Por César Rojas– Diario EXPRESO.
Luego de las diferentes evaluaciones, se definieron los siete candidatos a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) con mejores puntajes. Entre ellos hay importantes juristas, con experiencia en el sector privado y en instituciones públicas claves.
Según el cuadro de mérito, ellos son Gino Ríos Patio (86.48 puntos), Francisco Távara (85.6), Jaime de la Puente (85.4), María Teresa Cabrera (85.23), Víctor Chanduví (85.23), Germán Serkovic (82.03) y Rafael Ruiz Hidalgo (80.65).
Año y medio
Ríos fue procurador del Estado durante el segundo gobierno de Alan García, Távara presidió el Poder Judicial y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y De la Puente es actual accesitario de la JNJ.
Cabrera fue congresista por Podemos Perú, y en noviembre del 2020 fue una de las impulsoras de la vacancia de Martín Vizcarra. El entonces presidente tenía múltiples cuestionamientos por corrupción, cuyos indicios lo han llevado al banquillo de los acusados.
Como suplentes quedaron Cayo Galindo (puntaje de 79.7), Mónica Rossell (77.99), Iván Guevara (76.72), Roque Bravo (73.41), Freddy Hernándes (75.32), Iris Pacheco (72.86) y Jorge Balarezo (72.12).
Galindo fue congresista por el hoy extinto Partido Nacionalista, mientras Rossel también quedó como suplente en el proceso anterior.
A estos abogados le tocará la responsabilidad de mejorar la imagen de la JNJ, venida a menos luego de revelarse cómo aprobaron reglamentos para evitar dejar sus cargos.
En el caso más saltante fue el de Inés Tello, exjueza que fue aportante a la campaña presidencial de Pedro Pablo Kuczynski, el cual llevaba en su plancha a Vizcarra.
Según la Constitución, para ser miembro de la JNJ uno de los requisitos es tener entre 45 y 75 años. Tello pasó la edad límite el 2021, pero siguió con el apoyo de los demás integrantes. Esto incluso provocó un conflicto competencial entre el Congreso de la República y el Poder Judicial.
Francisco Távara cumplirá la edad límite en mayo del 2026, y ya adelantó sí dejaría el cargo.
Desde el extranjero se envió dinero al Instituto de Defensal Legal (IDL) y otras ONG, a fin de que eviten que el actual proceso culmine.
La también foránea Comisión Interamericana de Derechos Humanos también pretende intervenir.