Por ‘Richard Swing’ y Odebrecht
Exmandatario y exministra de Cultura Patricia Balbuena pasan al Poder Judicial. Expremier Villanueva iría 33 años a prisión.
Dentro de la primera ola de covid-19 no solo hubo muertos y sufrimiento, sino también corrupción. Al menos esa es la tesis del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, cuyo pedido para judicializar el caso ‘Richard Swing’ fue aprobado. El expresidente Martín Vizcarra y la exministra de Cultura Patricia Balbuena deberán responder por presuntos delitos de tráfico de influencias, peculado doloso y negociación incompatible.
Juan Carlos Chekcley, juez supremo de investigación preparatoria, viabilizó que la acusación del Congreso sea canalizada por el Ministerio Público.
En abril de 2020, cuando la pandemia azotaba al Perú, el portal cultural Lima Gris reveló que el gobierno de Vizcarra había contratado a Richard Cisneros, un exvoleybolista y poco conocido cantante, para dar servicios, por más de cien mil soles.
Mirian Morales, interlocutora de Martín Vizcarra
Como en otras imputaciones, el “Lagarto” negó cualquier relación con la irregularidad, pero luego se vio que era cercano al favorecido.
“Durante el tiempo de la gestión del gobierno, el señor Cisneros, según registros de Palacio de Gobierno, ha asistido en tres oportunidades para reunirse con la Secretaría de Presidencia y con la Secretaría General, en alguna de esas oportunidades pidió a la secretaria que quería saludarme, pedido al que accedí, saludé, mantuvimos una conversación breve”, fue la justificación el exmandatario.
Esto contrasta con lo dicho por un testigo protegido, el cual vincula a ambos personajes con Mirian Morales, entonces secretaria general de Palacio de Gobierno, y actual asesora de la congresista Kira Alcarraz.
“Recibió llamadas y mensajes telefónicos y comunicaciones por WhatsApp de la señora Mirian Morales Córdova por encargo del señor presidente de la República, Martín Vizcarra, para que se le diera una oportunidad laboral, es decir, se le contrate al señor Richard Cisneros Carballido en el Ministerio de Cultura; este pedido fue reiterado en varias oportunidades argumentando que el señor Cisneros llamaba permanentemente al presidente de la República para que lo recomendara ante los ministros de Cultura para ser contratado por servicios continuos”, aseguró.
Cabe indicar que Balbuena también deberá responder por indicios de malversación de fondos estatales en el sector que dirigía. Además, se le imputa vulneraciones a la confianza y el manejo responsable de las posiciones de poder.
Otro exministro de Vizcarra en problemas judiciales es César Villanueva. El otrora premier fue acusado por el fiscal Germán Juárez, de colusión, cohecho y organización criminal, por supuesto favorecimiento a Odebrecht.
Instancias
Cisneros, Morales y otras personas también son procesadas por la contratación irregular, pero en instancias ordinarias. Vizcarra fue inhabilitado y acusado constitucionalmente por este caso y por el “Club de la Construcción”.
Fuente: Diario EXPRESO.
Juan Carlos Villena: parlamentario Jorge Flores Ancachi denuncia a fiscal de la Nación y a Delia Espinoza
Demanda es por involucrar a 14 legisladores en la investigación de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
El congresista Jorge Flores Ancachi (AP), investigado en los casos ‘Los Niños’ y ‘mochasueldos’, presentó una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, y la fiscal suprema Delia Espinoza, por haberlo incluido en la indagación en contra de Patricia Benavides.
Además de acusar a Villena y Espinoza por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y omisión de funciones, Flores Ancachi pidió que se les aplique la inhabilitación de la función pública por diez años. Al fiscal de la Nación lo responsabiliza por haber otorgado a la fiscal Delia Espinoza las facultades para investigar a altos funcionarios como legisladores.
En cuanto a Espinoza, la denuncia es por incorporar en la indagación preliminar en el caso de Patricia Benavides, a 14 congresistas en calidad de investigados por el hecho de emitir sus votos en temas específicos que fueron sometidos al Pleno del Congreso.
“Las imputaciones efectuadas por la denunciada a los congresistas, habrían sido efectuadas en forma dolosa contraria al texto claro y expreso de la ley, toda vez que, en su condición de operador jurídico tiene pleno conocimiento que los congresistas no son responsables por las opiniones y votos que emiten”, señala.
Fuente: Diario EXPRESO.