El pleno del Congreso de la República aprobó el dictamen del proyecto de ley que establece un nuevo marco legal sobre el uso y fines de los recursos provenientes de la cooperación internacional que reciben los organismos no gubernamentales (ONG).
El dictamen reúne los proyectos de ley 6162, 6252, 7140, 7354, 7367 y 7505, que propone modificar la Ley 27692, Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional- APCI.
Se aprobó con 82 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones. El texto sustitutorio fue exonerado de segunda votación.
Quienes la impulsan sostienen que fortalecerá el trabajo de dicha institución y contribuir con la transparencia y la supervisión de la ejecución de los recursos recibidos por las entidades que gestionan la cooperación técnica internacional no reembolsable.
La congresista Auristela Obando, en su calidad de presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, indicó que la cooperación internacional es valiosa para el Perú, especialmente la humanitaria y la promoción del desarrollo sostenible, sin embargo, los vacíos legales encontrados en los actuales dispositivos que regulan la cooperación técnica internacional no reembolsable, no ayuda a que las organizaciones o entidades que las gestionan, sean transparentes y reciban una adecuada fiscalización.
“Por lo que resulta necesario modificar la legislación vigente, a fin de fortalecer los intereses del Estado vinculados con la transparencia y la fiscalización en el marco del principio de soberanía nacional. En tal sentido y con el propósito de reforzar la transparencia con un marco regulatorio semejante a los países de la OCDE, la Comisión propone en texto sustitutorio la modificación de diversos artículos de la Ley 27692 y otras normas conexas, para promover y asegurar la transparencia y fiscalización de las organizaciones que gestionan la cooperación técnica internacional”, afirmó.
Durante su intervención en el debate, reveló que más del 85% de las organizaciones no gubernamentales que gestionan cooperación técnica internacional, no inscriben ante la APCI sus proyectos, programas o actividades, pero “con la ley que se propone ahora, están obligados a hacerlo”.
Mediante un comunicado publicado en redes sociales, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) expresó su absoluto rechazo ante la aprobación por parte del Congreso de la modificatoria de la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).
Manifestó que decisión tomada en el Parlamento, impone un control indebido sobre la sociedad civil y atenta contra la defensa de los derechos humanos y la democracia en el país.
Añade que, con la norma, las ONG que trabajan en equidad de género, educación, salud, protección de la Amazonía, lucha contra la corrupción, entre otras, serán perseguidas.
Fuente: Diario Gestión.
Comisión Permanente aprueba informe final contra Martín Vizcarra y Salvador del Solar por cierre del Congreso en el 2019
La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final de las denuncias constitucionales 348, 400 y 466 (acumuladas) en contra del expresidente Martín Vizcarra, así como el expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, quienes habrían infringido diversos artículos de la Constitución Política del Perú. En ese sentido, se acordó inhabilitarlos para el ejercicio de la función pública por 10 y 5 años, respectivamente.
LOS CASOS
Respecto a Vizcarra, el informe concluye acusarlo porque, en su condición de exjefe de Estado, por su conducta, comportamiento y hechos objeto de la denuncia, cerró el Congreso de la República. Al respecto, votaron 20 legisladores a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.
“La suspensión del procedimiento de elección de magistrados no podía ser materia de cuestión de confianza al no tratarse de un proyecto de ley, consecuentemente; el presidente Martín Vizcarra no podía interpretar que al haber elegido un magistrado se había denegado la confianza”, de detalla en el documento.
Por ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 100 de la Constitución, se le impuso a Vizcarra la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública. Votaron 19 congresistas a favor, 3 en contra y se abstuvo.
En el caso del Salvador del Solar, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros, se le acusa por su conducta, comportamiento y hechos objeto de la denuncia por presunta infracción del artículo 132 y 133 de la Constitución, tras plantear la cuestión de confianza para suspender el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional sin que haya sido discutida y aprobada en sesión del Consejo de Ministros.
Al respecto, votaron 14 legisladores a favor, 7 en contra y 3 abstuvieron.
“La suspensión del procedimiento de elección de magistrados no podía ser materia de cuestión de confianza al no tratarse de un proyecto de ley, consecuentemente; Salvador Del Solar Labarthe no podía interpretar que al haber elegido un magistrado se había denegado la confianza”, se indica en el informe.
Posteriormente, se votó la recomendación de sanción de inhabilitación por 5 años para el ejercicio de la función pública. Votaron 12 congresistas a favor, 11 en contra y 1 se abstuvo.
REPROGRAMACIÓN
El informe también incluye a Vicente Zeballos, expresidente del Consejo de Ministros, donde también se concluye acusarlo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros, por su conducta, comportamiento y hechos objeto de la denuncia por presunta infracción al artículo 134 de la Carta Magna.
“La suspensión del procedimiento de elección de magistrados no podía ser materia de cuestión de confianza al no tratarse de un proyecto de ley, consecuentemente; Vicente Zeballos Salinas no podía interpretar que al haber elegido un magistrado se había denegado la confianza”, se indica en el informe que recomienda se le imponga la sanción de inhabilitación por 5 años.
Al respecto, Vicente Zeballos envió un oficio a la Comisión Permanente solicitando que se le conceda un plazo razonable para ejercer su defensa y pidió se reprograme su invitación. Por ello, la Mesa Directiva acordó invitarlo en la siguiente sesión, pero aclaró que, en caso de no asistir, su asistencia no podrá justificarse y se continuará con el proceso.
SUSTENTACIÓN Y DEFENSA
En la sesión, se dio a conocer un documento enviado por Martín Vizcarra, quien indicó que no asistirá a la sesión programada, ya que el informe final en su contra habría soslayado los descargos que presentó el pasado 31 de julio del 2024, “trasgrediendo flagrantemente el principio de seguridad jurídica”.
Sobre ello, la Mesa Directiva calificó como inasistencia la ausencia del expresidente y consideró que su pedido es injustificado, por lo que continuó con el trámite de la acusación constitucional.
El informe fue sustentado por la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, María Acuña (APP), así como al delegado de las denuncias constitucionales 348, 400 y 466 (acumuladas), Héctor Ventura (FP).
“La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (…) ha respetado las garantías constitucionales del debido procedimiento, de modo tal que cada denunciado a ejercido su derecho a defensa y ofrecido los medios probatorios suficientes y necesarios”, alegó.
La defensa de Salvador del Solar estuvo a cargo del abogado Luciano López, quien indicó que se pretende sancionar a su patrocinado pese a que la Constitución “le ha cerrado la puerta”, por caducidad.
“Se vulnera su derecho a igualdad de trato, se han obviado precedentes parlamentarios. Se le pretende sancionar a pesar de que no existen pruebas razonables que derroten su presunción de inocencia y pese a la fuerza de la cosa juzgada”, alegó.
Luego se nombró a los legisladores María Acuña y Héctor Ventura como miembros de la Subcomisión Acusadora a fin de que sustenten el informe aprobado y formulen la acusación ante el Pleno del Congreso.
De esta manera, en cumplimiento a lo que señala el Reglamento del Congreso, el Consejo Directivo fijará fecha y hora para el debate y votación del informe final ante el Pleno del Congreso.
Fuente: Congreso de la República.