Por Mariella Balbi- Diario EXPRESO.
Esa pertinente pregunta la planteó una persona de escasos recursos, proponiendo una cifra: 50 mil soles. Cálculo errado ciertamente porque la interrogante aún no encuentra respuesta. Es una tarea pendiente para los financistas y para aquellos que conocen del paso del dinero en el Estado. Los contratos que hemos visto en la cajamarquina Anguía, los del puente Tarata en San Martín, el biodiésel de Petro Perú, suman, a ojo de buen cubero, más de 500 millones de soles. Aplíquele el 5% y es una cifra jugosa. Aún sobre la base de 1% sigue siendo apetitosa.
Según las colaboraciones eficaces, Pedro Castillo Terrones recibió dinero sucio antes de ser presidente y también en el ejercicio del cargo. La entrega de 30 mil soles por Zamir Villaverde, la plata de los ascensos policiales y militares son un sencillo, pero necesario para pagar a los congresistas alquilados en el Congreso: ‘Los Niños’. Ellos –que serían 12– recibían mensualmente entre 20 mil y 30 mil soles según se ha conocido.
La otra pregunta es dónde ha depositado Castillo la guita. No todo se puede esconder en el inodoro de Palacio, donde se encontraron 20 mil dólares del exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco. ¿En bolsas? ¿Enterrada en casas de la familia del mandatario? ¿En cuentas en el exterior? Queda mucho por aclarar sobre este caso que es más inmundo que la troncal de desagüe de San Juan de Lurigancho que colapsó hace unos años.
Que Castillo y su banda vendieron ascensos es un hecho. La plata recibida no llegaba por Rappi, sino a través de la escolta policial del gobernante, chotanos todos. En el caso de la Policía, el colaborador Bruno Pacheco ha indicado los nombres de quienes se beneficiaron. Son generales de la PNP que están destacados en regiones.
Esto evidencia cómo Castillo ha corrompido a las instituciones policiales (la venta se dio en el Ejército también). Por eso ostentaba tanta desvergüenza y tanta seguridad de que estaba protegido. Contaba –cuenta– con policías a sueldo, al igual que prefectos, subprefectos y algunos ministros. Comentamos recientemente que el Ministerio de Vivienda es todavía un desaguisado por investigar. Por más que ese ministro declarara que en su portafolio todo ha sido de acuerdo a ley. Ja, ja, ja.
El ‘monoargumento’ de Castillo es: no han encontrado una sola prueba. Se cansarán de buscar porque no encontrarán nada. Lo repite como un mantra, creyendo que los peruanos somos tontos cuando el único de escasa sesera es él. Lo preocupante es que semejante galimatías se escucha en el Congreso, institución que no necesita comprobar nada, a diferencia de los juicios penales, para vacar al ladrón.
La incapacidad moral es clara como concepto. La de Castillo está largamente probada. No requiere un video donde aparezca recibiendo billete sobre billete. Hay audios, papeles, etc. que irán apareciendo durante la investigación fiscal y seguramente el mandatario terminará en la cárcel. Será recordado como el peor usurpador de nuestra historia.
Pero los congresistas, los probos, no pueden guiarse por una mentira. El Parlamento representa al pueblo y puede vacar al presidente porque, digámoslo en términos deportivos, no da la talla y es inmoral. Y eso está largamente demostrado. Quienes apelan a ese falaz argumento son claramente cómplices de la corrupción gubernamental.

Silva también quiere ser colaborador eficaz

Prófugo exministro de Transportes pidió se haga una pericia al documento sobre la obra Puente Tarata III y su abogado anunció que, de ponerse a derecho, daría nombres de funcionarios “de igual o mayor nivel” a los implicados en la trama de corrupción en el MTC.
La entrega de Bruno Pacheco para ser aspirante a colaborador eficaz y la información que brindan Zamir Villaverde y Karelim López, también testigos claves de la fiscalía, respecto a los actos de corrupción denunciados en el gobierno de Pedro Castillo, redujo el espacio para que otros implicados busquen el mismo beneficio judicial, porque implica que entreguen más y mejores detalles de los que se conoce hasta ahora, que no son pocos y son muy graves.
Silva afronta una investigación por los presuntos delitos de colusión y organización criminal en agravio del Estado por el caso Puente Tarata (Imagen: Vigilante.pe).
La abogada penalista Rommy Chang recordó, a propósito del exsecretario presidencial, que hay otros aspirantes a colaboradores eficaces y, por eso, “se espera que Pacheco entregue información que supere o contribuya a redondear la información que Villaverde ya dio”. “Por supuesto, tiene que ser contundente”, detalló. Esta misma situación aplicará para cualquier implicado que quiera actualmente acogerse al beneficio.
En este contexto se supo, por medio de su abogado, que el prófugo exministro de Transportes y Comunibaciones Juan Silva quiere ponerse a derecho para convertirse en colaborador eficaz, pero ha puesto condiciones para su entrega.
Luis Alfredo Yalán, defensor legal de Silva, señaló que la Fiscalía debe conceder un peritaje a la licitación de la obra Puente Tarata III, principal caso en el que está implicado el exministro, para que luego se ponga a disposición de las autoridades.
“Si la pericia es en contra, evaluaremos la figura de colaborador eficaz. Vamos a buscar salidas alternas”, dijo y agregó que Silva se entregaría en 20 días. Además, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, solicitó se realice una pericia a la licitación la obra Puente Tarata III.
En esa línea, la estrategia de Silva sería desconocer su responsabilidad en esa licitación, al alegar que su firma habría sido adulterada por los integrantes del comité de selección para la adjudicación de la obra, el cual estuvo integrado por Miguel Espinoza, Víctor Valdivia y Edgar Varas.
Además, Yalán aseguró que el exministro tiene la intención de dar nombres de todos los funcionarios implicados, entre ellos exministros y funcionarios “de igual nivel o superior”, lo que abriría un nuevo capítulo en la trama de corrupción enquistada en el gobierno de Castillo y que le permitiría a Silva obtener beneficios penitenciarios y judiciales.
Por otro lado, sobre el audio difundido entre Silva y Villaverde donde se habla de “100 grandes”, el abogado descartó que se haya dado un acuerdo irregular entre ambos para favorecer a una empresa particular con la obra, puesto que la reunión en la que se aborda la entrega de dinero se realizó en otra fecha a la concesión de la buena pro.
“Recordemos que el día 13 al 22 de octubre de 2021 se da la famosa licitación (…) y la reunión con el señor Zamir fue el 4 de noviembre, después. Por eso pregunto, el 4 de noviembre de que acto de colusión iban a hablar si la licitación había nacido muerta en octubre“, sostuvo el abogado.
Fuente: Vigilante.pe