Presidente de comisión investigadora, Vicente Zeballos, señala que se emitieron cartas fianza por S/100 millones.
Por Ricardo Velazco- Diario Gestión
‘‘En el 2009 y 2010, la Superintendencia de Banca, Seguros yAFP publicó avisos advirtiendo que las cooperativas (vinculadas a Rodolfo Orellana) no contaban con autorización. Aun así los gobiernos regionales trataron con ellas. Eso se llama corrupción”, afirmó Vicente Antonio Zeballos, presidente de la comisión que investiga la presunta organización criminal de Rodolfo Orellana. El legislador no descarta que algunas autoridades de estas regiones hayan obtenido beneficios económicos personales para aceptar las cartas fianza que emitieron las cooperativas por más de S/100 millones. Se trata de Ucayali, Lambayeque, Huánuco, Ica, Tumbes, Arequipa, Áncash, Loreto y Lima.
‘‘No solo fue Coopex, también hay otras tres cooperativas más con las que habrían actuado’’, agregó el legislador. Estas empresas no han sido clausuradas hasta el momento, cuestionó.
Más cifras 
Zeballos detalló que las cooperativas también habrían emitido cartas fianza a gobiernos municipales y provinciales por S/100 millones. Similar suma se habría empleado para la adquisición de inmuebles. 
‘‘Ahora todas están inactivas, pero algunas tuvieron vigencia hasta junio de este año’’, informó.
Este lunes la comisión ha citado al alcalde de Ate Vitarte, Óscar Benavides, los presidentes regionales de Huánuco y Lambayeque, funcionarios de Scotiabank y a Andrés Pujada, del club deportivo Alianza Lima.
La comisión llamará a Liseth Orihuela, abogada de Benedicto Jiménez, para que explique la relación de su cliente con altos magistrados del Poder Judicial que podrían beneficiarlo de manera ilícita.
Entrevista por Patricia Quispe V.- Diario Perú21
La red dirigida por el hoy prófugo empresario Rodolfo Orellana es la más mediática, pero no es la única, revela con preocupación Vicente Zeballos, presidente de la comisión parlamentaria que investiga los tentáculos de esta organización.
¿Cuáles son los avances de la comisión a la fecha?
Estamos en un 40% de avance. En la primera fase, recibimos las declaraciones de personas agraviadas y autoridades sectoriales que puedan dar luces. En el caso de Copex, es un eje temático de los diez que trabajamos, y ahí encontramos que siete gobiernos regionales han recibido cartas-fianza por S/300 millones.
Ud. advirtió que algunos gobiernos regionales seguían recibiendo estas cartas.
La Superintendencia de Banca y Seguros notificó a cada gobierno regional que las cartas-fianza de Copex eran irregulares y no las avalaba. ¿Cómo es posible que algunas regiones las hayan aceptado? Eso lleva a pensar en un grado de colusión.
Hablamos de los gobiernos regionales de Áncash, Loreto… 
Están Áncash, Loreto, Huancavelica, Tumbes, Lima, Ica (…), pero la comisión ha decidido convocar al presidente regional de Lambayeque (Humberto Acuña) para que dé su punto de vista en calidad de testigo, y nada impide que su situación jurídica cambie a investigado a medida que evolucione la investigación.
¿Como responsable de colusión?
Claro. ¿A sabiendas de un hecho público persiste en admitir este tipo de documentos irregulares, no sujetos a la validación técnico legal que establece la norma? (Eso) No solamente es omisión; pareciera connotar un nivel de colusión. Hasta el momento, hemos identificado al Gobierno Regional de Lambayeque, de los demás estamos evaluando la documentación.
¿Qué más se ha encontrado?
En la primera etapa, se ha identificado a 86 personas en calidad de investigados y 52 personas jurídicas, pero nos han llegado informes complementarios de la Unidad de Inteligencia Financiera y, en las próximas semanas, propondremos que se amplíe el número de personas jurídicas y naturales que pasan a la condición de investigadas; estos, fácilmente, van a superar la centena.
¿A qué niveles llegan estas responsabilidades?
El grado de responsabilidad es diferente. Unos han actuado como modestos testaferros, otros directamente en la constitución de empresas o en el entorno de Orellana. Me temo, incluso, que hay hasta altos funcionarios de Estado, no necesariamente de este gobierno, involucrados en estos hechos.
¿Del gobierno aprista?
Orellana fue responsable del Área Económica del Colegio de Abogados de Lima cuando era decano Marcos Ibazeta. En 2006 postuló como regidor de Benedicto Jiménez a la Municipalidad de Lima por el Apra. Son actividades desde 2006 a la fecha y la vinculación entre ambos no ha sido solo política, sino que también giraba en torno a estas actividades irregulares.
¿Hay funcionarios del régimen aprista involucrados?
No quiero calificar en qué periodo de gobierno (…). En la comisión hemos recibido denuncias que más o menos tienen la misma metodología y procedimiento con los que ha estado actuando Orellana, pero que, lamentablemente, no están vinculadas al caso. Se trata de gente muy habilidosa que ha sabido hacer uso más idóneo de las debilidades que tienen las normas en su beneficio.
¿Empresarios que están operando actualmente?
Sí, que están operando.
¿Habría entonces más redes tipo Orellana funcionando?
Yo creo que las hay. El hecho mediático es Orellana, pero las hay en paralelo, porque las normas lo permiten, porque las instituciones renuncian a ser mucho más agresivas en sus funciones. Recibimos documentación y la estamos trabajando para proponer que se instaure un grupo específico para ese tema.
¿Son empresarios? ¿Qué características tienen?
Son casos que no son visibles para nada. En principio el trabajo está centralizado en Lima, pero no descartamos que en grandes ciudades, como Trujillo, Arequipa y Piura, se pueda estar propiciando este tipo de actividades.
¿La comisión ha determinado cuánto dinero ha movilizado la red Orellana?
Inicialmente, tenemos 200 cartas-fianza cuyo monto es S/300 millones en 7 gobiernos regionales. Hablamos de transacciones inmobiliarias y también de lavado de activos. Esto puede llevarnos, sin un nivel de exageración, a unos S/500 millones de manera global.
Por la inacción de entidades…
Del Ministerio Público y del Poder Judicial, y por eso se compromete gravemente al doctor José Peláez, porque las reiteradas denuncias (contra Orellana) eran archivadas. Otro hecho grave es que una persona vinculada a la constitución de Copex, Daniel Ramsay, fue su asesor principal.
Pero Peláez traslada la responsabilidad a Ramos Heredia.
Ramos Heredia está vinculado a la responsabilidad funcional de los jueces…
¿Podrían pasar ambos a la condición de investigados?
Es posible. Tenemos algunos indicios, pero nos falta aún algo más contundente para que tengan esta categoría.