Las acusaciones de corrupción en el seno de la compañía petrolera estatal de Brasil Petrobras ya han provocado un escándalo político y cambios en la administración. Ahora, los problemas están amenazando a otras empresas e incluso podrían hacer caer al país en la recesión.
Sería difícil exagerar la importancia que tiene Petrobras en Brasil. Produce más de 90 por ciento del petróleo del país, es dueña de todas las refinerías, maneja cerca de 34 mil kilómetros de ductos, domina la distribución al mayoreo de gas y de diesel e incluso posee la cadena de estaciones de servicio más grande.
“El plan del gobierno era hacer a Petrobras lo más grande posible”, señala Samuel Pessoa, economista de la Fundación Getulio Vargas en Río de Janeiro. Él calcula que la compañía, a través de sus propias operaciones y las de sus contratistas, es responsable de cerca de la décima parte de la producción económica brasileña.
Padecen los contratistas
Ante las investigaciones policiacas, llamadas Operación Lavado de Autos, en las que se puso al descubierto que los proveedores y contratistas de Petrobras habían sobornado a ejecutivos de la empresa a cambio de contratos inflados, la compañía ha suspendido el pago en numerosas obras. También ha prohibido nuevos contratos con algunas de las empresas de ingeniería y servicios petroleros más grandes del país.
La reducción en el gasto de la compañía probablemente recortará 0.75 por ciento del crecimiento económico del país este año, advirtió Pessoa, suficiente para desequilibrar levemente una economía lenta que está padeciendo una recesión ligera.
Las medidas de la compañía también están amenazando el renglón de ganancias de los contratistas, que resultan afectados por partida doble: su flujo de caja se ha desplomado y la crisis significa que no pueden pedir prestado para salir del apuro.
El sector financiero
Los problemas de Petrobras también se están extendiendo a los mercados de capital de Brasil.
Debido a la incertidumbre respecto de cuánto tendrá que rebajar el valor de algunos bienes debido a la corrupción, el auditor de Petrobras, PricewaterhouseCooper, se negó a firmar su declaración de ingresos trimestral.
Sin esta declaración certificada, Petrobras, que tiene una deuda neta de 110 mil millones de dólares, no puede recurrir al mercado mundial de bonos.
Ya que Petrobras se consideraba la más estable de todas las compañías, sus bonos tradicionalmente servían de referencia para todas las empresas brasileñas.
Sin esa referencia, otras compañías de Brasil ni siquiera están tratando de recurrir al mercado de bonos.
El año pasado, las empresas brasileñas vendieron 37 mil millones de dólares en bonos globales, según Dealogic. Desde noviembre de 2014, cuando Petrobras no pudo producir una declaración de ingresos certificada, no ha llegado al mercado ni una sola emisión de bonos de corporaciones brasileñas. Enero suele ser un buen mes para que las empresas de Brasil vendan sus bonos. En enero de 2014 vendieron bonos por un total de 6,500 millones de dólares.
“Hay algunas cuantas compañías con finanzas sólidas que podrían seguir vendiendo bonos, pero como tendrían que pagar más que antes, mejor se mantienen al margen. Y hay otras empresas que necesitan recaudar dinero ahora mismo y que no pueden”, observa Marcel Kussaba, director de investigación de títulos y deuda de la administradora de bienes brasileña Quantitas.
Quiebras en cascada
Un contratista de Petrobras, Alumini, ya pidió la protección del tribunal de bancarrotas, alegando que Petrobras le adeuda 1,200 millones de reales, equivalentes a 420 millones de dólares.
OAS, la quinta empresa de ingeniería más grande del país e importante contratista de Petrobras, ha fallado en el pago de sus bonos y está tratando de negociar con sus acreedores para evitar la bancarrota. OAS tiene una deuda por 7,900 millones de reales (2,800 millones de dólares), de los cuales cerca de 1,800 millones son en bonos, muchos de ellos en manos de inversionistas extranjeros.
Se dice que la compañía perforadora Sete Brasil está negociando con bancos estatales para conseguir 4,500 millones de dólares y mantenerse a flote.
Pero, dado que algunos ejecutivos actuales y pasados de Sete Brasil, así como de OAS y de Alumini, están siendo investigados, acusados de canalizar dinero de contratos inflados a políticos y ejecutivos de Petrobras, ese crédito podría no concretarse.
Sete Brasil les debe 4,300 millones de dólares a los bancos. Además, hay tres bancos entre los propietarios de la empresa. Uno de ellos es BTG Pactual, que tiene la participación más grande, de 27 por ciento. Los propietarios de la empresa invirtieron 3,000 millones de dólares adicionales. Pero, ya que tales inversiones suelen ser a través de instrumentos que implican a coinversionistas, la exposición de esos bancos podría ser menor.
Si Sete Brasil quiebra, las compañías contratadas para construir sus plataformas también padecerían.
Pueden esperarse problemas similares en los sectores de la construcción y de la energía conforme los contratistas de Petrobras –muchos de ellos son compañías gigantescas– reducen el gasto, y aun si evitan la bancarrota. Otras empresas tendrán que vender sus bienes para sobrevivir.
La banca
Y aunque los bancos de inversión podrían beneficiarse por asesorar en materia de fusiones y adquisiciones, otros bancos podrían salir dañados.
El Banco de Brasil, el más grande del país controlado por el Estado, tiene 11 por ciento de su cartera de préstamos en energía, construcción pesada y sectores relacionados, según un estudio del banco de inversión Brasil Plural. Al igual que otros bancos grandes, Banco de Brasil no está considerado en riesgo de quebrar pues tiene fuertes reservas y un flujo de ingresos diversificado, así como el apoyo implícito del gobierno. Pero algunos bancos pequeños son vulnerables.
Mencionando la desmesurada exposición del Banco Pine, un establecimiento mediano, a compañías de construcción, en enero Moody’s degradó su deuda a categoría de chatarra y la puso a revisión con miras a mayor degradación.
“No es de esperarse que quiebren bancos a causa de la Operación Lavado de Autos”, asegura Joao Augusto Salles, analista del sector financiero de la consultoría de inversiones Lopes Filho, en Río de Janeiro, “pero algunos tendrán que ser vendidos a los bancos grandes”.
El primer problema para Petrobras será calcular en cuánto rebajar el valor de sus bienes debido a la corrupción, a fin de poder conseguir una declaración de ingresos certificada. Si la empresa no logra hacerlo para junio, los dueños de 54,500 millones de dólares en bonos podrían exigir su pago inmediato.
La mayoría de los analistas aseguran que esa situación es improbable y que, incluso si ocurriera, no necesariamente significaría que la empresa suspendería el pago de sus bonos. Si hay una compañía brasileña demasiado grande para quebrar, ésa es Petrobras.
Fuente: Revista Caretas y www.dineroenimagen.com

La denuncia sobre supuestas irregularidades y una presunta deuda de 250 mil soles por parte de la Municipalidad de Lima por el diseño de un edificio inteligente y ecológico en el Centro de Lima, denominado ‘La Torre Verde’, amerita una investigación, dijo el regidor Hernán Núñez (Diálogo Vecinal).
Fue al señalar que desconocía que el edificio incluía terrazas, un dormitorio principal, un dormitorio de visita, una cocina, servicios higiénicos y una suite con jacuzzi.
¿Por qué se hizo de esa forma y vía la Caja Metropolitana?
Ese es un tema que sin duda debe investigarse, me sorprendió que se hable de un jacuzzi cuando la alcaldesa, hasta donde tengo entendido, no se iba a trasladar a esa infraestructura. [Se dijo en el reportaje] que iba a ser como una suite; el reportaje dice algo que, sin duda, no solo debe investigarse sino que deben aclararse los requerimientos que se hicieron para hacer esos estudios y esos planos”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
Villarán y Castro son los llamados a responder
El regidor por Diálogo Vecinal señaló que funcionalmente, la exalcaldesa Susana Villarán de la Puente y el ex gerente municipal José Miguel Castro, son quienes deben responder frente a los cuestionamientos que tiene el proyecto de inmueble que iba a albergar nuevas oficinas administrativas.
¿Administrativamente quién tiene que responder? ¿Es la exalcaldesa o José Miguel Castro?
La exalcaldesa Susana Villarán ha estado fuera, entiendo por un tema familiar. Creo que ha llegado a Lima, me imagino que se va a pronunciar en las próximas horas. Y también el señor José Miguel Castro, que tuvo una alta responsabilidad en el Caja Metropolitana; ellos son los que funcionalmente deberían responder y estoy seguro que lo van a aclarar”, concluyó.
Fuente: Ideeleradio.

Gestión mafiosa y pestilente
La gestión de Susana Villarán aprobó construir en noviembre de 2011 un edificio ecológico e inteligente en el Centro de Lima para lo cual contrató el servicio de diversas empresas en el rubro; pero no habiéndose iniciado los trabajos, ni haberse puesto la primera piedra, la Caja Metropolitana adeuda miles de dólares por los trabajos de diseño que se solicitó, tal como lo revela un informe periodístico del programa Cuarto Poder.
Fabiola Pasapera, abogada de la Caja Metropolitana de Lima, manifestó que el pasado 9 de febrero los funcionarios de esa entidad recibieron un oficio del Centro Universitario de Investigación en Arquitectura desde el punto de vista ecológico, informándoles de la entrega del primer lote de la “Torre verde de Lima”, donde se daba cuenta del diseño y las medidas, por lo que les exigían el pago por este servicio. La funcionaria indicó que recién se enteraban del hecho y fue una sorpresa para ellos.
Según detalla, la obra física demandará una inversión de 14 millones de dólares, mientras que los estudios previos a cargo de Abita, entidad italiana, Prisma ingenieros, así como la Universidad Nacional de Ingeniería, entre otros, cuestan más de un millón de soles, y que varios aún no se ha terminado de cancelar.
De acuerdo a documentos que presentó Pasapera, hasta el momento se ha pagado 750 mil soles, a pesar que aún no han terminado de entregar el expediente técnico y certificaciones de obras; sin embargo, dijo que no cancelarán los más de 300 mil soles porque “fue una obra que no fue dada a conocer en su momento y recién nos enteramos por unos documentos que nos llegan”.
Detalló que el proyecto comprendía construcciones adicionales para la alcaldesa Villarán, como un dormitorio principal, otro para visitas, una terraza, jacuzzi, entre otros.
“Esto no llega a cumplir los servicios porque hubo vacíos de alcance en información que era primordial y se tenía que ver la información”, dijo.
Al ser consultado el gerente de Abita, Fernando Recalde León, sobre la negativa de pago de la deuda por parte de la Caja Metropolitana, dijo desconocer el hecho.
Fuente: Radio Programas del Perú y www.centroabita.unifi.it

El dirigente etnocacerista Antauro Humala Tasso, sentenciado a 19 años de prisión por la toma de la comisaría de Andahuaylas (‘Andahuaylazo’) en enero de 2005, alegó que solo debería ser sentenciado en este caso por el delito de rebelión y no por el concurso de otras figuras delictivas como homicidio, secuestro, arrebato de armas y daños materiales.
[Antauro Humala presenta un nuevo hábeas corpus para salir de prisión]
Así lo manifestó al recordar los alcances de la denuncia de la Octava Fiscalía Superior Penal emitida el pasado 30 de diciembre que acusó al reservista Saúl Ramos Melo por el delito de rebelión y no por los otros delitos antes señalados.
La postura fiscal fue considera un avance por Carmen Huidobro,directora del equipo de asesores legales de Antauro Humala, quien purga condena en el penal Virgen de Lourdes de Chorrillos.
“Es la primera vez que el Ministerio Público acepta que el ‘Andahuaylazo’ configuró un solo y único delito: el de rebelión, dándole la razón al Poder Judicial que en el 2012 también tipificó ese delito para los reservistas”, afirmó en diálogo con Perú21.
“Espero que la Sala Penal Transitoria que preside César San Martín configure su sentencia como el delito único de sedición porque se levantaron en armas pues pedían el cambio del entonces presidente Alejandro Toledo por el del vicepresidente David Waisman, y no pedir que se venga abajo el gobierno”, añadió.
[Antauro Humala no devolverá los S/.70 mil que el Ejército le pagó]
Huidobro anunció que el próximo 18 de marzo la mencionada Sala Penal resolverá si es delito de sedición o rebelión.
También agregó que, en breve, el Tribunal Constitucional determinará la fecha de la vista de causa en donde se decidirá el hábeas corpus que presentó Antauro Humala.
“Esperamos que se declare la aplicación del principio de igualdad ante la ley y que Antauro Humala solo sea sentenciado por el delito de rebelión”, dijo la letrada.
“Si el TC declarara fundado el hábeas corpus, la Corte Suprema tendría que emitir una sola sentencia contra Humala por rebelión y la pena se reduciría a menos años, lo que permitiría su pronta liberación debido a que está preso más de diez años. Con esto, yo estimo que Antauro Humala podría salir en mayo”,puntualizó.
PAPELITO MANDA
Según el documento 3086/2012 al que apela Antauro Humala, se acusa al reservista Saúl Ramos Melo solo por el delito de rebelión.
“Si bien es cierto de que dicho procesado ha participado en el delito de rebelión calificándose esta como delito fin, también ha realizado otros tipos penales, tales como el secuestro de los efectivos policiales y militares, la sustracción y arrebato de las armas que se encontraban en la comisaría de Andahuaylas y de los daños ocasionados en el interior de la comisaría como es la fractura de gabetas y mobiliarios para así obtener armas de fuego y que las mismas vienen a ser delitos medios que se subsumen al delito de rebelión, y como tal, dichos delitos no resultan ser independientes o autónomos debiendo reprimirse únicamente por el delito de rebelión”, señala el texto.
MAL PRECEDENTE
El congresista Carlos Bruce (Concertación Parlamentaria) lamentó la postura de la Fiscalía en el ‘Andahuaylazo’.
“Es un mal precedente para el Perú porque en cualquier momento otro grupo podría matar policías y salir bien librado.Los coautores deben ser procesados por separado porque de lo contrario se beneficiarán con menos años de cárcel. ¿Acaso la vida de los policías no vale nada?”, aseveró.
La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema resolvió que Antauro Humala siga cumpliendo la condena de 19 años de cárcel que le impuso la Sala Penal Permanente en el 2009 por el ‘Andahuaylazo’, asonada perpetrada en enero del 2005 y que dejó cuatro policías muertos.
Esto, luego que el líder etnocacerista solicitara al tribunal que preside el magistrado César San Martín la revisión de su condena, que se le absuelva del delito de homicidio simple y que se le juzgue únicamente por rebelión.
La resolución del supremo tribunal establece que no existe contradicción entre la mencionada sentencia y la que condenó a sus coprocesados por la asonada conocida como el ‘Andahuaylazo”.
la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema concluyó que subsiste la sentencia de 19 años de prisión contra Antauro Humala por los delitos de rebelión, homicidio simple, sustracción o arrebato de armas de fuego y daños agravados y secuestro agravado, en perjuicio del Estado y de un grupo de efectivos de la Policía Nacional.
La citada sala ordenó, además, que se devuelva el expediente al órgano jurisdiccional de origen y se archive definitivamente el cuaderno de revisión de condena.
Fuente: Diario Perú21.

El Gobierno peruano propuso al exministro de Justicia Francisco Eguiguren Praeli como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que promueve y protege estos derechos en el continente.
Con esta candidatura, el Poder Ejecutivo se propone contribuir a fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos, como parte de los esfuerzos del Perú por el desarrollo con inclusión social, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Asimismo, indicó, busca consolidar las condiciones prácticas que garanticen los derechos humanos.
Trayectoria
La trayectoria de Eguiguren como jurista y su profundo conocimiento en materia de derechos humanos merecieron su designación como el primer ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú, cargo que ejerció de julio a diciembre de 2011.
Además, según la Cancillería, su contribución académica y práctica a la promoción y al respeto de las garantías constitucionales judiciales, a los preceptos constitucionales y al fortalecimiento institucional democrático será un aporte vital para las labores de la citada comisión.
Fuente: Diario El Peruano.

AIDESEP desconoce consultas previas
Viceministra Patricia Balbuena rechaza cuestionamientos de Aidesep. Señala que para el Ejecutivo no hay consultas para entregar concesiones, pero para nativos sí.
Aidesep ha salido a cuestionar dos consultas previas en los lotes 195 y 169.
Creo que, en realidad, si bien es cierto que los procesos de consulta de los lotes 195 y 169 fueron los primeros y significaron un proceso de aprendizaje, no implica deslegitimarlos. Lo que me preocupa es que se plantee la idea de que estos procesos van a ser desconocidos, porque eso ya no es posible.
¿Sería desconocer un proceso y un acuerdo?
Cada proceso de consulta termina con acuerdos, que se convierten en vinculantes tanto para el Estado como para las organizaciones. No puede venir luego la organización que participó en el proceso de consulta y decir: ah, bueno, me he dado cuenta de que lo que hicimos allí no funcionó bien y lo desconozco. El proceso de consulta implica una serie de obligaciones tanto para la entidad que propone como para la organización que participa.
¿Aidesep les ha hecho saber estos cuestionamientos?
Sí, claro, nosotros hemos tenido reuniones entre Perupetro, Ministerio de Cultura y Aidesep.
Tuvimos reuniones hace meses, planteamos una reunión interna para escucharlos y ver cómo mejorábamos para los siguientes procesos.
¿Entonces cómo queda lo que ha manifestado ahora?
Queda como un balance para ver cómo se mejoran los siguientes procesos.
La Sociedad de Minería, Petróleo y Energía señalaba que están de acuerdo con la consulta previa, pero el gran problema es que no hay un padrón de comunidades.
Cada proceso tiene un ámbito de consulta. Se deben identificar las comunidades, las organizaciones que agrupan a estas. Hay un trabajo de reconocimiento de campo y tras hacer un informe técnico se establece a quiénes consultar.
Amnistía ha dicho en su último informe que en la consulta previa en el Perú había una falta de metodología clara y de coherencia en la adjudicación de concesiones a las industrias extractivas.
Hay una discusión alrededor de si las concesiones deben ser consultadas o no. Por ejemplo, en la concesión minera la posición de la sociedad civil es que sí debería ser consultada, pero la del Ejecutivo es que no.
¿Por qué?
Porque una concesión no implica que la empresa va a entrar de frente, sino que debe pasar por una serie de procesos, no hay una afectación directa a un derecho colectivo. La consulta previa no es solo porque hay una actividad extractiva sino la afectación de un derecho colectivo.
Fuente: Diario Gestión.

Por Doris Aguirre- Diario La República
El general en retiro Daniel Urresti Elera sostiene que cumplía funciones como jefe de la Sección de Inteligencia (S-2) en la Base Contrasubversiva de Castropampa, cuando efectivos de dicho cuartel asesinaron al reportero de “Caretas” Hugo Bustíos Saavedra el 24 de noviembre de 1988. También manifiesta que dicha actividad de S-2 la ejercía dentro de la instalación militar y que no participaba en operaciones contraterroristas. Sin embargo, durante las investigaciones judiciales del caso, se ha determinado que Urresti fue parte de patrullas militares que desplegaron acciones contra Sendero Luminoso. Además, se ha establecido que el inmediato superior de Urresti, el jefe de Castropampa, el comandante Víctor La Vera Hernández, le otorgó una excelente calificación que le valió el ascenso de grado. La Vera fue condenado por el homicidio de Hugo Bustíos.
URRESTI RECHAZA AMBAS IMPUTACIONES
Otro punto que ha quedado claro es que Urresti, como S-2, era parte del Estado Mayor de la Base Contrasubversiva de Castropampa. Es decir, era miembro de la estructura de poder y de la cadena de mando de donde emanaban las órdenes sobre los efectivos del cuartel que intervinieron en el crimen contra el corresponsal de “Caretas”. Ese es el fundamento de la denuncia del fiscal superior Luis Landa Burgos.
Urresti, otra vez, desestima la acusación.
Con voz propia
“¿Salió del cuartel de Castropampa el 24 de noviembre de 1988, el día en que mataron a Bustíos?“, le preguntamos.
“No salí para nada porque ese día Sendero Luminoso declaró ‘paro armado’. Ese día estuve en el cuartel”, respondió Urresti.
“¿Qué cargo tenía usted en el cuartel Castropampa?“, le indicamos.
“Era el S-2, el jefe de la Sección de Inteligencia”, dijo.
“¿Y cuál era  su labor específica?“, lo interrogamos.
“Realizaba informes de lo que pasaba en la zona y le daba cuenta a mi jefe, que era el comandante La Vera”, señaló.
“¿El comandante La Vera, condenado por el asesinato de Bustíos?“, le pedimos que precise.
“Sí, es él. El comandante es el que decide y coordina con el jefe de Operaciones (José Salinas Zuzunaga). El de Inteligencia no tiene injerencia. Solo informaba”, contestó.
“¿Estaba al tanto de lo que sucedía en la zona?“, le insistimos.
“No necesariamente. Estábamos en una zona de emergencia y no se podía salir. Yo solo realizaba mis informes con las versiones que recogía de los soldados que salían a patrullar. No es que tú sales  a  la calle a pasearte a la hora que te da la gana. Ponte en mi lugar, vivíamos en una zona donde Sendero Lumimoso atacaba a cada momento”, arguyó Urresti.
“Y como jefe de Inteligencia, ¿no sabía nada  del periodista Bustíos?“, le indicamos.
“Nada. Yo no sabía nada. Solo sé que era amigo y conocido del comandante Víctor La Vera Hernández”, apuntó.
Daniel Urresti, sin embargo, reconoció que era parte de la estructura de poder de la base de Castropampa.
DE PUÑO Y LETRA
“El cuartel de Castropampa estaba a cargo del comandante Víctor La Vera Hernández, quien era el jefe de comando. Su segundo era un mayor ejecutivo, pero que en ese momento (el día del crimen) salió de comisión en la selva de Ayacucho. Luego venía el Estado Mayor que estaba integrado de la siguiente manera: El S-1, de la Sección de Personal, y estaba a cargo de un capitán, cuyo apellido era (Manuel) Contreras Rodríguez. Era más antiguo que yo. El S-2 es la Sección de Inteligencia. Ese era yo”, explica Urresti mientras dibuja un organigrama en un cuaderno.
“Luego viene el S-3, la Sección de Instrucción y Operaciones, que estaba a cargo del mayor (José) Salinas Zuzunaga. El  S-4 era Logística, a cargo de un capitán de apelativo “Salomón, no recuerdo bien sus apellidos, pero era más antiguo que yo. Y el S-4 que era la Sección de Asuntos Civiles, que tiene que ver con la organización de las rondas campesinas. Esta sección la dirigía ‘Ojos de Gato’, como era conocido el capitán Amador Vidal Sanbento. También es más antiguo que yo. Teníamos el mismo grado, pero ellos eran más antiguos. Yo no podía mandar sobre ellos”, explica Urresti.
Precisamente, “Ojos de Gato” es quien acusa a Urresti de haber sido parte del plan de asesinato de Bustíos. Recuérdese que “Ojos de Gato” se encargaba de la organización de las rondas campesinas que apoyaban a las patrullas militares a combatir a los terroristas.  El jefe de Urresti, el comandante La Vera, le dio un buen puntaje a este justamente por haber sido parte de dichas patrullas.
VIGILANTE DE TORRES
“¿Cómo explica usted que en su foja de servicios se le adjudica una excelente calificación por haber patrullado, mientras que usted niega haber intervenido en operativos?”, le preguntamos.
“No es cierto. Yo no patrullaba. En esa época había dos tipos de patrullas: unas de combate –que eran planeadas por el jefe de operaciones para capturar a los terroristas–, y las otras se dedicaban a realizar un reconocimiento de la zona y cuidar las torres de alta tensión, y en este tipo de patrulla estábamos todos, porque éramos pocos”, alegó Urresti.
“Pero el juez penal de Huamanga, Bladimiro Chuquembalque, señala que a usted le dieron puntaje en su foja de servicios por haber participado en patrullas antiterroristas“, le indicamos.
“Yo no sé de qué foja de servicios me hablan. Yo desconozco eso. Toda mi foja de servicios  está en el expediente. Yo he dicho la verdad. No tengo una memoria de elefante. Todo eso lo inició el juez de Ayacucho para culparme de asesino. Además, eso de la foja de servicios no es relevante.  ¿Eso quiere decir que yo maté al periodista? En un principio me querían acusar de haber matado a Hugo Bustíos. Ahora han cambiado y dicen que soy el autor mediato. No sé realmente qué es lo que quieren”, afirma.
“El capitán Amador Vidal, ‘Ojos de Gato’, que lo acusa a usted del crimen, también era parte del Estado Mayor de la Base de Castropampa. ¿Cuál cree que es su motivación?“
“Pero, ¿qué es lo que dice ‘Ojos de Gato’ (Amador Vidal)?  Dice: ‘Yo no fui. Fue Urresti’. No dice: ‘Urresti me ayudó’, o ‘Urresti también participó’. Dice: ‘Urresti fue’. Eso es lo que dice Amador Vidal, condenado por el asesinato de Bustíos, y que hasta el día de hoy niega, a pesar de las pruebas y de los testigos. Ese señor es el que me acusa de un crimen por el que él ha sido condenado y ya estuvo preso por eso”, señala Daniel Urresti.
El exministro ironiza sobre la imputación de “Ojos de Gato”.
“O sea, después que lo sentenciaron por el crimen de Hugo Bustíos, declara que yo fui el asesino. Entonces, ¿el Poder Judicial se equivocó cuando lo condenó? No tiene sentido”, señala con cierta resignación.
URRESTI: “YO NADA TENÍA QUE VER”
¿Qué sabía usted de Hugo Bustíos?
Nada. Solo sabía que era amigo del comandante Víctor La Vera. Yo no lo conocí en vida, pero todos sabíamos que era amigo del jefe del cuartel de Castropampa. Cuando La Vera salía, decía: “Por si acaso, voy a estar en casa de Bustíos”. Y se iba con su seguridad. Ellos han sido amigos, eran patas.
¿Cómo se enteró de la muerte de Bustíos?
Por los periódicos.
Pero era un periodista, ¿no le pareció una muerte relevante?
Discúlpame, todos los días aparecían muertos. No me llamaba la atención. Ese día se declaró un paro armado. Solo salían las patrullas a cargo del jefe de operaciones. Yo nada tenía que ver. No tenía comando, no tenía injerencia. Sólo informaba, daba cuenta al comandante (Víctor La Vera Hernández) y él era quien decidía. ¿Usted cree que yo tenía mando en el cuartel? Yo era un capitán menos antiguo a cargo de Inteligencia. No tenía gente.
Bustíos no era un poblador más. Era muy conocido en Ayacucho.
¿Acaso yo soy policía? Esa no era mi labor en la base de Castropampa. La policía tenía que investigar el caso, yo no, nadie del Ejército. Se trata de un muerto. Los militares no investigan.
Sabino
Por Ángel Páez- Diario La República
Así funcionó la cadena de mando que concluyó con la muerte del periodista Hugo Bustíos Saavedra, según el fiscal superior Luis Landa Burgos. La autoridad considera que Daniel Urresti Elera, cuando ejerció la jefatura de la Sección de Inteligencia  (S-2) de la Base Contrasubversiva de Castropampa, informó a su inmediato superior, el comandante EP Víctor La Vera Hernández, que un terrorista conocido como “Sabino”, detenido en la instalación militar, manifestó que el reportero de la revista “Caretas” era un “colaborador” de Sendero Luminoso.
Con dicha información que supuestamente le suministró Urresti, el jefe de la base de Castropampa, el comandante La Vera, ordenó a sus subordinados, encabezados por el capitán EP Amador Vidal Sanbento, “Ojos de Gato”, que mataran al periodista Bustíos, el 24 de noviembre de 1988.
Por este hecho el fiscal Luis Landa acusa a Daniel Urresti como autor mediato del delito de asesinato con crueldad y por explosión en agravio de Hugo Bustíos, y en la modalidad de tentativa  de homicidio en agravio de Eduardo Rojas Arce, colega del reportero de “Caretas” que sobrevivió al atentado de los militares.
Entrevistado por este diario, Urresti rechazó la acusación del fiscal Landa, quien ha pedido 25 años de prisión para el ex ministro del Interior.
Daniel Urresti reconoce que formó parte del Estado Mayor de la base de Castropampa, en 1988, y que era parte de la cadena de mando que se iniciaba con el jefe del establecimiento militar, el comandante Víctor La Vera. Pero niega haber conocido a un senderista de apelativo “Sabino”, o a alguien que sindicara a Bustíos como colaborador del senderismo.
EL SENDERISTA “SABINO”
“En el hipotético caso de que yo hubiera entregado la información (al comandante La Vera), como señala el fiscal, ¿acaso yo pedí que lo mataran?  Yo no tenía decisión de mando. Tampoco tenía injerencia. La decisión la tomó el jefe (La Vera). Niego haber conocido en lo absoluto a ‘Sabino'”, dijo Urresti.
“En el mes de noviembre de 1988, en su calidad de miembro del Estado Mayor de la Base Contrasubversiva de Castropampa, con el cargo de S-2 Jefe de la Sección de Inteligencia y Contrainteligencia (Daniel Urresti), proporcionó información (que previamente obtuvo por referencia del delincuente terrorista ‘Sabino’) al jefe político-militar de Huanta, (el comandante) Víctor La Vera, en el sentido de que el periodista Hugo Bustíos era colaborador de la organización terrorista Sendero Luminoso y con esta información el mencionado jefe político-militar dispuso que sus subalternos dieran muerte al aludido periodista”, argumenta Landa.
“La acusación fiscal no tiene fundamento porque nunca informé que Hugo Bustíos era colaborador de Sendero Luminoso”, resaltó Urresti.
El fiscal acredita los testimonios de la esposa de Bustíos, Margarita Patiño; del colega del periodista, Eduardo Rojas; y del compañero de trabajo de la víctima, Abilio Arroyo, quienes testificaron que el reportero ayacuchano les confió que los militares de la base de Castropampa lo consideraban “terrorista” y que había un senderista llamado “Sabino” que lo había “echado” (delatado).
NI ANTES NI DESPUÉS
Horas antes del crimen, Bustíos conversó en la base de Castropampa con el comandante La Vera, quien le dijo que “Sabino” lo mencionó como “colaborador”, según el testimonio de la viuda Margarita Patiño. Para el fiscal, fue Urresti quien comunicó a La Vera del testimonio de “Sabino” porque su función era interrogar a los sospechosos.
“El terrorista ‘Sabino’ sindicó a Hugo Bustíos como colaborador de los senderistas, información que fue conocida por el procesado Daniel Urresti en su calidad de S-2 (…), quien a su vez la proporcionó al (comandante) Víctor La Vera, diseñando así el aniquilamiento del mencionado periodista”, precisa el fiscal superior Landa.
“Cómo puedo haber informado sobre Hugo Bustíos si ni siquiera tuve el honor de conocerlo. La acusación carece de sustento”, expresó Urresti.
El fiscal Luis Landa incluso sostiene que el ex ministro del Interior de alguna manera encubrió el asesinato con su silencio.
Refiriéndose a Urresti, el fiscal superior expresa en la acusación: “Cualquier autoridad responsable que conocía o debía tener conocimiento de los actos de violencia contra los derechos humanos perpetrados por sus subordinados y no tomara las medidas oportunas a su alcance para tratar de evitarlos, debe ser considerado como responsable por la comisión de Crímenes de Derecho Internacional”.
Landa anota: “(Urresti) tuvo conocimiento del ataque que iba a ser realizado por efectivos de su base militar en agravio de los periodistas Bustíos y Rojas, situación que no sólo estaba en la obligación de prevenir o impedir, sino también tenía el deber por mandato de la normatividad castrense de informar  (…) y buscar la sanción disciplinaria respectiva, lo que al no haber sucedido, trasluce que fue cometido (el crimen) con su aquiescencia”.
“Si yo no sabía del asesinato, si tampoco conocía a Bustíos, y mucho menos tenía mando sobre los autores de los hechos, ¿cómo podía impedir el crimen? El fiscal se equivoca.  Además, la investigación del asesinato correspondía a la policía, no al Ejército”, expresó Urresti.
Testimonio
El ex jefe de Castropampa, comandante Víctor La Vera, declaró que Daniel Urresti nunca le dio información que presentaba a Hugo Bustíos como “colaborador” del terrorismo.
No le cree
Para el fiscal, La Vera no es confiable porque hasta el día de hoy niega haber ordenado el asesinato de Bustíos, a pesar de haber sido condenado por el crimen.
Calificación
La Vera escribió en la foja de servicios de Urresti sobre el papel que cumplió en Castropampa: “Oficial encargado de la Sección de Inteligencia (…), habiéndose desempeñado eficientemente (…), con una capacidad profesional excepcional”.

Barman etiqueta azul
El ex fiscal del Caso Ecoteva Marco Cárdenas Ruiz respondió a los cuestionamientos que le hizo el ex presidente Alejandro Toledo, señalando que no tiene la autoridad moral para investigarlo por el presunto delito de lavado de activos. El magistrado del Ministerio Público recordó al líder de Perú Posible el Caso Zaraí.
“[Alejandro Toledo] se está viendo muy favorecido en la investigación. Hoy en sus declaraciones, lo primero que hace es insultarme diciendo que no tengo calidad moral, habría que recordarle quién no reconoció a su hija durante 15 años”, manifestó en declaraciones a Canal N.
Según explicó el fiscal de la Nación interino, Pablo Sánchez, Cárdenas fue retirado la Primera Fiscalía de Lavado de Activos, porque fue intervenido el último 16 de enero por la Policía Nacional cuando conducía por la avenida Salaverry en estado de ebriedad: 1,7% fue su índice alcohol en la sangre. Por este hecho se le abrió un proceso disciplinario el 28 de enero.
Al respecto, Cárdenas dijo que fue “una irresponsabilidad” y “un error” haber manejado su auto tras haber ingerido licor pero afirmó que la investigación que le abrieron por ello sigue su curso “en cuerdas separadas”.
El ex titular de la Primera Fiscalía de Lavado de Activos sostuvo que con su separación del cargo se está beneficiando al ex presidenteAlejandro Toledo y a su esposa, la ex primera dama Eliane Karp, porque el plazo para presentar acusación por el Caso Ecoteva vence el 26 de marzo.
Consideró “muy difícil” que el nuevo titular del caso pueda analizar y terminar el expediente en los pocos días que le queda.
“Todo me hace pensar que he representado muchas incomodidades para el ex presidente [Alejandro Toledo]. [Mi salida] me deja la sensación de que ha vencido el poder frente a la justicia”, acotó.
Fuente: Diario El Comercio.
Renuncias chacanas
Por Sebastián Ortiz Martínez- Diario El Comercio
“Pretenden enlodarnos para decir que todos somos iguales. ¡Qué no sean igualados! Yo tengo mi gente y me debo a ellos, yo les pido unidad, disciplina y lealtad”, sostuvo en un mitin realizado en setiembre el ex presidente Alejandro Toledo, entre eufórico y molesto, por la serie de cuestionamientos que pesan sobre sus más cercanos colaboradores y que amenazan la existencia de su partido.
A 20 años de su fundación, Perú Posible enfrenta su momento más difícil: su líder aún está involucrado en el Caso Ecoteva; su ex vocero parlamentario José León es investigado por sus nexos con un narco mexicano; y el legislador chacano Daniel Mora es acusado de invadir un terreno en Pucusana para construir su casa de playa. A todos, la dirigencia los blindó. Esto generó la renuncia del ex ministro Juan Sheput, quien se sumó a la larga lista de disidentes del peruposibilismo.
Mientras las figuras más coherentes y políticas de la chacana fueron prácticamente echadas, los cuestionados son respaldados. A continuación los que se fueron y los que se quedaron con Toledo:
EL ADIÓS DE SHEPUT
Quizás la renuncia de Sheput a Perú Posible era la más cantada de todas. Su ex compañero de partido Carlos Bruce incluso dice que se demoró en irse. A través de una carta dirigida a Toledo, el ex ministro dijo sentirse “distante de las decisiones que se vienen tomando en Perú Posible, razón por la cual, en lealtad a los valores y principios que guían mis acciones, decido marcharme”.
En su misiva, Sheput hizo notar la molestia que sentía por el blindaje de la dirigencia a sus miembros cuestionados: “Nuestro país y el régimen democrático requieren de partidos políticos sólidos, que alienten el debate y el cotejo de ideas y que no den cabida a militantes con prácticas incorrectas o ilegales que nos desvinculen de la confianza de la sociedad o que socaven con sus acciones nuestra débil institucionalidad”.
Al ex titular de Trabajo, la dirigencia de Luis Thais pretendía sacarlo por la puerta falsa, como hicieron hace tres años con Carlos Bruce. A Sheput ya le habían abierto proceso disciplinario por “infraterno”.
LA RENUNCIA DE TAIT
Luego de la polémica elección de la peruposibilista Pilar Freitas como defensora del Pueblo y de los seis magistrados del Tribunal Constitucional, en un proceso de selección conocido como ‘la repartija’, la congresista Cecilia Tait renunció a la bancada de Perú Posible y se alejó del partido, desde donde se impulsó la candidatura de la ex procuradora, cuestionada por su rol en la Fundación Canevaro y acusada de perseguir judicialmente al empresario Baruch Ivcher durante el fujimontesinismo.
En ese momento, la ‘zurda de oro’ dijo que su dimisión se debía a “discrepancias irreconciliables”. Incluso, meses después, Tait dijo que se sintió discriminada en la chacana “por ser negra”.
ECHARON A ‘TECHITO’ POR SALAR LA CAMPAÑA
El legislador Carlos Bruce recordó que el 28 de julio del 2011 se encontró con el ex presidente Toledo en la toma de mando de Ollanta Humala, lo saludó con un fraterno abrazo e incluso tuvieron una breve conversación. Al día siguiente, según dijo, se enteró por los medios de que había sido echado de Perú Posible. ¿La razón? Sus declaraciones, según la cúpula chacana, afectaron “el honor y prestigio” del partido y de sus dirigentes.
Y es que el ex ministro se opuso a que Toledo respalde la elección de Humala en segunda vuelta y que se forme una alianza en el Congreso con el nacionalismo.
A estos tres últimos casos, se deben sumar las salidas del ex vicepresidente David Waisman (2010) y del ex primer ministro Luis Solari (2004), quienes llegaron a ser secretarios generales del partido de la chacana.
LOS QUE SE QUEDAN
En la otra vereda encontramos a los dirigentes y congresistas que se quedaron al lado de Toledo. Sus fieles escuderos: José León Rivera, Rennán Espinoza, Daniel Mora y Luis Thais Díaz.
A León Rivera lo investiga la fiscalía por sus nexos con el narcotraficante mexicano Rodrigo Torres, alias ‘Lic’. Según la Policía Nacional, el extranjero es el dueño de los 6.7 toneladas de cocaína que incautaron en Huanchaco, Trujillo. Ahí ‘Lic’ y sus cómplices vivieron durante meses en una casa que el ex vocero de Perú Posible les alquilaba.
Otro de los blindados es Rennán Espinoza, sobre quien pesa una orden de captura emitida por Segundo Juzgado Penal Transitorio de Puente Piedra, a fin de que responda por presunto delito contra el patrimonio y usurpación agravada.
Resulta que el ex alcalde de Puente Piedra llenó ese distrito con propaganda electoral pagada por el municipio. Por ello, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo multó y le pidió retirar los afiches y carteles que colocó. Sin embargo, el ex burgomaestre puso nueva publicidad y el Poder Judicial intervino ante la acción de desacato.
El parlamentario también es procesado por una presunta usurpación de terrenos en el 2006, cuando era alcalde de Puente Piedra.
Y según reveló “Panorama”, Mora se posesionó de un área de 300 metros cuadrados en la playa Naplo (Pucusana) para construir su casa de playa. El ex ministro de Defensa se ha defendido diciendo que participó de un programa de adjudicación municipal. 

La millonaria financiación de Venezuela a Podemos
El Gobierno de Venezuela ha realizado millonarios pagos al número tres de la formación, Juan Carlos Monedero, quien ha recibido casi medio millón de euros desde Caracas. El caso ha colocado en la diana el tema de la financiación de Podemos, que habría recibido unos cinco millones de euros del gobierno bolivariano.
Por Yolanda Vaccaro- Diario El Comercio
Para criticar a los demás hay que estar muy seguro de que uno tiene el expediente bastante limpio. Algo que parece no haber sido contemplado por los líderes de Podemos, la formación política que desde hace unos meses arrasa en las encuestas. Enarbolando la bandera de la crítica a la corrupción y al mal gobierno, Podemos ha escalado hasta la cima de las preferencias de una ciudadanía agotada con escándalos de corrupción que duelen más en medio de una aguda crisis económica. Paradójicamente algunos de los más destacados dirigentes podemistas se ven envueltos desde hace varias semanas en una marea de acusaciones de manejos irregulares en sus métodos de financiación partidaria y personal. Primero se difundió que Pablo Iglesias, el número uno de la formación, había pagado con dinero negro a algunos contratistas que participaban en su programa de televisión “La Tuerka”. Cuando el dirigente aún no había convencido con sus medias explicaciones apareció un nuevo caso sobre supuestos pagos irregulares que ha eclipsado todo en el panorama.
Contra la ética y la estética
La prensa española lleva dos meses publicando pruebas de que Juan Carlos Monedero, número tres de la formación, ha venido recibiendo financiación del Gobierno Venezolano desde 2002. A su sueldo, de 48,528 euros al año, sumó al menos 370,000 euros en 2012 y 2013 por diferentes asesorías así como 425,00 euros por consultorías realizadas para Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia en la creación de una “moneda única latinoamericana”.
Además de lo antiestético y antiético del caso, considerando la evidente carencia democrática del régimen venezolano, Monedero está en el ojo del huracán porque recibió el dinero sin cumplir a cabalidad con sus obligaciones ante el fisco español. A todo ello se añade que Monedero y sus correligionarios proponen un gobierno en el que nadie podría ganar más de un monto determinado mucho más bajo que lo que el dirigente ha recibido desde Venezuela. Cínico es el adjetivo más suave con el que la prensa define estos días a Monedero. Un típico caso del cazador cazado.
El elegido de Hugo Chávez
La trayectoria bolivariana de Monedero comenzó en 2004. Esa es la fecha de inicio de recepción de pagos por parte del Gobierno Venezolano al Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), entidad propiedad de Monedero, según consta en el registro de fundaciones del ministerio de Cultura español. Los ingresos de dinero se efectuaron hasta 2012 y sumaron alrededor de cinco millones de dólares. El epicentro de la colaboración de Monedero con el gobierno venezolano a cambio de sustanciosas sumas de dinero tiene lugar en 2005, cuando el desaparecido presidente venezolano Hugo Chávez creó el Centro Internacional Miranda y contrató a Monedero como responsable de la formación de cuadros e ideología de esa cantera de jóvenes bolivarianos.
Profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) desde 1992, el político español conoció a Chávez en una visita oficial que este último realizó a España. Chávez fichó al profesor español en su afán de rodearse “de unos cuantos académicos para ufanarse de que su proyecto político tenía un sustento intelectual” cuenta Ivo Hernández, catedrático de la universidad de Münster. Fue entonces cuando Monedero propuso “un tratado disparatado que ahora nadie encuentra y que supuestamente sienta las bases para la creación de una moneda única latinoamericana, el sucre, con miras a socavar la hegemonía del dólar”, en palabras de Hernández.
Precisamente la difusión del pago por la consultoría para crear la citada “moneda única latinoamericana” es el tema que ha colocado a Monedero en el ojo de la tormenta. En enero pasado la prensa española reveló que el profesor había recibido la exorbitante suma de medio millón de dólares por esta cuando menos curiosa consultoría.
Intento de evasión fiscal
Junto a lo criticable del hecho de recibir un pago millonario de un cuestionado gobierno latinoamericano se conoció que Monedero había creado una empresa específicamente para recibir este pago con el fin de pagar menos impuestos. El acusado se defendió negando que hubiera irregularidad alguna pero no aportó pruebas al tiempo que se conocía que tras la difusión de la noticia, en enero pasado, se apresuró a realizar una declaración de hacienda complementaria a la que efectuó en su momento con lo que parece claro que su intención de evadir al fisco había quedado al descubierto. La UCM ha abierto una investigación al profesor ya que su contrato exige dedicación exclusiva y que, en caso de pagos por consultorías externas, estos sean efectuados a través de la propia universidad.
La oscura financiación de Podemos
El caso, asimismo, ha servido para poner sobre el tapete el tema de la financiación de Podemos. Desde sus inicios la formación ha presumido de no pedir préstamos a los bancos, entidades a las que tiene en su lista de grandes enemigos. En Venezuela un grupo de oposición, los Dirigentes del Comité de Organización Política Electoral Independiente presentó esta semana una denuncia.
En sus intentos de defensa Monedero dio a entender que el grueso del dinero recibido de Venezuela fue destinado a la financiación de Podemos pero la formación, a través de su página web, publicó esta semana que no ha recibido un euro del dirigente, una contradicción que evidencia que no todos dentro de Podemos están a gusto con la situación creada.
Así las cosas el gobernante Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español han pedido que se investigue la financiación de Podemos que, según su web, se nutre de aportaciones voluntarias de miles de españoles simpatizantes que suman casi un millón de euros, una especie de “crowdfunding” con demasiadas zonas oscuras.

Seis de los nueve aportantes de dinero que ayudaron a juntar el millón de soles para pagar la reparación civil que Waldo Ríos, electo presidente regional de Áncash, debía al Estado por recibir dinero de Vladimiro Montesinos para cambiarse de bancada, figuran en Infocorp con récord negativo.Se trata de Patricia Quezada Barrera, gerente de una empresa de transportes, quien donó 140 mil a pesar de que figura en Inforcop con una deuda de más de 35 mil soles.
También está la psicóloga Sabik Soriano Navarrete, quien aportó 220 mil soles a Ríos, pese a que debe 18 mil soles a un banco. Además, la arquitecta Iris Aldea Correa, quien dio S/181 mil, adeuda S/678 mil.
Igualmente, Christian Cárdenas Depaz, de 34 años, quien aportó S/128 mil 500, debe 8 mil soles a una entidad privada. Daniel Reynafarje Quiroz, gerente de una constructora y sobrino de Ríos, le regaló S/60 mil a su tío aunque tiene una deuda de S/179 mil. Finalmente, Javier Contreras Lara, apoderado en una ferretería, donó S/90 mil soles, pero debe S/345 mil.
“ES UN MILAGRO”
Waldo Ríos señaló que no saldrá de Lima hasta que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le entregue su credencial de presidente regional de Áncash. A través de la cuenta de Facebook ‘Waldo a la región’, calificó como “una victoria del pueblo ancashino” el hecho de que la Corte Suprema lo haya rehabilitado para ejercer el cargo para el que fue electo. 
La Procuraduría Anticorrupción verificará el origen del dinero que utilizó el electo presidente de Áncash, Waldo Ríos, para pagar la reparación civil de un millón de soles que le impuso el Poder Judicial.
Fuente: Diario Perú21.

Aportes a Waldo Ríos no son gratuitos

La inestabilidad política en Áncash sigue en agenda. Esta vez, el presidente regional encargado, Enrique Vargas Barrenechea, dejó en evidencia que anda enfrentado con su otrora correligionario Waldo Ríos, quien ya canceló el millón de soles de reparación civil que adeudaba al Estado desde el 2009. Con esto, en los próximos días Ríos podrá asumir la presidencia de este gobierno regional, y esa no parece ser tan buena noticia para algunos.
Uno de ellos parece ser el propio Vargas Barrenechea. Tras conocer que próximamente tendrá que dejar la presidencia regional, advirtió que el aporte hecho por un grupo de profesionales y empresarios para que Ríos pagara la reparación civil no es desinteresado.
“Nadie te ayuda gratis, tienes que darle a cambio algo. Si él [Ríos] entra a la región, qué cosa les va a ofrecer”, se preguntó en una rueda de prensa con medios de comunicación locales.
La actual autoridad dejó entrever que durante la gestión de Ríos se tendrá que pagar el ‘préstamo’ y aparentemente se hará con obras, puestos de trabajo u otros servicios para el gobierno regional. 
“Ya ustedes verán en el transcurso del tiempo cómo anda la región […] Yo desconozco quiénes son esas personas, posiblemente son empresarios que quieren entrar a trabajar a la región”, agregó Vargas. Además, exigió que se investiguen la procedencia del dinero y a los aportantes para saber de dónde y cómo han conseguido esos recursos. 
Fuente: Diario El Comercio.

Solo habrían prestado sus nombres

El millón de soles que nueve personas aportaron para pagar la reparación civil que Waldo Ríos, electo presidente regional de Áncash, debía al Estado por recibir dinero de Vladimiro Montesinos para cambiarse de bancada, no provendría del peculio de estas, sino de terceras personas.
Así lo afirmó Henry Aldea Correa, hermano de Iris Aldea Correa, una de las empresarias que aparece como donante del millón de soles.
“Los donantes solo habrían prestado sus nombres para dar visos de legalidad a una transacción que permita a Ríos gobernar y a los verdaderos dueños cobrarse el favor contratando con el gobierno regional sin quedar en evidencia”, dijo Aldea a Radio Santo Domingo de Chimbote.
Aldea también reveló que su hermana no es la dueña de los 181 mil soles donados a favor de Waldo Ríos y que ella permitió prestar su nombre. Precisó que, para darle apariencia de legalidad al proceso de bancarización y justificar la procedencia del dinero, se aprovechó una operación bancaria que ella realizó en el marco de sus actividades inmobiliarias.
Agregó que los verdaderos dueños del dinero serían empresarios chimbotanos.
“Es el adelanto de una coima disfrazada de donación. Los donantes son personas que han sido utilizadas (por terceros) para concretar el objetivo. Este pago para los que figuran no fue gratis”, recalcó.
Fuente: Diario Perú21.

El presidente Ollanta Humala sostuvo una reunión con los líderes de las principales fuerzas políticas del país, con el propósito de hacerles llegar alcances de las investigaciones y acciones por el reciente caso de presunto espionaje en perjuicio del Perú.
En el encuentro, que se desarrolló en Palacio de Gobierno, participaron Alan García Pérez (Partido Aprista Peruano), Alejandro Toledo (Perú Posible), Nadine Heredia (Partido Nacionalista) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).
También asistieron Luis Castañeda Lossio (Solidaridad Nacional), Fernando Andrade (Somos Perú) y Raúl Castro (Partido Popular Cristiano).
Acompañó al mandatario en la cita, la Jefa del Gabinete Ministerial, Ana Jara.
Por su parte, Pedro Pablo Kuczynski (Perú Más) y Mesías Guevara (Acción Popular) se disculparon por no poder participar en la reunión por encontrarse fuera del país; al igual que César Acuña (Alianza para el Progreso) por estar fuera de la capital.
Fuente: Agencia Andina de Noticias.