PPK no aprende

El juez Richard Concepción Carhuancho ordenó el arresto preventivo del expresidente Alejandro Toledo, acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
A pedido de la fiscalía, el juez dictó la orden de detención nacional e internacional de Toledo por supuestamente haber recibido un soborno de US$20 millones de Odebrecht.
La fiscalía acusa a Toledo de tráfico de influencias y lavado de activos que pesan sobre él. El exmandatario niega las acusaciones.

Prisión preventiva

Toledo, que hasta el fin de semana se reportó que estaba en Francia, tiene su residencia habitual en Estados Unidos, donde trabaja en la Universidad de Stanford.
Precisamente ese fue una de las razones del juez, Richard Concepción, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Sala Penal Nacional, para dictar la orden de detención.
Otras razones esgrimidas por el magistrado fueron la complejidad del caso y la gravedad de los delitos.

El abogado de Toledo, el excongresista Heriberto Jiménez, había solicitado que el expresidente tuviera un régimen de comparecencias periódicas en lugar de la prisión preventiva.
El fiscal Hamilton Castro acusa a Toledo de acordar con Odebrecht el soborno a cambio de la licitación de la Carretera Interoceánica del Sur, que atraviesa el país desde la costa hasta Brasil.
La fiscalía asegura tener identificados unos US$9 millones pagados en cuentas en el extranjero de Josef Maiman, empresario a quien la investigación considera testaferro de Toledo.

Escándalo de corrupción

En diciembre pasado, ejecutivos de la constructora reconocieron ante las autoridades judiciales estadounidenses que la firma había cometido actos de corrupción incluyendo el pago de cerca de US$788 millones en sobornos.
Y varios presidentes y exmandatarios se vieron salpicados por las acusaciones de recibir ‘coimas’ a cambio de que Odebrecht consiguiera contratos en la obra pública de los distintos países, entre otros beneficios.
En Perú, la Fiscalía investiga sobornos por US$29 millones entregados entre 2005 y 2014, años que comprenden los gobiernos de Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
Pero la investigación abarca actos de corrupción en 12 países de Latinoamérica y África.
Los pagos se hicieron en relación con más de 100 proyectos en 12 países, entre ellos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, y Venezuela, además de Perú.
Fuente: www.bbc.com

¿Aguas podridas?

Cuatro oficios de los papeles brasileños relacionan al exministro aprista Hernán Garrido Lecca con pago de coimas vinculadas a la Planta de Tratamiento de Huachipa adjudicada en junio de 2008 al consorcio de Camargo Corrêa y OTV de Francia. Aparece con una supuesta asignación de US$1 millón. También el fallecido exviceministro Juan Sarmiento (US$ 450 mil), el expresidente de Sedapal Guillermo León (US$ 1 millón) y el exgerente del mismo organismo Umberto Olcese (US$ 300 mil). Mediante comunicado, la constructora ha negado “categóricamente haber realizado pagos irregulares”.
Fuente: Revista CARETAS.

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Por Oscar Cornetero- Diario Correo.
En medio del escándalo de pago de coimas de Odebrecht a Alejandro Toledo, los legisladores Karina Beteta (FP) y Víctor Andrés García Belaunde pidieron la renuncia de la ministra de la Mujer, Ana María Romero-Lozada, por haber sido directora ejecutiva del Centro Global para el Desarrollo y la Democracia (CGDD), ONG que recibió dinero de la constructora brasileña y que fue fundada por el ex líder de Perú Posible.
“Para que el actual gobierno no se vea involucrado por encubrir actos de corrupción de las coimas entregadas en el gobierno de Alejandro Toledo, la ministra debería dar un paso al costado”, opinó Beteta.
Resaltó que Odebrecht entregó 20 millones de dólares a Toledo a cambio de ser beneficiada con la construcción de la Carretera Interoceánica.
Por su parte, García Belaunde coincidió con su colega. “La ministra Romero debería renunciar al cargo, por sentido común y ética. Ella fue administradora de una ONG que funcionó con dinero mal habido”, precisó.
Subrayó que si PPK dice que le da vergüenza Alejandro Toledo, “¿qué hace con una ministra que fue designada por Toledo?”.
A “LAVA JATO”
En tanto, Karina Beteta, miembro de la comisión “Lava Jato”, aseguró que la integrante del Ejecutivo debe ser citada a dicho grupo de trabajo.
“Vamos a citarla. De hecho que tiene que ir la ministra, porque ella ha sido parte de esta ONG”, indicó. Dicha propuesta fue apoyada por García Belaunde.

Mauricio Mulder se preguntó ¿qué pacto tiene el presidente Pedro Pablo Kucyznski con Alejandro Toledo para haberle dado el manejo de un ministerio a una ex funcionaria suya?
Indicó que tras conocerse que el ex representante de Odebrecht, Jorge Barata, reveló ante la Fiscalía la entrega de un presunto soborno de 20 millones de dólares a Toledo, la ministra de la Mujer “hace rato debió haber renunciado”.
Su colega Héctor Becerril señaló que en el gobierno “parece que no conocen el decoro, ni la ética, ni la moral” porque, de lo contrario, la ministra ya hubiera puesto su cargo a disposición.
“La ministra debió haber renunciado porque su permanencia golpea al gobierno en medio de las denuncias contra Alejandro Toledo”, sentenció.
Fuente: Diario Perú21.El portavoz alterno de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, pidió que la ministra de la Mujer, Ana María Romero Lozada, dé un paso al costado y renuncie a su cargo. Esto debido a que ella dirigió la ONG Centro Global para el Desarrollo y la Democracia, fundada por el ex presidente Alejandro Toledo y que recibió financiamiento de la empresa brasileña Odebrecht.
“Espero que la ministra por un acto de decencia presente su carta de renuncia a la brevedad posible”, indicó el fujimorista en declaraciones a la prensa en el Hall de los Pasos Perdidos del Parlamento.
Según el informe del ex congresista Juan Pari, quien dirigió la anterior Comisión Lava Jato,  la ONG dirigida por Romero recibió una transferencia de US$ 71,536 de la firma brasileña.
En diálogo con el diario “Perú21”, Romero Lozada indicó que los fondos donados por Odebrecht se utilizaron para la realización de cinco eventos de la ONG entre el 2009 y 2011.
Salaverry, además, opinó que el ex presidente Toledo debe “estar tras las rejas”, luego de que la fiscalía revelara que el líder de Perú Posible habría recibido US$20 millones de parte de Odebrecht a cambio de la buena pro de los tramos II y III de la carretera Interoceánica.
“Dadas las pruebas y los hallazgos en las cuentas del señor Maiman, quien a todas luces es el testaferro de Toledo yo creo que el ex presidente debería estar tras las rejas, en prisión preventiva”, subrayó.
Fuente: Diario El Comercio.

Con la anuencia del Poder Judicial, la madrugada del sábado 4 de febrero autoridades del Ministerio Público allanaron la residencia del expresidente Alejandro Toledo, ubicada en la urbanización de Camacho (La Molina).
Esta medida se toma en el marco de la vinculación confirmada que tuvo el exmandatario con los sobornos repartidos por la empresa Odebrecht a cientos de altos funcionarios públicos del país.
El caso de Toledo tendría que ver con sobornos de 20 millones de dólares por la licitación de la carretera Interoceánica, en la adjudicación de los tramos II y III.
El pedido de allanamiento provino por parte de la Primera Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Hamilton Castro, quien lleva meses investigando el caso de los sobornos de Odebrecht.
El titular de la Primera Fiscalía Anticorrupción planteó este pedido a raíz de la versión de un colaborar eficaz que vinculó a Alejandro Toledo con los sobornos entregados para la adjudicación de los tramos II y III de la Carretera Interoceánica Sur.
Fuente: www.lucidez.pe

Cucaracha

El exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, es el colaborador eficaz que reveló al Ministerio Público haberle pagado millonarios sobornos al expresidente Alejandro Toledo.
Al exmandatario se le acusa de haber recibido 11 de los 20 millones de dólares en coimas que pagó la empresa brasileña a fin de beneficiarse con la licitación de la carretera Interoceánica Sur, en sus tramos II y III. También se solicitaría su captura nacional e internacional, a fin de que no eluda la justicia, puesto que se encuentra en Francia (Europa). Se le imputa cohecho y lavado de activos.
Tal como adelantó el Diario Correo, para tomar esta decisión, el fiscal Castro contó con la confesión de un colaborador eficaz:  el exdirector ejecutivo de Odebrecht Latinvest, Jorge Simoes Barata, quien se acogió a dicho beneficio.
Para recoger su versión y las pruebas en contra del exlíder de Perú Posible, el fiscal viajó hasta Brasil entre el 23 y 27 de enero último. Luego de entrevistarse con el colaborador, Castro comenzó a hilvanar la estrategia contra Toledo Manrique.
La acusación de Barata coincide con lo afirmado por otros ejecutivos de Odebrecht ante la justicia de Estados Unidos.
Fuente: Diario Correo.

Fiscalía allanó residencia de expresidente Toledo

UIF detectó en el 2009 transferencia de constructora brasileña por US$71,536 a cuenta de Centro Global para el Desarrollo y la Democracia (CGDD)
Por Eduardo Deza– www.manifiesto.net.pe
La ONG del exPresidente Alejandro Toledo, Centro Global para el Desarrollo y la Democracia (CGDD), recibió en el 2009 de Odebrecht Perú Ingeniería una transferencia de US$71,536, según un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El rastreo se hizo como parte de las pesquisas iniciales dispuestas contra la suegra del exjefe de Estado, Eva Fernenbug, quien en el 2012 compró una residencia en Las Casuarinas y una lujosa oficina en Surco por unos US$5’000,000 en turbias operaciones que involucran a Josef Maiman.
La información fue publicada en el 2015 por el periodista Oscar Libón de Perú21, quien señaló que Odebrecht Perú Ingeniería obtuvo contratos estatales por más de S/.250 millones durante el régimen de Alejandro Toledo (2001-2006).
Periodista Oscar Libón encontró esta pista de los vínculos de Toledo y Odebrecht en 2015
La directora ejecutiva del CGDD, Ana María Romero Lozada- ex ministra de Toledo Manrique y ministra de la Mujer en el actual gobierno- dijo entonces que los fondos de Odebrecht fueron colaboraciones para la realización de cinco eventos que llevó a cabo la ONG entre el 2009 al 2011. “Todo es transparente y no hay nada ilegal”, manifestó.El Centro Global para el Desarrollo y la Democracia fue constituida por el ex jefe de Estado el 11 de agosto de 2006, dos semanas después de concluido su lustro gubernamental. Entre los años 2007 y 2013, la ONG recibió US$ 2’313,580 de algunos organismos como The National Endowment (NED), la Taiwan Foundation for Democracy y la Fundación Interamericana (FIA).
El sospechoso financiamiento del CGDD también fue puesto bajo la lupa por la Comisión de Fiscalización del Congreso (2011-2016) que entonces presidió Vicente Zeballos.

Avi Dan On

Las vinculaciones de corrupción sobre el entorno cercano del ex presidente Alejandro Toledo parece nunca acabar. Esta vez se trata de Avraham Dan On acusado de ser el nexo entre el ex mandatario y el ex director de la empresa Odebrecht, Jorge Simoes Barata, para concretar la presunta entrega de sobornos por la licitación de la carretera Interoceánica.
Pero, ¿quién es la persona de la que todos hablan? Pues, sería la pieza clave en este entretejido de corrupción. Avi Dan On fue jefe de Seguridad de Palacio durante la gestión de Alejandro Toledo y el hombre de confianza del empresario isrelí Josef Maiman.

Documento fiscal

Según el documento fiscal al que accedió Perú21, en el que se acredita el allanamiento de la vivienda en Camacho del ex mandatario Alejandro Toledo, se menciona que el ex director ejecutivo de Odebrecht -y ahora colaborar eficaz- fue abordado por Avi Dan On al interior del Palacio de Gobierno.
“A finales del año 2004 fue buscado durante un evento social en Palacio de Gobierno por Avi Dan On que era bastante inmediato y se presentaba como intermediario del Presidente de la República, y que en aquella ocasión se ofreció a favorecer a la empresa en las licitaciones de los tramos 02, 03 y 04, es así que después del evento fue convocado Avi Dan On para reuniones convocadas en Palacio de Gobierno, todavía en el año 2005, cuyo ingreso era por la puerta lateral sin registro, a las que asistió para poder tener actualizaciones sobre el proceso de licitación, siendo que en una de esas ocasiones que Avi Dan On le informó que en caso la empresa ganase las licitaciones, debería realizar pagos indebidos, que tendría a Alejandro Toledo como beneficiario”.
En otra parte del documento también se describe que “un funcionario de alto nivel del gobierno peruano” actuó como intermediario para que Odebrecht ganara la licitación de la carretera Interoceánica.
Toda esta nueva información, coincide con lo mencionado en el acuerdo de culpabilidad que aceptó Odebrecht y firmó con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde se precisaba que entre 2005 y 2008 se pagó US$20 millones en sobornos para adjudicarse obra vial.

¿Qué se acordó para recibir el soborno?

En el mismo documento al que tuvo acceso Perú21, se indica que Barata se reunió con Alejandro Toledo en el Hotel Marriot de Río de Janeiro durante la Cumbre de Río celebrada el 4 y 5 de noviembre del 2004. En ese lugar se reunieron Josef Maiman y dos amigos que solicitaron un soborno de US$35 millones a Barata, pero se redujo a US$20 millones por no cumplir con lo pactado.
“En esta reunión, Weinsten y Saylan le comunicaron a Barata que el pago ilícito en favor de Toledo, en caso la empresa ODebrecht ganara la licitación, sería de US$35 millones y que debería ser efectuado a diversas empresas del grupo empresarial de Josef Maiman, mediantecelebración de contratos ficticios con Odebrecht. En la reunión realizada entre Odebrecht y Alejandro Toledo consistió en que la empresa pagaría el soborno solo si ganaba el proceso de selección y que el entonces presidente de la República se encargaría de que los plazos no se posterguen, así como también de la modificación de las cláusulas de las bases de la licitación para dificultar o impedir la participación de otras empresas”.
La primera semana de noviembre de 2004, Barata participó en una reunión que se realizó en el hotel Marriott de Río de Janeiro, Brasil, en la que también participaron Toledo, Maiman y dos colaboradores de este último, Gideon Weinstein y Sabi Saylan.
En aquella cita, indica el escrito, “Weinstein y Saylan le comunicaron a Barata que el pago ilícito en favor a Toledo sería de US$35 millones y que debía ser efectuado a diversas empresas del grupo empresarial de Maiman”, mediante celebración de contratos ficticios con Odebrecht.
Cuando Toledo dejó de ser gobernante (2001-2006) y “ante el retraso de los pagos de Odebrecht, Barata fue convocado a la casa del ex presidente en Camacho (La Molina) con la finalidad de presionarlo para la continuidad de los pagos”. Es por esa razón que existen transferencias bancarias incluso durante el año 2010.
Fuente: Diario Perú21.

Ministro de Transportes, Martín Vizcarra, negoció la adenda

Por Nicholas Asheshov- Revista CARETAS.
Por cierto, el cóndor se alimenta de la carroña de proyectos muertos. En la discusión sobre el futuro aeropuerto de Chinchero en el Cusco no solo están en debate los nuevos términos del contrato, sino su idoneidad como terminal aéreo internacional.
Hoy lo tenemos muy claro.  Un proyecto corrupto es un proyecto malo. Uno de estos es la propuesta del aeropuerto en Chinchero, Cusco.  Chinchero es peligroso, además de estar plagado de coimas, de ingeniería pobre e incompleta.  Sus características incluyen el típico lenguaje legal, deliberadamente incomprensible, y finanzas pantanosas.  No se necesita el proyecto, está en el lugar equivocado.
Chinchero está en las afueras del Cusco pero con una altitud de 500 metros más y consecuentemente con menos oxígeno, en el camino a Machu Picchu.
Comenzó, como tantos de estos proyectos, con dinero dudoso. Hace cuatro años, el gobierno regional del Cusco, entonces bajo la presidencia del ‘asociado de Humala’. Coco Acurio, pagó $70 millones por un terreno de 330 hectáreas de campos de papa sobre el ondulante y nublado macizo rocoso de Chinchero.
Los suertudos propietarios de las chacras pertenecían a los 426 miembros de dos comunidades de Chinchero. Recibieron $230,000 por cada hectárea, que resultaron ser los campos de papa más caros del mundo.  Se puede comprar una hectárea de cultivo de papa en el estado norteamericano de Idaho, la región productora de papa más grande del mundo, por $ 5 mil la hectárea. En el costoso sur de Inglaterra, el mismo campo de papa podría costar 10,000 libras esterlinas, una vigésima parte del precio del Chinchero de Acurio.
Las tierras de Chinchero son buenas para papas, frejoles, un par de ovejas y un burro.  Son pésimas para un aeropuerto. De hecho, es difícil encontrar peores. La altitud promedio de estas milenarias tierras agrícolas es de 3,700 metros sobre el nivel del mar.  El único aeropuerto comercial en el mundo a una altitud mayor es El Alto, a 4,000 m.s.n.m., el aeropuerto de La Paz. Solamente se puede usar El Alto para paradas de máximo 90 minutos entre vuelos hacia Cochabamba, Tarija y Santa Cruz.
Arica está a un salto, Lima otro salto a la costa. Pero eso es todo. El Alto nunca será comercial porque los aviones no pueden despegar a esas alturas con una carga máxima de combustible y pasajeros.  Puedes optar por un tanque lleno y solamente algunos turistas o un montón de turistas y algunos galones de combustible, suficientes para bajar el cerro. En el caso de Chinchero, esto significa Lima. Como dijo Newton, las manzanas caen hacia abajo, no hacia arriba. El aeropuerto internacional de Bolivia está en Santa Cruz, a 400 m.s.n.m. Los pasajeros desde y hacia La Paz hacia Rio, Buenos Aires, Miami e inclusive Lima viajan por Santa Cruz.  Revisen los itinerarios.
Será lo mismo para Chinchero. Los burócratas y políticos en el Cusco y en Lima, en Pro Inversión y el Ministerio de Transporte, lo han estado llamando el aeropuerto ‘internacional’ de Cusco. Esto es una mentira propagada por el pobremente financiado concesionario, Kuntur Wasi. Si este proyecto estúpido y brumoso sigue adelante, los vuelos continuarán viajando vía Lima, como lo hacen hoy y hasta en el próximo siglo, con una diferencia.  Los pasajes costarán $300 más de lo que cuestan hoy.
La neblina y granizadas, normal en las montañas de altura, son un peligro adicional en Chinchero. Los glaciares y campos de nieve en la Cordillera Urubamba, a 6,000 m.s.n.m. se ciernen sobre Chinchero, a pocos kilómetros al norte de los campos de papa. Pintoresco, y peligroso.
Los avances tecnológicos en la aviación están enfocados en la electrónica y los nanomateriales. Pero la física de Newton no cambiará, por más de lo que puedan pensar las fuerzas vivas cusqueñas.
¿No podría ir de mal en peor?  Sí, de todas maneras.
El macizo rocoso de Chinchero es de piedra caliza. Para los ingenieros, esto significa socavones. Por ejemplo, los andenes incaicos en Moray, cerca de Chinchero y en la misma altitud, son socavones.
Los lagos de Piuray y Huaypo en Chinchero reflejan la misma geología. Los estudios de ingeniería realizados no reflejan que se haya realizado perforaciones profundas para evaluar este riesgo. Algún día, una aeronave de 200 toneladas aterrizará en Chinchero y abrirá un hoyo enorme. Eso no es bueno.
Los servicios de carretera, alcantarillado y electricidad del Cusco ya son patéticos.  Se habla pero no existen planes para nuevo transporte entre Chinchero y Cusco ni tampoco Urubamba.  Hay cortes de fluido eléctrico casi a diario en Urubamba, la provincia en que se encuentra el pobre Chinchero, gracias a la empresa estatal Electro Sur Este.
¿Qué hacer con los 7 millones de turistas al año que nos promete el Presidente Kuczynski? En Machu Picchu ya no hay ni espacio para sentarse, y eso es con 5,000 o algunas veces 7,000 visitantes al día. Un estudio realizado para el gobierno indica que la capacidad máxima no puede pasar de 5,400 visitantes por día.  Es decir, 2 millones al año.
El Cusco piensa, dice, que necesita un nuevo aeropuerto.  El aeropuerto actual, Velasco Astete, está a 3250 m. s.n.m., 500 metros más abajo que Chinchero, una gran diferencia a esas delicadas altitudes. Velasco Astete, operado por su propietario, la autoridad estatal de aeropuertos Corpac, consiste en 240 hectáreas de buen terreno llano. Aquí se podría extender y ampliar las pistas de aterrizaje fácilmente y a bajo costo, con nuevos terminales y sobre todo nuevos sistemas electrónicos.  Los aviones A219 y A320 que usa Latam y Avianca pueden entrar volando con sistemas de piloto automático, como lo hacen habitualmente en Europa y Norteamérica, donde el clima –aunque ciertamente no la altitud– es mucho peor que jamás lo es en el Cusco.
Pero las fuerzas vivas del Cusco, la Cámara de Comercio y los políticos locales tienen otros planes para las 240 hectáreas de terreno de Velasco Astete, que queda a pocos minutos del centro de la ciudad. Como terreno inmobiliario ya vale hoy unos $1,000 por m2, y valdrá $2,000 por m2 antes que termine la década. Solamente calcula con tus dedos lo que valdrá este regalo de tierras a los máximos líderes de la ciudad imperial.
En teoría, el gobierno central es el propietario de los terrenos, todos los peruanos, y efectivamente así debería ser. Pero no, los cusqueños ya lo han comprado. Bajo un acuerdo discreto con el expresidente Humala, los $70 millones que se pagaron a los comuneros de Chinchero está siendo entregado al gobierno central a cambio de las 240 hectáreas de Corpac en Velasco Astete. Más tarde, Acurio fue vacado de su cargo por la Corte Suprema de Cusco por una de varias instancias de corrupción. Acurio es uno de los del equipo Humala-Heredia que está bajo investigación por la Procuraduría por corrupción en relación al encarcelado Belaunde Lossio, por miles de millones de dólares en contratos estatales de construcción.
Por lo tanto, Chinchero está envuelto en corrupción de palabras mayores, y solo por estos hechos se debería parar e investigar el proyecto.  Eso aparte de la estupidez técnica, una característica de los proyectos corruptos.
Hay una buena solución para que los cusqueños puedan tener el oro y el moro. Puedan optar por el sentido común y construir un nuevo aeropuerto en la Pampa de Anta, más cerca que Chinchero y completamente llano. Necesita unos pocos millones de dólares de trabajo de drenaje pero de la costosa excavación y nivelación de Chinchero. El acercamiento aéreo no es más peligroso que el de Velasco Astete.
¿A qué altitud se encuentra Anta?  Lo mismo que Velasco Astete, a 3225 m.s.n.m.
¿Qué es lo que puede hacer la región Cusco con los campos de papa más caros del mundo en Chinchero? Olvidarlos. Chinchero es un pueblo tradicional andino con una excelente tradición en textiles y vistas espectaculares de las cordilleras y hasta Machu Picchu.  Déjalo como está en vez de permitir que un aeropuerto peligroso estropee una de las vistas más estupendas de los Andes. Las campanas de la bella iglesia colonial continuarían a sonar sobre las ruinas incaicas, las escuelas primarias y los talleres de los tejedores de reconocimiento internacional.

Celebran por aeropuerto de Chinchero

PPK defendió a capa y espada al consorcio Kuntur Wasi mientras MANIFIESTO obtenía fotos que abonan la idea de un concierto de voluntades en obras del Cusco
Mientras que en la mañana Pedro Pablo Kuczynski se vestía de paisano para dar inicio simbólico a las obras del aeropuerto de Chinchero, en el Cusco, MANIFIESTO obtenía un paquete de fotografías que ponen en evidencia un vínculo estrecho entre las mujeres que manejan tras bambalinas ese proyecto.
Casi a la misma hora en la que PPK tuiteaba su famoso ‘¡Llaqta masikuna!’, este semanario accedía a una primera fotografía, tomada en agosto del 2016, en la que aparecen Carolina Castilla, Cecilia Blume y Patricia Teullet, todas integrantes del equipo de Newlink Group, la consultora acusada de mover sus hilos en las sombras para lograr la famosa adenda al contrato.
Carolina Castilla es hermana de Luis Miguel Castilla Rubio, exministro de Economía durante el gobierno de Ollanta Humala. Además, ella está asociada con la abogada Cecilia Blume Cillóniz en la consultora internacional CB Consulting.
Socias en empresa Newlink tienen muchos motivos para celebrar
Patricia Teullet Pipoli, directora de Newlink Group, es también la vocera oficial del consorcio Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi S.A., a cargo de las obras del aeropuerto de Chinchero. Fue viceministra de Economía en el año 2001, cuando Pedro Pablo Kuczynski se desempeñaba como ministro de Alejandro Toledo.
Según fuentes a las que accedió MANIFIESTO, la fotografía fue tomada en agosto del 2016, en el curso de una reunión informal que se habría llevado a cabo en la casa de Carolina Castilla, cuando ya se cocinaba el tema de la adenda a la que el gobierno PPKausa le acaba de dar luz verde hoy.
El consorcio Kuntur Wasi S.A. está formado por Corporación América de Argentina y Andino Investment Holding del Perú. La gerenta de Asuntos corporativos de esta última compañía es nada menos que Ximena Zavala, la hermana del actual presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala Lombardi.
En una segunda fotografía se aprecia a Cecilia Blume y Carolina Castilla Rubio, abrazadas junto a la chimenea de la residencia.
Carolina Castilla y Cecilia Blume, amigas inseparables
En octubre del año pasado, MANIFIESTO informó sobre un grupo de mujeres muy cercanas al presidente Kuczynski que estaba tratando de ganar una posición hegemónica en Palacio de Gobierno, entre las que estaba, además de Blume, la fundraiser Anamaría Masseur, hoy convertida en secretaria personal del jefe de Estado.
En la ceremonia del Cusco, con pututos y hojas de coca, el presidente Kuczynski hizo una abierta defensa del consorcio Kuntur Wasi S.A. “Maneja 54 aeropuertos, más de lo que hay en todo el Perú”, manifestó el jefe de Estado, pero no tocó, ni de relancina, la denuncia de un turbio lobby detrás de la construcción del aeropuerto de Chinchero.

Seis claves sobre el aeropuerto de Chinchero

¿Por qué el gobierno está apurado por iniciar la construcción?

Por Manuel Escorza Hoyle– Político.pe
1. ¿La altura del aeropuerto de Chinchero es la adecuada?
En todas partes del mundo se recomienda que los aeropuertos queden a la más baja altura posible. En el caso de Chinchero, se hizo lo contrario. Se ha buscado un lugar 500 metros más alto, lo que generará complicaciones de despegue, problemas en caso de aterrizajes de emergencia y molestia en los visitantes.
Los que hemos viajado a lugares de mucha altura sabemos que los aviones no pueden viajar llenos, que los pasajeros son obligados a sentarse en la parte trasera del avión al despegar por medidas propias a la estabilidad de vuelo. Esto, además, encarece los pasajes. ¿No había otro lugar aparte de Chinchero? Claro que lo había, pero seguramente ya estaba todo armado para que sea ahí; las tierras ya estaban prácticamente preasignadas y han venido siendo adquiridas a un precio de ganga para costar luego 30 o 40 veces más. Si se va a ocupar la zona de las comunidades, la idea debería ser ayudarlas, no aprovecharse de ellas.
2. ¿El primer ministro debió mantenerse al margen de esta negociación?
Por supuesto que no. Si se tiene que elegir entre no intervenir porque la hermana trabaja en la empresa beneficiada y los intereses del Perú, prima lo segundo. No puede ser que en consideración al trabajo de su hermana se haya salido de la discusión, salvo que lo haya hecho a sabiendas de que la decisión ya estaba tomada.
3. ¿La empresa Kuntur Wasi cumple con requisitos especificados en el contrato?
¿Si usted quiere construir un edificio y resulta que la constructora luego le dice que no tiene las condiciones pactadas para ejecutar la obra, y por lo mismo le pide plata, acaso no resolvería el contrato? Aquí se ha hecho lo contrario: un contrato vinculado al expresidente chileno Piñera, cuya empresa participante ha sido además aportante de un conocido instituto que tuvo que ver con la última campaña, VA COMO SEA.
4. ¿El gobierno tuvo tiempo para arreglar esta situación?
Ha tenido siete meses para prever escenarios, para mejorar las condiciones de negociación y para hacer estudios complementarios. Lo que pasa es que al parecer la idea siempre fue favorecer a esta empresa que intenta pasar como sin recursos cuando en realidad tiene mucho dinero. ¿Y para qué quiere aparecer así? Para construir el proyecto con dinero del Estado peruano manteniendo además cuarenta años de concesión.
5. ¿Por qué el gobierno está apurado en iniciar la construcción?
Porque hay desesperación por reactivar la economía. Pero el problema es que hacerlo apuradamente es favorecer intereses lesivos al Perú: han querido hacerse de la vista gorda con contratos mal hechos, favorecer los lobbies y, peor, dejar que las cosas se ejecuten de mala manera.
6. ¿Se debe enjuiciar a los responsables?
El gobierno debería enjuiciar a los funcionarios responsables de la gestión anterior por haber elaborado un contrato lesivo a los intereses del país. Se debe investigar cuáles fueron sus motivaciones. Y el gobierno tiene que entender que todo esto da la sensación de corrupción, negociado, aprovechamiento, en fin… el estigma de que aquí gobierna un club de intereses privados.

“Aeropuerto de Chinchero en el Cusco no tiene sustento técnico para operar”

Por Roberto Sánchez R.- Diario Expreso.

“Desde que nació proyecto aeroportuario demandó al Estado un gasto de 100 millones de dólares”, refiere el aviador.

-General, ¿cuándo nace el proyecto del Aeropuerto Internacional de Chichero, Urubamba, en el Cusco?
El proyecto nace en 1977 en las postrimerías del gobierno militar con Morales Bermúdez. En una asonada social parecida a Conga y para apaciguar a la población se ofrece construir un nuevo aeropuerto. La licitación la ganó CAIM-Lagesa, que representaba el exsenador Acurio, pero el proyecto se desecha por inconsistente. En el gobierno de Belaunde se revive el proyecto y la licitación la ganó el grupo Airways-Novoa cuyos estudios tampoco fueron satisfactorios. Corpac contrata para el estudio integral del espacio aéreo de Chinchero al experto OACI, ingeniero William Cooper, quien recomienda la ubicación de la pista de vuelo en un emplazamiento distinto al elegido por Airways-Novoa, factor técnico-aeronáutico que incide para desechar  por segunda vez el proyecto.  El presidente Paniagua reabre el proyecto, esta vez fue el Consorcio Currie-Brown y Mason quien dijo no a Chinchero, cobrando  US$ 370,000.  En octubre de 2001, Alejandro Toledo firmó la Ley 27028 y resucita el proyecto Chinchero, cuyo estudio se extendió a los gobiernos de Alan García y Ollanta Humala. Proinversión lleva adelante la última licitación, asesorada por la consultora española Advance Logistic Group, ALG, con más fracasos que aciertos,  ante los pedidos que hice para que nuevos estudios técnicos del espacio aéreo sean cotejados con los que dejó William Cooper y se actualicen con performances de los aviones modernos.
-Sabemos que usted se ha opuesto y ha tenido rol preponderante a lo largo de la existencia del proyecto.
Sí, desde el año 1984, que fui nombrado miembro del Directorio de Corpac en representación de la Fuerza Aérea del Perú, y hasta la fecha. Yo envié alrededor de 15 cartas notariales y 15 cartas firmadas pidiéndoles que contraten los servicios de un técnico en espacio aéreo. El entonces premier del gobierno aprista, Luis Alva Castro, nombra una comisión de alto nivel instruida por el informe Cooper que consignaba argumentos técnicos que hoy han obviado en el contrato suscrito entre el actual gobierno con la concesionaria Kuntur Wasi.  Puedo dar fe que desde la década de los ochenta a la actualidad existen cuatro leyes emitidas por el Estado disponiendo la construcción del aeropuerto de Chinchero en Urubamba. Me refiero al Decreto Ley  Nº 23028 del 7 de mayo de 1980 y a las leyes 23225 del 4-11-1980; Ley 24985 del 19-1-1989; Ley 27528 del 4-10-2001 y la Ley Nº 29908 del 23-08-2012. Y de todas tengo copias físicas y virtuales.
-Entonces el aeropuerto de Chinchero no califica técnicamente por carecer de estudios de espacio aéreo.   
El aeropuerto de Chinchero no es apto ni califica como tal porque no se ha hecho nunca el estudio previo del espacio aéreo que haya sido cotejado o comparado con el realizado por el especialista, el señor Cooper. En el año 86 había aviones ABC, hoy tenemos aviones PQR superiores, con poderosos motores y mayor capacidad para llevar pasajeros. Entonces, yo me he matado sugiriéndole a Proinversión para que contrate un experto en espacio aéreo que compruebe, verifique y rectifique los estudios Cooper.
-¿Cómo calificaría usted la adenda firmada por el Gobierno para suscribir el contrato con la empresa Kuntur Wasi?
Nadie sabe dónde va a estar la pista principal que tiene 4  kilómetros y dónde va a decolar el avión, por ejemplo. Existe una informalidad extrema que descalifica profesionalmente a este aeropuerto. En ese contexto el proyecto está mal conceptuado y los responsables son Proinversión y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En la década de los 80 el presidente  Paniagua reactiva el proyecto porque él era cusqueño y la licitación la ganó un consorcio inglés, pero desiste. Son 370 mil dólares que se suman a los más de 100 millones de dólares que viene invirtiendo el Estado desde que nace el proyecto.
-¿Le parece exagerado que se anuncie la construcción del aeropuerto que supuestamente apoyará el turismo receptivo en Cusco?
Me permití ilustrar a la señora Verónica Zavala Lombardi, ministra de Transportes y Comunicaciones, recomendándole por escrito que se iniciaran estudios para buscar un nuevo aeropuerto para Cusco, siendo la zona de Patria, valle de Kosñipata, provincia de Paucartambo, al Este de Cusco y a una distancia de 100 kilómetros, zona fecunda a una altitud de 700 metros, donde tendría que construirse una autopista tipo Suiza o una línea férrea. No solo sería un adecuado aeropuerto para la región Cusco sino que esta zona está dentro del triángulo Cusco-Manu-Quince Mil, que es un emporio, y el Manu ofrece interés científico y diversas actividades de turismo de aventura, pero este territorio, lamentablemente, está abandonado y olvidado por el Estado. Mi percepción podría ser un segundo posible Vraem,  le estamos dejando terreno al narcotráfico y al terrorismo.
-¿La Fuerza Aérea del Perú podría enviar sus aviones a Chinchero en caso de una contingencia natural o social?
En el año 1987 se le consultó a la Fuerza Aérea. Entonces, el premier Luis Alva Castro le preguntó al ministro de Aeronáutica que le diga qué cantidad de metros quería para instalar un ‘counter’ donde se despachan los aviones y en la rampa de estacionamiento. Y la FAP le respondió que no quería ni un solo metro porque dijo: ni mis aviones van a ir a Chinchero ni los aviones de acción cívica. Y me pregunto, si no van los aviones de la FAP, ¿qué va a pasar cuando suceda un desastre natural o un conflicto social en la zona? Yo quisiera que me responda el actual ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, ¿qué aviones van a llevar en caso de desastres y conflictos sociales?
-¿Para usted entonces la decisión del Gobierno de construir el aeropuerto de Chinchero es un error?
Una obra aeroportuaria internacional moderna instrumental de precisión 4E ubicada a 3,720 m.s.n.m. no se construye ni califica por decreto ley. Solo puede calificar después de culminar  de forma completa los estudios técnicos estrictamente ajustados a las normas y recomendaciones internacionales (OACI), especialmente las relaciones de espacio aéreo y los patrones de vuelo en espera, la aproximación, tráfico, aterrizaje, decolaje e incluso de aproximación frustrada, dado que la seguridad de las aeronaves, pasajeros y tripulaciones es fundamental. Un aspecto medular son las condiciones de despegue y aterrizaje. Y más importante aún es el diseño, teniendo en consideración si su emplazamiento es de extrema altitud, como el de Chinchero, que pasaría a ser el quinto aeropuerto de mayor altura del planeta.
Sobre una laguna
“Lamento la decisión del Gobierno de poner aparentemente en marcha un imposible. Es un craso error que no va a costar lo que dicen. Y ojo que no hemos tocado el tema del movimiento de tierras. Chinchero está encima de una laguna. Y hay geólogos que dicen no al proyecto porque debajo de la laguna, en el subsuelo, hay cavernas y vacíos de cohesión de material que van a tener que rellenar. Porque la pista no puede estar sobre huecos. Los aviones pesan entre 400 y 500 toneladas y vienen a una velocidad de 100 o 150 nudos que golpean el suelo. Yo no sé qué podría ocurrir ahí”, afirma el experto.
PILOTO FAP Y ESTUDIOSO DE LOS TEMAS DE INFRAESTRUCTURA AÉREA
El retirado mayor general de la Fuerza Aérea del Perú, Alberto Thorndike Elmore, es un conocido expiloto de su arma y estudioso de los temas de infraestructura aérea, además de veterano opositor al proyecto del aeropuerto de Chinchero. Es, además, autor del libro “Autopsia de un error” publicado en 1983.

LEY N° 24993 DE CREACIÓN DEL COLEGIO DE SOCIÓLOGOS DEL PERÚ (Publicada en El Peruano del 02-01-89)
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO EL CONGRESO HA DADO LA LEY SIGUIENTE: Artículo 1°.- De conformidad con el Artículo 33° de la Constitución Política del Perú, crease el Colegio de Sociólogos del Perú, como entidad autónoma de derecho público interno, representativa de los profesionales Sociólogos de la República, y con sede en la ciudad de Lima.
Artículo 2°.- Para ejercer la profesión de Sociólogos es requisito indispensable tener título profesional expedido por una Universidad peruana o revalidado según ley, si éste ha sido otorgado por una universidad extranjera y, ser colegiado.
Artículo 3°.- Son fines y objetivos del Colegio de Sociólogos los siguientes:
a) Propiciar el desarrollo científico y tecnológico de la profesión.
b) Cautela el ejercicio profesional y su defensa dentro de los más estrictos criterios éticos y legales, recusando el desempeño ilegal en la profesión.
c) Ejercer la representación de los Sociólogos y la defensa de la profesión de acuerdo con las leyes y con sus estatutos.
d) fomentar la solidaridad a nivel nacional e internacional de los profesionales del área y áreas afines.
e) Promover la permanente superación cultural, la especialización y el bienestar de sus miembros; y
f) Colaborar con el Estado, con los organismos regionales y locales y con la comunidad en general en las áreas de su competencia.
Artículo 4°.- Son bienes y rentas del Colegio de Sociólogos: a) Las cotizaciones de sus miembros. b) Las donaciones que reciba. c) Los ingresos que se generen por el desarrollo de sus actividades. d) Las rentas que produzcan sus bienes propios; y e) Lo que le corresponda por mandato de Ley.
Artículo 5°.El Poder Ejecutivo queda encargado de dictar las medidas necesarias en ordena su descentralización para el mejor cumplimiento de la presente ley y, de aprobar mediante Decreto Supremo, el Estatuto correspondiente.
Comuníquese al Presidente de la República para su promulgación. Casa del Congreso en Lima, a los cuatro días del mes de enero de mil novecientos ochentinueve.
ROMUALDO BIAGGI RODRÍGUEZ, Presidente del Senado.
ALBERTO FRANCO BALLESTER, Primer Vice-Presidente de la Cámara de Diputados. ESTEBAN AMPUERO OYARCE, Senador Primer Secretario.
FERNANDO RAMOS CARREÑO, Diputado Primer Secretario.
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
POR TANTO: Mando se publique y cumpla. Dado en la Casa de Gobierno en Lima, a los diecinueve días del mes de enero de mil novecientos ochentinueve.
ALAN GARCÍA PÉREZ, Presidente Constitucional de la República.
ARMANDO VILLANUEVA DEL CAMPO, Presidente del Consejo de Ministros, Ministro de la Presidencia.
MERCEDES CABANILLAS DE LLANOS DE LA MATTA, Ministra de Educación.

ESTATUTO DEL COLEGIO DE SOCIÓLOGOS DEL PERÚ

DECRETO SUPREMO N° 027-90-ED (Publicado en El Peruano del 12-10-90)
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO:
Que por ley N° 24993, de fecha 04 de enero de 1989, se ha creado el Colegio de Sociólogos del Perú como entidad autónoma de derecho público interno, representativa de los profesionales sociólogos de la República y con sede en la ciudad de Lima. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5° de la citada ley, corresponde al Poder Ejecutivo aprobar mediante Decreto Supremo, el Estatuto correspondiente. De conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 211° de la Constitución Política del Perú:
DECRETA: Artículo Único.- APRUÉBASE el Estatuto del Colegio de Sociólogos del Perú que consta de siete (07) Títulos: setenticinco (75) Artículos, dos (02) Disposiciones Transitorias y una (01) Disposición Final, lo que forma parte del presente Decreto Supremo.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a diez días del mes de octubre de mil novecientos noventa.

Asamblea Nacional de Delegados

La Lista 1 obtuvo 7 Delegados en la Asamblea Nacional del Colegio de Sociólogos del Perú:
1 Dr. Víctor Raúl Nomberto Bazán
2 Lic. Juan Antonio Orellana Albornoz
3 Dra. Sulema Loayza Alatrista
4 Lic. Klever Octavio Larrañaga Rondona
5 Lic. Gisela Caroline Torres Taipe
6 Lic. América Violeta Madueño Ortiz
7 Lic. Majed Ulises Velásquez Veliz

10 de noviembre de 2016: El ministro de Transporte y Comunicaciones, Martín Vizcarra, aseguró que, al asumir US$ 265 millones extra del costo de la obra, el Estado se ahorraría los intereses de ese monto, que ascendería a US$ 800 millones.
En octubre del año pasado, MANIFIESTO informó sobre un grupo de mujeres muy cercanas al presidente Pedro Pablo Kuczynski que estaba tratando de ganar una posición hegemónica en Palacio de Gobierno, entre las que estaban Cecilia Blume, la banquera Susana de la Puente y una profesional de alto nivel pero de perfil muy bajo, la fundraiser Anamaría Masseur.
Fuentes palaciegas señalaron a esta publicación que este grupo de poder habría engrosado con la llegada de otros personajes femeninos vinculados a las finanzas como Ximena Zavala Lombardi- hermana del actual presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala- y Carolina Castilla Rubio, hermana del exministro de Economía, Luis Miguel Castilla. Todas ellas se eslabonan en proyectos como el del aeropuerto Chinchero del Cusco.
Este proyecto específico- cuya adenda será firmada en las próximas horas, según anuncio del ministro Alfredo Thorne- está a cargo del consorcio Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi S.A. que tiene como vocera a Patricia Teullet Pipoli, exviceministra de Economía en el año 2001, cuando Kuczynski Godard se desempeñaba como ministro de Alejandro Toledo.
Las fuentes señalaron a MANIFIESTO que en la gestión de la adenda ha participado Newlink Group, una consultora internacional que tiene como miembros de su equipo- su ‘team’ que le dicen- precisamente a Patricia Teullet, Cecilia Blume y Carolina Castilla, según información consignada en su propio portal web.
El consorcio Kuntur Wasi S.A. está formado por Corporación América de Argentina y Andino Investment Holding de Perú. Esta última compañía tiene como gerenta de asuntos corporativos a Ximena Zavala, la hermana del actual presidente del Consejo de Ministros, Fernando Martín Zavala Lombardi.
Para mayores señas, las abogadas Carolina Castilla Rubio y Cecilia Blume Cilloniz son directoras asociadas de CB Consult S.A.C., una consultora empresarial especializada en temas legales y económicos, de acuerdo a información de su página web.
La banquera Susana de la Puente y la fundraiser Anamaría Masseur tuvieron un papel gravitante en la campaña electoral pasada desde el ‘war room’ (cuarto de guerra) que funcionó durante la segunda vuelta en el cuartel general de PPK en la calle Barcelona de San Isidro, lo que parece haberles reservado un lugar especial en el entorno del jefe de Estado.
Prueba de ello es que Masseur fue llevada en julio pasado por Pedro Pablo Kuczynski a Palacio de Gobierno, como la principal de sus tres secretarias.
En días pasados, MANIFIESTO informó que la renuncia de la presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), Patricia Benavente, habría sido gatillada por presiones salidas de Andino Invesment Holding, donde es gerenta Ximena Zavala, la hermana del actual premier, como se ha señalado.
Fuente: Manifiesto.

Propuesta ciudadana

La adenda N°1 del proyecto Aeropuerto Chinchero ha llegado a un punto muerto. El Estado estuvo negociando la firma de esta modificación contractual, debido a que buscaba destrabar el proyecto en base a asumir mayores riesgos dentro de la construcción del proyecto.
Sin embargo, su decisión ha sido cuestionada por una comisión del Congreso, lo que detuvo la firma de la adenda programada.
El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha dicho en un mensaje a la nación que el Estado, de firmarse la adenda, el Estado sólo pagará US$529.5 millones, de los US$1,120 millones que se tenía pactado inicialmente con la firma del contrato en el gobierno de Humala.
El titular del MTC, Martín Vizcarra, dijo en RPP que el contrato era un beneficioso para el estado peruano porque ahora se evitaba pagar US$590 millones en intereses.
Asimismo, representantes del consorcio Kuntur Wasi dijeron que ellos no han buscado sorprender al estado, pero éste asumirá el costo. Negaron cualquier riesgo crediticio.
Ante esta situación, un informe del grupo Propuesta Ciudadana señaló que el argumento del ahorro proveniente del gobierno de PPK es carente de sustento, ya que “dicho costo es ficticio y el Estado no tendría por qué aceptarlo al ser producto de la mala calificación de la empresa en el mercado, no de las condiciones del mercado”, dijo.
30 de enero de 2017. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, anunció la suspensión de la adenda, responsabilizando al Congreso. También describió cuál es la función de la adenda, y el posible ahorro que le generaría al Estado.
“La decisión del gobierno de ‘salvar el proyecto’ asumiendo el costo de la construcción del Aeropuerto, es una decisión política que atiende los reclamos que vienen desde Cusco, pero aparece como groseramente concesiva con la empresa concesionaria”, indica en un informe.
Esto debido a que Andino Investment Holding (AIH), que posee el 50% de acciones en el consorcio Kuntur Wasi, no goza de una calificación crediticia óptima. La clasificadora Fitch Ratings califica la deuda de AIH con ‘B-’ que corresponde a una calificación “altamente especulativa”.
Según datos de Bloomberg, el margen ebitda de AIH pasó de 23.8% en diciembre del 2015 a 14.9% en setiembre del 2016 y viene en caída desde diciembre del 2013.
“En el proyecto del Aeropuerto de Chinchero, los dos criterios centrales para la implementación de las APP (la asignación de riesgos y el valor por dinero) están en cuestión”, señala Propuesta Ciudadana.
“En el primer caso, si es el Estado el que pone el dinero y no el privado, ya no es una APP, entonces, ¿por qué habría que permitirle administrar el aeropuerto por 40 años? Una APP produce valor por dinero para el Estado cuando el privado asume el riesgo financiero y entrega la obra a menor costo y eficientemente ejecutada”, señala.
Fuente: Diario Gestión.

Adendas

Por Ángel Páez- Diario La República.
Las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios han detectado que en cinco megaproyectos ejecutados por constructoras brasileñas existió una probable concertación entre las autoridades y las compañías para incrementar el costo original de las obras públicas.
A partir de información suministrada por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), las autoridades fiscales han determinado que se trata de cinco casos en los que el presupuesto inicial subió más del 30 por ciento en desmedro de los recursos del Estado.
Los cinco proyectos arrancaron por un total de 1,224 millones de soles, pero con los adicionales o adendas al contrato al final se terminó pagando 1,778 millones de soles. Esto es más de 553.5 millones de soles de las arcas públicas en beneficio de las constructoras brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao, todas involucradas en el caso de corrupción Lava Jato.
La modalidad que frecuentemente acordaron los funcionarios públicos con los directivos de las constructoras brasileñas para elevar el costo de las obras públicas, fueron las denominadas ‘adendas’ para incorporar montos adicionales bajo distintos argumentos.
Para las autoridades fiscales, los pagos adicionales podrían haber servido a las firmas brasileñas como un fondo para pagar sobornos a funcionarios públicos, un esquema de corrupción que aplicaron para obtener adjudicaciones de obras o la aprobación del aumento del presupuesto inicial.
“Según nuestros colegas fiscales brasileños del caso Lava Jato, los funcionarios públicos y los directivos de las constructoras incrementaban los costos de las obras para obtener un dinero adicional con el que desembolsaban las coimas. La plata de los sobornos no salían de las empresas sino de los fondos públicos”, dijeron fuentes de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción.

Como la espuma

Uno de los casos más llamativos es la construcción de la Vía de Evitamiento de la ciudad del Cusco, que arrancó con 297.9 millones de soles, pero mediante la aprobación de 35 adicionales acordadas con la constructora Odebrecht, se elevó a 373.6 millones de soles. Esto es, 75.6 millones de soles más.
En el caso de la rehabilitación de la avenida Néstor Gambetta, el gobierno de la Región Callao reconoció 21 adicionales a favor del consorcio brasileño Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao. De este modo, según los reportes del OSCE, la obra de 355.7 millones de soles escaló hasta 494.5 millones de soles: un agregado de 138.8 millones de soles. Algo así como 40 por ciento.
Pero para la habilitación del tramo del Callao de la vía Costa Verde Odebrecht solo requirió la luz verde de 6 ‘adicionales’ por parte del Gobierno Regional del Callao para aumentar el costo original de la obra de 302.5 millones a 470.8 millones de soles. Esto es: 168 millones de soles más.
De esta manera, si se suman los adicionales que demandaron los proyectos de la avenida Gambetta y el tramo de la Costa Verde, en total la gestión de Félix Moreno pagó a las brasileñas 306.8 millones de soles más respecto del presupuesto con que se dio comienzo a las obras. Con ese dinero, pudieron haber financiado la construcción de decenas de colegios en las zonas más necesitadas.
Provias también aceptó pagos adicionales a Camargo Correa y Queiroz Galvao por la construcción de la carretera Tingo María-Puente Chino. Desembolsó 81.3 millones de soles más respecto al costo de arranque.
A Andrade Gutierrez, Provias abonó 89.6 millones de soles de más por la carretera Tingo María-Pucallpa, tramo San Alejandro-Neshuya.

Hernández y Luyo

Por César Romero– Diario La República.
“Todos saben que la cuerda se rompe por el lado más débil”, dijo Edwin Luyo Barrientos tras ser detenido y comparecer ante el juez Richard Concepción Carhuancho. ¿Es Luyo Barrientos la cuerda más débil de esta historia?
Al adentrarnos en sus actividades con el Estado, para conocer a este personaje, encontramos que además de haberse desempeñado como funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, también contrató con el Estado a nombre de su empresa Cadelu SAC o como apoderado de dos consorcios.
En total, el primer detenido por el caso Odebrecht logró contratos con el Estado por 5’881,083.93 soles, en 19 licitaciones. La mayoría, antes o durante la época en que fue funcionario público, son por montos que no superan los 50 mil soles, unos 300 mil aproximadamente.
Luego, en los últimos cuatro años, después de participar en la licitación del Metro de Lima, su suerte dio un brinco gigantesco y participó en cuatro licitaciones en consorcio por 5’587,562.25 soles.
Licitaciones que gana en la época en que el gerente de la unidad de administración de Provias Nacional era otro ex integrante del Comité de Licitación del Metro de Lima, Santiago Chau Novoa.
En estos afortunados consorcios, Edwin Luyo Barrientos tuvo como socios, en una licitación, a la empresa del suegro del ex alcalde del Callao y actualmente preso Alex Kouri, “Barriga Dal’Orto Ingeniero Consultores“.
En otro de los consorcios, nada menos que la empresa Asesores Técnicos Asociados (ATA) cuando era dirigida por el actual ministro de agricultura, José Manuel Hernández.
Respecto de los otros dos consorcios encontramos que las licitaciones son con el Gobierno Regional de Pasco, que encabeza el fujimorista Teódulo Quispe Huertas. Uno de estos contratos está en investigación en la fiscalía anticorrupción de Pasco. Los consejeros han denunciado que el contrato es fantasma.

Consorcio Juliaca

El 17 de marzo del 2014, Consorcio Juliaca firmó un contrato con Provias Nacional, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para elaborar un estudio de preinversión para el mejoramiento del corredor vial que inicia en Juliaca hasta la frontera con Bolivia, en Puno.
Luyo Barrientos firmó el contrato como apoderado del consorcio que reunió a Floriano Palacios León, MTV Perú EIRL y Asesores Técnicos Asociados SA (ATA SA). En ese entonces, el apoderado y gerente general de ATA era el actual ministro de Agricultura, José Manuel Hernández Calderón.
El ministro Hernández dejó ATA el 18 de julio del 2016 para asumir como ministro de agricultura. En su portal web, ATA consigna tener entre sus principales clientes a la hoy cuestionada constructora brasileña Odebrecht.
Este no es el único vínculo de ATA con Brasil, pues esta empresa se unió a Engevix Engenharia SA en el Consorcio ATA Engevix. Engevix Engenharia, sucursal peruana, tuvo como consultora a Zaida Sisson, representante de José Dirceu, hoy condenado por el Caso Lava Jato. Según la policía brasileña, Sisson era la encargada de llevar adelante las “negociaciones trabadas y obtener contratos para firma brasileña”.

Consorcio Casma

Edwin Luyo Barrientos, como apoderado de Consorcio Casma, firmó un nuevo contrato en junio del 2014 con Provias Nacional por S/ 1,448,965.13. Esta vez también sería por un estudio de preinversión para el mejoramiento del otro corredor vial (Áncash-Tingo María). Las empresas que integraron este consorcio son Cadelu SAC y Barriga Dall’Orto-Ingenieros Consultores.
Esta última empresa tiene como su presidente a Édgar Barriga Calle vinculado a la concesión de la vía expresa de la avenida Elmer Faucett por ser ex socio comercial del suegro de Álex Kouri, Augusto Dall’Orto Falconí.
Dall’Orto Falconí fue nombrado presidente del comité de concesiones que otorgó la buena pro a Convial Callao. Poco antes que su hija, Claudia Dall’Orto García, contrajera matrimonio con Kouri en enero del 2000; Dall’Orto Falconí renunció y fue reemplazado como presidente del comité de licitación por Édgar Barriga , nada menos que su socio en Barriga Dall’orto SA Ingenieros Consultores.
Cuando Luyo Barrientos ganó estos contratos, Provias Nacional tenía como gerente de la Unidad de Administracion a Santiago Chau Novoa, otro de los ex miembros del Comité de Licitación del Metro de Lima que salió del país en diciembre del año pasado.

En Pasco

Los últimos movimientos comerciales de Edwin Luyo con el Estado no fueron con la participación de su empresa, pero sí como apoderado de los Consorcios Uchumarca y Oxapampa.
Ambos consorcios estuvieron integrados por la sucursal peruana de la empresa española GPO Ingeniería y Arquitectura S.L., con un 90% de participación y Welser Basurto Porta, como persona natural con un 10%.
En marzo del 2008, la Corte Suprema ratificó el fallo que condenó a Welser Basurto, a cuatro años de privación de la libertad por peculado en agravio de FONCODES. Basurto Porta cumplió su condena en 2011.
En diciembre del 2015, Consorcio Uchumarca ganó una licitación para elaborar un expediente técnico para una carretera en Pasco. El contrato estipulaba un pago de S/ 900 mil. Los consejeros regionales han denunciado diversas irregularidades en la firma del contrato, que son investigados por la fiscalía de Pasco.
Ante la denuncia, los mismos socios forman el consorcio Oxapampa para firmar otro contrato con el Gobierno Regional de Pasco, en junio del 2016, para elaborar otro expediente técnico para la construcción de carreteras en la región. Esta vez el monto fue de S/ 1’728,027, casi el doble del contrato anterior.
Tal vez todos estos consorcios, contratos y socios expliquen por qué ahora Luyo ya no habla de la pita más débil ni colaboración eficaz ni confesión sincera. Si confiesa un crimen, tendrá que hablar de todos los otros que hubiera podido cometer.
La República quiso conocer la opinión del ministro de Agricultura, José Hernández, sobre el consorcio formado con Edwin Luyo. Seguimos esperando su respuesta para aclarar cualquier duda.

Conflicto de intereses

Por María Teresa García- Diario Expreso.
La gerente de inversiones de Andino Investment Holding, Ximena Zavala Lombardi, es hermana del premier.
Andino Investment Holding es socia de Kuntur Wasi, concesionaria del Aeropuerto de Chinchero que será financiado por el Gobierno.
A los cuestionamientos con los que ya cuenta la polémica concesión del Aeropuerto de Chinchero, Cusco, por 40 años, se le suma ahora un conflicto de intereses al conocerse que Ximena Zavala, gerente de inversiones de Andino Investment Holding, empresa socia del concesionario Kuntur Wasi, es hermana del primer ministro Fernando Zavala y que su director es Luis Carranza, quien hizo el Plan de Competitividad Regional de Moquegua cuando Martín Vizcarra era presidente regional.
La obra fue licitada el 2014, y adjudicada por US$ 265 millones al consorcio Kuntur Wasi, compuesto por la argentina Corporación América S.A., operador de aeropuertos e infraestructura,  y Andino Investment Holding, ambas por partes iguales.
Según la conformación de la gerencia de la empresa, la gerente de Asuntos Corporativos de Andino Investment Holding es Ximena Zavala Lombardi, hermana del actual titular del Consejo de Ministros, Fernando Zavala.
En la página de la citada compañía aparece su hoja de vida en la que se señala que es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú (1992) y máster en dirección de empresas de la Universidad de Piura (2008).
“Cuenta con más de 10 años de ejercicio profesional en cargos gerenciales de entidades del sector público y privado. (…) Ha sido gerente general de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), jefe de la Dirección de Promoción de Inversiones de Proinversión y asesora del Gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas. Desde enero 2011 es gerente de Asuntos Corporativos de AIH”, detalla.
En tanto que Luis Carranza Ugarte figura como director de dicha empresa desde el 2012. También se desempeñó como ministro de Economía entre el 28 de julio de 2006 y el 14 de julio de 2008. Después de la renuncia de Luis Valdivieso, el 19 de enero de 2009, Luis Carranza retomó la dirección del MEF hasta el 21 de diciembre de 2009. El 13 de diciembre de 2016 fue elegido como presidente ejecutivo de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina- para el período 2017–2022.
Pese a las constantes apariciones públicas de algunos miembros del gabinete ministerial,  promoviendo a toda costa la construcción del Aeropuerto de Chinchero, a tal punto de convertirlo en prácticamente una obra pública sin dejar de ser una APP (asociación público privada), ningún miembro del Ejecutivo dijo ni una sola palabra del vínculo sanguíneo y de amistad con los integrantes de la empresa socia del concesionario a cargo de la obra.
¿FAVORECIMIENTO?
El 10 de noviembre del año pasado, Vizcarra anunció que el Gobierno asumirá el pago de los US$ 265 millones por el aeropuerto de Chinchero, luego de efectuar  una larga evaluación y darse cuenta que el país se ahorraba más de US$ 500 millones en intereses que serían cobrados por el concesionario, porque –aclaró- “el movimiento de tierras que cuesta US$140 millones lo paga el Estado”.  Entonces ¿qué costos asume el consecionario Kuntur Wasi y su socio Andino Investment Holding?
La misma pregunta se habría hecho la ahora expresidenta de Ositran, Patricia Benavente, quien  emitió un voto discordante al de sus excolegas Alfredo Dammert y Antonio Balbuena, cuyas votaciones fueron favorables al proyecto de adenda para el Aeropuerto de Chinchero. Luego de este incidente Benavente renunció a Ositran.
Entre las observaciones de Benavente al proyecto de adenda, destaca la traslación del riesgo de financiamiento del concesionario al Estado, la traslación del riesgo constructivo (de culminación de la subetapa 3 que no es cofinanciada por el Estado), del concesionario al Estado, la inclusión de un adelanto, entre otros puntos.
SE INHIBE
Luego de pedirle a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) una entrevista con el premier Fernando Zavala, un miembro del área de prensa envió la siguiente contestación: “El primer ministro Fernando Zavala solicitó inhibirse de participar en las conversaciones para el destrabe del proyecto del aeropuerto de Chinchero, y de esta manera, evitar posibles conflictos de interés”.
“En este sentido, el proceso estuvo liderado por los ministerios de Economía y Finanzas y de Transportes y Comunicaciones, quienes actuaron bajo el mandato del Presidente de la República de salvaguardar los intereses del Estado. Además, tal como lo ha explicado hoy el ministro Vizcarra, el proceso contó con la supervisión de la Contraloría”.
Vizcarra-Evo-Carranza
En una entrevista concedida en diciembre de 2016 a una radio local de Ilo en Moquegua, el ministro de Transportes, Martín Vizcarra, señala que el extitular de Economía, Luis Carranza es una persona muy ligada a él porque efectuó el Plan de Competitividad Regional de Moquegua, e incluso indica que le pidió al presidente de Bolivia, Evo Morales, votar por su nominación como titular de la CAF–Banco de Desarrollo de América Latina, y que el mandatario altiplánico lo aceptó con todo gusto.

Por Graciela Villasís Rojas y Karla Ramírez– Diario El Comercio.
Cuando se desató el escándalo por las coimas pagadas por Odebrecht a funcionarios del segundo gobierno aprista, el ex ministro Enrique Cornejo aseguró que le sorprendió ver que entre los involucrados aparecía su viceministro Jorge Cuba, por quien la policía ofrece S/30 mil de recompensa.
Cornejo dijo enfáticamente que no entendía cómo el ex viceministro de Comunicaciones tuvo vínculos con Odebrecht, pues la ejecución del metro de Lima era competencia exclusiva del Viceministerio de Transportes. Sin embargo, la Unidad de Investigación de El Comercio accedió a dos resoluciones supremas que ponen en entredicho su sorpresa inicial.
Estos documentos oficiales demuestran que Cuba, siendo viceministro de Comunicaciones, fue enviado por Cornejo a Japón y a Brasil entre el 2010 y el 2011 para evaluar personalmente propuestas relacionadas con el entonces llamado Proyecto Tren Eléctrico del Perú.
La salida al Japón se autorizó el 9 de marzo del 2010, apenas tres meses después de la firma del contrato con el consorcio que lideraba Odebrecht para la ejecución del tramo 1. En la Resolución Suprema 027-2010-MTC –refrendada por el entonces presidente Alan García, el primer ministro Javier Velásquez Quesquén y el propio Cornejo–, se  señala que Cuba formaba parte de una comisión encargada de realizar las coordinaciones del tren. La resolución señalaba que el viceministro debía conocer la infraestructura ferroviaria de Japón para la futura implementación de su similar en el Perú. Cuba también viajó con quien era gerente de Operaciones y Mantenimiento de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (AATE), Jhony Garro.
Al año siguiente, el 7 de febrero, Alan García, el entonces primer ministro José Antonio Chang y Enrique Cornejo firmaron otra resolución suprema, la 002-2011-MTC, en la que autorizan a Jorge Cuba a viajar a Brasil para “determinar la factibilidad de incorporar” 28 unidades de trenes ofrecidas por el gobierno de Río de Janeiro en calidad de préstamo o venta. Nuevamente fue acompañado por Garro Fernandini.

Hace cinco días, en la entrevista que Cornejo concedió a este Diario, sostuvo que Cuba no tenía ningún tipo de relación “ni formal ni funcional con la empresa [Odebrecht] ni con las obras”. Sin embargo, al mostrarle las resoluciones de los viajes que él mismo autorizó, recordó que sí pidió la colaboración de Cuba.
Cornejo dijo: “Cuba formó parte de varias tareas, pues había acumulado experiencia manejando temas de transporte público con [Luis] Castañeda”. Cabe recordar que el ex viceministro había trabajado anteriormente en Pro Transporte durante la primera gestión edilicia de Castañeda Lossio.
Según Cornejo, en el viaje a Río de Janeiro, Cuba tenía el encargo de ver si existía en Brasil la disponibilidad de los trenes ofrecidos. De esta manera, el ex ministro de Transportes y Comunicaciones confirmó que Cuba sí participó en las negociaciones del metro de Lima.
Antecedentes
Viaje de Jorge Cuba a Japón: del 10 al 17 de marzo del 2010. Se autorizó con Resolución Suprema 027-2010-MTC.
Viaje de Jorge Cuba a Brasil: del 8 al 12 de febrero de 2011. Se autorizó con Resolución Suprema 002-2011-MTC.
Reunión en el MTC con Omar Chehade: el 9 de junio del 2011. Participaron Enrique Cornejo (ministro), Hjalmar Marangunich (viceministro de Transportes), Jorge Cuba (viceministro de Comunicaciones) y Jorge Menacho (secretario general).

El gran papelón

Por Martha Meier Miro Quesada.
Los medios cercanos al (des)gobierno de Pedro Pablo Kuczynski siguen tratando de confundir a la opinión pública sobre los alcances de la corrupción de Odebrecht. La pus brasilera cubre a políticos y empresarios peruanos, así como a ciertos abogados y periodistas que se auto-proclamaban la reserva moral del Perú.
La agonizante gran prensa se inmunda tratando de tapar la corrupción de los suyos y minimizar los montos festinados. Vale la pena recordar: las coimas no son de 29 millones de dólares como se quiere hacer creer; son más de 600 millones de dólares -sí, 600 millones de dólares-, esto sin contar miles de millones de sobrecostos, que solo en el gaseoducto del sur sobrepasan los ¡cinco mil millones de dólares! Insistir en la cifra de 29 millones es mentir y tratar de satisfacernos con la captura de pececitos de acuario, o sea Luyo, Cuba y demás chivos expiatorios.
Indigna que se pretenda limpiar a las empresas peruanas consorciadas con la brasilera, como el caso de Graña y Montero, GyM, que tiene en su directorio a un accionista minoritario (4%) del grupo “El Comercio”; pero el señor José Alejandro Graña tiene la suerte de que dos de sus primos hermanos integren el Consejo Editorial del diario: Alejandro “Alejo” Miró Quesada Cisneros y el cocinero Bernardo Roca Rey, a la sazón ex vice ministro del gobierno de Alan García Pérez. A este dúo se suma la esposa de Emilio Rodríguez Larraín, representante de buena parte de los intereses chilenos en el Perú, (vaya coincidencia, Pedro Pablo Errázúriz, ex ministro de Transportes del régimen de Piñera y ex gerente de Lan Chile, integra el directorio de GyM).
En una entrevista con el periodista Hernán Floríndez, (revista Ideele Nº 257), el presidente del Consejo Editorial, Alejo M.Q. dijo: “tampoco pidan que El Comercio sea un detractor de José Graña, a no ser que sea una cosa grosera…”. Nadie pide tal cosa, solo que el diario deje de mentir, confundir y publicar irrelevancias para tapar las vinculaciones de GyM con Odebrecht en 5 de las 7 obras bajo investigación.
La empresa Graña y Montero afirma que no sabía nada; eso resulta curioso pues se asoció con Odebrecht para el gaseoducto del sur cuando Marcelito Odebrecht ya estaba preso. ¿Qué cosa no sabía?
“El Comercio” alguna vez fue una institución nacional, hoy es apenas un papelón que editorializa contra quienes se indignan ante la corrupción. El indescifrable señorito director de ese diario, Fernando Berckemeyer y su cófrade, el becario Fullbright, Enrique Pasquel, sostienen puerilmente que quienes alzan la voz [la izquierda local] contra Odebrecht quieren “relacionar los casos de corrupción con el modelo del libre mercado”.

Lima sin agua

El Consorcio Huachipa conformado por las empresas Camargo Correa y OTV S.A., incluyó el diseño y  construcción de la Bocatoma, la Planta de Tratamiento de Huachipa y Ramal Norte, asimismo,  su operación y mantenimiento por 4 años.  El Consorcio conformado por Nippon Koei y  Cesel OIST estuvo a cargo de la supervisión del diseño y construcción.
Una semana antes de culminar el plazo del contrato de operación y mantenimiento, el 22 de septiembre del 2015,  el Consorcio Huachipa informó mediante carta la situación de riesgo de la estructura de la Bocatoma, ante lo cual el Gerente General de SEDAPAL, Ramón Huapaya, se dirigió formalmente a dicho Consorcio exigiéndole que asuma  sus responsabilidades por los daños encontrados y que ejecute  todas las obras necesarias para reparar dichos daños.
Al haber culminado el plazo de contrato de operación y mantenimiento, SEDAPAL se hizo cargo de la operación de la Bocatoma, Planta Huachipa y Ramal Norte a partir del 1° de octubre del 2015. Además, solicitó formalmente la intervención de la Contraloría General de la República.
Frente al señalamiento de SEDAPAL, el Consorcio Huachipa se ha comprometido a asumir su responsabilidad haciéndose cargo de la reparación temporal inmediata, en principio, con medidas de prevención, cautela y salvaguarda de la infraestructura dañada, y de cualquier otro relacionado con ésta que pueda ser susceptible de vulneración ante la proximidad del Fenómeno del Niño.
SEDAPAL exigirá al Consorcio Huachipa las reparaciones definitivas que se determinen como resultado de un peritaje especializado a todo el Sistema Huachipa (Bocatoma, Planta y Ramal Norte), el que deberá realizarse con una empresa de reconocido prestigio a nivel nacional o internacional que la Empresa contratará para tal efecto.
Cabe recordar que SEDAPAL cuenta con las garantías otorgadas por el Consorcio Huachipa a fin de que honre  su compromiso y responsabilidades.
Fuente: SEDAPAL.

Por Enrique Chávez- Revista CARETAS.
Barata tramitó el pedido de colaboración eficaz en los últimos días, mediante poder entregado a su abogado Luis Alberto Bramont Arias Torres. Al pedido se han sumado Marco Cruz, antecesor de Barata en el Perú, y Sergio Neves, hombre clave del departamento de operaciones estructuradas, el de las coimas. Que, por cierto y según la información inicial proporcionada, sumarían unos US$ 400 millones. Los US$ 29 millones revelados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre son apenas una muestra.
En esencia, Barata se compromete a entregar la información que ya le alcanzó a la justicia brasileña.
Este escenario se suma al de la colaboración entre la Fiscalía peruana y su par brasileña. El pasado 13 de enero el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, suscribió una declaración conjunta con su homólogo Rodrigo Janot. Hoy se sabe que la Fiscalía brasileña facilitó al fiscal peruano Hamilton Castro, que dirige la investigación, fotografiar 11 folios claves del expediente que incluyen los nombres de 314 involucrados en los actos de corrupción en nuestro país.
El apocalipsis penal se completa en un tercer frente que podría llamarse el Lava Jato Peruano. Allí, Mauricio Cruz, sucesor de Barata, ha ordenado entregar a la Fiscalía toda la información disponible en virtud del acuerdo preliminar que la empresa firmó los primeros días del año con el Ministerio Público.
Es en ese contexto que la abogada Lourdes Carreño se convirtió en la ‘Boquita de Caramelo’ que tiró a los rieles a los corruptos del tren eléctrico. Ella entra y sale de las oficinas de la empresa en Lima.

Boquita de caramelo

Por César Prado- Revista CARETAS.
Su testimonio fue clave para dar con los nombres de Edwin Luyo Barrientos y Jorge Cuba Hidalgo, los primeros acusados de haber recibido coimas de Odebrecht en el Perú. Lourdes Carreño Carcelén es la funcionaria de la constructora brasileña que ha abierto la caja de pandora ante el fiscal Hamilton Castro en las últimas semanas. No es lo único que ha dicho en estos años.
Siguiendo órdenes de Mauricio Cruz, presidente de Odebrecht Latinvest Perú, Carreño brindó al Ministerio Público los números de cuenta de la BPA Banca Privada de Andorra adonde fueron los sobornos por la adjudicación de la Línea 1 del Tren Eléctrico. Estas, se supo por la misma Carreño, pertenecían a empresas offshore fundadas por Jorge Cuba y Edwin Luyo en Panamá.
El exviceministro de Comunicaciones y el miembro del Comité de Licitaciones de dicha obra recibieron pagos escalonados a través de Hispamar International Corp. y Oblong International INC. Cerca de 2 millones de dólares enviados entre julio del 2013 y abril del 2014 a través de la compañía AEO Group INC, empresa utilizada por Odebrecht para el pago de sobornos.
Una vez conocida esta información, la fiscalía puso en marcha el operativo denominado “Palingenesia” que acabó con la captura de Luyo y el allanamiento de las propiedades de Cuba Hidalgo, quien se encuentra en los Estados Unidos desde el 24 de diciembre pasado. Por su parte, el juez Concepción Carhuancho dictó prisión preventiva por 18 meses contra ambos.
De la misma delación de Carreño se habría obtenido el nombre de Miguel Ángel Navarro, exfuncionario del Viceministerio de Comunicaciones quien fue capturado en su domicilio de Balconcillo el martes 24. Navarro, junto a los otros acusados, laboraron en dicha cartera durante la gestión de Enrique Cornejo, quien ya ha sido citado a la Comisión Lava Jato del Congreso.
Carreño Carcelén, quien aparece como apoderada legal de la constructora Norberto Odebrecht S.A. sucursal Perú, también fue una funcionaria del segundo gobierno aprista. El 27 de setiembre del 2010, la abogada fue designada integrante de la Comisión de Gracias Presidenciales por el entonces ministro de Justicia, Víctor García Toma, cargo en el que permaneció hasta el 2011.
No se conoce cuál fue el camino que siguió para ostentar tan alto cargo en la constructora brasileña, pero su nombre volvió a hacerse público a mediados del 2015. Fue a raíz de la denuncia del fiscal Supraprovincial Elmer Chirre Castillo contra el exgobernador regional de Áncash, César Álvarez, y otros funcionarios comprometidos en el sonado caso “La Centralita”.
Entre otros, Chirre investigaba los pagos al exasesor de Álvarez, Dirsse Paul Valverde Varas, quien entre el 1 de julio y el 15 de diciembre del 2010 recibió cerca de 700 mil soles por consultorías a favor de la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 S.A y Rutas de Lima SAC, ambos integrados por Odebrecht.
Lo sospechoso es que en ese mismo período la autoridad regional de Áncash otorgó la buena pro de la carretera Callejón de Huaylas- Chacas- San Luis, valorizado en 400 millones de soles, a un consorcio integrado por la misma Odebrecht. Carreño, apoderada legal de la empresa, confirmó a Chirre los pagos a  Valverde Varas, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.
A través de la carta CON/05- 2015-LC dirigida a la Fiscalía Supraprovincial, Carreño incluyó las órdenes de servicio N° 001-10 y N° 002-10 a favor de Valverde. De igual manera, la ejecutiva envió la documentación a la Comisión del Congreso que investigó el caso “La Centralita” a cargo del exlegislador Mesías Guevara, la misma que fue incluida como anexo en el informe final publicado el 2016.
A la luz de los hechos, esta información puede resultar gravitante para iniciar nuevas líneas de investigación. En especial la referida al consorcio Rutas de Lima, pues confirma que los malos manejos venían desde el mismo 2010 en que la operadora del peaje de Puente Piedra tuvo su punto de partida. Al parecer, estas son solo las primeras revelaciones de Carreño. El aluvión espera.