El hábito del presidente mexicano de distorsionar la situación peruana probablemente tiene más que ver con su propia identidad.

En política existe amplio margen para el desacuerdo y la libre interpretación de los hechos. La expresión es especialmente cierta en lo que respecta a la política internacional, un espacio donde los actores parten de diferentes bagajes culturales, intereses y perspectivas. El respeto y la tolerancia son atributos indispensables para avanzar en este campo.
Nada de esto aplica, sin embargo, para distorsiones deliberadas de la realidad, narrativas malintencionadas o interferencias en procesos democráticos de países ajenos. Es decir, no aplica para todo lo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha venido empujando por meses en sus referencias al Perú.
De acuerdo con un análisis de la empresa mexicana SPIN-TCP, realizado a solicitud de este Diario, desde inicios de diciembre del año pasado hasta mediados de mayo, AMLO ha comentado en 184 ocasiones la crisis política peruana durante sus tradicionales discursos matutinos televisados. Durante estas intervenciones repite mentiras sobre el golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, sobre su detención y actual procesamiento penal, sobre la sucesión que le correspondió al gobierno de la presidenta Dina Boluarte, entre muchas otras.
Existe la posibilidad, vale aclarar, de que el mandatario mexicano realmente se crea sus propios embustes. No obstante, el nivel de ficción al que debe recurrir cada día para armar sus escenarios matutinos sugiere que lo más probable es que esté actuando con una malicia sistemática. ¿Por qué haría esto AMLO? ¿Por qué la distorsión de lo que sucede en el Perú se ha convertido en uno de sus comentarios predilectos?
La respuesta más corta y sensata es que, en cierto modo, AMLO se ve representado en Pedro Castillo. Han sido líderes de izquierda pero sin más norte real que el populismo, con tendencias autoritarias, llenos de bravatas y ataques regulares a los organismos independientes, recelosos de la prensa libre y dispuestos a atropellar lo que haga falta para capturar cuotas adicionales de poder. Ambos se sienten los únicos representantes del pueblo frente a las “élites”, y ambos respetan las instituciones solo en tanto funcionen a su favor. Más allá de criterios geopolíticos, a AMLO, pues, le cuesta romper con Castillo porque identifica en él sus propios rasgos, y –quizá a modo de autopreservación– prefiere construir una historia falsa de lo que sucede en el Perú antes que reconocerse públicamente en el espejo. Si tal hipótesis es cierta, el riesgo que enfrenta el sistema democrático mexicano no es menor.
En el ámbito nacional, además, el daño que puede hacer AMLO es real (aunque acotado). Por ejemplo, le presta legitimidad a una corriente de opinión local que insiste en la inocencia y restitución del golpista. Distrae también la política exterior del Gobierno Peruano y complica su trabajo con disposiciones caprichosas como rehusarse a transferir la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico. Sus recientes amenazas sobre un rompimiento de relaciones comerciales entre ambos países tienen más de tribuna que de contenido concreto, pero generan incertidumbre entre inversionistas sobre el futuro de las relaciones bilaterales.
Sin embargo, el tiempo se encarga de poner las cosas en su lugar. La comunidad internacional, en su gran mayoría, reconoce la gravedad del golpe de Estado y la sucesión constitucional de la presidenta Boluarte. El expresidente Castillo será procesado con todas las garantías legales que le corresponden, no solo por el golpe que perpetró, sino por el rosario de delitos previos que le imputa –con evidencia– la fiscalía. Y quienes repiten sinsentidos sobre estos asuntos por afinidad con algunos de sus protagonistas quedarán, necesariamente, del lado incorrecto de la historia.
Fuente: Editorial del Diario El Comercio.

Por Miguel Lagos- Diario EXPRESO.
México tiene problemas internos muy serios, en todos los rubros. Uno de ellos, el de la «mexicanización» de la criminalidad que desborda la violencia, hace referencia a la hegemonía de los cárteles de la droga que han condicionado perniciosamente en los últimos cuarenta años el sistema social y los subsistemas económico y político. ¿Qué motiva al izquierdista López Obrador a dedicarle tanta atención a los destinos políticos del boliviano Evo Morales y del peruano Pedro Castillo teniendo tantos problemas propios que resolver en su país?
El empoderamiento del narcotráfico no es culpa de AMLO por supuesto, pero desde que asumió el Gobierno ha tenido una «suavidad», una permisividad abierta, sin rubor y sospechosa con estas estructuras delictivas. «Abrazos y no balazos» con los violentos motivados económicamente, fue el eslogan de su política anticriminal. Mientras ello, va atacando con soberbia y humores autoritarios a todo disidente ciudadano y prodemocrático que se atreve a criticar su deslucida gestión.
AMLO no solo es funcional a la red de amenazas de la izquierda continental en el terreno político, también lo es de los operadores conectados -en diversa intensidad- como Evo Morales; un elemento desestabilizador en la región y tributario del castrismo chavista que controla Venezuela vía la unión cívico-militar conocida como el Cártel de los Soles.
Al ser declarado escudero de personajes como el narcocalero Evo (considerado así por diversas investigaciones fiscales, policiales y de seguridad internacionales), AMLO se termina enganchando indirectamente -y a su país- a esa red de amenazas de extrema izquierda con nodos en La Habana y Caracas quienes operan infiltradamente en Latinoamérica bajo una lógica delictiva y criminal del poder.
A fines de 2019 AMLO fue al rescate del expresidente boliviano cuyo fraude electoral fue pillado. Cierto es que con Evo también existen fuertes intereses sobre el gas natural, el litio, el uranio… que también dan forma a la geopolítica; pero la penetración de las economías ilegales como el narco han permeado los cálculos políticos expansivos. El colmo del narcoestado hoy en proceso de consolidación que es Bolivia se fue viendo cuando en 2012 Irán planteó adiestrar a las oficiales «fuerzas antidrogas» bolivianas; Irán un patrocinador del terrorismo internacional que tiene a Hezbollah en Sudamérica conectado a subterráneos actividades ilícitas para la obtención de financiamientos exportables (aquí debe recordarse que fue el expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad quien propuso, luego de la Cumbre OPEP de 2000 en Caracas, construir en «eje Irán-Venezuela-Bolivia» al cual podría incorporarse Ecuador; el régimen de Rafael Correa fue propicio en estos acercamientos.
Con Pedro Castillo en Perú, otro asociado del boliviano Morales, el presidente mexicano ha emprendido una defensa impertinente y agresiva, sin importar degradar las relaciones entre México y Perú, dos países neurálgicos de la petardeada Alianza del Pacífico. A AMLO le ha importado un comino el golpe de Estado del prosenderista.
¿Desconocen en México que luego del golpe del 7/D de 2022 diversos extremistas políticos relacionados con organizaciones criminales —incluyendo a los que operan en el VRAEM en torno al trasiego de drogas— emprendieron con violencia la defensa del vacado «presidente»? Imposible que las altas instancias gubernamentales, políticas y de inteligencia mexicanas no lo sepan.
El persistente ataque contra Perú —al que se ha sumado sincronizadamente el exguerrillero Petro desde Colombia— por parte del mandatario azteca está llamando la atención del mundo y puede fortalecer la hipótesis de que en este sospechoso juego hay, además de un marco político, un afán por recomponer caudillismos pronarcos como el de Evo y de funcionales como Castillo. Que AMLO sea permisivo o reacio a enfrentar a los carteles mexicanos (con fuertes tentáculos en los países productores de coca) se añade como un factor que los latinoamericanos en general deben recelar.
Medios serios como The Economist han descrito a AMLO como un peligro para la democracia y han criticado sus confusas y relajadas políticas anticriminales como la ‘amnistía’ para ciertos delincuentes».
«¿Por qué AMLO y su partido Morena simpatizan más con los narcos que con los ciudadanos que ejercen el derecho a disentir? El presidente de México ataca más a los ciudadanos que en el marco de la legalidad disienten de su gobierno, que a los narcotraficantes que imponen su ley. ¿Será que ve a unos como enemigos y a otros como aliados?», se preguntaba no sin razón la reconocida periodista mexicana Anabel Hernández en noviembre del año pasado (Deutsche Welle, 2022).

Libro desmitifica caso Lava Jato: Vela y Pérez «mecieron» a peruanos con investigación

Mientras los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela achican el agua, balde a balde, para que el bote del equipo especial siga a flote, desde Sao Paulo llega un torpedo directo a la popa. Se hundirán los procesos.
La reciente publicación de ‘Una Guerra contra el Brasil’ (Fohla de Sao Paulo 13/5/23), libro que es un testimonio personal de Emílio Odebrecht (78) sobre el Caso Lava Jato, augura que se derrumbarán el 90 % de los procesos del Equipo Especial liderado por el fiscal Rafael Vela, porque están sujetos a la corroboración de los testimonios de colaboración eficaz de los ejecutivos de Odebrecht en los futuros juicios orales en el Perú, porque el veterano constructor señala como política del conglomerado, la absoluta normalidad de los pagos no contabilizados de la famosa Caja 2.
“Desde la invención del capitalismo, es común que las empresas medianas o grandes se queden con al menos el 1 % de sus ingresos. No es seguro, pero lo es, y sirve para hacer frente a contingencias inesperadas”, afirma, y añade: “se utilizó para pagos a proveedores, principalmente en zonas de conflicto; pagos para el rescate de ejecutivos secuestrados, 11 en 30 años; remuneraciones extraordinarias a funcionarios por desempeño o actuaciones en circunstancias especiales, y donaciones a partidos políticos… todas las indagatorias relacionadas con ese ‘departamento de propinas’ a la Justicia Electoral es la prueba definitiva de que los delitos penales que el grupo de trabajo anunció haber descubierto simplemente no existían”.
El empresario lanza acusaciones al juez Sergio Moro (hoy senador) y al fiscal de Curitiba Deltan Dallagnol (diputado federal recientemente destituido) de montar una “fábrica de delaciones” y de “tortura psicológica” para lograr sentencias rápidas, además de calificar irresponsablemente como sobornos a las donaciones para campañas electorales, para allanar el camino de Jair Bolsonaro a la presidencia y del propio Moro al Ministerio de Justicia.
En el programa ‘Combutters’ que conduce Phillip Butters, el abogado Wilber Medina afirmó que no se necesita ser un oráculo para intuir que las expresiones del patriarca brasileño clausuran la ruta de las corroboraciones de los ejecutivos brasileños en los juicios orales ante las cortes peruanas. Chau, Lava Jato.
Nuevo papelón
La posición del número uno del holding Kieppe (que significa almohada en alemán), controladora de la megaempresa Odebrecht –ahora Novonor–, resulta devastadora para la pareja tempestad, Rafael Vela y José Domingo Pérez, que ya venían protagonizando papelón tras papelón con sus improvisadas acusaciones.
Dicho de otra manera, la declaración de Marcelo Odebrecht (y Jorge Barata) en el juicio oral contra Ollanta Humala para corroborar la declaración que entregó US$ 3 millones para la campaña del 2011 por orden de Lula y transmitida por el exministro de Hacienda Antonio Palocci (12/4/17), postergada en tres oportunidades (noviembre 2022, enero y abril del 2023) con la anuencia del Tercer Juzgado Penal que preside Nayko Coronado e integran los jueces Raúl Caballero y Max Vengoa, programada para el lunes 4 de septiembre, tiene visos de imposible. A este paso, solo subsistirían los juicios que se basan en coimas bancarizadas a funcionarios públicos a cambio de obras.
Como se conoce, la justicia brasileña ha conseguido que la jueza Coronado convierta la declaración de Marcelo Odebrecht en una carta rogatoria (pliego interrogatorio), inadmisible en cualquier corte del mundo, porque no permite la participación con repreguntas de los abogados de los inculpados. Todo indica que el juicio a Humala por aportes de campaña y lavado de dinero se derretirá con la llegada de la primavera.
Fuente: Diario EXPRESO.

Caso Dammert: telefonazos de embajador Valdés a funcionarios de EE.UU. fueron la comunicación ‘oficial’ de Chile para desmentir artículo de Interferencia

Cancillería afirmó a este medio que Juan Gabriel Valdés conversó con personeros del gobierno de Estados Unidos para conocer la situación de Lucía Dammert, lo que dio pie al desmentido del gobierno de Boric en septiembre de 2022. De ser así, se trataría de una filtración indebida de funcionarios de ese país en un caso a cargo de la fiscalía de Nueva York.

Por Camilo Solís- Interferencia.cl
El lunes 8 de mayo de 2023 se cumplió un plazo último y extraordinario que el Consejo para la Transparencia (CPLT) le dio a Cancillería para que diera a conocer los detalles y quiénes fueron los interlocutores de una supuesta comunicación oficial entre los gobiernos de Chile y Estados Unidos, sobre la base de la cual el Gobierno de Gabriel Boric (CS) emitió un comunicado para desmentir una publicación de Interferencia sobre Lucía Dammert.
Este último plazo fue concedido a Relaciones Exteriores luego de que este organismo se negara durante meses a dar a conocer dicha información en solicitudes de información vía Ley de Transparencia, e incluso en un amparo interpuesto y ganado por este medio ante el Consejo para la Transparencia (CPLT). Debido a esto, el 12 de mayo de este año, el CPLT ordenó finalmente un sumario en Cancillería que podría terminar con multas por faltas a la Ley de Transparencia.
Nueve días después de vencido el plazo final puesto por el CPLT, y cinco días después de emitida la resolución que ordena el sumario en Cancillería, la División de Atención Ciudadana y Transparencia de Cancillería hizo llegar a Interferencia un correo en el que adjunta una carta “vinculada a las respuestas otorgadas a usted por la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y al amparo” en cuestión.
En ella señala: “(…) informo a usted que el Embajador Juan Gabriel Valdés, sostuvo el día 20 de septiembre de 2022, conversaciones telefónicas con autoridades del Gobierno de Estados Unidos de América”.
La respuesta no señala su interlocutor estadounidense, argumentando que “reiteramos a usted que los asuntos oficiales tratados por vías verbales con funcionarios de otros Gobiernos u Organizaciones Internacionales se circunscriben al sigilo diplomático, considerándose además que los interlocutores de estas materias, en el ejercicio de sus funciones, recíprocamente, tienen una expectativa razonable de confidencialidad de sus identidades, salvo acuerdo en contrario”.
De esta forma, Juan Gabriel Valdés (PS), embajador de Chile en Estados Unidos, habría sostenido conversaciones telefónicas cuyo contenido se desconoce con funcionarios anónimos del Gobierno de Estados Unidos para que el Gobierno de Chile pudiera desmentir a un medio de comunicación chileno, en favor de una ex funcionaria, de quien se informó fue colaboradora del ex secretario de Seguridad de México, Genero García Luna, hoy condenado por narcotráfico en Estados Unidos.
En efecto, tal como revela la información entregada por Cancillería fuera de plazo, los contactos telefónicos se dieron el 20 de septiembre de 2022, es decir, cinco días después de que Lucía Dammert saliera de su función pública en el segundo piso de La Moneda. Esto, en medio de un reportaje de Interferencia en el que se informó que el FBI solicitó a Dammert declarar voluntariamente en el caso de su ex jefe.
Cabe señalar que el comunicado emitido por el gobierno de Gabriel Boric -que no estaba firmado por ningún funcionario ni repartición- señalaba que: “El Gobierno de Chile ha consultado al Gobierno de los Estados Unidos, por medios oficiales, respecto de la veracidad de los hechos descritos en la publicación del medio de comunicación Interferencia, del pasado 15 de septiembre”, y que “luego de recibir respuesta al mencionado requerimiento, el Gobierno de Chile confirma que dicha información es falsa y que Lucía Dammert no ha sido citada en ninguna investigación o proceso judicial llevado a cabo en EE.UU.”
De esta forma, la última comunicación enviada a Interferencia por Cancillería descarta que en efecto hubiera una comunicación por “medios oficiales”, al no existir un requerimiento formal escrito -dado el principio de escrituralidad de los actos públicos- y tampoco referido a un funcionario público y determinado.
Este medio consultó con dos profesionales expertos en derecho internacional, quienes solicitaron hablar fuera de micrófono. “No, no es una comunicación oficial, pero hacer unos llamados para enterarse de un acontecimiento en el Estado receptor [EE.UU.] puede ser defendido como parte de la función diplomática de un embajador, siempre que se haga a través de medios lícitos. Es distinto si el llamado es para influir. Pero, sin saber el contenido de lo conversado, eso no podría probarse”, mencionó a nuestro medio uno de estos profesionales.
“Lo que no puede hacer, según la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, es inmiscuirse en los asuntos internos del Estado receptor. Si es una llamada discreta que el embajador hace para informarse de determinados asuntos no necesariamente viola las reglas, pero donde sí podría haber una irregularidad es en el actuar del Gobierno en Santiago, que, a través de comunicaciones oficiales y públicamente intenta defender a una simple ciudadana. Esto eventualmente podría ser un intento de intervención en los asuntos internos de otro Estado”, señaló el mismo profesional, y agregó que “todos los países tienen que aplicar el principio de no intervención, y en este caso La Moneda influye a través de comunicados públicos”.
Otro abogado experta en derecho internacional mencionó que “es complejo el caso, pero lo primero que te puedo decir es que en términos de relaciones diplomáticas, cuando un Estado actúa lo hace como un solo ente en materias internacionales, independiente de quién haya sido el agente, es el Estado el que actúa. Entonces el uso que se le dio a esa comunicación intergubernamental también es parte de la actuación de un Estado”.
El experto agregó que “no conocemos el contenido de las conversaciones que tuvo además sobre un proceso que era llevado adelante por la Justicia y no el Gobierno de Estados Unidos, así que queda la duda de si hay una violación al principio de no intervención contenido en la Carta de las Naciones Unidas”, mencionó. “Que Lucía Dammert había dejado de ser funcionaria pública, de manera que sus actos ya no estaban cubiertos por la reserva que podría rodear esa función”, agregó.
Interferencia también conversó con José Ignacio Escobar, abogado y académico del departamento de derecho internacional de la Universidad Católica, quien además es experto en temas de libertad de expresión.
“Me parece que en todo este proceso hay varias irregularidades, pero el primer problema que aprecio es que es el propio Gobierno el que dice primero que obtuvo la información por fuentes oficiales y finalmente se trata de una conversación telefónica”, mencionó respecto del caso“.
En segundo lugar, aquí queda patente un conflicto entre la libertad de expresión, en su faz de acceso a información pública relevante, y el legítimo derecho de un diplomático a mantener cierta reserva respecto de sus fuentes. Sobre esto, puestos a elegir entre este sigilo diplomático que alega Cancillería o acceder a una resolución del Consejo para la Transparencia, no me queda mucha duda de que hay que preferir lo segundo”
“Básicamente, además, el sigilo tiene un sentido y necesidad. Por ejemplo, si hubiera comprometida la seguridad nacional de uno de los Estados, o un secreto militar en tiempos de guerra, es necesario elevar el sigilo a un nivel especial, pero este no es el caso. Esto se parece bastante a una consulta que se haría habitualmente en el marco de la cooperación internacional en materia penal. No tiene sentido el sigilo diplomático para materias que no lo justifican”, agrega Escobar.
Interferencia se comunicó telefónicamente con Juan Gabriel Valdés y también a través de Whatsapp desde el pasado martes 23 de mayo. Esto con el motivo de consultarle por más detalles respecto de esta comunicación que tuvo con el Gobierno de Estados Unidos, pero al cierre de esta edición, no contestó.
“Estimado Juan Gabriel el tema es el siguiente. Por Transparencia, Cancillería nos informó que el desmentido que emitió el Gobierno respecto del reportaje sobre Lucía Dammert realizado por Interferencia se basa en conversaciones telefónicas que habrías sostenido el 20 de septiembre con autoridades de Estados Unidos. En concreto me gustaría preguntarte cuáles fueron esas autoridades. Segundo, dado que se trataba de un juicio reservado en la corte de Brooklyn, cualquier información que te hubieran pasado al respecto ¿no sería un filtración indebida a un gobierno extranjero?“; fue la consulta precisa enviada al whatsapp de Valdés, la que fue dejada en vista y sin contestación.
Interferencia se comunicó también con el Consejo para la Transparencia desde donde confirmaron que el sumario sigue en curso, por lo cual “no podemos dar ningún tipo de declaración frente a una investigación que se está realizando”.
También esta redacción se comunicó con Cancillería, desde donde señalaron: “reiteramos que los asuntos oficiales, tratados por vías verbales con funcionarios de otros gobiernos u organizaciones internacionales, se circunscriben al sigilo y la práctica diplomática. Considerándose, además, que los interlocutores de estas materias, recíprocamente, tienen una expectativa de confidencialidad y/o reserva respecto de sus identidades. La ruptura de esta confianza, podría afectar gravemente las relaciones internacionales con un determinado país u organismo internacional. Esto está incluso en congruencia con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del año 1961”.

Es la obra maestra de José María Arguedas, una novela fundamental del siglo XX.
Publicada en 1958 y considerada la novela más importante de Arguedas, en Los ríos profundos se trata por primera vez en la literatura latinoamericana la figura del indio y sus problemas desde una perspectiva cercana y realista. Narra el paso a la edad adulta de un chico de catorce años que descubre las injusticias presentes en el mundo y elige su camino. El relato recorre la geografía del sur de Perú en un viaje itinerante que le lleva a él y a su padre en busca de una vida nueva. En Abancay ingresa en un internado donde pasa a formar parte de un microcosmos que refleja cómo es la sociedad peruana y cuáles son las normas que imperan, su crueldad y su violencia. Fuera del colegio, los conflictos sociales forzarán su toma de conciencia.
La Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, en su último Congreso de la Asociación celebrado en Sevilla (2019), acordaron la publicación de una edición de la obra Los ríos profundos de José María Arguedas, para rendir homenaje a uno de los más grandes representantes de la literatura en Perú.
El volumen estaba pensado para su presentación en la ciudad peruana de Arequipa en el IX Congreso Internacional de la Lengua Española, cuya celebración estaba programada para marzo de 2023 con el tema central «Lengua española, mestizaje e interculturalidad. Historia y futuro». Las circunstancias no permitieron mantener la sede del congreso, que en el último momento fue trasladada para las mismas fechas a Cádiz (España), donde se presentó esta edición.
La novela, considerada la obra maestra de Arguedas, inauguró, junto a Pedro Páramo, del mexicano Juan Rulfo, las bases del movimiento literario neoindigenista, caracterizado por la transculturalidad y el mestizaje. Desde este punto de vista, la obra de Arguedas integra el mundo indígena de manera natural, como realidad completa y compleja siempre presente, que desarrolla un punto de vista propio, y huye de mostrar exclusivamente el aspecto racial del indio, victimizado y marginal. Los personajes de Arguedas nos muestran su propia perspectiva, su particular visión del mundo.
Esta nueva edición de Los ríos profundos va acompañada de un conjunto de estudios monográficos y breves ensayos. Abre la serie un trabajo de Mario Vargas Llosa, premio nobel y académico de la Española y de la Peruana, que recorre la obra y la vida de Arguedas. El premio Cervantes y académico nicaragüense Sergio Ramírez desentraña los significados de la obra, sus personajes y su contexto. Partiendo de la faceta antropológica de Arguedas, el director de la Real Academia Española y presidente de la ASALE, Santiago Muñoz Machado, se centra en aspectos fundamentales del indigenismo y los derechos de los pueblos originarios. Cierran el volumen las colaboraciones de Marco Martos, Ricardo González Vigil, Alonso Cueto y Rodolfo Cerrón-Palomino, de la Academia Peruana de la Lengua, y de la profesora e investigadora titular en la Universidad Nacional Autónoma de México Françoise Perus.
EL AUTOR
José María Arguedas (Andahuaylas, Apurímac, 1911-Lima, 1969). Escritor, traductor, etnólogo y antropólogo peruano, es uno de los máximos exponentes de la literatura del país. Reconocido por su labor en favor de la identidad indígena desde la literatura y la investigación antropológica, es autor de novelas, libros de cuentos, poemarios y ensayos. Entre sus obras se encuentran las novelas Yawar fiesta, Diamantes y pedernales, Los ríos profundos, El Sexto, Todas las sangres y El zorro de arriba y el zorro de abajo, así como los libros de relatos Agua, La muerte de los Arango y Amor mundo.
Fuente: Real Academia Española.

Por Edgar Gamboa- Vigilante.pe
Documentos exclusivos e información de Inteligencia, demostrarían que el medio digital Wayka recibe dinero de organismos de cooperación técnica internacional, por lo que estaría obligado a declarar de manera transparente estos ingresos ante la APCI. ¿Lo hace? Además, estaría violando sus propios acuerdos de cooperación al haber albergado o albergar en su planilla a dos militantes del Movadef, el “brazo político” de Sendero Luminoso, como fue el caso de Roxana Loarte.
Desde sus inicios en 2014, entonces bajo el formato de periódico impreso de distribución gratuita, el “medio alternativo” WAYKA llamó la atención del público peruano por dar especial cobertura a temas como el enfoque de género, los conflictos sociales, la legalización del aborto y el matrimonio igualitario, entre otros. También lo fue su financiamiento, el cual se sospechaba podía provenir de Venezuela, Cuba, China y de otros gobiernos de izquierda.
Hoy, a casi una década de su creación, WAYKA , convertido en un medio digital alternativo, sería financiado por organismos internacionales de izquierda, que destinan fuertes sumas de dinero para la Asociación Latinoamericana de Desarrollo y Empoderamiento a Comunidades (Asociación LADECOM), la promotora de WAYKA y de todos sus productos digitales.
Un detalle a tener en cuenta, es que la Asociación LADECOM no se encuentra inscrita en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), por lo que resulta imposible conocer qué instituciones o personas (y cuánto dinero) aportan a su producto bandera: Wayka, el cual se ha ido alejando cada vez más del periodismo para enmarcarse en la propaganda política de izquierda.
Mecenas extranjeros
No obstante, este medio tuvo acceso a documentos exclusivos que revelarían una de las fuentes de dinero de WAYKA no declarada ante la APCI. Se trata de The Oxford Committe For Famine Relief (Oxfam, por sus siglas en inglés), importante confederación internacional formada por 19 organizaciones no gubernamentales (ONGs) que realizan labores humanitarias en 90 países.
Dos cartas, fechadas el 5 marzo de 2019 y 31 de enero del 2021, están dirigidas a la codirectora de WAYKA y directora de la Asociación LADECOM, Luciana Távara Bermejo. Ambas misivas se refieren a la entrega de dinero a través de donaciones, US$5 mil y US$6 mil 500 dólares, respectivamente, para realizar campañas mediáticas sobre temas tributarios y fiscales.
Según los propios lineamientos de Oxfam, explicados en la primera carta, la distribución de la donación debía ser la siguiente: US$2000 por costo personal, US$1500 por consultorías, US$250 por viáticos, US$750 por publicidad y promoción, y US$500 por gastos administrativos generales. Todo ello, debía reportarse detalladamente en un informe financiero final.
Asimismo, Oxfam precisa algunas condiciones y compromisos que la Asociación LADECOM debe cumplir para cerrar el convenio, los más resaltantes están orientados a no apoyar a organizaciones ni personas consideras proscritas y/o terroristas por el gobierno de los Estados Unidos, país de donde provienen los fondos grant, es decir, fondos federales que son canalizados a través Oxfam. Y es aquí donde radicaría el problema de WAYKA .
Reporte de la existencia de grupos terroristas al Congreso de los Estados Unidos.
Violan leyes internacionales
Fuentes de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), informaron que el apoyo económico de Oxfam a la Asociación LADECOM, y por ende a WAYKA , es constante desde hace varios años. ¿Qué pasaría, entonces, si WAYKA tuviera en su planilla a personas vinculadas e incluso militantes activos de organizaciones terroristas?
Eso fue lo que hace unas semanas denunció un reportaje del programa Contracorriente en el que se identificó a una de las editoras de WAYKA , Roxana Loarte Villalobos, como militante y fundadora del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), el brazo político de la organización terrorista Sendero Luminoso (SL).
Incluso, se señaló que Roxana Loarte intentó postular al Congreso en el año 2016, en la lista por Lima del Frente de Unidad y Defensa del Pueblo Peruano (Fudepp), otro organismo generado de Sendero Luminoso que trató de llevar a la política el aterrador “pensamiento Gonzalo”, aquella ideología criminal que tantas vidas cobró en las décadas de 1980 y 1990.
WAYKA, en ningún momento negó esta información, y aunque no dio declaraciones sobre el tema, sí publicó un comunicado en el que reconoció que no una, sino dos de sus periodistas, tuvieron militancia en el Movadef, aunque trató de minimizar el caso aduciendo que ambas personas se desvincularon de ese grupo antes de trabajar en su medio.
Por tal motivo, WAYKA y la Asociación LADECOM, estarían violando las normas establecidas en los convenios que ha suscrito con Oxfam, vale decir, estarían vulnerando las regulaciones que supervisa la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (Office of Foreign Assets Control-OFAC) del Departamento del Tesoro en los Estados Unidos. Pero eso no es todo. ¿No debería LADECOM y, por lo tanto, WAYKA estar inscritas en la APCI?
Violan leyes nacionales
La Asociación LADECOM está en la facultad de no declarar ingresos provenientes de organismos privados. Sin embargo, este medio comprobó que Oxfam América se encuentra en el directorio de Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional (ENIEX), por lo que las donaciones entregadas a WAYKA sí debieron ser declaradas según las leyes peruanas.
Revisando el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, encontramos que la Asociación LADECOM, a través de WAYKA , habría incurrido en dos infracciones muy graves, estipuladas en el Artículo N° 8:
-Inciso b. Hacer uso indebido de los recursos y donaciones de la CINR (cooperación internacional no reembolsable), o aplicar los mismos a fines distintos para los cuales fueron proporcionados.
-Inciso e. Aplicar los recursos de Cooperación Técnica Internacional (CTI) hacia actividades que afecten directamente el orden público o perjudiquen la propiedad pública o privada. (Explicación de este punto líneas abajo)
Las sanciones para estas infracciones del reglamento de la APCI, van desde una amonestación, pasando por una multa de hasta 50 UIT, hasta la cancelación del registro y de los beneficios obtenidos por la inscripción en los registros de cooperación internacional.
Propaganda filosenderista
A pesar de su supuesto deslinde de Sendero Luminoso, WAYKA ha mostrado lo contrario en sus publicaciones, y en el manejo sesgado de la información. Basta revisar la cobertura que hicieron de la detención de los miembros del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), dirigido por la senderista Rocío Leandro Melgar, camarada ‘Cusi’, y sus lugartenientes Estefany Alanya Chumbes, camarada ‘Yazmín’, y Álex Gómez Falcón, camarada ‘Álex’, sindicados como miembros de la llamada ‘Nueva Fracción Roja’ de SL, que habría estado detrás de las protestas en Puno, Apurímac, Cusco, Ayacucho, Arequipa e incluso Lima. Curiosamente, fuentes de la Digimin mostraron una nota de agente que señala que una de las organizaciones internacionales que aporta dinero a WAYKA, sería el Sindicato de Maestros de Baviera BVLL (Alemania), el mismo que financiaba un “programa infantil” en Ayacucho, conducido por la detenida Estefany Alanya, camarada ‘Yazmín’. ¿Coincidencia?
Ante ello, existen serias sospechas en la Digimin, sobre el papel que WAYKA , como medio de comunicación alternativo, habría tenido en las mencionadas protestas, en las que resultaron muertas más de medio centenar de personas. Eso, sumado a una serie de cuestionamientos hacia su línea editorial, plagada de publicaciones tendenciosas y parcializada con el neosenderismo, hacen que hoy esté en la mira de las autoridades.
¿ENTONCES?
La Asociación LADECOM, dueña y promotora de WAYKA, así como OXFAM, estarían incurriendo en serias faltas a los acuerdos internacionales de cooperación y violando normas mencionadas en sus propios convenios, específicamente las relacionadas a no favorecer actividades políticas, ni beneficiar a personas consideradas proscritas y/o vinculadas a organizaciones terroristas, de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos.
Asimismo, la Asociación LADECOM también estaría violando las leyes peruanas al no declarar las donaciones recibidas de OXFAM, organismo que figura en el Registro Nacional de Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional (ENIEX), a cargo de la APCI. En tal sentido, estaría incurriendo en faltas muy graves, de elusión y mal uso de recursos provenientes de la cooperación internacional.

Beatriz Hevia, consejera del Partido Republicano por la Región de Los Lagos.

Republicanos y Chile Vamos obtienen 34 escaños

Por Marcial Cabezas González.
La propuesta de nueva constitución será redactada por 23 integrantes de Republicanos, 16 de Unidad para Chile, 11 de Chile Seguro y un representante de los pueblos originarios.
Este domingo, se realizaron en Chile las elecciones para consejo constitucional, comicios para elegir a quienes redactarán una propuesta de nueva constitución.
En ese contexto, el proceso se destacó por la gran votación obtenida por el Partido Republicano y Chile Vamos, además de la cifra histórica en cantidad de votos nulos.
“Chile, no nosotros, ha derrotado a un gobierno fracasado, un gobierno que ha sido incapaz de enfrentar la crisis de seguridad, la crisis migratoria, la crisis económica, la crisis en educación, en materia de salud, vivienda y tantas otras”, manifestó José Antonio Kast, líder del Partido Republicano.
“Hay una derrota para el proyecto refundacional de la izquierda, que fue derrotado el 4 de septiembre (…) y que fue refrendado hoy”, señaló el diputado UDI, Juan Antonio Coloma.

La peor derrota de la ultraizquierda

Convergencia Social, el partido de Boric, tendrá 4 consejeros. Revolución Democrática la misma cantidad: 4 representantes. En la coalición base del Presidente ya comenzaron a pensar más en serio la posibilidad de concretar la idea de transformar el Frente Amplio en un partido único.  El Partido Socialista obtuvo 6 escaños, y el Partido Comunista 2.

Estos son los 51 consejeros constitucionales:

Región de Arica y Parinacota:

• Diego Vargas Castillo (Republicanos)
• Jocelyn Ormeño (Unidad para Chile)

Región de Tarapacá:

• Ninoska Payauna (Republicanos)
• Sebastián Parraguez (Republicanos)

Región de Antofagasta: 

• Carlos Solar (Republicanos)
• José Antonio González (Unidad para Chile)
• Carmen Montoya (Republicanos)

Región de Atacama:

• Paul Sfeir (Republicanos)
• Marcela Araya (PS – Unidad para Chile)

Región de Coquimbo:

• Gloria Paredes (Republicanos)
• Fernando Viveros (PC – Unidad para Chile)
• Gonzalo Pinochet (UDI – Chile Seguro)

Región de Valparaíso:

• María de los Ángeles López (Republicanos)
• Aldo Valle (PS – Unidad para Chile)
• Edmundo Eluchans (UDI – Chile Seguro)
• Antonio Barchiesi (Republicanos)
• María Soledad Pardo (CS – Unidad para Chile)

Región Metropolitana:

• Luis Silva (Republicanos)
• Karen Araya (PC – Unidad para Chile)
• Yerko Ljubetic (CS – Unidad para Chile)
• Gloria Hutt (Evópoli – Chile Seguro)
• Jorge Ossandón (Republicanos)

Región de O’Higgins:

• Sebastián Figueroa (Republicanos)
• Miguel Littín (PS – Unidad para Chile)
• Ivonne Mangelsdorff (RN – Chile Seguro)

Región del Maule:

• Karla Gajardo (Republicanos)
• Ricardo Ortega (Republicanos)
• Miguel Rojas (Republicanos)
• Christian Suárez (PS – Unidad para Chile)
• María Claudia Jorquera (UDI – Chile Seguro)

Región de Ñuble:

• Cecilia Medina (Republicanos)
• Carolina Navarrete (UDI – Chile Seguro)

Región del Biobío:

• Paloma Zúñiga (RD- Unidad para CHile)
• Patricia Spoerer (Republicanos)
• Aldo Sanhueza (Republicanos)

Región de la Araucanía:

• Mariela Pincheira (Republicanos)
• Héctor Urban (Republicanos)
• Kinturay Melin (RD – Unidad para Chile)
• Arturo Phillips (UDI – Chile Seguro)
• Germán Becker (RN – Chile Seguro)

Región de Los Ríos:

• Jorge de la Maza (Republicanos)
• Lorena Gallardo (IND-RN – Chile Seguro)
• Alejandro Kohler (PS – Unidad para Chile)

Región de Los Lagos:

• Beatriz Hevia (Republicanos)
• Carlos Recondo (UDI – Chile Seguro)
• Nancy Márquez (CS – Unidad para Chile)

Región de Aysén:

• Pilar Cuevas (RN – Chile Seguro)
• Julio Ñanco (RD – Unidad para Chile)

Región de Magallanes y la Antártica Chilena:

• Claudia Mac-Lean (Republicanos)
• Jessica Bengoa (CS – Unidad para Chile)

Pueblos Originarios:

• Ailhuén Antileo (Pueblos originarios)

Partido Republicano y Chile Vamos lograron el 66.6% de la representación en el Consejo, los 2/3 que requiere cualquier sector para tener poder de veto sobre el informe que al final de la Comisión de Expertos al Consejo.

La Ley 21.533, que habilitó el segundo proceso constitucional, estipula lo siguiente: “Después de evacuada la propuesta de texto de nueva Constitución por parte del Consejo Constitucional, que deberá producirse dentro de los cuatro meses siguientes a su instalación, la Comisión Experta hará entrega de un informe en el que podrá formular observaciones que mejoren el texto. Las propuestas deberán ser conocidas por el Consejo Constitucional y serán votadas según las reglas siguientes:
a) Se entenderá aprobada cada propuesta contenida en el informe por un quórum de tres quintos de los miembros en ejercicio del Consejo Constitucional.
b) Se entenderá rechazada cada propuesta contenida en el informe por un quórum de dos tercios de los miembros en ejercicio del Consejo Constitucional.
La Ley indica qué ocurre en el caso de que un sector objete propuestas de la Comisión de Expertos”.
“Las propuestas contenidas en el informe que no sean aprobadas o rechazadas en los términos señalados, serán analizadas por una comisión mixta, conformada por seis miembros del Consejo Constitucional y seis miembros de la Comisión Experta, la que podrá proponer soluciones con el voto de los tres quintos de sus miembros en ejercicio. Dicho acuerdo deberá ser aprobado por el Consejo Constitucional, con el quórum señalado en el inciso cuarto”.
“Si la comisión mixta no alcanzare acuerdo en un plazo de cinco días, la Comisión Experta, dentro de un plazo de tres días, y por las tres quintas partes de sus miembros en ejercicio, deberá presentar una nueva propuesta al Consejo Constitucional, para que se pronuncie de conformidad con lo dispuesto en el inciso cuarto”.
“Una vez terminada la votación de cada norma que formará parte de la propuesta de nueva Constitución, se deberá aprobar la totalidad del texto por los tres quintos de los miembros en ejercicio del Consejo”.
Todo apunta a que, tras la aplastante derrota de la oposición, el oficialismo pondrá sus fichas en la Comisión de Expertos, donde existe un empate de fuerzas. La Comisión deberá entregar un anteproyecto al Consejo, en el marco de las 12 bases constitucionales del acuerdo de diciembre, y entregará un informe con observaciones que mejoren el texto, cuando ya esté redactado, como se señaló anteriormente. Con los 2/3, sin embargo, los republicanos y Chile Vamos podrán poner una poderosa barrera de entrada a dichas propuestas.
Fuente: Ex-Ante.cl

Partido Republicano duplica a Chile Vamos y será la primera fuerza

Por Camilo Calderara.
La colectividad liderada por José Antonio Kast fue la gran vencedora de las elecciones de este domingo y obtuvo los votos de la derecha por una amplia mayoría sobre la UDI, RN y Evópoli.
El Partido Republicano fue el gran ganador de las elecciones de este 7 de mayo que eligieron a los representantes del Consejo Constitucional, el órgano que se encargará de redactar la propuesta de nueva Constitución que será sometida a plebiscito en diciembre de este 2023.
Además del gran triunfo en las urnas que los ubicó como la primera mayoría nacional con 22 de los 50 representantes del órgano constituyente, el partido liderado por José Antonio Kast ratificó su preponderancia sobre Chile Vamos, el pacto de centro derecha, tal como había ocurrido en las elecciones presidenciales del 2021.
En las elecciones al Senado en 2021, que tuvo el mismo método de elección que estos comicios para el Consejo Constitucional, el Partido Republicano logró solo un escaño, contra los 23 de Chile Vamos.
¿Republicanos con poder de veto en el Consejo Constitucional?
Esta vez, el Partido Republicano logró 22 escaños contra 11 de Chile Vamos, que será la tercera fuerza dentro del órgano constituyente, detrás también de la coalición de gobierno compuesta por el Partido Socialista (PS), el Partido Comunista (PC), el Frente Amplio y el Partido Liberal.
Recordemos que el Partido Republicano se marginó de las conversaciones para lograr un acuerdo que impulsó, precisamente, este proceso constituyente, y que fue desde el Partido Comunista (PC) hasta la UDI.
Con los 22 representantes en el Consejo Constitucional, la colectividad liderada por Kast tendrá poder de veto por si solo en el órgano, es decir, deberán dar su apoyo a cualquier norma que sea aprobada, ya que tienen más de dos quintos (2/5) de la representación.
El detalle de los partidos
En el detalle, Renovación Nacional (RN) fue el partido más perjudicado de Chile Vamos, ya que solo conseguiría cuatro escaños, contra seis de la UDI y uno de Evópoli.
El Partido Republicano en tanto, al haber ido en lista única, sus 22 representantes son propios.

Luis Silva, el rostro de la fuerte irrupción de Republicanos: El perfil del “profesor” que encabeza el conteo en la RM

Por Felipe Vargas Morales- Diario El Mercurio.
En la campaña, el abogado dijo que no quería una nueva Constitución y que veía con buenos ojos un pacto con el PDG. En Chile Vamos, destacan su carácter más “dialogante” respecto a sus compañeros de partido. Una de las grandes sorpresas de las elecciones de consejeros constitucionales está siendo el triunfo del candidato del Partido Republicano en la Región Metropolitana, Luis Silva, quien supera largamente a sus competidores más directos de Chile Vamos.
Una de las grandes sorpresas de las elecciones de consejeros constitucionales está siendo el triunfo del candidato del Partido Republicano en la Región Metropolitana, Luis Silva, quien supera largamente a sus competidores más directos de Chile Vamos.
El abogado constitucionalista destacó durante la campaña por expresar su rechazo hacia la redacción de una nueva Constitución. “El partido no quiere una nueva Constitución (…), pero ya estamos embarcados en este proceso”, dijo a EmolTV.
Conocido como “el profesor”, Silva hace clases de derecho en la Universidad de Los Andes y también es numerario del Opus Dei. Durante su despliegue, recibió el apoyo decidido del líder republicano, José Antonio Kast. De hecho, en mayo grabó un video junto para festejar el Día de Star Wars junto al ex candidato presidencial, quien lo presentó como “el elegido de las fuerzas”. También recorrió el distrito 11 con el bus C-14, en el que aparecía una foto grande de ambos.
También llamó la atención por transmitir que veía con buenos ojos ir en una lista con el Partido de la Gente, considerando que también se opusieron a la creación de un nuevo proceso constituyente tras el Plebiscito de salida del 4 de septiembre.
Silva ya había tenido una experiencia electoral como independiente compitiendo en la lista de la UDI, aunque terminó con un sabor amargo. En la elección de convencionales de 2021, fue superado por 300 votos por Rodrigo Rojas Vade, de la Lista del Pueblo.
En su campaña, el nuevo consejero contó con el respaldo de la ex convencional Marcela Cubillos. “Lo conozco hace muchos años, porque fue mi alumno en Derecho de la PUC, y sé que si llega al Consejo será un gran aporte”, dijo la ex ministra. También tuvo importantes aportes económicos de parte del empresariado, como los 6 millones de pesos que le donó María Victoria Hurtado Vicuña y los 2 que le entregó María Mercedes, según publicó La Segunda.
Sus posturas
En los meses previos, Silva otorgó varias entrevistas en las que dejó entrever su visión política. En una de ellas, indicó que “nuestra posición no es la de torpedear el proceso constituyente para que naufrague, sino tensionarlo para que dé lo mejor de sí”.
Sobre el trabajo que realizaría en el Consejo, indicó que “quiero promover varias de las cosas que están en la Constitución actual y que me parece que son indispensables en un sistema constitucional ordenado y prometedor”.
Entre ellas, mencionó que “hay una norma que dice que nadie en Chile puede tomarse más atribuciones que las que le da la ley y la Constitución. Esa cláusula es una síntesis de lo que significa el Estado de Derecho y me gustaría que pase íntegro”.
“Después un catálogo de derechos fundamentales que sea equilibrado. Hay una porción de mi propuesta de conservar principios que considero muy buenos de la Constitución actual”, afirmó. Sobre impulsar contenido nuevo, Silva manifestó que “hay oportunidades. En los derechos fundamentales las hay, en el derecho a la honra y la vida privada”, apuntando a los peligros que muestran las redes sociales en esa materia.
En cuanto a los contenidos valóricos, afirmó que “yo no tengo nada distinto respecto de lo que dice la Constitución actual sobre los contenidos valóricos. Pero si en la nueva Constitución quedara plasmado el derecho al aborto, yo lo rechazaría”.
En seguridad, se manifestó a favor de “ampliar las competencias de las municipalidades. El personal de seguridad no puede usar ningún tipo de instrumento disuasivo. Hay que abrir la capacidad de que doten a sus fuerzas”.
Finalmente, también descartó que su vínculo con la religión condicione su forma de votar, aunque reconoció que “evidentemente que no puedo separar mis posiciones en las cuestiones culturales, valóricas o sociales de mi dimensión religiosa”.
Fuente: www.t13.cl y Emol.com

Por Martha Meier Miró-Quesada- Diario EXPRESO.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH es hoy un organismo plagado de burócratas ignorantes e izquierdistas que anhelan vivir en Washington D.C., codeándose con personas políticamente relevantes. Si no estuvieran allí, encabezarían furiosas protestas en sus países, gritando mentiras por cualquier cosa que pudiera generarles financiamiento para alguna ONG. De eso, no pasan.
El durísimo informe final evacuado por la CIDH aparece, coincidentemente, cuando el gobierno de Dina Boluarte está en el mínimo de popularidad, apenas 16% de apoyo ciudadano. Y a poco que la ONG zurda Human Rights Watch (HRW), metiera sus narices para cuestionar las acciones del Estado durante las protestas violentas. Siguiendo el orden de estos desestabilizadores aparece pues la CIDH con un duros informe final, en condicional.
El dizque “informe” recoge una versión mendaz y perversa acerca de las protestas estalladas tras el fallido autogolpe de Pedro Castillo. La CIDH acusa a nuestras Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de ejecuciones extrajudiciales, propias de la malvada narrativa de quienes buscan desestabilizar, desprestigiar y polarizar al Perú. Sí pues, están desesperados porque aquí el comunismo no entra.
Un ejemplo de la supina ignorancia de los comisionados de ese ente, se vio en una reunión en noviembre de 2013, en la que se discutió sobre la situación de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (RTKNN) y la superposición de una parte del lote 8 del proyecto Camisea. La RTKNN fue creada en 1990, a fines del primer gobierno de Alan García, para frenar la invasión constante de madereros ilegales a la zona de estos grupos indígenas.
Con una extensión de 443,887 hectáreas, abarca territorios de los distritos de Megantoni y Echarate, en La Convención, Cusco; y del distrito de Sepahua en Atalaya, Ucayali.
La “brillante” representante de la CIDH Uruguay, el segundo país más pequeño sudamericano, después de Surinam, con una superficie de 17’621,500 hectáreas, sugirió cercar la RTKNN, equivalente al 25% del territorio de su país. Así son estos.
Vale recordar que a esa cita de la CIDH, llegó una delegación Nahua y por más que lo pidió no se les dio la palabra: querían solicitar que las ONG no sigan utilizando a los pueblos originarios con fines políticos y económicos, distorsionando su realidad, la relación con las empresas en sus zonas de influencia y el apoyo de los distintos gobiernos a la protección de sus territorios ancestrales y de los indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial.
En Lima, los amigos de la CIDH, les cerraron las puertas de la Presidencia del Consejo de Ministros, PCM, durante la gestión de Juan Jiménez Mayor. Cancillería no les facilitó la acreditación para la reunión. Toda una mafia encargada de que el mundo solo conozca la versión que sirva a su narrativa progre-globalista de estos inútiles de la CIDH, para seguir parasitando los derechos humanos.

Las víctimas invisibles

Por CÉSAR COMBINA– Diario CORREO.
El politizado Informe de la CIDH fue presentado con bombos y platillos por quienes apoyaron a Perú Libre el 2021. Aunque los delitos penales son personales, el informe, cataloga como “masacres” algunos actos de violencia que merecen investigación y sanción individual. Esta claro que los grupos de izquierda utilizaran el informe para demandar al Estado Peruano. El objetivo sería meter presos a Boluarte y sus ministros, además de cobrar millonarias indemnizaciones con el respectivo pago de honorarios a conocidos abogados vividores de los “derechos humanos”.
Lo triste del informe es que invisibiliza a las verdaderas víctimas de la violencia que vivimos entre diciembre 2022 y febrero 2023: Los millones de peruanos que no participaron de las marchas. Tal como hicieron con la CVR, los caviares quieren hacernos creer que las víctimas fueron quienes participaron de la violencia, cuando las verdaderas victimas fueron los comerciantes, transportistas y agricultores que lo perdieron todo por las paralizaciones, o los enfermos que no pudieron recibir tratamiento por las carreteras cerradas y los aeropuertos tomados, o las mujeres violentadas que no pudieron denunciar un caso de violencia familiar ante la policía o la fiscalía porque estas oficinas habian sido incendiadas. El informe se niega a reconocer que fue una minoria la que propició la violencia en estas protestas y que la mayoria de peruanos de Puno, Juliaca, Cusco, Abancay, Andahuaylas y Ayacucho queria paz, queria trabajar, queria vivir sin miedo. La CIDH comete otro error que la pinta de cuerpo entero: no dedica ni un solo parrafo a los miles de peruanos de marcharon por la paz en las principales ciudades del centro y sur del pais. Espero que el Ministerio de Justicia haga suya la defensa de la mayoria afectada y denuncie a Pedro Castillo y a todos los promotores de la violencia para que indemnicen a cada peruano que perdio su inversión, a cada familia que perdió a un enfermo y a cada ciudadano que no pudo hacer su vida libremente. Ellos tienen que pagar por todo lo que han hecho.

Con el perdón de los adefesios

Por Oscar Becerra- Diario EXPRESO.
He aceptado con mucho gusto ser columnista de este prestigioso diario y quiero empezar compartiendo con los lectores una reflexión sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que envió una misión el 11 de enero de 2023 al Perú para evaluar la situación tras el fallido golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo y que dio inicio a una ola de violencia en algunas regiones del país.
La CIDH acaba de emitir un informe de 113 páginas, sobre el cual me ratifico que es un despropósito. Algunos se sorprenderán pues me oyeron decir que la CIDH es un adefesio, pues resulta que esa es precisamente una de las acepciones de la palabra según el diccionario de la Real Academia Española.
Soy respetuoso del Estado de derecho, de los derechos humanos y las normas internacionales, pero no soy de aquellos que esconden sus opiniones con el disfraz de la mentira. Hoy resulta que todos los que se sienten justamente ofendidos por el “adefesio” se suman, con mayor o menor mesura a mis, acaso, premonitorias palabras.
No cabe duda que la CIDH ha cometido un despropósito, pues ha atentado contra el Orden Interno del país, al pronunciarse ideológicamente en defensa de los que atacan aeropuertos, incendian entidades públicas y privadas, bloquean carreteras, atacan a los policías y queman vivo a un policía, apedrean a militares, inoculan discursos de odio en las mentes infantiles, amenazan a autoridades regionales y queman sus casas. ¿Acaso los peruanos no veíamos todos los días a vándalos atacando policías y destruyendo el centro de Lima? Eso no eran protestas pacíficas. A partir de este pronunciamiento de la CIDH, la Policía en el Perú está deslegitimada para defender el Estado de derecho, a ellos no los protegen los adefesios.
Un dato que la CIDH también ha olvidado es que la PNP ha demostrado que una firma del narcoterrorismo encabezada por Yober José Auccatoma Leche (a) “Leche” financió parcialmente las “marchas” que se realizaron en Lima e incluso coordinaban para traer a la capital a integrantes de la etnia Ashaninka con el fin de causar disturbios. De eso la CIDH no dice una palabra.
Por otro lado, recuerden que una conspicua congresista de izquierda, impulsora desde San Isidro de estas marchas, aseguraba que las protestas sin muertes no provocan los cambios y cuando reclamé que no lleven niños a las protestas por la exposición inminente a la muerte, esta misma persona se indignó mediante la mentira, al señalar que yo estaba atacando a las madres aimaras, cuando el propósito principal de esta señorita, desde su lujoso y cuestionado departamento, era exponer a esas madres y sus hijos al peligro.
La CIDH concluye que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones contra el Gobierno en algunas regiones como Lima, Ica, Arequipa, Ayacucho y Puno. Pero solo mira a la izquierda donde se ubican los que protestan y no miran al sector de las fuerzas del orden que reciben lluvias de piedras que dejaron cientos de policías heridos, además de muertos. Sin lugar a dudas, para los adefesios ellos no existen.
Se los dije cuando me entrevisté con ellos en mi condición de ministro: en el Perú se violan los derechos de los niños desde hace mucho tiempo pero no es en las marchas, sino en la falta de educación de calidad y en el hecho de que personajes como Pedro Castillo Terrones funjan de maestros en nuestras escuelas.
Además, esta CIDH destaca que, durante las reuniones sostenidas con familiares de las víctimas fatales, varias personas manifestaron que sus parientes “fueron estigmatizados y tratados como terroristas”. O sea, se indignan porque quemar policías, incendiar aeropuertos y locales públicos no son actos de terrorismo sino manifestaciones pacíficas de protesta.
También les parece poco que el Estado haya dispuesto el otorgamiento, por única vez, de 50,000 soles por cada persona fallecida y 25,000 a las personas heridas de gravedad en las referidas “movilizaciones pacíficas”. Por ello, dejan abierta la posibilidad de un nuevo pago, puesto que lo entregado, para la CIDH, es insuficiente.
¿Debemos aceptar esto? Como país soberano es nuestro derecho expresar un enérgico rechazo y protesta porque este informe sesgado y nada serio solo responde a los intereses de políticos que promueven las ONG izquierdistas y sus consultorías, de los sombríos integrantes del Movadef y de los comunistas repartidos en las filas del atraso ideológico. Los peruanos de bien merecemos que se plantee un debate nacional sobre nuestro retiro de la CIDH.

Agustín Laje Arrigoni

Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Católica de Córdoba. Es egresado del Center of Hemispheric Defense Studies de la National Defense University (Washington DC), como becario en el curso de Coordinación Interagencial y Combate al terrorismo. Autor de los libros “Los mitos setentistas– Mentiras fundamentales sobre la década del ’70”, “Plumas Democráticas”, “Cuando el relato es una farsa– La respuesta a la mentira kirchnerista” y coautor de “El libro Negro de la Nueva Izquierda”. Además, ha participado escribiendo capítulos de libros de autoría colectiva. Durante el año 2012, fue co-conductor del programa radial “ContraCorriente”, emitido en Radio Miami (EE.UU.), y entre 2012 y 2015 fue Jefe de Redacción de la revista digital de política “La Prensa Popular”. Actualmente, dirige el Centro de Estudios LIBRE, un think tank compuesto por jóvenes intelectuales de las más diversas áreas de las ciencias sociales (economía, filosofía, ciencia política, comunicación social, ciencias jurídicas, historia, relaciones internacionales, entre otras) cuya misión es difundir ideas de libertad y republica en Córdoba.
Fuente: PUCP.

Álvaro Uribe Vélez lamenta que la Universidad Javeriana le haya cerrado las puertas a Agustín Laje

Pese a que la institución canceló una conferencia del politólogo de derecha, en la FILBo recibió una apoteósica bienvenida.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez le dio un espaldarazo a Agustín Laje, escritor y politólogo argentino que asistió como conferencista a la Feria del Libro de Bogotá este 2023.
El exmandatario de Colombia (2002 a 2010) dejó ver que no entiende por qué la Universidad Javeriana, días previos a su apoteósica presentación en la FILBo, canceló un evento en el que Laje, cuya línea de pensamiento es de derecha, era el invitado de honor.
Justamente, la invitación al escritor argentino se dio aprovechando su visita a Colombia para participar en la FILBo donde el año inmediatamente anterior su conferencia fue uno de los eventos más concurridos.
La Universidad Javeriana anunció en la cuenta de Instagram Tienda Javeriana sobre el evento con Laje en el auditorio José Félix Restrepo de esta institución, conferencia que estaba programada para las 10:30 de la mañana del jueves 27 de abril. No obstante, horas después, la publicación fue borrada. Ante la polémica generada, SEMANA confirmó con fuentes cercanas al politólogo que efectivamente su charla fue cancelada por la institución educativa.
En ese contexto, el expresidente Uribe dejó un breve mensaje en Twitter para demostrar su respaldo a Laje: “Diría una de mis tías: ‘No puedo creer que la Universidad Javeriana le cierre el espacio a Agustín Laje’”.
Quizá razón tiene el exmandatario al sentar esa opinión: los organizadores de su conferencia calculan que llegaron 3,000 personas.  Dentro del auditorio hubo un lleno total con 700 personas y afuera hubo que poner dos carpas gigantes para que los restantes pudieran escuchar la conferencia.  La mayoría de los asistentes eran jóvenes.
Valga recordar que el argentino también tuvo una maratónica jornada de firma de libros, en especial, el más reciente y que expuso durante la feria: Generación idiota.
Laje, quien durante su presentación trazó una línea de tiempo y explicó algunos conceptos para intentar dar una idea clara de lo que se trata su nuevo libro, no desaprovechó la oportunidad para referirse a lo sucedido con la Universidad Javeriana y criticó la forma en la que esa institución educativa lo trató al cancelarle una conferencia que tenía prevista.
Agustín Laje se mostró molesto por la cancelación de su conferencia en la Universidad Javeriana, que horas antes había sido anunciada por la misma institución educativa.

Agustín Laje a Francia Márquez: “Francia Márquez es racista. Lo que dice es racismo puro”

Agustín Laje se despacha contra la vicepresidenta, a quien llamó “mononeuronal”.  “La Universidad Javeriana cancela mi conferencia prevista para mañana, ¡menos de 48 horas antes! Fue una decisión de su Consejo Administrativo. Me inclino a pensar que, de haber sido yo feminista, militante LGBT, progre o globalista, nadie habría cancelado nada”, reclamó Laje.
“Cuando yo hago del sentimiento el horizonte de mi cultura, tengo una cultura profundamente idiota, ¿por qué? Porque cada uno va a referenciar su propio ombligo y a nada que esté allá afuera que nos demande el ideal de la verdad. Eso es lo grave de la Universidad Javeriana.  Y esto es más profundo que ‘bueno, es homofóbico, es misógino, es antiderechos’ y todas estas pavadas que han dicho, no. El problema real es que se acaba de derrumbar la misión de una universidad”, agregó Laje.
Algunos sectores consideran ofensivas las posturas del escritor argentino Agustín Laje contra la comunidad LGBT.
Después de la cancelación de su evento en la Universidad Javeriana, pero previo a su conferencia en la FILBo, el escritor aseguró que entiende que así son las cosas, pero que eso no llevará a nada: “Pero bueno, así son las cosas: el odio a la libertad y a la verdadera diversidad (la de pensamiento) es la marca de nuestro tiempo. Mi evento en la Feria del Libro de Bogotá (Corferias) se mantiene, y espero contar con el apoyo de todos mis seguidores”, dijo.
Fuente: SEMANA.
Cardenal José Tolentino Calaça de Mendonça, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación.

¿Quién mató a la Universidad católica?

James F. Keating, profesor en el Providence College, en Rhode Island, Estados Unidos, acaba de publicar un artículo en First Things con un título impactante: ¿Quién mató a la Universidad católica? Tras leerlo, pienso que ese “asesinato” podría ampliarse, tanto para abarcar la inmediata educación previa al acceso a la universidad como, geográficamente, para poderse aplicar, al menos en lo esencial, también a Europa.
Keating empieza dándose un capricho literario, parafraseando al loco de Nietzsche, que aunque no es el meollo de su argumentación, resulta sugerente: ¿No habéis oído hablar de aquel profesor católico loco que encendió un farol a pleno día y corrió al mercado gritando: “¡Busco a la educación superior católica en Estados Unidos! ¡Busco lo que San Juan Pablo II estableció en Ex Corde Ecclesiae!” Como muchos de los que estaban alrededor ya no creían de verdad en la educación católica, provocó muchas risas. “¿Por qué, se ha perdido?”, dijo uno. “¿Se perdió como un niño entre la multitud?”, dijo otro. ¿O acaso ocurre que el célebre documento papal sobre las universidades católicas se ha escondido? ¿Nos tiene miedo? ¿Se ha ido de viaje? ¿Ha emigrado? Así gritaban y reían los de la plaza pública. El profesor loco saltó en medio de ellos y los atravesó con su mirada. “¿Adónde ha ido a parar la enseñanza superior católica?”, gritó. “Yo os lo diré. Nosotros la hemos matado, tú y yo. Todos nosotros somos sus asesinos”.
Lo que quiere explicar Keating con este brillante inicio es algo muy sencillo: más de treinta años después de la publicación por parte de Juan Pablo II de la constitución apostólica sobre las universidades católicas Ex Corde Ecclesiae hay que constatar que éstas (con algunas interesantes excepciones) han hecho caso omiso de lo que enseñaba el Papa.Como explica el columnista, “el documento de Juan Pablo II pretendía inspirar una renovación de la auténtica educación católica en tiempos difíciles. Adoptó lo que el difunto John O’Malley llamó un estilo de ‘invitación’ propio del Vaticano II. En lugar de denunciar los abusos, el Papa invitó a los profesores y administradores católicos a la aventura de la educación superior católica. Una aventura que consiste en sostener una tradición educativa que une rasgos de la vida intelectual comúnmente considerados antitéticos: por una parte, la búsqueda sin trabas de la verdad por parte de la razón; por otra, la “certeza de conocer ya la fuente de la verdad”, el Hijo de Dios, el Logos de todo lo que existe. (…)
“Ex Corde es un potente documento promulgado por un Papa santo. Debería haber entusiasmado y fortalecido a todas las órdenes religiosas, a todos los obispos, a todos los laicos católicos a los que se ha confiado la dirección de un colegio o universidad católicos. Pero no fue así. Releerla tres décadas después de su promulgación es una experiencia más amarga que dulce. Las palabras de Juan Pablo II cayeron en terreno baldío”.
¿Cómo fue su aplicación? Lo que Keating denuncia es que sucedió como con tantas otras cuestiones: se redactaron documentos y declaraciones, se habló de diálogo y colaboración en armonía… para no hacer nada: “Intentaron poner en práctica las exigencias del Papa sin provocar la reacción de los líderes de la enseñanza superior católica estadounidense ni artículos poco favorables en el New York Times, lo que significó, finalmente, asegurarse de que nada importante cambiara”.
Las declaraciones formales incluyeron en las universidades jesuitas el lema “formando hombres y mujeres para los demás”, los franciscanos optaron por “el conocimiento unido al amor” (en palabras de Keating, lo bastante católico para los entendidos, inocuamente agradable para todos los demás), y por supuesto aparecieron frases como “en la tradición de…”, “inspirado por…” o “fundado en…”, como si el hecho de un pasado significara algo en el presente. Y todo ello acompañado de la “excelencia académica” y la apertura a todo el mundo.
Los ejemplos de Estados Unidos a buen seguro que nos recordarán otros semejantes en nuestro entorno: el Aquinas College de Michigan prepara “a la persona en su totalidad”, la Barry University de Florida fomenta “la transformación individual y comunitaria” y el King’s College de Pensilvania transforma “mentes y corazones en comunidades de esperanza”. Palabras duras como Dios, fe y catolicismo aparecen de vez en cuando, pero siempre compensadas por un compromiso con la inclusión y la diversidad. En muchas declaraciones, ser católico se equipara con acoger a los no católicos. Casi ninguna de las declaraciones habla, como hace Ex Corde, de ofrecer una educación “inspirada en los principios cristianos” para ayudar a los alumnos a “vivir su vocación cristiana de forma madura y responsable”.
En definitiva, detrás de un lenguaje creado para salir del paso, “el discurso católico no ha tenido prácticamente ninguna repercusión en el trabajo real de la universidad o escuela superior, en la contratación y promoción del profesorado, en el desarrollo del currículum y en la vida que se esperaba de los estudiantes en el campus”.
Parafraseando a Chesterton, que decía algo así como que la religión católica no había sido probada antes de descartarla, podemos decir que las enseñanzas de Juan Pablo II no han fracasado porque es que ni siquiera se han intentado.
¿El motivo? Para Keating está claro: “En mi opinión, Ex Corde no fue recibida, no porque hubiera algo deficiente o poco práctico en la concepción de Juan Pablo II de un colegio o universidad verdaderamente católicos, sino simplemente porque reorientar el barco de la educación superior católica era demasiado difícil, y el coste en prestigio e ingresos mundanos demasiado doloroso… Una aplicación seria de Ex Corde habría exigido cambios significativos en las prácticas de contratación, reformas curriculares en contra de la creciente manía por la “diversidad” y códigos estrictos y contraculturales de conducta estudiantil. Se encontró un camino más fácil. Hubo que rehacer el material promocional, colocar algunos crucifijos en los edificios y tener alguna que otra charla amistosa con el obispo del lugar”.
El resultado lo tenemos ante la vista: universidades y escuelas “católicas” incapaces de ofrecer algo realmente católico pero dispuestas a imponer a cualquiera que se acerque a ellas todo el paquete woke: “Los que tenemos una cierta edad recordamos cuando, en los años setenta, los colegios empezaron a equiparar su misión religiosa con su compromiso con la justicia social, con la esperanza de ganarse a su profesorado y personal más progresista. Recuerdo que una religiosa me dijo que, aunque los alumnos de su colegio no iban a misa ni creían especialmente en Dios, se alegraba de que se hubieran vuelto políticamente más progresistas. Ahora que las escuelas laicas han reducido la justicia social a cuestiones raciales, de género y de identidad sexual, las escuelas católicas han seguido su ejemplo”.
Ahora que los resultados ya no se pueden disimular con palabrería hueca, ¿habrá quien se decida a tomarse la enseñanza de San Juan Pablo II en serio?
Fuente: www.religionenlibertad.com

Por Aaron Salomón- Diario EXPRESO.
Por defender a Bolivia, al final el Perú terminó envuelto en una guerra desigual en la que Chile nos robó Arica y Tarapacá. Esta dura lección debió bastarnos para entender que no podemos seguir siendo unos indulgentes ilimitados o, en cristiano, los cojudos del barrio.
Pero no ha sucedido así, porque ahora resulta que los chilenos nos han metido en un pleito en el que cientos de migrantes –en su mayoría venezolanos y algunos haitianos y colombianos– pretenden ingresar irregularmente al Perú tras salir del vecino del sur por el endurecimiento de sus leyes migratorias.
Este éxodo ha sido provocado por el presidente de Chile, el comunista Gabriel Boric, quien, a pesar de que siempre se mostró a favor de acoger a los ilegales, hoy rechaza a los indocumentados ante el evidente aumento del crimen organizado en su país, tal como viene ocurriendo en el Perú, en donde un puñado de malditos venezolanos asesinan a sangre fría a serenos o queman vivas a mujeres.
Una vez truncado el “sueño chileno”, los cientos de migrantes se han instalado en la línea de la Concordia, en la frontera entre Perú y Chile, buscando entrar a nuestro país. El problema está en que entre los indocumentados hay, además de madres con niños en brazos, delincuentes de extrema peligrosidad, los que no han dudado un segundo en arrojar piedras a la periodista de Willax Karina Aliaga, para que deje de registrar lo que ahí ocurre.
Yosier Canelón con su bebé trata de llegar a Venezuela. GETTY IMAGES
El Perú ya ha sido lo suficiente benévolo al recibir a más de un millón de venezolanos, cuya mayoría ha llegado al país para labrarse un futuro a través de trabajo honrado. Sin embargo, existe una minoría que comete delitos de una crueldad nunca antes vista aquí. La inseguridad ha aumentado –principalmente en la capital– y esa excusa es suficientemente válida para que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte ponga mano dura y evite el ingreso de más indocumentados.
La solución a la crisis migratoria en la frontera es establecer un corredor humanitario para regresar a sus países a los ilegales, así algunos de estos no estén de acuerdo. Ya no podemos volver a pecar de ingenuos, porque el costo de serlo puede ser perder la vida a manos de un carterista proveniente de la dictadura del orate Nicolás Maduro.

Por Pablo Bustamante Pardo– Director de Lampadia
Cuando el afán es la búsqueda del poder, la ideología el medio para engatusar a los pobres, y la corrupción el sustento de las castas gobernantes; no hay manera de tener buenos resultados económicos, sociales e institucionales.
O impones un autoritarismo castrante y empobreces a toda la población, como en Cuba y Venezuela, o implosionas como parece ser el futuro de Bolivia, el modelito dizque exitoso de la izquierda regional.
Según The Economist en su artículo ‘los límites del populismo de izquierda’, Bolivia se está quedando sin dinero y está sufriendo una creciente crisis bancaria. Ya prácticamente cerró uno de los bancos más importantes del país, el Banco Fassil.
El gobierno va a recurrir a todo lo que pueda para evitar que esta crisis desemboque en una crisis política. Ha amenazado con capturar los fondos privados de pensiones, y ante la escasez de divisas, seguramente dispondrá de las reservas de oro; pero los errores se pagan, la inversión privada, las exportaciones, las reservas internacionales y el precio de los bonos del gobierno, han colapsado.
Como dice The Economist: “La hostilidad hacia el capital privado eventualmente regresa para morderte”.
No hay ninguna experiencia exitosa de gobierno que descuide el crecimiento de la economía y la inversión privada. Bolivia es otro ejemplo de todo lo que no se debe hacer.
Leamos a The Economist:

LA CRISIS DE BOLIVIA
LOS LÍMITES DEL POPULISMO DE IZQUIERDA

El país se está quedando sin dinero. Debería servir de advertencia a América Latina
The Economist
20 de abril de 2023
Traducido y glosado por Lampadia
Durante varias semanas se vienen dando escenas extraordinarias en Bolivia. Como informamos, el mes pasado el banco central comenzó a vender dólares directamente al público luego de que pareciera que las casas de cambio se habían quedado sin billetes verdes. Las colas para comprarlos se extendían por las calles de La Paz, la capital. El banco central ha dejado de publicar datos sobre sus reservas de moneda extranjera, lo que sugiere que le queda peligrosamente poco efectivo. El precio de los bonos del gobierno se ha derrumbado a medida que los inversores huyen: un bono con vencimiento en 2028 ahora se cotiza a solo 48 centavos por dólar.
La pesadilla de Bolivia refleja varios problemas a corto plazo, como un aumento en las tasas de interés en todo el mundo y mayores precios de los combustibles debido a la guerra en Ucrania. Estos han encarecido el endeudamiento y aumentado el costo de las importaciones.
Pero la verdadera causa de su predicamento es un modelo económico imprudente que ha existido desde que los populistas de izquierda tomaron el control hace casi dos décadas.
Cuando Evo Morales, un ex cultivador de coca, juró como presidente en 2006, declaró el fin de “la era colonial y neoliberal” y colgó detrás de su escritorio un retrato del Che Guevara, un violento revolucionario marxista, hecho con hojas de coca.
Hoy, el costo total del populismo económico se está volviendo claro, al igual que tres lecciones para los muchos otros países latinoamericanos tentados por él.
La primera lección es antigua: no cuente con los auges de las materias primas.
Morales ganó el premio gordo cuando asumió el cargo, ya que los precios del gas natural se dispararon, proporcionando una ganancia inesperada para el país, que produce el 0.4% del gas mundial incluso hoy. Las exportaciones aumentaron. Bolivia fue capaz de acumular las mayores reservas de divisas de su historia: pasaron del equivalente al 12% del PIB en 2003 al 52% en 2012. Morales y Luis Arce, quien ahora es presidente, pero fue ministro de Hacienda, gastaron despilfarradoramente, incluso en subsidios al combustible, que valieron casi el 4% del pib en 2022. Desafortunadamente, los precios y la producción del gas han estado cayendo y el flujo de efectivo se está agotando.
La segunda lección es tener cuidado con los tipos de cambio fijos.
En 2008 se introdujo un tipo de cambio fijo, que desde 2011 se fija en 6.96 bolivianos por dólar. Por un tiempo esto mantuvo baja la inflación y proporcionó un ancla para una economía con un historial de turbulencias. Pero con el tiempo, la vinculación ha demostrado ser exorbitantemente costosa. En lugar de proporcionar estabilidad, ha reprimido los problemas.
Finalmente, la hostilidad hacia el capital privado eventualmente regresa para morderte.
Bolivia emprendió una ola de nacionalizaciones que incluyó los campos de gas y la red eléctrica. Su gobierno ha tratado a los negocios con desprecio. Como era de esperar, la inversión se ha marchitado. El flujo de inversión a largo plazo de las empresas multinacionales se ha reducido desde un máximo del 12% del pib en 1999 a un promedio de sólo el 0.1% en los últimos cinco años. Es probable que la inversión total sea solo del 14% del pib este año, la tasa más baja de América del Sur. No hay grandes empresas cotizadas.
La charla de Arce sobre la atracción de empresarios es demasiado escasa y demasiado tardía. Solo le quedan malas opciones. Su gobierno podría imponer austeridad, tratar de pedir prestado aún más de los prestamistas multilaterales, incumplir o vender algunos de sus amplios depósitos de litio a China, cuyas empresas respaldadas por el gobierno están relajadas sobre los derechos de propiedad escamosos, pero exigirán precios de liquidación.
Pocos otros países latinoamericanos tienen tipos de cambio fijos. Pero muchos dependen de mercancías de un tipo u otro. Y la región está experimentando una nueva “marea rosa”, con gobiernos de tendencia izquierdista en el poder, la mayoría de los cuales están debatiendo hasta qué punto dar rienda suelta a su instinto de fuerte intervención estatal. El mensaje de Bolivia, un país que literalmente se está quedando sin dinero, es que hay límites.