pensamientos más útiles para los momentos en que los enemigos de la república arrecian, empezando por el que comanda. Escribió el gran Basadre que los tres grandes enemigos de la promesa de la vida peruana eran los Podridos, los Congelados y los Incendiados.
“Los Podridos -anotó- han prostituido y prostituyen palabras, conceptos, hechos e instituciones al servicio de sus medros, de sus granjerías, de sus instintos y de sus apasionamientos. Los Congelados se han encerrado dentro de ellos mismos, no miran sino a quienes son sus iguales y a quienes son sus dependientes, considerando que nada más existe. Los Incendiados se queman sin iluminar, se agitan sin construir”.
¿Les suena? El gran historiador enseña que “Toda la clave del futuro está allí: que el Perú escape del peligro de no ser sino una charca, de volverse un páramo o de convertirse en una gigantesca fogata. Que el Perú no se pierda por la obra o inacción de los peruanos”. Estimados, llegó la hora de actuar a favor del país y no de achicarse frente a la amenaza activa del comunismo posmoderno que nos quiere convertir en una nueva Venezuela chavista.

ONG que reciben mayor cooperación

Por SANDRA ALVARADO– Diario Gestión.
Desde que el Perú pasó de ser un país de renta media baja a renta media alta, una de las preocupaciones que surgió es cuál sería el impacto en la cooperación internacional.
Al respecto, el director ejecutivo de la Agencias Peruana de Cooperación Internacional (APCI), José Antonio González Norris, manifestó a Gestión que si bien se aprecia una disminución, el apoyo “no se ha desplomado”.
En los últimos tres años se detuvo la reducción, de los US$337 millones que se recibieron en el 2014, se elevó a US$399 millones en el 2017. “Es mérito del diálogo político que se ha establecido con los países desarrollados para entender de que el PBI per cápita no basta, y hay otros elementos que hay que tener en cuenta en este intercambio de desarrollo”, expresó González Norris.
Señaló que el Perú ha tratado de mantener una relación más integral con los países cooperantes.
Los que más reciben
De los US$399 millones que se recibieron, el 65% corresponde a la cooperación oficial, mientras que el 35% restante a la cooperación no gubernamental y el 15% es multilateral, detalló a agencia.
¿Y cuáles son las ONG naciones que ejecutan el mayor monto de cooperación? La lista la encabeza World Vision Perú, con US$11 millones 450 mil, le sigue Care Perú, con US$7.8 millones.
Igualmente detalla que entre las principales ejecutoras internacionales están: Socios en Salud-Sucursal Perú, con US$ 8.2 millones. Le siguen Plan International Inc (US$ 7 millones) y World Wildlife Fund (US$ 6.6 millones).Temas de interés
El director ejecutivo de la APCI manifestó que la cooperación internacional que se recibe siempre ha tenido como uno de sus principales puntos la inclusión social y acceso a servicios básicos.
Añadió que en los últimos años ha crecido significativamente lo relacionado al medio ambiente y recursos naturales. Del mismo modo, hay una tendencia hacia el tema de género.
También la cooperación se enfoca en la gobernabilidad, economía (empleo y desarrollo regional).