Jaime Villanueva: Graciela Villasís negoció apoyo de El Comercio a fiscales Lava Jato a cambio de recibir información reservada

De acuerdo con el testimonio de Villanueva, Villasís era la “periodista preferida” de los fiscales Rafael Vela, Domingo Pérez y Pablo Sánchez. Incluso, según el ‘Filósofo’, la mujer de prensa era considerada una “aliada”.
Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, manifestó ante el Ministerio Público que la periodista Graciela Villasís, jefa de la Unidad de Investigación del diario El Comercio, negoció el apoyo del mencionado periódico a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato a cambio de recibir información reservada.
El pasado 28 de febrero, Villanueva relató a la Fiscalía que conoció a Villasís en el año 2015, a través de Mónica Vecco. Agregó que la relación se fortaleció en la época de las investigaciones del caso Lava Jato, llegando a ser ella la “periodista preferida” de los fiscales Rafael Vela Barba y Domingo Pérez, que le filtraban todo lo que declaraban los colaboradores en Brasil.
“Yo se la presenté a Rafael Vela y ella era la periodista preferida para que salga toda la información, se filtre todas las declaraciones que daban los colaboradores en Brasil, yo triangulaba con Rafael Vela, con José Domingo Pérez, con ‘Chela Villasís’, primero trabajaba en Cuarto Poder y luego pasó a ser jefa de investigación del diario El Comercio, las primeras épocas de Lava Jato yo hacía esas coordinaciones, luego ella lo hacía con Rafael Vela”, aseguró el exhombre de confianza Benavides.
También el ‘Filósofo’ relató que Graciela Villasís le dijo que se reunía con el fiscal supremo Pablo Sánchez, entonces fiscal de la Nación, quien la consideraba una “aliada”. En esta parte del relato, Jaime Villanueva evidencia que el acceso privilegiado a información era recompensado con la defensa del diario El Comercio a los fiscales Vela, Pérez y Sánchez.
“Chela me ha comentado varias veces que ella se reunía mucho con Pablo Sánchez, especialmente en la época de Lava Jato, incluso me manifestaba que tenía un grado de amistad con él, porque ‘Chela’ era una aliada de Lava Jato, como tenía la información, la filtración en tiempo real, a cambio había una defensa del diario El Comercio a los fiscales Vela, Pérez y también Sánchez”, afirmó el aspirante a colaborador eficaz.
Villanueva prosiguió en su testimonio y detalló cómo Vela le enviaba por WhatsApp a ‘Chela’, en tiempo real, lo que los funcionarios de las corruptas constructoras brasileñas Odebrecht y OAS declaraban.
“Se le daba la información a ‘Chela’ muchas veces en tiempo real, Rafael le iba ‘wasapeando’ lo que iban declarando los colaboradores y ella era la primera en tener la información, eso a cambio del apoyo del diario El Comercio al trabajo que hacía el Equipo Lava Jato. Rafael me comentaba en varias oportunidades que él se había reunido con varios directores de El Comercio, como Oscar (en realidad se llama Fernando) Berckemeyer, el mismo (Juan) Aurelio Arévalo (Miró Quesada), por intermedio de ‘Chela’, ella era quien le facilitaba ese contacto, pero la finalidad era la información a cambio del apoyo del diario”, manifestó.
Fuente: Altavoz.pe
Villanueva, Girao y el fiscal José Domingo Pérez.

Graciela Villasís recibía información a cambio de apoyo de El Comercio a fiscales Lava Jato: más declaraciones de Jaime Villanueva

Según el exasesor de Patricia Benavides, ‘Chela’ era la ‘periodista preferida’ de los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez, quienes le filtraban, en tiempo real, todo lo que declaraban los colaboradores en Brasil.
La periodista Graciela Villasís, jefa de la Unidad de Investigación del diario El Comercio, tiene mucho que explicar. Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, viene cantando como loro ante el Ministerio Público (MP) y, esta vez, de acuerdo a un documento fiscal al que accedió EXPRESO, evidenció cómo la mujer de prensa en cuestión habría negociado el apoyo del periódico en que trabaja a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, a cambio de recibir información reservada en tiempo real.
Vayamos paso por paso. El pasado 28 de febrero, Villanueva relató a la Fiscalía que conoció a Villasís en el año 2015, a través de Mónica Vecco, exasesora del equipo de prensa y comunicaciones del MP. A partir de ese momento, una vez generada la relación de amistad, comenzaron a “coordinar reportajes”.
Alias ‘El Filósofo’ detalló que el vínculo se fortaleció en la época de las investigaciones del caso Lava Jato, llegando a ser ella la “periodista preferida” de los fiscales Rafael Vela Barba y Domingo Pérez, quienes le filtraban todo lo que declaraban los colaboradores en Brasil.
Jaime Villanueva también contó, en su testimonio, que la misma Villasís le dijo que se “reunía mucho” con el fiscal supremo Pablo Sánchez, exfiscal de la Nación, quien la consideraba una “aliada”. En esta parte del relato, Villanueva hace una grave denuncia: el acceso privilegiado a información era supuestamente recompensado con una defensa acérrima del diario El Comercio a los fiscales Vela, Pérez y Sánchez.
Más adelante, le solicitan a Jaime Villanueva que dé más especificaciones sobre su expresión acerca de qué “triangulaba” con Rafael Vela, Domingo Pérez y Villasís respecto a la declaración de los colaboradores en Brasil del caso Lava Jato, por lo que este pasa a exponer cómo Vela le enviaba por WhatsApp a ‘Chela’, en tiempo real, lo que los funcionarios de las corruptas constructoras cariocas Odebrecht y OAS manifestaban.
Fuente: Diario EXPRESO.

Hugo Guerra sobre Villasís: “Los periodistas no pueden ser mesas de partes de nadie porque se vuelven operadores políticos”

El colaborador Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, aseguró, ante el Ministerio Público, que la periodista Graciela Villasís recibía información reservada de los fiscales del caso Lava Jato a cambio de apoyo del diario El Comercio.
A propósito, Hugo Guerra, periodista y abogado, alertó, en entrevista con Altavoz.pe, que estaríamos frente a una gravísima situación de tráfico de información.
Jaime Villanueva reveló que Graciela Villasís recibía información del caso Lava Jato a cambio de que El Comercio, donde has trabajado, brindara su apoyo a los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez. ¿Consideras que esta revelación como algo periodístico que debe ser de conocimiento público?
Jaime Villanueva es un colaborador eficaz y sus dichos tienen que ser probados, pero una denuncia de esta naturaleza amerita no solamente que sea conocida, sino también investigada, porque revela una situación muy grave, que es que un medio muy prestigioso, como lo es el diario El Comercio, estaría vinculado al tráfico de documentos y al acceso de información privilegiada de forma absolutamente irregular.
En su momento, hubo una defensa prácticamente colegiada de los medios, salvo excepciones, como Expreso o Willax, a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato. Eso fue evidente.
En líneas generales, son muchos los medios de comunicación que, efectivamente, han venido haciendo una defensa cerrada de las acciones de la Fiscalía en los casos Lava Jato y otros casos políticos. Han estado recibiendo material clasificado y de manera privilegiada, lo cual significa que no se ha estado haciendo un periodismo competitivo y abierto, sino con accesos indebidos a expedientes reservados.
Yo recuerdo, en el caso específico de Villasís, que, en tanto los funcionarios de Odebrecht declaraban en Brasil, ella iba tuiteando, en vivo, lo que ellos decían. Eso, según Villanueva, era porque Vela le pasaba la información.
No sé quién le entregó la información, pero es evidente que tenía información privilegiada.
Pero los periodistas no pueden ser meras mesas de partes de los fiscales del Equipo Especial Lava Jato ni de ningún fiscal.
Los periodistas no pueden ser mesas de partes de nadie, porque, entonces, pasan a ser activistas políticos.
Y, dado que los fiscales Lava Jato filtran información a sus periodistas preferidos, no se les cuestiona por, por ejemplo, ese nefasto acuerdo de colaboración eficaz que se firmó con Odebrecht, que solo nos pagará 610 millones de soles de reparación civil.
Esa es una posición editorial que no se entiende, pero, si está vinculada al tráfico de información, sería gravísimo. El país entero reclama que se haga público este acuerdo, que es una traición a la patria, con Odebrecht, ¿por qué un medio de comunicación no se sumaría a este clamor ciudadano? Es llamativo.
Los fiscales del Equipo Especial Lava Jato tampoco han tenido ningún logro porque aún no existe ninguna condena definitiva.
No solamente no han tenido logros, sino que han permitido que la empresa corrupta Odebrecht siga contratando con el país.
Es más, permitieron que Odebrecht se quede con la venta de la hidroeléctrica de Chaglla.
Es totalmente ridículo.
Si bien lo que dice Jaime Villanueva sobre Villasís tiene que corroborarse, ¿cuál es la reflexión? ¿Acaso que un periodista no puede mimetizarse con su fuente?
Un periodista no puede ser vocero de su fuente, no puede recibir información privilegiada a cambio de un ofrecimiento de posición editorial, porque eso convierte al medio de comunicación en un operador político.
Fuente: Altavoz.pe

Por Martha Meier Miró Quesada- Diario EXPRESO.
“Gustavo Gorriti me firmó un libro, luego abrió un vino, me dijo brindemos porque Alan murió. ¡Ganamos!”, ha revelado Jaime Villanueva, el ex asesor por cuyos dichos fue suspendida la fiscal Patricia Benavides. Cada palabra salida de su boca fue tomada como verdad absoluta, aún sin corroboración; claro esto siempre y cuando no se refiriera a algún integrante de la peligrosa secta caviar, porque todo lo referido a esa gente era y es obviado.
El viernes mientras nos entretenían con el show de la captura del hermano presidencial, Nicolás Boluarte, la periodista Milagros Leiva se preparaba para detonar una tremenda bomba en su programa de Willax. Llegó la hora y leyó parte del testimonio de Villanueva que no es sino el colofón de cómo los fiscales títeres de Gorriti, cercaron al dos veces presidente Alan García Pérez, hasta empujarlo a quitarse la vida.
Y Gorriti celebró con vino la muerte de un gran líder político y además dijo ¡Ganamos! Hay que estar podrido por el odio para hacer algo así, y más aún con un testigo presencial. Puede que salga a negarlo, pero nadie le creerá, dirá quizás que Villanueva miente. En el supuesto negado que el individuo es un mentiroso habrá que apurar el retorno de la Fiscal de la Nación Benavides.
Lo relatado por Villanueva hará que Gorriti sea alcanzado por la mano de la justicia o por las garras de la culpa (cosa rara para él, la culpa). Según la tesis de cualquiera que haya seguido el caso, es improbable que el reportero-IDL no conociera la decisión de García de quitarse la vida antes de ser exhibido como trofeo por la chusma deforme de la secta gorritiana. ¿Y por qué lo sabría? Pues porque por días hubo una camioneta frente a la casa del dos veces presidente del Perú realizando escuchas, según lo ha dicho en varias ocasiones el secretario y buen amigo de Alan, Ricardo Pinedo. ¿Y a quién le filtran todo sus fiscalitos y su robusta cachorra de una familia de fiscales y cachacos que funge de periodista de investigación?
Abrir una botella de vino y congratularse por haber empujado a un padre de familia amoroso, a un hombre brillante que elevó el nivel de la política y al mejor presidente de lo que va del siglo XXI, es un acto siniestro e incomprensible. Gorriti debe haber tenido un gran resentimiento contra García, debe haberse sentido un protozoario ante su tremenda lucidez y carisma. Con la desaparición de García se habrá sentido el rey de la jungla.
Pobre hombre de aplastada autoestima, por eso será que siempre está con gesto serio y ve en una rosa no la belleza de la flor sino una amenaza de muerte. Será por eso, también, que su feligresía está compuesta por personas menos locuaces que él, sin talento alguno, hombres de menor estatura, mujeres poco atractivas.
Y será por ese sentirse más que alguien que ayudó a llegar al poder a impresentables como el ladrón y alcohólico Toledo, al inútil Humala con la ambiciosa Nadine (receptores de dólares del chavismo), al manejable Kuczynski, borrachín y ratero consumado, desde el primer belaundismo. Será por eso, además, que guarda amistad con una terrorista de Sendero Luminoso a la que hizo liberar, y que en un legajo de la Dircote aparece como cercano a Sendero.
¡Perdista Gorriti!

Destituido cuando estaba en UCI con covid-19

Exfiscal supremo gana demanda de amparo, y podría volver a alto puesto del Ministerio Público.

Por César Rojas– Diario EXPRESO.
En un hecho casi excepcional, jueces peruanos resolvieron contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La Segunda Sala Constitucional de Lima ordenó que se reconsidere la destitución al exfiscal supremo Tomás Gálvez. 
“Fundada en parte la demanda de amparo, ordena a la JNJ declarar la nulidad de la Resolución N°059-2021-PLENO-JNJ de fecha 02 de agosto de 2021”, resolvieron los magistrados superiores Roberto Vílchez Dávila, Eduardo Romero Roca y David Suárez Burgos.

Essalud corrobora estado de Tomás Gálvez

Esto confirmaba una decisión de primera instancia, la cual validaba la destitución a Gálvez, pero ordenaba a los dirigidos por Antonio de la Haza aceptar a trámite y evaluar el pedido de reconsideración. La razón era que el investigado había estado al borde de la muerte por la covid-19.
El procurador de la JNJ había señalado que, en sede administrativa, no se había cumplido con acreditar la fecha de su alta médica.
Sin embargo, la sala constitucional recuerda que ya existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional. “Cualquier duda que pudiera existir sobre el estado de salud del actor al momento de ser notificado con la decisión de destitución, fue totalmente despejada con el Oficio N°551-GRPA-ESSALUD-2022”, se precisa en la sentencia.

Casi muere

El 8 de mayo de 2021, Gálvez Villegas ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Nacional Guillermo Almenara. Estuvo en coma inducido varias semanas, y recién el 12 de julio de ese año salió de alta.
El gobierno de la presidenta Dina Boluarte desactivó el equipo especial de la Policía Nacional (PNP) que apoya al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

Ministerio de Interior desactiva el equipo especial de policías que apoya al Eficcop

Mediante una resolución ministerial, se dejó sin efecto la norma emitida durante la gestión de Mariano González en el Ministerio del Interior, en julio del 2022.

Mediante una resolución ministerial, dejó sin efecto la norma emitida durante la gestión de Mariano González en el Ministerio del Interior, en julio del 2022.
En el documento, al que accedió este Diario, se menciona la existencia de una supuesta “duplicidad de funciones” de dicho equipo policial con las labores de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).
“La Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, en el marco de sus competencias, dispone las acciones que resulten necesarias para dar continuidad al apoyo que se viene brindando al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder”, indica.
Como se recuerda, el equipo policial colaboraba con el grupo de fiscales, que encabeza Marita Barreto, en las investigaciones contra Dina Boluarte por el Caso Rolex.
Este equipo especial de policías se había creado a solicitud de la fiscal Barreto, quien pidió al Ministerio del Interior (Mininter) para que se proceda con la conformación de un grupo de policías expertos en técnicas especiales de investigación e inteligencia.
“Como consecuencia de lo advertido, se ha dispuesto el inicio de las investigaciones administrativo-disciplinarias contra quienes resulten responsables por la emisión de un dispositivo legal sin sustento y que contraviene manifiestamente el marco normativo y constitucional, así como la adopción de medidas legales contra los funcionarios públicos que hubieran dispuesto su emisión de manera manifiestamente ilegal, contraviniendo lo previsto en la Constitución”, señaló el sector que dirige el ministro Walter Ortiz.
Fuente: Diario El Comercio.
El Gobierno de Dina Boluarte dispuso la desactivación del Equipo Especial de la Policía Nacional que estaba encargado de dar apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) mediante una resolución firmada por el ministro del Interior, Walter Ortiz.
En el documento se dejó sin efecto las resoluciones ministeriales previas con las que se daba cuenta de que el equipo de apoyo policial al  Eficcop está integrado por jefe de la División de Investigaciones de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú, encargado de la coordinación general, y por el jefe de la División de lnteligencia Antidrogas de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional del Perú.
El Ministerio del Interior se pronunció luego que se desactivó el equipo especial de la Policía Nacional (PNP) que apoya al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop). Mediante una resolución ministerial, dejó sin efecto la norma emitida durante la gestión de Mariano González en el Ministerio del Interior, en julio del 2022.
“Se comprobó que para la emisión de la Resolución del 2022, que conformaba el EFICCOP, no se emitió ningún dictamen o informe legal por Asesoría Jurídica de la PNP sobre la viabilidad jurídica de la creación del equipo especial de apoyo a la EFICCOP”, señala el comunicado.
El Mininter agregó que tampoco se emitió ningún informe técnico por parte de la División de Modernización y Desarrollo Institucional que dé conformidad con el “Decreto Legislativo 1267, pese a que constituyen unidades orgánicas cuyas opiniones eran imprescindibles para la emisión de una dispositivo legal que modificaba la organización y funcionamiento de la estructura policial”.
Se continuó precisando que su emisión “se dictó sin la observencia de los requisitos indispensables, se procedió a la regularización de su vigencia cumpliendo con el marco normativo vigente, de acuerdo a lo previsto en el marco constitucional citado”.
“Debemos aclarar que la Resolución Ministerial deja sin efecto la resolución ministerial que nombra al equipo especial de EFICCOP, sin cuestionar la competencia y funciones de la DIVIAC, quienes siguen realizando labores de inteligencia e investigación contra el crimen organizado a nivel nacional”, precisó el Mininter.
También se inició una investigación administrativo disciplinaria a quienes resulten responsables por la emisión de “un dispositivo legal sin sustento y que contraviene manifiestamente el marco normativo y constitucional”.
Fuente: Radio Programas del Perú y Diario Correo.

Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda son detenidos por EFICCOP

El operativo fue ejecutado por la DIVIAC y Fiscalía en horas de la mañana. También se ordenó la detención de Jorge Ortiz Marreros, Noriel Chingay Salazar, Zenovia Griselda Herrera Vasquez, Jorge Chingay Salazar, Víctor Hugo Torres Merino, Edwin Walter Ugarte Nina. Además, ordenó la incomunicación de estas personas, una vez que sean detenidas.
Según la resolución judicial, emitida por el juez carcelero Richard Concepción Carhuancho, indica que Mateo Castañeda formaría parte de una organización criminal cumpliendo el rol de “operador-brazo legal de una organización política” y habría estado involucrado en la “neutralización de investigaciones penales seguidas contra Wigberto Nicanor Boluarte Zegarra“.
En líneas siguientes del documento se lee que Castañeda habría ofrecido “acuerdos ilícitos al coronel de la policía nacional del Perú (PNP), Walter Pajuelo y al coronel Harvey Colchado” buscando “obtener información que involucre en algún hecho ilícito la presidenta Dina Boluarte“.
En el marco de la operación ‘Valkiria Jericó’ sobre el caso ‘Los Waykis en la Sombra’, el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficoop) y agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) están allanando 26 propiedades e incautando bienes. Además, se ha autorizado el levantamiento secreto de las comunicaciones para obtener información de los dispositivos electrónicos de 22 personas investigadas.
La EFICCOP ha ejecutado una orden de detención contra Nicanor Boluarte Zegarra, mientras que la DIVIAC y la Fiscalía han arrestado a otros implicados en este operativo, según precisó Rodrigo Cruz, periodista de Latina Noticias.
Este personaje, aparentemente respaldado por su hermana, la Presidente de la República Dina Ercilla Boluarte Zegarra, habría orquestado una red para obtener beneficios económicos mediante el control de nombramientos políticos y la manipulación de afiliaciones partidarias.
La organización delictiva, según se señala, utilizó sofisticadas estrategias legales para encubrir sus actividades ilícitas. Sin embargo, el escrutinio mediático en noviembre de 2023 destapó su operación, lo que desencadenó investigaciones por presunto tráfico de influencias contra Boluarte Zegarra y su intento de cooptar miembros del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder.
La trama se torna aún más intrigante con la presunta tentativa de soborno a miembros clave del equipo fiscal, incluyendo al Coordinador General y otros cercanos a él. Este esfuerzo apunta a neutralizar las investigaciones y garantizar la continuidad del poder en una eventual contienda electoral.
Fuente: Frecuencia Latina, Radio Programas del Perú y Exitosanoticias.pe

Persecución contra la PNP, más allá del caso Elvis Miranda: todo sobre la denuncia pública del exministro del Interior, Remigio Hernani

Consideran urgente una reforma total del Ministerio Público y el Poder Judicial para evitar sancionar a policías que cumplen su deber.

Por Harold Salinas– Diario EXPRESO.
“Los fiscales que liberan delincuentes todos los días, quieren encarcelar a miembros de la PNP que abaten delincuentes. No es casual. Es la enorme influencia caviar en la fiscalía. El pueblo peruano aterrorizado por la violencia delincuencial, es el perjudicado por la política caviar. ¡Tenemos que detener esto!”.
Es la afirmación sólida del congresista y exministro del Interior, Fernando Rospigliosi (FP), que se hace eco cada vez con más fuerza entre una ciudadanía que ve, absorta, el desborde del crimen organizado y la incapacidad de las autoridades para detenerlo.
El caso del policía Elvis Miranda, para quien un fiscal de Piura ha solicitado tres años de cárcel por abatir a un delincuente en flagrancia, con el añadido que debe pagar a la familia del criminal 50 mil soles de ‘reparación civil’, es la gota que rebasado la repulsa popular para este sinsentido en que los delincuentes tienen más derechos humanos que los policías.
Por eso es que, en las calles, se escucha, a peruanos de a pie, reclamar al Gobierno que siga el ejemplo de Ecuador, donde el presidente Daniel Novoa ha ordenado exculpar de todo a los policías y militares que abaten a delincuentes en flagrancia.
Así las cosas, es obvio que en la actualidad existe una persecución por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial (PJ), según señalan especialistas, contra el trabajo que desempeñan los miembros de la Policía Nacional (PNP), quienes son sometidos a procesos penales tan solo por cumplir su deber.
Tal es el caso del citado suboficial (PNP), Elvis Miranda Rojas, quien iría a la cárcel luego que la Fiscalía solicitó tres años de prisión efectiva por abatir a un delincuente en Piura.
Como esta situación existen otros casos a nivel nacional, donde los agentes del orden son procesados sin previa investigación de parte del Ministerio Público, solo por utilizar sus armas tal como lo indica su propio reglamento.
Con respecto al policía Elvis Miranda, los hechos se remontan al año 2019, cuando el citado agente policial disparó a Juan Carlos Chocán, quien estaba robando una billetera a mano armada a dos ciudadanos.
Este acontecimiento desencadenó una serie de eventos que mantuvieron a Miranda en el centro de un largo y complejo proceso judicial. El sujeto que perdió la vida en este altercado es un desertor del Ejército que tiene antecedentes penales. La respuesta de sus parientes fue violenta, porque atacaron la comisaría de Tacalá con piedras y palos.
La fiscal Lilia Castillo Chirinos, ante la gravedad del incidente, solicitó prisión preventiva para Miranda. El 16 de enero de 2019, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Castilla dictó siete meses de prisión preventiva contra él. Esta decisión fue respaldada por el entonces ministro del Interior, Carlos Morán Soto.
Miranda estuvo cinco años con la angustia por el proceso legal, que concluyó con el pedido de cárcel en contra de su persona por parte del Ministerio Público. Además, tendría que hacer un pago de 50 mil soles en favor del Estado y la familia del citado delincuente.
En diálogo con EXPRESO, el congresista Fernando Rospigliosi (FP) insistió que el Ministerio Público persigue de manera ideológica a la Policía.
“No hay indiferencia, hay un intento persecutorio, hay una ideología izquierdista, caviar que ha sido inoculada sistemáticamente tanto en jueces como en fiscales que tratan a los policías como delincuentes. Eso es peligrosísimo en una situación como la actual donde hay una violenta ola delincuencial, y que los magistrados en lugar de proteger a los policías hacen las cosas al revés, esto es una corriente mundial de las ideas izquierdistas y caviares que persiguen a la PNP y a los militares”, indicó.
“Los fiscales se ensañan con los policías y tratan de llevarlos a la cárcel por cumplir con su deber”, señaló Rospigliosi contó que el enemigo de un policía también es otro miembro de su propia institución, esto porque existe una confabulación con fiscales para dañar a otros agentes del orden.
Explicó que existe un caso de 60 efectivos policiales que están siendo procesados por cumplir con su obligación cívica de defender a los ciudadanos contra la criminalidad creciente.

La periodista Milagros Leiva respaldó la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de no ratificar a Piero Corvetto, como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), debido a que no obtuvo los cinco votos que necesitaba para continuar en el cargo.
“Cómo habrá sido la cara de Corvetto cuando escuchó esta noticia. La cara de los otros medios era que querían matar a Falconí. Ese también será el destino del jefe del Jurado Nacional de Elecciones. Los caviares están gritando, desgarrándose en el Twitter”, manifestó la conductora de ‘Milagros Leiva, Entrevista’.
Como se recuerda, en la votación de la JNJ, Guillermo Thornberry, María Zavala, Imelda Tumialán y Antonio de la Haza decidieron que Corvetto continúe liderando ONPE, sin embargo, el magistrado Marco Falconí se mostró en contra, sentenciando el destino del funcionario.
Tras esta decisión, el pleno de la JNJ anunció que convocará un concurso público de méritos para seleccionar al sucesor de Corvetto en el más alto cargo de la ONPE.
Fuente: Willax.pe

Jorge del Castillo: “Todos los altos funcionarios que pueden ser destituidos requieren una votación calificada“

Jorge del Castillo, abogado de Patricia Benavides, consideró que una eventual destitución de la fiscal de la Nación debía resolverse con “5 votos conformes“.

Por Luis Felipe Rodriguez Jimenez– Radio Programas del Perú.
“(Quiero) aclarar un tema que le escuché al presidente de la JNJ, quien señaló que, si bien el quórum para resolver un tema es de 5 miembros de la junta, y en este momento hay 5, pero bastaría una mayoría simple -o sea 3 a 2 o de repente 2 a 1, porque otros pueden abstenerse- y eso no es así, absolutamente”, indicó.
“Todos los altos funcionarios que pueden ser destituidos -algunos en la junta, otros en el Congreso- requieren una votación calificada, eso lo dijo el TC hace mucho tiempo, desde el presidente de la república (…), lo mismo podría decir para el defensor del Pueblo, para los propios miembros de la JNJ, se necesita dos tercios; para el contralor de la república, dos tercios. Para cualquier ratificación o reconsideración de un juez de primera instancia o de un fiscal provincial se requieren 5 votos conformes, que para la JNJ es de dos tercios (…), no es ni 4 ni 3 ni 2″, argumentó.
En sentido, Del Castillo indicó que “hay un principio en el derecho que señala que ‘las cosas se deshacen como se hacen’. Si uno es elegido por 5 votos, como manda la ley, si te destituyen debe ser por la misma votación”.
Además, dijo haber revisado “todos los casos de destitución de la JNJ”, y que ninguno se hizo “por menos de 5 votos”.
“Lo que hay que tener en claro es que la junta, por menos de 5 votos, no puede destituir a la fiscal de la Nación. La propia ley señala varios casos: el jefe de la Autoridad de Control del Ministerio Público requiere 5 votos, los fiscales superiores o provinciales, requieren 5 votos. ¿Cómo va a ser que la fiscal de la Nación, que es la jefa de todos, pueda ser destituida con menos votos (…)? Los antecedentes sobran para aclarar que se requieren 5 votos conformes”, resaltó.
“Si la JNJ quiere destituir a la doctora Benavides, tiene que tener 5 votos conformes. Así lo dice la jurisprudencia, así lo dice la ley. No puede ser admisible que funcionarios que están bastante por debajo de la fiscal de la Nación puedan ser destituidos por 5 votos, pero la jefa del sistema por tres votos. Eso es incongruente”, puntualizó.

JNJ chantajea jueces: miembros de la Junta presionan a supremos

Inician procesos disciplinarios a Javier Arévalo, Mariem de la Rosa y Juan Carlos Checkley, quienes verían su caso y el de fiscal Benavides.

Por César Rojas-Diario EXPRESO.
Luego de que sus acusaciones contra el Congreso de la República, amenazas al Tribunal Constitucional y convocatoria a marchas no les sirvieran de nada, los cuestionados miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) usaron su poder para abrir procesos disciplinarios a jueces que podrían decidir su futuro laboral, y que al mismo están bajo su evaluación.
El primero en la lista había sido Juan Carlos Checkley, quien se desempeña en forma provisional como titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Él es el único filtro que existe para que funcionarios con antejuicio (como los integrantes de la JNJ) sean procesados con o sin medidas de restricción.
Asimismo, es instancia obligada para todos los procesos penales que enfrenten otros magistrados supremos, jueces supremos, congresistas, ministros y expresidentes.
Hace un mes, ante un informe de la controvertida Inés Tello (destituida por haber superado la edad límite de 75 años para ocupar un puesto en la Junta) se abrió procedimiento disciplinario a Checkley, imputándole favorecimiento a la jueza superior Enma Benavides, hermana de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Al igual que para la funcionaria del Ministerio Público, a su familiar se le atribuye sospechas por dichos sin corroborar de Jaime Villanueva. Este había declarado que se demoró el proceso penal a Enma para liberarla de todos los cuestionamientos, por supuestamente otorgar libertad a narcotraficantes a cambio de dinero.El pedido de sobreseimiento a la jueza superior se hizo el 3 de febrero de 2023, y Checkley programó la audiencia respectiva para el 11 de diciembre de 2023.
“Villanueva Barreto ha referido que Patricia Benavides acordó con Checkley Soria programar la audiencia de control de sobreseimiento para el 11 de diciembre; sin embargo, desde que las supuestas gestiones que Patricia Benavides tuvo con el juez, hasta la audiencia de control, hubo un radical cambio de contexto”, afirmaba el “Filósofo”.
Si bien las imputaciones de Villanueva no encajan con la realidad, ya que al final sí se dispuso formalizar proceso a Enma, los miembros de la JNJ igual decidieron abrirle proceso administrativo.
“A fin de que se determine si existe mérito o no para la apertura de un procedimiento disciplinario, dado el presunto retardo en el trámite del caso Enma Benavides”, indicaron.
Esto, por lo menos, haría que Checkley enfrente pedidos de inhibición, al estar coinvestigado en casos emblemáticos. Su eventual reemplazo, Saúl Peña Farfán, ya sabe que todos los que no le dan la razón a los encabezados por Antonio de la Haza terminan empapelados, de una u otra forma.
Otra vía para presionar a quienes pueden decidir su futuro, es la acción iniciada desde la JNJ contra Mariem de la Rosa Bedriñana, presidenta de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente.
El 30 de abril, el Congreso presentó un recurso de apelación contra el amparo de la Primera Sala Constitucional de Lima. Ines Tello y Aldo Vásquez habían obtenido una cautelar ya anulada por el Tribunal Constitucional, pero se apelaba que el tema de fondo era una intromisión ilegal.

Por Ángel Bermúdez- BBC News Mundo.
Es la última frontera de la guerra en Gaza.
El ejército israelí dijo que tomó el control operativo del lado palestino del paso de Rafah, que está en la frontera con Egipto.
Testigos relataron a la BBC que durante toda la noche hubo llamaradas iluminando el cielo, así como el sonido constante de bombardeos israelíes. El ejércíto israelí asegura haber matado a 20 personas que aseguran son “terroristas de Hamás”.
Todavía se trata de una operación muy limitada y precisa y no, por ahora, la ofensiva terrestre a gran escala de Rafah, contra la que las potencias mundiales han estado advirtiendo debido a las funestas consecuencias humanitarias en una ciudad repleta de alestinos que huyeron de los combates en otras partes de Gaza.
La ciudad palestina de Rafah ha sido, desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamás, un centro de refugio para la población civil y una vía de entrada de ayuda humanitaria.
Israel dice que está realizando ataques concretos sobre ciertos objetivos de Hamás en Rafah.
Ubicada en la parte sur de la Franja y con unos 55 kilómetros cuadrados de superficie, esta localidad representa el último acceso a Gaza que no está controlado por Israel y ha sido durante décadas un punto de llegada de asistencia y una puerta de salida para enfermos, heridos y viajeros.
Tras el inicio de la guerra actual -detonada por el ataque sorpresa que lanzó Hamás contra Israel el 7 de octubre en el que murieron 1,200 personas y unas 240 fueron tomadas como rehenes, según las autoridades de israelíes- Rafah se convirtió en el último refugio de más de un millón de palestinos, que han sido desplazados de sus ciudades debido a los bombardeos y la incursión terrestre de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).
Como consecuencia de la llegada masiva de personas, la población de Rafah aumentó de unos 280,000 habitantes hasta cerca de 1’400,000 personas, por lo que ha sido catalogada por el jefe del Consejo Noruego para los Refugiados, Jan Egeland, como “el mayor campo de desplazados del mundo”.
Pero el estatus de esta localidad como refugio de los que huyen de la guerra empezó a ser cuestionado en febrero de este año, cuando Israel lanzó una operación sobre esa ciudad que dejó decenas de palestinos muertos y permitió rescatar a dos de los rehenes que estaban bajo poder de Hamás.
En aquel momento el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que prepararan la evacuación de civiles de Rafah, con miras a lanzar allí una ofensiva mayor.
Aquel anuncio encendió las alarmas en la comunidad internacional, desatando una cascada de críticas y advertencias en contra de los planes de Israel ante lo que temían que provocara una “catástrofe humanitaria”.
Esos temores se han reactivado, cuando las FDI empezaron a distribuir sobre Rafah volantes con instrucciones para que unas 100,000 personas evacúen un área en el este de la ciudad y se trasladen hacia Jan Yunis y Al-Mawasi.
Horas más tarde, las FDI comenzaron una serie de ataques sobre un área de esa ciudad en lo que presentado como una “operación limitada” y, este martes, tomaron el control del cruce entre Rafah y Egipto.
Sin embargo, Rafah y lo que ocurra allí tiene una importancia que va mucho más allá de una operación local.

El “último bastión” de Hamás

“Es imposible lograr el objetivo de la guerra sin eliminar a Hamás y dejando cuatro batallones de Hamás en Rafah”, dijo en febrero en un comunicado la oficina de Netanyahu.
Se trata de un argumento en el cual el mandatario ha seguido insistiendo durante estos meses.
Israel sostiene que en Rafah se encuentran miles de combatientes de Hamás, así como algunos de sus líderes.
Considera que debe acabar con lo que estima son unos 4 batallones de Hamás presentes allí para dar fin a su campaña dirigida a eliminar el poder militar de ese grupo palestino en Gaza.
Se estima que unos 200,000 israelíes tuvieron que abandonar sus hogares tras el inicio de la guerra con Hamás y debieron trasladarse a zonas más seguras del país, lejos de las áreas fronterizas donde podrían ser un blanco para esta organización o su aliada en Líbano, la milicia chiita Hezbolá.
Muchas de estas personas ya habían vivido durante años bajo el acoso de los cohetes que cada tanto tiempo lanzaban desde Gaza hacia Israel, una situación que el gobierno de Netanyahu parecía tolerar por un tiempo hasta que eventualmente respondía con un breve conflicto que daba pie a un nuevo cese el fuego.
Ese era el statu quo que llegó a su fin con el ataque del 7 de octubre, tras el cual ni las autoridades de Israel ni gran parte de sus ciudadanos consideran que vivir con un Hamás armado gobernando en Gaza siga siendo un riesgo aceptable.
Sin embargo, desde el inicio del conflicto numerosos analistas políticos y militares han advertido que la idea de Netanyahu de erradicar a Hamás es muy difícil -o directamente imposible- de lograr y que los costos humanos de intentarlo iban a ser altísimos dados los túneles que Hamás construyó bajo Gaza para protegerse, así como el hecho de que sobre la superficie resulta difícil diferenciar entre combatientes y civiles.
El gobierno de Israel asegura que sus fuerzas ponen el mayor cuidado en no afectar a la población civil, lo que no ha evitado que unas 34,000 personas hayan muerto en Gaza desde el inicio del conflicto, la mayor muchos de ellas mujeres y niños, de acuerdo con el ministerio de Salud de la Franja, controlado por Hamás.
Las instalaciones del hospital Al Shifa destrozadas tras el asalto de las tropas israelíes.
Frank Gardner, corresponsal de Seguridad de la BBC, advierte que no queda claro qué podría lograr Israel con una operación militar sobre Rafah.
“Los últimos cinco meses de devastador conflicto en Gaza no han logrado la tan esperada liberación de los rehenes. La última vez que un número significativo de rehenes salieron vivos de Gaza fue en noviembre y fue como resultado de un intercambio, cuidadosamente negociado por Qatar y Egipto”, señala.
“El ejército israelí evalúa que cuatro batallones de Hamás han sobrevivido sobre y bajo tierra en Rafah y quieren terminar el trabajo tal como se lo han planteado. Pero incluso si logra destruir estas unidades, las posibilidades de que los rehenes escapen ilesos son escasas”, agrega.

Política y alianzas en juego

En las calles de Rafah, una multitud de palestinos salieron a celebrar tras el anuncio de que Hamás había aceptado un acuerdo de cese el fuego.
Políticamente, lo que ocurra en Rafah puede afectar las negociaciones que durante meses se han llevado a cabo con Hamás, con la mediación de Qatar y Egipto, para lograr un cese al fuego, así como la liberación de algunos de los israelíes secuestrados, y de palestinos detenidos en Israel.
Precisamente, Hamás anunció que aceptaba la propuesta de armisticio, lo que generó algunas manifestaciones de alegría y alivio entre los habitantes de Gaza.
Sin embargo, no queda claro el verdadero alcance de la misma, pues el gobierno de Netanyahu dijo que estaba lejos de cumplir con los requerimientos de Israel y despachó una comisión negociadora a El Cairo.
La semana pasada, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, elogió la propuesta que estaba sobre la mesa y afirmó que era “extraordinariamente generosa” por parte de Israel, por lo que Hamás debería aceptarla.
Sin embargo, la semana transcurrió sin avances en las negociaciones.
Más allá de la guerra en Gaza, una escalada militar de Israel en Rafah puede aumentar las tensiones entre el gobierno de Netanyahu y el de Estados Unidos, pues el presidente Joe Biden ha dejado claro su rechazo a que se produzca una ofensiva sin que antes exista un plan para proteger a la población civil allí presente.
Según la Casa Blanca, Biden le ratificó su posición a Netanyahu durante una conversación telefónica que sostuvieron.
Una escalada en Rafah también puede afectar los esfuerzos del gobierno estadounidense de lograr un acuerdo para la normalización de relaciones diplomáticas entre Israel y Arabia Saudita, los cuales -de hecho- ya fueron perjudicados por el ataque de Hamás del 7 de octubre.
Para avanzar en esa ruta, Riad espera que Israel acceda a poner fin a la guerra con Hamás y se comprometa a seguir una ruta que lleve hacia la creación de un Estado palestino.
La normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita es vista como un avance importante no solamente por sus implicaciones bilaterales, sino porque ambos países -al igual que Estados Unidos- ven con desconfianza la política de Irán en Medio Oriente y su plan de desarrollo nuclear.
Otra relación vital que podría verse dañada con una ofensiva sobre Rafah es la que mantienen Israel y Egipto, que fue el primer Estado árabe en reconocer a Israel.
El cruce de Rafah, en la frontera entre Gaza y Egipto, ha sido una puerta de entrada de ayuda humanitaria y de salida de heridos.
Desde el inicio del actual conflicto, el gobierno de Abdel Fattah al Sisi ha estado preocupado por la posibilidad de que el desbordamiento de la violencia en Gaza termine llevando a los combatientes y líderes de Hamás hacia el Sinaí.
El Cairo no ve con buenos ojos a los miembros de Hamás, organización que se originó como una rama de los Hermanos Musulmanes egipcios, y a quienes considera como una amenaza a su seguridad.
Más allá de la política, se encuentra el impacto en la situación humanitaria que podría tener una ofensiva israelí a gran escala en Rafah.
En los últimos meses han sido numerosas las voces en la comunidad internacional que han advertido que existía el peligro de que los cientos de miles de palestinos que se refugian en esa ciudad se vieran empujados por una ofensiva israelí hacia la frontera con Egipto. Este último país ha reiterado en numerosas ocasiones que no piensa acoger en su territorio a refugiados palestinos.
Frank Gardner, de la BBC, considera que este es el aspecto “más preocupante”.
“Israel cifra el número de habitantes de Gaza potencialmente afectados (por una posible ofensiva israelí) en 100,000. Las agencias de ayuda palestinas dicen que la cifra se acerca a los 250,000. Muchas de estas personas ya han sido desplazadas de sus hogares en el norte del territorio”, apunta.
Aunque Israel ha presentado esta operación como un ataque limitado contra objetivos específicos de Hamás en Rafah, siempre existe el riesgo de una escalada.
De hecho, la Yihad Islamíca, otro grupo armado palestino aliado de Hamás en Gaza, ha estado lanzando cohetes hacia el sur de Israel.
La ofensiva israelí también ha puesto en alerta a Jordania, que es después de Egipto el segundo vecino árabe con quien Israel estableció relaciones diplomáticas.
En un encuentro con Biden en la Casa Blanca, el rey Abdalá II advirtió que una ofensiva israelí sobre Rafah podría hacer que el conflicto se desborde por la región.

Descoordinaciones en el Ministerio Público y una jueza que se enreda en sus decisiones permiten que una condena contra el expresidente, acusado de cobrar S/2.3 millones en coimas cuando era gobernador de Moquegua, demore. El fiscal Germán Juárez pedirá la nulidad del inicio del juicio porque no se ha incluido el delito de colusión, con el que Vizcarra podría ir 25 años a la cárcel.

Por ALVARO REYES QUINTEROS– Diario Perú21.
Sentado cómodamente sobre un diván, vistiendo ropa deportiva, Martín Vizcarra saluda una vez más a su medio millón de seguidores desde Tiktok. Es 1 de mayo, Día del Trabajo, y sus felicitaciones están dirigidas a los peruanos que “salen adelante”. En otro video, el expresidente, muy sonriente, presenta a su mascota Morita; en otro, comenta de sus viajes por el país; y en otra publicación se le ve caminando por asentamientos humanos en San Juan de Miraflores, hablando con los vecinos, cual candidato en campaña política.
Así, el exmandatario les muestra a todos que, pese a ser sindicado de cobrar millonarias coimas, estar inhabilitado para ocupar cargos públicos por 10 años y tener a la justicia respirándole en la nuca, es posible buscar votos y vivir sin preocupaciones.
Lo tiene sin cuidado que el fiscal Germán Juárez, del equipo especial Lava Jato, haya presentado una acusación en su contra en diciembre de 2022. Por eso, aún celebra.
Fiscal Germán Juárez. (GEC)
Al exgobernante se le imputa haber recibido S/2.3 millones en sobornos de las empresas Obrainsa e ICCGSA, que se adjudicaron dos obras cuando este era presidente regional de Moquegua, entre 2011 y 2014.
Solo meses después de interpuesta la acusación fiscal, en mayo de 2023, el exjefe de Estado anunciaba la inscripción de su partido Perú Primero. Sus aspiraciones políticas no encontraban techo ni límites al momento de cruzar la línea de la justicia, como ocurrió en el Cusco, en febrero de 2022, cuando se le sorprendió con Zully Pinchi.
La Fiscalía quiere conseguir la condena contra Martín Vizcarra, aunque hay procedimientos que se deben cumplir.
El inicio del juicio oral contra el expresidente ordenado el último viernes por la jueza Margarita Salcedo parecía ponerle fin al jolgorio tiktokero. Pero no será así.
Es más, hasta el propio fiscal Juárez —según fuentes consultadas por Perú21— quedó sorprendido con la decisión de la magistrada: ha ignorado el pedido para incluir el delito de colusión en la acusación, lo cual podría generar nulidades.
Acusación ampliatoria presentada por el fiscal Germán Juárez.
Salcedo, de esta forma, ha contribuido para encaminar el proceso a ese desenlace. Sin embargo, desde el lado de la Fiscalía, la falta de coordinación también ha sumado para provocar un impasse legal.

Discrepancias fiscales

El último 19 de abril, el fiscal Germán Juárez solicitó a la jueza del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria que amplíe la acusación contra Martín Vizcarra.
Hasta esa fecha, el proceso penal era solo por el cobro de coimas (cohecho) y ahora Juárez requería que se incluya el delito de colusión.
Disposición de la fiscal Elssie Garavito que ordena imputar delito de colusión contra Martín Vizcarra.
Con esto, la estimación de la pena contra el exmandatario se eleva a 25 años de prisión, ya que por cohecho se proyecta una condena de 15 años y por colusión de 10 años.
No obstante, en su pedido, el fiscal dejaba en claro que se trataba de una orden, emitida en diciembre de 2023, de la coordinadora del equipo especial Lava Jato, la fiscal Elssie Garavito Changa. Él solo acataba la disposición jerárquica.
El Código Penal estipula que, por cometer colusión simple, la pena máxima es de seis años de cárcel. Por tanto, la vigencia del delito se venció en 2019. Ese criterio consideró Juárez para no incorporar el delito inicialmente.
Pero la fiscal Garavito concluyó que, debido a que el acto fue cometido por un funcionario público, la pena se duplica. En conclusión, llegaría a 12 años de prisión, por lo que recién prescribiría en 2025.
Esta discrepancia sucedió mientras el fiscal Rafael Vela, el coordinador titular del equipo especial, estaba suspendido de sus funciones por orden de la Autoridad Nacional de Control (ANC).
Incluir el delito de colusión, en realidad, no cambia el relato de los hechos.
Acusación contra Vizcarra por el delito de cohecho (cobro de coimas)
Acusación contra Vizcarra por el delito de colusión.
Según la acusación, Vizcarra Cornejo se coludió con Elard Tejeda Moscoso, representante de Obrainsa, para cobrar a la empresa S/1 millón ilícitos a cambio de detallarle el monto límite que podían proponer para ganar la licitación del proyecto de irrigación Lomas de Ilo. Si bien la convocatoria estaba a cargo de Naciones Unidas, a través de la Unops, el Gobierno Regional de Moquegua manejaba detalles del concurso.
Con ICCGSA sucedió algo similar. El exgobernador habría pactado con el ejecutivo Rafael Granados el desembolso de S/1 millón 300 mil para conceder la construcción del Hospital de Moquegua. Incluso, fue José Manuel Hernández, examigo de Vizcarra y su exministro de Agricultura, quien, convertido en colaborador eficaz, reconoció que fue el mediador para el cobro de las coimas y hasta entregó chats que intercambió con Vizcarra.
Sin embargo, lo que provocaría este tardío pedido de ampliación, presentado cinco meses después de emitida la orden de la fiscal superior, es que el proceso penal se retrase. Y es lo que a todas luces sucederá.

Jueza pone trabas

El requerimiento para incorporar colusión en el proceso fue presentado en la etapa de control de acusación —fase en que el juez admite o rechaza las pruebas que serán analizadas en el juicio oral— a fines de abril. Es decir, luego de siete meses de empezadas las diligencias, que se originaron en noviembre de 2023.
En la Fiscalía esperaban que la jueza Salcedo incluyera esta medida en las audiencias, pero no lo hizo. Por el contrario, el pasado viernes notificó la orden de inicio de juicio contemplando solo el delito de cohecho, mas no colusión. Y eso no es todo.
Jueza Margarita Salcedo. (PJ)
En la audiencia del 26 de abril, el fiscal Osías Castañeda, adjunto de Juárez, reclamó a la jueza por no permitir el debate oral de las evidencias entregadas por la defensa. Salcedo quería que las observaciones sean presentadas por escrito y así lo dejó sentado, lo cual dejó preocupado a Castañeda.
“Que usted no acepte una oposición oral, que sí es factible de acuerdo al Nuevo Código Procesal Penal, va a acarrear futuras nulidades; solicitamos que sean escuchadas nuestras oposiciones y luego de evaluar usted pueda emitir la resolución correspondiente. No va a existir otra etapa para debatir que estas pruebas son impertinentes”, alegó en la diligencia.
Según fuentes consultadas por Perú21, el fiscal Juárez pedirá la nulidad de esa decisión judicial porque la magistrada ignoró la ampliación y con ello se vulnera el proceso penal.
“Todo lo que ha hecho la jueza es irregular, no solo con la ampliación, sino que tampoco quiso debatir en audiencia la oposición a las pruebas presentadas por la defensa; es decir, no corresponde estar en la fase de convocatoria de juicio porque no se han resuelto varias observaciones”, refirieron las fuentes.
Fernando Ugaz, abogado de Martín Vizcarra, también expresó su extrañeza por el razonamiento de la jueza Salcedo.
“Es imposible, es una locura, la jueza ha hecho un entuerto, no puede haber dos autos de enjuiciamiento por el mismo caso; ya terminó la etapa intermedia, esta jueza nos ha llevado a este escenario, la jueza ya tenía la ampliación de la acusación, pero ella ha corrido todo esto para emitir el auto de enjuiciamiento y no verá colusión”, declaró a este diario.
A diferencia de los fiscales, a Ugaz le conviene llegar así a juicio. Defender a su patrocinado por uno y no por dos delitos resulta menos engorroso. De hecho, dijo que ya está esperando esa etapa.
Y el que sonríe con estos contratiempos es el propio Martín Vizcarra. Lo mínimo que sucederá en este escenario es que su juicio se postergue y él pueda permanecer libre, seguramente preparando la cancha para que su partido participe de las elecciones de 2026.

28 testigos delatan a Martín Vizcarra

Por ejemplo, en el caso Lomas de Ilo, la Fiscalía tiene como testigo a Elard Tejeda Moscoso (gerente Comercial de Obrainsa) con quien Vizcarra Cornejo se reunió entre el 4, y 6 de noviembre de 2013 aproximadamente, con la finalidad de ofrecerle ayudar para ganar la buena pro, de la licitación de la “Construcción de la Línea de Conducción N°1 Jaguay– Lomas de Ilo y Sistema de Riego I Etapa del proyecto Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo– Moquegua”, a cambio de un beneficio económico indebido.
“(Vizcarra) le brindó información privilegiada, en el sentido de indicarle el monto que debía ofertar, el cual no debía ser mayor a S/81’000 000.00 y como consecuencia, del ‘quebrantamiento de esos deberes propios de la función pública’, le solicitó de manera directa a cambio un beneficio económico indebido, consistente en el 2% del costo directo de la obra (S/50’810 637.85), que ascendía al monto de S/1’016 212.76 soles”, se lee en el documento que autoriza el inicio del juicio oral.
Pero eso no es todo, el citado documento también señala cómo se dieron los pagos del monto solicitado por el entonces gobernador regional.
“Martín Vizcarra Cornejo recibió del consorcio (conformado por Obrainsa y Astaldi S.P.A.) S/1’035000.00, entregados según el siguiente detalle: S/35,985.65 en el alquiler de una avioneta para el traslado de personas de Lima a Ilo con retorno, S/400,000.00 en efectivo entre el 27 o 28 de enero de 2014 y S/600,000.00 en efectivo en la primera semana de abril de 2014.
De acuerdo a los testigos presentados por la Fiscalía, ambas sumas de dinero en efectivo se realizaron en las instalaciones de la empresa Obrainsa y fue el mismo Vizcarra quien recibió dichos montos de manos de Elard Paúl Tejeda Moscoso.
Apartado II
En el auto de enjuiciamiento se denomina “Apartado II” a los hechos en torno al “Concurso Público Internacional PER/013/ 87471/1983: ‘Elaboración del Expediente Técnico a Nivel de Ejecución de Obra y Construcción de Obra para el Proyecto Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua Nivel II-2′”.
De acuerdo a los testigos, en este caso Vizcarra Cornejo solicitó S/ 1.3 millones para no objetar y suscribir el contrato de la buena pro ganada por el consorcio Hospitalario Moquegua, conformada por las empresas ICCGSA e INCOT.
En su calidad de gobernador regional, Vizcarra Cornejo tenía la facultad de objetar o suscribir el mismo.
En esta ocasión, el modus operandi fue distinto. De acuerdo a un colaborador eficaz, el expresidente envío a su amigo y hombre de confianza José Manuel Hernández Calderón a que haga este pedido a Rafael Granados Cueto (gerente comercial de ICCGSA), durante una reunión de la CADE 2013, realizada en Ica.
Los ejecutivos del Consorcio aceptaron la propuesta de Vizcarra y los pagos se hicieron en siete armadas, en su mayoría, por intermedio de Hernández Calderón, a quien Granados Cueto, le entregaba el dinero, que oscilaba entre S/100 mil y S/ 200 mil, en las oficinas de ICCGSA, para luego entregarlo al expresidente previa coordinación telefónica o por mensajes de WhatsApp.
Entre marzo y julio del 2014 ocurrieron dos entregas de dinero a Vizcarra y fueron en su vivienda de San Isidro. El encargado de entregar los montos fue Carlos Aranda Huamán, chofer de Hernández Calderón.
Entre julio de 2014 y junio de 2015 hubo tres entregas. Estas se produjeron en las oficinas de Asesores Técnicos Asociados (ATA), empresa de Hernández Calderón, y fue precisamente este quien le entregó el dinero al expresidente.
Entre julio y agosto de 2015, Rafael Granados Cueto (gerente comercial de ICCGSA), entregó $30 mil a Vizcarra en la sede de la empresa.
El último pago fue el 25 de agosto de 2016, cuando ya era primer vicepresidente de la república y ministro de Transportes y Comunicaciones de Pedro Pablo Kuczynski. En esa ocasión recibió $60 mil de manos de otro ejecutivo ce ICCGSA, Fernando Castillo Dibós.
Los testigos
Además de personas que lo acompañaron en el Gobierno Regional de Moquegua y empresarios que accedieron a pagar las coimas, la lista de testigos incluye a viejos conocidos que siguieron a Vizcarra en la presidencia de la república.
Entre ellos destacan José Hernández Calderón, amigo y hombre de confianza de Vizcarra, que fue ministro de Agricultura.
Edmer Trujillo Mori fue gerente del gobierno regional de Moquegua y ministro de varias carteras durante gobierno de PPK y Vizcarra.
Karem Roca Luque fue secretaria del gobierno regional de Moquegua y Vizcarra la llevó a Palacio de Gobierno como su asistente administrativa. Estuvo implicada en una serie de hechos como el ‘caso Richard Swing’.
Iván Manchego Coayla es un moqueguano de la entera confianza de Vizcarra, fue su asesor en el Ministerio de Transportes y luego, cuando llegó al poder, lo nombró representante del Ministerio de Agricultura en el proyecto agrícola Pasto Grande.
Fuente: Diario Correo.

Los judíos estadounidenses han sido blanco de una serie de ataques y amenazas antisemitas en todo el país.
En Houston, el FBI detuvo a Sohaib Abuayyash, solicitante de asilo jordano de 20 años, el 19 de octubre del 2023. El director del FBI, Christopher Wray, dijo esta semana que Abuayyash había estado “estudiando cómo construir bombas y publicado en línea sobre su apoyo al asesinato de judíos“.
Patrick Dai, un estudiante de la Universidad de Cornell, fue acusado esta semana de amenazar a estudiantes judíos. En documentos judiciales, los fiscales federales alegaron que Dai amenazó con “llevar un rifle de asalto al campus y disparar” a los judíos.
Cuando aumentan los crímenes de odio, las comunidades objetivo experimentan inseguridad, señaló Feinberg. Pero esta vez, dijo, “se siente visceralmente diferente“.
“Lo que estoy notando en mis conversaciones con profesionales judíos y laicos judíos es que hoy se sienten más inseguros que nunca en toda su vida en este país“, dijo.
Fuente: Voz de América.

Miembros del Daesh. Sus militantes están retornando. Los ataques de marzo en Moscú donde murieron 180 personas en un teatro fueron una muestra de su vigencia (Reuters)

Cuando el 22 de marzo unos yihadistas se abrieron paso a tiros por el Crocus City Hall de Moscú, matando a más de 180 asistentes a un concierto e incendiando el recinto, las agencias de inteligencia de todo Occidente se quedaron atónitas. Fue la advertencia más clara de que el Estado Islámico (ISIS), aparentemente aplastado hace cinco años, está volviendo a cometer actos espectaculares de terrorismo internacional. Los países occidentales temen convertirse en objetivos.
El pavor es más profundo en Francia y Alemania, que acogen este verano dos de los mayores acontecimientos deportivos del mundo: los Juegos Olímpicos y la Eurocopa de fútbol 2024. La ceremonia flotante a lo largo del Sena para inaugurar los Juegos Olímpicos de París se ha reducido para limitar el riesgo; también se está preparando un «Plan B». “Si se puede con Moscú, se puede con París”, explica Gilles Kepel, experto en yihadismo. ”Moscú podría ser un entrenamiento para los Juegos Olímpicos”.
El terrorismo es un espeluznante teatro de violencia, para el que los megaeventos ofrecen un tentador escenario. Septiembre Negro, un grupo palestino, acaparó la atención del mundo cuando tomó como rehenes a nueve atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Le gusta atacar en lugares grandes y concurridos: el teatro Bataclan de París en 2015, el estadio de Manchester en 2017 y ahora el Crocus City Hall.
En la actualidad, Occidente se ha alejado en gran medida de la larga “guerra contra el terror”, después de haber gastado mucha sangre y tesoro para destruir a los principales grupos yihadistas. Pero los extremistas están de nuevo en marcha. Han resurgido en paraísos antiguos y nuevos, y prosperan en el ciberespacio. Además, es casi seguro que la guerra de Israel en Gaza radicalizará a una nueva generación.
La historia del yihadismo global es una historia de reinvención bajo la presión de Occidente. Tras el 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos y sus aliados derrocaron a los talibanes en Afganistán y expulsaron a Al Qaeda. Las fuerzas estadounidenses mataron a su líder, Osama bin Laden, en Pakistán en 2011. Después, su sucesor, Ayman al-Zawahiri, fue eliminado por un ataque con dron en Kabul en 2022. Al Qaeda aún no ha nombrado un nuevo líder. Mientras tanto, ISIS, la progenie aún más gratuita de Al Qaeda, causó sensación al labrarse un “califato” en amplias zonas de Irak y Siria en 2014, atrayendo a voluntarios de Europa y otros lugares. Su último bastión fue destruido en 2019 y ha perdido cuatro líderes desde que comenzó ese año.
Aun así, los yihadistas siguen luchando. Siguen vilipendiando a Occidente y alimentando insurgencias desde Mali hasta Filipinas. De las dos marcas, is es la más dinámica. “En la guerra de ideas, Estado Islámico ha derrotado a Al Qaeda, sobre todo entre los jóvenes”, afirma Aaron Zelin, del Washington Institute, un think tank estadounidense. “Ha creado el califato, aunque haya sido destruido. Al-Qaeda sólo hablaba de ello”.
Todo esto, dice Kepel, ha producido tres fases superpuestas de violencia: atentados dirigidos por Al Qaeda en la década de 2000; atentados facilitados o asistidos por redes más laxas vinculadas a ella en la década de 2010; y lo que él llama “yihad ambiental”, la violencia sin líderes, autoiniciada, predominante en los últimos años. Cuanto mayor es el grado de organización, mayor suele ser la carnicería que pueden infligir los yihadistas. Sin una mano que los guíe, los atentados cometidos por lobos solitarios suelen ser menos mortíferos, pero son más difíciles de detectar y pueden ser, no obstante, espeluznantes. En Francia, un maestro de escuela fue decapitado en 2020 y otro murió apuñalado el año pasado. Y muchos se preocupan por el creciente número de menores atraídos por la militancia.
En la actualidad, el movimiento yihadista está disperso y es fluido. Algunas facciones se centran en combatir al “enemigo cercano”, es decir, los gobiernos locales, y hacerse con el control de territorios. Otras se vuelven de nuevo hacia el “enemigo lejano”, Occidente. Hoy, como antes del 11-S, Afganistán exporta terrorismo. La caótica retirada del presidente Joe Biden en 2021, que pretendía poner fin a las “guerras interminables” de Estados Unidos, provocó la inmediata vuelta de los talibanes al poder. El asesinato de Zawahiri evidenció que los talibanes vuelven a dar cobijo a figuras de Al Qaeda, que permanecen agazapadas. El gran quebradero de cabeza es la franquicia del Estado Islámico en Afganistán, la “Provincia de Jorasán” (ISKP).
Se hizo famosa durante la retirada de Estados Unidos de Kabul, cuando un terrorista suicida mató a más de 180 personas, entre ellas 13 soldados estadounidenses. A diferencia de Al Qaeda, el ISKP está reprimido por los talibanes, aunque no del todo. Ha explotado redes en países vecinos. Según el recuento del Sr. Zelin, ISKP realizó o intentó un atentado en el extranjero en 2021, cuatro en 2022, 12 el año pasado y 15 en lo que va de este año.
Entre sus objetivos más recientes se encuentra un atentado en Irán en memoria de Qassem Suleimani, general iraní asesinado por Estados Unidos, que causó más de 90 muertos en enero. El ataque de Moscú demuestra que tiene el deseo y la capacidad de causar daño cada vez más lejos, dicen los funcionarios occidentales. “ISKP ataca donde ve una oportunidad”, argumenta Hugo Micheron, de la universidad SciencesPo de París. “Si no ha atacado en Europa es porque hasta ahora se ha visto frustrado”.
La situación es aún más grave si se tienen en cuenta otras complejidades geopolíticas. Las fuerzas estadounidenses en Irak y Siria están muy dispersas y podrían reducirse aún más, entre otras cosas porque han sido atacadas repetidamente por los aliados de Irán. Estados Unidos está renegociando el estatus de sus fuerzas en Irak. Y una retirada estadounidense de Siria -defendida por el Sr. Trump y aparentemente discutida por el Sr. Biden- podría debilitar fatalmente a los aliados kurdos y provocar la fuga de miles de combatientes yihadistas retenidos en sus campos de prisioneros.
En el Sahel, mientras tanto, los golpes de Estado han obligado a las fuerzas francesas a abandonar Malí, Burkina Faso y Níger. Las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU también se han retirado de Malí; es probable que las tropas estadounidenses también abandonen Níger y quizá Chad. En su lugar, se ha contratado a los mercenarios rusos Wagner para proteger a los golpistas. Es dudoso que puedan hacer retroceder a los yihadistas. Un reciente informe de la ONU advierte de que las ramas regionales de Al Qaeda están ganando terreno, amenazando a los Estados costeros de África Occidental, y pueden establecer un “santuario terrorista”. Los espías temen que, en ambas regiones, los yihadistas pasen a atacar a Occidente. Una preocupación similar se aplica al poderoso aliado de Al Qaeda en Somalia, el Shabaab, y a su rama en Yemen, el AQAP, que tienen antecedentes de terrorismo transfronterizo.
La batalla también está en marcha en el ámbito digital. El califato físico puede haber desaparecido, pero el virtual es potente. Los panfletos y vídeos yihadistas se distribuyen en muchos idiomas. Con la guerra de Gaza, el torrente se ha convertido en inundación, ya que Al Qaeda y sus aliados intentan explotar la furia por el sufrimiento de los palestinos.
Es probable que esta efervescencia radicalice a una nueva generación de musulmanes. El 25 de abril, un solicitante de asilo marroquí fue condenado por matar a un jubilado británico “porque Israel estaba matando niños”. Es probable que nuevos grupos terroristas “se estén formando mientras hablamos”, afirma Christine Abizaid, directora del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, el principal centro de inteligencia sobre yihadistas. A pesar del horror que Hamas infligió a Israel el 7 de octubre, añadió, los grupos palestinos no parecen inclinados a atacar Occidente.
Superado por Hamas, al que desprecia, pero incapaz de asestar un golpe a Israel, el ISKP incita a sus seguidores a golpear donde puedan. “Leones del Islam: Perseguid a vuestras presas, ya sean judías, cristianas o sus aliados”, instaba ISKP en enero.
¿Y ahora qué? Los complots yihadistas en Europa, tanto los que han tenido éxito como los que han fracasado, han disminuido con el declive del califato, según Petter Nesser, del Norwegian Defence Research Establishment.
Sin embargo, a medida que los yihadistas se reagrupan, los atentados más organizados pueden volver a cobrar protagonismo. En Europa, Francia es el país más vulnerable, en parte debido al choque entre el laicismo del Estado francés y la religiosidad pública musulmana. Gran Bretaña y, cada vez más, Alemania, pueden ser los siguientes en la lista de objetivos. A menudo han sido objetivos en el pasado. Suecia y Dinamarca han suscitado la ira por sus protestas contra la quema del Corán. Rusia ocupa un lugar destacado, añade Nesser, dada su intervención en Siria en 2015 y su alianza con Irán.
Se ha detenido a yihadistas en toda Europa, a menudo vinculados al ISKP. El grupo opera en parte a través de una diáspora de musulmanes de tierras exsoviéticas en Asia central y el Cáucaso, un cambio respecto a ciclos anteriores de terrorismo que a menudo involucraban a extremistas de extracción norteafricana y pakistaní. Algunas figuras de ISKP en Turquía forman lo que la onu denomina “un centro logístico para las operaciones (de ISKP) en Europa”, entre otras cosas moviendo fondos a través de criptodivisas.
La experiencia militar, ya sea en campos de entrenamiento o en batallas yihadistas reales, aumenta el celo y la letalidad de los atacantes. Afortunadamente, el flujo de voluntarios occidentales a zonas de guerra se ha reducido a «un goteo», dicen fuentes de seguridad. Pero los militantes encarcelados por delitos de terrorismo durante anteriores periodos de violencia pueden inspirar y organizar a otros una vez que salen de prisión.
Algunos yihadistas podrían estar al acecho entre la masa de inmigrantes que se desplazan a Europa y América. Nueve personas de origen centroasiático, detenidas en Alemania y los Países Bajos el pasado mes de julio por planear presuntamente atentados en nombre de ISIS, procedían de Ucrania. En América, cientos de personas con posibles vínculos con el terrorismo han cruzado las fronteras de México y Canadá desde 2022. Pero Abizaid afirma que no hay pruebas de que “operativos” conocidos intenten colarse a través de las fronteras terrestres.
Si atacan, las autoridades temen que los yihadistas importen tecnologías de campos de batalla extranjeros, como drones que lanzan municiones y bombas sin piezas metálicas. Las comunicaciones cifradas -en aplicaciones, videojuegos o el metaverso- facilitan la organización de los militantes. La inteligencia artificial, que puede incluir falsificaciones profundas, facilita la producción y traducción de propaganda.
Siempre alerta
Así pues, las agencias de inteligencia occidentales tienen ante sí una ardua tarea: seguir la pista de un mosaico de yihadistas en el extranjero al tiempo que tratan de detectar a los que se inician por su cuenta en casa. También deben vigilar a los terroristas de extrema derecha, normalmente autorradicalizados, que odian a los musulmanes y a menudo aprenden de los manuales yihadistas. Y deben vigilar una amenaza más antigua: el terrorismo patrocinado por Estados radicales como Irán.
En última instancia, el yihadismo refleja los profundos problemas de Oriente Medio. Occidente carece de poder para solucionarlos, y a menudo los ha empeorado. Parte de la respuesta reside en una estrecha cooperación en materia de inteligencia. Estados Unidos advirtió a Rusia del inminente atentado en Moscú, señal de su papel central en la lucha antiterrorista mundial. Además, el ataque contra Zawahiri demostró la capacidad de Estados Unidos para golpear a los terroristas “más allá del horizonte”. Pero los fondos y el personal se han desplazado a otras prioridades, como hacer frente a la amenaza de Rusia y de China. Occidente puede haber esperado poner fin a la guerra contra el terrorismo. Pero los terroristas siguen en guerra.
Fuente: The Economist.

TC suspende reposición de Inés Tello y Aldo Vásquez en la JNJ hasta que la Corte Suprema resuelva apelación del Congreso

Por Oswaldo Palacios– Radio Programas del Perú.
El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), César Ochoa, informó este jueves que ese órgano jurisdiccional declaró fundada en parte la medida cautelar presentada por el Congreso contra el Poder Judicial por disponer la reincorporación de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), quienes habían sido inhabilitados por el Legislativo.
“Se ha determinado declarar fundada en parte la solicitud de medida cautelar del Congreso de la República y suspender los efectos de la resolución 1; es decir, aquella resolución de la sala de la Corte Superior que había repuesto a los dos miembros de la Junta [Nacional de Justicia] hasta que la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia resuelva el recurso de apelación sobre esa medida cautelar, porque existe en el proceso de amparo un recurso de apelación del Congreso”, dijo en entrevista con el programa Las cosas como son de RP TV.
El Congreso había presentado una demanda competencial y una medida cautelar para anular los efectos de la resolución emitida por la Primera Sala Constitucional de Lima de la Corte Superior de Justicia de Lima que permitió la restitución de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez como miembros de la Junta Nacional de Justicia.
César Ochoa indicó que el Tribunal Constitucional está “respetando la independencia del Poder Judicial como poder del Estado”, ya que están determinando que esa institución “decida”.
“Lo que estamos diciendo es que esta medida cautelar que emitió esta sala quede en suspendo, porque hay una apelación en el proceso de amparo. Entonces, hasta que la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema defina la situación de esa apelación. Puede confirmar la medida cautelar, en cuyo caso seguirá vigente”, remarcó.
En marzo pasado, el Congreso, con 67 votos, inhabilitó por 10 años para el ejercicio de la función pública a los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez como miembros de la Junta Nacional de Justicia por supuestamente haber infringido la Constitución, al permitir que la primera continúe en la JNJ tras cumplir 75 años de edad.
Sin embargo, esta decisión no estuvo exenta de polémica, pues dos miembros de la Comisión Permanente -José Luna Gálvez, de Podemos Perú, y José Jerí Oré, de Somos Perú– votaron a pesar de que el artículo 100 de la Constitución lo prohíbe.

El Congreso había presentado una demanda competencial y una medida cautelar para anular los efectos de la resolución emitida por el Poder Judicial que permitió la restitución de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez como miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Según el miembro del Tribunal Constitucional, César Ochoa, se confirmó la decisión de declarar fundada, parcialmente, la demanda competencial presentada por el Congreso contra el Poder Judicial por la reincorporación de Inés Tello y Aldo Vásquez a la Junta Nacional Justicia (JNJ).
“Se ha determinado declarar fundada en parte la solicitud de medida cautelar del Congreso de la República y suspender los efectos de la resolución de la sala de la corte superior que había repuesto a los dos miembros de la JNJ (inhabilitados) hasta que la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia resuelva el recurso de apelación sobre esa medida cautelar”, contó para RPP.
Según la resolución dictada por el máximo intérprete de la Constución, pese a que en el requerimiento se exponían diferentes posiciones del ente demandante, en este caso el Congreso de la República, solo se declaró fundado el pedido de suspensión de la decisión del Poder Judicial.
“RESTABLECER la vigencia de la Resolución Legislativa 008- 2023-2024-CR y de la Resolución Legislativa 009-2023-2024-CR, emitidas por el Congreso de la República, quedando sin efecto la reposición de doña Luz Inés Tello de Ñecco y de don Aldo Alejandro Vásquez Ríos en sus cargos de miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia, dispuesta por la Resolución 1, de fecha 22 de marzo de 2024, aludida en el punto resolutivo anterior, hasta que la Sala de Derecho Social y Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de la República resuelva el recurso de apelación interpuesto por el Congreso de la República”, reza la misiva del Tribunal Constitucional.
El texto, firmado a favor por los magistrados Morales Saravia, Pacheco Zerga, Gutiérrez Ticse, Ochoa Cardich, Hernández Chávez, fue además, declarar infundadas los demás requerimientos del Parlamento.
Fuente: Diario EXPRESO.

Todos los periodistas son iguales, pero unos más iguales que otros

Por Aaron Salomón- Diario EXPRESO.
El título de esta columna hace alusión a una frase de la célebre obra ‘Rebelión en la Granja’, del escritor George Orwell, en la que se evidencia cómo, en pos de la “igualdad” (comunismo puro y duro), el poder recae en unos cerdos que instalan una dictadura y controlan, a través del vil populismo, el mundo a su antojo.
En el Perú, es evidente que unos periodistas son más “iguales” que otros, entendiendo esta “igualdad” como una presunta superioridad moral y un omnímodo poder.
Me refiero, por supuesto, a Gustavo Gorriti, director de la ONG de izquierda IDL, y de su mano derecha, Romina Mella, a quienes no se les toca ni con el pétalo de una rosa blanca, a pesar de que Jaime Villanueva ha confirmado lo que era un secreto a voces en los pasillos del Ministerio Público.
Villanueva ha dicho que Gorriti ordenó a Pablo Sánchez que Rafael Vela y Domingo Pérez integren el Equipo Especial del caso Lava Jato, cuya principal empresa corrupta involucrada, Odebrecht, recibió una lavada de cara –en vivo y en directo por televisión nacional– por parte del oenegero. También el exhombre de confianza de Patricia Benavides ha asegurado que Vela le entregó información a Vela para “cercar” al expresidente Alan García, que acabó con su vida de un balazo para evitar ser encarcelado injustamente, luego de que Pérez solicitara tal medida en su contra con base en un reportaje publicado por, ¡vaya casualidad!, IDL.
Todo lo declarado por el “Filósofo” se condice, en su gran mayoría, con la realidad, pues, como bien recordará el avispado lector, Gustavo Gorriti detuvo hace unos pocos años el allanamiento al local del IDL con un telefonazo a Sánchez. Una muestra palmaria del poder del tótem caviar en la Fiscalía.
En cuanto a Mella, el exasesor de Benavides contó que ella tenía un escritorio en el despacho de Domingo Pérez, desde donde revisaba documentos clasificados y escribía en una computadora. Además, el programa ‘Beto a Saber’ exhibió que la periodista de marras fungió de relacionista público de Pablo Sánchez, coordinando directamente con el fiscal brasileño Deltan Dallagnol.
A pesar de todo lo aquí descrito –y falta mucho más–, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, que encabeza Marita Barreto, jamás ha requerido operativo alguno para las viviendas de Gorriti, Mella, o para la sede de la ONG.
En cambio, la vivienda del periodista Juan Carlos Tafur fue allanada solo porque este escribió un artículo en su web que no le gustó a Barreto. En el texto, Tafur cuenta que la fiscal viajó extrañamente a Punta Cana y Miami a visitar a una intocable, en ese momento, Sada Goray. Al director del medio digital Sudaca le han quitado su laptop y celular para averiguar cuáles son sus fuentes, algo totalmente inaceptable en una democracia, en donde la libertad de prensa debería estar garantizada.
Antes, por cierto, Marita Barreto denunció ante la Policía a dos periodistas de Willax por un presunto reglaje. Puro delirio de persecución de una fiscal que, con su ‘Valkiria 2’, busca ponerle los clavos en el ataúd de Patricia Benavides, quien está a punto de ser destituida por la cuestionadísima Junta Nacional de Justicia e impedida de salir del país.

Detienen a coronel PNP que habría ayudado a fugar a sobrino de Pedro Castillo

Oficial de inteligencia Martín Gonzalez Sánchez, conocido como ‘Conejo’, fue capturado por el Eficcop.

Por ALVARO REYES QUINTEROS– Diario Perú.21
El equipo especial contra la corrupción en el poder (Eficcop) detuvo esta mañana al oficial de inteligencia PNP Martín Gonzalez Sánchez, conocido como ‘Conejo’, quien habría colaborado en la fuga de investigados allegados al expresidente Pedro Castillo.
De acuerdo a la orden judicial, a la que accedió Perú21, Gonzáles contribuyó a que el sobrinísimo Fray Vásquez Castillo; el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva; y el exsecretario presidencial Bruno Pacheco; se mantengan en la clandestinidad cuando eran requeridos por la justicia.
Vásquez, Pacheco y Silva están implicados en el direccionamiento de obras y puestos de trabajo. Hasta ahora, solo los dos primeros se encuentran detenidos, mientras que el extitular del MTC sigue no habido desde junio de 2022.
El equipo especial que lidera la fiscal Marita Barreto sindica a ‘Conejo’ haber integrado el “brazo de protección” de la organización criminal encabezada por el exmandatario.
Según la investigación, Gonzáles Sánchez se contactó con Fray Vásquez “con la presunta finalidad de coordinar la filtración de información referida a las investigaciones y acciones de inteligencia de búsqueda y captura” de gente vinculada al gobierno castillista.
A cambio, el coronel PNP (r) solicitó ser designado como director general de la Dirección General de Inteligencia (Digimin) del Viceministerio de Orden Interno del Ministerio del Interior, hecho que sucedió en marzo de 2022.
La orden de captura emitida por el juez Víctor Alcocer también alcanza a los oficiales José Luis Alarcón Camacho y Martín Barco Rivadeneyra.

Capturan al coronel PNP José Luis Alarcón Camacho

El coronel PNP José Luis Alarcón Camacho es conocido como allegado al coronel PNP (r) Martín González Sánchez, alias ‘Conejo’. Este último era parte del círculo de confianza de Martín Vizcarra cuando este gobernaba al país (2018-2020).
Eficcop también detuvo al mayor PNP Martín Hanns Barco Rivadeneyra. Ellos habrían filtrado información para evitar las capturas de Fray Vásquez y Juan Silva. Ambos integrantes de la División de Búsquedas de Personas de la Digimin serian parte de la red criminal de Pedro Castillo.

Por Martha Meier Miró Quesada- Diario EXPRESO.
La ‘Operación Chavín de Huantar’ es una de las misiones más exitosas de liberación de rehenes de la historia militar mundial. Es, además, caso de estudio en prestigiosas escuelas navales y militares internacionales.
El Mayor del Ejército de los Estados Unidos, Carlos M. Pérez, Licenciado en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Miami, en 1991, hizo su tesis, de 209 páginas, sobre el operativo para obtener la maestría de la Escuela Naval de Posgrado de Monterey, California.
Es un estudio profundo del rescate al que presenta como uno de los modelos más exitosos de planificación y organización de fuerzas de rescate de rehenes que actuaron en el momento apropiado usando los cuatro principios para el éxito de una misión así: sorpresa, inteligencia, habilidad de los operadores y engaño.
Mañana 22 de abril se conmemora un aniversario más de esta gesta cuyo artífice fue el presidente Alberto Fujimori, el hombre que reinsertó al país en el escenario económico mundial, selló la paz con el Ecuador y cuyo gobierno derrotó al terrorismo del MRTA y Sendero Luminoso, capturando a sus principales cabecillas Víctor Polay Campos y Abimael Guzmán, respectivamente.
El 17 de diciembre de 1996 el MRTA, fuertemente armado, tomó la residencia del embajador japonés, Morihisa Aoki, durante la recepción por el cumpleaños del Emperador Hirohito. Los terroristas exigían la liberación de sus compañeros encarcelados, entre otras. Tras largos meses de preparación nuestras fuerzas especiales realizaron una operación relámpago e ingresaron a la residencia a través de túneles, sorprendiendo a los terroristas. Liberaron a los 17 rehenes, pero fueron heridos dos: el Canciller Francisco Tudela y el magistrado Carlos Giusti La Rosa, quien lamentablemente falleció.
Desde la toma de la Embajada el ingeniero, matemático y presidente Fujimori buscaba una solución. Una noche se fue a descansar con esa preocupación a cuestas y soñó con las galerías subterráneas del centro ceremonial Chavín de Huántar, y entendió que esa era la estrategia: entrar por debajo de la embajada.
Para cubrir el sonido de las decenas de mineros que cavaron esas galerías, se emitía el himno nacional y música diversa a gran volumen. El diario ‘La República’ informó a los terroristas en primera plana “El túnel, sí existe”, cayendo a la cloaca del periodismo y de la historia, y ganándose el repudio de los peruanos de bien.
Sandeep Chakravorty, Embajador de la India en Perú y Bolivia, escribió: “fue una de las operaciones de rescate militar más exitosas en la historia, quizás en la misma liga que la Operación Trueno, en la cual 102 rehenes fueron rescatados por las Fuerzas de Defensa de Israel en Entebbe, Uganda, en junio de 1976. A medida que los terroristas se han vuelto cada vez más audaces como en la masacre del Teatro Bataclan durante el en París, 2015, hay lecciones que aprender de la Operación Chavín de Huántar, que involucró meses de planificación y subterfugios”.
Gloria eterna a los dos comandos caídos cumpliendo su deber: Raúl Jiménez Chávez y Suboficial de Primera Juan Valer Sandoval, alias “comandante Chizito”.

Alejandro Toledo, Javier Diez Canseco y Francisco Sagasti fueron liberados

El cabecilla de la toma de la embajada nipona, Néstor Cerpa, “camarada Evaristo”, ordenó evacuar a todas las mujeres, al personal de servicio de la residencia, mozos, cocineros y también permitieron la salida de ancianos.
En ese grupo salió, sin que se percataron los emerretistas, la madre de Alberto Fujimori, Mutsue Inomoto Fujimori.
También se permitió la salida, conforme pasaban los días, de Alejandro Toledo, Javier Diez Canseco, Francisco Sagasti.
“Finalmente quedaron 379 rehenes, 261 peruanos y 118 extranjeros, muchos de estos últimos japoneses”, contabiliza el general EP César Astudillo. Después se constataron liberaciones, quedando finalmente 72 rehenes hasta el día del rescate, el 22 de abril 1997.
Fuente: Diario EXPRESO.

Comandos Chavín de Huántar recuperan LUM: empezó el rescate de la verdad y la memoria

Fueron aplaudidos junto a licenciados de las FFAA.

Por César Rojas– Diario EXPRESO.
Ni las excusas burocráticas ni la afinidad ideológica de funcionarios del Ministerio de Cultura pudieron evitar que comandos Chavín de Huántar y numerosos reservistas fueran aplaudidos como héroes en el Lugar de la Memoria.
Conforme había anunciado EXPRESO, el Instituto de Protección de Derechos Humanos y Fundamentales (Iprodhef), los peruanos que enfrentaron al terrorismo celebraron el Día de los Defensores de la Democracia.

Retiran afrenta

Manuel Burga, director del LUM, había puesto algunos requisitos ilegales y luego quiso estar presente para tomar la palabra. Finalmente, solo puso en la entrada la sumilla de un libro con contenido a favor del MRTA.
“En el Perú hubo una guerra civil”, “comandante rebelde del MRTA” y “la cruzada más conocida del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso”, decía en la vitrina de bienvenida, respecto al libro de un tal Bartholomew Dean, profesor en la Universidad de Kansas.
A pedido del asistente José Romero, este panfleto fue retirado, y todos ingresaron con normalidad. Se proyectó el documental “Somos héroes” del cineasta y periodista Ernesto Carlín, tras lo cual los licenciados de las Fuerzas Armadas tomaron la palabra, junto a quienes rescataron a 72 rehenes del MRTA en 1997.
“Hoy ha empezado el rescate de la verdad y la memoria, justo en el Lugar de la Memoria”, sostuvo el general (r) César Astudillo. Este comando llegó al máximo cargo dentro de las FF.AA., y renunció cuando Pedro Castillo iba a ingresar en Palacio de Gobierno.
Tal vez lo más destacado fue cuando los soldados de la Patria subieron al escenario del auditorio Hubert Lanssiers, y formaron la expresión “No fue conflicto armado, fue terrorismo”. Como se sabe, sectores comunistas prefieren usar el eufemismo para evitar calificar a SL y al MRTA como lo que fueron: vulgares delincuentes.

Difundan la historia

Gissela Sánchez, hija de un valeroso policía que murió combatiendo a la banda senderista, invitó a todos los peruanos a seguir difundiendo la verdadera historia, tanto en el LUM como en otras instancias culturales.
Asimismo, colectivos como “Arica no se rinde” e “Insurgencia” entregaron sendos obsequios a los grupos de militares presentes.
Cabe indicar que Burga solo había dejado el panfleto proterrorista, pero no asistió ni envió a representante suyo alguno. Lo peor fue que, a la salida del evento, las luces estaban apagadas, y los asistentes tenían que guiarse por las del exterior.

Defensores de la democracia

Tanto el 22 de abril como el 12 de septiembre se celebra a los defensores de la democracia que enfrentaron al terrorismo, en homenaje al Operativo Chavín de Huántar, por parte de las FF.AA., y de la captura del delincuente Abimael Guzmán, gracias al Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la PNP.