Por Ricardo Vásquez Kunze– Político.pe
Hoy es 28 de noviembre y el referéndum es el 9 de diciembre. Estamos a menos de dos semanas de modificar casi un tercio de la Constitución en materias tan importantes como la administración de justicia y el sistema de representación política y nadie sabe cuáles son los cambios por los que va a votar ni, mucho menos, las consecuencias reales que para su vida y el país traerán esos cambios.
Cuando digo “nadie” me refiero a Juan Pueblo, pues en cuanto a la élite interesada en una agenda propia esta sabe perfectamente que el referéndum es puro humo, que no va a solucionar ningún problema ni de justicia ni de organización política y que, por el contrario –según la mayoría de expertos en la materia– las reformas constitucionales propuestas por Martín Vizcarra empeorarán una situación política ya de por sí desastrosa.
El único y gran responsable de poner al país frente a una catástrofe anunciada como la que se avecina es Martín Vizcarra. El señor es un demagogo nato. Nada le costaba, si hubiera sido el estadista que no es, proponer una reforma en serio y no el mamarracho que denunció hasta el último día de su vida Enrique Bernales. Lo advirtió pero nadie le hizo caso. Incluso algunos que hoy lloriquean con hipocresía su muerte se burlaron deslizando miserablemente el hecho de que quizás su enfermedad le hubiera afectado el cerebro.
Lo cierto es que Martín Vizcarra improvisó un adefesio para las tribunas, aprovechó un escándalo de corrupción para enardecer al populacho y sobre eso edificó un referéndum a su medida, avasallando al Congreso y dictándole plazos perentorios. Y llegó al extremo de la estulticia de pretender que las reformas quedaran oleadas y sacramentadas por el voto popular en octubre, con las elecciones municipales. La ONPE y el JNE le dijeron que era imposible. Entonces decidió que tenía que ser en la segunda vuelta del 9 de diciembre y punto.
Amenazó con cerrar el Congreso para salirse con la suya y de nada sirvieron los consejos que de buena voluntad se le dieron para que de una manera ordenada y responsable las reformas se discutieran y se dejaran madurar hasta la legislatura de marzo de 2019 y se votaran ahí. Como a todo demagogo lo único que le interesaba era él –es decir, no perder la oportunidad de un baño de popularidad poniéndose a la cabeza de un referéndum entre los “buenos” y los “malos”, los “virtuosos” y los “corruptos”– siendo las reformas constitucionales un mero pretexto para el acto electoral.
Pues bien, estamos en vísperas de la hora señalada. Tengo la sospecha de que Martín Vizcarra se ha dado cuenta de que no las tiene todas consigo, de que la anticorrupción ya está cansando y de que el humo se está disipando dejando a la vista que en estos seis meses de gobierno –lapso en el que pidió que se evalúe su gestión– no ha hecho absolutamente nada más que hablar y hablar de corrupción. No tiene oposición, pues Keiko Fujimori está presa arbitrariamente por tres años sin acusación fiscal y Alan García con refugio diplomático.
El norte del país sigue hecho un desastre. El crimen avanza mientras los policías son asesinados en las calles y las balaceras son pan de cada día. La violencia contra la mujer sigue viento en popa (aunque magnificada por la prensa bajo razones de agenda ideológica) y la corrupción toca la puerta de los ministerios, como el de Cultura. El sector Salud y los maestros se van a la huelga y el país empieza a despertar de los sueños de opio que le vendió Vizcarra (en complicidad con el cartel mediático) para alzar la voz y pedir cuentas.
Vizcarra ha hecho un llamado desesperado esta semana a todas las autoridades para que tomen partido por el referéndum y movilicen a la población para votar. Sabe que algo no está yendo bien (pese a todas las encuestas de Ipsos) y que en la puerta del horno se le puede quemar el pan.
Como las reformas son una coartada, el 9 de diciembre es un plebiscito sobre su gobierno que en seis meses, repito, no ha hecho absolutamente nada. ¿O alguien puede señalarme alguna obra pública que esté en camino? ¿La economía crece o está estancada? ¿Hay algún proyecto para celebrar el bicentenario a dos años de esta fecha? Si la respuesta es que no hay nada, entonces la respuesta a las cuatro preguntas del referéndum es NO.
Cuatro veces NO, como para que no haya ninguna duda y le quede el ojo bien cuadrado.

Por sus obras los conoceréis

Por MARIELLA BALBI– Diario Perú21.
La explicación de Jaime Yoshiyama respecto a cómo obtuvo US$800,000 para la campaña fujimorista es poco creíble y contradictoria. Pero si el fiscal del caso no acredita que Jorge Barata dio el dinero a Yoshiyama, se le complicará la verificación. Con la lideresa de Fuerza Popular en cana, el fiscal no tiene prisa en demostrarlo. Recordemos que Barata declaró que no tiene pruebas de ello.
Cosas de la vida, la misma ignorancia de Keiko Fujimori sobre los aportes a su campaña la tuvo Mario Vargas Llosa, su antípoda cabal. Este escribió que pidió expresamente a sus correligionarios no saber nada sobre la proveniencia del dinero de su millonaria campaña electoral. Por sus dichos los conoceréis.
El fiscal del caso Keiko Fujimori solo quiere construir, si es posible a patadas, una organización criminal, que se resume en conseguir prisión provisional por 36 meses para quien le convenga y contar ese tiempo para construir la ‘criminalandia’ de sus sueños.
Basta el dicho de un delator para pedir chirona. Vale todo, el congresista Reátegui es testigo protegido, no está investigado, su esposa y familiares sí.
Delata a sus partidarios, pero es participante de los hechos. Debería ser colaborador y para ello levantarle el fuero. Otro testigo suelta que el esposo de Keiko Fujimori compró vehículos con ‘la plata que sobró de la campaña’ (los compró por leasing) y ya le abrieron investigación, también a 500 almas más. Ojo al piojo, si Uruguay mira las audiencias donde condenan a gente como cancha con argumentos fantasiosos, quedará estupefacto con este desaguisado disque judicial. Lo más desopilante es cuando juez y fiscal subrayan con cierta seriedad que el partido no es una organización criminal sino que, Fuerza Popular, fue infiltrado por una. Es decir la ‘capi di capis’ es Keiko Fujimori, que se infiltró a sí misma.
Otra ‘prueba gran’ de la organización criminal es que tiene una estructura vertical. El fiscal y el juez no quieren que los partidos funcionen como tales, sino como un ‘Wodstock’ permanente. Pero para tramitar la apelación de Keiko Fujimori actúa con pachocha. Le impone a la prisionera hacer su cola porque le falta sentenciar a 50 más. Un juez injusto, tanto que el defensor del Pueblo lo reconviene. Por sus inacciones los reconoceréis.
El presidente pide “no confundir persecución política con lucha anticorrupción” sin aceptar que a quienes más se ‘combate’ o persigue es a sus opositores. A otros investigados, Barata los delató puntualmente, están tranquilos como operados. Por sus obras los reconoceréis.

A LA OPINIÓN PÚBLICA
Como es fácil “etiquetar” de corrupta a una persona difundiendo y repitiendo rumores para lograr reacciones emocionales, creo necesario recordar hechos que no se conocen o se olvidan.
Primero. En el año 2013 el Señor Fiscal de la Nación, Dr. Antonio Peláez, máxima autoridad del Ministerio Público, inició de oficio una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra mí y durante un año analizó e investigó cada uno de mis ingresos y el único bien inmobiliario que poseo, adicionalmente cada una de las conferencias dictadas como conferencista internacional, y un año después en diciembre del año 2013 expidió su Resolución Final en la cual estableció: “No se ha demostrado existir ningún enriquecimiento ilícito, incremento patrimonial o lavado de activos en el presidente Alan García”.
Segundo. En el año 2011, tras el fin de mi segundo gobierno, el parlamento, de mayoría adversaria y gobiernista, creó una comisión llamada la Mega Comisión sobre los presuntos ilícitos cometidos por Alan García y, en los años siguientes, levantó mi secreto bancario, analizó mis bienes que se limitan a mi vivienda particular, estudió mis ingresos; es decir, mi pensión como ex Presidente, mi salario como director de un Instituto Universitario y el producto de mis conferencias internacionales y, en el año 2016, antes de cerrarse ese congreso de mayoría adversaria presentó un informe que fue aprobado por el Congreso, en el cual consta textualmente: “No se ha encontrado ningún indicio o prueba de enriquecimiento ilícito o patrimonial de Alan García”.
Tercero. En el año 2017, el actual Congreso, en el que el Partido Aprista Peruano, solo cuenta con cinco de ciento treinta parlamentarios, creó la llamada Comisión Lava Jato, que por dos años, llevó a cabo una investigación sobre más de diez obras construidas en tres gobiernos y sobre más de 400 personas, y su conclusión votada el ocho de octubre señalo explícitamente: “No hemos encontrado ningún indicio, delación ni prueba que vincule a Alan García con alguno de los delitos”, que sí han involucrado documental y probadamente a los expresidentes Toledo, Humala, Kuczynski e inclusive a otros funcionarios como la alcaldesa socialista de Lima, Susana Villarán.
Cuarto. El Fiscal de la Nación, que sucedió al Fiscal Peláez, Dr. Pablo Sánchez, ordenó en el mes de junio de 2018, el archivamiento de las nuevas investigaciones sobre lo ya investigado, por haberse establecido que no tenía ninguna vinculación con delito o enriquecimiento patrimonial. Y de esta manera, fue el segundo Fiscal de la Nación que lo hizo, aunque ninguna de ambas resoluciones sea respetada, en este momento, por fiscales de inferior categoría que conducen la persecución política en mi contra con simples especulaciones y rumores, que lanzadas y repetidas se vuelven verdad para muchos.
Quinto. En todas y cada una de las declaraciones bajo juramento, que por acuerdo entre Perú y Brasil han ofrecido, el dueño de la empresa Odebrecht y sus más altos funcionarios han reiterado que no tengo relación con ningún delito ni he recibido ni pedido algún beneficio para mí. Así lo dijo Marcelo Odebrecht al fiscal del Perú y al procurador brasileño: “Nunca hemos hablado de nada ilícito ni ilegal con Alan García”; su representante en el Perú, Jorge Barata ha dijo en el proceso que “jamás conversó conmigo sobre ningún soborno” y que sí, según dijo, apoyó al partido aprista peruano en una elección hace doce años fue “Sin conocimiento de Alan García, que nunca habló conmigo y que no sabe si alguna vez tuvo conocimiento de eso”. Finalmente, el tesorero de esa empresa, Carlos Nostre, brasileño, declaró en el mes de octubre que, en efecto, sobornó a un viceministro (Jorge Cuba) depositándole dinero en una cuenta en Andorra pero que jamás tuve yo nada que ver en ello, ni lo supe.
Sexto. Todos estos hechos comprueban cuánto y cómo estoy alejado de actos delictivos, por lo cual, en más de siete años de terminado mi gobierno no he tenido ningún proceso. Pero ahora, para vincularme con algún hecho se utilizó una de las 36 conferencias mundiales que he dictado como expresidente, la sostenida en el auditorio de la Federación Industrial de Sao Paulo argumentando que ella había sido pagada indirectamente por Odebrecht, una de las empresas miembros de esa Federación y presumiendo, sin prueba, que ese dinero provendría de ilícitos de la empresa. Pero es público que, en el año 2012, nadie en América Latina tenía conocimiento de las acciones delictivas y de soborno que esa empresa protagonizaba, pues solamente se conocieron en el año 2016. Además, recibí los honorarios de la Federación y su agenda, enviados desde el Banco do Brasil y por los que pagaron impuestos, en mi cuenta pública en Urna y pagué el 30% de impuestos por ella. Pero por especulación malévola se ordenó el 17 de noviembre mi impedimento de salida del país por 18 meses.
Séptimo. He asistido a 48 citaciones de jueces y fiscales sobre cada una de las obras que hizo la empresa Odebrecht en el Perú, pero, llegado a Lima el día 15 para asistir a la citación número 49 encontré que esta se suspendió, solicitándose mi impedimento de salida del país sin ninguna explicación. Personal del equipo especial de las Fiscalías anticorrupción a cargo de la investigación, nos hizo saber que esa medida se adoptaría a pesar de lo cual y por no creerla, asistí, pero se cumplió. Luego, se nos informó que, para la siguiente audiencia, la número 50, el 19 de noviembre se aplicaría una medida de detención preliminar en la propia audiencia para luego extenderla como detención preventiva por 36 meses, en una suerte de emboscada inaceptable.
Octavo. En los días siguientes se ha comprobado lo siguiente: la orden de impedimento fue dictada por el juez el 17 de noviembre a las 6:00 de la tarde, pero como lo demuestra el documento oficial, el Ministerio del Interior ya habían dispuesto desde el 1 en la mañana ese impedimento informando a todas las garitas de salida del país, lo que demuestra que la orden judicial había sido antecedida por una orden política. Tan grave como ello es que, ahora, para responder a la denuncia de persecución política, el jefe de los fiscales que ven este caso diga abierta y descaradamente en la televisión que: “Solo se trataba de una sospecha inicial para la cual no tenemos todavía ningún elemento fundamental”. Pero al decir eso con respecto a la conferencia, no da marcha atrás en el impedimento de salida de 18 meses que es una limitación a la libertad y una sanción política ante el país, ni desmiente que el día 19 iba a procederse a mi detención por una “sospecha inicial” que es solo una especulación o rumor.
Así se usa abusivamente de los procedimientos penales para humillar a los adversarios políticos y se comienza acusando de lavado de activos porque según se dice el dinero de la conferencia habría provenido de actividades ilícitas de Odebrecht; tras lo cual se añade el tipo de Organización Delictiva y de esa manera se tiene una detención de 36 meses que es una sentencia en sí misma ampliable a otros 36 meses mientras “se hace la investigación”. Pero todo ello coincide con el calendario electoral y con las acciones del gobierno.
Noveno. En ningún otro tema existe declaración, ni delación acusatoria, ni cuenta corriente por ninguno de los proyectos. Con esa confianza he participado, repito, en 48 audiencias fiscales y judiciales explicando que el Presidente de la República por emitir decretos de urgencia para realización de las obras en una democracia, no tiene ninguna culpabilidad por el delito de algún funcionario menor.
Todos estos hechos demuestran la persecución política, así como el nivel de prepotencia y temor que hoy vive el país. Son hechos, frente a rumores con los que se quisiera afectar mi libertad, lo que no permitiré sin defensa.
Alan García

Protesta, rebelión, revolución

Por Hugo Neira-Diario El Comercio.
“En castellano se usa poco la palabra revuelta”. Esta frase inicia un célebre texto del mexicano Octavio Paz. “La revuelta es popular y expresiva”. La rebelión –añade– “es una sublevación solitaria o minoritaria”. Texto de 1978, y que me ha acompañado toda mi vida, una tríada que no ha perdido su vigencia. La otra idea es revolución. ¿Por qué Paz? Le dieron el Nobel de Literatura, no por escribir novelas, sino por poeta y ensayista. Paz, un gran pensador latinoamericano. “El laberinto de la soledad”, una pena que muchos peruanos no lo conozcan. Me armo de estos conceptos para abordar lo que nos está pasando. En particular, el tema del asilo.
Vamos al grano. El tema crucial es la corrupción. Qué duda cabe, desde los años 90, el país ha crecido económicamente y a la vez se ha corrompido. Odebrecht pudrió por decenios a políticos y de paso a funcionarios, estudios de abogados y la mar en coche. Hay una parte de la sociedad que está hambrienta de justicia, y otra que ha lucrado. Y es cierto que los presidentes en los últimos 18 años, o están pedidos o tienen procesos judiciales abiertos. ¿Pero dónde está el error? En la “detención preventiva”. Investigar, sí. Pero sin arrasar los derechos humanos y la libertad del ciudadano. Ya sé, hay esa ley, pero abre de par en par las puertas a un poder sin límites. La preventiva, mañana un opositor; pasado cualquier disidente. De la anticorrupción nos estamos deslizando al hábito de la persecución. De la sartén al fuego.
Privar de libertad es muy práctico. Se ponen esposas o grilletes a un personaje y su contorno comienza a cantar. El problema es que eso no es novedad. Lo preventivo se ha usado en el muy eficaz Estado totalitario de la Unión Soviética. Ni los comunistas que eran parte de las instituciones gubernamentales estaban a salvo de una acusación. El pragmatismo cínico escogía las víctimas entre sus propias filas. Eso se llama purga. Y con los nazis, ¿quién podía estar seguro con su mórbida revolución? Nosotros, a la peruana, “la fiscalía ha creado un clima de indefensión jurídica”, dice Alan García en su carta al presidente uruguayo. O sea, aun con ausencia de pruebas, cualquiera puede ser puesto en la “preventiva”. No es, pues, un asunto solo de ex presidentes sino de 32 millones de ciudadanos, hoy desprotegidos.
El asilo de Alan García es el mayor golpe dado al presente gobierno. Es la “rebelión”, a decir de Octavio Paz. Palacio ha actuado como si el Perú estuviera fuera del planeta. Olvidaron que el individuo y sus derechos no tienen fronteras, de ahí el exilio. Los apristas, en particular, saben cómo es eso. Estamos dentro de una realidad global. En el inmenso tráfico de la mundialización, no solo corren negocios sino noticias. No se priva de libertad así porque sí. Cierto, es difícil y a veces imposible desenredar la telaraña de las mafias, eso en todas partes. Pero la medicina que aquí se aplica es peor que la enfermedad.
En cuanto a la protesta, los pueblos no son infalibles. El lumpemproletariado llevó al poder a Hitler. Los españoles, dados los excesos de los republicanos, soportaron a Franco 40 años. En Chile, al general Pinochet lo apoyaron clases medias contrarias a Allende. Hay revoluciones reaccionarias. ¿Eso queremos? ¿Y qué pasa si Butters tiene razón y se avecina un flujo de ex alcaldesas y ex presidentes rumbo a las otras embajadas en Lima?
La rebelión es el arma pacífica ante las leyes despóticas. La Independencia fue una rebelión. Piérola, Castilla eran rebeldes. Solo se obedece lo justo.

“JUSTICIA GOURMET” EN EL PERÚ

Por Alfredo Gildemeister-www.laabeja.pe
Definitivamente la actuación del Ministerio Público (Fiscalía) así como la administración de justicia en el Perú (Poder Judicial) se ha vuelto todo un espectáculo digno de los mejores países comunistas o totalitarios en donde se solía -y se suele- filmar o televisar los procesos o “juicios” de todos aquellos que no “coinciden” con el régimen en cuestión.
Así sucedía en la Unión Soviética en donde, a modo de ejemplo, se filmaban los procesos de los “disidentes” con el “sistema” y donde ya se sabía que éstos terminarían en Siberia o en algún gulag (campo de concentración y de trabajos forzados) como bien relata el gran escritor Alexander Solzhenitsyn. Al parecer, en el Perú se ha comenzado a utilizar el mismo “estilo” puesto que se dictan medidas de “detención preventiva” -entiéndase prisión o encarcelamiento- por plazos de 36 meses renovables por otro plazo similar y curiosamente solo a líderes de partidos de la oposición al gobierno.
Lo acabamos de apreciar con la detención preventiva contra la líder de Fuerza Popular -principal partido de la oposición- así como contra sus asesores y secretaria personal, estando aún pendiente el de su esposo. Lo mejor de todo es que ello se determina en base a “indicios” y elementos de poco o ningún valor probatorio. Caso parecido se da con el expresidente Alan García, el cual es nuevamente investigado bajo discutibles “pruebas” al cual se le dictó la medida de impedimento de salida del país y, según se dice, cuando se estaba por dictar la medida de “detención preventiva” por 36 meses, con el objeto de ser esposado, encarcelado y vestido con la indumentaria de “Detenido” -tal como se hiciera con Keiko Fujimori-, a fin de ser humillado públicamente, García tomó la decisión de solicitar asilo político en Uruguay.
Lo mejor de todo este nuevo sistema de Justicia es que ya van a transcurrir tres semanas desde que el Congreso de la República aprobara el Informe Lavajato y, hasta la fecha, ¡no hay un solo detenido de los 132 implicados que señala el mencionado informe! De los implicados más importantes como PPK, Graña, Villarán, Ollanta Humala, Nadine Heredia, por mencionar solo algunos incluyendo a Toledo que continúa feliz en los Estados Unidos, ninguno está detenido y menos bajo prisión preventiva.
Como se puede apreciar, toda una “justicia gourmet” al gusto del cliente, en este caso, la mafia de Odebrecht que lo controla todo y mueve sus hilos de acuerdo con sus intereses. A ello debemos agregar el escándalo del caso Chinchero, que involucra al mismísimo presidente de la República y a dos ministros para comenzar, tampoco se toca este tema. A la “justicia gourmet” peruana no le interesa este escándalo y menos actuar contra sus implicados o contra los señalados en el Informe Lavajato y ojo que en estos casos existen pruebas contundentes, declaraciones de Marcelo Odebrecht y de Barata que confirman diversos delitos, pero sin embargo… no pasa nada. Así “trabaja” la justicia gourmet en el Perú de hoy.
De allí que lo alegado por el expresidente García en el sentido que existe una “persecución política” no deja de tener todos los elementos para que sea verdad. El mismo presidente de la República ha efectuado diversas declaraciones para pensarlo así y es lo que afirmó García recientemente: “Chantajear al Congreso, forzar la renuncia del Fiscal, descabezar la Suprema, digitar a los fiscales, comprar opiniones, es un golpe, aunque no use tanques. ¿Y todo por tapar Chinchero y qué más?” El hecho del presidente de llamar telefónicamente al presidente de Uruguay a raíz de la solicitud de asilo político por García ya constituye una muestra más de injerencia política por parte del Ejecutivo. Se aprecia pues una justicia selectiva contra determinados líderes y partidos de oposición, como el hecho de acusar al partido Fuerza Popular de banda criminal o crimen organizado, siendo un partido político formal, como en los tiempos en que al partido Aprista fue prohibido por el régimen de turno y perseguidos sus integrantes.
Debemos indicar que para la “justicia gourmet” la presunción de inocencia y el debido proceso constituyen todo un mito. Lo establecido en el artículo 139 inciso 3) de la Constitución, esto es, el derecho al debido proceso; o el principio a no ser penado sin el debido proceso (inciso 10) y no estableciendo penas disfrazadas como “detención preventiva” por plazos de 36 meses renovables, constituye toda una pena sin proceso judicial. El reciente allanamiento del Estudio Ore por la Fiscalía, constituye toda una violación al derecho de defensa de toda persona, así como al secreto profesional (art.2 inciso 18). El derecho a la debida defensa consta en el numeral 23) del artículo 2, y en el inciso 14 del ya citado artículo 139 de la Constitución: “El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso”. Pero si se allana el Estudio del abogado defensor, se incautan sus documentos y escritos, etc. ¿Acaso el siguiente paso será allanar el domicilio del abogado defensor o inclusive, detenerlo en prisión? El debido proceso pues se está transformando en un mero mito, el cual puede ser manipulado por el juez o el fiscal de turno a su entero gusto.
Finalmente, la presunción de inocencia constituye otro principio propio de toda democracia y Estado de Derecho que no puede vulnerarse. El artículo 2 numeral 24) de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: …e) “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”. Así mismo, la detención de una persona debe ser “motivado” (inciso f) y no bajo cualquier indicio o sospecha, pero sin prueba contundente. Sin embargo, para la “justicia gourmet” es todo lo contrario: el acusado se presume culpable y debe probar su inocencia. Este “sistema” es muy típico de la justicia gourmet, la cual condena prácticamente ipso facto ante lo que “se dice”, “se comenta”, “se percibe”, etc. sin prueba contundente alguna, y es el acusado el que debe probar su inocencia. Para la “justicia gourmet” la presunción no es de inocencia sino de culpabilidad.
Como bien señala la periodista Mariella Balbi: “Vivimos un totalitarismo que, dicho sin pasión política, utiliza a la justicia para perseguir a los opositores del régimen que podrían estar en las próximas elecciones… Abunda la colaboración eficaz, pero la justicia no corrobora esos dichos. El debido proceso es violado constantemente. Arbitrariamente, el fiscal imputa a Fuerza Popular y al Apra ser organizaciones criminales, como la camorra o la mafia. En virtud de ello hay un frenesí de encarcelamientos poco jurídicos y más bien políticos. El fiscal y el juez encargados abusan de la prisión preliminar y preventiva sin juicio previo. Resulta notorio que responden a intereses políticos. La prensa, no obstante, los mira con aprobación” (“Carta Abierta a Tavaré Vásquez”, Perú 21, 21/11/18).
¿Alguien con dos dedos de frente se sometería a un sistema arbitrario en donde las leyes, los derechos fundamentales, los principios jurisdiccionales y la propia Constitución son meras referencias sin obligatoriedad alguna? De ninguna manera. La “justicia gourmet” no es otra cosa que la antesala de una dictadura que muy sutilmente se va imponiendo, en donde se van vulnerando uno a uno los derechos constitucionales de toda persona, basándose en “criterios” subjetivos, para alcanzar una situación en donde la democracia y el Estado de Derecho terminen siendo un saludo a la bandera. Debe acabar esta “justicia gourmet” al gusto del gobierno de turno, y más aún, si está al servicio de una mafia poderosa como la de Odebrecht.

El asilo llega solo

Por Diethell Columbus Murata-Político.pe
El expresidente García sabe perfectamente que su pedido de asilo se sustenta y nutre diariamente con los excesos y errores que otros cometen. Por ello, el gobierno uruguayo solo necesita comprobar si existen anomalías que pueden afectan el debido proceso, si realmente existe independencia de poderes y si lo que se busca es justicia y no un ajusticiamiento.
Alan García es un hombre afortunado, pues sin pedirlo recibe el apoyo hasta de sus más feroces detractores. Por ejemplo, el expresidente Ollanta Humala acaba de enviarle una carta al presidente Tabaré Vásquez en la que narra cómo él (a diferencia de García) tuvo la valentía de afrontar las acusaciones que pesaban en su contra, pero además deja constancia de la veracidad de las afirmaciones de su antecesor, es decir: que en nuestro sistema de justicia se cometen excesos inconstitucionales como encarcelar a una persona sin que exista siquiera una acusación fiscal, tal cual el caso de Keiko Fujimori.
Por cuestiones ajenas al sentido común, al fiscal que tiene a cargo las investigaciones de Keiko Fujimori y Alan García no se le ocurrió mejor idea que demostrar que en su afán de conseguir supuestas pruebas incriminatorias está dispuesto a allanar las oficinas de abogados defensores, y terminar vulnerando el derecho fundamental a la defensa. ¡Inaceptable!
Asimismo, el poco recato de la administración Vizcarra en impulsar la destitución del actual fiscal de la Nación tenía un claro fin; vale decir,conseguir un titular del Ministerio Público acorde a su visión política y, como prueba de ello, hace unas semanas la célula parlamentaria aprista denunció ante la opinión pública que el Gobierno estaba urdiendo una norma intervencionista del Ministerio Público que destituiría al actual fiscal de la Nación y permitiría el nombramiento a dedo de un reemplazo temporal. ¡Ya, pues!
Seamos claros, en nuestro país se está vulnerando groseramente el estado de Derecho, y lo que es más grave, que se hace selectivamente. Eso que hoy la mayoría aplaude –porque satisface su indignación acumulada– no es más que abuso de poder que mañana puede desbocar en linchamientos colectivos.
Quizá el asilo de García Pérez sea políticamente cuestionable e indigesto; empero, es indudable que las condiciones de facto para que le sea concedido están dadas. Ningún gobierno distinto a una república bananera podría ver con normalidad el zafarrancho que aquí viene ocurriendo.

¿No hay persecución política?

Por Beatriz Mejía Mori-Diario Expreso.
He leído la carta de Alan García al presidente de Uruguay; salvo algunas impresiones personales, ha descrito lo que realmente está pasando en el Perú.
Qué paradoja, haber esperado tanto tiempo por una investigación cabal de sus actos de gobierno, y admitir ahora que no cuenta con las garantías de asistir a un debido proceso y a un juicio justo por la manifiesta politización de la administración de justicia.
La invocación de Martín Vizcarra al presidente de Uruguay para que recuerde los acuerdos de la Cumbre de las Américas y su compromiso anticorrupción, resulta tenebrosa cuando comprobamos que en el Compromiso de Lima que suscribió en esa cumbre, entregó la reserva tributaria y bancaria de todos los peruanos al Gobierno Único Mundial, violando la Constitución, sirviendo a la peor corrupción internacional que está colonizando al Perú y a las naciones a través de la destrucción moral de nuestros pueblos.
Hemos denunciado el montaje agresivo de una dictadura a través de este gobierno, que comenzó con formas diplomáticas con Pedro Pablo Kuczynski y que ha tomado el cariz de autoritarismo, vulneración de la autonomía de los poderes del Estado, extorsión  pública, demolición de la oposición política y persecución selectiva de los opositores, con Martín Vizcarra, cuyo objetivo es cumplir con la agenda de imposición del Gobierno Mundial, como lo expresó en su discurso apátrida ante la ONU al dar penosa cuenta del cumplimiento de la agenda de dominio mundial 2030.
El sistema judicial ha sido acorralado con unas interceptaciones telefónicas, su objetivo: manipularlo en casos de interés político y justificar su intervención a través de las reformas constitucionales impuestas al Congreso y por un seudo referéndum a una población engañada por la prensa comprada, lo que les permitirá nombrar jueces y fiscales pro dictadura.
El trato desigual a los políticos incluidos en el caso Lava Jato no puede ser más revelador de la persecución selectiva de los opositores políticos, ¡qué vergüenza! que un citado a una diligencia fiscal, venga desde Madrid y que le cancelen la diligencia y en el día le dicten un impedimento de salida del país, no hay que ser gurú para advertir una inmediata detención preventiva; en tanto, los allegados al gobierno gozan de libertad y protección política.
No existen garantías en el Perú para un juicio justo, y no las habrá en tanto no caiga esta dictadura.

Demolición preventiva

Por MARIELLA BALBI-Diario Perú21.
Medios amigos del gobierno Humala-Heredia y sus abogados quieren hacernos creer que contra el ex presidente y la ex presidenta, perdón, ex primera dama, hay inquina personal, abuso de derecho o –como los reos escribieron– una “arbitrariedad judicial”. La realidad indica lo contrario: la prisión preventiva contra ellos fue absolutamente acertada. El dúo presidencial no es trigo limpio. Heredia quiso atornillarse en la FAO de manera grotesca, pura vara brasileña. La reiterada negación de sus agendas… ¿Qué más? Con gran desatino, Ollanta Humala plantó a la Fiscalía. Craso error. Asimismo, su defensa no sopesó la aparición de muertos en Madre Mía, donde estuvo de capitán, y los audios fondeados nos mostraron de lo que Humala es capaz: comprar testigos.
Ellos sabían que les caía la noche. Hacer un melodrama por la visita del valiente fiscal Germán Juárez Atoche al colegio de las hijas de Humala-Heredia fue inútil. Cero abuso, qué va. En la Fiscalía no son tontos. Las hijas viajaron a EE.UU. para perfeccionar su inglés, no por un asunto escolar. El embajador francés desmintió cualquier gestión de asilo. Curioso, los funcionarios de Cancillería no asistieron a la fiesta de gala del 14 de julio y los implicados tienen pasaporte italiano, por qué no pensar en una fuga, bastante organizada, por cierto. Serían tontos de informar lo que harían. Además, pidieron postergar la audiencia. La efectista entrega de pasaportes peruanos de la ex pareja presidencial fue hecha un día antes del fallo.
Sería saludable que los encarcelados no mezclen a su familia en esto. Debieron pensar antes en ella, en las consecuencias de sus triquiñuelas y mentiras. Quienes se arrancan las vestiduras por prisión preventiva nunca dijeron ni una sílaba sobre este régimen impuesto a tanta gente vinculada a la función pública. El más ominoso e indignante es el del César Álvarez, ex gobernador de Áncash. ¡Tiene cuatro años y medio en prisión preventiva! Y aquí no pasa nada.
Por los Humala-Heredia saltan los áulicos, o beneficiados, no el 70% de la población.
Pero muchos observan el inicio de una campaña de demolición contra el juez Concepción Carhuancho y el fiscal Juárez. Que si son apristas, si postularon a una regiduría, si utilizaron lapicero azul y no negro. ¿Puede el beneficio personal o el odio político negar la realidad? Tenemos derecho a opinar, no a hacer campañas de demolición.
Los peruanos de bien tenemos gratitud hacia los magistrados Carhuancho y Juárez. Trejos, resueltos, decididos a combatir la corrupción y que no nos hagan ‘cholitos’. El reconocimiento también alcanza al fiscal Ricardo Rojas, quien con gran arrojo logró reabrir la investigación de lavado de activos contra Nadine Heredia cuando esta tenía todo el poder. También a quien –vivo o asesinado– entregó las agendas de NH al país.

¿Hay persecución política en el Perú?

Por Jaime de Althaus-Diario El Comercio.
En el Perú no hay persecución política. Lo que hay es algo más sutil y letal a la vez: criminalización política, ajusticiamiento mediático-judicial de partidos políticos. Ocurre, por ejemplo, cuando se expone públicamente todos los días por la televisión de qué manera un partido político se “organiza criminalmente” para cometer algo que no es delito. A fuerza de presentar día a día testimonios nuevos y agravantes, la impresión que queda en la opinión pública es que, efectivamente se trata de una siniestra organización criminal dedicada al lavado de activos, por más que tal cosa no exista.
El resultado es que, según última encuesta de Ipsos, el 54% considere que Fuerza Popular es una organización criminal y que la aprobación al Poder Judicial pase de 10% en agosto a 27% en noviembre. El procedimiento, mucho antes de que haya juicio, ya decreta la muerte política del partido en cuestión. A la cúpula no se le ha iniciado aún investigación preparatoria y menos aún se le ha acusado, pero ya purga precondena de tres años de cárcel. Y la que hubiera sido candidata con posibilidades es ya cadáver político. La presunción de inocencia es la primera víctima.
Ahora bien, tampoco se puede decir que el proceso de criminalización de algunos partidos políticos haya sido digitado por el Gobierno. Es verdad que el presidente se beneficia indirectamente, pero él no ha ordenado nada en el terreno penal. Hay, efectivamente, separación de poderes.
El problema no está allí. Está en una justicia que se ha vuelto plebiscitaria y poderosamente arbitraria, en fiscales y jueces que, pasando por encima de una sentencia del Tribunal Constitucional que ya advirtió acerca de los excesos que se comete en la prisión preventiva, obedecen a centros de influencia con poder creciente en el sistema judicial y a una opinión pública mayoritaria que, retroalimentada a su vez por el espectáculo de la justicia mediática, se radicaliza cada vez más exigiendo la prisión de aquellos a quienes siempre aborreció políticamente. Es la justicia popular que se está tragando a casi toda la clase política.
Si un partido ha hecho todo lo posible por desprestigiarse y por concitar el rechazo ciudadano, pero no ha cometido delito, es algo que deberá pagar en las siguientes elecciones, no en la cárcel. Una cosa es el repudio electoral, y otra la ejecución penal. La criminalización de la política no es admisible en una democracia.
Esto, por supuesto, es completamente diferente de los casos en que ex presidentes o ex funcionarios hayan recibido sobornos por las obras que se concedieron en sus gobiernos. Ello es claramente un delito y de la mayor magnitud, que debe merecer la pena más severa porque es imperdonable apropiarse de los dineros del pueblo.
En el caso de Alan García la opinión pública está convencida de que recibió sobornos de parte de Odebrecht y, por lo tanto, el ex presidente seguramente teme que se le apliquen los procedimientos de la justicia plebiscitaria. En eso lleva razón, aunque también quepa la posibilidad de que el asilo sea una manera de escapar a la justicia si realmente cometió algo. En eso estamos.

Por Federico Salazar-Diario El Comercio.
El referéndum del 9 de diciembre es un referéndum tramposo. No va a cumplir su cometido y, en cambio, nos va a vender la ilusión de haberlo hecho.
El referéndum “es el derecho de los ciudadanos para pronunciarse conforme a la Constitución en los temas normativos que se le consultan”. Así dice la ley de los derechos de participación y control ciudadanos (Ley 26300).
El referéndum del 9 de diciembre cumple con todos los requisitos formales. No logrará, sin embargo, la participación de los ciudadanos ni permitirá que los ciudadanos se pronuncien sobre los temas normativos en consulta.
Se hará la consulta popular sobre cuatro temas. La primera pregunta es sobre la reforma de lo que hasta ahora fue el Consejo Nacional de la Magistratura.
Los ciudadanos votaremos “sí” o “no” frente a una pregunta vacía: “¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura?”.
Pero, ¿cuál es la reforma? ¿En qué consiste? La consulta solo nos pone a elegir entre dos nombres. Nos manda a revisar un texto adjunto, como quien dice, el ‘attachment’ en los correos electrónicos.
La población, ¿conoce el Decreto Supremo 101-2018-PCM? Leyó, después de eso, los “anexos” (Normas Legales, edición extraordinaria). Ahí está el contenido de las reformas.
La pregunta sobre la Junta Nacional de Justicia (JNJ) involucra a tres artículos. El primero establece seis funciones de esta junta; el segundo, la formación de sus siete miembros (¡incluidos rectores de las universidades!).
El tercer artículo señala seis requisitos para ser miembro de la JNJ. Para participar en la reforma constitucional, ¿no deberíamos conocer cada cambio?
¿Cuánto se ha difundido el contenido de la reforma? ¿Qué esfuerzos se han hecho para que la ciudadanía conozca, reflexione, discuta y vote sobre esto?
¿Cuántos ciudadanos, de los que van a votar en este referéndum, saben sobre qué van a votar en cuanto a la reforma sobre financiamiento de las organizaciones políticas?
¿Saben los ciudadanos, acaso, que la reforma ordena que únicamente el Estado financie la propaganda de los partidos políticos? O sea que la reforma es ¡para que de nuestros bolsillos salga plata para las campañas de los políticos! ¡“Financiamiento público indirecto”, le llama!
La reforma que prohíbe la reelección de los parlamentarios se refiere solo a “reelección inmediata”. ¿Conoce eso el elector? ¿Cuántos electores lo saben?
¿Cree el ciudadano que la ley nos protegerá de nuestra “exitosa” capacidad para elegir parlamentarios? Esa capacidad, ¿está en la ley o está en nuestras cabezas? Y si la pasamos a la ley, ¿corregimos nuestras cabezas?
¿Aprenderemos de la legislación o de la experiencia? ¿Podremos, en caso de que se apruebe esa reforma, ejercer el rechazo a través de nuestro voto en una elección subsecuente?
Con relación a la reforma del Congreso, ¿sabe el elector que le están consultando sobre el cambio de ¡59 artículos de la Constitución actual!? ¿Sabe cuáles son? ¿Los ha leído? ¿Estará de acuerdo en cada uno de esos 59 cambios? ¿O va a votar tapándose los ojos?
¿Sabe el elector de este referéndum que la reforma propone aumentar el número de parlamentarios de 130 a 180? ¿Sabe que si vota a favor de la bicameralidad vota a favor de este aumento de representantes?
¿Sabemos con detalle, acaso, cuántos poderes de elección de funcionarios vamos a pasar del Congreso actual (130 congresistas) al Senado propuesto (solo 50 personas)? ¿Nos hemos dado cuenta de que eso es concentrar más poder en vez de desconcentrarlo? Hay muchas cosas por saber y discutir. El país quiere que las cosas cambien. Eso no quiere decir, sin embargo, que lo que nos propongan, porque nos lo proponen, representará un cambio hacia algo mejor.
Podemos discutir cada detalle de las reformas. No deberíamos votar, antes de eso, sobre algo que no conocemos. Esa no es una elección consciente.
Participación ciudadana es elección consciente, no elección inconsciente. Participar en un tumulto no es lo mismo que participar en una elección. Mientras la gente no conozca el contenido de las reformas, este seguirá siendo el referéndum de la trampa y del engaño.

Allanamiento a estudio Oré Guardia: mientras reconocidos abogados protestan, ¿dónde está el CAL?

Por Aaron Salomón– Político.pe
La dupla Pérez-Concepción hizo otra vez de las suyas y, de una forma ninguna antes vista en un país donde supuestamente impera el Estado de Derecho, allanó este martes el estudio de abogados Oré Guardia (alojado en el distrito de San Borja) para hallar “pruebas” que demuestren que Edward García, exabogado de Keiko Fujimori y miembro del mencionado estudio, habría reclutado a colegas para asesorar a falsos aportantes del fujimorismo.
La excusa –como en todo este largo proceso que ha encarcelado arbitrariamente a Keiko y su entorno más cercano por supuesto blanqueo de dinero– para la diligencia ha sido lo manifestado por testigos protegidos. No obstante, tal como se quejaron reconocidos juristas en conversación con este portal, aquí se ha violado el derecho a la defensa. ¿Nos hemos convertido acaso en una dictadura bananera que no respeta ni el secreto profesional?
El abogado penalista Mario Amoretti acusó que “se ha cometido un abuso”, de tal manera que exigió que el Colegio de Abogados de Lima (CAL) emita una “protesta enérgica”. “Esto no puede ser, el CAL tiene que expresar una protesta enérgica. ¿Acaso por que yo soy abogado de, incluso, un delincuente van allanar mi domicilio o estudio? Nosotros tenemos información privilegiada de varios clientes; es un abuso”, manifestó para advertir a continuación que se ha violado el secreto profesional.
Asimismo, por medio de su cuenta de Twitter, César Azabache calificó de “inaceptable” lo ocurrido y recordó que “esto no se hizo ni con los abogados del senderismo: Martha Huatay fue detenida cuando se probó que había tomado un cargo en la dirigencia del senderismo, no por ejercer la defensa”. Carlos Caro, en tanto,reto mencionó que debe haber “motivación suficiente” para allanar un estudio de abogados, porque “no puede haber una venganza contra los abogados que se enfrentan al fiscal”.
Por su parte, el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga opinó que el allanamiento es “irregular” y, según anotó, lo único que conseguirá la dupla Pérez-Concepción será “invalidar el proceso”. Al ser consultado sobre si espera algún pronunciamiento del CAL, Quiroga lamentó que se trate de un colegio “inexistente”.
Domingo García Belaunde lo secundó y sostuvo que se “ha afectado el derecho a la defensa y el secreto profesional”. “Aquí lo que hay es un show mediático del fiscal (Pérez) y del juez (Concepción)”, arremetió para luego añadir que el CAL “no sirve, porque cada vez que se sanciona a un abogado lo reponen con un amparo”.
Lo único que queda por decir es que este tipo de medidas favorecen al pedido de asilo de Alan García, puesto que ¿quién en su sano juicio enfrentaría a una justicia que primero te mete preso y luego te declara culpable o que, como en este caso, se vale de irregularidades para enjaularte?

Carta abierta a Tabaré Vázquez

Por MARIELLA BALBI– Diario Perú21.
Presidente Vázquez, le escribe una periodista con 33 años de carrera que no defiende intereses y que trabaja honestamente. En el Perú de hoy estamos patas arriba. El Estado de derecho y la independencia de poderes se vulneran sin que nada pase. Reina lo de circo sin pan porque, desafortunadamente, la economía no cobra el impulso que debería.
El circo nos ha llevado a un estado de polarización, odio político y violencia extrema. El gobierno, “Yo el Supremo”, llamó a un referéndum el 28 de julio pasado. El Congreso no podía hacer “modificaciones sustanciales” al proyecto del Ejecutivo. Se amenazó con cerrar el Parlamento, creando incertidumbre.
Vivimos un totalitarismo que, dicho sin pasión política, utiliza a la justicia para perseguir a los opositores del régimen que podrían estar en las próximas elecciones. La lideresa de Fuerza Popular y 11 fujimoristas están presos. Abunda la colaboración eficaz, pero la justicia no corrobora esos dichos. El debido proceso es violado constantemente. Arbitrariamente, el fiscal imputa a Fuerza Popular y al Apra ser organizaciones criminales, como la camorra o la mafia.
En virtud de ello hay un frenesí de encarcelamientos poco jurídicos y más bien políticos. El fiscal y el juez encargados abusan de la prisión preliminar y preventiva sin juicio previo. Resulta notorio que responden a intereses políticos. La prensa, no obstante, los mira con aprobación. Con gran tupé, el fiscal en cuestión le escribe a su gobierno que “pondría en riesgo el trabajo de la Fiscalía” si asilan a Alan García.
Otro rasgo de totalitarismo es la feroz y nunca vista embestida contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Más de 300 carátulas en su contra, desprestigio en los medios, declaraciones intrusivas e ilegales del presidente, el premier y otros para que Chávarry salga del cargo. Las campañas en su contra continúan.
Como información, el caso Lava Jato estaba adormecido. El embate contra Chávarry puede explicarse porque, al parecer, hay intereses para que no se active. El presidente tiene cerca de 40 investigaciones y tres juicios penales.
Otros miembros del gobierno también son investigados por la Fiscalía.Del mismo modo, es totalitarismo que se allane un prestigioso estudio de abogados abusivamente. Irrespeta el secreto profesional y las garantías fundamentales. Es una clara acción de intimidación contra la defensa del fujimorismo. La repudiable agresión física al aprista Alva Castro significa igualmente despotismo.
Existe un grupo vasto, amplio, acallado mas no silente que ve un autoritarismo hipocritón, sin equilibrio de poderes. Sea cual fuere su decisión respecto al asilo, sopese lo relatado.

El peligroso Perú post Kuczynski

Por Luis Garcia Miró Elguera-Diario Expreso.
Lo describimos hace un tiempo, cuando escribimos un artículo bajo el título “La judicialización de la Política y la politización de la Justicia”. Se trata de una coyuntura insufrible instituida por la progresía sanisidrina para fulminar nuestro Estado de Derecho y nuestro sistema democrático. Sintiéndose poderosa tras el éxito alcanzado gracias a las letales gestiones de Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski –extorsionando a ambos expresidentes envueltos en grotescos casos de corrupción, a cambio de que les concedieran el control de sectores clave del Estado–, la progresía desató una guerrilla para liquidar a los políticos no afines a la izquierda progre. Concretamente al Apra y Fuerza Popular. ¿Su objetivo? Conquistar todo el poder. Para empezar, antes había capturado la llamada gran prensa, asimismo extorsionándola sacando al fresco sus corruptelas. Ejemplo: el robo al Estado –y a algunos de los expropietarios de Canal 4– por parte de El Comercio y La República. Ahora, salvo EXPRESO y poquísimos medios en el Perú, no existe prensa libre. Lo que predomina es un periodismo rastrero, enlodado, ideologizado, sectario y digitado desde las alturas de ese poder putrefacto que hoy manipula a sus anchas la progresía.
Dicho esto, pretender negar que en el Perú exista persecución política es tan mendaz como sostener que nuestra Justicia no está doblegada por el Ejecutivo, y que el presidente Vizcarra no está detrás de la captura del Ministerio Público. Todo esto obscenamente digitado por la progresía caviar que, por el momento, le guarda las espaldas al endeble régimen de Martín Vizcarra. Por esto consideramos acertada la decisión del expresidente Alan García de solicitar asilo diplomático a Uruguay, para evitar caer en las redes de una Fiscalía sovietizada y un Poder Judicial politizado que pretenden humillar a las fuerzas políticas que no comulgan con ese credo socialistoide que pretende encaramarse como fuerza única. A Keiko Fujimori la destruyeron arrastrándola a las galeras de la prisión preventiva, aquel torvo recurso de esa llamada justicia peruana. A Alan García, dos veces electo presidente, no lo deshonrarán tan fácilmente. Sabe defenderse de aquellas morrallas que se apropian de los gobiernos.
Las evidencias a las que nos referimos sobre la urgencia del Ejecutivo y su coro mediático progre por copar el poder Judicial y la Fiscalía de la Nación han desatado la indefensión jurídica en el país. Como sostienen entendidos en la materia, “No valen la verdad ni la ausencia de pruebas (…) Una sospecha no comprobada sirve para iniciar un procedimiento por enriquecimiento ilícito, luego se le añade la figura del Lavado de Activos para aumentar el plazo investigatorio de ocho a doce meses, y finalmente se agrega la figura de la Organización Criminal, para que ese plazo ‘investigatorio’   llegue a treinta y seis meses, ampliable treinta y seis m’as. Y durante ese tiempo, se aplica abusivamente la detención preventiva, con lo cual la libertad como valor fundamental desaparece ante la arbitrariedad de fiscales comisionados por el régimen, con el propósito de infamar y destruir a los adversarios políticos oficialistas.”
Este es el peligrosísimo Perú post Kuczynski.

Alan García se asila

Por Ricardo Vásquez Kunze– Político.pe
Último minuto: se ha confirmado la noticia de que el expresidente Alan García ha solicitado asilo político en la embajada de la República Oriental del Uruguay, en cuya residencia se encuentra. Estoy plenamente de acuerdo con la decisión de Alan García. Mediante engaños –como le sucedió a la líder de la oposición hoy “condenada preventivamente” por 36 meses sin acusación fiscal junto a todos sus asesores políticos, con base a conjeturas, especulaciones e hipótesis sin contraste probatorio–, el fiscal José Domingo Pérez lo hizo venir por segunda vez de España a una citación fiscal que en ambos casos se “suspendió”.
Es decir, se hizo venir a García por gusto para preguntarle lo que correspondía con la pesquisa fiscal (que no se concretó), pero quedó claro que era una trampa para retenerlo en el país, pedir prisión preliminar, luego preventiva y –sin acusación de por medio– solicitar 36 meses de cárcel como a Keiko Fujimori. El guión es el mismo (judicialización de la política y criminalización de los partidos políticos) con el que se encarceló a Keiko Fujimori y a todos sus asesores políticos y cuyo autor es el IDL, enemigo de ambos.
Los periodistas con agenda propia y la argolla caviar se rasgan las vestiduras porque el expresidente afirmó en la víspera que se allanaba a la justicia, luego de enterarse de que se aprobó la solicitud de impedimento de salida del país por 18 meses. Lo que ha hecho García es lo que hubiera hecho cualquier político con seso ante la celada de José domingo Pérez y los caviares del IDL, a saber: engañarlos. Les pagó con la misma moneda para ganar tiempo y ponerse a buen recaudo frente a la celda que ya le tenían preparada (pese a siempre haberse puesto a derecho cuando le fue solicitado por las autoridades correspondientes).
Y todo esto, ya sabemos, basado en puras conjeturas e hipótesis que el juez toma por hechos probados, al amparo del aplauso del cartel mediático y la militancia de las redes sociales. Como aquí no hay nada de justicia (¿cómo puede haberla con la presunción de inocencia hecha añicos y la excepción de la prisión preventiva convertida en regla, aplastando cualquier concepto de los derechos humanos como afirma para estos casos la misma Corte IDH y las Naciones Unidas?) y ya que los jueces y fiscales se comportan como activistas y militantes políticos, lo que ha hecho Alan García es responderles como político.
El asilo es esa respuesta y su concesión ya confirmada por el Uruguay dejará patente que en el Perú no hay un estado de Derecho con un estándar mínimo de razonabilidad ni predictibilidad, en el que los jueces y fiscales hacen de las excepciones reglas, violando los derechos humanos inherentes al debido proceso y, finalmente, la magistratura se ha allanado a la “ley” del linchamiento público en comparsa con los medios de prensa con agenda propia y rabo de paja. Si Keiko Fujimori hubiera seguido los buenos consejos que este día ha puesto en vigor Alan García con toda la razón del mundo, otra sería su situación y sería el eje justicia/Concepción Carhuancho, la fiscalía/Pérez y el gobierno/Vizcarra el que estaría sentado en el banquillo de los acusados.
Bueno, después de la impecable y legítima jugada de Alan García, ya lo están.

¿Justicia?

Por Martha Meier Miró Quesada- Diario Expreso.
La justicia roji-caviar quiere la cabeza del expresidente Alan García, ayer sábado le dictaron impedimento de salida del país por dieciocho meses. El jueves García dijo “Yo creo que se está haciendo una persecución política porque he estado 49 veces en la Fiscalía, en los juzgados y en el Congreso y lamento mucho que se use este tipo de instrumentos para difamar a personas”.
Difamada y humillada fue Keiko Fujimori, hoy prisionera política de la democracia versión Vizcarra. Como van las cosas parece que el resto de opositores podrían correrá tal suerte. Como tuiteó el economista Juan Mendoza tuiteó “¿Por qué a Alan García, que se allana a todas las investigaciones, lo quieren tratar como delincuente? ¿Debido proceso o persecución política? ¿Cómo así a Toledo, Humala, Villarán no les pasa nada?”
Es trágico que en una supuesta democracia se constate un patrón de persecución política, humillación, intento de dinamitar los liderazgos, la imagen y reputación de los contrarios al de turno y se proteja a los amigos, y amedrente al resto. Algo propio de las más inmundas dictaduras.
El politólogo boliviano Carlos Sánchez Berzaín sostiene que cuando el castro-chavismo intenta instalarse usa macabras herramientas como los llamados “jueces infames. Es decir “autoridades que dictan fallos y sentencias violando los derechos humanos, o aplicando leyes infames, que en lugar de proteger los derechos humanos, los violan, ya sea por intereses políticos o por cualquier forma de influencia indebida, de manera que la justicia se convierte en instrumento de opresión”. Uno de esos derechos es el de presunción de la inocencia, pisoteado en el caso de Keiko Fujimori y, como sigue el guion castro-chavista al presidente García le ocurrirá igual.
Nadie en nuestro país votó por Vizcarra, es una simple consecuencia de la renuncia de Kuczynski. Lejos de estar a la altura del cargo, respetar la Constitución y las formas democráticas pretende meter mano roja en ella y no respeta la independencia de poderes. Recordemos: pretendió imponerse sobre el Congreso y ha repetido que el Fiscal de la Nación Pedro Chávarry debe dar un paso al costado. ¿A cuántos centímetros está de convertirse en dictador?
Apresaron a Keiko Fujimori mientras la investigan. Ahora van por Alan. ¿Traman también darle preventiva? ¿Alcanzarían esas investigaciones y la prisión a la ministra de varias carteras del segundo alanismo, la actual vicepresidenta Mercedes Araoz?
Dicho esto ¿Vizcarra quiere el poder para el solito o es idea mía?

El banco de PPK en el negociado

Por PLINIO ESQUINARILA- Diario Expreso.
Cada día que pasa el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) nos da nuevas sorpresas. Declaró ante el país entero que nunca estuvo en conflicto de intereses con el Estado que lo había acogido. Incluso en una declaración jurada dirigida por escrito a la Comisión Lava Jato del Congreso fue enfático: “Puedo afirmar que no he tenido relación profesional ni comercial con las constructoras brasileñas ni con sus consorciadas peruanas…”.
No era cierto. Y, como ya es público, su empresa unipersonal Westfield Capital Limited sí brindó asesorías a la constructora brasileña Odebrecht y como tal  percibió ingresos desde el año 2005 y se prolongó al 2006, es decir cuando se firmó la concesión y empezó la ejecución de los tramos 1, 2 y 3 de la Interoceánica Sur.
¿Cómo fue esta historia? Resulta que en abril de 2005, la citada Westfield Capital Ltd de PPK –representada por Gerardo Sepúlveda– celebró contrato, junto con el Banco de Crédito del Perú, para asesorar a la candidata a concesionaria de las interoceánicas, la Constructora Norberto Odebrecht S.A.
Pero el negocio no quedó ahí, sino que una vez conseguida la concesión y firmados los contratos de la buena pro el 4 de agosto de 2005, resulta que el 15 de julio del año siguiente, Westfield y la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A., capitaneada por Odebrecht, firman un nuevo contrato para diseñar y negociar los CRPAO o Certificados de Reconocimiento de derechos sobre el Pago Anual por Obras. Este contrato lo firmó la contadora de PPK, Dennise Hernández.
En cristiano, como se hablaba antes, los CRPAO no eran otra cosa que bonos bancarizables del Estado para que constructoras del corredor vial puedan usarlos ante su declarada insolvencia o falta de recursos para iniciar las obras.
¿En qué consistió esta asesoría de Westfield? Según el quinto párrafo del contrato, el objeto era prestar asesoría técnica para la evaluación, diseño, negociación e implementación de los CRPAO a cambio de un pago de US$ 300,000.00.
Sobre esto último existe una factura emitida por Westfield Capital Ltd. el 27 de diciembre de 2006 y una transferencia por dicho monto a la cuenta de la consultora, realizada el 17 de enero de 2007, ambas aludiendo al trabajo sobre los CRPAO, señala el informe congresal.
¿Pero no es que en esos meses de la firma del primer contrato en 2005, Kuczynski era titular del MEF y presidía el Consejo Directivo de Proinversión entre el 16 de febrero de 2004 y el 16 de agosto de 2005? Obvio. ¿No es que cuando se rubrica el segundo contrato el dueño de Westfield era presidente del Consejo de Ministros (del 16/8/2005 al 28/7/2006)? Claro que sí.

YA ESTABA EN TRÁMITE

Pero hay más sorpresas. Y es que a la fecha de la firma del contrato de la consultoría resulta que este mecanismo financiero de los CRPAO ya estaba acordado y en trámite.
Por tal razón es que los CRPAO se hicieron realidad el 26 de julio de 2006 al suscribirse la Adenda N° 3, como detallaremos líneas abajo, a escasos once días de la firma del contrato con Westfield.
Es más, según la comisión Investigadora del Congreso, el contrato con Westfield tuvo lugar cuando el proyecto de Adenda N° 3 y los CRPAO ya habían sido oleados y sacramentados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) y el MEF.
A tenor de las investigaciones, todo indica que Kuczynski no solo estaba al tanto, por sus conocimientos de finanzas, de la evolución de los citados CRPAO, sino que de acuerdo a informes que circularon entre el MEF, el MTC y Ositran de mayo a julio, su participación era evidente en el diseño de los citados bonos para Odebrecht.

CINCO BLINDADORES

La Adenda N° 3 de los famosos CRPAO y el cambio total del régimen económico no pudieron hacerse al margen de la coordinación de cinco instituciones, aparte de la PCM donde PPK era el titular, como también lo era de la Comisión de Alto Nivel pro concesión creada por la Ley N°28670, norma que se promulgó para blindar todos los actuados en la entrega de la concesión y excluir en sus funciones a la Contraloría.
Entre esas otras entidades nos referimos al MEF, donde Fernando Zavala era el titular, el MTC y Ositran. El cambio total del régimen económico y sus mecanismos “no pudieron surgir espontáneamente, para generar resultados tan rápidos como diseñar el bono bancarizable [CRPAO] en dos meses desde la solicitud de la concesionaria”, señala el Congreso.

CON MENOS DEL 3 % DE LA INVERSIÓN TOTAL

Ingresos garantizados con sobornos
La historia de la desnaturalización del contrato.
Para entender mejor esta famosa Adenda N° 3, que desnaturalizó el contrato original, es necesario hacer un recuento de las dos que le antecedieron.
Mediante la Adenda N° 1 para los tramos 2 y 3 del corredor vial Sur, el Gobierno reconoció como primer pago el llamado “Costo de Transitabilidad” que no estaba en el contrato original.
Era un reconocimiento de gastos por acondicionar vías alternas para garantizar el paso de los vehículos mientras la concesionaria construía la obra.
Este desembolso de parte del Estado peruano se acordó no obstante que las constructoras incumplieron la cláusula 3.3 del contrato que las obligaba a conseguir financiamiento de la banca privada para el inicio de sus actividades.
Este fue el momento en que se sentaron las bases para nuevas adendas con el argumento del nuevo proyecto de ingeniería de detalle y otros tecnicismos.
En la Adenda N° 2  se centraron en desarrollar lo referido al “costo de transitabilidad” e insistieron en los asuntos de “estudios definitivos ingeniería”.
Pero fue en la Adenda Nº 3, a dos días del cambio de mando presidencial y ante la insistencia de las constructoras de no contar con líneas de crédito ni recursos propios, que obligaron al Gobierno a crear los famosos CRPAO y los hicieron valores financieros bancarizables.
Esta adenda además desarrolló el nuevo concepto de “estudios definitivos de ingeniería” que se había esbozado en la Adenda Nº 1 e introdujo el llamado “Proyecto de Ingeniería de Detalle” (PID) que, en los hechos, daría lugar a un nuevo proyecto que superaba de lejos los cálculos de los términos de referencia de las bases del proyecto y del mismo contrato original.
Entonces, como regalo de fin de gobierno, Toledo y PPK modificaron totalmente el Régimen Económico del contrato y sus componentes.
Es decir, también cambiaron en favor de Odebrecht el procedimiento para el Pago Anual por Obras (PAO) y los famosos PAMO (Pago Anual por Mantenimiento de  Obra o el pago de peajes).
Tanto que en adelante los montos recaudados por concepto de peajes trimestrales debían ser depositados en la cuenta de Fideicomiso de Administración de Pagos para contribuir a pagar el PAO y PAMO a favor del concesionario.
Si acaso los ingresos de peajes no alcanzaron los montos acordados, el Estado estaba ahora obligado a “depositar en el fideicomiso los montos necesarios para completar los pagos de PAO y PAMO”.
Con un monto mínimo de inversión –que representaba menos del 3 % del presupuesto total de las obras– la retribución e ingresos estaban garantizados para la concesionaria, como se puede leer en los cálculos del Informe Lava Jato.
Y todo esto con pago de sobornos, como lo ha admitido el mismo Jorge Barata.

LA CONTRALORÍA

De forma que no era la inversión privada la que asumía los riesgos en la ejecución de las obras sino que era el Estado el que pagaba todo.
Asistimos de esa forma a la desnaturalización total de la concesión en tanto asociación público privada (APP). Esta fue la razón para que la Contraloría observe desde el comienzo el contrato.
El ente de control además señaló, en 2005, entre otras observaciones, que estaban en giro tres juicios entre el Estado y las constructoras Odebrecht , Graña y Montero S.A.A. y Constructora Queiroz Galvao S.A, hechos que no permitían, según la normativa, firmar contrato.
Amén de que indicó en ese entonces que el proyecto superaba el nivel de endeudamiento permitido por la Ley de Presupuesto y de Endeudamiento, cifras que al final fueron “maquilladas” por el viceministro de Hacienda Fernando Zavala, brazo derecho de PPK, quien dijo que no se registrarían contablemente como deuda, sino como compromisos de pago futuro.

Firmantes y presentes

La aprobación del nuevo contrato, o Adenda N° 3, se consumó “con la presencia y voto favorable de los ministros: Pedro Pablo Kuczynski Godard (ministro de Economía y Finanzas), Carlos Ferrero Costa (presidente del Consejo de Ministros), David Lemor Bezdin (ministro de Producción), José Ortiz Rivera (ministro de Transportes y Comunicaciones) y Glodomiro Sánchez Mejía (ministro de Energía y Minas), integrantes del Consejo Directivo de Proinversión”.
“También estuvieron presentes el director ejecutivo de Proinversión, René Cornejo Díaz; el director ejecutivo adjunto, Jorge León Ballén; Sergio Bravo Orellana, presidente del Comité de Infraestructura y Activos; Cecilia Blume Cilloniz, jefa del gabinete de asesores del MEF”, dice el  informe del Congreso.

Salvador Heresi: “Gilbert Violeta ha tenido que renunciar a la vocería de PPK por errores que ha cometido”

En un enlace telefónico con Canal N, el exministro de Justicia, Salvador Heresi, tuvo duros comentarios en contra de Gilbert Violeta, quien durante una entrevista en el mismo canal, dijo que la salida de la bancada del exministro de Justicia estuvo motivada por discrepancias en la conducción. En palabras de Violeta: “En todo grupo siempre hay ambiciones, celos, envidia. No voy a entrar en el detalle de eso. Cuando yo les he dicho a mis colegas, si alguien tenía algún cuestionamiento conmigo, me lo dice: ¿Gilbert puedes dejar la vocería del partido? Acá está, le pongo un lazo de regalo y te lo entrego”.
Heresi no demoró en contestar: “Lo veo muy exaltado a Gilbert Violeta. Entiendo que él ha tenido que renunciar a la vocería de la bancada de Peruanos Por el Kambio por errores que ha cometido en la conducción de la bancada y que han sido una serie de críticas, no solo de mi parte, sino de varios congresistas renunciantes y no renunciantes de la bancada. […] Quiero recordar que el señor Pedro Pablo Kuzcynski sabe de nuestro trabajo y del trabajo que se ha realizado a lo largo y ancho del país cientos de militantes para formar un partido político que requiere de un trabajo instituciones y de reingeniería.
En otro momento, Heresi dejó un claro mensaje. “El señor Gilbert Violeta por las acusaciones de cupos, hay cosas por las que sí tiene que responder por la contratación de un señor que está preso, que se apellida Cavassa, y que todos conocemos su trayectoria, en la campaña electoral de Pedro Pablo Kuzcynski, donde él fue jefe de campaña. Yo estoy hablando que el partido tiene que hacer un deslinde claro con la corrupción y tiene que hacer una refundación”.
Todo esto habría sido provocado luego de que Gilbert Violeta acusara al parlamentario de tener intenciones de quedarse con la presidencia del partido. “Se lo digo al Salvador Heresi, que está criticando cincuenta cosas del partido y que es Secretario General del partido y quiere tomar la presidencia del partido, ahí está. Yo no voy a pelear porque para mí los cargos no hacen a las personas. Si yo quiero hacer política en este país, lo voy hacer y no necesito ser presidente del partido, ni congresista, ni vocero. |…] Si el señor quiere tomar la presidencia del partido, Salvador, tómala.”, manifestó.
Fuente: Diario La República.

Violeta: Mercedes Aráoz quería que se exculpara de toda responsabilidad a Alan García

Por Oscar Rosales– Altavoz.pe
Peruanos Por el Kambio se encuentra atravesando una de sus mayores crisis políticas. Gilbert Violeta renunció a la vocería de la bancada oficialista debido a las críticas que se habían hecho en su contra desde su propio partido.
De acuerdo al congresista de la bancada de gobierno, él decidió renunciar a la vocería de Peruanos Por el Kambio tras oír las críticas que le había hecho la parlamentaria Mercedes Aráoz.
“He sido muy crítica y lo he dicho públicamente, que la gestión, el liderazgo de la vocería [de Gilbert Violeta] ha sido penosa para decir lo menos. No ha coordinado, se ha perdido la coordinación, las reuniones de bancada para coordinar hemos perdido el equipo técnico que teníamos”, señaló Aráoz en el programa “Punto Final”.
Según Gilbert Violeta, lo que ha molestado a Mercedes Aráoz ha sido que el equipo técnico de Peruanos Por el Kambio encontró que Alan García tenía responsabilidad política y penal en el caso Lava Jato.
“Lo que a ella le ha incomodado es que el equipo técnico de la bancada haya hecho un informe que concluía, en el caso ‘Lava Jato’, responsabilidad política y penal contra el expresidente (Alan) García. Ella no estaba de acuerdo con ese informe del equipo técnico, ella quería que se le exculpara de todo tipo de responsabilidad”, aseguró el exvocero de Peruanos Por el Kambio.

La bancada de Gobierno se desmorona en Perú

Por JACQUELINE FOWKS-Diario El País.
Un cambio en las reglas de juego en la política peruana amenaza con sacudir el frágil equilibrio de fuerzas en el legislativo. En diciembre, un referéndum someterá a consulta cuatro modificaciones a la Constitución y una de ellas, muy popular, es la no reelección de los congresistas. En ese escenario, tres legisladores han renunciado en la última semana a la bancada parlamentaria de Peruanos por el Kambio (PPK), el partido de Gobierno al que pertenecen tanto el presidente Martín Vizcarra como el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski.
Analistas consultados por EL PAÍS coinciden en que, en esta coyuntura, los legisladores no tienen motivos para mantener su fidelidad. “Si ya no pueden postular en el año 2021, es muy posible que varios prefieran renunciar porque quedarse en sus bancadas ya no les reporta mayor beneficio: ¿de qué les sirve un partido?”, plantea el politólogo Enrique Patriau.
La dimisión más reciente fue la de Patricia Donayre, después de que el viernes y la noche del domingo ya se habían apartado los parlamentarios Guido Lombardi y Salvador Heresi, respectivamente, en medio de reclamos y rencillas.
Donayre había pedido la semana pasada a su partido retirar al vocero Gilbert Violeta, quien la insultó durante un debate parlamentario, después de que la legisladora criticó su respaldo al Partido Aprista en un proyecto de ley que pretendía proteger a los partidos políticos para que no fueran investigados por organización criminal. “Cállate, cojuda” (boba), le respondió Violeta, que este martes renunció a la vocería. “No puedo representar a personas que ya no me transmiten confianza, son desleales con sus votantes”, se justificó el parlamentario.
Lombardi, por su parte, justificó su decisión en la actitud de Violeta y en la falta de explicaciones de Heresi, quien apareció en julio en uno de los audios que revelaron la corrupción en el sistema de justicia, lo que lo llevó a dimitir de su cargo como ministro de Justicia.

Bancada diezmada

Perú tiene un congreso unicameral de 130 escaños. Tras las renuncias, la bancada del partido de Gobierno, que empezó en julio de 2016 con 18 parlamentarios y perdió tres en diciembre, tras el indulto de Kuczsynski al expresidente Alberto Fujimori, hoy cuenta con 11 integrantes. Donayre fue parlamentaria de Fuerza Popular, el partido fujimorista de oposición, pero en junio de 2017 renunció a dicho partido y había sido admitida en la bancada de Peruanos por el Kambio.
Estas tres nuevas bajas no tendrán muchas consecuencias inmediatas para el Gobierno, de acuerdo con el analista político José Carlos Requena, pues “hace algún tiempo (el presidente) estaba prescindiendo de la bancada”. Sin embargo, advierte que Vizcarra tendrá que hacer nuevas negociaciones para obtener los apoyos que requiere para aprobar los proyectos de ley para reformar el sistema de justicia. “Va a tener que forjar un grupo parlamentario porque no ha estado echando mano del propio”, apunta.
En ese fragmentado escenario, los observadores atribuyen un potencial protagonismo al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, de Fuerza Popular. El jefe del legislativo cuenta con los apoyos de 15 a 30 parlamentarios ajenos al núcleo duro de la líder opositora Keiko Fujimori, la hija mayor de Alberto Fujimori, perdedora de la segunda vuelta presidencial ante Kuczynski y detenida por un caso de lavado de dinero relacionado con la constructora Odebrecht.
“Estos cambios son consecuencia de la investigación fiscal al fujimorismo y la perspectiva de no reelección”, explica Requena. “El Congreso se va a convertir en una vitrina de publicidad de quienes ya no podrán reelegirse en 2021, apostando a las presidencias de las regiones u otros cargos. Estar con los fujimoristas o con la bancada oficial les crea un costo”.

Referéndum 2018

• La Junta Nacional de Justicia NO tiene representación de los Colegios Profesionales.
• NO a la subvención estatal de los partidos políticos.
• La NO reelección es peligrosa porque produce un parlamento inexperto. Los ciudadanos debemos decidir quién se queda y quién se va.
• NO a 50 senadores más, porque estamos Chihuán.
  

Frente Amplio

El Comité Ejecutivo Nacional de El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad definió, en su encuentro del 26, 27 y 28 de octubre, su posición frente a referéndum: VOTAR VICIADO.
En el documento de acuerdos se señala, que “el Frente Amplio–Tierra y Libertad reivindica y defiende el derecho a las consultas ciudadanas como son los referéndums y las consultas previas a los pueblos originarios. Nuestros principios señalan que es el pueblo el que decide para lo cual debe haber acceso a la información adecuada y oportuna para una decisión libre y soberana”.
Por otro lado, sostiene que “dado que evaluamos que la materia de este referéndum no responde a la solución de los problemas de fondo y que se contrabandea como democráticas unas reformas que no combaten a fondo la corrupción, nuestros comités territoriales deben promover en los más diversos espacios el diálogo y debate sobre la necesidad de Nueva Constitución y la necesidad de iniciar un nuevo proceso constituyente, recogiendo las propuestas y aspiraciones de los distintos sectores de los pueblos del Perú”.
A continuación, los principales cuestionamientos del Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad a las reformas:

• Reforma del Consejo Nacional de la Magistratura.

La primera pregunta, es sólo un cambio de nombre y hasta constituye un retroceso en la reforma de justicia: niega la participación ciudadana en el Consejo Nacional de Justicia, retrocediendo en temas de transparencia y control ciudadano.

• Reforma del financiamiento de partidos políticos.

La segunda reforma no resuelve el problema del financiamiento de los partidos. Entidades privadas podrán seguir comprando políticos con montos de hasta 412 UITs sin exigencia de transparencia, por lo que el negociado en la política continuará.

• Reforma de no reelección de congresistas.

La tercera reforma no responde a la indignación que siente la mayoría ciudadana frente a congresistas corruptos o ineptos que blindan a mafiosos y deben irse, porque si bien impedirá la reelección de los actuales congresistas, no garantiza la elección de mejores representantes. 

• Reforma de bicameralidad.

La cuarta reforma plantea un enfoque elitista con un senado de notables y una diputación del pueblo, ninguno con equitativa representación de todas las regiones, ni equidad de mujeres ni participación de indígenas. Este cambio hará que la política siga distante de la gente.
¡El Pueblo Informado Decide!

Chávarry presentó denuncia constitucional contra PPK, Araoz y Bruce

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, presentó una denuncia constitucional contra Pedro Pablo Kuczynski (PPK), los legisladores oficialistas Mercedes Araoz y Carlos Bruce y otros por el presunto caso de compra de votos para evitar la vacancia del ex presidente.
Otras personas incluidas en la denuncia son el ex ministro de Agricultura, José Arista; el suspendido legislador Bienvenido Ramírez y la parlamentaria Marita Herrera. Estos dos últimos son no agrupados y conformaban parte del bloque del también suspendido Kenji Fujimori.
De acuerdo a la denuncia, a PPK se le imputa ser “instigador” de la presunta comisión de los delitos de cohecho activo genérico impropio y tráfico de influencias agravado.
A Araoz, en su condición de ex primera ministra, y a Bruce, como ex titular de Vivienda, se les imputa ser autores de los delitos de cohecho activo genérico impropio y tráfico de influencias agravado en agravio del Estado.
A Arista se le señala como cómplice secundario de la presunta comisión del delito de cohecho activo genérico impropio.
Asimismo, a Bienvenido Ramírez y Marita Herrera se les imputa, en su condición de parlamentarios, la presunta comisión de delito de cohecho pasivo impropio.
En su escrito dirigido al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, Chávarry sostiene que “la presente investigación versa sobre presuntos actos de corrupción en los que se encuentran involucrados desde el más alto funcionario del Estado y otros altos funcionarios del Poder Ejecutivo”. Ante ello, le solicita admitir la denuncia constitucional.
—Antecedentes—
Como se recuerda, el congresista Moisés Mamani (Fuerza Popular) mostró en una conferencia de prensa en marzo pasado, junto a otros miembros de su bancada, diversos videos y audios que revelarían que se ofrecieron prebendas a algunos parlamentarios a cambio de que votaran en contra de la vacancia de PPK.
Un día después de la presentación de dicho material, PPK presentó su renuncia a la Presidencia de la República, por lo que el entonces vicepresidente Martín Vizcarra asumió su cargo.
Cabe resaltar que por este mismo caso, en agosto pasado, Pedro Chávarry formalizó una denuncia constitucional contra el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra.
Fuente: Diario El Comercio.

Lista de 117 supuestos implicados

Cabe recordar que los casos que más personas denunciadas registran son Interoceánica y Gasoducto del Sur. El primero con 39 acusados, mientras que el segundo con 21.
En los proyectos de las IIRSA, la comisión atribuye al prófugo expresidente Alejandro Toledo cuatro delitos: colusión, cohecho tráfico de influencias y lavado de activos. En tanto, a Jorge Barata y a los exrepresentantes de las consorciadas de Odebrecht se les imputa los presuntos delitos de colusión y lavado.
En la lista de acusados también figuran los entonces ministros Fernando Zavala y Pedro Pablo Kuczynski. Ambos sospechosos de haber cometido los delitos de cohecho y colusión.
Políticos
El expresidente Ollanta Humala está incluido como responsable penal en tres casos: gasoducto, Centro de Convenciones y Olmos.
En total, se le acusa por dos presuntos delitos: colusión y negociación incompatible.
Por su parte, la ex primera dama Nadine Heredia está comprendida en los informes de los casos Hospital Lorena y gasoducto. Se le atribuye los presuntos delitos de lavado de activos y colusión.
Fuente: Diario Gestión.

Por Yeni Vilcatoma-Diario Expreso.
Hoy nuestro país vive una crisis aguda respecto al sistema de justicia, las autoridades sufren del descrédito y de la baja aprobación de la opinión pública y es por eso que necesitamos instituciones más sólidas e independientes. No es correcto que las cabezas de otras entidades pidan la salida de sus representantes; no podemos interferir en instituciones autónomas que deben luchar contra la corrupción.
Es sabido que dentro del Ministerio Público (MP) existe una pugna por el poder y quieren la cabeza del actual fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Es cierto también que tiene duros cuestionamientos, pero permitamos que haya un debido proceso y una correcta investigación que determine responsabilidades, de esa manera se podrá definir su permanencia o su salida del cargo.
El Presidente de la República ha pedido en dos ocasiones la renuncia del fiscal Chavarry, la primera fue el 2 de octubre en una visita a Huancayo y la segunda el 29 del mismo mes y desde Palacio de Gobierno. Ante estas declaraciones, el fiscal de la Nación respondió duramente y le recordó las 46 denuncias que tiene en su contra y pidió que respete las instituciones y la democracia, pronunciamiento que fue duramente cuestionado.
Esta semana la declaración del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva fue un chantaje. El fujimorismo pidió, en su etapa de cambio a cargo del congresista Miguel Torres, dialogar con el Gobierno y pactar una agenda en común, a lo que Villanueva respondió, en clara alusión a las denuncias contra Chávarry en el Congreso, “Está en sus manos. Imagino que lo harán y ahí conversaremos”. Claramente se nota un interés en la salida del fiscal. Pues al parecer el Gobierno quiere un fiscal de la Nación a su medida, ¿Acaso hay miedo de alguna investigación en el MP? El que nada debe nada teme.

Nombramientos ‘exprés’ en la Fiscalía

Mientras todo el país está que revienta por el caso de los audios que comprometen al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y a magistrados del Poder Judicial (PJ), el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, que está de salida, se ha dedicado a firmar resoluciones de nombramiento de nuevos fiscales de su entorno, incluso solicitando al CNM que sea sin concurso, según sus propias normas, publicadas en el diario oficial El Peruano.
Es el caso de la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2549-2018-MP-FN, del 16 de julio de 2018, publicada al día siguiente en la gaceta oficial, mediante la cual se traslada al fiscal Samuel Agustín Rojas Chávez de Junín a Lima, pero con la exigencia al CNM de que se le exonere de concurso en su nueva plaza.
Lo delicado es que Sánchez Velarde, en el Artículo Décimo Octavo de la citada resolución, no se limita a “poner a conocimiento del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura” el nuevo nombramiento, sino que le solicita que “que extienda nuevo título a favor del magistrado mencionado [Rojas Chávez]”.
Por su importancia lo transcribimos textualmente:
“Artículo Décimo Octavo.- Poner a conocimiento del Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, a efectos de que extienda nuevo título a favor del Magistrado mencionado en el artículo tercero de la presente resolución; por los motivos expuestos en la parte considerativa”.

EN 72 HORAS

Pero lo curioso, más allá del mencionado pedido, es que ese traslado a Lima solo era formal, en el papel, porque ya había sido ubicado en la capital el 13 de julio, mediante otra norma, como está escrito en la resolución fiscal Nº 2500-2018-MP-FN.
Es decir Rojas ya laboraba como fiscal adjunto superior provisional transitorio del Distrito Fiscal de Lima y “como Adscrito al Despacho de la Fiscalía de la Nación, en el Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación”.
Dicho de otra forma, mientras el fiscal en mención aparentaba estar en Junín, como fiscal provincial titular especializado contra la criminalidad organizada, para luego ser nombrado “en el Despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada” de Lima, a este magistrado Sánchez Velarde “ya lo tenía en Lima viendo expedientes sensibles de enriquecimiento ilícito”, señaló una fuente del Ministerio Público que solicitó el anonimato.
Estando en estos niveles de responsabilidad, sin concurso alguno, en 72 horas le han dado un despacho de crimen organizado con competencia nacional, dejando de lado a fiscales adjuntos provinciales con una amplia trayectoria en crimen organizado, quienes se enfrentan a las balaceras, las amenazas de juicios, entre otros peligros de sus vidas por la proliferación del sicariato, y no son promovidos.

MALESTAR

De otra parte hay malestar en el equipo de los fiscales de crimen organizado contra Sánchez Velarde. Uno de los problemas es que una fiscal superior María Maguiña Torres  archivó el caso del clan de los Sánchez Paredes, incriminados en narcotráfico y lavado de activos, en 10 días en el año 2012, cuando el titular de esa dependencia, Jorge Chávez Cotrina, estaba de vacaciones.
En el caso de los Sánchez Paredes, como es público, el entonces fiscal supremo de Control Interno, Carlos Ramos Heredia, le dio un respaldo implícito no solo a María Maguiña Ramos, al archivar la denuncia que llegó a su despacho, sino al equipo de dicha fiscal que encabezaba Kelin Cárdenas.
Pero las consecuencias de esa decisión recién se deslizan ahora. Y esto porque la Fiscalía Suprema de Control Interno había iniciado una investigación a la fiscal adjunta Maguiña Torres y esa sería la razón del porqué el Ministerio Público informó que la ha retirado del sistema de criminalidad organizada.
Pero acá no queda la historia porque su asistente, una muchacha de nombre Kelin Gloria Cárdenas, quien había proyectado el escrito del archivamiento, resulta que el CNM la nombra fiscal adjunta provincial de crimen organizado.
Si bien dicho documento fue firmado por la fiscal Maguiña, en los archivos consta que lo elaboró un equipo a dedicación exclusiva que, junto a la asistente de función fiscal Kelin Cárdenas, lo integraban Katherine Blas, Karen Mercado y Silvia Díaz.
Y en mayo del año pasado, Sánchez Velarde, sin que Cárdenas tenga mayor experiencia en crimen organizado, “en el sentido que nunca ha sacado un caso importante ni ha ganado juicios”, según se dice en el mismo Ministerio Público, la nombra fiscal provincial de crimen organizado.
Y hace pocos días, en la vorágine de cambios en los días finales del saliente fiscal de la Nación,  “la ha nombrado fiscal adjunta superior para que trabaje en el Despacho de Chávez Cotrina”.
Eso está precisamente en la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2522-2018-MP-FN, de fecha 13 de julio de 2018, publicado en el diario oficial el 17 de julio último, que en su artículo 1º da “por concluida la designación de la abogada Kelin Gloria Cárdenas Sánchez, Fiscal Adjunta Provincial Titular Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Lima”, y la nombran “Fiscal Adjunta Superior Provisional Transitoria del Distrito Fiscal de Lima”.
Hasta acá, para muestra, dos botones.

DECENAS DE NOMBRAMIENTOS

Los citados nombramientos han aumentado las suspicacias porque se dan en un contexto de la publicación de una lluvia de otras designaciones y destituciones que están en blanco y negro en el diario oficial El Peruano en los últimos días del mandato de Sánchez Velarde.
Los archivistas y conocedores del Ministerio Público han detectado alrededor de 50 normas legales publicadas en la gaceta oficial. Si vemos la edición del martes 17 de julio de 2018 encontramos 17 resoluciones de creación de distritos fiscales, como en Lima Sur y Lima Este y el cese de nombramientos y designaciones de fiscales, aceptación de renuncias, traslados y nuevos nombramientos.
En la edición de El Peruano del 14 de julio hay nada menos que 23 resoluciones del Ministerio Público de la misma naturaleza de ceses y nuevos nombramientos, de creación de una nueva fiscalía penal en Santa Anita, con la sola excepción de un cese por motivo de fallecimiento en Apurímac.
Para todos los casos de cambio, recambio y expectoración el argumento es similar. Arguyen que están “atendiendo y trabajando en base a las atribuciones de la Fiscalía de la Nación”. ¿Cuáles son esas?: “convertir, suprimir, trasladar y modificar plazas fiscales de acuerdo a las necesidades del servicio”.
Y para “las Fiscalías Superiores Nacionales Especializadas Contra la Criminalidad Organizada –añaden– se encuentran afrontando una recargada labor, ello proveniente de los juicios orales e incidentes tramitados bajo los parámetros del Código de Procedimientos Penales, así como la atención de los requerimientos de elevación de actuados de los dieciséis (16) despachos…”.

Apoyo al entorno caviar

Al interior de la Fiscalía se sabe que los nombramientos de última ahora tienen contenido político, es decir para favorecer a los amigos de Sánchez Velarde de la llamada “izquierda caviar”. Esto estaría pasando con la fiscal Jacqueline Julissa Pérez Castañeda, cónyugue del exprocurador Ronald Gamarra, quien ha sido designada como fiscal superior provisional del Distrito Fiscal del Callao. Esto, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 2579-2018-MP-FN, de  fecha 17 de julio de 2018.
La investigación iniciada por la Fiscalía Provincial Especializada contra el Crimen Organizado del Callao indica que la red de corrupción estaría organizada de la siguiente manera:
1) Red externa, conformada por abogados litigantes y empresarios.
2) Red interna, con la participación de personal administrativo y jurisdiccional de la Corte  del Callao, que tenía como “hombre clave” a su entonces presidente, Walter Ríos.
3) Red integrada por algunos funcionarios del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Difunden audio entre Alarcón, Zavala, Thorne y Vizcarra

El audio de una conversación entre el contralor Edgar Alarcón, el primer ministro Fernando Zavala; el ex ministro de Transportes, Martín Vizcarra; y el ex titular de Economía, Alfredo Thorne, se difundió en el programa “Beto a saber” de ATV.
Se trata de un extracto de poco más de tres minutos. Se escuchan las intervenciones de los ministros, y solo en una sola ocasión al contralor mencionando la palabra “catorce”.
De acuerdo a la agenda de actividades del contralor publicada en el sitio web de la contraloría, el funcionario tuvo una reunión el 2 de mayo desde las 5 p.m. con el primer ministro en la sede de la PCM.
El contralor Alarcón ya hablaba de la posible existencia de un audio sobre esa reunión. Según dijo ese día a RPP, fue convocado para una reunión con Zavala para aquel 2 de mayo, pero -comentó- le sorprendió encontrar también a Vizcarra y Thorne.
EL AUDIO
A continuación la transcripción del extracto de la conversación difundida por el programa “Beto a Saber”:
Fernando Zavala: “Contralor, como le contaba, los dos ministros… Hemos conversado, hemos visto las desviaciones [sic] que nos han mandado, les ha llegado a 10 funcionarios, creo…
Edgar Alarcón: Catorce…
Fernando Zavala [A Vizcarra]: Catorce. Queríamos comentarle un poquito. Como le comentaba al contralor que el tema es tan importante que le he pedido que él mismo se involucre porque, realmente, lo que salga de aquí… va a marcar la pauta de las negociaciones para el Perú en los próximos años. Habíamos identificado algunas cosas dentro de las desviaciones, digamos, otras son de la letra pequeñita.
Martín Vizcarra: Contralor, como dice el premier, eso es fundamental porque detrás de Chinchero están entrando todos los proyectos medianos, grandes, y, efectivamente, necesitan algunos cambios en las condiciones que encontramos para tirarlos adelante. Entonces, todos los funcionarios, todo el mundo está entrando, a ver cómo, cuál es el desenlace porque son funcionarios públicos y no quieren tampoco estar en problemas, nosotros aquí tenemos los…
Fernando Zavala: Como veo el tema del contralor, yo creo que hay como 4 grandes contratos del estado que no estaban perfectos: Chinchero, el del GSP, Línea 2 y Talara. GSP cometieron un error, nosotros lo aprovechamos hasta el final.
Martín Vizcarra: Jorge Chávez
Fernando Zavala: Pero eso viene de hace once años.
Martín Vizcarra: Ah ya.
Fernando Zavala: Estos cuatro, si los ves, todos se hicieron en un año, año y medio. O sea, están desesperados por hacer el proyecto y sacarlos rápido y yo creo que ahí cometieron errores y lo que nos ha tocado a nosotros es muchas veces perfeccionarlo. En este caso Chinchero y el cierre financiero iba a ser una locura, se centró. En el tema de la Línea 2 lo que hemos encontrado es que el Estado se comprometió a entregar los 4,000 predios y no sé qué, y nadie se preocupó en darle los predios, pues. Ahora estamos atrasados y ellos piden ampliaciones, etc… Y en Talara es un proyecto, para mi gusto, que nunca se debió hacer, pero se hizo y ahora es más costoso salirse, así que tenemos que seguir para adelante de todo esto, estamos tratando de perfeccionarlo.
Martín Vizcarra: Se supone que la contraloría está bien. Entonces, para nosotros lo ideal sería que diga ‘hemos revisado todo y está todo bien’, eso sería lo ideal. Pero quizá la contraloría diga ‘Oye, la razón de ser de la contraloría es encontrar observaciones’. Si no encontramos nada entonces que diga pues, vamos a censurar algo. Que diga esto acá sí, pero lo superaremos de esta forma. Por decir, ‘Oye, seguimos pensando que a pesar de estar garantizado el adelanto, está esto no sé cuánto. Creemos que no es conveniente’, por decirte, ¿no?
Alfredo Thorne: Primero hay que ponernos de acuerdo. Y decimos OK. Hay que ponernos de acuerdo punto por punto. Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, esto se calculó bien, se calculó mal. Después ya vemos cómo salvamos aquí la cara y lo que sí es muy importante es lo que te dice el premier. Si nosotros entrampamos este contrato, todo lo demás se entrampa. Se entrampa la línea 2, se entrampa…