Superpoderosas

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10 de noviembre de 2016: El ministro de Transporte y Comunicaciones, Martín Vizcarra, aseguró que, al asumir US$ 265 millones extra del costo de la obra, el Estado se ahorraría los intereses de ese monto, que ascendería a US$ 800 millones.
En octubre del año pasado, MANIFIESTO informó sobre un grupo de mujeres muy cercanas al presidente Pedro Pablo Kuczynski que estaba tratando de ganar una posición hegemónica en Palacio de Gobierno, entre las que estaban Cecilia Blume, la banquera Susana de la Puente y una profesional de alto nivel pero de perfil muy bajo, la fundraiser Anamaría Masseur.
Fuentes palaciegas señalaron a esta publicación que este grupo de poder habría engrosado con la llegada de otros personajes femeninos vinculados a las finanzas como Ximena Zavala Lombardi- hermana del actual presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala- y Carolina Castilla Rubio, hermana del exministro de Economía, Luis Miguel Castilla. Todas ellas se eslabonan en proyectos como el del aeropuerto Chinchero del Cusco.
Este proyecto específico- cuya adenda será firmada en las próximas horas, según anuncio del ministro Alfredo Thorne- está a cargo del consorcio Sociedad Aeroportuaria Kuntur Wasi S.A. que tiene como vocera a Patricia Teullet Pipoli, exviceministra de Economía en el año 2001, cuando Kuczynski Godard se desempeñaba como ministro de Alejandro Toledo.

Las fuentes señalaron a MANIFIESTO que en la gestión de la adenda ha participado Newlink Group, una consultora internacional que tiene como miembros de su equipo- su ‘team’ que le dicen- precisamente a Patricia Teullet, Cecilia Blume y Carolina Castilla, según información consignada en su propio portal web.
El consorcio Kuntur Wasi S.A. está formado por Corporación América de Argentina y Andino Investment Holding de Perú. Esta última compañía tiene como gerenta de asuntos corporativos a Ximena Zavala, la hermana del actual presidente del Consejo de Ministros, Fernando Martín Zavala Lombardi.
Para mayores señas, las abogadas Carolina Castilla Rubio y Cecilia Blume Cilloniz son directoras asociadas de CB Consult S.A.C., una consultora empresarial especializada en temas legales y económicos, de acuerdo a información de su página web.
La banquera Susana de la Puente y la fundraiser Anamaría Masseur tuvieron un papel gravitante en la campaña electoral pasada desde el ‘war room’ (cuarto de guerra) que funcionó durante la segunda vuelta en el cuartel general de PPK en la calle Barcelona de San Isidro, lo que parece haberles reservado un lugar especial en el entorno del jefe de Estado.
Prueba de ello es que Masseur fue llevada en julio pasado por Pedro Pablo Kuczynski a Palacio de Gobierno, como la principal de sus tres secretarias.
En días pasados, MANIFIESTO informó que la renuncia de la presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), Patricia Benavente, habría sido gatillada por presiones salidas de Andino Invesment Holding, donde es gerenta Ximena Zavala, la hermana del actual premier, como se ha señalado.
Fuente:

Alarcón sobre nuevo audio: "Últimamente soy culpable de todo lo que pasa en el país"

Propuesta ciudadana

La adenda N°1 del proyecto Aeropuerto Chinchero ha llegado a un punto muerto. El Estado estuvo negociando la firma de esta modificación contractual, debido a que buscaba destrabar el proyecto en base a asumir mayores riesgos dentro de la construcción del proyecto.
Sin embargo, su decisión ha sido cuestionada por una comisión del Congreso, lo que detuvo la firma de la adenda programada.
El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha dicho en un mensaje a la nación que el Estado, de firmarse la adenda, el Estado sólo pagará US$ 529.5 millones, de los US$ 1,120 millones que se tenía pactado inicialmente con la firma del contrato en el gobierno de Humala.
El titular del MTC, Martín Vizcarra, dijo en RPP que el contrato era un beneficioso para el estado peruano porque ahora se evitaba pagar US$ 590 millones en intereses.
Asimismo, representantes del consorcio Kuntur Wasi dijeron que ellos no han buscado sorprender al estado, pero éste asumirá el costo. Negaron cualquier riesgo crediticio.
Ante esta situación, un informe del grupo Propuesta Ciudadana señaló que el argumento del ahorro proveniente del gobierno de PPK es carente de sustento, ya que “dicho costo es ficticio y el Estado no tendría por qué aceptarlo al ser producto de la mala calificación de la empresa en el mercado, no de las condiciones del mercado”, dijo.
Foto: Andina.30 de enero de 2017. El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, anunció la suspensión de la adenda, responsabilizando al Congreso. También describió cuál es la función de la adenda, y el posible ahorro que le generaría al Estado.
“La decisión del gobierno de “salvar el proyecto” asumiendo el costo de la construcción del Aeropuerto, es una decisión política que atiende los reclamos que vienen desde Cusco, pero aparece como groseramente concesiva con la empresa concesionaria”, indica en un informe.
Esto debido a que Andino Investment Holding (AIH), que posee el 50% de acciones en el consorcio Kuntur Wasi, no goza de una calificación crediticia óptima. La clasificadora Fitch Ratings califica la deuda de AIH con ‘B-’ que corresponde a una calificación “altamente especulativa”.
Según datos de Bloomberg, el margen ebitda de AIH pasó de 23.8% en diciembre del 2015 a 14.9% en setiembre del 2016 y viene en caída desde diciembre del 2013.
“En el proyecto del Aeropuerto de Chinchero, los dos criterios centrales para la implementación de las APP (la asignación de riesgos y el valor por dinero) están en cuestión”, señala Propuesta Ciudadana.
“En el primer caso, si es el Estado el que pone el dinero y no el privado, ya no es una APP, entonces, ¿por qué habría que permitirle administrar el aeropuerto por 40 años? Una APP produce valor por dinero para el Estado cuando el privado asume el riesgo financiero y entrega la obra a menor costo y eficientemente ejecutada”, señala.
Fuente: Diario Gestión.[Foto] Lava Jato: investigan diez obras de cinco empresas brasileñas

Adendas

Por Ángel Páez- Diario La República.
Las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios han detectado que en cinco megaproyectos ejecutados por constructoras brasileñas existió una probable concertación entre las autoridades y las compañías para incrementar el costo original de las obras públicas.
A partir de información suministrada por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), las autoridades fiscales han determinado que se trata de cinco casos en los que el presupuesto inicial subió más del 30 por ciento en desmedro de los recursos del Estado.
Los cinco proyectos arrancaron por un total de 1,224 millones de soles, pero con los adicionales o adendas al contrato al final se terminó pagando 1,778 millones de soles. Esto es más de 553.5 millones de soles de las arcas públicas en beneficio de las constructoras brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao, todas involucradas en el caso de corrupción Lava Jato.
La modalidad que frecuentemente acordaron los funcionarios públicos con los directivos de las constructoras brasileñas para elevar el costo de las obras públicas, fueron las denominadas ‘adendas’ para incorporar montos adicionales bajo distintos argumentos.
Para las autoridades fiscales, los pagos adicionales podrían haber servido a las firmas brasileñas como un fondo para pagar sobornos a funcionarios públicos, un esquema de corrupción que aplicaron para obtener adjudicaciones de obras o la aprobación del aumento del presupuesto inicial.
“Según nuestros colegas fiscales brasileños del caso Lava Jato, los funcionarios públicos y los directivos de las constructoras incrementaban los costos de las obras para obtener un dinero adicional con el que desembolsaban las coimas. La plata de los sobornos no salían de las empresas sino de los fondos públicos”, dijeron fuentes de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción.

Como la espuma

Uno de los casos más llamativos es la construcción de la Vía de Evitamiento de la ciudad del Cusco, que arrancó con 297.9 millones de soles, pero mediante la aprobación de 35 adicionales acordadas con la constructora Odebrecht, se elevó a 373.6 millones de soles. Esto es, 75.6 millones de soles más.
En el caso de la rehabilitación de la avenida Néstor Gambetta, el gobierno de la Región Callao reconoció 21 adicionales a favor del consorcio brasileño Andrade Gutierrez y Queiroz Galvao. De este modo, según los reportes del OSCE, la obra de 355.7 millones de soles escaló hasta 494.5 millones de soles: un agregado de 138.8 millones de soles. Algo así como 40 por ciento.
Pero para la habilitación del tramo del Callao de la vía Costa Verde Odebrecht solo requirió la luz verde de 6 ‘adicionales’ por parte del Gobierno Regional del Callao para aumentar el costo original de la obra de 302.5 millones a 470.8 millones de soles. Esto es: 168 millones de soles más.
De esta manera, si se suman los adicionales que demandaron los proyectos de la avenida Gambetta y el tramo de la Costa Verde, en total la gestión de Félix Moreno pagó a las brasileñas 306.8 millones de soles más respecto del presupuesto con que se dio comienzo a las obras. Con ese dinero, pudieron haber financiado la construcción de decenas de colegios en las zonas más necesitadas.
Provias también aceptó pagos adicionales a Camargo Correa y Queiroz Galvao por la construcción de la carretera Tingo María-Puente Chino. Desembolsó 81.3 millones de soles más respecto al costo de arranque.
A Andrade Gutierrez, Provias abonó 89.6 millones de soles de más por la carretera Tingo María-Pucallpa, tramo San Alejandro-Neshuya.

Hernández y Luyo

Por César Romero– Diario La República.
“Todos saben que la cuerda se rompe por el lado más débil”, dijo Edwin Luyo Barrientos tras ser detenido y comparecer ante el juez Richard Concepción Carhuancho. ¿Es Luyo Barrientos la cuerda más débil de esta historia?
Al adentrarnos en sus actividades con el Estado, para conocer a este personaje, encontramos que además de haberse desempeñado como funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, también contrató con el Estado a nombre de su empresa Cadelu SAC o como apoderado de dos consorcios.
En total, el primer detenido por el caso Odebrecht logró contratos con el Estado por 5’881,083.93 soles, en 19 licitaciones. La mayoría, antes o durante la época en que fue funcionario público, son por montos que no superan los 50 mil soles, unos 300 mil aproximadamente.
Luego, en los últimos cuatro años, después de participar en la licitación del Metro de Lima, su suerte dio un brinco gigantesco y participó en cuatro licitaciones en consorcio por 5’587,562.25 soles.
Licitaciones que gana en la época en que el gerente de la unidad de administración de Provias Nacional era otro ex integrante del Comité de Licitación del Metro de Lima, Santiago Chau Novoa.
En estos afortunados consorcios, Edwin Luyo Barrientos tuvo como socios, en una licitación, a la empresa del suegro del ex alcalde del Callao y actualmente preso Alex Kouri, “Barriga Dal’Orto Ingeniero Consultores”.
En otro de los consorcios, nada menos que la empresa Asesores Técnicos Asociados (ATA) cuando era dirigida por el actual ministro de agricultura, José Manuel Hernández.
Respecto de los otros dos consorcios encontramos que las licitaciones son con el Gobierno Regional de Pasco, que encabeza el fujimorista Teódulo Quispe Huertas. Uno de estos contratos está en investigación en la fiscalía anticorrupción de Pasco. Los consejeros han denunciado que el contrato es fantasma.

Consorcio Juliaca

El 17 de marzo del 2014, Consorcio Juliaca firmó un contrato con Provias Nacional, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para elaborar un estudio de preinversión para el mejoramiento del corredor vial que inicia en Juliaca hasta la frontera con Bolivia, en Puno.
Luyo Barrientos firmó el contrato como apoderado del consorcio que reunió a Floriano Palacios León, MTV Perú EIRL y Asesores Técnicos Asociados SA (ATA SA). En ese entonces, el apoderado y gerente general de ATA era el actual ministro de Agricultura, José Manuel Hernández Calderón.
El ministro Hernández dejó ATA el 18 de julio del 2016 para asumir como ministro de agricultura. En su portal web, ATA consigna tener entre sus principales clientes a la hoy cuestionada constructora brasileña Odebrecht.
Este no es el único vínculo de ATA con Brasil, pues esta empresa se unió a Engevix Engenharia SA en el Consorcio ATA Engevix. Engevix Engenharia, sucursal peruana, tuvo como consultora a Zaida Sisson, representante de José Dirceu, hoy condenado por el Caso Lava Jato. Según la policía brasileña, Sisson era la encargada de llevar adelante las “negociaciones trabadas y obtener contratos para firma brasileña”.

Consorcio Casma

Edwin Luyo Barrientos, como apoderado de Consorcio Casma, firmó un nuevo contrato en junio del 2014 con Provias Nacional por S/ 1,448,965.13. Esta vez también sería por un estudio de preinversión para el mejoramiento del otro corredor vial (Áncash-Tingo María). Las empresas que integraron este consorcio son Cadelu SAC y Barriga Dall’Orto-Ingenieros Consultores.
Esta última empresa tiene como su presidente a Édgar Barriga Calle vinculado a la concesión de la vía expresa de la avenida Elmer Faucett por ser ex socio comercial del suegro de Álex Kouri, Augusto Dall’Orto Falconí.
Dall’Orto Falconí fue nombrado presidente del comité de concesiones que otorgó la buena pro a Convial Callao. Poco antes que su hija, Claudia Dall’Orto García, contrajera matrimonio con Kouri en enero del 2000; Dall’Orto Falconí renunció y fue reemplazado como presidente del comité de licitación por Édgar Barriga , nada menos que su socio en Barriga Dall’orto SA Ingenieros Consultores.
Cuando Luyo Barrientos ganó estos contratos, Provias Nacional tenía como gerente de la Unidad de Administracion a Santiago Chau Novoa, otro de los ex miembros del Comité de Licitación del Metro de Lima que salió del país en diciembre del año pasado.

En Pasco

Los últimos movimientos comerciales de Edwin Luyo con el Estado no fueron con la participación de su empresa, pero sí como apoderado de los Consorcios Uchumarca y Oxapampa.
Ambos consorcios estuvieron integrados por la sucursal peruana de la empresa española GPO Ingeniería y Arquitectura S.L., con un 90% de participación y Welser Basurto Porta, como persona natural con un 10%.
En marzo del 2008, la Corte Suprema ratificó el fallo que condenó a Welser Basurto, a cuatro años de privación de la libertad por peculado en agravio de FONCODES. Basurto Porta cumplió su condena en 2011.
En diciembre del 2015, Consorcio Uchumarca ganó una licitación para elaborar un expediente técnico para una carretera en Pasco. El contrato estipulaba un pago de S/ 900 mil. Los consejeros regionales han denunciado diversas irregularidades en la firma del contrato, que son investigados por la fiscalía de Pasco.
Ante la denuncia, los mismos socios forman el consorcio Oxapampa para firmar otro contrato con el Gobierno Regional de Pasco, en junio del 2016, para elaborar otro expediente técnico para la construcción de carreteras en la región. Esta vez el monto fue de S/ 1’728,027, casi el doble del contrato anterior.
Tal vez todos estos consorcios, contratos y socios expliquen por qué ahora Luyo ya no habla de la pita más débil ni colaboración eficaz ni confesión sincera. Si confiesa un crimen, tendrá que hablar de todos los otros que hubiera podido cometer.
La República quiso conocer la opinión del ministro de Agricultura, José Hernández, sobre el consorcio formado con Edwin Luyo. Seguimos esperando su respuesta para aclarar cualquier duda.

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2 pensamientos en “Superpoderosas

  1. María La Jara

    Interesante y debe ser dado a conocer a la opinión pública. Entonces esta es la razón de tanta pasividad del Premier Zavala.

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    1. Jorge Sakamoto

      ¿El Perú es un país democrático? Todo es robo y corrupción. Los delincuentes siempre son del poder ejecutivo (Presidentes, Ministros, Viceministros, etc.), solo sirven para enriquecerse mas y los que llegan “misios” como por ejemplo: Alan, Toledo, Ollanta, Nadine; cuando terminan salen ricos. En estos contratos multimillonarios no participan el poder legislativo ni el judicial. Por eso no hay congresistas ni jueces en estos contratos corruptos, salvo las que fueron regidoras de Susana Villarán. ¿Los países democráticos son corruptos?

      Responder

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