Dammert y Rimarachín votan en contra
Con 85 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, el texto aprobado el pasado 6 de junio de 2012 fue aprobado por la representación nacional.
El pleno del Congreso de la República aprobó la resolución legislativa que ratifica la firma por parte de Perú del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico, bloque que integran también los países de Chile, Colombia y México.
La propuesta fue sustentada por los titulares de las comisiones de Relaciones Exteriores Víctor Andrés García Belaunde (AP-FA) y de Comercio, Luciana León (CP).
El primero recordó que en este bloque de 208 millones de habitantes se encuentra el 35 por ciento del Producto Bruto Interno de América Latina, equivalente a dos billones de dólares. Del mismo modo, acumula el 50 por ciento de las exportaciones latinoamericanas.
García Belaunde resaltó que la plena integración de Perú a esta alianza permitirá la eliminación del requisito de visas para visitar los países miembros de la misma, y supondrá también el otorgamiento de facilidades para el transito de personas y para el comercio.
León, por su parte, destacó que formar parte de esta alianza representa un mecanismo de integración “mucho más completo que un tratado de libre comercio”.
“Aquí hablamos no solo de transacciones de bienes y servicios, sino también de transito de personas y capitales”, sostuvo.
Formar parte de la Alianza del Pacífico permitirá además una mejor coordinación policial entre los países miembros, además de la integración de sus respectivas bolsas de valores, recalcó la parlamentaria.
Sin embargo, durante el debate surgieron voces discrepantes frente a la ratificación del acuerdo. El congresista Yohny Lescano (AP-FA) planteó postergar el debate hasta después del fallo de la Corte de La Haya sobre el diferendo marítimo entre Perú y Chile.
Su compañero de bancada Manuel Dammert planteó una cuestión previa para que se voten por separado diversos aspectos del acuerdo. Ninguno de estos pedidos fue aprobado por la representación nacional.
Fuente: Diario La República.

Informe especial de PROJUSTICIA
En ProJusticia hemos elaborado en los últimos meses diversos informes que revelan los rostros (nuevos y viejos) que viene adoptando la corrupción en nuestro país, especialmente a nivel judicial; pero nunca pensamos enfrentarnos a un caso como el que hoy presentamos en este informe.  Es un tema que estuvo acaparando la atención pública unas semanas atrás, pero el testimonio que hoy revelamos agrega nuevas luces sobre todo lo que se ha venido diciendo hasta ahora sobre este caso. Y es que es la perspectiva de alguien que estuvo dentro del juego, que se jugó el todo por la camiseta pero, como ocurre muchas veces en el fútbol, fue choteado y vilipendiado al final del partido.
Hoy, ese jugador quiere dar su versión de lo que vio y vivió respecto al sonado caso de los “narcoindultos”, motivado por que se conozca la verdad de los hechos y por limpiar su nombre frente a quienes quieren hacerlo aparecer como uno de los responsables de lo ocurrido. Más aún, desde que se dio a conocer el caso fue amenazado para que no cuente la verdad de los hechos, recibiendo incluso visitas de “emisarios” de diversos lados para exigirle que se vaya del país sin abrir la boca. El sabe (y nosotros también) que sus declaraciones son peligrosas, que va a chocar con mucha gente que prefiere que el tema siga oculto porque de por medio está la posible candidatura de un ex presidente. Sin embargo,  a pesar de este riesgo, en PROJUSTICIA consideramos que por encima de todo está el derecho de las personas de contar su verdad, y de todos los ciudadanos de conocer lo que ocurre con la justicia en nuestro país.
LA HISTORIA DE FELIPE[1]
FELIPE no nació en el Perú pero ama esta tierra como si fuera suya, ya que su padre lo trajo desde muy joven. Apasionado del fútbol desde chico, pronto se hizo conocido en el medio e incluso llegó a fichar en algunos equipos nacionales desde los 18 años, llegando a jugar una de las finales de la Copa Perú. Para entonces su vida parecía augurarle un gran futuro: era considerado un buen futbolista y se casó con una mujer hermosa, con la que esperaba vivir para siempre. Sin embargo, como ocurre a veces en la vida, las cosas no resultaron como esperaba.
En 1988, FELIPE se separó de su primera mujer. Destrozado, optó por viajar fuera del país para tentar mejor fortuna. Fue por dichos rumbos que conoció a su nueva pareja, con la que tuvo dos hijos. Con ella regresó unos años después al Perú retomar su carrera deportiva y estudiar la carrera de contabilidad, consciente de que el deporte no dura mucho tiempo. Sin embargo, nuevamente la felicidad se le escapó de las manos: FELIPE se separó una vez más de su mujer y decidió retornar a su tierra llevándose a su hijo varón, mientras su ex pareja criaba a la hija de ambos. Lo que entonces no sabía era que ésta había tomado contacto con gente metida en la venta de drogas, lo que marcaría la vida de ambos de manera definitiva.
A finales de 1998, FELIPE andaba metido en sus negocios fuera del país cuando recibió una llamada urgente: su ex pareja había sido capturada por la DINANDRO en el Aeropuerto Jorge Chávez cuando intentaba sacar kilo y medio de droga. FELIPE pensó entonces en la hija que se había quedado con ella, y sin pensarlo dos veces decidió regresar al Perú para recoger a la niña y ver cómo podía ayudar a la madre. Lo que no sabía éste es que, por presiones de la policía, su ex conviviente había declarado que él sabía a lo que se dedicaba y estaba metido en el negocio. Por ello, la policía le hizo un intenso seguimiento por una semana para saber cuánto estaba involucrado, siendo finalmente detenido bajo la simple sospecha de estar ocultando pruebas.
De esta manera, únicamente en base al “testimonio” de su ex pareja, FELIPE fue condenado a 25 años de prisión efectiva por el delito de tráfico de drogas, siendo llevado a Lurigancho a pesar de ser reo primario y contar con estudios superiores. Por suerte para él, sus habilidades en el deporte no solo lo ayudaron a sobrellevar la dura vida en prisión, sino también a ganarse poco a poco el aprecio de los internos. Así, en el 2004 llegó a ser elegido como Delegado Jurídico de la Delegatura Central del Penal de Lurigancho, cargo que ocupó por más de cuatro años.
En dicho cargo, FELIPE vivió muchas cosas que marcaron su carácter. El prefiere recordar las cosas buenas que pudo realizar a favor de los internos, como la mejora en la alimentación, la ampliación del régimen de visitas, la felicitación que recibió del Presidente del IPD por promover la primera Copa América a nivel de penales, o el apoyo que le dieron diferentes personalidades, como Magaly Medina. Pero tampoco puede olvidar que en un momento hasta 15 personas para protegerlo dentro del penal, ante las amenazas de muerte que pesaban sobre él. Y una de las cosas de las que más se arrepiente es lo que hizo para lograr su libertad, gracias a la conmutación de su pena firmada de puño y letra por el Presidente Alan García.
LA HISTORIA DE FACUNDO
Para los amigos que lo conocieron desde su época de estudiante del Guadalupe, Facundo era un líder nato, con un gran don para la palabra, que podía rápidamente elevar el fervor de las masas. De los dos caminos que existían entonces para desarrollar una carrera política, Facundo eligió el camino del APRA, a pesar de que en su familia no existía mayor historia dentro del partido del pueblo, tal vez por su origen norteño.
Gracias a su empeño y sus dotes de orador, Facundo escaló rápidamente en el escalafón aprista, llegando a ser elegido Secretario General Nacional del Comando Escolar Aprista, en una época en la que estos cargos no eran puestos a dedo. Este cargo le permitió además un asiento directo en el Consejo Ejecutivo Nacional (CEN), codeándose con los líderes máximos del partido del pueblo. Una de los hechos que más se recuerda de él en esa época fue el sentido discurso que dio ante la muerte de Haya de la Torre, lo que le mereció la felicitación de los otros líderes del APRA.
Una vez fuera de las aulas, Facundo siguió demostrando su liderazgo al ser elegido Secretario General de la Juventud Aprista, en uno de los Congresos más conflictivos que se recuerda debido a las luchas internas generadas luego de la muerte del líder máximo. Fue entonces cuando MIGUEL ROSAS SILVA, quien laboraba entonces como asistente de Alan García –a la sazón Secretario Nacional de Organización del APRA– los presentó, iniciando un vínculo de amistad “a prueba de todo”. Incluso Facundo fue el encargado de lanzar la candidatura de García en 1984 en uno de los aniversarios de la JAP, logrando de este modo que los jóvenes del partido se adhirieran al liderazgo que iba asumiendo Alan dentro del partido.
Fue en esta época que Facundo se consolidó como uno de los máximos líderes del partido de la estrella, brillando dentro de ésta con luz propia. Amante de la lectura, Facundo podía citar en sus discursos –siempre vehementes- no solo a Haya de la Torre, sino también a Marx, Lenin y otros filósofos, políticos y economistas radicales. Tenía entonces una posición claramente antimilitarista y crítica de la derecha, lo que en ese entonces le permitía ganarse rápidamente el favor de las masas. Alan veía también en Facundo un líder importante para su agrupación, por lo que le prometió incluirlo en la lista a la Cámara de Diputados para las elecciones de 1985; sin embargo, por razones desconocidas, Alan incumplió dicha promesa.
Ante esta traición, Facundo optó por tomar una posición más alejada del partido, a pesar de que Alan trató de reparar lo ocurrido ofreciendo a aquél algunos cargos de importancia dentro de la administración pública. Sin embargo, para un líder de su peso y con sus capacidades el Congreso era su espacio natural, por lo que la ofensa nunca fue perdonada del todo. Por ello, Facundo optó durante el gobierno fujimorista por ponerse del lado de quienes entonces venían persiguiendo a los líderes de su partido, incluso a Alan. Es así que entre 1996 y 1998, encontramos a Facundo laborando como asesor del congresista Alejandro Abanto Pongo, buscando posiblemente con ello cumplir su sueño de aportar al trabajo del Legislativo, sueño que acabó cuando dicho congresista fue desaforado por estar involucrado en casos de corrupción.
En el 2001, y luego del regreso de Alan García al Perú, los viejos amigos limaron sus asperezas, siendo encargado de impulsar la campaña presidencial de aquél entre el sector que mejor conocía: el de los jóvenes del partido. Esto le permitió ganarse la confianza de Alan y recuperar espacio entre el grupo de los “cuarentones” que hasta entonces habían dirigido el APRA. Facundo demostró así nuevamente su capacidad de convocatoria y liderazgo, estableciendo dentro del partido un equipo propio, si bien muchos no le perdonaron su cercanía con el fujimorismo durante esos aciagos años. A pesar de ello, de acuerdo a muchos Facundo fue una pieza clave para que Alan fuera ganando terreno entre las masas durante el gobierno toledista, permitiéndole de este modo ganar las elecciones en el 2006. Facundo vio entonces que este segundo mandato le permitía una nueva oportunidad de lograr un cargo de importancia, esperando pacientemente a ser llamado por el primer compañero del partido.
LA COMISIÓN CHINGUEL
A finales de marzo del 2007, mediante Decreto Supremo No. 004-2007-JUS, el gobierno aprista creó la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias y Conmutación de la Pena, unificando dos comisiones anteriormente nombradas que llevaban a cabo funciones similares[2]. La nueva Comisión recibió así el encargo expreso de recibir, calificar y proponer al Presidente de la República la concesión de ambos tipos de gracia presidencial a favor de los internos del país. Sin embargo, en enero del 2008 la entonces ministra de Justicia ROSARIO FERNANDEZ evaluó que la comisión inicialmente nombrada no estaba cumpliendo a cabalidad con sus funciones, por lo que tomó la decisión de cambiar a sus integrantesy poder lograr una meta bastante precisa que para entonces se había fijado el presidente García; esto es, superar los 4 mil indultos otorgados durante su primer gobierno.
Para ello, la ministra Fernández puso al frente de esta Comisión a MIGUEL FACUNDO CHINGUEL, quien de acuerdo al diario La República fue recomendado directamente por Palacio de Gobierno. De acuerdo a la resolución de nombramiento –R.M. No. 001-2008-JUS, del 3 de enero del 2008- Chinguel fue nombrado como Presidente y miembro permanente de la misma junto con JUAN JASHIM VALDIVIESO CERNA, mientras otras tres personas fueron designadas como miembros no permanentes: CESAR ANGEL CANDELA JARA, SONIA ELBA MENDOZA QUINTANILLA Y MARCELLO LUCIANO CROCI GEIGER[3]. Además, a pocos días de este nombramiento la ministra le dio un espaldarazo importante a la nueva Comisión: mediante resolución ministerial No. 009-2007-JUS del 9 de enero del 2008, aprobó unas modificaciones al Reglamento Interno de dicha entidad que le daban mano libre para el manejo de los indultos: así, por un lado, cambió la exigencia de seguir un criterio de “objetividad” por un criterio de “discrecionalidad”, y de otro permitió que el quórum de la Comisión se definiera con la sola recurrencia de los comisionados permanentes y uno de los no permanentes, bastando además mayoría simple para que se adopten decisiones.
Por otro lado, si bien el reglamento establecía límites muy precisos respecto a quienes se podía otorgar indultos[4], era bastante laxo para el caso de conmutaciones de penas, de manera tal que en principio cualquier interno podía solicitar acogerse a esta figura con la sola presentación de requisitos formales, como una solicitud dirigida a la Comisión “expresando su compromiso de reincorporación a la sociedad e indicando su proyecto alternativo de vida”, un certificado de conducta expedido por el Director del Establecimiento Penitenciario, un certificado de trabajo y/o estudios emitido por el establecimiento penal, un informe del INPE sobre sus fugas o posibles fugas, y un informe social y psicológico donde se señalara el grado de readaptación del solicitante, entre otros (art. 24º). Considerando además que estas solicitudes podían ser evaluadas discrecionalmente, era claro que esta figura se convertía en una amplia puerta de salida para que los internos pudieran obtener su libertad, siempre que gozaran del favor de la Comisión.
En este marco, una de las primeras medidas adoptadas por la Comisión Chinguel fue incrementar de manera considerable el número de su personal, convirtiéndose prácticamente en una agencia de empleos aprista. Para ello se crearon los cargos de facilitadores, orientadores y promotores legales, como encargados de entrevistarse con los internos y armar los expedientes de solicitud en cada uno de los penales del país. Para ocupar dichos cargos ni siquiera se requería ser profesional, a pesar de que el sueldo no era nada despreciable. En un momento la Comisión llegó a superar las 50 personas, todo un récord para un organismo que de acuerdo a su normatividad interna solo debía contar con una Secretaría Técnica.
Entre el personal de esta Comisión que ya fue identificado se encuentran Isabel Aguilar Díaz, César Bejarano Aguilar, Jorge Bayes Melgarejo, Fernando Bellido Reyna, Manuel Carrera Toribio, Juan Acevedo Saavedra, Renato Dávila Asín, Edwin García Paredes, John Herrera Trejo, Sergio Huaco Pacheco, Alfredo Lizárraga Garay, Carmen Morales Pérez, Omar Oliva García, Hugo Pascual Rojas, Edgard Soto Sandoval, José Vicente Candela, Freddy Vilela Mijahuanca, Giancarlo Villena Mendoza, Jorge Zegarra Miranda, César Rivero Medina y Manuel Huamán Montenegro. De éstos, algunos ya han sido involucrados en el caso de los “narcoindultos”: Huamán Montenegro, por ejemplo, ha sido cuestionado por haber integrado la banda de “Los Norteños”, a pesar de lo cual fue indultado e incorporado a la Comisión.
Sin embargo, hay otras personas que hasta el momento no han sido investigadas alrededor de este caso, a pesar de su filiación aprista. Entre ellos se encuentran Fernando Bellido Reyna y Renato Dávila Asín, ambos líderes del Comando Escolar Aprista en la época de Chinguel y, de acuerdo a muchos, viejos amigos de aquél. También Sergio Huaco Pacheco formó parte del Comando Escolar del APRA en la zona del Callao y era un viejo conocido de Chinguel. Asimismo, hay otros que hasta el momento han podido mantener un perfil bajo a pesar de haber trabajado durante varios años en la Comisión, incluso luego de la salida de Chinguel, personas que como veremos seguidamente, también habrían formado parte de la red de corrupción generada al interior de esta entidad.
EL JUEGO DE FACUNDO Y SU COMISIÓN
FELIPE recuerda que fue en marzo del 2008 cuando el mismo Chinguel lo buscó en su celda para conversar. Este ya había sidoinformado que FELIPE tenía una gran ascendencia no solo entre los internos sino también entre las autoridades del penal más poblado del país, precisamente con aquellas encargadas de expedir los certificados requeridos para la tramitación de los indultos. Por ello, Chinguel le pidió expresamente que lo ayude a organizar a la gente de los pabellones para agilizar el otorgamiento de indultos y conmutaciones, accediendo de inmediato por saber que ello era un anhelo de muchos presos que nunca habían sido debidamente escuchados por las autoridades.
Sin embargo, luego de un mes de empeñarse en esta labor, FELIPE recibió una nueva visita. Esta vez eran los delegados de la Comisión que habían sido encargados de la tramitación de expedientes en el penal de Lurigancho: MANUEL CARRERA TORIBIO, DAMASO GREGORIO LUYO VICENTE, JAIME JUAN ACEVEDO SAAVEDRA y GIANCARLO VILLENA MENDOZA. Directamente y sin descaro alguno, éstos le preguntaron a qué internos se le podía conmutar la pena “previo pago”. FELIPE frunció el ceño, porque entendió que las cosas no eran tan santas como se las habían pintado al inicio. Sabiendo que ello iba a pasar de todos modos, colaborase o no, optó por mantener su ayuda siempre que cumplieran con una condición: que se otorgara primero la libertad a los presos más necesitados de manera gratuita, de acuerdo a una lista que él les proporcionó.
La mayor parte de estos internos fue incluido en la primera lista de indultados, publicadaen mayo del 2008, y según FELIPE le consta que ninguno de estos internos pagó por esta gracia.Sin embargo, dentro de las tres relaciones posteriores que salieron ese año no se incluyó a ninguno de los restantes, por lo que FELIPE se dio cuenta que los delegados de la Comisiónya estaban armando su “negocio” de manera directa.Tal como le manifestaron los internos, para entonces las “tarifas” de pagoya estaban fijadas y eran conocidas por todos: 5 MIL DOLARES por cada año a conmutar para el caso de los narcotraficantes, y MIL DOLARES por año para el caso de otros delitos, incluyendo miembros de bandas organizadas, secuestradores y violadores.
De acuerdo a lo que FELIPE pudo apreciar entonces dentro del penal, para lograr el indulto o conmutación los internos negociaban inicialmente con los delegados una cifra. Para ello, los miembros de la Comisión solicitaban una copia de la sentencia del interno a fin de saber cuántos años debían conmutar y por tanto cuál era el monto a pagar. Una vez llegado a un acuerdo, la modalidad de pago era simple: los internos debían abonar 50%  de lo pactado al inicio y el 50% restante al publicarse su resolución en el diario El Peruano. Allí la Comisión no tenía nada que perder: si el interno no cumplía con el pago final se sacaba una “fe de erratas” y la persona regresaba a la cárcel de inmediato. Los pagos podían hacerse sea fuera o dentro del penal, ya que los miembros de la Comisión ingresaban a Lurigancho sin ser revisados por nadie.
Asimismo, FELIPE señala que la corrupción generada alrededor de los indultos y conmutaciones también fue aprovechada por las autoridades y funcionarios del INPE encargadas de expedir los certificados que debían ser incluidos en los expedientes. Allí la negociación y la cifra a pagar eran otras, aunque en muchos casos si la cifra pactada con la Comisión era alta, ni siquiera era necesario contar con dicho papeleo. En realidad, de acuerdo a FELIPE lo que el interno necesitaba era el visto bueno de uno de los miembros no permanentes de la Comisión: CESAR CANDELA JARA, un ex secretario del Presidente García y “sus ojos y oídos” dentro de esta entidad. Más aún, FELIPE señala que una vez fuera se le entregaba al “cliente” su expediente de solicitud original, a fin de que no quede huella de lo ocurrido. El tiene aún el suyo, dado que logró obtener la conmutación de los años que le restaban a fines del 2008.
LA COMISIÓN POR DENTRO
Una vez libre, FELIPE fue llamado por el propio Chinguel para seguir apoyando el trabajo de la Comisión de Indultos y Derecho de Gracia,  si bien no fue incorporado de manera formal a la misma como ocurrió con otros ex presidiarios, como el mismo Huamán Montenegro y CARMEN MORALES PEBES, narcotraficante internada cuatro veces en prisión, cuya última sentencia de cuatro años de prisión fue reducida a un año y ocho meses por la Comisión Chinguel, y que fue integrada a este equipo apenas cuatro meses después de su liberación. De esta manera, FELIPE pudo seguir conociendo cómo se manejaba el cobro de los indultos y conmutaciones por parte de esta Comisión.
Así, FELIPE se dio cuenta pronto que, además de seguir cobrando ilegalmente a los internos para otorgarles el indulto, Chinguel y su personal empezaron a romper la “ley de la cárcel” al cobrar sin cumplir finalmente con otorgar la gracia presidencial que “compraban” los internos. De acuerdo a su testimonio, por lo menos a él le consta que ello ocurrió en dos casos: con FORTUNATO CURAY, cuya esposa pagó una fuerte cantidad de dinero por una libertad que nunca le dieron, y con HILARIO ALVARADO, conocido dentro del penal como “Gogó”. Durante el período que trabajó con la Comisión, FELIPE fue testigo de por lo menos 40 casos en los que familiares de los internosentregaron dinero para comprar la libertad de sus allegados. Incluso en enero del 2009, FELIPE viajó a la ciudad de Piura para entregarle al propio Chinguel una fuerte suma producto de las “tarifas” cobradas por su personal.
A fines del 2009, y cansado de seguir involucrado en estos hechos, FELIPE decidió alejarse de la Comisión, por lo que su conocimiento de los hechos culmina allí. Sin embargo, como se  sabe la Comisión Chinguel siguió laborando hasta que el entonces ministro de Justicia VICTOR GARCIA TOMA la desactivó, para constituir una nueva Comisión de Gracias Presidenciales. FELIPE está convencido, sin embargo, de que el cobro de las “tarifas” prosiguió durante todo el período que estuvo bajo el mando de Chinguel. Incluso tres de los promotores que trabajaron con FELIPE en Lurigancho –Carrera Toribio, Luyo Vicente y Villena Mendoza- figuran hasta noviembre del 2010 dentro de la relación de personal de la Comisión de Gracias Presidenciales contratado bajo régimen CAS por el Ministerio de Justicia, lo que demuestra que siguieron laborando en esta entidad incluso luego de la salida de Chinguel.
Sin embargo, el caso más interesante es el del ex promotor JAIME JUAN ACEVEDO SAAVEDRA, cuyo nombre consta en la lista de contratados CAS de dicha Comisión a julio del 2009. De acuerdo a nuestras investigaciones, éste se encuentra hoy ejerciendo el cargo de fiscal adjunto provincial provisional en la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del distrito fiscal del Santa, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución No. 1307-2012-MP-FN del 29 de mayo del 2012, firmada por el propio Fiscal de la Nación. Anteriormente, Acevedo ejerció el mismo cargo en el distrito judicial de Cañete. Como es claro, ni el Fiscal Peláez Bardales ni el CNM consideraron el trabajo realizado por aquél en la Comisión Chinguel como un antecedente a considerar; pero hoy es evidente que dicha opinión debe ser cambiada, debiendo incluir a este fiscal dentro de las investigaciones correspondientes.
EL RIESGO DE LA VERDAD
Luego de varios años en España, FELIPE regresó a Perú esperando recuperarse de la crisis vivida en dicho país, pero se encontró con un panorama aún más sombrío. Y es que a pocos días de su llegada a Lima el escándalo de los “narcoindultos” empezó a ser destapado, enredándolo en un problema del que esperaba verse librado por el resto de sus días.
Lo cierto es que FELIPE decidió brindar su testimonio al darse cuenta de que su nombre estaba siendo utilizado para “limpiar” a los verdaderos responsables, poniéndolo como la presunta “mano derecha” de quien encabezó una de las comisiones más corruptas de la historia de la justicia peruana. Y si bien sabe que él fue parte de ello, quiere afirmar también que lo hizo porque conoció durante más de diez años los rigores de la cárcel, que su detención fue injusta, y que esa fue tal vez la única oportunidad que se le presentó no solo para lograr su libertad, sino también la de otros presos tan o más agobiados que él por la vida en prisión. Para ello no consultó a Dios, sino a su propia conciencia.
Lo cierto es que su valiente testimonio da cuenta de la profundidad de un caso del que recién estamos conociendo todas sus aristas. De acuerdo a los datos que se han ido publicando, la hoy famosa Comisión Chinguel otorgó nada menos que 5,500 indultos y conmutaciones de penas, superando las cifras ofrecidas por el Presidente García. De este número, por lo menos 400 fueron otorgados a narcotraficantes, incluso a bandas enteras, tal como ha denunciado el programa Cuarto Poder. Fue justamente durante la gestión de la ex ministra Fernández que se otorgó el mayor número de gracias: 3,259 indultos y conmutaciones a “burriers” y otros delitos menores, y 285 a condenados por tráfico ilícito de drogas en modalidad agravada. Por su parte, durante la gestión del ministro AURELIO PASTOR la cifra de indultos y conmutaciones también fue bastante alta, beneficiando a 1,692 internos.
Asimismo, los vínculos entre la labor de Chinguel y el ex Presidente García se hacen cada vez más evidentes. A pesar de que inicialmente tanto de uno como de otro lado negaron haber tenido comunicación durante la etapa que Chinguel presidió la Comisión, hoy se conoce que éste visitó por lo menos 25 veces Palacio de Gobierno en dicho período, reuniéndose tanto con el secretario personal de García, LUIS NAVA, como con el secretario de la Presidencia del Consejo de Ministros, JULIO ZAVALA HERNANDEZ, en sendas reuniones cuya agenda expresa era revisar la labor de la Comisión, tal como consta en los registros de ingreso a la casa de Pizarro.
Hoy que el escándalo de los “narcoindultos” está en todo su apogeo, FELIPE está consciente de que su vida corre peligro, tal como ya han denunciado otros implicados. Sabe que, sea de uno u otro lado, los afectados por esta denuncia son muchos: desde aquellos que ganaron cientos de miles de dólares producto de los cobros a delincuentes, hasta aquellos que no quieren regresar a la cárcel si se profundiza en lo ocurrido, pasando por aquellos que se quedaron dentro engañados a pesar de pagar por su esperanza de libertad.A pesar de ello, FELIPE sabe que la verdad está por encima de todo. Por lo menos, ese es el legado que piensa dejarles a los peruanos que lo acogimos con tanto cariño en nuestra tierra. Ojalá todos podamos aprender de ello.
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Notas:
[1] “FELIPE” es un nombre ficticio, debido a la necesidad de proteger a nuestra fuente.
[2] Esta Comisión unificó dos comisiones anteriormente nombradas que llevaban a cabo funciones similares: la Comisión de Conmutación de la Pena, creada mediante Decreto Supremo No. 004-2001-JUS, y la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias, creada mediante Decreto Supremo No. 010-2004-JUS.
[3] De acuerdo a las informaciones obtenidas, éste último optó por salir de la Comisión al poco tiempo de nombrado.
[4]Así, el art. 22º disponía que la Comisión solo podía recomendar el otorgamiento de indulto y derecho de gracia en los siguientes casos: a) para los internos que padecían enfermedades terminales y no terminales irreversibles o degenerativas; b) para los que pese a padecer enfermedades no terminales, las condiciones carcelarias ponían en grave riesgo su vida, salud o integridad; c) para aquellos afectados por trastornos mentales crónicos, irreversibles o degenerativos, y d) para los internos mayores de 65 años.

El exembajador Nicolás Lynch dijo que cuando regresó a Lima, en noviembre del 2012, para dar cuenta de lo ocurrido en la embajada de Perú en Argentina con el Movadef, el entonces titular de Torre Tagle Rafael Roncagliolo le contó en la sala de su casa que él era “un canciller débil de un gobierno débil”.
Lynch indicó que eso fue lo que alegó el ahora excanciller para explicarle que no podía hacer nada para evitar que se le retire de la representación nacional en Buenos Aires por recibir miembros del brazo político de Sendero Luminoso, pese a que no estaba de acuerdo.
“Roncagliolo me dijo que tenía razón (que no se justificada mi salida), pero que él era un canciller débil de un gobierno débil y que, por lo tanto, no podría defenderme, literalmente, y podría encararlo al señor Roncagliolo en este momento”, declaró en Ideeleradio.
En ese sentido, el exembajador cuestionó al presidente Ollanta Humala: “Es una lástima porque así no se gobierna un país”, anotó.
Fuente: Diario Perú21.

Quality Cleaners
Por Alvaro Sánchez- www.crhoy.com
El peruano-israelí, Sabih Saylan, quien dirige en Costa Rica la firma Ecoteva Consulting Group investigada en Perú por presunto lavado de dinero y en donde es vinculado el ex presidente de ese país Alejandro Toledo tiene otras dos sociedades anónimas inscritas en nuestro país.
Una búsqueda realizada por crhoy.com permitió detectar que Saylan -mano derecha del multimillonario Yosef Maiman, vinculado con Toledo- logró crear esas sociedades anónimas y solo ha estado en Costa Rica una vez, entre el 11 y el 14 de marzo del 2013.
El Registro Nacional de la Propiedad reporta que Saylan es, además, presidente de Ecostate Consulting activa desde el 23 de noviembre del 2006.
También preside la sociedad Quality Cleaners de Costa Rica, fundada el 6 de setiembre del 2000. Saylan logró crear estas sociedades sin estar en el país pues su única visita, según la Dirección de Migración de Costa Rica, fue en marzo del 2013.
Ninguna de las sociedades anónimas cuenta con bienes registrados y fueron crearon con capitales de $3.
La sociedad Ecostate Consulting está activa en el Registro Nacional de la Propiedad y está al día en el pago del impuesto de sociedades anónimas.
En el caso de Quality Cleaners de Costa Rica se encuentra morosa, pues debe dos periodos del impuesto respectivo, es decir, un total de  179 mil colones, unos $350.
La Fiscalía y la Procuraduría de Lavado de Activos de Perú investiga al ex presidente de ese país, Alejandro Toledo, por lavado de dinero  y enriquecimiento ilícito.
Supuestamente por medio de dos sociedades -Ecoteva en Costa Rica y Marintradco en Panamá- de las que es miembro el peruano-israelí, Sabih Saylan, se movieron unos $5 millones, los cuales habrían sido utilizados por la familia del ex mandatario para comprar lujosas residencias y oficinas en Lima, Perú, así como como un balneario en Tel Aviv, Israel.
A Toledo lo vinculan con el multimillonario Yosef Maiman, quien estuvo nueve días en Costa Rica, en el 2011. La Fiscalía de Perú sospecha que fue el multimillonario, que algunos aseguran está en quiebra, quien le entregó los $5 millones a el mandatario Toledo por medio de supuestos “préstamos” desde la sociedades anónimas domiciliadas en Costa Rica (Ecoteva) y en Panamá (Marintradco).
Tras el escándalo de corrupción, Toledo llegó a Perú a dar explicaciones y aseguró que vino a Costa Rica a acompañar a su suegra para crear la sociedad Ecoteva Consulting Group, entre el 18 y el 21 de enero del 2012 y entre el 15 y el 16 de noviembre de ese mismo año; pero lo cierto es que los registros migratorios oficiales no coinciden.
Su suegra, Eva Fernenbug, estuvo en Costa Rica entre el 17 y el 19 de julio del 2012.

Presidentes regionales y congresistas lo visitan
El hermano menor del Presidente de la República, Antauro Humala Tasso, cuenta con un teléfono público en el penal militar Virgen de las Mercedes desde donde gestiona visitas y entrevistas con varios personajes de la política nacional y personas interesadas en verlo.
Según un informe propalado por el noticiero Reporte Semanal, el teléfono fijo de Antauro Humala Tasso es contestado por él o una especie de secretario, y desde ahí el líder etnocacerista da indicaciones para que sus visitas ingresen al reclusorio militar sin pedir permiso a las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario.
Una reportera del noticiario se hizo pasar por una estudiante que quería entrevistarlo. Antauro le facilitó el número celular de Pedro Saldaña Ludeña y con este personaje se coordinó el ingreso del equipo.
En el informe se ve a Saldaña asegurando “que todos” van a entrar al penal pese a no tener la autorización respectiva para el ingreso.
Los asiduos visitantes de Humala son Gerardo Viñas Dioses y Vladimir Cerrón Rojas, presidentes regionales de Tumbes y Junín.
Otro visitante de Antauro, en más de una oportunidad, es el congresista Yehude Simon, quien afirmó que lo hizo “para darle calma y tranquilidad”. Y aunque dijo que no hablaron de posibles alianzas políticas, afirmó que tiene “propuestas interesantes”.
Como se recuerda, el hermano del jefe de Estado cumple una condena de 19 años en el penal Virgen de la Merced por homicidio y secuestro en el ‘Andahuaylazo’.
Fuente: Reporte Semanal y Diario Correo.

Por Francisco Tudela- www.altavoz.com
El Gran Hermano puede mirarte a los ojos cuando conversas por Skype. Puede escuchar tus audios y tus conversaciones, ver tus videos, apreciar tus fotos, leer tus correos electrónicos y examinar tus documentos. ¿Creías que no se ocupaba de tu Facebook? Error, sí puede entrar cuando quiere.
El jueves pasado, el diario británico The Guardian y The Washington Post descubrieron una gigantesca operación digitalizada de inteligencia, al revelar que la NSA, a través del programa “Prisma”, accedía secreta y digitalmente a las llamadas de 121 millones de estadounidenses, a través de la compañía Verizon. Esta era tan solo la punta del iceberg. Ahora se sabe que también acceden, mediante órdenes judiciales secretas, a AOL, Apple, Facebook, Google, YouTube, Microsoft, Skype, Paltalk y Yahoo.
Un contratista de 29 años de la Agencia de Seguridad Nacional, Edward Snowden, empleado de la firma Booz Allen, delató el mecanismo informático del espionaje. El domingo dijo desde Hong Kong que, efectivamente, fue él quien entregó la información a The Guardian. Hoy, la firma lo despidió por “violación del código de ética de la firma”. Ese es el menor de sus problemas.
Dianne Feinstein (D), presidenta de la poderosa Comisión de Inteligencia del Senado de EE.UU., ha dicho secamente: “Creo que se trata de un acto de traición”. Los abogados señalan que pudiera no ser un acto de traición, pues solo se traiciona a favor de un enemigo. Sin embargo, Edward Snowden estaba juramentado y sometido a la ley de secretos de los EE.UU. Traidor o no, es de todas maneras un delincuente o un héroe.
Las operaciones de espionaje digital son conforme a ley, pero la magnitud de la interceptación es tal que ha llevado a los estadounidenses a preguntarse sobre cuál debe ser el equilibrio adecuado entre el respeto a las libertades individuales y la seguridad nacional. El director nacional de Inteligencia de los EE.UU., James Clapper, ha señalado que la interceptación ha permitido neutralizar seis grandes atentados terroristas en siete años, uno de los cuales tenía como objetivo el metro de Nueva York.
Se han salvado muchas vidas, pero 305 millones de estadounidenses sienten que su gobierno tiene acceso potencial y fácil a sus identidades, historia crediticia, desplazamientos, etc. A final de cuentas, a su privacidad.
El impacto de las revelaciones se extiende más allá de las fronteras estadounidenses, pues gran parte de la humanidad utiliza los sistemas de las ya mencionadas compañías. El 43% de los principales websites del mundo están domiciliados en los EE.UU., así como el 30% de los servidores.
Inquietos los alemanes, Angela Merkel ha hecho saber hoy que interrogará a Barack Obama sobre el asunto cuando este último visite Berlín, este 18 de junio. Hoy, 11 de junio, William Hague, el secretario de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, se ha presentado frente a la Cámara de los Comunes para aclarar que sus servicios de inteligencia operan legalmente y con órdenes judiciales.
La realidad es que “Prisma” está para quedarse. Nadie desmontará este sistema global acorde con las necesidades de la época. Sin embargo, queda irresuelto el tema constitucional de fondo, que consiste en que no hay verdadera libertad sin privacidad.

Por Rodrigo Cruz Arana- Diario El Comercio
LEA AQUÍ LA MOCIÓN PRESENTADA POR LOS LEGISLADORES DE COSTA RICA
En el Congreso de Costa Rica existen tres bancadas que les gustaría escuchar al ex presidente Alejandro Toledo aclarar el origen de los fondos de la empresa Ecoteva Consulting Group. Quisieran que el ex jefe de Estado les cuente si su vicepresidente, Luis Liberman Ginsburg, tiene algún vínculo con esa sociedad.
En busca de ello, las fuerzas políticas costarricenses Acción Ciudadana, Movimiento Libertario y el Partido Unidad Social Cristiana presentaron una moción ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público para llamar a comparecer a sus compatriotas Luis Liberman (vicepresidente de Costa Rica), José Melvin Rudelman (presidente del Bufete Rudelman), Javier Cascante Elizondo (superintendente General de entidades financieras) y a Jean-Luc Rich (gerente general de Scotiabankk; en calidad de accionistas de Ecoteva Consulting Group.
“Nosotros no podemos citar al ex presidente Toledo, tenemos claro que él es un ciudadano peruano, nosotros no tenemos ninguna potestad (…) Yo esperaría que él pudiera aceptar una invitación de parte nuestra, pero indiscutiblemente no podríamos forzarlo a compadecer”, declaró para elcomercio.pe el diputado Néstor Manrique Oviedo.
No obstante, Manrique Oviedo precisa que el propósito de esta moción es para establecer los vínculos o las razones que tiene su vicepresidente con la empresa Ecoteva Consulting Group. Asimismo, considera que el descargo del ex presidente Toledo sería importante.
“Yo creo que él (Toledo) puede venir y aclarar la situación a los costarricenses, recordemos que en esto también están otras personas. En caso de hacerlo, y no es que el presidente lo haya hecho, pero hay suposiciones”, manifestó.
En esa línea, el diputado está convencido de que este tema se tiene que aclarar porque el prestigio internacional de Costa Rica corre riesgo. Ya que estos movimientos financieros, que comprometen a uno de los más altos funcionarios de su país, corresponden “a un caso típico de lavado de dinero que enmarca lo que es el crimen organizado internacional”.
“Nuestro prestigio en América Latina está en caída libre, y eso es lo que lamentamos tremendamente (…) El daño que se le esta haciendo a nuestra país es muy grande”, agregó.
De aprobarse la moción presentada hoy, el diputado Néstor Manrique no descarta pedirle información al Congreso peruano para facilitar el proceso de investigación. “No solo es un asunto de imágen, es un asunto de acciones concretas, la mujer del César no solo debe parecer honesta, sino debe serlo”, añadió.
CUATRO SERÍAN LAS SOCIEDADES INVOLUCRADAS
Cuatro son las sociedades investigadas por el Ministerio Público de Costa Rica que tienen alguna relación con el líder de Perú Posible, afirmó el fiscal adjunto del país centroamericano, José Pablo González.
El fiscal adjuntó señaló que de las cuatro sociedades investigadas (dos de ellas serían Ecostate Consulting y Quality Cleanners), solo una tiene su cuenta congelada en Costa Rica. El resto solo tendría relaciones comerciales.
“Es importante la investigación que está realizando Perú para poder nosotros en Costa Rica probar la legitimación. Esto porque para poder probar el lavado debe provenir de una actividad ilícita”, declaró González al medio costarricense crhoy.com
Caso Toledo es el segundo escándalo
Por Óscar Libón- Diario Perú21
Patricia Pérez Hegg, diputada de Costa Rica, señaló que se suma al irregular viaje de la presidenta Chinchilla a Lima.
Usted ha planteado que el caso del expresidente Alejandro Toledo sea investigado en el Parlamento de su país…
Así es. Además, estamos a la espera de que la Fiscalía (de Costa Rica) cumpla con la colaboración al Perú. Pero tampoco podemos ser ilusos en pensar que se pueden hacer cosas aquí sin que haya costarricenses involucrados, y esa es una información que nos interesa a los ciudadanos ‘ticos’.
¿Cuál es el motivo de ese pedido?
Aparte de que se está involucrando al vicepresidente Luis Liberman, porque fue mencionado por el exmandatario Toledo cuando se viene a Costa Rica a hacer este tipo de empresas (‘fantasmas’), necesariamente debe haber costarricenses implicados. La pesquisa lo determinará.
¿Qué instancia del Congreso indagará el caso?
Irá al Pleno. Aunque primero, por iniciativa de algunos diputados de la oposición, solicitaremos información oficial al fiscal. Por mi parte, hice lo propio con el tema del viaje irregular de la presidenta Laura Chinchilla a Lima. Es la segunda vez que tenemos un escándalo de la Casa Presidencial relacionado con el Perú.
¿Esperarán a tener los resultados de la Fiscalía?
Sí. Que cumpla con las diligencias, y tiene un plazo para realizarlas. Tengo entendido que es de diez días.
¿Citarán al exmandatario Alejandro Toledo y al vicepresidente Luis Liberman?
Eso depende de la información que nos proporcione la Fiscalía, que debe identificar a las personas implicadas y establecer sus responsabilidades.
Avión parrandero
Diego García-Sayán Larraburre nació en Nueva York, el 2 de Agosto de 1950. Ingresó a la Pontificia Universidad Católica del Perú para seguir estudios de Derecho en 1968, graduándose de Bachiller en 1975 y consiguiendo el título de abogado en 1976. Realizó estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Austin (Texas). Es abogado de profesión, escritor y ha participado en la política del Perú, asumiendo la cartera de Justicia, a finales del año 2000, durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua.
Cabe destacar que en noviembre del año 2000, Diego García-Sayán, firma dos resoluciones con carácter de “estrictamente secreto” (no publicadas en el diario oficial El Peruano), sobre conmutación de penas y rebajas de sentencias para liberar a dos terroristas de la cárcel. Una semana después firmará otras once resoluciones supremas, éstas sí publicadas el 2 de diciembre del 2000 en la gaceta oficial, para beneficio de indultos; y a los tres días, se publicarían otras 8 resoluciones otorgando perdón a igual número de terroristas sentenciados. Y el 10 de diciembre del 2000 salen a luz otras diez normas de indulto a condenados por “traición a la patria”. Es decir, en 15 días, Diego García-Sayán indultó a 31 sentenciados por terrorismo.
Según cifras publicadas por el diario Perú21 hasta el año 2003 había en las cárceles peruanas 1,064 subversivos, de los cuales sólo permanecen 290, ya que el Poder Judicial sigue liberando a terroristas de SL y del MRTA, al declararles fundados sus pedidos de semilibertad o de liberación por exceso de carcelería.
Como titular de Justicia, García-Sayán mantuvo a los procuradores ad hoc del caso Montesinos contratados por Alberto Fujimori, es decir, José Ugaz de Proética y a su socio Luis Vargas Valdivia. Pero antes de incorporar a Ronald Gamarra (del Instituto de Defensa Legal) a la procuraduría en asuntos de derechos humanos, convocó a Javier Ciurlizza Contreras como jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Justicia y el 16 de enero del 2001, lo nombró presidente de la Comisión de Indultos, Derecho de Gracia y Conmutación de Penas para los casos de terrorismo. Ciurlizza habría de ser secretario ejecutivo de la CVR, para finalmente recalar en una dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En el 2001, es nombrado ministro de Relaciones Exteriores por el ex Presidente Alejandro Toledo. Durante su gestión en esta cartera, el 19 de Febrero del 2002, resalta un hecho: la ex agente de inteligencia peruana, Leonor La Rosa Bustamante, fue indemnizada con 120 mil dólares por el presidente Toledo. Miguel Jugo Vieira y Heriberto Benítez Rivas, en representación de la Asociación Pro Derechos Humanos, presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual fue avalado por los ministros Diego García-Sayán y Fernando Olivera.
García-Sayán fue nombrado Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el período 2004-2009, sin dejar su cargo como Director General de la Comisión Andina de Juristas (CAJ) que es una “asociación internacional privada sin fines de lucro y de acción regional, que brinda servicios jurídicos de interés público”. Desde que inició sus actividades en 1982, ha trabajado en temas para el “desarrollo y la justicia de los países de la región, como son el fortalecimiento del Estado de Derecho, la democracia y sus instituciones, y la vigencia plena de los derechos humanos”. Diego García-Sayán también es miembro de otras ONGs como DESCO y además es fundador de CEPES.
La CAJ trabajó para el gobierno de Fujimori
Cabe destacar que el 7 de noviembre de 1995, Diego García-Sayán fue contratado por la Viceministra de Justicia del gobierno de Alberto Fujimori, Miriam Schenone Ordinola, según Resolución Ministerial N°386-95-JUS y también para un proyecto de “Redes de Informática” por la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial que controlaba Vladimiro Montesinos Torres. Miriam Schenone fue compañera de promoción en la Universidad Nacional Federico Villarreal del Procurador Público Adjunto Luis Gilberto Vargas Valdivia, gemelo ideológico de José Ugaz y miembro de su Estudio de Abogados. En resumen, la Comisión Andina de Juristas de Diego García-Sayán, trabajó con el gobierno de Alberto Fujimori, particularmente en el ámbito de la reforma de la administración de justicia y la Academia de la Magistratura, como parte de un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) suscrito en 1998.
Schenone y Vargas, también viajaron juntos a Estados Unidos, del 5 al 12 de noviembre de 1994, para extraditar a Carlos Remo Manrique Carreño (caso CLAE), designados por el entonces presidente Alberto Fujimori, según Resolución Suprema N°105-94-JUS del 3 de Noviembre de 1994. Simultáneamente, la esposa de Diego García-Sayán, Eda Rivas, fue designada como Gerente de dicha Comisión Ejecutiva para llevar a cabo la Reforma Judicial en el Perú. La contrató el Comandante José Dellepiane. El Dr. José Ugaz Sánchez Moreno, Procurador Público designado por el entonces Presidente de la Republica, fue luego ratificado por Diego García Sayán.
José Ugaz y Diego García-Sayán firmaron el documento internacional de George Soros, dirigido al Secretario General de la ONU, pidiendo la legalización de las drogas en el mundo.
La CAJ, mantiene fuertes vínculos institucionales con diferentes organizaciones, especialmente con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y CELS en Argentina, y el Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Diego Portales y la Corporación Forja en Chile, mediante la participación de expertos de estas instituciones en sus cursos internacionales de derechos humanos.
Gestión diplomática
George Soros publicó una carta pública al secretario general de la ONU, Kofi Annan, en dos páginas enteras del New York Times el 8 de junio de 1998. En ésta señala: “la guerra global a las drogas ahora está causando más daño que el propio abuso de las drogas”. Es decir, no hay que pelear contra las drogas. Esa carta la firman muchas personalidades, entre ellas, Diego García Sayán, asesor principal de Toledo, a favor de la legalización de las drogas.
Fueron 600 personas que firmaron la carta de Soros para la legalización de las drogas. Por el Perú lo hicieron Diego García Sayan, Julio Cotler, Javier Diez Canseco, Gustavo Gutiérrez, Anel Towsend, Javier Alva Orlandini, Javier Pérez de Cuéllar y Mario Vargas Llosa.
El ex Ministro de Justicia Diego García Sayán y el Embajador Manuel Rodríguez Cuadros, Representante Permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), durante la celebración del 110º Periodo de Sesiones Ordinario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington DC. Estados Unidos de América realizado en Febrero 2001, se reunieron con el Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Sr. Claudio Grossman, su Primer Vicepresidente Juan Méndez, su Segunda Vicepresidente Marta Altolaguirre, los comisionados Robert Goldman y Peter Lauirie, y el Secretario Ejecutivo Jorge Taiana, para propiciar una solución amistosa en determinados casos; al reconocer responsabilidad y adoptar medidas para restituir derechos afectados y reparar supuestos daños causados, comprometiendo al Tesoro Público en casos cerrados definitivamente y de denuncias que ya habían sido consideradas con Archivo definitivo por haber sido materia de Informes Finales declarativos no vinculantes entre 1987 y 2000, así como allanarse a otros 26 informes finales.
En esta reunión, se comprometió al Estado Peruano, acordando que: “Tanto el Gobierno del Perú como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entienden que la solución que se busca se logrará teniendo en cuenta las obligaciones internacionales que el Estado peruano ha asumido teniendo en ejercicio de su soberanía, y los siguientes criterios específicos: – el reconocimiento de la responsabilidad del Estado peruano en los casos en los que se hayan afectado los derechos humanos; – la reparación de los daños y consecuencias a las víctimas, o a sus familiares, por las violaciones a los derechos humanos de las víctimas; – la realización de las investigaciones a que hubiere lugar en el ejercicio autónomo del poder judicial y la determinación de las responsabilidades respectivas; – la adopción de las medidas cautelares recomendadas por la Comisión, y la puesta en práctica de procedimientos de solución amistosa con la participación de la CIDH, los peticionarios y las víctimas o sus familiares”.
El allanamiento es una forma de conclusión del proceso con declaración sobre el fondo, cuando el demandado reconoce la demanda o se allana al petitorio. En el primer caso acepta la pretensión dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de ésta. El allanamiento es improcedente cuando el representante no tiene autorización expresa para hacerlo.
Tanto el Estatuto como el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tienen carácter vinculante para los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el único documento que tiene carácter obligatorio es la Convención misma.
Comisión Andina de Juristas, APRODEH y APCI
El abogado colombiano Jaime Restrepo denunció que, al igual que en Colombia, el Perú pierde los casos por los lobbies que tienen algunas ONG como la Comisión Andina de Juristas (CAJ), IDL y APRODEH ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Restrepo además agrega que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, y la Corte IDH, en Costa Rica, que es el sistema, está infiltrado por izquierdistas y donde militan personas que tienen relaciones con grupos terroristas del continente.
Desde el 2004, Diego García Sayán es juez miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica. Luego fue Vicepresidente de dicha corte y el 25 de Noviembre del 2009, fue electo para ser su Presidente, lo cual rige desde el 2010, por un período de dos años. Eso quiere decir que su mandato debería haber terminado el 2012.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibe y procesa las denuncias sobre casos de violación de DD.HH. Si se determina la responsabilidad del Estado, se eleva un informe a la Corte de San José. Esta tiene competencia contenciosa para ver los casos y emitir sentencias. En el año 2010, la CIDH admitió 364 peticiones de denuncia contra nuestro país e inició trámite en 86 de estos casos. Estas cifras nos convierten en el país más denunciado del sistema interamericano. También somos el país con más sentencias desfavorables. El Perú ha tenido 26 procesos por violación de derechos humanos ante la Corte de San José y, en todos estos casos, los fallos han sido adversos.
Algunos de estos dictámenes favorecieron a personas procesadas por terrorismo. Entre los casos más recordados, está la sentencia a favor de los senderistas amotinados en el penal Castro Castro. El tribunal estableció, en el 2006, que el Estado debía pagar US$50 mil a los familiares de cada uno de los 41 muertos tras la incursión de las fuerzas del orden en el penal en 1992. También se recomendó que los internos sobrevivientes recibieran US$20 mil. Posteriormente, la sentencia se corrigió y se determinó que el Estado definiera el modo en que se realizarían las reparaciones. Entre los favorecidos con el fallo original estuvieron la prófuga de la justicia, Mónica Feria; Atilio Cahuana, por entonces, ideólogo de las huestes de ‘Artemio’ en el Huallaga; y los dirigentes del Movadef. Otras sentencias que dieron que hablar fueron las que ordenaron el pago de indemnizaciones a los emerretistas Lori Berenson, Jaime Castillo Petruzzi, Lautaro Mellado, Alejandro Astorga y María Pincheira.
En setiembre de 2006, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) encargada de supervisar a las ONGs, nombró a Mariela Marcela Pinto Rocha, en el puesto de asesora principal de este organismo. Ella es una profesional especializada en educación inicial, que ha trabajado desde el 2001 en el ministerio de Justicia a cargo del proyecto de reforma de los centros carcelarios. Estuvo vinculada sentimentalmente a Diego García-Sayán. Luego fue nombrada funcionaria del Museo de la Memoria.
Fuente: Perunews.com

Por Óscar Libón y Patricia Quispe
Ante el Congreso y en cada entrevista brindada a diferentes medios de comunicación en las últimas semanas, el expresidente Alejandro Toledo ha negado de manera categórica haber tenido algún tipo de participación en la creación de Ecoteva, firma costarricense que presidió su suegra Eva Fernenbug y a través de la cual se transfirieron más de US$3 millones al Perú para que esta última adquiriese propiedades en zonas exclusivas de Lima.
“Que quede grabado (…). Yo me retiro de la política si me demuestran que yo he comprado o constituido una empresa en Costa Rica”, llegó a decir el exmandatario Toledo durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Legislativo, el 27 de mayo reciente.
Sin embargo, la investigación que desarrolla la Fiscalía adjunta para Delitos Económicos de Costa Rica halló evidencias en ese país de que Alejandro Toledo gestionó la constitución de Ecoteva, fundada específicamente para las operaciones inmobiliarias de la madre de su esposa, Eliane Karp, según información obtenida por Perú21.
En diálogo con este diario, el fiscal costarricense Ólger Calvo reveló que Toledo estuvo en la notaría en San José, donde se creó la mencionada firma, acompañado del israelí Avraham Dan On –militar retirado que fue su jefe de seguridad presidencial– en los días previos a la constitución formal de esa compañía, en enero del año pasado.
“Dan On se presentó con el expresidente Alejandro Toledo ante un notario para fundar la sociedad. Imagino que es amigo de Toledo”, afirmó.
Como se sabe, Ecoteva fue constituida en la notaría de Melvin Rudelman, el 23 de enero del 2012, y como fundadores aparecen una empleada de limpieza y un vigilante. El nombre del exmandatario no está en los documentos.
EL FACTOR DAN ON
El fiscal Calvo también adelantó que existen “dos o tres” compañías en Costa Rica en las cuales Avraham Dan On, hombre de confianza del exmandatario peruano, figura como directivo. Una de esas firmas es Ecostate Consulting, creada en noviembre del 2006 y presidida por el israelí Sabih Saylan, socio del multimillonario empresario peruano-israelí Josef Maiman, amigo del líder de Perú Posible.
El fiscal precisó asimismo que la cuenta vinculada a Ecoteva, con más de US$6.5 millones, se encuentra en Scotiabank, la cual está inmovilizada.
En total, el monto de las operaciones bancarias en Costa Rica relacionadas al caso Toledo-Fernenbug alcanzaría los US$10 millones.
Entre tanto, el portal CostaRicaHoy reportó ayer los movimientos migratorios de Dan On, los cuales coincien con ingresos de Toledo, Karp y Fernenbug a suelo costarricense en fechas clave de la fundación de Ecoteva (enero de 2012), transferencias de dinero a Lima (julio y noviembre de 2012) y cambios en la presidencia de la empresa (marzo de 2013), luego de que la prensa destapara el caso.
Mientras la ‘suerte’ le sonríe a Alejandro Toledo en Lima, donde sus alidos lo blindan en el Congreso, en Costa Rica la historia parece que será distinta, ya que la Asamblea Legislativa se ese país se apresta a investigar el vínculo del vicepresidente costarricense, Luis Liberman, con el expresidente peruano y las operaciones que se hicieron a través de Ecoteva.
“Los asuntos que involucran al vicepresidente son de interés de esta Asamblea Legislativa”, dijo la diputada del Movimiento Libertario María Alfaro, tras anunciar que pedirá que Liberman comparezca ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público del Congreso.
Como se sabe, el vicepresidente Liberman se reunió con Toledo en la ciudad de San José en enero de 2012, dos días antes de se conforme la empresa Ecoteva, firma costarricense que presidió Eva Fernenbug –suegra del expresidente peruano– y a través de la cual se transfirieron más de US$3 millones al Perú para que esta última adquiriese propiedades en zonas exclusivas de Lima.
Como se sabe, la investigación que desarrolla la Fiscalía adjunta para Delitos Económicos de Costa Rica halló evidencias en ese país de que Alejandro Toledo gestionó la constitución de Ecoteva, fundada específicamente para las operaciones inmobiliarias de la madre de su esposa, Eliane Karp, según información obtenida por Perú21.
Otro dato que no hay que perder de vista es que Liberman, antes de asumir su actual cargo gubernamental, fue gerente general de Soctiabank, el banco que transfirió el dinero para las adquisiciones de Fernenbug.
MÁS REVELACIONES
En tanto, en San José, el medio electrónico Costa Rica Hoy reveló que la sociedad anónima relacionada al entorno de Toledo y a la que se le congelaron unos US$6.5 millones, usó nombres de personas sin su autorización para constituirse en noviembre de 2006.
Se trata de un mensajero identificado como Eduardo Brenes Jiménez y el abogado Federico Ureña Ferrero, quienes desconocían que formaban parte de la mencionada firma, que además tiene vínculos comerciales con Ecoteva Consulting Group, S.A., también integrada por una empleada de limpieza y un guardia de seguridad del bufete del abogado Melvin Rudelman.
Costa Rica Hoy contactó con Ureña y se mostró sorprendido de que aparezca como tesorero de la empresa a la que se congeló sus cuentas. “La verdad yo desconocía que pertenecía a dicha sociedad”, indicó.
En tanto, Brenes aseguró que fue durante unos ocho años mensajero del bufete del abogado Wohlstein, quien figura como agente residente de la sociedad, cuyo nombre no se ha revelado por la reserva de la investigación.
“Cuando uno trabaja en una oficina le piden a uno que si le puede ayudar porque los representantes legales de las sociedades son extranjeros. Yo creo que eso es lo que pasó en este caso. ¿Uno qué va a decir? ¿Que no? Uno es empleado y si dice que no puede tener problemas con los jefes”, dijo Brenes, quien aparece como secretario de la empresa.
Cada día aparecen más indicios de los vínculos del entorno del expresidente peruano Alejandro Toledo con sospechosas operaciones en Costa Rica, mientras que en Lima, el Gobierno y sus aliados inssisten en blindarlo de las investigaciones en el Congreso.
De acuerdo a una investigación del portal crhoy.com, Avraham Dan On, exencargado de la seguridad del líder de Perú Posible durante su gobierno (2001-2006), ingresó 10 veces a dicho país entre febrero del 2004 y marzo del 2013.
Justamente, el israelí coincidió con su exjefe cuando ambos estuvieron en la nación centroamericana, lo que hace sospechar que las visitas tienen algo que ver con las operaciones de la empresa Ecoteva, a través de la cual Eva Fernenbug, suegra del expresidente, adquirió dos inmuebles en Lima por casi US$5 millones.
Por ejemplo, Dan On estuvo en Costa Rica, al igual que Toledo Manrique, entre el 18 y 21 de enero del 2012, es decir, dos días antes de que Ecoteva Consulting Group sociedad investigada por lavado de activos en Costa Rica y Perú fuera constituida.
Según la nota periodística, el experto en temas de seguridad ingresó y salió en 11 oportunidades en vuelos privados y el resto en aviones comerciales.
También coinciden en otro viaje, entre el 14 y el 16 de noviembre del 2012. En este caso, Toledo llega a Costa Rica el 15 de noviembre y sale del país un día después.
Pero las casualidades no acaban ahí, pues los registros migratorios indican que Fernenbug estuvo en Costa Rica al mismo tiempo que Avi Dan On. Ambos ingresaron por el aeropuerto internacional Juan Santamaría el 17 de julio del 2012 y salieron el 19 de julio del 2012.
Trascendió que Dan On sería una de las personas con poder de firma en la cuenta de Ecoteva.
MÁS PISTAS
Según crhoy.com, Eva Fernenbug, Avraham Dan On y Sabih Saylan, personaje a Josef Maiman, serían los propietarios de los $6.5 millones que se encuentran congelados en una cuenta de Ecoteva en Costa Rica.
Así lo corrobaron los periodistas del mencionado portal tras realizar varias búsquedas en el Registro Nacional con respecto a sociedades que estarían vinculadas comercialmente con la mencionada empresa.
Fuente: Diario Perú21.

El caso del ex presidente Alejandro Toledo y las compras millonarias de su suegra Eva Fernenbug no dejan de generar suspicacias. El programa periodístico “Hoy Investiga” de Costa Rica, país donde se creó la polémica Ecoteva Consulting, reveló que las declaraciones que diera el líder de Perú Posible a la Comisión de Fiscalización sobre su viaje al país costarricense han terminado por comprometer a su vicepresidente, Luis Liberman.
Según constató el programa periodístico, Toledo Manrique declaró en el Congreso de la República que viajó a Costa Rica entre febrero y marzo del 2012 y se reunió con el vicepresidente de ese país, Luis Liberman, y el abogado Melvin Rudelman.
Como se recuerda, la empresa de la suegra del ex presidente, Ecoteva Consulting Group, se constituyó a comienzos del 2012 bajo la conformidad del entonces notario Melvin Rudelman en su bufete de abogados Rudelman & Asociados. Ello, con la finalidad de que Ecoteva Consulting solicite un crédito de 3 millones al banco Scotiabank para comprar el inmueble en Las Casuarinas.
De otro lado, el medio informó que Luis Liberman es un famoso banquero costarricense, ex gerente general de Scotiabank y ahora vicepresidente de Costa de Rica.
Es sabido que la reunión de Toledo Manrique con Luis Liberman y el abogado Melvin Rudelman se dio dos días antes de la creación de Ecoteva Consulting Group. Debido a ello, el programa de Costa Rica se cuestiona lo siguiente: ¿por qué 7 meses después de la reunión del líder de Perú Posible con su vicepresidente Luis Liberman Ecoteva Consulting recibe un préstamo millonario? ¿Liberman Ginsburg ayudó a la suegra de Toledo Manrique a adquirir el préstamo 3 millones de dólares?
VISITA DE LA PRESIDENTA
El mes pasado la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, llegó al Perú para una actividad no oficial. Transcendió que el motivo de la visita de la mandataria fue para asistir a la boda de Sergio Liberman, hijo del vicepresidente Luis Liberman, y realizar una visita de cortesía al presidente Ollanta Humala. Hoy la presidenta Lura Chinchilla es cuestionada en su país por viajar al Perú en un avión privado de propiedad de un empresario ligado al narcotráfico colombiano.
LOS AMIGOS DELCHOLO
La Fiscalía de Costa Rica ordenó congelar una cuenta bancaria por US$6.5 millones de una sociedad anónima ligada a Alejandro Toledo, como parte de la investigación que realiza la Fiscalía de Perú por un supuesto lavado de dinero en la compra de dos inmuebles en Lima que hizo Eva Fernenbug, suegra del expresidente peruano.
En diálogo con Perú21, una fuente del Ministerio Público de ese país precisó que la cuenta inmovilizada pertenece a Ecoteva Consulting Group S.A, empresa que no registra actividad comercial y que creó en enero de 2012 Fernenbug, que aparecía como fundadora y presidenta, junto a un guardia de seguridad y una empleada de limpieza.
“La semana anterior que las autoridades peruanas solicitaron una colaboración penal internacional, en el caso que ese país investiga por supuesto lavado de activos y enriquecimiento ilícito en contra del expresidenteAlejandro Toledo y varios miembros de su familia”, reseña Costa Rica Hoy.
“La apertura de la causa tiene origen en información de inteligencia recibida, en datos generados mediante asistencia penal internacional”, señala a su turno la Fiscalía de Costa Rica en un comunicado que se difundió en redes sociales.
“Hemos procedido a gestionar el acceso a toda la información bancaria de las sociedades y personas físicas involucradas (…) Del mismo modo hemos ejecutado la inmovilización de dinero por una suma aproximada a los seis millones y medio de dólares”, agrega la nota de prensa.
El 3 de junio último, Perú21 informó que la titular de la 48 Fiscalía Provincial de Perú, Elizabeth Parco, dispuso levantar el secreto bancario, tributario y bursátil de Fernenbug y de Ecoteva.
La magistrada ordenó que esta medida se efectúe en el Perú y en el extranjero, específicamente en Costa Rica, país donde se transfirió el dinero para la compra de la casa en Las Casuarinas y de la oficina, tres cocheras y un depósito en Santiago de Surco, por un monto de casi US$5 millones.
Como se sabe, la Fiscalía de la Nación de nuestro país abrió una indagación por enriquecimiento ilícito a Toledo, quien no ha podido despejar las sospechas que los vinculan con las adquisiciones de su suegra y con una operación de presunto lavado de dinero que podrían tener origen en actos de corrupción.
Al respecto, el coordinador de la Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales de Costa Rica, Olger Calvo Calderón, explicó que entre las personas relacionadas a la cuenta en mención, además de Fernenbug, figuran Avraham ‘Avi’ Dan On y a los empresarios Sabih Saylan y Yosef Maiman, todos ellos amigos del expresidente Toledo.
El magistrado subrayó que si se llega a comprobar la existencia de un delito de carácter transnacional se dictaría una orden de comparecencia o de captura contra los responsables.
Además, no descartó que Alejandro Toledo sea citado en algún momento para que brinde su declaración testimonial por este caso. “Esa es una posibilidad porque podría contribuir en la investigación”, dijo en RPP.
NO LE PERMITO
En tanto, el líder de la chakana negó que tenga cuentas bancarias en Costa Rica a su nombre.
“Quiero decirle a mi país que rechazo categóricamente dicha información por tremendista y falsa”, escribió el líder de Perú Posible en su cuenta de Facebook, aunque luego la Fiscalía de dicho país precisó que se trata de la cuenta de una sociedad manejada por personas cercanas a Toledo.
Luego en RPP, al ser consultado sobre si su suegra no le comentó que tenía US$6.5 millones en una cuenta en Costa Rica, el exmandatario alegó que no conoce los negocios de Fernenbug.
Fuente: Diarios El Comercio y Perú21.

Por Miguel Santillana- Semana Económica
Jaysuño Abramovich Schwatzberg nació en la Maternidad de Lima en 1945. Sus padres, Isaac y Ruti, son refugiados en el Perú por acontecimientos que sucedieron en Europa. Viven en un callejón de un solo caño en la Calle Ascope 543 (Cercado), a espaldas de la fábrica de fideos Nicolini y al costado del depósito de tranvías. Vinieron a afincarse a Lima y procrear una familia luego de ser comerciantes ambulantes en Morococha, Casapalca y La Oroya. Abrieron una zapatería en Jr. Cuzco 1164 (cerca al mercado Buenos Aires) que siempre abrió sus puertas a las 8 a.m. “por respeto a los clientes”, entre los que se cuentan Tatán y La Rayo, quienes le prometieron: “gringo, nosotros te cuidamos”. Nadie nunca le robó nada.
Isaac no había terminado el cuarto grado de primaria cuando se unió a otros campesinos en la fracasada revolución (bunt) de 1905. Se exilió de la Madre Rusia para nunca más volver; sin embargo, mantendría por siempre “una visión revolucionaria que dignifique al ser humano”.
Ruti vino al Perú por una leyenda que surgió en su pueblo, Novatzulitsa (entonces parte del Imperio Austro Húngaro, hoy Rumanía): el Sr. Gleiser (padre del actual presidente de la CCL) mandó una foto suya en la plaza de armas de Lima mostrando un billete de un dólar americano (símbolo de la bonanza de esta tierra lejana). El viaje de Ruti fue un cuidadoso análisis familiar: solo alcanzaba dinero para sacar a un hijo(a) en el último vapor, que zarpó en 1937 de una convulsionada Europa ad portas de la guerra. Llegó a Paita, donde la recibió un hermano que era campesino en Sullana. Los que se quedaron en Europa murieron en los campos de concentración.
A Jaysuño le enseñaron desde niño a agradecer a la sociedad que los recibió. Una vez, paseando con su madre por la avenida Alfonso Ugarte, observando la fachada del local central del APRA (en lo que había sido el Colegio Hipólito Unánue), su madre le dijo, “estos son los judíos del Perú, los persiguen igual que a nosotros”. Recordó esas palabras cuando Alfonso Ramos Alva lo llevó a conocer “al Jefe” en persona. Fue Víctor Raúl quien lo bautizó como el “búfalo blanco”. Era 1962 y el mensaje de “pan con libertad” caló en él. Se inscribió en el partido pero nunca vivió de él, recalca y subraya. Asumió cargos partidarios durante la época dura del fujimorismo. “Armando se llevó mi alma”, me confiesa con tristeza.
Lo suyo es la academia: Doctor en Letras por UNMSM y post doctorado en Economía en la Universidad de Nuevo México; profesor de políticas públicas y modelos de desarrollo en la Universidad Federico Villareal, Ricardo Palma, Linz (Austria) y Kaiserlautern (Alemania). En esta universidad le dio un paro cardiaco fulminante. Lo salvaron con el uso de drogas experimentales. Hoy le funciona 40% del corazón al 24% de su capacidad. Entiende que su vida ya no le pertenece y que es un elegido para divulgar una escala de valores, a pesar de la preocupación de sus cinco hijos.
Es por ello que sin miedo arremete contra un par de bribones de su colonia: Salomón Lerner Ghitis y Josep Maiman. No solo los conoce de los años juveniles, sino que los ha gozado viviendo del Estado peruano. Para él no son empresarios, pues siempre obtienen alguna prebenda del poder de turno, de preferencia de gobiernos no democráticos. “Es un asco ver a Xiomi con el puño levantado, fingiendo ser de izquierda y que los otros se la crean. Los tiene en su planilla”.
El “búfalo blanco” morirá con su libro de cabecera, “La sociedad decente” de Avishail Margalite.

Rafael Romero- Diario Expreso
La alcaldesa izquierdista Susana Villarán ha cometido un grueso error al firmar la Resolución de Alcaldía N° 111, norma que deja expedito el camino para despilfarrar en su imagen personal la friolera de S/. 12’735,000. Asimismo es un monumental yerro entregar a dedo este monto a los medios de prensa, radio y televisión que mejor le place a ella o a su cogollo de gerentes “caviarones” que hoy conduce y manda en la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Otra de las fallas en la que ha incurrido la gestión Villarán es la de considerar criterios obsoletos y mecanismos montesinistas para la contratación de publicidad, como el llamado rating de la fantasmal empresa Ibope, vale decir aceptando un andamiaje perverso constituido por normas administrativas supuestamente técnicas, y de menor rango constitucional o legal, aplicados antidemocráticamente a la medición de lectoría, sintonía radial y televisiva, con el fin de manipular a los consumidores de los medios de comunicación. Mientras tanto el puente “Bella Unión”, sobre el río Rímac, en la avenida Universitaria, se posterga otra vez más y duerme el sueño de los justos.
Adicionalmente, esta semana ha quedado demostrado en el programa “Habla el Pueblo”, a través de sendas entrevistas a los regidores Jaime Salinas, Alfredo Lozada y Jorge Villena, el desembozado oportunismo de la burgomaestre Villarán en medio de este escandaloso festín publicitario.
De modo que queda en evidencia el verdadero cariz de una gestión autodenominada “socialista”, que tomó como bandera hablar de los pobres pero que en la práctica no los defiende sino que utiliza el dinero de todos los limeños para aprobar un paquete de marketing hasta febrero del 2014, olvidando que en noviembre tenemos elecciones municipales, tiempo en el cual está restringido el alegre dispendio de publicidad estatal, en este caso el proveniente de la comuna capitalina.
Pero quiénes más son los responsables del uso de fondos públicos para beneficiar a la alcaldesa. Son los funcionarios ediles José Miguel Castro Gutiérrez (gerente general municipal); Lenny Merino Jiménez (gerente de comunicación social y relaciones públicas); Álvaro Anicama González (gerente de fiscalización y control); Carlos Ramón Noda Yamada (gerente de asuntos jurídicos); Martín Sanabria Zambrano (gerente de finanzas); y Francisco Carbajal Zavaleta (gerente de planificación). Estos servidores públicos solo sirven a los cálculos electorales y reeleccionistas de Villarán, y olvidan cuidar el dinero de todos los contribuyentes de la gran Lima. Señor contralor de la República, usted tiene la palabra.

Jaime Salinas López Torres
El regidor del Concejo de Lima Metropolitana Jaime Salinas denunció que existe un interés político tras el pedido de vacancia en su contra solicitado por el ciudadano Walter Huerto Reyes ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
En ese sentido, Salinas indicó que es un personaje incómodo para el oficialismo en la comuna capitalina (Fuerza Social) y ahora más después de sus últimos cuestionamientos contra la gestión de la alcaldesa Susana Villarán.
“He denunciado que se realizan viajes por placer y no de carácter técnico o sustentados. También que se gasten 13 millones de soles en publicidad para obras que no existen o están paralizadas. Además que se haya elegido a dedo a una empresa de comunicación para ello”, refirió en RPP.
Respecto de la solicitud en que se cuestiona a Salinas por una cantidad excesiva de viajes en tiempo que debe ejercer funciones, el regidor puntualizó: “Soy consultor internacional y vivo de mi trabajo no de la política, los regidores ganamos por sesión asistida 900 soles son 3600 soles al mes, todos tenemos un trabajo paralelo, yo no tengo la suerte de tener un trabajo en el Perú”.
“La ley le permite a uno pedir licencias renovables por 30 días cuando se tiene necesidades personales. Uno puede hacer más en una sesión que en 25 juntas diciendo las cosas por su nombre. Este pedido tiene una orientación política”, acotó.
Fuente: Diario El Comercio.