“Su canción favorita, ya se sabe, dice: “Yo solo quiero pegar en la encuesta”. O algo así” (Ilustración: Mónica González).

Aparta de mí este virus

Por Mario Ghibellini– Diario El Comercio.
Desde hacía algún tiempo, el premier Vicente Zeballos estaba desaparecido de los medios. La gente había empezado a olvidarse de su rostro y de si su apellido se escribía con ‘v’ de ‘vaca’ o ‘b’ de ‘burro’. Hasta que ayer habló, y todos recordamos lo que nunca debimos olvidar.
“Los cambios que el gobierno ha asumido no tienen ninguna relación con estas reuniones que tuvo el ministro de Energía y Minas con Odebrecht y con la presencia de Jorge Ramírez”, dijo sin que le temblara la voz. Y en su tono categórico se adivinaba la esperanza de que con esa sentencia el asunto quedase zanjado.
El problema, sin embargo, es que ese cuento no se lo tragan ni en el Partido Morado. En el éxodo decretado el jueves en Palacio, hubo efectivamente algunos ministros a los que se despachó aprovechando el tumulto: Edmer Trujillo (que estaba con roche desde que juró el cargo) y la titular de Educación, Flor Pablo (en torno a cuya salida existen todavía algunos misterios sin resolver). Pero, vamos, el plato fuerte fueron sin duda los dos funcionarios que, junto con el procurador Jorge Ramírez, formaron parte del comité organizador de la cita con Odebrecht. Es decir, los ahora exministros de Justicia y de Energía y Minas, Ana Teresa Revilla y Juan Carlos Liu, respectivamente. Y pretender que la circunstancia de que esos dos personajes y Ramírez hayan sido removidos de sus cargos en menos de 72 horas por algo así como una coincidencia atribuible al biorritmo es sencillamente patético.
—Los idos de febrero—
Apresurémonos a aclarar que, a juicio de esta pequeña columna, la reunión no tenía en sí nada de reprobable. Tratar de llegar a un acuerdo con la otra parte antes de ser llevado a un arbitraje de resultados imprevisibles es razonable. Y lo es aun cuando los ocasionales interlocutores pudieran ser los voceros de una empresa corrupta como Odebrecht, si eso es capaz de suponerle al Estado Peruano el ahorro de recursos, tiempo y energía.
Esa era precisamente la situación que planteaba la potencial denuncia ante el Ciadi, y así parecen haberlo entendido en un principio los representantes del Ejecutivo que estuvieron al tanto de que el encuentro iba a celebrarse… Hasta que alguien en las alturas del poder entró en pánico por el efecto que el dato del contacto entre el gobierno y los personeros de esos malandros podía tener en las tribunas, y una torpe operación de destrucción de la evidencia se puso en marcha.
El lector interesado en los detalles puede consultar las distintas crónicas periodísticas que se han publicado en estos días sobre la sucesión de despropósitos que terminó en el licenciamiento de tanto funcionario. Pero, para fundamentar el argumento aquí planteado, baste anotar que es muy claro que tanto la entonces ministra de Justicia como el premier Zeballos estuvieron perfectamente enterados de lo que iba a ocurrir. La señora Revilla facilitó incluso la comunicación entre el procurador Ramírez (su subordinado) y el titular de Energía y Minas. Y las versiones sobre la naturaleza supuestamente “informativa” que, a entender de los involucrados, iba a tener la cita son paparruchadas: en la antesala de una demanda de arbitraje, lo que las partes hacen es negociar y eso lo sabe cualquiera.
¿Advirtieron los ministros al presidente de la reunión antes de que tuviese lugar? Lo verosímil es que sí. Pero si, como asegura Zeballos, no lo hicieron, el primero en partir entre los “idos de febrero” tendría que haber sido él mismo, pues con lo sensible que resulta todo lo relacionado con Odebrecht para esta administración, la omisión habría sido inexcusable.
De cualquier forma, en algún momento el mandatario tiene que haber conocido de la cita, y postular que existió una relación de causa-efecto entre ese hecho y el cambio de actitud oficial hacia ella es una conclusión que se cae de madura. Víctima de su propia beatería en torno a la sola posibilidad de tener a un sospechoso de corrupción en un radio de diez kilómetros, Vizcarra debe haberse estremecido al imaginar lo que sus críticos más chapuceros podían enrostrarle por no haber impedido la conversación con los representantes de la empresa brasileña. Y entonces vino la contraorden.
Esa, en realidad, es la única explicación lógica de que, de pronto, en el Ejecutivo comenzaran a negar los hechos; y, cuando eso ya no era posible, a sacrificar a los implicados más visibles.
—Pegar en la encuesta—
El punto más dramático de este cambio de guion lo marca el ya famoso apotegma pronunciado por Zeballos el 7 de febrero pasado: “El gobierno no negocia con corruptos”. Una contradicción flagrante si consideramos que él supo de la reunión entre Odebrecht y el titular de Energía y Minas aun antes de que esta se celebrara, el 9 de enero de este año.
Los problemas en los que se vio enredado el ministro Juan Carlos Liu a partir de lo revelado el domingo en “Panorama” sobre su sorprendente versatilidad profesional, sin embargo, ocasionaron que la verdad acerca de los tratos del gobierno con la demonizada constructora comenzara a brotar a borbotones. Y así, progresivamente, Liu, el procurador Ramírez y Revilla se fueron transformando en los portadores de un virus contagioso a los que había que desterrar para que la popularidad del jefe del Estado no sufriese mella. Su canción favorita, ya se sabe, dice: “Yo solo quiero pegar en la encuesta”. O algo así.
Por supuesto que una aplicación rigurosa del principio que determinó el licenciamiento de los ministros ya mencionados tendría que haber acarreado también la salida de Zeballos. Pero hasta ahora él parece haberse salvado por ser el depositario del encargo de ir liquidando a los pacientes más graves y negar al mismo tiempo que es eso exactamente lo que está haciendo.
Ese, sin embargo, es –para decirlo con una expresión cara a él mismo– “el estado situacional” de las cosas. Y, de un momento a otro, todo podría cambiar.

Ministra Rocío Barrios salpicada en dudosa licitación a favor de OAS

Rocío Barrios tiene mucho que explicar: ¿cómo fue el concurso que terminó ganando la constructora corrupta OAS? ¿qué papel jugó en esta importante licitación como directora del proyecto?
El emblemático Centro de Convenciones de Lima (San Borja), lugar en el que se realizan los principales eventos del Ejecutivo, es una obra que estuvo a cargo de la hoy cuestionada constructora OAS y que fue licitada durante el régimen de Ollanta Humala Tasso.
El lugar, sin embargo, no estuvo exento de la mano corruptora de la brasilera, ya que según investiga la Fiscalía, también se repartieron coimas. Es más, recientemente, un nuevo elemento salta a la luz: el proceso de licitación duró apenas semanas.
El proceso de licitación estuvo a cargo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), por encargo del Ministerio de Vivienda, bajo la modalidad de Convenio por Administración de Recursos.
Durante la época en que se firmó el convenio, se desempeñó como directora nacional del proyecto Rocío Barrios Alvarado, actual ministra de la Producción. Cabe mencionar que Barrios era directora general de Administración del Ministerio de Vivienda. Y como tal, tenía bajo responsabilidad la administración y custodia documentaria y el suministro de información.
Hoy se sabe que la ejecución del proyecto “Instalación de un Centro de Convenciones en Lima – Perú” tuvo como monto referencial la suma de S/454.9 millones, pero terminó elevándose a más de S/ 500 millones
ANTECEDENTES
De acuerdo con El Comercio, la constructora OAS habría accedido a las bases del concurso público antes de que fueran publicadas para obtener ventaja y poder ganar. Un aspirante a colaborador eficaz así lo afirmó ante los fiscales del Equipo Especial Lava Jato sobre la obra que costó más de S/500 millones.
Fuente: Diario EXPRESO.

Pinheiro confirma que dio US$4 millones a Villarán a cambio de US$142 millones a través de peajes de Línea Amarilla

En su testimonio ante la fiscalía peruana, el expresidente ejecutivo de OAS, Leo Pinheiro, confirmó que el aumento de las tarifas de los peajes de la Línea Amarilla (Lamsac) se hizo a raíz de una compensación negociada con la Municipalidad Metropolitana de Lima, tras el aporte de US$4 millones que hizo la constructora brasileña a la campaña de reelección de Susana Villarán.
El monto que la comuna se comprometió a compensar fue de US$142 millones por el costo de la liberación de los terrenos en los márgenes del río Rímac, según un reportaje de ‘Punto Final’.
Este no se encontraba inicialmente en el contrato suscrito con el municipio, pero se negoció directamente luego que Pinheiro se reuniera junto con el exgerente municipal José Miguel Castro, la exalcaldesa y el publicista Valdemir Garreta en el 2015 en el Hotel Westin de San Isidro.
Según el testimonio del empresario, en dicha cita se negoció con José Miguel Castro. Se estableció que a cambio del aporte de los US$4 millones, la Municipalidad Metropolitana de Lima aprobaría la negociación del trato directo. Y este acuerdo de palabra se cumplió.En esa línea, por lo menos un sol, de los/5.70 que cuesta el peaje de la Línea Amarilla, se debe a la firma de un Acta de Cierre de Trato Directo el 20 de octubre del 2014, en la cual se fijaron los montos que se le debían pagar a la empresa, indicó el mencionado reportaje.
En este mismo documento, las partes acuerdan que la compensación económica a Lamsac se efectuará a través del mecanismo de incremento de tarifa previsto en el peaje de dicha obra de infraestructura.
Al ser consultado al respecto por ‘Punto Final’, Jaime Shimabukuro, exgerente de Promoción de Inversión durante la gestión de Villarán, dijo que desconoce el acuerdo previo y el aporte de OAS a la campaña de la reelección. Esto pese a haber firmado la referida Acta de Cierre de Trato Directo.
Cabe destacar que la fiscalía ha citado para este jueves a Shimabukuro a declarar sobre el tema, en una investigación que apuntala ahora la hipótesis de cohecho en el mismo nivel que la de lavado de activos.
Fuente: Diario Perú21.

CÓMO SE ENTREGARON LOS US$7 MILLONES DE OAS PARA CAMPAÑAS DE SUSANA VILLARÁN

Por Edwin Montesinos- Convoca.pe
Léo Pinheiro, expresidente de la constructora brasileña, aseguró que la entonces alcaldesa de Lima le agradeció aporte millonario tras ganar la campaña de la no revocatoria, según documento fiscal al que accedió Convoca.pe. Colaboradores eficaces revelaron cómo OAS entregó primero US$ 3 millones de dólares para que Villarán no sea revocada de su cargo y otros US$4 millones para la campaña de la reelección de 2014. Este lunes, el Poder Judicial evaluará el pedido del fiscal Carlos Puma de 36 meses de prisión preventiva para la exalcaldesa, su exgerente municipal José Miguel Castro y otros cuatro personajes involucrados.
En su condición de colaborador eficaz, el expresidente de OAS José Adelmário Pinheiro Filho, más conocido como Léo Pinheiro, declaró ante los fiscales peruanos que luego que la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, ganara la campaña de la no revocatoria que le permitió mantenerse en el sillón municipal, “le agradeció el aporte” de los 3 millones de dólares de OAS, justo como hizo con Jorge Barata, el exsuperintendente de Odebrecht en Perú, por la contribución de un monto similar.
Barata ratificó este último hecho la tarde del jueves 25 de abril ante los fiscales peruanos en la sede de la Procuraduría de Paraná, en Curitiba (Brasil), y al día siguiente hizo lo propio Pinheiro ante los fiscales peruanos Carlos Puma y Germán Juárez en el edificio de la Policía Federal de esta ciudad, donde el empresario permanece recluido.
Carlos Puma y Germán Juárez son los fiscales que interrogaron a Léo Pinheiro, expresidente de la constructora brasileña OAS.
Según el requerimiento del fiscal Carlos Puma de 36 meses de prisión preventiva para Susana Villarán, al que tuvo acceso Convoca.pe, los 3 millones de dólares para la campaña del “No a la Revocatoria” le fueron pedidos al expresidente de OAS, Léo Pinheiro, en una reunión con la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, en la que también participaba José Miguel Castro Gutiérrez, su exgerente municipal.
En el documento fiscal de más de 300 páginas, se señala que Castro Gutiérrez se encargó de hacer la solicitud y Pinheiro indicó que el interés de OAS era el proyecto “Vía Parque Rímac”. Este medio informó en mayo de 2017 que esta constructora brasileña, que tiene la concesión del proyecto Línea Amarilla-Vía Parque Rímac, envió desde Brasil dinero en efectivo mediante traficantes de dólares o ‘doleiros’, entre el 2012 y 2014. El proyecto fue adjudicado por la Municipalidad de Lima en 2009, cuando Luis Castañeda Lossio era alcalde y modificado en 2013 durante la gestión de Villarán con la adenda N°1, que permitió a OAS ampliar su concesión de peajes de 30 a 40 años.
Según la confesión de Pinheiro, José Miguel Castro pidió dinero para apoyar con el proyecto, pero indicó que tal aporte debía hacerse a través de Valdemir Garreta, empresario brasileño dueño de FX Comunicação, porque él (Castro) “solo recibiría dinero cuando saliera de la gestión municipal”.
Extracto del documento fiscal donde se señala que el exgerente municipal, José Miguel Castro, hizo el pedido de dinero para la campaña de Susana Villarán, quien agradeció el aporte a Pinheiro.
Así se hicieron los pagos
De acuerdo con los colaboradores de OAS, los 3 millones de dólares de la constructora brasileña para la campaña de la no revocatoria de Susana Villarán se entregaron de la siguiente manera: Dos millones de dólares se entregaron por medio del exdirector financiero de OAS Mateus Coutihno Da Sa Oliveira a FX Comunicação, del publicista brasileño Valdermir Garreta, en cuatro cuotas de 500 mil dólares en los meses de junio, julio y agosto del 2013.
El otro millón de dólares fue directamente a “Lucho”, Luis Gómez-Cornejo Rotalde, quien fue coordinador del gabinete de asesores del expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez; así como exasesor del ex juez supremo Javier Villa Stein. Según la tesis del fiscal Carlos Puma, “Lucho” recibió el monto para hacerlo ingresar al circuito económico, a pedido de José Miguel Castro. “Lucho” era también el encargado de pagar los gastos de la campaña, según la declaración de la excongresista Anel Townsend.
A su vez, la empresa de Valdermir Garreta contrató a la compañía de Luis Favre, Epoke Consultoría Em Midia LTDA (por 500 mil de dólares); a Lucas Levindo de Faria Peixoto, socio de Favre, (por 373 mil 500 dólares); a Rodrigo Luchiare (60 mil dólares); a Benedito Moreira a través de su empresa BM3 Studio Productora de Audivisuales LTDA (64 mil dólares); y a Luciano Correa a través de su empresa Luciano Correa Lima Junior (74 mil 676 dólares). Todas para la campaña contra la revocatoria de Villarán.
Al respecto, en el 2017, Convoca.pe halló que Branislav Kontic, socio que ayudó a constituir la empresa Epoke de Luis Favre, quien asesoró también al expresidente Ollanta Humala en su campaña de 2011 —por al menos 415 mil soles— fue brazo derecho del exministro brasileño Antonio Palocci, señalado por Marcelo Odebrecht como el intermediario para la entrega de los 3 millones de dólares destinados a la campaña de Humala.
Aportes para la reelección
Además de los aportes para la campaña de la no revocatoria, OAS aportó otros 4 millones de dólares para la reelección de Susana Villarán en las elecciones de 2014, según relataron exdirectivos de la compañía que se acogieron a la colaboración eficaz este año. En total, esta empresa habría aportado 7 millones de dólares para las campañas de la exalcaldesa de Lima y Odebrecht otros 3 millones de dólares. Las contribuciones de ambas constructoras ascienden a 10 millones de dólares, según el requerimiento del fiscal Puma para la prisión preventiva de 36 meses para Villarán y otros implicados.
En el documento fiscal, se señala que el colaborador eficaz Nº 101-2019 declaró que “Pinheiro tenía una gran preocupación por reanudar los lazos de relación con la entonces alcaldesa Susana Villarán de la Puente” y su gerente municipal José Miguel Castro, y que este último le pidió al expresidente de OAS “dinero para la campaña por la reelección de Susana Villarán” por la suma de 4 millones de dólares. Pinheiro aceptó debido a que Castro señalaba que “por el tamaño del proyecto era lo que tocaba pagar”, reveló el colaborador.
Extracto del documento fiscal que solicita la prisión preventiva por 36 meses de Susana Villarán y otros implicados.
El gerente general de las empresas CMR Constructora y Generación, César Simon Meiggs Rojas, fue seleccionado por José Miguel Castro para recibir el dinero de OAS para la campaña de la reelección de la exalcaldesa, a través de contratos ficticios con su empresa CMR, señala el documento.
Por otro lado, el colaborador eficaz N°110-2019 ratificó que Léo Pinheiro aprobó la contribución de los 4 millones de dólares para la campaña de la reelección de Villarán, mientras que el colaborador N° 120-2019 relató que Pinheiro solicitó a Leonardo Fracassi, exdirectivo de OAS, proceder con los contratos ficticios, para que se pudiera generar el millonario aporte.
Cómo funcionaba la “Controladoría”
Según las declaraciones del colaborador eficaz identificado con N°101-2019, la empresa OAS tenía un “sector fantasma” llamado la “Controladoría” para cumplir acuerdos ilícitos de pago de coimas, así como para estructurar operaciones financieras a través de la elaboración de contratos ficticios.
El colaborador relata que el dinero recaudado por este sector funcionaba como un fondo para atender cualquier tema a través de un grupo de operadores financieros: primero, Valfredo de Assis, exrepresentante de OAS en Perú, al llegar a un acuerdo con un funcionario, se comunicaba con el exdirectivo de OAS, Leonardo Fracassi; luego, Fracassi, a su vez, contactaba a Alexandre Portela, exejecutivo de OAS; y Portela, finalmente, es quien se encargaba de organizar el pago con el funcionario. Entre otros operadores financieros para Perú se mencionaron a dos exdirectivos brasileños de la constructora que actualmente son colaboradores eficaces: Roberto Cunha y Ramilton Lima Machado Junior.

Caso OAS: Más de US$ 1,200 millones en contratos bajo sospecha en el Perú

La constructora brasileña, que ha iniciado el proceso de colaboración eficaz con fiscales peruanos, consiguió seis contratos con el Estado entre 2009 y 2013, los cuales fueron adjudicados por ministerios, la Municipalidad de Lima y el Gobierno Regional de Cusco.

Por Convoca.pe
Ante el inicio oficial de OAS para acogerse a la colaboración eficaz en el Perú, cabe establecer la cantidad de obras adjudicadas o concesionadas a la constructora brasileña por parte del Estado, así como los montos del tesoro público asignados o de inversión comprometidos para los proyectos de infraestructura otorgados en diferentes gobiernos.
Entre 2009 y 2013, la empresa OAS obtuvo seis contratos con el Estado peruano, de manera individual o en consorcio, por más de 1 mil 200 millones de dólares, según información del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Organismo Supervisor de las Contrataciones Estatales y la Contraloría consignada en el informe final de la comisión investigadora que presidió el congresista Juan Pari.
En 2009, la firma brasileña consiguió dos adjudicaciones: la primera fue la del Trasvase del proyecto de derivación Huascacocha – Rímac, por 67 millones de dólares, otorgada por el Ministerio de Vivienda y Construcción, durante el último gobierno de Alan García.  La segunda obra en ese año correspondió al Proyecto Línea Amarilla, concedida por la gestión municipal de Luis Castañeda Lossio, que implicaba 571 millones de dólares. Como se sabe, el exalcalde Castañeda está bajo investigación por hechos relacionados a esta obra.
Uno de los seis contratos otorgados a OAS en el Perú, el cual está bajo investigación por parte del Equipo Especial para el caso Lava Jato.
En 2011, cuando Ollanta Humala ya era presidente, el MTC entregó la buena pro de la Carretera Lima – Canta a un consorcio liderado por OAS, por un contrato que ascendía a 116 millones de dólares.
Al siguiente año, 2012, el MTC volvió a adjudicarle otro proyecto de infraestructura: la Carretera Quilca – Matarani, esta vez por 210 millones de dólares.
En 2013, aún durante el gobierno de Humala, la constructora brasileña logró que se le otorgaran dos obras, una del Ministerio de Vivienda y Construcción por 185 millones de dólares para construir el Centro de Convenciones de Lima; y otra por parte del Gobierno Regional de Cusco, para edificar el Hospital Antonio Lorena en esta ciudad por una suma de 74 millones de dólares.
Algunos de los investigados en la Fiscalía en relación a aportes de campaña o pagos irregulares de la empresa OAS.
Cabe recordar que la información que entregará OAS a los fiscales peruanos permitirá avanzar en las investigaciones sobre el financiamiento de la campaña contra la revocatoria de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, los vínculos con el exburgomaestre Luis Castañeda Lossio y la ex pareja presidencial Ollanta Humala y Nadine Heredia, la concesión Línea Amarilla, los pagos por la licitación y construcción del hospital Lorena, en el Cusco, en el que se investiga al exgobernador regional Jorge Acurio por presuntamente haberse coludido con el Consorcio Salud Lorena, integrado por OAS y otras compañías.
Asimismo, hace unos días el brasileño Alexandre Portela Barbosa, el ex directivo de OAS, confesó ante la fiscalía de Brasil que esta empresa brasileña usó contratos ficticios en siete países de América, entre ellos el Perú, por unos 120 millones de dólares, entre los años 2010 y 2014.
Convoca.pe trató de recoger la versión de la referida compañía en Lima, pero no fue posible ubicar a alguno de sus representantes en el país.

El gobierno de Odebrecht

Por Mariella Balbi– Diario EXPRESO.
La demanda de Odebrecht contra el Estado peruano en el Ciadi por US$1,200 millones provocó una gran crisis en el gobierno ‘de facto’ de Martín Vizcarra. La empresa brasileña lo puso en jaque y está cercano al jaque mate.
Si negocia como Odebrecht quiere, pierde. Si se niega, el acuerdo de colaboración se cae. Que Vizcarra y el Premier sostengan la salida de sopetón de cuatro ministros estaba prevista es un cuentazo. Nadie lo creerá.
El mandatario trabajó para Odebrecht. El saliente ministro de Energía y el reemplazante también. Asimismo, el gerente de Perupetro y sabe dios quiénes más. Odebrecht quiere dinero como sea, tiene una pléyade de abogados y estrategias para lograrlo.
Los fiscales anticorrupción, el procurador recientemente desaforado, las instancias estatales que manejan el tema del Ciadi no atinaron a colocar una cláusula en el acuerdo de colaboración con la empresa referente a que esta no podía recurrir a una instancia internacional.
El tal acuerdo solo lo conocen quienes lo hicieron entre gallos y medianoche. Es más, está embargado y coloca al país en manos de los fiscales Vela, Pérez, el exprocurador Ramírez y la jueza Álvarez Camacho que lo validó.
Siempre se criticó que se incluyeran cuatro ridículos casos en el acuerdo: la carretera Interoceánica (tramos 2 y 3), la línea 1 del metro de Lima (tramos 2 y 3), la Vía de Evitamiento en el Cusco y la Costa Verde del Callao. Como reparación el Perú recibirá magros S/610 millones pagaderos en 15 años.
Ahora vemos que el gobierno y sus fiscales evitaron incorporar al Gasoducto. Creer que faltó coordinación entre las instancias del Estado relacionadas con el robo de Odebrecht es ingenuo. Solo queda pensar que si el procurador y los fiscales, tan autosuficientes y por encima de las instituciones, no repararon en ello fue por favorecer a la empresa corrupta.
Sin embargo, a Odebrecht se le entregaron S/524 millones por Chaglla y nos demanda en Ciadi por aproximadamente diez veces más.
La empresa tiene tubos en el Gasoducto, cuyo mantenimiento le cuesta al Perú US$47 millones al año, luego de la anulación del contrato por PPK en el 2017. Los tubos son activos y con estos enfrentará a sus acreedores con estos.
Odebrecht fue al Ciadi porque se le acababa el plazo para presentar la demanda. Todo, absolutamente todo era conocido por Vizcarra y compañía. Las traiciones de este son legendarias. La opinión pública ‘piteó’ con razón por la demanda de Odebrecht. Y el mandatario cortó la pita sacando al exprocurador Ramírez.
No contó con que este se defendería. Vizcarra declaró que saldrían airosos ante el Ciadi. Trata el tema como un partido de fútbol. Queda claro que Odebrecht pone y saca a ministros y a presidentes. El actual gobernante ‘de facto’ no será la excepción.