Por Manuel Romero Caro- Diario Gestión.
Sería gravísimo si la Fiscalía se hubiera comprometido a no procesar a Marcelo Odebrecht ni a sus empresas ni a los ex ejecutivos.
A pesar de la tremenda expectativa generada, la ciudadanía no conocerá el 01.06.17 la información de las Delaciones Premiadas de Odebrecht (Odb). Ya que el procurador regional Orlando Martello anunció que para obtener las publicitadas delaciones de los ex ejecutivos de Odebrecht, el Perú primero se debe de comprometer a no procesar a los colaboradores brasileños, ni a Odebrecht, ni a Braskem ni a las empresas involucradas.
Es evidente que Perú de ninguna manera debe de acceder a las demandas de Brasil. No sólo por consideraciones políticas, éticas o legales; sino también porque en los próximos días debemos acceder al servidor que Odebrecht tenía en Suiza, cuya entrega no tiene condicionalidad. Ese servidor contiene toda la información que acredita los millonarios sobornos y las personas que los recibieron. Contiene cien millones de datos, la mayor parte encriptados. Pero ya se ha asegurado la asesoría del ex fiscal suizo Stefan Lenz, quien desencriptara los datos del servidor. Por lo que hasta que no se acceda a la totalidad de datos, no se debería de adoptar ninguna decisión frente a las demandas brasileñas.
No podemos renunciar a nuestro derecho a investigar, enjuiciar y sentenciar a aquellos que hubieren cometido delitos en nuestro país. Entendemos que no se puede sentenciar a una misma persona dos veces por el mismo delito (Brasil y Perú). Pero ¿quién nos asegura que efectivamente se sentencien a los que se deben de sentenciar? ¿quién nos asegura que, por ejemplo, el próximo año no resulte electo Lula (va primero en las encuestas), o alguien cercano a él, y cambie la correlación de fuerzas en las autoridades judiciales y sean más laxos en enjuiciar los delitos que se hubieren cometido en el Perú? , ¿o que habiendo sido sentenciados, no los indulten? Además los juicios en Brasil por delitos cometidos en Perú (y otros países) tendrían bajísima prioridad. No hay que olvidar que en el Brasil hay 4 instancias judiciales, los juicios duran una eternidad y la mayoría cae en la prescripción, inclusive en casos famosos como el Propinoducto o el caso Silverinha. Es así que el propio coordinador de los fiscales del caso Lava Jato (LJ), Deltan Dallagnol, ha dicho que “en Brasil se vive una cultura jurídica parcial que causa injusticias sistémicas, sobrevalorizando los derechos de los reos y menospreciando los derechos de la sociedad. Como procurador de la República he lidiado personalmente con numerosos casos criminales en que los efectos negativos e injustos de esa cultura jurídica brasileña desequilibrada estuvieron presentes. Especialmente cuando se trataba de crímenes de cuello blanco (como en el caso de los ex ejecutivos de Odebrecht); pues ellos podían soportar los costos de los procesos en todas las instancias legales” (1).
De esta manera van quedando más claros los objetivos de Odebrecht frente a la grave crisis que afronta la empresa y sus accionistas. Que el Grupo sobreviva y siga operando en el mayor número de países posible; y que los ex ejecutivos reciban las menores penas posibles son los principales objetivos. A nivel personal estos se revelaron a través de las exigencias de Marcelo Odebrecht (MO) para acceder a declarar ante los representantes peruanos en Curitiba. Sin embargo la Procuradora de Lavado de Activos Janet Briones se abstuvo de participar en el interrogatorio que efectuara el fiscal Germán Juarez a MO. Es que este condicionó su declaración a la firma de un compromiso por parte de la Procuraduría para que no efectúe acciones penales ni civiles contra él y sus empresas, lo que no fue aceptado por la Procuraduría. Por lo que la pregunta que cabe formularse es ¿Y MO no solicitó el mismo condicionamiento al Fiscal Juarez? Es por ello que resulta indispensable que la fiscalía aclare si firmó o no el documento exigido por MO y que precise a lo que se habría comprometido si lo firmó. Sería gravísimo si la Fiscalía se hubiese comprometido a no procesar a MO ni a sus empresas ni a los ex ejecutivos de Odebrecht.
A nivel empresarial el objetivo de Odebrecht es seguir operando en el mayor número de países posibles. Para lo cual plantea suscribir un acuerdo con los gobiernos y las autoridades judiciales. Para tener una idea de las demandas de Odebrecht, es importante conocer lo mencionado por el ese entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien aseguró que “Odebrecht pide imposibles que Brasil sí le otorgó. Es una claudicación del Estado brasileño. Porque lo que pide Odebrecht es garantía de que no tendrá ningún juicio civil, ni penal, que no se va a revisar ningún contrato anterior, que pueda seguir contratando en el país. Cosas realmente inadmisibles” (2).
La estrategia de Odebrecht se explica en una nota de El Universo del 16.02.17, en la que se precisa que el deseo de Odebrecht es que la PGR (el Ministerio Público de Brasil) y el grupo de trabajo de LJ ayuden a la empresa para garantizar su actividad en los países que colaboran. Inclusive se menciona que el Presidente Kuczynski dijo que Odebrecht tendría que abandonar el país, y emitió un decreto de emergencia que enumera diversas sanciones (el DU N° 003 se promulgó para resguardar la eventual reparación civil que se tendría que pagar al Estado). Precisando que Odb espera que estas medidas sean flexibilizadas con la ayuda de la PGR.
Por lo que al conocerse el condicionamiento impuesto por el Ministerio Público de Brasil a los países que deseen acceder a las delaciones de los ex ejecutivos de Odb, queda claro que se accedió a las demandas de Odb. Lo único que falta sería que en el documento que está exigiendo Brasil que se suscriba, también se incluya que las constructoras brasileñas sigan operando en los países en los que entregaron sobornos!
Notas:
(1) A luta contra a corrupcao. Deltan Dallagnol.
(2) EFE Quito 18.03.17

Impunidad por delaciones premiadas (2)

En la primera parte de este artículo explicamos que para acceder a las Delaciones Premiadas, Perú debería de comprometerse a no procesar a ningún colaborador brasileño, ni a Odebrecht (Odb), ni a ninguna empresa involucrada en Lava Jato.
El apuro de Odb por regularizar su situación legal y la de sus empresas, se debe a su muy ajustada situación financiera. “Hace más de dos años que la Constructora Norberto Odebrecht no consigue financiamiento para sus obras. Está en el más bajo nivel de clasificación de riesgo de Moody´s”. La deuda bruta sigue elevada. Y en lo que a la venta de activos se refiere, tampoco le ha ido bien. De un ingreso previsto de 12 billones de reales, hasta la fecha el grupo solo logró alcanzar 4 billones (1). Inclusive Bloomberg ha revelado que existe la posibilidad de una bancarrota de Odb (Gestión 07.04.17).
De otro lado, el juez Concepción Carhuancho ya rechazó el pedido de Barata para que no lo acusen por tráfico de influencias en la Interoceánica Sur. Pero si se le encontrara culpable, no se le podría sentenciar si es que las autoridades peruanas aceptaran la demanda de Brasil para que haya impunidad para los ciudadanos y empresas involucradas en el caso Odebrecht a cambio de la entrega de las Delaciones Premiadas.
En otro aspecto se profundizaron las diferencias al interior del Ejecutivo y entre este y el Legislativo sobre aspectos importantes del caso Odebrecht.
Es así que el Premier Zavala, con una notable falta de sintonía con la opinión pública, enfatizó que si una compañía no está incluida en ninguna de las dos restricciones del DU 003, está habilitada para participar en la reconstrucción del norte del país.
Por lo que la presidenta del Congreso vio una brillante oportunidad de enmendarle la plana, y expresó: “Si esa empresa, que ya sabemos que está con proceso investigatorio y que inclusive la procuraduría se ha preocupado, resulta en un juicio sentenciada y ya le hemos entregado recursos para que hagan obras, esos recursos estarían en riesgo” (EC 17.05.17). Y la Congresista Beteta (FP) presentó un proyecto de ley para modificar el DU 003 para ampliar las responsabilidades por corrupción a las empresas que hubieran sido socias de Odebrecht. El que además del fujimorismo es apoyado por el PAP, el Frente Amplio e inclusive por un sector del oficialismo.
Mucho más política que la de Zavala fue la respuesta de Pablo de la Flor (Director Ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción) sobre el mismo tema: “Preferiría no trabajar con empresas sobre las que existan sombras de dudas sobre su integridad. Pero evidentemente tengo que someterme a lo que establece la ley, aunque no me sienta cómodo. El Congreso tiene la facultad y los cerrojos para que esto no ocurra” (Perú21 del 21.05.17).
Finalmente solo hay que señalar la ineptitud del gobierno para “destrabar” los megaproyectos. Los subestimaron en el diagnóstico y ya estamos viendo algunas consecuencias: el gasoducto parado por un buen tiempo (creo que la nueva licitación requerirá poco más de un año a partir de ahora); Chinchero parado; la nueva refinería de Talara (eso de la ampliación fue una mentira de los humalistas) completamente desfasada y será una nueva carga para los consumidores; etc. Estas son algunas de las consecuencias por apurados y aceptar los consejos de aquellos que presionaban para “no parar y seguir a buen ritmo”.
Notas:
(1) Dinheiro 10.05.17
(2) Folha 28.07.16