El veterano periodista Nicholas Asheshov, editor del Correo Aéreo de los Andes y Perú, nos recuerda en su blog que el aeropuerto de Chinchero, en Cusco, empezó mal. Y fue Jorge Acurio, entonces gobernador regional, quien inició este carnaval con el pago de 70 millones de dólares por 330 hectáreas de parajes fríos e inhóspitos.
Así actúa el clientelaje en provincias, con plata ajena, en este caso con la nuestra, y sobre ese antecedente y otros despilfarros, ¿le pasó algo a Acurio y a sus cómplices de ese “negocio”? Nada. Todos cerraron filas en Cusco, para no ser objeto de las iras y algaradas de los comuneros. Pero no nos engañemos: el verdadero objetivo de muchos interesados en Chinchero está en los terrenos del actual aeropuerto Velasco Astete.
La hectárea de los campos norteamericanos de Idaho, la región de papa más importante del mundo, no pasa de 5,000 dólares. Los más caros podrían estar en el sur de Inglaterra, en Devon y Somerset, donde la hectárea podría costar 10,000 libras esterlinas, una vigésima parte del precio que pagó Acurio a sus comuneros de Chinchero. Solo un diario protestó en forma abierta contra este despilfarro del erario público. Y, claro, Asheshov.
Los afortunados propietarios de los campos eran 426 miembros de un par de comunidades de Chinchero, quienes recibieron hasta 230 mil dólares por cada hectárea, lo que de lejos serían los campos de papa más caros del mundo (porque allí hay cultivos de ese producto), afirma el también prestigiado empresario ‘Nick’ Asheshov, quien vive hace muchos años en Urubamba. Conoce pues el sitio y la idiosincrasia convenida de los caciques políticos de la zona. Corría el año 2012.

Jorge Isaacs Acurio Tito

Porque una cosa son las matemáticas puras, de meros cálculos porcentuales, y otras los cálculos financieros, que son mucho más comprometedores en esta su nueva aventura, que, por cierto, recibe el apoyo del “Cusco rojo”, cuyos activistas de izquierda no entienden de números, como sí los entiende su amigo del alma Carlos del Solar, el hombre fuerte de Kuntur Wasi, que se ha hecho del terminal de Chinchero.
Desde esta sección pobre pero honrada le habíamos dicho a PPK que tenga cuidado con las cifras y los porcentajes de los intereses (de hasta 23 %) en un crédito para el aeropuerto de Chinchero. Claro, de esa forma los 265 millones de dólares de crédito se convertían en 590 millones de moneda verde. Esos intereses no hay en ninguna parte del mundo, señor. De forma que no meta a todos en eso de “criticones”.

Astucia del colorín colorado

El problema era el costo financiero por los 265 millones de dólares a su término del quinto año. Los cálculos oficiales dicen que generaría 589 millones de dólares de intereses. Ante este impase se consultó a la Contraloría y a la CAF. Estos recomendaron, dice Don Martín, 450 millones y no los 589 millones de verdes. Es cuando el MEF y el MTC acordaron que esos 265 los pusiera el Estado. 
Además, agrega el brazo derecho e izquierdo de PPK, había que asumir un movimiento de tierras por dos años a un coste de US$ 140 millones, esto a cargo del Estado. Finalmente, que pistas y terminales eran responsabilidad de la concesión, pero el pago siempre a cargo del Estado; y que las obras complementarias, operación y mantenimiento estarían a cargo del concesionario. ¿Lo más fácil y lucrativo en un híbrido entre Estado y APP?

Los 10 funcionarios hallados responsables por Contraloría

Encabeza la lista la viceministra de Transportes Fiorela Molinelli y serán procesados por negociación incompatible.

PERTENECEN AL MTC, AL MEF Y A OSITRAN
La Contraloría emitió su informe de auditoría sobre el proyecto y la adenda del aeropuerto internacional de Chinchero en el Cusco, donde incrimina a funcionarios de diferentes reparticiones públicas que vieron el citado proyecto que ha sido resuelto por el Ejecutivo con la consiguiente renuncia del titular de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra.
El contralor general de la República, Edgar Alarcón, adelantó que la institución que dirige encontró responsabilidad penal en 10 funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran).
¿Quiénes son? Se conoció que en primer lugar, la viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli Aristondo, a quien se responsabiliza por firmar a nombre del MTC la adenda al contrato con Kuntur Wasi.
Otro funcionarios de este sector es Yaco Rosas Romero, director general de Concesiones de Transportes, quien habría suscrito varios informes que sustentaron incluir la adenda al contrato de Chinchero.
También Nancy Zedano Martínez, directora general de la Oficina de Asesoría Jurídica del MTC, en este caso por dar el visto bueno a un informe que determinó la viabilidad de lo escrito en el citado proyecto y su cuestionada adenda.
El especialista legal de la Dirección General de Concesiones de Transportes del MTC, Hernán Muñoz Valdivia, es otro implicado también por suscribir informes a favor de la inclusión de la misma adenda.
La abogada Yanina Hilario Solís, asesora legal de la oficina general de Asesoría Jurídica de MTC, ha sido incluida entre los que serían denunciados, en su caso por suscribir un informe que concluye sobre la corrección del texto del proyecto de adenda al contrato original de Chinchero.
Circunstancias similares al caso anterior han incorporado en la lista a Jonathan de la Cruz Medina, analista legal de la Dirección General de Concesiones de Transportes del MTC.
MEF Y OSITRAN
Camilo Carrillo Purín, director general de Política y Promoción de la Inversión Privada del MEF, sería procesado penalmente por suscribir un informe por el cual el MEF dio opinión favorable al proyecto de la adenda en mención, al parecer a pedido de Fiorella Molinelli.
La especialista económica de la Dirección General de Concesiones de Transportes, Gianina Beoutis Manrique, está implicada por suscribir informes que fundamentaban incluir la adenda al contrato Chinchero.
Alfredo Dammert Lira y Antonio Balbuena Vela, en su calidad de miembros del Consejo Directivo de Ositran, son otros incriminados también por haber votado a favor de la suscripción de la adenda al contrato.
Como es público, el voto discordante en OSITRAN fue de la entonces presidenta Patricia Benavente Donayre, por lo que renunció y dejó clara constancia que la adenda era largamente favorable al consorcio Kuntur Wasi.
La Contraloría señaló que la firma de adenda significó una pérdida de 40.6 millones de dólares para el Estado, y por tal razón solicitaría procesar a los 10 funcionarios por los presuntos delitos de negociación incompatible.
LAS OBSERVACIONES
El Informe de Auditoría Nº 265-2017-CG/MPROY-AC consta de siete tomos y se habría notificado a 21 altos funcionarios. Hasta donde se sabe, no está el nombre de Martín Vizcarra en la lista de futuros procesados porque la Contraloría no podría solicitar su denuncia penal por gozar de inmunidad en cuanto es vicepresidente.  Eso sería un asunto de la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, siempre y cuando se encuentre dolo en las investigaciones.
SALGADO: PRIMERO ANALIZAR EL INFORME DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
La presidenta del Congreso, Luz Salgado, sostuvo ayer que urge esclarecer responsabilidades en la firma del contrato de Chinchero y su adenda. Y en caso de encontrar ilícitos, procesarlos, pero primero se debe “analizar los alcances del informe técnico presentado por la Contraloría”.
Fuente: Diario Expreso y www.peruviantimes.com

Dammert

Alfredo Dammert Lira, 73, es ingeniero de la Universidad Nacional de Ingeniería, con un master en ingeniería química en la Universidad de Texas y un Ph.D. en Economía de la misma universidad nortamericana. Es actual miembro del Consejo Directivo de  OSITRAN, presidente del Tribunal de Solución de Controversias de OSIPTEL y vocal del Tribunal de Apelaciones de Sanciones en Temas de Energía y Minas (TSTEM).  Fue presidente del directorio del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) del 2002 al 2012. Fue gerente de proyectos en desarrollo del sector privado para América del Sur y Asia del Sur del Banco Mundial de 1988 al 2002. Es actual director de la Maestría en Regulación, Gestión y Economía y director de la maestría en Regulación de los Servicios Públicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En contraste, el Contralor General de la República, Edgar Alarcón, es bachiller en Contabilidad de la Universidad San Agustín de Arequipa (grado que obtuvo 15 años después de terminados sus estudios)  y tiene una maestría en Administración de la Universidad Alas Peruanas del 2014.
Fuente: Revista CARETAS.

Algo se pudre en Dinamarca