Emilio Odebrecht

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Libro desmitifica caso Lava Jato: Vela y Pérez «mecieron» a peruanos con investigación

Mientras los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela achican el agua, balde a balde, para que el bote del equipo especial siga a flote, desde Sao Paulo llega un torpedo directo a la popa. Se hundirán los procesos.
La reciente publicación de ‘Una Guerra contra el Brasil’ (Fohla de Sao Paulo 13/5/23), libro que es un testimonio personal de Emílio Odebrecht (78) sobre el Caso Lava Jato, augura que se derrumbarán el 90 % de los procesos del Equipo Especial liderado por el fiscal Rafael Vela, porque están sujetos a la corroboración de los testimonios de colaboración eficaz de los ejecutivos de Odebrecht en los futuros juicios orales en el Perú, porque el veterano constructor señala como política del conglomerado, la absoluta normalidad de los pagos no contabilizados de la famosa Caja 2.
Desde la invención del capitalismo, es común que las empresas medianas o grandes se queden con al menos el 1 % de sus ingresos. No es seguro, pero lo es, y sirve para hacer frente a contingencias inesperadas”, afirma, y añade: “se utilizó para pagos a proveedores, principalmente en zonas de conflicto; pagos para el rescate de ejecutivos secuestrados, 11 en 30 años; remuneraciones extraordinarias a funcionarios por desempeño o actuaciones en circunstancias especiales, y donaciones a partidos políticos… todas las indagatorias relacionadas con ese ‘departamento de propinas’ a la Justicia Electoral es la prueba definitiva de que los delitos penales que el grupo de trabajo anunció haber descubierto simplemente no existían”.
El empresario lanza acusaciones al juez Sergio Moro (hoy senador) y al fiscal de Curitiba Deltan Dallagnol (diputado federal recientemente destituido) de montar una “fábrica de delaciones” y de “tortura psicológica” para lograr sentencias rápidas, además de calificar irresponsablemente como sobornos a las donaciones para campañas electorales, para allanar el camino de Jair Bolsonaro a la presidencia y del propio Moro al Ministerio de Justicia.
En el programa ‘Combutters’ que conduce Phillip Butters, el abogado Wilber Medina afirmó que no se necesita ser un oráculo para intuir que las expresiones del patriarca brasileño clausuran la ruta de las corroboraciones de los ejecutivos brasileños en los juicios orales ante las cortes peruanas. Chau, Lava Jato.
Nuevo papelón
La posición del número uno del holding Kieppe (que significa almohada en alemán), controladora de la megaempresa Odebrecht –ahora Novonor–, resulta devastadora para la pareja tempestad, Rafael Vela y José Domingo Pérez, que ya venían protagonizando papelón tras papelón con sus improvisadas acusaciones.
Dicho de otra manera, la declaración de Marcelo Odebrecht (y Jorge Barata) en el juicio oral contra Ollanta Humala para corroborar la declaración que entregó US$ 3 millones para la campaña del 2011 por orden de Lula y transmitida por el exministro de Hacienda Antonio Palocci (12/4/17), postergada en tres oportunidades (noviembre 2022, enero y abril del 2023) con la anuencia del Tercer Juzgado Penal que preside Nayko Coronado e integran los jueces Raúl Caballero y Max Vengoa, programada para el lunes 4 de septiembre, tiene visos de imposible. A este paso, solo subsistirían los juicios que se basan en coimas bancarizadas a funcionarios públicos a cambio de obras.
Como se conoce, la justicia brasileña ha conseguido que la jueza Coronado convierta la declaración de Marcelo Odebrecht en una carta rogatoria (pliego interrogatorio), inadmisible en cualquier corte del mundo, porque no permite la participación con repreguntas de los abogados de los inculpados. Todo indica que el juicio a Humala por aportes de campaña y lavado de dinero se derretirá con la llegada de la primavera.
Fuente: Diario EXPRESO.

Lucía Dammert y embajador Juan Gabriel Valdés.

Caso Dammert: telefonazos de embajador Valdés a funcionarios de EE.UU. fueron la comunicación ‘oficial’ de Chile para desmentir artículo de Interferencia

Cancillería afirmó a este medio que Juan Gabriel Valdés conversó con personeros del gobierno de Estados Unidos para conocer la situación de Lucía Dammert, lo que dio pie al desmentido del gobierno de Boric en septiembre de 2022. De ser así, se trataría de una filtración indebida de funcionarios de ese país en un caso a cargo de la fiscalía de Nueva York.

Por Camilo Solís- Interferencia.cl
El lunes 8 de mayo de 2023 se cumplió un plazo último y extraordinario que el Consejo para la Transparencia (CPLT) le dio a Cancillería para que diera a conocer los detalles y quiénes fueron los interlocutores de una supuesta comunicación oficial entre los gobiernos de Chile y Estados Unidos, sobre la base de la cual el Gobierno de Gabriel Boric (CS) emitió un comunicado para desmentir una publicación de Interferencia sobre Lucía Dammert.
Este último plazo fue concedido a Relaciones Exteriores luego de que este organismo se negara durante meses a dar a conocer dicha información en solicitudes de información vía Ley de Transparencia, e incluso en un amparo interpuesto y ganado por este medio ante el Consejo para la Transparencia (CPLT). Debido a esto, el 12 de mayo de este año, el CPLT ordenó finalmente un sumario en Cancillería que podría terminar con multas por faltas a la Ley de Transparencia.
Nueve días después de vencido el plazo final puesto por el CPLT, y cinco días después de emitida la resolución que ordena el sumario en Cancillería, la División de Atención Ciudadana y Transparencia de Cancillería hizo llegar a Interferencia un correo en el que adjunta una carta “vinculada a las respuestas otorgadas a usted por la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y al amparo” en cuestión.
En ella señala: “(…) informo a usted que el Embajador Juan Gabriel Valdés, sostuvo el día 20 de septiembre de 2022, conversaciones telefónicas con autoridades del Gobierno de Estados Unidos de América”.
La respuesta no señala su interlocutor estadounidense, argumentando que “reiteramos a usted que los asuntos oficiales tratados por vías verbales con funcionarios de otros Gobiernos u Organizaciones Internacionales se circunscriben al sigilo diplomático, considerándose además que los interlocutores de estas materias, en el ejercicio de sus funciones, recíprocamente, tienen una expectativa razonable de confidencialidad de sus identidades, salvo acuerdo en contrario”.
De esta forma, Juan Gabriel Valdés (PS), embajador de Chile en Estados Unidos, habría sostenido conversaciones telefónicas cuyo contenido se desconoce con funcionarios anónimos del Gobierno de Estados Unidos para que el Gobierno de Chile pudiera desmentir a un medio de comunicación chileno, en favor de una ex funcionaria, de quien se informó fue colaboradora del ex secretario de Seguridad de México, Genero García Luna, hoy condenado por narcotráfico en Estados Unidos.
En efecto, tal como revela la información entregada por Cancillería fuera de plazo, los contactos telefónicos se dieron el 20 de septiembre de 2022, es decir, cinco días después de que Lucía Dammert saliera de su función pública en el segundo piso de La Moneda. Esto, en medio de un reportaje de Interferencia en el que se informó que el FBI solicitó a Dammert declarar voluntariamente en el caso de su ex jefe.
Cabe señalar que el comunicado emitido por el gobierno de Gabriel Boric -que no estaba firmado por ningún funcionario ni repartición- señalaba que: “El Gobierno de Chile ha consultado al Gobierno de los Estados Unidos, por medios oficiales, respecto de la veracidad de los hechos descritos en la publicación del medio de comunicación Interferencia, del pasado 15 de septiembre”, y que “luego de recibir respuesta al mencionado requerimiento, el Gobierno de Chile confirma que dicha información es falsa y que Lucía Dammert no ha sido citada en ninguna investigación o proceso judicial llevado a cabo en EE.UU.”
De esta forma, la última comunicación enviada a Interferencia por Cancillería descarta que en efecto hubiera una comunicación por “medios oficiales”, al no existir un requerimiento formal escrito -dado el principio de escrituralidad de los actos públicos- y tampoco referido a un funcionario público y determinado.
Este medio consultó con dos profesionales expertos en derecho internacional, quienes solicitaron hablar fuera de micrófono. “No, no es una comunicación oficial, pero hacer unos llamados para enterarse de un acontecimiento en el Estado receptor [EE.UU.] puede ser defendido como parte de la función diplomática de un embajador, siempre que se haga a través de medios lícitos. Es distinto si el llamado es para influir. Pero, sin saber el contenido de lo conversado, eso no podría probarse”, mencionó a nuestro medio uno de estos profesionales.
Lo que no puede hacer, según la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, es inmiscuirse en los asuntos internos del Estado receptor. Si es una llamada discreta que el embajador hace para informarse de determinados asuntos no necesariamente viola las reglas, pero donde sí podría haber una irregularidad es en el actuar del Gobierno en Santiago, que, a través de comunicaciones oficiales y públicamente intenta defender a una simple ciudadana. Esto eventualmente podría ser un intento de intervención en los asuntos internos de otro Estado”, señaló el mismo profesional, y agregó que “todos los países tienen que aplicar el principio de no intervención, y en este caso La Moneda influye a través de comunicados públicos”.
Otro abogado experta en derecho internacional mencionó que “es complejo el caso, pero lo primero que te puedo decir es que en términos de relaciones diplomáticas, cuando un Estado actúa lo hace como un solo ente en materias internacionales, independiente de quién haya sido el agente, es el Estado el que actúa. Entonces el uso que se le dio a esa comunicación intergubernamental también es parte de la actuación de un Estado”.
El experto agregó que “no conocemos el contenido de las conversaciones que tuvo además sobre un proceso que era llevado adelante por la Justicia y no el Gobierno de Estados Unidos, así que queda la duda de si hay una violación al principio de no intervención contenido en la Carta de las Naciones Unidas”, mencionó. “Que Lucía Dammert había dejado de ser funcionaria pública, de manera que sus actos ya no estaban cubiertos por la reserva que podría rodear esa función”, agregó.
Interferencia también conversó con José Ignacio Escobar, abogado y académico del departamento de derecho internacional de la Universidad Católica, quien además es experto en temas de libertad de expresión.
Me parece que en todo este proceso hay varias irregularidades, pero el primer problema que aprecio es que es el propio Gobierno el que dice primero que obtuvo la información por fuentes oficiales y finalmente se trata de una conversación telefónica”, mencionó respecto del caso“.
En segundo lugar, aquí queda patente un conflicto entre la libertad de expresión, en su faz de acceso a información pública relevante, y el legítimo derecho de un diplomático a mantener cierta reserva respecto de sus fuentes. Sobre esto, puestos a elegir entre este sigilo diplomático que alega Cancillería o acceder a una resolución del Consejo para la Transparencia, no me queda mucha duda de que hay que preferir lo segundo”
Básicamente, además, el sigilo tiene un sentido y necesidad. Por ejemplo, si hubiera comprometida la seguridad nacional de uno de los Estados, o un secreto militar en tiempos de guerra, es necesario elevar el sigilo a un nivel especial, pero este no es el caso. Esto se parece bastante a una consulta que se haría habitualmente en el marco de la cooperación internacional en materia penal. No tiene sentido el sigilo diplomático para materias que no lo justifican”, agrega Escobar.
Interferencia se comunicó telefónicamente con Juan Gabriel Valdés y también a través de Whatsapp desde el pasado martes 23 de mayo. Esto con el motivo de consultarle por más detalles respecto de esta comunicación que tuvo con el Gobierno de Estados Unidos, pero al cierre de esta edición, no contestó.
Estimado Juan Gabriel el tema es el siguiente. Por Transparencia, Cancillería nos informó que el desmentido que emitió el Gobierno respecto del reportaje sobre Lucía Dammert realizado por Interferencia se basa en conversaciones telefónicas que habrías sostenido el 20 de septiembre con autoridades de Estados Unidos. En concreto me gustaría preguntarte cuáles fueron esas autoridades. Segundo, dado que se trataba de un juicio reservado en la corte de Brooklyn, cualquier información que te hubieran pasado al respecto ¿no sería un filtración indebida a un gobierno extranjero?“; fue la consulta precisa enviada al whatsapp de Valdés, la que fue dejada en vista y sin contestación.
Interferencia se comunicó también con el Consejo para la Transparencia desde donde confirmaron que el sumario sigue en curso, por lo cual “no podemos dar ningún tipo de declaración frente a una investigación que se está realizando”.
También esta redacción se comunicó con Cancillería, desde donde señalaron: “reiteramos que los asuntos oficiales, tratados por vías verbales con funcionarios de otros gobiernos u organizaciones internacionales, se circunscriben al sigilo y la práctica diplomática. Considerándose, además, que los interlocutores de estas materias, recíprocamente, tienen una expectativa de confidencialidad y/o reserva respecto de sus identidades. La ruptura de esta confianza, podría afectar gravemente las relaciones internacionales con un determinado país u organismo internacional. Esto está incluso en congruencia con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas del año 1961”.

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