PRÓFUGO. Aduviri está prófugo desde la semana pasada, cuando se ordenó su prisión preventiva por incumplir la orden de comparecencia.

Ordenan captura del gobernador Walter Aduviri por el caso ‘Aymarazo’

Por Karin Chacón– Ojo Público.com
El Juzgado Colegiado de Puno condenó a seis años de prisión al gobernador regional Walter Aduviri por ser coautor del delito de disturbios durante las protestas del denominado caso ‘Aymarazo’, además del pago de una reparación civil de S/2 millones. En el adelanto de la lectura de sentencia, la jueza Jackeline Luza Cáceres confirmó la medida por unanimidad y con efecto inmediato, por lo que ordenó la ubicación y captura de la autoridad regional.
“Condenamos al acusado, Walter Aduviri Calisaya, como autor no ejecutivo del delito contra la tranquilidad y la paz pública en su forma de disturbios (…) Le imponemos seis años de pena privativa de libertad efectiva, la misma que se computará desde su reclusión en el establecmiento pentenciario. Disponemos la ejecución provisional de esta sentencia condenatoria, aunque puede ser objeto de impugnación. Para su cumplimiento cursese el oficio correspondiente a la Policía Nacional del Perú”, indicó la magistrada.
La semana pasada, el Poder Judicial ordenó prisión preventiva de quince días contra Aduviri Calisaya, por incumplir las reglas de la comparecencia restringida a las que estaba sometido. Desde entonces el gobernador está prófugo. Hoy, ni él ni su abogado, Joseph Trujillo, se presentaron a la audiencia.
Aduviri, quien asumió el 1 de enero el cargo de gobernador por el Movimiento de Integración por el Desarrollo Regional (Mi Casita), se convierte en la segunda autoridad regional condenado a prisión este mes. El primero fue el representante de Junín, Vladimir Cerrón (del movimiento Perú Libre), sobre el que pesa una orden de ubicación y captura.
El juzgado, integrado también por las magistradas Kety Neyra Calderón y Shirlay Flores Meléndez, han programado la lectura de sentencia íntegra para el próximo 26 de agosto.

Ocho años de juicio

El proceso judicial  conocido como el ‘Aymarazo’ se inició el 2011 a consecuencia de la quema y saqueo de instituciones del Estado que ocurrieron en Puno durante las protestas contra un proyecto minero. El caso se inició con 49 imputados, entre dirigentes, tenientes gobernadores y habitantes de la zona sur de Puno, pero llegó a la etapa de juicio oral, el año 2017, con solo 19 acusados.
En dicha audiencia, Walter Aduviri -quien era dirigente de uno de los frentes de defensa- fue condenado a siete años de prisión, pero en octubre del 2018 la Corte Suprema de Justicia anuló su sentencia por errores en la tipificación del delito. Por ello se ordenó un nuevo juicio, el cual empezó el 22 de abril y culminó hoy.
De las 19 personas comprendidas inicialmente en la investigación judicial, solo Walter Aduviri ha sido condenado. Todos los demás fueron absueltos el 2018.
El especialista en derecho electoral, Julio Silva Meneses, explica que, al tratarse de una condena de prisión efectiva, las funciones de Aduviri quedan suspendidas en la región. “Corresponde que el JNE acredite al vicegobernador porque hablamos de un plazo de suspensión mayor a 30 días. El JNE le expedirá la credencial para que asuma el cargo mientras se resuelva la situación jurídica de Aduviri”, señaló.
PROTESTAS. En los exteriores del Poder Judicial, miembros del Frente de Defensa de Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno marcharon a favor de Aduviri. Foto: Karin Chacón / Ojo-Publico.com
El procurador público del Ministerio del Interior, Moisés Vega de la Cruz, había solicitado una indeminización de S/5 millones por daños a la propiedad pública y privada, sobre todo instituciones gubernamentales. En tanto, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, a cargo de Juan Monzón Mamani, había pedido 7 años de prisión contra el gobernador.
En la audiencia de alegatos finales, que se desarrolló el pasado 12 de agosto, el fiscal sustentó por qué la autoridad debía ser condenado como coautor no ejecutivo. Según su acusación, durante las protestas del 2011, Aduviri envió oficios al gobierno regional advirtiendo de acciones radicales si no aceptaban su pliego de reclamos. Ese mismo día, el abogado del gobernador, Joseph Trujillo, señaló que esto sería imposible porque se requieren de dos a más personas para ser considerado coautor ejecutivo, y, en este caso, Aduviri es el único procesado.
Durante y después de la lectura de sentencia, el Frente de Defensa de Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno convocó a decenas de manifestantes para marchar en respaldo al gobernador. Esta organización -que Aduviri lideró durante el ‘Aymarazo’- es hoy representada por Édgar Chura. Al término de la audiencia, el dirigente calificó esta condena como una persecusión contra los dirigentes sociales.

TAMBIÉN SE CORRE DE LA JUSTICIA Y ENTRA “EN LA CLANDESTINIDAD”

Tras dictarse en su contra 15 días de prisión preventiva, el gobernador regional de Puno, Walter Aduviri, mandó un mensaje a través de su cuenta de Facebook, deseando la unión de todos los puneños en momentos de incertidumbre, confirmando de paso que está en condición de prófugo de la justicia.
“Hermanos y hermanas de la región Puno, pedirles unidad y seguir trabajando por el desarrollo de la región Puno”, publicó Aduviri, sin mencionar la resolución del juez Youl Riveros, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno, que ordenó darle 15 días de prisión preventiva en el proceso que se le sigue por dirigir protestas violentas en 2011, durante el llamado “Aymarazo”.
En declaraciones reproducidas por el diario Exitosa, el consejero por la provincia de Puno, Jorge Zúñiga, dijo que advirtió esta situación en su debido momento, sobre una posible fuga de Aduviri Calisaya y las consecuencias que esta situación podría traer sobre la administración regional y los proyectos emprendidos durante este tiempo.
“Lo advertimos y ahora las cosas se están dando de cierta manera como lo dijimos… Ahora lo que queda es seguir el procedimiento que ya está estipulado en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, por lo que únicamente estamos esperando la convocatoria del consejero delegado, José Luis Borda Cahua, y debatir en la próxima sesión este tema”, sostuvo Jorge Zúñiga.
En relación a la toma de mando del vicegobernador, Agustín Luque, el consejero manifestó que este tiene el beneficio de la duda y que la gente lo ve “como una esperanza”, por lo que pidió a la población darle un tiempo prudencial para tomar las riendas de la gobernación.
Fuente: www.manifiestoperu.com