Por Martín Villacís– Diario EXPRESO.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema desestimó el recurso presentado por el fiscal José Domingo Pérez Gómez para frenar la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.
Con esta decisión, el Ministerio Público (MP) continuará con las diligencias sobre su patrimonio.
El tribunal supremo, presidido por el juez César San Martín, declaró “infundada” la tutela de derechos que interpuso Pérez Gómez, quien argumentó una vulneración al debido proceso y la existencia de una doble persecución penal.
Según el fiscal, los hechos investigados ya fueron archivados por el MP en un proceso anterior.
No obstante, la Corte Suprema determinó que no hay duplicidad en la investigación. Según el fallo, la adquisición de un vehículo provocó nuevos indicios sobre su situación financiera, lo que justificó la reapertura del caso.
En su resolución, el tribunal indicó que el Código Procesal Penal permite reexaminar una investigación cuando aparecen nuevos elementos de convicción.
El 15 de diciembre de 2024, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, anunció el inicio de la investigación preparatoria contra Pérez Gómez, tras una pericia que evidenciaría un supuesto desbalance patrimonial.
José Domingo Pérez seguirá en sus funciones
La titular del Ministerio Público explicó que la medida responde a la necesidad de esclarecer los hechos y llevar a cabo diligencias adicionales.
Pese a este proceso, Espinoza aclaró que el fiscal seguirá en funciones. “Los hechos denunciados no tienen la gravedad suficiente para justificar su retiro o suspensión”, sostuvo en una entrevista televisiva.
La decisión de la Corte Suprema ratifica el avance de la investigación en el Ministerio Público. Con el rechazo del recurso, Pérez Gómez deberá continuar afrontando las diligencias judiciales mientras mantiene sus responsabilidades en el ente fiscalizador.
Sospecha de pelea entre los obispos peruanos tras el caso Cipriani
Por Nico Spuntoni– Brujulacotidiana.com
Tras la noticia publicada en exclusiva por el diario El País sobre los presuntos abusos del arzobispo de Lima, la conferencia episcopal peruana se une al ataque al prelado con cierto sabor a venganza. Éste se declara inocente y responde punto por punto a los medios de comunicación y al colegio episcopal de Perú.
Hay guerra en la Iglesia peruana. La noticia publicada por el diario español El País sobre la existencia de una acusación de abusos sexuales atribuida al cardenal Juan Luis Cipriani Thorne está provocando un auténtico terremoto. El corresponsal en el Vaticano, Íñigo Domínguez, ha informado de que el arzobispo emérito de Lima ha sido acusado de haber tocado y besado a un menor (tenía entre 16 y 17 años en el momento de los hechos) en 1983. La presunta víctima, que ahora tiene más de 50 años, denunció los hechos en una carta escrita al Papa en 2018, a la que siguió la imposición de medidas disciplinarias al cardenal tras su renuncia a gobernar la archidiócesis en 2019.
La Oficina de Prensa de la Santa Sede ha confirmado los hechos y ha explicado que “tras aceptar su renuncia como arzobispo de Lima” a Cipriani se le “impuso un precepto penal con algunas medidas disciplinarias relativas a su actividad pública, lugar de residencia y uso de insignias” que aceptó y firmó en su momento. El director de la Oficina de Prensa, Matteo Bruni, ha aclarado también que “en la actualidad, este precepto sigue vigente aunque en ocasiones puntuales se han concedido ciertos permisos para atender peticiones debidas a la edad y situación familiar del cardenal”. Esta aclaración se produce después de que El País haya denunciado la concesión pública de una condecoración al arzobispo emérito por parte del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, el pasado 17 de enero.
Por su parte, el cardenal no ha negado la existencia de las sanciones, pero ha rebatido la veracidad de la acusación. Los hechos denunciados por Domínguez, según Cipriani, “son completamente falsos”. “No cometí ningún delito ni abusé sexualmente de nadie, ni en 1983, ni antes ni después”, se ha defendido el cardenal peruano. No sólo eso: el primer miembro del Opus Dei en ingresar en el Sacro Colegio ha argumentado lo siguiente en el comunicado, en el que se intuye cierto malestar: “En agosto de 2018 se me informó de que había llegado una denuncia que nadie me entregó. Posteriormente, sin haber sido escuchado, sin saber más y sin que se abriera un proceso, el 18 de diciembre de 2019 el Nuncio Apostólico me comunicó verbalmente que la Congregación para la Doctrina de la Fe me había impuesto una serie de sanciones limitando mi ministerio sacerdotal y solicitando que tuviera una residencia permanente fuera del Perú. También se me pidió que guardara silencio, lo que he hecho hasta ahora”.
Cipriani, sin embargo, ha querido poner los puntos sobre las íes también sobre las prohibiciones impuestas por Roma, que Bruni ha recordado que seguían vigentes. El prelado, de hecho, ha escrito que “el 4 de febrero de 2020 tuve una audiencia con el Papa Francisco y el Santo Padre me permitió reanudar mis tareas pastorales. Así lo demuestra mi amplia actividad pastoral durante estos años, predicando retiros espirituales, administrando los sacramentos, etc. Durante estos años fuera de Lima he vivido en Roma dedicándome a mis funciones de cardenal miembro del Dicasterio para las Causas de los Santos hasta que cumplí 80 años y me retiré de toda ocupación en la Curia Romana para trasladarme a Madrid”.
Así pues, nada de desobediencia a la Santa Sede tal y como da a entender el artículo de El País y que en cierta manera parece apoyar el comunicado de la Oficina de Prensa. Cipriani tampoco ha visto con buenos ojos la filtración, que podría tener su origen en el propio Vaticano. “Es grave -escribe el cardenal- que se publiquen parcialmente informaciones que parecen proceder de documentos reservados de la Santa Sede que ni siquiera yo tengo en mi poder”, recordando, además, cómo “desgraciadamente no es la primera vez que se acusa falsamente a un cardenal, con historias llenas de detalles escabrosos”. Una probable referencia al affaire del que fue víctima el cardenal George Pell en Australia.
La primicia de El País, sin embargo, ha sido también ocasión para un ajuste de cuentas interno en el episcopado peruano. El cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, sucesor de Cipriani en Lima, se ha posicionado claramente en contra de éste. Castillo fue alumno de Gustavo Gutiérrez y uno de los profesores despedidos de la cátedra de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú a instancias del entonces arzobispo Cipriani, que consideraba que sus posiciones no eran lo suficientemente ortodoxas.
Tras ocupar su lugar en 2019, una vez que se conoció la noticia de El País, Castillo sintió la necesidad de atacar a su antecesor y en una “Carta al Pueblo de Lima” escribió las siguientes palabras: “Ya que en los últimos meses, después de investigaciones serias y precisas, hay personas e instituciones que se niegan a reconocer la verdad de los hechos y de las decisiones tomadas por la Santa Sede, invitamos a todos a razonar a través de un camino de conversión que implica el abandono de las vanas justificaciones, la asignación y el rechazo de la verdad, que, cuando se acepta humildemente, nos hace a todos libres”. A continuación, el actual arzobispo ensalzó la labor de Francisco en la gestión de los abusos, cayendo en una contradicción: en realidad, fue el propio Papa quien permitió a su predecesor volver a sus actividades pastorales.
La postura de Castillo parece tener todo el sabor de la venganza, pero no ha sido la única, porque la Conferencia Episcopal Peruana ha querido hacer lo propio con una declaración en la que reconoce “la sabia decisión del Santo Padre de unir justicia y misericordia, aceptando que el arzobispo emérito de Lima deje el ministerio episcopal a los 75 años y le imponga ciertas limitaciones ministeriales”.
Cipriani no se ha quedado callado y ha querido responder a estos ataques de sus hermanos, explicando que “en ambos casos mi reacción ha sido de sorpresa y dolor por la injusticia con que dan por ciertos hechos no probados sobre mi persona” y ha precisado (probablemente en respuesta a Bruni, que había señalado su aceptación de las sanciones impuestas) que había “firmado, declarando al mismo tiempo por escrito que la acusación era absolutamente falsa”, quejándose también de no haber podido defenderse. La reacción del episcopado peruano ante la grave acusación contra su más famoso exponente ha causado desorientación entre los fieles.
El País publicó la noticia pocos días después de una difícil asamblea plenaria de los obispos peruanos, que por sorpresa ha elegido como su nuevo presidente a monseñor Carlos García Camader, obispo de la “pequeña” Lurín. Camader, consagrado obispo por Cipriani y anteriormente su auxiliar en Lima, se ha impuesto ante el cardenal Castillo, el gran favorito de la víspera. A Castillo le ha costado caro haber defendido la obra blasfema “María Maricón” destinada a ser acogida por “su” Pontificia Universidad Católica del Perú.
El triste asunto vuelve a poner en entredicho la credibilidad de la Iglesia y el respeto a las víctimas probadas de abusos cometidos por miembros del clero. Habrá que ver si se corrobora la acusación contra Cipriani y si el cardenal tendrá la oportunidad de defenderse, tal y como pide. Mientras tanto, el momento y la forma del comunicado ya están causando polémica. ¿Ha salido la información del Vaticano? Y si es así, ¿por qué en este momento?