Como si no fuera suficiente el rosario de denuncias sobre su vinculación con el narcotraficante Rodrigo Torres (a) ‘Lic’, se conoció que José León –junto con el ex parlamentario nacionalista Édgard Reymundo– habría sido testigo del matrimonio civil del hijo de Delia Rebeca Poma Colonio, candidata a la Alcaldía Provincial de Satipo por el Movimiento Popular Bloque Regional Junín.
La información no llamaría la atención si no fuera porque Poma –según el analista en temas de narcotráfico, Jaime Antezana– es objeto de “un seguimiento por parte de miembros de Inteligencia de la Policía Nacional” por su supuesta vinculación con el tráfico de drogas y el lavado de activos.
En entrevista con Perú21, detalló que la ceremonia en cuestión tuvo lugar en julio pasado, y advirtió que la participación de León como testigo del mismo evidenciaría una “relación cercana” con Poma.
“La boda fue en un exclusivo local en Satipo”, prosiguió, tras observar que esa localidad es ruta obligada para la salida de cargamentos de droga.
Refirió que la aspirante edil forma parte de la agrupación que lidera Reymundo, y es sindicada como la responsable de la destitución, en mayo pasado, del coronel Jesús Rojas, jefe de la base antidrogas ‘Los Sinchis’ de Mazamari, en la región Junín, a quien se acusó de vender el rancho de los agentes designados a esa unidad.
El especialista indicó que Poma financiaba el club deportivo Alipio Ponce, integrado por miembros de la referida base policial, y habría “usado sus influencias al más alto nivel” para retirar al coronel Rojas de la zona cuando este decidió interrumpir la participación de los efectivos.
“Fue entonces cuando la Policía decidió hacerle un seguimiento a Poma”, subrayó Antezana.
PODEROSO CABALLERO
Quedó en suspenso el llamado de atención a Daniel Mora.
Resulta que el congresista de Perú Posible envió un oficio a la Comisión Nacional de Funcionamiento de Universidades (CONAFU) pidiendo que se autorice el funcionamiento de la universidad Sergio Bernales (siendo el principal impulsor de la nueva Ley Universitaria).
Fuente: Diario Perú21.

Correo tuvo acceso al registro contable que manejaban los cajeros de las empresas de Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo, ambos presos por lavado de dinero, y que fue entregado a las autoridades en formato Excel por el colaborador eficaz CELAV-010-2014 el 18 de diciembre de 2014.
Los documentos revelan la lista de sobornos que los hermanos pagaban, de manera directa e indirecta, a funcionarios públicos y particulares, como jueces, fiscales, policías, registradores públicos, secretarios de juzgado, secretarios de fiscalías, notarios, entre otros, para que los trámites, procesos judiciales, fiscales y policiales que ambos empezaban o que se iniciaban contra miembros de esta organización sean resueltos de manera favorable, de acuerdo con un informe de la Dirección Antidrogas (Dirandro) obtenido por Correo.
Los registros en Excel indican el nombre o el código de quien recibía el dinero, los montos que se entregaban tanto en soles como en dólares, los conceptos para qué y/o por qué se les entregaba el dinero, entre otros aspectos.
La investigación de este registro contable estuvo a cargo del grupo de inteligencia “Orión”, de la Dirandro, y fue el sustento para que la fiscal Marita Barreto Rivera ejecute el gran operativo realizado la semana pasada.
La contabilidad de Orellana, entregada por el colaborador CELAV-010-2014, fue cruzada con el testimonio de otros ocho testigos que traicionaron a los hermanos Orellana y se acogieron al beneficio de la colaboración eficaz.
LOS PAGOS 
Un caso escandaloso es el del exjuez de investigación preparatoria de Chimbote y actual magistrado superior del Distrito Judicial Lima Este, Juan Matta Paredes, quien recibió sobornos mensuales desde 2011 para que “manejara” las acciones de amparo y los hábeas corpus de Rodolfo Orellana en la Corte del Santa (Chimbote), según la Dirandro.
De acuerdo con la contabilidad de Orellana, el 27 de enero de 2011 le fueron entregados 1000 dólares por concepto de “pago a cuenta de comisión”. El 3 de febrero de 2012 se le depositaron 2680 soles por el ítem “pago a tercero-17va Fiscalía Provincial Penal de Lima. Caso Alberto Vargas”. El 8 de marzo de 2012 se le entregaron 3000 soles; el 31 de mayo del mismo año recibió 1500 dólares.
El 7 de agosto de 2012 obtuvo 2000 dólares para “un pago a tercero Caso Cesca”. Al día siguiente se le pagaron otros 3900 soles, esta vez por “el concepto pago a tercero Caso Rosalía Vargas (la pareja de Orellana)”. El 7 de setiembre del mismo año recibió 10,000 dólares y el 11 de setiembre otros 7500 soles por el concepto “pago a tercero-lavado más pago bono de 2500 dólares”. El 29 de octubre de 2012 recibió 15,000 dólares, el 25 de enero de 2013 otros 5000 dólares y el 21 de febrero de este año 8000 dólares por “pago a cuenta hábeas corpus Chimbote”. El 5 de marzo de 2013 recibió 25,800 soles. Ese mismo año, Orellana le entregó -a través de César Matta Paredes, hermano del juez- 25,000 dólares para que “solucione tres hábeas corpus que se tramitaban en Chimbote”, de acuerdo con el registro contable del clan.
El juez superior del Distrito Judicial Lima Este Juan Matta Paredes sigue libre y sin orden de detención preventiva debido a que el Poder Judicial alega que primero debe ser sometido a investigación por el Órgano de Control Interno.
El fiscal provincial Luis Guillermo Arellano Martínez, quien actualmente continúa laborando en el Ministerio Público, recibió 25,000 dólares por parte del abogado y excoordinador de las Fiscalías del Crimen Organizado Mateo Castañeda Segovia, por encargo de Rodolfo Orellana, para que se le archive la investigación por lavado de activos, de acuerdo con el registro contable de esta organización criminal entregado por el colaborador CELAV-010-2014.
El fiscal Arellano acudió en una ocasión, en el año 2012, a las propias oficinas de Orellana a notificarlo sobre el archivamiento de su caso. En el búnker de Guardia Civil recibió otros 25,000 dólares, según la contabilidad de la organización.
EL ABOGADO 
El excoordinador de las Fiscalías Contra el Crimen Organizado Mateo Castañeda Segovia recibió 50,000 dólares por sus “servicios” al haber contactado al fiscal Luis Arellano Martínez a fin de que este archivara la investigación de Rodolfo Orellana en el año 2012, de acuerdo con el cuadro de Excel que contiene los pagos efectuados por este clan.
Castañeda, según la Policía, también recibió de Orellana 25,000 dólares para sobornar al fiscal Arellano. El exfiscal Castañeda fue el abogado que patrocinó al alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, en el caso Comunicore.
Correo intentó comunicarse con él, pero los intentos fueron infructuosos.
El exmagistrado postuló en 2012 a una plaza de fiscal supremo. El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) lo dejó fuera de carrera, pero el Tribunal Constitucional (TC) ordenó que lo nombraran fiscal supremo en 2013. El año pasado, el TC dio marcha atrás y dejó sin efecto esta resolución.
Otro personaje que aparece en la contabilidad de Orellana es Segundo Jesús Vitery Rodríguez, procurador del Poder Judicial entre los años 2005 y 2012, y quien ya está en prisión por sus nexos con Rodolfo Orellana.
Vitery trabajó en el Estudio Orellana y recibió entre 10,000 y 30,000 dólares mensuales para direccionar los casos en favor del detenido abogado.
Según el registro contable de la organización, Vitery recibía dinero “para sí mismo y/o para entregar a otros funcionarios (jueces, fiscales, policías y otros) en beneficio de la organización liderada por los hermanos Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo.
EL EXASESOR 
Otro personaje que salta a la vista es Daniel Ramsay Romero, brazo derecho del fiscal José Peláez Bardales cuando este se desempeñaba como titular del Ministerio Público.
Ramsay es cofundador de la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras (Coopex), la financiera de Orellana acusada de fraude masivo. Contaba incluso con oficina propia dentro del local de Juez Justo, ubicado en la avenida Guardia Civil, en San Borja.
El documento revela que en setiembre de 2011 Ramsay recibió 10,000 dólares de esta red inmobiliaria. El ítem que figura en el cuadro en Excel es “Pago a cuenta Inm. La Floresta (Ferpo)”. Lo curioso es que dicho pago se realizó cuando él ya trabajaba en la Fiscalía de la Nación.
Fuente: Diario Correo.

Por Ángel Páez y María Elena Hidalgo- Diario La República
El médico aprista Hugo Díaz Lozano, socio del abogado Rodolfo Orellana Rengifo desde el año 2000, formó parte de la campaña presidencial de Alan García en el 2005 y 2006.
Como parte de su programa político para abaratar el costo de los medicamentos, García inauguró varios locales de las llamadas “Boticas del Pueblo”, un proyecto diseñado por Hugo Díaz Lozano, quien solía presentarse durante las inauguraciones proselitistas junto con el candidato.
Hugo Díaz Lozano es militante aprista de vieja data. Expresidente de la Federación Médica del Perú y ex decano del Colegio Médico del Perú, en 1995 postuló como candidato a congresista en las elecciones de 1995 por el Partido Aprista Peruano, el mismo año en que se lanzó a la presidencia Mercedes Cabanillas.
El congresista aprista Mauricio Mulder Bedoya reconoció el papel que cumplió el doctor Hugo Díaz Lozano en la campaña presidencial de García: “Es médico y pertenece al Apra, pero no es dirigente. Llevo años de no verlo y no es una persona activa en el partido que digamos. Efectivamente, en el 2006 estuvo alentando las Boticas del Pueblo porque es médico. No ha vuelto a participar de la siguiente campaña no sé ni qué será de su vida”.
LAZOS DE SANGRE
El 12 de julio del 2000, Hugo Díaz Lozano, Rodolfo Orellana Rengifo y su hermana Ludith Orellana Rengifo, fundaron la Asociación Pro Deudores de Bancos y Créditos Usurarios del Perú (Aprodeban), “para defender a sus asociados y evitar que sigan siendo víctimas de los intereses leoninos que cobran diversas instituciones bancarias, financieras y prestamistas usureros”. Aprodeban continuó con sus actividades, incluso cuando el médico Hugo Díaz Lozano estaba en campaña con Alan García.
Hugo Díaz Lozano es el progenitor de Hugo Díaz Lozano hijo, detenido el 24 de febrero del 2005 por su pertenencia a un grupo de narcotraficantes mexicanos, colombianos y peruanos. En el 2008, Hugo Díaz Lozano hijo falleció poco después que la Corte Suprema anulara su absolución y dispusiera nuevo juicio.
Así como Hugo Díaz Lozano padre, Rodolfo Orellana también postuló por el Apra. En el 2006, Orellana se lanzó como candidato a regidor en la lista del candidato aprista a la Alcaldía de Lima, el coronel PNP (r) Benedicto Jiménez Baca.
La relación del médico aprista Hugo Díaz Lozano con Rodolfo Orellana prosiguió. En el 2009, Orellana inició una relación amorosa con Ester Morales Schaus, la viuda del hijo del fundador de las “Boticas del Pueblo”, el doctor Hugo Díaz Lozano padre.
El médico aprista reapareció en el 2012 como directivo de la revista “Vox Populi”, de propiedad de Rodolfo Orellana, dedicada a atacar a políticos, abogados y periodistas. Entre los colaboradores que aparecen en el postón de la publicación están los nombres de la dirigente aprista Mercedes Cabanillas Bustamante, y el asesor del congresista aprista Javier Velásquez Quesquén, Rodolfo Reyna Salinas.
Para Mauricio Mulder, Hugo Díaz Lozano padre es un aprista sin mayor actividad, por lo tanto no afecta al PAP su vinculación con Orellana.
MULDER: “NINGÚN APRISTA CONOCE A ORELLANA”
El congresista Mauricio Mulder Bedoya manifestó que su partido lanzó como candidato a la alcaldía de Lima a Benedicto Jiménez, pero aclaró que el ex oficial de la Policía no era militante aprista. Y respecto a la relación entre Jiménez y Rodolfo Orellana, Mulder dijo que el primero debe ofrecer explicaciones, no el Apra.
Respecto de la postulación de Orellana como regidor de Lima por el Apra, Mulder indicó: “Orellana no es aprista. Puede haber tenido una inscripción, pero al parecer es ‘bamba’ porque ha quedado demostrado que al mismo tiempo se inscribió en el partido de Jaime Salinas. Yo nunca he visto a esta persona ni ningún aprista lo conoce”.

Por César Romero- Diario La República
La red de Rodolfo Orellana había copado la Superintendencia de Registros Públicos, sobre todo durante el gobierno aprista. Las piezas claves de esta infiltración serían, según testigos y colaboradores eficaces, el ex jefe de la SUNARP y el registrador público Pedro Raúl Guzmán Molina.
Hoy ambos están con orden de detención preventiva, a pedido de la fiscal especializada en lavado de activos, Marita Barreto. Guzmán Molina ya fue capturado en su departamento de la avenida Santa Rosa, en La Perla, Callao.
Álvaro Delgado no fue ubicado en su casa de la calle 3 número 172 de la urbanización Valle Hermoso, en Surco, y tampoco llegó a su trabajo habitual. La policía lo está buscando y se espera su próxima captura.
El ex superintendente de registros públicos dio diversos dispositivos internos que relajaron los controles, permitiendo que se inscriban los laudos arbitrales y otros documentos promovidos por la red Orellana.
En octubre del 2011, la congresista de Gana Perú Esther Saavedra Vela denunció diversas irregularidades cometidas por Delgado Scheelje en las sedes de Moyobamba, Chiclayo, Huancayo, Lima y otras localidades, en contratos publicitarios y supuestas obras sin las licitaciones correspondientes por más de US$26 millones.
En tanto, el nombre del registrador Guzmán Molina era recurrente en las inscripciones de la red Orellana. Él aparece en el registro realizado por Consorcio Gerencial SAC de un inmueble en San Borja despojado a Gilberto Orosco.
También aparece en los casos de la comunidad de trabajadores de la ex CPT (Cervatel), la plaza de toros “Sol y Sombra” de Giovanni Paredes, y la cochera del estadio de Alianza Lima, en La Victoria.
Las investigaciones determinaron que muchos expedientes de inscripción eran derivados a este registrador y, en otros casos, se le daban comisiones especiales o se les destacaba por días a atender prediales adicionales a su despacho. Tanto Álvaro Delgado como Guzmán Molina habrían recibido pagos por estos servicios especiales.
Provincias
En diversas ciudades del interior del país, la policía estaba buscando a otros colaboradores de la red Orellana, entre abogados, ex magistrados y árbitros de derecho.
Magistrados
Los jueces, fiscales y servidores que habrían recibido dinero de Rodolfo Orellana serán investigados tanto por la Fiscalía Suprema de Control Interno como por la OCMA, que definirán su situación.

Región Ucayali

Rosario Aronés C.- Diario El Popular
Cuatro jueces del Poder Judicial de la Región de Ucayali son buscados por la Policía Judicial, tras ser acusados por su estrecha relación con la organización criminal liderada por el abogado Rodolfo Orellana.
El Juzgado de Investigación Preparatoria ordenó la detención preliminar de los jueces de Atalaya, Luis Palomino Morales y Jorge Reátegui Pisco, de la provincia de Yarinacocha, Ricardo Castro Belapatiño y de la provincia de Campoverde, Wenceslao Portugal Serruchi.
Mientras que la fiscalía solicitó la prisión preventiva para el ex presidente de la Corte Superior de Ucayali, Francisco Boza Olivari.
NO PUEDEN SALIR
La fiscal de lavado de activos, Marita Barreto, formalizó la investigación preparatoria contra los jueces por los delitos de  lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Pidió el impedimento de salida del país y la prisión preventiva.
En conferencia de prensa con el fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde y los fiscales superiores Víctor Cubas y Jorge Chávez, la fiscal Barreto dijo que el 90% de la organización fue desbaratada, se recuperaron inmuebles, joyas y dinero por 100 millones de soles.
Al presidente del Poder Judicial de Ucayali se le acusa de designar jueces para que resolvieran las medidas cautelares a favor de la red criminal de Orellana. Ellos son: Palomino Morales quien anuló la orden de captura contra el ex dirigente de Alianza Lima y socio de “El Gordo”, Guillermo Alarcón, emitida por el 36 Juzgado Penal de Lima.
Reátegui Pisco ordenó a la fiscalía contra el Crimen Organizado excluir a Orellana de la investigación por el delito de lavado de activos. Wenceslao Portugal dispuso devolver un cargamento de oro por 10 millones inmovilizados por la Sunat. Este oro era de Pedro Pérez Miranda (a) Peter Ferrari.
15 DÍAS DETENIDOS
El ex juez supremo Robinson Gonzales Campos admitió ante la Comisión del Congreso que trabajó para Orellana.
Gonzales, su hija y la abogada Blanca Paredes fueron trasladados al Juzgado de Investigación Preparatoria para la audiencia de control de identidad y luego fueron llevados a la Dirandro donde permanecerán 15 días detenidos para ser investigados. Mientras que  la madrugada de ayer, la fiscal y la policía incautaron abundante documentación valiosa en su vivienda de Surco.

La comisión del Congreso que investiga la presunta influencia del narcotráfico en los partidos políticos recogió las declaraciones del gobernador regional de Amazonas, Gilmer Horna Corrales.
Dicha autoridad regional fue sindicada por el ex ministro del Interior Daniel Urresti, en octubre de 2014, como uno de los candidatos que postulaba y que tenía vinculaciones con el lavado de activos provenientes del narcotráfico.
Para el parlamentario fujimorista Julio Gagó, el testimonio de Horna no fue sincero. “La forma en que contesta y que no sabe absolutamente nada demuestra que Horna no está diciendo la verdad”, señaló. “También se le preguntó sobre las 12 requisitorias por tráfico ilícito de drogas que ha tenido. Una parte en Lambayeque, otras en Amazonas y en La Libertad. Sin embargo, Horna responde que nunca tuvo conocimiento de estas. Entonces, ¿cómo pudo andar por todo el Perú de esta forma?”, se preguntó.
“La única respuesta que encuentro es que ha tenido que sobornar a las autoridades. Y Horna insiste en que no sabía nada porque todos los expedientes han desaparecido. Qué casualidad”, sostuvo.
Gagó explicó que Horna tampoco pudo contestar a ciencia cierta sobre los gastos de S/.8 mil que realizó por campaña electoral y que presentó ante la ONPE y el JNE.
Para el fiscal Marco Cárdenas, que llevó el caso, Horna construyó en tres años grandes locales de su pollería, El Corralito, que “no se justifican con sus ingresos”.
Según el magistrado Marco Cárdenas, el caso de Gilmer Horna comenzó porque uno de sus hermanos, junto con el administrador de la pollería El Corralito, fue encontrado con plantaciones de amapola.
Fuente: Diario Perú21.

Por Óscar Libón- Diario Perú21.
La ONG Centro Global para el Desarrollo y la Democracia (CGDD), fundada y presidida por el ex mandatario Alejandro Toledo, recibió transferencias de dinero, entre los años 2009 y 2011, de la empresa brasileña Odebrecht –la cual obtuvo contratos estatales por más de S/.250 millones durante el régimen del mencionado ex gobernante–, según un documento de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al cual Perú21 tuvo acceso.
De acuerdo con la UIF, una de las cuentas corrientes en moneda extranjera de la referida ONG registró diferentes depósitos, en dólares y euros, “así como transferencias desde cuentas de terceros identificándose a Odebrecht Perú Ingeniería por US$71,536”.
Cabe anotar que esta información de inteligencia financiera fue elaborada por el organismo especializado como parte de las pesquisas iniciales sobre el caso de presunto lavado de dinero en las millonarias operaciones inmobiliarias realizadas por Eva Fernenbug, suegra de Toledo.
El ex presidente constituyó su ONG el 11 de agosto de 2006, apenas dos semanas después de que terminara su mandato gubernamental, el cual se inició en julio de 2001.
Aparte de las adjudicaciones conseguidas vía conformación de consorcios, es decir junto a otras compañías, los contratos con el Estado logrados por Odebrecht –durante el gobierno de Toledo– variaron de monto año a año. En 2002 la suma fue de S/.8’183,875 y en 2003 de S/.110’427,328.

• La directora ejecutiva del CGDD, Ana María Romero Lozada, dijo a Perú21 que los fondos de Odebrecht fueron colaboraciones para la realización de cinco eventos, desarrollados por la ONG del 2009 al 2011.

• La ex ministra de Toledo añadió que solicitó apoyo a la empresa vía cartas. “Todo es transparente y no hay nada ilegal”, expresó.

Lavado de dinero

Siempre se ha dicho que la riqueza material se obtiene con el trabajo personal y el esfuerzo que le pongas a las cosas. Claro, este es el camino correcto. Sin embargo, hay personas que están investigadas porque supuestamente habrían escogido vías más fáciles. Esta es la relación de investigados en el distrito judicial de Santa por lavado de activos que ha tomado la atención de la Procuraduría Especializada de Lavado de Activos (PELA) que dirige Julia Príncipe Trujillo. Varios de los casos tienen apelaciones pendientes y otros están en investigación.
LOS SAAVEDRA CARRIÓN
No hace mucho, en abril de este año, la titular de la Segunda Fiscalía Pena, Angélica Bayes, opinó mandar al archivo la investigación 205-2009 contra varios miembros de la familia Saavedra Carrión. Todo inicia cuando al chimbotano Jonhy Saavedra Carrión, la División de Lavado de Activos de la Dirandro –Apurimac, en abril de 2008, lo incluyó en una lista de investigados por un extraño ‘boom’ económico de Andahuylas, paso obligado para las mafias del narcotráfico que produce cocaína en los Valles de los ríos Apurimac y Ene (VRAE). Luego esto pasó a la fiscalía santeña. En el patrimonio de Jonhy Saavedra se halla la adquisición en el 2007 de una camioneta Suzuki ROA-310 por 12 mil dólares, una camioneta Pick Up PQQ-591 por 29 mil dólares y ser socio de la Constructora Orlando con capital de 15 mil dólares. Además de “préstamos preferenciales de la Caja Municipal del Santa otorgados por su familiar (hermano) Marco Saavedra Carrión, gerente de Créditos de dicha institución, por un total de 60,975 dólares y 218,800 dólares”. Teófilo Saavedra habría subvencionado la compra de las camionetas citadas y además habría entregado a su otro hijo, Marco Saavedra, 5,000 dólares para la adquisición del terreno donde construyeron el hostal El Cautivador, con una inversión de 220,000 dólares. A este último también le entregó 25,000 dólares, para que comprarse la camioneta PE-3720. Además, Teófilo Saavedra “realizó operaciones en la Caja Municipal del Santa por 408,450 dólares”. Además está el gerente de la Constructora Orlando SAC, Thor Montoya Díaz, quien también resultó ser gerente y accionista de Inversiones Pesqueras Thor EIRL y su dirección aparecía en las empresas Inversiones Pesqueras Orlando EIRL, Inversiones Pesqueras Rose EIRL e Inversiones y Negocios Jada EIRL. Para la policía él sería un “testaferro”, porque las empresas mencionadas “tienen como accionistas a jóvenes relacionados familiarmente que habrían realizado operaciones por un monto de US$ 11’161,082”. A pesar de todo esto, la perito contable Nimia Arroyo concluyó que todos los investigados no presentan desbalances patrimoniales.
LOS ‘COMANDOS’
La Segunda Fiscalía Penal desde el 3 de agosto de 2010 investiga al actual alcalde provincial del Santa, Luis Arroyo, su pareja Liz Camelia Acosta Cruzado. Se busca escudriñar sus relaciones comerciales con el oscuro exfuncionario del GRA, Dirsse Valverde Varas, y con el regidor Henry Torres Romero. En el caso 398-2010 se investiga cómo Dirsse Valverde Varas y su pareja Ruth Yuliana Alayo Herbias compraron departamento en el distrito Magdalena del Mar por 70,500 dólares, y un lujoso automóvil BMW. Para esto se conoció que Dirsse Valverde Varas y Luis Arroyo Rojas formaron la Empresa de Transportes Renato SAC en abril de 2005, con un capital de 1,000 soles. Además, la casa donde vive Arroyo, el lote 24, Mz., G’ de la urbanización Los Pinos, fue hipotecada y luego vendida a terceras personas, para terminar en manos de Arroyo y Acosta. A esto se suma que Liz Acosta tiene las partidas registrales N° 02003544 y 07033898 a su nombre.
LAS EMPRESAS S&J
Tal como ya lo publicó Correo, aún están pendiente el caso de los empresarios los hermanos, Edward Raúl y Rocío Edelmira Vergaray Galarza, las hermanas Sonia Concepción y Juana Eloisa Merino Verástegui (propietaria y gerente de Inversiones S&J, respectivamente); y Ricardo Edmundo Galarza Soto (trabajador de Inversiones S&J). El 25 de agosto a las 8 a.m. será la vista la causa de la apelación del archivo de la Procuraduría Nacional de Lavado de Activos, en la Sala Penal del Santa.
EL BROADCASTER
Un caso que sigue abierto es la investigación del empresario televisivo Jorge Luis Balbis Castro, en el Sétimo Juzgado Penal. Se investiga de dónde sacó el dinero para comprar los canales 15 y 27. En síntesis la investigación policial indica: “Ha aumentado su patrimonio de manera injustificada y sospechosa habiendo adquirido dos canales de televisión locales (15 y 27) que por su alta tecnología requieren de equipos costosos y que a decir del denunciante (Pedro Luis Del Águila Arrieta) estarían valorizados en 400,000 dólares…”. Además, Balbis es propietario del inmueble en el asentamiento humano UPIS San Luis II etapa, parcelas 12 y 14, Mz. M, lote 41 y del vehículo RE-2763 Balbis está procesado con comparecencia restringida, con expediente 02769-2010.
PREFIEREN QUE LOS INVESTIGUEN EN PIURA
Hasta el 16 de agosto de este año, el Primer Juzgado Penal Liquidador (expediente 742-2011) investigaba a los empresarios Cosme Castillo Sánchez, Jorge Antonio Mundaca Gayoso, Pavel Antonio Betancourt Mejía, José Mercedes Ramírez Periche y Elizabeth Zagal Muñoz. En la investigación fiscal estuvieron comprendidos también César Salazar Kou Ying y Víctor Raúl Vergaray Izaguirre (expropietario de la nave Linda Rocío). Los empresarios de Piura y Chimbote, en un periodo de 3 a 5 años, habrían incrementado su patrimonio de manera injustificada y sospechosa, adquiriendo acciones, bienes inmuebles con altos montos injustificables. Por ejemplo, indican las investigaciones, la adquisición de inmuebles por 90,000 dólares y compra de embarcaciones por 166,650 soles y otros. Ante todo esto, los investigados consiguieron que el Primer Juzgado Penal Liquidador les declare fundada la declinatoria de competencia, a fin que un juez penal de Piura los investigara.
LA EXALCALDESA
La exalcaldesa Victoria Espinoza García no se ha salvado de la investigación por lavado de activos en la Sexta Fiscalía Penal (caso 2010-60) e indicios no han faltado. Se investiga cómo la alcaldesa y su entorno familiar (Wuilmer Agapito Vásquez, Fernando Ronaldo Gonzales Vásquez, Olga Hoyos Espinoza, Shirley García Espinoza y Segundo Hoyos Regalado) adquirieron sus bienes. Par ello se presentaron los vehículos de Espinoza García: las camionetas PGB-673 Pick Up, Jeep ROY-570 y Jeep 2009 LIE-243. En 1996 adquirió el auto AE 7340 Toyota, cuando era regidora de la MPS. Los inmuebles: el lote 22 de Florida Baja por 15,000 soles; el lote 31 de la Mz. 19 de La Libertad, propiedad que tenía una hipoteca por 33,646 dólares y un embargo edil por 2,500 soles, deudas pagadas en el 2008. Además, su hija, Olga Hoyos Espinoza, compró la camioneta H1AQ-020 y el inmueble 437 del jirón Leoncio Prado por 90,000 soles; y cómo no olvidar el préstamo de 40,000 soles que obtuvo de la Caja Municipal del Santa, entidad para la cual trabajó.
OTROS EMPRESARIOS INVESTIGADOS
La lista de investigados es grande, están el propietarios de la empresa transporte Cruz del Norte, Edilberto Miranda, que incrementó su flota y sus inmuebles; la copropietaria de la clínica San Pedro, Giuliana Cavero; el entorno del tripulante de la embarcación “Fausaqui 1”, que pretendía sacar del país 250 kilos de clorhidrato de cocaína por un puerto de Piura, en mayo de 2009, Jorge Luis Olaya Campos; y los hermanos Casana Cárdenas, dueños de camiones frigoríficos. Todos investigados por la Segunda Fiscalía Mixta de Nuevo Chimbote.
El exalcalde Valentín Fernández también es investigado por lavado de activos en la Primera Fiscalía Mixta de Nuevo Chimbote por las mismas razones que la Fiscalía de la Nación ha decidido que se le denuncie por enriquecimiento ilícito.
Fuente: Diario Correo.
Un caso de conflicto de intereses en el sector pesquero se estaría produciendo en el Congreso al detectarse que el presidente de la Comisión de Producción, el fujimorista Freddy Sarmiento Betancourt, y el asesor principal de dicho grupo de trabajo, están relacionados con un empresario pesquero que se beneficiaría con los alcances del polémico Decreto Supremo 005, que concede beneficios a pescadores de anchoveta de menor escala. Cuarto poder denunció que Sarmiento habría recibido financiamiento del empresario Jorge Mundaca Gayoso durante la campaña electoral. Adicionalmente, el asesor principal de la comisión, Francisco Pasquel, aparece como “apoderado legal” del Consorcio Muza, de propiedad de Mundaca. El congresista Luis Iberico, miembro de la comisión, alertó de este conflicto de intereses porque ese grupo de trabajo debe evaluar en los próximos días los alcances del decreto emitido por el Ejecutivo.
Fuente: Diario Perú21.

En 2013, el empresario Sixtilio Dalmau acusó ante la fiscalía a Garry Guanilo, quien compartía la residencia de Crousillat con Gerald Oropeza, pero las autoridades nunca incursionaron en el inmueble que era propiedad del Estado.
Por Lupe Muñoz- Diario La República
El Ministerio Público y el Ministerio del Interior recibieron información en 2013 de que un grupo de usurpadores se había apropiado de la residencia que el Estado incautó a José Enrique Crousillat en La Planicie, La Molina.
Después de haber sido víctima de la invasión de sus terrenos y del robo de sus bienes en Cieneguilla, el empresario Sixtilio Dalmau León Velarde comunicó los hechos al asesor de la Alta Dirección del Ministerio del Interior, general PNP Abel Gamarra Malpartida, el 20 de febrero de 2013, cuando despachaba el ministro Wilfredo Pedraza.
Dalmau reportó que los invasores se llevaron colecciones de pinturas de alta cotización de José Sabogal, Enrique Camino Brent, Teodoro Núñez Ureta y David Herskovitz, entre otros, además de 1,072 cerámicas precolombinas Mochica y Chimú. 
Incluso el empresario aportó la dirección del lugar donde los delincuentes ocultaban algunos de los bienes hurtados: Barandarián 191, en La Planicie. Se trataba de la casa de Crousillat que supuestamente estaba bajo dominio del Estado. 
Sixtilio Dalmau, además, denunció a uno de los organizadores del robo: Garry Guanilo Dreyfus. 
Como publicó La República en el año 2007, el entonces gobernador de La Molina, el aprista Ángel Vera Niño, reconoció a Garry Guanilo Dreyfus y a Gerald Oropeza López –también militante aprista– como “posesionarios” de la casa que perteneció a Crousillat.
Esto significa que los traficantes de tierras y ladrones que desvalijaron a Sixtilio Dalmau se ocultaban en la vivienda donde también habitaba   Gerald Oropeza, hijo de los apristas Américo Oropeza y Pilar López.
Todo coincide
¿Cómo supo Sixtilio Dalmau que Garry Guanilo fue uno de los que ingresó en su predio junto a un centenar de invasores en Cieneguilla? Porque el 15 de enero de 2013, durante una inspección de la fiscal adjunta provincial de la Primera Fiscalía Mixta de La Molina-Cieneguilla, Milagros Yupari Capcha, se presentó Johnny Olivas Ovalle con el DNI de Garry Guanilo Dreyfus, a quien señaló como “propietario” del lugar. 
No tenía vergüenza
Olivas es un conocido usurpador de terrenos en la zona. En su cuenta de Facebook alardea de sus amistades políticas, como el ex congresista aprista Luis Gonzales Posada, quien, consultado por este diario, negó conocerlo y rechazó mantener algún vínculo amical con este.
Las denuncias no surtieron efecto. No intervinieron el inmueble señalado por el empresario Dalmau como el lugar donde se ocultaban los bienes que le habían robado en Cieneguilla.
“De haber actuado pudieron haber descubierto que en la casa de Crousillat, que supuestamente estaba en manos del Estado, vivían individuos como Gerald Oropeza López que estaban usurpando el lugar. Pero no hicieron nada”, declaró Dalmau.
Los hechos descritos revelan la gravedad de la decisión del ex gobernador aprista de La Molina Ángel Vera Niño de haber otorgado “derechos posesionarios” al traficante de tierras Garry Guanilo, y también a su compañero de partido, Gerald Oropeza. Guanilo y Oropeza eran usurpadores de un predio del Estado.
La versión que dio Vera a La República fue que no recordaba a ninguno de los dos. Un argumento poco convincente, puesto que Ángel Vera es residente de La Molina y dirigente aprista en el distrito hasta el día de hoy.
Al convertirse Gerald Oropeza en protagonista de las noticias por el ataque a su camioneta Porsche en el distrito de San Miguel, y revelarse que había consignado como dirección en su DNI la avenida Barandarián 191, en La Molina, el empresario Sixtilio Dalmau cayó en la cuenta de que se trataba de la residencia que él había denunciado en 2013 como refugio de traficantes de terrenos y de ladrones.
Nombres conocidos
Por esta razón, Dalmau se presentó ante la Cuarta Fiscalía Corporativa de Crimen Organizado como agraviado en las investigaciones que se le siguen a Gerald Oropeza López y su amigo Garry Guanilo Dreyfus.
De no haber ocurrido el incidente que puso al descubierto la identidad de Gerald Oropeza, este y su amigo Garry Guanilo seguirían habitando en la mansión de Crousillat en La Planicie. O probablemente podrían haber conseguido vender la propiedad.
En efecto, el empresario Silvio Vila Huanca reveló a la prensa que el abogado Freddy Saravia Paredes le ofreció en venta la residencia de Crousillat en La Planicie. Quien le había puesto precio el inmueble fue Garry Guanilo Dreyfus, quien vivía en el mismo lugar con Gerald Oropeza.
Resulta que el abogado Freddy Saravia, el hombre que ofreció vender el inmueble, trabaja en el estudio del dirigente aprista Miguel Villegas Guerra. 
Son demasiadas coincidencias
“Si en 2013 las autoridades acogían mis denuncias e ingresaban a la casa de la avenida Barandarián 191, habrían descubierto a Gerald Oropeza López y a sus amigos. Pero la inacción le permitió vivir en esa residencia desde 2007 hasta 2015 con absoluta impunidad y en compañía de personajes como Garry Guanilo Dreyfus”, afirmó Dalmau: “La fiscalía ni siquiera se animó a ingresar en la residencia. Es impresionante”.

Puerto del Callao

Por Edgar Mandujano- Revista CARETAS
El calor del verano era tan intenso que los trabajadores del terminal portuario del Callao sudaban a mares. Pero el joven Kennet Roger Lecaros Rodríguez (23), empleado de Super Security Sistems SAC, sudaba el doble porque trabajaba en un encargo peligroso pero bien remunerado.
No había aún transcurrido la primera hora del sábado 21 de febrero de este año. Lecaros estaba manejando la cámara de seguridad pero hizo un desvío sospechoso que permitió registrar y reconocer a dos personas extrañas que habían ingresado a los patios del terminal.
Esos mismos sujetos habían ingresado en el vehículo de placa V4V 905 que, según la Policía, eran los encargados de preñar el contenedor SUDU-777294 con 120 kilos de cocaína que transportaban en tres maletines de lona.
En el Callao hay mafias que se disputan la supremacía para tener el control total del primer puerto del primer país productor mundial de cocaína.
Ese día hubo otros detenidos pero el más singular fue el chofer Omar Augusto Velásquez Chumbiauca en cuyo celular se halló ¡Eureka! mensajes de textos, whatsapp y audios de Gerald Oropeza y Christian Valle Ibáñez, apodado Drácula.
En el golpe policial participó el fiscal de la Primera Fiscalía Provincial Especializada Antidrogas del Callao, Dr. Ronald Acostupa Huallmaparimachi, y un equipo policial de la Dirandro Callao. Ambos atestiguaron el decomiso de la droga.
Está en juego abultadas cantidades de dinero sucio en la lucha por el control total de los sindicatos de trabajadores portuarios a través de sus dirigentes, explican la guerrilla callejera entre bandos. Los de Gerald Oropeza López, Gerson Gálvez Calle, apodado Caracol, Róger Poémape Chávez, quien ha estado preso dos veces por tráfico ilícito de drogas, y Christian Valle Ibáñez, Drácula.
En el mundo del hampa se afirma que fue gente de Caracol la que recibió a Oropeza a balazos y con bombas incendiarias, cuando regresó de Cancún. Y, también, que su gente asesinó a Patrick Zapata Coletti, uno de los viajeros a Cancún, íntimo de Oropeza.
Experimentados policías de la Dirincri afirman que la respuesta de Oropeza ha sido el asesinato, de cinco balazos del Chino Saucedo, quien habría participado en la emboscada a la camioneta Porsche Cayenne.
El Chino Saucedo había bailado toda la noche con sus amigas Nadeska Widauski y Karla Salas en la discoteca Spa Longe Club, de Camino Real. El chofer del taxi que llevaba al Chino Saucedo, Jorge Escudero Canahua, y las chicas resultaron ilesos. El ataque fue en la cuadra uno de la calle Santa Luisa, San Isidro la madrugada del sábado 25.
Entre 2009 y 2011, Gerald Oropeza se convertía en amo y señor de oficinas vacías de ENAPU. Conocía hasta el último rincón del puerto. Y todo era posible porque su empresa de limpieza, Sergero SAC, estaba contratada para el aseo.
Exportar droga es una tarea portuaria especializada. Puede iniciarse formando una empresa dedicada a la exportación cuyo primer “punto contaminante”, o primer intento de camuflar la cocaína en un contenedor, se presenta en los almacenes del productor o dueño de la exportación. Para la tarea se contrata a una agencia de aduana o un operador logístico. Y nadie puede garantizar que alguna persona involucrada en la tarea, no aproveche el cargamento para “sazonar la carga con unos kilitos de cocaína”. Después de “preñar” el contenedor viene el sellado con un precinto de seguridad que funciona como un candado. Y, como tal, puede abrirse cortándolo con una hoja de sierra metálica o con cizalla. La identificación va pintada en la puerta y se rige por un código universal que indica a quién pertenece (agencia de aduana u operador logístico) país y tipo de mercancía que contiene para realizar las indicaciones para su transporte.
El primero en dar noticias sobre las diferentes formas como se envía la droga hacia Europa fue el marino retirado Jorge Pereda, integrante de una importante banda de narcotraficantes que fue desbaratada en Paita cuando iban a embarcar cuatro toneladas de cocaína para Letonia, en octubre de 2013. La droga estaba camuflada entre aletas y trozos de pota congelada contenida en 700 sacos de polietileno. También se hallaron 300 ladrillos de cocaína en polvo. (Caretas 2305 – La Red del Indultado)
Lo más interesante, por supuesto aparte de la cantidad de coca nunca antes denunciada, fue descubrir que uno de los miembros de la banda de Piura era el colombiano Edwin Valenzuela, uno de los 373 narcos cuyo indulto aprobó la Comisión de Gracias Presidenciales del gobierno de Alan García que dirigia Miguel Facundo Chinguel y por cuya responsabilidad está con detención preventiva en el penal Ancón II, mientras dura la investigación de la Fiscalía, que ha solicitado 17 años de cárcel.
Facundo Chinguel, está estrechamente vinculado a Gerald Oropeza y su madre Pilar López. Antes de que su padre fuese asesinado también era su asesor. El abogado Miguel Facundo Chinguel ha sido expulsado del Partido Aprista. 

El Caso ‘Narcoporsche’ y la sombra del tráfico de tierras

Por Elizabeth Salazar Vega– OjoPúblico.
La desconocida historia de Jhonny Olivas Ovalle, acusado por tráfico de tierras y otros actos violentos como presunto dirigente de construcción civil del Perú, y sus nexos con el peligroso entorno de Gerald Oropeza, dueño del Porsche acribillado a inicios de mes. Olivas funge de empresario y filántropo en la zona este de Lima. Sin embargo, la Dirincri investiga a este ex militar y agente de seguridad privado por sus vínculos con dos personajes involucrados en la ilegal posesión de la mansión Crousillat, que además habría sido utilizada como centro de operaciones del crimen organizado.
Jhonny Olivas Ovalle, un ex militar y agente de seguridad, lleva una doble vida. Viste saco y corbata mientras dirige una organización civil que ayuda a niños pobres, o cuando ejerce el papel de empresario y comparte abrazos con artistas y políticos apristas. Luego, al colgar el traje, se convierte en uno de los dirigentes más feroces de los gremios de construcción civil que hay en el país; un hombre denunciado por tráfico de tierras que no duda en ejercer la violencia para extender su poder en La Molina y Pachacamac, al este de Lima.
La historia de este personaje salió a la luz luego de que OjoPúblico descubriera que la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) indaga su relación con el entorno de Gerald Oropeza López ‘Tony Montana’, el presunto narcotraficante dueño del auto Porsche acribillado por sicarios en San Miguel. Estos nexos se remontan a enero del 2013 cuando el coleccionista de arte Sixtilio Dalmau denunció la invasión de su casa y terreno -ubicados en el kilómetro 15,200 de la carretera a Cieneguilla-, así como el posterior robo de 1,072 piezas de la cultura Mochica, otras obras valiosas y hasta documentos de una caja fuerte.
Durante las pesquisas del caso la Dirincri estableció que Olivas y el hoy reconocido operador de Oropeza, Garry Guanilo Dreyfus –posesionario ilegal de la lujosa mansión del empresario José Enrique Crousillat en La Molina- integraron la presunta banda de traficantes de tierras que hace dos años penetró a la casa del coleccionista Dalmau con armas de guerra, redujo al personal de vigilancia y se llevó los objetos cotizados en US$8 millones.
Jhonny Olivas Ovalle, vinculado al entorno de Gerald Oropeza, tiene hasta 30 investigaciones fiscales y policiales por tráfico de tierras, robo y lesiones graves.
El golpe –concluyó la Dirincri– se inició después de que Olivas Ovalle y el amigo del dueño del Porsche instalaran módulos de triplay dentro del terreno de Dalmau en Cieneguilla, para fingir la posesión del lugar. En el expediente del caso, Olivas (llamado ‘Ojo de Uva’) aparece como representante de Guanilo. El atraco estaba planificado de principio a fin. Tres semanas después del asalto, el 20 de febrero del 2013, Dalmau conoció que el millonario botín de piezas precolombinas se hallaba escondido en dos predios de Lima y que los maleantes responsables se reunían en una tercera vivienda de La Molina.
Aquel inmueble era la gigantesca mansión de Crousillat, el ex empresario que purgó cárcel por recibir dinero de Vladimiro Montesinos en los años ‘90, y que entonces era habitada por el llamado ‘narco’ del Porsche. En un correo remitido al entonces ministro del Interior Wilfredo Pedraza, el coleccionista Dalmau le advierte: “Informo a usted que las cabezas de la banda de delincuentes se reúnen en una casa ubicada dentro de La Planicie, en el distrito de La Molina: Barandearan 191 (sic). Esta es una casa incautada por lavado de activos [en realidad era por un caso de corrupción]”. Más correos con la misma pista fueron enviados a los policías que investigaban el caso.
Preguntamos a los efectivos de la Dirincri por qué no ahondaron en ese dato. Ellos respondieron que en aquellos días “la casa estaba vacía y el objetivo era recuperar las piezas”. Sin embargo, la policía no consiguió ni el 10% de lo robado. “El hallazgo de parte del botín (se encontraron más de 250 piezas) fue en una casa en Cieneguilla de la que yo di cuenta a la policía pero no siguieron investigando”, nos contó Dalmau. Peor aún, los nombres de Olivas y Guanilo se perdieron en una indagación fiscal que exculpó a varios de los invasores tras cambiarse la tipificación del delito. Hoy la investigación está estancada.
El prófugo Gerald Oropeza tiene orden de captura por lavado de dinero del narcotráfico.
Otro nexo desconocido entre Olivas Ovalle y ‘Tony Montana’ es el gobernador de La Molina, el aprista Ángel Vera Niño, quien entregó a este último y a Guanilo las garantías posesorias sobre la residencia de la Molina, en el 2007. El funcionario público eligió a Olivas -quien registra un récord de 30 denuncias en diversas fiscalías de Lima por robo, estafa, lesiones y usurpación- para el puesto de asesor en seguridad ciudadana y pandillaje pernicioso en este distrito. Lo hizo el 2008, cuatro meses después de que avaló la posesión de Oropeza.
En diálogo con OjoPúblico, el gobernador aprista confirmó que Olivas lo apoyó “en temas de prevención de pandillaje”, pero luego se enteró de sus antecedentes criminales y lo retiró. “Él se presentó y aceptamos su apoyo. No lo investigué previamente, no sabía en qué estaba envuelto hasta que la comisaría del sector me informó que usaba el carnet de la gobernación en temas de construcción civil. Ahí es donde lo boté”. Esos “temas” eran invasiones de terrenos que promovió, valiéndose del cargo, durante el 2008.
En aquellos días nadie conocía los contactos entre Olivas Ovalle y el peligroso entorno del ‘narco’ del Porsche.
UN ÍCONO: EL PADRINO
¿Pero a qué se dedica realmente Jhonny Olivas Ovalle? Fuentes de la Dirincri revelaron que este chalaco de 54 años es presidente de la ONG “Somos más que vencedores en Cristo Jesús”, con la que inscribió en el Ministerio de la Mujer una organización para la defensa del niño y adolescente llamada San Pablo. Además creó las asociaciones de vivienda “La Planicie de Manchay” y “El Haras” y fundó la inmobiliaria también llamada “El Haras”, en la localidad de Manchay (a 35 kilómetros de Lima). Sin embargo, al investigar su perfil financiero descubrimos que no registra capital, deudas o inversiones en el sistema bancario.
El mismo Olivas exhibe las organizaciones benéficas y compañías que dirige en la web www.corporacionolivas.com. Lo singular es que todas estas sociedades conducen a la misma dirección: el segundo piso de la calle Meteorólogos 111, en La Molina, una construcción precaria, de calaminas y triplay levantada sobre puestos de comercio de pisos parqué y balones de gas.
No solo eso, en paralelo a sus funciones como asesor de la Gobernación de La Molina, Olivas Ovalle fundó dos organizaciones que agrupan a trabajadores de construcción civil al este de Lima, de las cuales fue presidente hasta el 2014. “En realidad son falsos sindicatos asociados a las extorsiones”, advierte Luis Villanueva, secretario de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil. “Es un hombre muy temido en la zona este de Lima. Su negocio es el tráfico de tierras y los delincuentes que lo acompañan son ex obreros de construcción”, señalaron agentes de la División de Protección de Obras Civiles (Divproc).
El accionar de Olivas fue captado por las cámaras del programa Panorama hace tres años. En agosto del 2012, él y sus hombres fueron grabados dentro del grupo de delincuentes que persiguió a pedradas a una familia que denunciaba la invasión de su terreno de 15 mil m2 en La Molina. Allí se ve que el cómplice del ex ocupante de la mansión de Crousillat y su banda llegan al predio luego de una llamada telefónica de Antonio Chingay Salazar, líder de la toma ilegal y quien también aparece en la lista de denunciados por el coleccionista Dalmau.
Panorama filmó a Jhonny Olivas mientras participaba en la invasión ilegal de terrenos en La Molina en el 2012.
“Olivas y su banda tienen nexos en la policía, por eso siempre queda impune. Yo recibí correos anónimos donde me piden pagar una recompensa para evitar que saquen los cerámicos robados por el puerto del Callao; donde ahora sabemos que Oropeza tenía fuertes contactos”, dice Dalmau. OjoPúblico buscó a Olivas Ovalle en su dirección de La Molina, pero no lo encontramos. Además nos comunicamos a los teléfonos que tiene registrados en su propia web, pero tampoco lo ubicamos.
La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), consultada para este artículo, prefirió no hablar sobre Olivas. Pocos lo hacen, menos en los arenales de Manchay, la zona en donde opera el hombre que en redes sociales trastoca su reputación y se muestra como amigo de famosos. La foto que destaca en su Facebook es la que se tomó junto al popular boxeador Jonathan Maicelo, tras invitarlo a grabar un spot en favor de una de sus asociaciones civiles.
Olivas Ovalle posa sonriente junto al pugilista en su vivienda de Manchay. La casa está decorada por un mural gigante de El Padrino, capo de la mafia al que parece admirar, casi tanto como el prófugo Oropeza al Tony Montana de Caracortada.

Sexo, alcohol y desesperación

El 30 de abril de 1945. Fue un día como hoy, aunque hace exactamente 70 años, cuando Adolf Hitler y Eva Braun decidieron suicidarse en el búnker ubicado tras la Cancillería. O eso se cree ya que, desde entonces, la forma en la que dejaron este mundo continúa siendo un misterio. Sin embargo, si se recurre al informe elaborado por el NKVD (el servicio secreto soviético) para el mismísimo Stalin, se puede atisbar que dichas jornadas estuvieron lejos de ser heroicas para el «Führer».
Este, por el contrario, se hallaba absolutamente abatido, deliraba con frecuencia y tenía que convivir en su último refugio con las continuas borracheras de sus hombres y con soldados más preocupados de «echar una canita al aire» que de combatir.

Hitler deliraba y creía que Berlín sería liberada en pocas semanas

Corrían por entonces, como se suele decir, momentos muy desesperados para el nazismo. Los pomposos desfiles a paso de ganso formados por miles de soldados eran ya cosa del pasado. La gloria se había esfumado. En su sustitución tan solo quedaban entre 85,000 y 100,000 defensores de una ciudad –Berlín– que había pasado de ser la gloriosa capital de Hitler, a su último bastión contra el ejército soviético. La organización militar también se había venido abajo y, debido a la falta de hombres, en las calles se arremolinaban grupos heterogéneos de combatientes de la «Wehrmacht» (las fuerzas armadas alemanas), las SS (las tropas más cercanas al «Führer») y multitud de batallones de «Volkssturm» (unidades de milicianos armadas a toda prisa).

Los delirios de Hitler

Así de crudas andaban las cosas en el exterior mientras que, dentro del búnker, Hitler se escondía esperando la llegada de la muerte. En el recinto, los oficiales que aún le eran leales vieron como sus delirios se volvían cada vez más habituales. Uno de ellos se produjo el 27 de abrilcuando el líder nazi hizo llamar a Otto Günsche –oficial de las SS- y le ordenó que movilizara a sus 8.000 soldados para romper el cerco ruso que se cernía sobre la ciudad.
El subordinado no entendió la petición, pues ya le había hecho saber a su jefe que disponía sólo de 2,000 militares mal pertrechados. Aquello no pareció encajar bien en la desquiciada mente del alemán, quien, airado, salió de la sala gritando: «¡Guarde usted silencio! ¡Todos me están engañando! ¡Nadie me dice la verdad!». El miedo que sentía Hitler por ser atrapado también le llevó a cometer todo tipo de tropelías con la población civil. La primera de ellas fue incluir en las «Volkssturm» a ancianos y adolescentes de las Juventudes Hitlerianas. Para ello, tal y como señala el historiador Joachim Fest en su libro «El Hundimiento», el ministro de propaganda Joseph Goebbels hizo colgar en las puertas de todas las casas un escrito en el que se afirmaba que todos los hombres de entre 15 y 70 años estaban obligados a alistarse. «Quien se esconda cobardemente en los refugios antiaéreos, comparecerá ante un consejo de guerra y será condenado a muerte», rezaba el documento.
El «Führer» tampoco titubeó cuando ordenó a Helmuth Weidling (al mando de las defensas de Berlín) abrir las compuertas del río Spree con el objetivo de inundar los túneles del metro y que el enemigo no pudiese atacar a través de ellos. Aunque el método fue efectivo, Hitler se olvidó (a sabiendas) de los cientos de ciudadanos alemanes que se agolpaban en el subterráneo huyendo de las bombas. Tampoco le importó que se ahogaran cuando se lo recordaron.

La locura ante la muerte

Con todo, por aquel entonces las locuras no eran cometidas únicamente por Hitler, sino que –tanto en el búnker como fuera de él- la enajenación apareció también en los militares de menor edad, «La llegada del enemigo a la periferia hizo que los jóvenes soldados se desesperaran por perder la virginidad», explica Antony Beevor en su ensayo «Berlín. La caída: 1945». Una de las situaciones más esperpénticas se vivió en el centro de emisiones del Grossdeutscher Rundfunk donde, en palabras del autor, «durante la última semana de abril se extendió una ‘verdadera sensación de desmoronamiento’ que llevó a los empleados a beber desaforadamente y a fornicar de un modo indiscriminado».
Tampoco escaseaban en el búnker las continuas borracheras de aquellos que rodeaban al «Führer». Ya fuera por la celebración de un cumpleaños o de una boda, lo cierto es que, como señalan H. Eberle y M. Uhl en «El informe Hitler», cualquier excusa era buena para descorchar una botella de aguardiente y olvidar que las bombas rusas caían a cientos encima de ellos.
La situación era acompañada por un Hitler que, según declaró posteriormente Günsche, deambulaba apático y hablando casi constantemente de un suicidio que siempre retrasaba. «Hitler no tenía valentía ni para mirar hacia el exterior del búnker. Se aferró a las últimas horas que el destino aún le estaba otorgando, siempre atenazado por el miedo a que los rusos pudieran penetrar en su refugio», añaden el informe soviético. Así hasta que, el 30 de abril de 1945, decidió acabar con su vida y –según el NKVD- se disparó en la cabeza con una Walther del calibre 7.65 mm.
Fuente: Diario ABC de Madrid.

La historiadora e investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad (EIS), Catalina Siles, señaló que la demanda marítima boliviana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en contra de Chile “no solucionará el problema”, ya que esa decisión pasa por Perú.
En declaraciones al vespertino La segunda, Siles aseguró que aunque la demanda marítima tuviera éxito en La Haya y Chile negociara una salida al mar para Bolivia, la “última palabra la tiene Perú”.
La historiadora hace alusión al tratado de 1929 entre Perú y Chile que señala expresamente que el segundo país no puede ceder territorios que en el pasado hayan sido peruanos, como en el caso de la ciudad de Arica, en el extremo norte del país austral por donde eventualmente Bolivia podría tener un corredor hacia el Pacífico.
Catalina Siles lleva catorce años viviendo en Chile y es descendiente de tres expresidentes bolivianos, Hernando Siles, Luis Siles Salinas y Hernán Siles Suazo. Además es hija de la chilena María Valenzuela del Valle.
La historiadora se declara a favor de la demanda boliviana, pero admite que entiende “lo difícil que es ceder soberanía, ceder territorio no es un tema menor (para Chile)”.
Siles afirmó que “podrían en algún caso obligar a Chile a sentarse a la mesa, pero eso no garantiza el éxito de las negociaciones o incluso aunque hubiera éxito la última palabra la tiene Perú, y ahí es muy difícil la solución”, sentenció.
Fuente: Diario Correo.

A través de una declaración, la Cancillería fijó la posición del Gobierno de Chile tras darse por superado el denominado “caso espionaje” denunciado por Perú.
Conocida la alocución oficial del Presidente peruano Ollanta Humala en Lima, el ministerio de RREE emitió un texto donde expresa su “satisfacción” con “el acuerdo alcanzado entre los Gobiernos de Chile y del Perú que, luego de contactos al más alto nivel entre sus autoridades, les ha permitido superar la situación suscitada entre ambos países”.
Luego, la declaración pasa a explicar lo que son las “satisfacciones” a las que aludió el Mandatario peruano, señalando que “el Gobierno de Chile ha deplorado los hechos expuestos por el Gobierno del Perú, dado que ellos no tienen cabida en las relaciones bilaterales que interesa consolidar. Al mismo tiempo, se ha reiterado al Gobierno del Perú que el Gobierno de Chile no ha autorizado ni autorizará actos de espionaje fuera de su territorio y que no los tolerará en el propio”.
La declaración finaliza señalando que “el Gobierno de Chile ha reafirmado su interés de avanzar, con un criterio de reciprocidad, hacia un compromiso mutuo que excluya en el futuro hechos como los reportados y discutidos, y ha reiterado al Gobierno del Perú su voluntad de seguir avanzando en la construcción de una agenda bilateral de futuro que beneficie a ambos pueblos sobre bases de confianza, respeto recíprocos, e integración regional”.
Fuente: Diario La Nación de Chile.

Con 72 votos a favor, 10 en contra y 39 abstenciones, el Gabinete dirigido por el premier Pedro Cateriano ha recibido el voto de confianza, que establece el artículo 130 de la Constitución.
¿CÓMO VOTARON LAS BANCADAS?
En concreto, respaldaron al gabinete que lidera Pedro Cateriano los congresistas de Gana Perú (32), Perú Posible (9), Partido Popular Cristiano-Alianza para el Progreso-PPC-APP (6), Solidaridad Nacional (7), Concertación Parlamentaria (5), Acción Popular (6), Unión Regional (4) y los no agrupados (3).
En el otro extremo, marcaron rojo 7 parlamentarios de Dignidad y Democracia: Roberto Angulo, Justiniano Apaza, Claudia Coari, Natalie Condori, Juan Pari, Jorge Rimarrachín y Esther Saavedra y 3 del Frente Amplio: Verónica Mendoza, Manuel Dammert y Rosa Mavila.
Mientras que 32 fujimoristas se abstuvieron, junto con 3 colegas de Dignidad y Democracia: Jaime Delgado, Sergio Tejada y Amado Romero, 3 de Concertación Parlamentaria: Carlos Bruce, Gabriela Pérez del Solar y Renzo Reggiardo y 1 de Unión Regional: Wuilian Monterola.

De esta forma, Pedro Cateriano superó las votaciones de sus antecesores Ana Jara (55 a favor, 54 en contra y 9 abstenciones); René Cornejo (66 a favor, 52 en contra y 9 abstenciones) y Óscar Valdés (71 a favor y 34 abstenciones).
Un dato interesante es que asistieron a la sesión del lunes 121 congresistas y el promedio de participación de los parlamentarios en las votaciones de investidura de los seis anteriores jefes del gabinete fue de 116.
Fuente: Diario Perú21.

Pepe Julio

Se ha difundido un audio en el que se oye a José Julio Gutiérrez, opositor al proyecto minero, pedir dinero a cambio de levantar el paro.
Se trata de uno de los principales dirigentes antimineros, parte de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo y conocido por ser un radical opositor a Tía María, habiendo liderado manifestaciones y bloqueos e incluso llegó a ser detenido por la Policía. Fue acusado por Óscar González Rocha, el presidente de la empresa Southern Perú, encargada del proyecto, por dirigir prácticas de “terrorismo antiminero”.
Según González Rocha, se busca amedrentar a quienes no apoyen su “causa” de proteger al medio ambiente y los derechos de los agricultores. Sin embargo, se sabe de las relaciones de José Julio Gutiérrez con la política y el Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad, agrupación con la que Marco Arana pretende postular a la presidencia, y ahora el audio revelado demostraría que sus intereses están más lejos del medio ambiente y más cerca a las “lentejas”.
En el video subido a YouTube, se oye al dirigente negociar el levantamiento del paro a cambio de un millón y medio, no se sabe si de dólares o soles, por debajo de la mesa. Aparentemente, estaría tratando de llegar a un acuerdo para recibir dinero. “Las lentejas tienen que entregarse al contado. Yo les dije uno y medio y ellos me dijeron perfecto, cinco, cinco cinco”, se le oye decir.
“El acuerdo es sostenible definitivamente, Jaime se alejaría, Jesús se alejaría y Pepe Julio se alejaría y todo el apoyo ya lo conversé con la gente de Logística”, agrega. Los líderes antimineros que coinciden con los nombres de los que se habla serían Jaime de la Cruz Gallegos, el alcalde de Deán Valdivia, también acusado por González Rocha por azuzar a la población y Jesús Cornejo, presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo. Pepe Julio sería el propio interlocutor, José Julio Gutiérrez.
Fuente: www.altavoz.pe

Arequipa